La organización Amnistía Internacional (AI) respaldó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, al considerar que ofrece una oportunidad de enfocar los esfuerzos para construir la seguridad pública con justicia.
Sin embargo, a decir de esta organización, no se ha detectado “el pleno compromiso de todos los representantes del Estado mexicano de poner el respeto, protección y cumplimento de los derechos humanos en el centro de las medidas y objetivos de la iniciativa”.
En un comunicado, AI consideró que toda medida que las autoridades mexicanas adopten, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de seguridad pública, debe contar con una perspectiva que impida caer en el falso dilema de que la seguridad pública y los derechos humanos son conceptos contrapuestos.
“Amnistía Internacional reafirma que un Estado donde no se respetan los derechos humanos, es un Estado donde la seguridad pública no existe”, dice el comunicado.
Por ello, AI reiteró su llamado al Ejecutivo federal para que adopte las medidas necesarias tendientes al fortalecimiento del sistema de seguridad pública, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, a decir de esta organización, no se ha detectado “el pleno compromiso de todos los representantes del Estado mexicano de poner el respeto, protección y cumplimento de los derechos humanos en el centro de las medidas y objetivos de la iniciativa”.
En un comunicado, AI consideró que toda medida que las autoridades mexicanas adopten, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de seguridad pública, debe contar con una perspectiva que impida caer en el falso dilema de que la seguridad pública y los derechos humanos son conceptos contrapuestos.
“Amnistía Internacional reafirma que un Estado donde no se respetan los derechos humanos, es un Estado donde la seguridad pública no existe”, dice el comunicado.
Por ello, AI reiteró su llamado al Ejecutivo federal para que adopte las medidas necesarias tendientes al fortalecimiento del sistema de seguridad pública, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
Olivier Pavón, Crónica, 2 de septiembre.
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