MORELIA.- El clima de inseguridad que se vive en el País ha frenado el crecimiento de la economía nacional hasta en un punto porcentual, aseguró ayer el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
"Nosotros estimamos que nos resta aproximadamente un punto porcentual de crecimiento (económico) este sentimiento de inseguridad en el País", declaró.
Este porcentaje del PIB equivale aproximadamente a 10 mil millones de dólares.
A pregunta expresa, el funcionario explicó que la presencia del crimen organizado provoca un efecto negativo en el flujo de inversiones y la generación de empleos.
"Hay diferentes estimaciones que dicen que el costo de las empresas aumenta entre 5 y 10 por ciento por la inseguridad. Obviamente, esa falta de competitividad afecta las ventas en el País, afecta la creación del empleo y afecta el desarrollo nacional.
"Lo hemos oído: hay diferentes inversionistas que estarían dispuestos a poner en juego sus recursos en nuestro País si hubiera un Estado de Derecho mucho más sólido", reconoció Carstens.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y el Instituto Mexicano para la Competitividad, con base en datos del BID y el Banco Mundial, han estimado que los costos globales de la inseguridad en México son del orden del 15 por ciento del PIB.
En estos se incluyen tanto los costos directos de la delincuencia y la ausencia del Estado de Derecho como sus efectos indirectos, como los gastos que tienen que hacer los particulares para proteger sus personas y patrimonios.
Carstens dijo que hay un grupo colegiado encargado de realizar, en forma más puntual, las mediciones sobre el impacto que tiene la inseguridad en la economía.
Advirtió que esa información permitirá abrir otro frente en la lucha contra el crimen organizado mediante la detección y desmantelamiento de fuentes de lavado de dinero.
"El objetivo es tener mayor presencia en diferentes actividades económicas, poder establecer el nexo de esas transacciones con acciones de lavado de dinero y con el crimen organizado y de esa manera estar en mejor posibilidad de llevar acciones en contra de esas organizaciones criminales", sostuvo.
Agregó que, con ese fin, el próximo año se incrementará en forma considerable el gasto público destinado a las tareas de seguridad.
"El aumento en el gasto presupuestado para todas las entidades asociadas en seguridad va a aumentar sustancialmente, incluso también los fondos que se reparten a los estados", dijo el Secretario de Hacienda sin dar más detalles.
"Nosotros estimamos que nos resta aproximadamente un punto porcentual de crecimiento (económico) este sentimiento de inseguridad en el País", declaró.
Este porcentaje del PIB equivale aproximadamente a 10 mil millones de dólares.
A pregunta expresa, el funcionario explicó que la presencia del crimen organizado provoca un efecto negativo en el flujo de inversiones y la generación de empleos.
"Hay diferentes estimaciones que dicen que el costo de las empresas aumenta entre 5 y 10 por ciento por la inseguridad. Obviamente, esa falta de competitividad afecta las ventas en el País, afecta la creación del empleo y afecta el desarrollo nacional.
"Lo hemos oído: hay diferentes inversionistas que estarían dispuestos a poner en juego sus recursos en nuestro País si hubiera un Estado de Derecho mucho más sólido", reconoció Carstens.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y el Instituto Mexicano para la Competitividad, con base en datos del BID y el Banco Mundial, han estimado que los costos globales de la inseguridad en México son del orden del 15 por ciento del PIB.
En estos se incluyen tanto los costos directos de la delincuencia y la ausencia del Estado de Derecho como sus efectos indirectos, como los gastos que tienen que hacer los particulares para proteger sus personas y patrimonios.
Carstens dijo que hay un grupo colegiado encargado de realizar, en forma más puntual, las mediciones sobre el impacto que tiene la inseguridad en la economía.
Advirtió que esa información permitirá abrir otro frente en la lucha contra el crimen organizado mediante la detección y desmantelamiento de fuentes de lavado de dinero.
"El objetivo es tener mayor presencia en diferentes actividades económicas, poder establecer el nexo de esas transacciones con acciones de lavado de dinero y con el crimen organizado y de esa manera estar en mejor posibilidad de llevar acciones en contra de esas organizaciones criminales", sostuvo.
Agregó que, con ese fin, el próximo año se incrementará en forma considerable el gasto público destinado a las tareas de seguridad.
"El aumento en el gasto presupuestado para todas las entidades asociadas en seguridad va a aumentar sustancialmente, incluso también los fondos que se reparten a los estados", dijo el Secretario de Hacienda sin dar más detalles.
Adán García, corresponsal, Reforma, 3 de septiembre.
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