La firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia es una respuesta apresurada a la delincuencia, pone en riesgo los derechos humanos de la población y deja de lado la necesidad de reformar a fondo las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, advierte en un estudio el centro de análisis Fundar.
Expone que la inseguridad en el país no debe servir de argumento para legitimar medidas que limiten o restrinjan las libertades individuales y los derechos humanos, como ocurriría con la instauración de la cadena perpetua y la pena de muerte.
Aunque reconoce “la urgencia y necesidad de frenar y disminuir la delincuencia”, precisa que los derechos humanos no son obstáculo para conseguirlo.
“El principio de progresividad de los derechos humanos exige que, una vez alcanzados ciertos estándares de respeto y de protección, el Estado busque implementar medidas para garantizar el pleno ejercicio y vigencia” de los mismos, apunta.
El tema de la seguridad pública, abunda, requiere de la participación más amplia y plural posible, debido a que “algunos de los elementos claves para el éxito de una reforma institucional en la materia sería garantizar el ejercicio transparente de los recursos de seguridad pública, la apertura a ejercicios críticos de monitoreo del desempeño de las instituciones garantes de seguridad y la rendición de cuentas de las autoridades”.
Destaca que el acuerdo no subraya la necesidad de contar con datos estadísticos confiables que debieran generar y publicar las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Tampoco comprende, agrega, la prevención y reinserción, “sólo busca agravar las sanciones”.
Lamenta que el pacto por la seguridad nacional no señale con qué criterios participarán las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de la metodología para hacer indicadores de aplicación presupuestal, desempeño y evaluación de las instituciones policiacas y del Poder Judicial.
Expone que la inseguridad en el país no debe servir de argumento para legitimar medidas que limiten o restrinjan las libertades individuales y los derechos humanos, como ocurriría con la instauración de la cadena perpetua y la pena de muerte.
Aunque reconoce “la urgencia y necesidad de frenar y disminuir la delincuencia”, precisa que los derechos humanos no son obstáculo para conseguirlo.
“El principio de progresividad de los derechos humanos exige que, una vez alcanzados ciertos estándares de respeto y de protección, el Estado busque implementar medidas para garantizar el pleno ejercicio y vigencia” de los mismos, apunta.
El tema de la seguridad pública, abunda, requiere de la participación más amplia y plural posible, debido a que “algunos de los elementos claves para el éxito de una reforma institucional en la materia sería garantizar el ejercicio transparente de los recursos de seguridad pública, la apertura a ejercicios críticos de monitoreo del desempeño de las instituciones garantes de seguridad y la rendición de cuentas de las autoridades”.
Destaca que el acuerdo no subraya la necesidad de contar con datos estadísticos confiables que debieran generar y publicar las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Tampoco comprende, agrega, la prevención y reinserción, “sólo busca agravar las sanciones”.
Lamenta que el pacto por la seguridad nacional no señale con qué criterios participarán las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de la metodología para hacer indicadores de aplicación presupuestal, desempeño y evaluación de las instituciones policiacas y del Poder Judicial.
Gabriel León Zaragoza, La Jornada, 31 de agosto.
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