Para los habitantes de 200 municipios con alta densidad poblacional e índices delictivos, el lugar donde más inseguros se sienten son las calles, seguido de los espacios abiertos, como plazas, jardines y centros deportivos, y en tercer sitio se encuentra el transporte público.
El único lugar donde refieren sentirse “más seguros” es en su casa o en la escuela, según una encuesta aplicada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a finales del año pasado.
Sin embargo, Luis Zamorano, titular del programa Rescate de Espacios Públicos, de la Sedeso, refiere que desde el inicio de la presente administración, para el gobierno federal estaba claro que se vivía un incremento de la criminalidad e inseguridad en el territorio nacional, fenómeno “complejo” y “significativo” que se arrastraba desde la presidencia de Vicente Fox.
Sin embargo –dice–, “ha sido una sorpresa desafortunada la ola de crímenes, violencia y ejecuciones ocurrida este año”.
El también director general de equipamiento e infraestructura urbana de la dependencia indicó en entrevista que para combatir la inseguridad pública, desde el punto de vista social, la Sedeso creó el programa Rescate de Espacios Públicos, que este año trabaja en 250 municipios del país para atender mil lugares que presentan problemas de seguridad, deterioro y abandono. “Esos son justamente los que entraron al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia”, signado el 24 de este mes por múltiples sectores sociales e institucionales.
Precisó que los estados que más fondos reciben por cuestiones de densidad poblacional, marginación social y, sobre todo, situación de inseguridad, son México, Baja California, Sinaloa, Chiapas, Chihuahua y Quintana Roo, y el Distrito Federal.
A escala municipal –dijo–, las asignaciones más importantes de recursos se destinan a Tijuana, las 16 delegaciones del Distrito Federal, los ayuntamientos del oriente de la zona metropolitana de la ciudad de México (Neza, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco), las alcaldías fronterizas del norte –como Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Ciudad Juárez y Mexicali, entre otros– y Cancún, por el sur.
En 2007, el programa contó con un presupuesto federal de mil millones de pesos, que se duplicó con las aportaciones de las contrapartes estatales y/o municipales, en beneficio de 820 espacios públicos rescatados; este año, la Cámara de Diputados le asignó mil 216 millones de pesos (que también serán duplicados), de los que hasta el 31 de julio se habían ejercido 493 millones.
El único lugar donde refieren sentirse “más seguros” es en su casa o en la escuela, según una encuesta aplicada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a finales del año pasado.
Sin embargo, Luis Zamorano, titular del programa Rescate de Espacios Públicos, de la Sedeso, refiere que desde el inicio de la presente administración, para el gobierno federal estaba claro que se vivía un incremento de la criminalidad e inseguridad en el territorio nacional, fenómeno “complejo” y “significativo” que se arrastraba desde la presidencia de Vicente Fox.
Sin embargo –dice–, “ha sido una sorpresa desafortunada la ola de crímenes, violencia y ejecuciones ocurrida este año”.
El también director general de equipamiento e infraestructura urbana de la dependencia indicó en entrevista que para combatir la inseguridad pública, desde el punto de vista social, la Sedeso creó el programa Rescate de Espacios Públicos, que este año trabaja en 250 municipios del país para atender mil lugares que presentan problemas de seguridad, deterioro y abandono. “Esos son justamente los que entraron al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia”, signado el 24 de este mes por múltiples sectores sociales e institucionales.
Precisó que los estados que más fondos reciben por cuestiones de densidad poblacional, marginación social y, sobre todo, situación de inseguridad, son México, Baja California, Sinaloa, Chiapas, Chihuahua y Quintana Roo, y el Distrito Federal.
A escala municipal –dijo–, las asignaciones más importantes de recursos se destinan a Tijuana, las 16 delegaciones del Distrito Federal, los ayuntamientos del oriente de la zona metropolitana de la ciudad de México (Neza, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco), las alcaldías fronterizas del norte –como Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Ciudad Juárez y Mexicali, entre otros– y Cancún, por el sur.
En 2007, el programa contó con un presupuesto federal de mil millones de pesos, que se duplicó con las aportaciones de las contrapartes estatales y/o municipales, en beneficio de 820 espacios públicos rescatados; este año, la Cámara de Diputados le asignó mil 216 millones de pesos (que también serán duplicados), de los que hasta el 31 de julio se habían ejercido 493 millones.
Gabriel León Zaragoza, La Jornada, 31 de julio.
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