Organizaciones de derechos humanos de América Latina censuraron que se expulsara de Venezuela a Human Rigths Watch (HRW) tras el informe que ese organismo presentó sobre la situación de esas garantías en aquel país. El gobierno de Hugo Chávez aseguró que la decisión se dio por haber “violentado la Constitución y las leyes de la República Bolivariana, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos” del país.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, aseguraron que con esa actitud el gobierno venezolano “parece destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada su reputación”.
Agregaron que HRW no recibe financiamiento de Estados Unidos e instaron a Venezuela a dar marcha atrás a la expulsión, y que se garantice que “las personas comprometidas que protegen los derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, aseguraron que con esa actitud el gobierno venezolano “parece destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada su reputación”.
Agregaron que HRW no recibe financiamiento de Estados Unidos e instaron a Venezuela a dar marcha atrás a la expulsión, y que se garantice que “las personas comprometidas que protegen los derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad”.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 20 de septiembre.
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