El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, aseguraron que con esa actitud el gobierno venezolano “parece destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada su reputación”.
Agregaron que HRW no recibe financiamiento de Estados Unidos e instaron a Venezuela a dar marcha atrás a la expulsión, y que se garantice que “las personas comprometidas que protegen los derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad”.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 20 de septiembre.
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