Monterrey, NL, 11 de septiembre. Los procuradores de justicia del país se comprometieron a impulsar la creación de unidades estatales antisecuestro y a elaborar lineamientos para la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos y ministeriales en materia de combate a este ilícito, al comenzar la sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que se definirá la estrategia nacional contra el secuestro.
Durante la inauguración del encuentro, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, aseguró que “este es el momento de actuar con la mayor decisión y firmeza contra la delincuencia organizada”.
Señaló que los encargados de procurar justicia no pueden permitirse mayor dilación en la búsqueda de formas eficaces para acabar con la inseguridad.
En ese contexto, el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, indicó que deben establecerse penas más severas para los plagiarios y ver “de qué forma se puede obligar a los secuestradores a realizar trabajos forzados cuando compurguen su sentencia”.
Durante el discurso inaugural, Medina Mora manifestó que “la sociedad y el Estado mexicano estamos enfrentando una difícil y compleja situación por la recrudecida actividad de la delincuencia, también por la impunidad y la corrupción”, por lo que “de manera imperativa los más diversos grupos de la sociedad reclaman mejorar los sistemas de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, renovar las instituciones y hacerlas cada día más sólidas y confiables”.
El titular de la PGR refirió que “uno de los delitos más sensibles para la sociedad es el secuestro. El daño que provoca en cualquier familia que lo sufra es en muchos sentidos irreparable. La alevosía, la ventaja, la crueldad, pero sobre todo la impunidad, lastiman a la sociedad y a las familias afectadas hasta lo más profundo”.
Por eso, señaló ante los procuradores estatales, para combatir el secuestro debe tenerse “una visión de largo alcance que nos permita avanzar en una coordinación operativa nacional para implementar acciones inmediatas que lleven a resultados tangibles en esta materia”.
Además, instó a los procuradores a “aprobar y suscribir el documento que establezca la actualización de las bases de colaboración en materia de combate al delito de secuestro”.
Dijo que trabajarán para fortalecer las unidades estatales antisecuestro y crearlas en aquellas entidades donde no existan; impulsar que cada unidad sea constituida conforme a “la realidad delictiva de cada entidad”; fortalecer las acciones institucionales “con el intercambio de información criminal y una mayor coordinación operativa, a partir de una plataforma informática y tecnológica común”; así como establecer las líneas a seguir en capacitación y profesionalización de los cuerpos de policías y del personal ministerial en la materia.
Se espera que este viernes se tenga un instrumento que permita impulsar “una reforma legal para una ley general del delito de secuestro”.
En su turno, González Parás aseveró que “el estado de ánimo de la nación es de angustia y es también de esperanza”, porque el fenómeno del secuestro “se ha generalizado en el país”. Agregó que “es evidente que el problema del crimen organizado ha generado consecuencias colaterales delicadas para la nación, primero el narcotráfico, después las redes de narcomenudeo que se ampliaron a lo largo y a lo ancho del país, teniendo como trasfondo el mercado poderoso de las drogas, las redes de recursos financieros, de recursos técnicos, de recursos materiales, de armamento, y del uso de la violencia o el amago del uso de la violencia llevaron a muchos ciudadanos que no estaban directamente incorporados a las redes de crimen organizado del narcotráfico y del narcomenudeo, a empezarse a montar en el camino de la delincuencia”.
Pero, indicó, me parece oportuno que en materia de secuestro se “revisen las estrategias, los mecanismos, los marcos legales, las instituciones y los procedimientos para combatir este delito mayor.
“Me parece muy importante que así se puedan realizar todos estos mecanismos, las estructuras, los marcos legales y de qué manera se puede, incluso, suplir la ausencia de la denuncia; de qué manera se pueden establecer esquemas de compurgación de las penas más severas para los secuestradores; de qué forma se les puede obligar a realizar trabajos forzados cuando compurguen sus sentencias, sin violar los derechos”, dijo González Parás.
Durante la inauguración del encuentro, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, aseguró que “este es el momento de actuar con la mayor decisión y firmeza contra la delincuencia organizada”.
Señaló que los encargados de procurar justicia no pueden permitirse mayor dilación en la búsqueda de formas eficaces para acabar con la inseguridad.
En ese contexto, el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, indicó que deben establecerse penas más severas para los plagiarios y ver “de qué forma se puede obligar a los secuestradores a realizar trabajos forzados cuando compurguen su sentencia”.
Durante el discurso inaugural, Medina Mora manifestó que “la sociedad y el Estado mexicano estamos enfrentando una difícil y compleja situación por la recrudecida actividad de la delincuencia, también por la impunidad y la corrupción”, por lo que “de manera imperativa los más diversos grupos de la sociedad reclaman mejorar los sistemas de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, renovar las instituciones y hacerlas cada día más sólidas y confiables”.
El titular de la PGR refirió que “uno de los delitos más sensibles para la sociedad es el secuestro. El daño que provoca en cualquier familia que lo sufra es en muchos sentidos irreparable. La alevosía, la ventaja, la crueldad, pero sobre todo la impunidad, lastiman a la sociedad y a las familias afectadas hasta lo más profundo”.
Por eso, señaló ante los procuradores estatales, para combatir el secuestro debe tenerse “una visión de largo alcance que nos permita avanzar en una coordinación operativa nacional para implementar acciones inmediatas que lleven a resultados tangibles en esta materia”.
Además, instó a los procuradores a “aprobar y suscribir el documento que establezca la actualización de las bases de colaboración en materia de combate al delito de secuestro”.
Dijo que trabajarán para fortalecer las unidades estatales antisecuestro y crearlas en aquellas entidades donde no existan; impulsar que cada unidad sea constituida conforme a “la realidad delictiva de cada entidad”; fortalecer las acciones institucionales “con el intercambio de información criminal y una mayor coordinación operativa, a partir de una plataforma informática y tecnológica común”; así como establecer las líneas a seguir en capacitación y profesionalización de los cuerpos de policías y del personal ministerial en la materia.
Se espera que este viernes se tenga un instrumento que permita impulsar “una reforma legal para una ley general del delito de secuestro”.
En su turno, González Parás aseveró que “el estado de ánimo de la nación es de angustia y es también de esperanza”, porque el fenómeno del secuestro “se ha generalizado en el país”. Agregó que “es evidente que el problema del crimen organizado ha generado consecuencias colaterales delicadas para la nación, primero el narcotráfico, después las redes de narcomenudeo que se ampliaron a lo largo y a lo ancho del país, teniendo como trasfondo el mercado poderoso de las drogas, las redes de recursos financieros, de recursos técnicos, de recursos materiales, de armamento, y del uso de la violencia o el amago del uso de la violencia llevaron a muchos ciudadanos que no estaban directamente incorporados a las redes de crimen organizado del narcotráfico y del narcomenudeo, a empezarse a montar en el camino de la delincuencia”.
Pero, indicó, me parece oportuno que en materia de secuestro se “revisen las estrategias, los mecanismos, los marcos legales, las instituciones y los procedimientos para combatir este delito mayor.
“Me parece muy importante que así se puedan realizar todos estos mecanismos, las estructuras, los marcos legales y de qué manera se puede, incluso, suplir la ausencia de la denuncia; de qué manera se pueden establecer esquemas de compurgación de las penas más severas para los secuestradores; de qué forma se les puede obligar a realizar trabajos forzados cuando compurguen sus sentencias, sin violar los derechos”, dijo González Parás.
Gustavo Castillo García, La Jornada, 12 de septiembre.
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