Si al 1 de diciembre los funcionarios federales no han cumplido con los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad deberán renunciar, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández.
“Si para el para el 1 de diciembre no hay resultados a los cuales se comprometió el Poder Ejecutivo, que renuncien, que se haga válido lo que dijo el señor Martí”, dijo al presentar el Acuerdo de Unidad entre Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos en Materia de Seguridad Pública.
Subrayó que este plazo es una carta que la sociedad tiene que hacer valer. “Que venga gente capacitada que quiera hacer su trabajo y no simplemente taparlo todo con el velo de la corrupción”, sostuvo.
Junto con 29 ombudsman, el dirigente de la CNDH apuntó que los resultados en la materia son negativos puesto que en la actualidad existen cerca de 400 mil órdenes de aprehensión que aún no se han ejecutado.
Soberanes Fernández apuntó, por ejemplo, que de 100 órdenes de aprehensión solamente se ejecutan 20, lo que significa una ineficacia del 80 por ciento en la materia. “Aquí hay una situación en sí misma de delito al no cumplir esas órdenes. ¿Por qué no se hace? Creo que todos podemos deducir eso”, indicó.
Por su parte, Raúl Plascencia Villanueva, primer visitador de la CNDH, comentó que el 90 por ciento de las denuncias terminan en los archivos. “Uno de cada 100 delitos que se comenten en este país terminan con una sentencia, el 99 por ciento subyace en ese ámbito de la impunidad”, afirmó.
Por otra parte, el ombudsman apuntó que la ineficacia de las corporaciones policiacas –entre PGR y SSP federal– en el combate al crimen organizado se debe a la división, negligencia y falta de capacitación en el seno de aquellas dependencias.
“Son múltiples las causas. Este gobierno lleva dos años, habría que analizar esto y pedirle al Presidente que tome medidas drásticas”, sostuvo, al subrayar que el Estado tiene que empezar una limpia desde dentro, sin simulación alguna.
Los organismos que no suscribieron el acuerdo para impulsar este frente común liderado por la CNDH son los de Guerrero, San Luis Potosí, Durango y el Distrito Federal.
Sobre este punto, el ombudsman se limitó a decir: “Invitamos a todas las comisiones de derechos humanos a que se sumaran a este acuerdo; las que no quisieron o no pudieron venir, lamentamos mucho su ausencia”, apuntó.
* Puntos principales
* Establecer un frente común de los organismos defensores de derechos humanos a través de una Conferencia Permanente orientada a evaluar los avances de los 75 compromisos previstos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
* Impulsar y lograr consolidar una Red Nacional de Atención a Víctimas del Delito.
* Participar en la elaboración del Censo Nacional de Delitos No Denunciados.
“Si para el para el 1 de diciembre no hay resultados a los cuales se comprometió el Poder Ejecutivo, que renuncien, que se haga válido lo que dijo el señor Martí”, dijo al presentar el Acuerdo de Unidad entre Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos en Materia de Seguridad Pública.
Subrayó que este plazo es una carta que la sociedad tiene que hacer valer. “Que venga gente capacitada que quiera hacer su trabajo y no simplemente taparlo todo con el velo de la corrupción”, sostuvo.
Junto con 29 ombudsman, el dirigente de la CNDH apuntó que los resultados en la materia son negativos puesto que en la actualidad existen cerca de 400 mil órdenes de aprehensión que aún no se han ejecutado.
Soberanes Fernández apuntó, por ejemplo, que de 100 órdenes de aprehensión solamente se ejecutan 20, lo que significa una ineficacia del 80 por ciento en la materia. “Aquí hay una situación en sí misma de delito al no cumplir esas órdenes. ¿Por qué no se hace? Creo que todos podemos deducir eso”, indicó.
Por su parte, Raúl Plascencia Villanueva, primer visitador de la CNDH, comentó que el 90 por ciento de las denuncias terminan en los archivos. “Uno de cada 100 delitos que se comenten en este país terminan con una sentencia, el 99 por ciento subyace en ese ámbito de la impunidad”, afirmó.
Por otra parte, el ombudsman apuntó que la ineficacia de las corporaciones policiacas –entre PGR y SSP federal– en el combate al crimen organizado se debe a la división, negligencia y falta de capacitación en el seno de aquellas dependencias.
“Son múltiples las causas. Este gobierno lleva dos años, habría que analizar esto y pedirle al Presidente que tome medidas drásticas”, sostuvo, al subrayar que el Estado tiene que empezar una limpia desde dentro, sin simulación alguna.
Los organismos que no suscribieron el acuerdo para impulsar este frente común liderado por la CNDH son los de Guerrero, San Luis Potosí, Durango y el Distrito Federal.
Sobre este punto, el ombudsman se limitó a decir: “Invitamos a todas las comisiones de derechos humanos a que se sumaran a este acuerdo; las que no quisieron o no pudieron venir, lamentamos mucho su ausencia”, apuntó.
* Puntos principales
* Establecer un frente común de los organismos defensores de derechos humanos a través de una Conferencia Permanente orientada a evaluar los avances de los 75 compromisos previstos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
* Impulsar y lograr consolidar una Red Nacional de Atención a Víctimas del Delito.
* Participar en la elaboración del Censo Nacional de Delitos No Denunciados.
Olivier Pavón, Crónica, 4 de septiembre.
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