El jefe de Ejecutivo capitalino rendirá su informe de labores ante diputados locales de la Asamblea Legislativa y se prevé que dé a conocer una nueva estrategia para combatir la inseguridad.
Cuando parecía que Ebrard repuntaba en las encuestas de popularidad se enfrentó a una primera crisis de su administración: el caso New’s Divine, que le costó perder a dos de sus principales funcionarios encargados de seguridad pública y procuración de justicia.
El pasado 20 de junio, efectivos de la Unipol, encabezados por Guillermo Zayas, realizaron un dispositivo en el antro de la delegación Gustavo A. Madero, con el fin de detectar venta de alcohol y distribución de droga entre menores de edad.
De acuerdo con testigos, los elementos policiacos bloquearon el acceso de la discoteca ubicada en la colonia Nueva Atzacoalco, provocando al momento de abrir las puertas una estampida en la que fallecieron 12 personas.
El informe del ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza provocó el cese de los principales funcionarios de Ebrard: Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública, y Rodolfo Félix, procurador capitalino.
Se responsabilizó a Zayas de las muertes y se le detuvo, pero el 29 de agosto salió del Reclusorio Oriente, luego de ser notificado del auto de formal prisión por “homicidio culposo” y no “doloso”, y pagar una fianza de 700 mil pesos por concepto de derechos procesales, y 498 mil pesos por reparación del daño.
Debido a esta situación, Ebrard reforzó sus programas sociales dirigidos a los jóvenes, pues se dañó al principal sector de la población.
Sin embargo, el reforzamiento del programa de seguridad del Gobierno del Distrito Federal y el trabajo conjunto con las autoridades federales se dio después del plagio y homicidio del hijo del empresario Alejandro Martí, quien fue secuestrado el 4 de junio pasado.
La familia pagó el rescate exigido por los captores —6 millones de dólares—; sin embargo, el adolescente fue ejecutado.
Este hecho orilló a las autoridades federales y locales a realizar el Consejo Nacional de Seguridad convocado por el presidente Felipe Calderón, el pasado 21 de agosto. Incluso, por primera vez Ebrard participó en una reunión de este tipo.
En el acto, realizado en Palacio Nacional, Alejandro Martí les dijo a los participantes: “Si piensan que la vara es muy alta y no pueden, renuncien. No sigan recibiendo un sueldo sin hacer nada; eso también es corrupción”.
El único que aceptó el reto fue Marcelo Ebrard, quien manifestó su disposición a renunciar al cargo si no cumple con su obligación de abatir la inseguridad.
Esta situación, provocó la creación del Frente Común contra la Delincuencia, en el que participan diversos sectores de la sociedad como transportistas, universidades y organizaciones civiles, entre otros.
Otros pendientes
El incumplimiento de las constructoras provocó que algunas obras importantes para la administración local se encuentren inconclusas, por ejemplo la línea 2 del Metrobús que correrá de Tacubaya a Tepalcates y que debió ser inaugurada en abril pasado.
Asimismo, Ebrard incumplirá su promesa de construir un nuevo penal, luego de que el 29 de agosto pasado los diputados de la Asamblea Legislativa le negaron el cambio de uso de suelo a la delegación Tláhuac, para edificar la nueva cárcel.
También quedarán pendientes los trabajos de los centros comunitarios que se planearon en los predios conocidos como La Ford y Tenoch 40, que deberían concluirse este año.
El 5 de diciembre de 2007, el jefe de Gobierno del DF firmó 20 compromisos. De estos, todavía hay varios pendientes como iniciar el acuario en Xochimilco, la recuperación de la zona chinampera y la construcción de dos nuevos lagos ecológicos y de regulación en las delegaciones Xochimilco y Tláhuac.
Los compromisos
Ebrard se comprometió a contar con 3 mil 400 nuevos policías, 4 mil videocámaras, mil nuevas patrullas, 500 módulos de seguridad y el Centro de Emergencia.
También a iniciar la construcción de la línea 12 del Metro. Cambiar 35 mil taxis que tienen más de 10 años de antigüedad y 5 mil microbuses por autobuses.
Asimismo, dijo que renovaría 360 kilómetros de las principales vialidades de la Ciudad de México, construir 22 puentes para mejorar la vialidad, 60 kilómetros de ciclovías y renovar 300 puentes peatonales.
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