Organizaciones promotoras de la marcha Iluminemos México externaron ayer al Consejo de la Judicatura Federal la desconfianza que tiene la ciudadanía en los jueces.
Laura Elena Herrejón, integrante de las organizaciones, indicó que durante la reunión con integrantes del Poder Judicial de la Federación se señaló que los aspirantes a ser jueces deberían de pasar por pruebas de honestidad y que consideraran hacer exámenes toxicológicos.
"(Se hizo) hincapié de que la percepción que tienen los ciudadanos es que no confiamos en los jueces", dijo.
"Expresé que no permitiremos, que no aceptábamos una decisión que a todas luces nos parecía cobijada por la corrupción", explicó.
El Consejo de la Judicatura de la Federación presentó ayer ante los organizadores de la marcha un informe sobre los avances en los compromisos adquiridos desde la firma del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el 21 de agosto.
En la reunión estuvieron los seis consejeros de la Judicatura que explicaron el avance en medidas como: Celeridad procesal, control de procesados, sistematización de la información judicial, establecimiento de Juzgados de Control para medidas como arraigos y cateos, y la calificación de los nuevos juzgadores especializados en adolescentes.
"El presidente de la SCJN y del CJF, Guillermo Ortiz Mayagoitia, aseguró que el Consejo está abierto a la observación y dispuesto a la explicación de sus datos e información por lo que, enfatizó, la sociedad civil no necesita invitación, porque será recibida siempre que así lo requiera", informó el organismo en un comunicado.
El Consejo de la Judicatura Federal administra más de 500 juzgados y tribunales federales en todo el País.
Varios de los diez compromisos que asumió Ortiz son medidas que ya estaban en marcha desde antes o que requieren mayor presupuesto para 2009.
El compromiso que está totalmente concluido es un acuerdo del CJF para que los delincuentes peligrosos sean procesados en ciudades donde existen penales de alta seguridad, con independencia del lugar donde se cometió el delito.
En el encuentro estuvieron presentes Ángel Corona Rodríguez, presidente de CONSEGU; Rosa María Navarro Álvarez, de Canacintra; Alejandro Martí, creador de la Fundación Fernando Martí y Carlos Mendoza, en representación de María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia.
Laura Elena Herrejón, integrante de las organizaciones, indicó que durante la reunión con integrantes del Poder Judicial de la Federación se señaló que los aspirantes a ser jueces deberían de pasar por pruebas de honestidad y que consideraran hacer exámenes toxicológicos.
"(Se hizo) hincapié de que la percepción que tienen los ciudadanos es que no confiamos en los jueces", dijo.
"Expresé que no permitiremos, que no aceptábamos una decisión que a todas luces nos parecía cobijada por la corrupción", explicó.
El Consejo de la Judicatura de la Federación presentó ayer ante los organizadores de la marcha un informe sobre los avances en los compromisos adquiridos desde la firma del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el 21 de agosto.
En la reunión estuvieron los seis consejeros de la Judicatura que explicaron el avance en medidas como: Celeridad procesal, control de procesados, sistematización de la información judicial, establecimiento de Juzgados de Control para medidas como arraigos y cateos, y la calificación de los nuevos juzgadores especializados en adolescentes.
"El presidente de la SCJN y del CJF, Guillermo Ortiz Mayagoitia, aseguró que el Consejo está abierto a la observación y dispuesto a la explicación de sus datos e información por lo que, enfatizó, la sociedad civil no necesita invitación, porque será recibida siempre que así lo requiera", informó el organismo en un comunicado.
El Consejo de la Judicatura Federal administra más de 500 juzgados y tribunales federales en todo el País.
Varios de los diez compromisos que asumió Ortiz son medidas que ya estaban en marcha desde antes o que requieren mayor presupuesto para 2009.
El compromiso que está totalmente concluido es un acuerdo del CJF para que los delincuentes peligrosos sean procesados en ciudades donde existen penales de alta seguridad, con independencia del lugar donde se cometió el delito.
En el encuentro estuvieron presentes Ángel Corona Rodríguez, presidente de CONSEGU; Rosa María Navarro Álvarez, de Canacintra; Alejandro Martí, creador de la Fundación Fernando Martí y Carlos Mendoza, en representación de María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia.
Silvia Garduño, Reforma, 25 de septiembre.
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