Han pasado 30 días de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que participó el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y en la capital se reflejan pocos cambios para abatir la delincuencia.
Las autoridades se dieron 100 días para implementar los cambios, pero diputados locales de las Comisiones de Seguridad Pública y Administración de Justicia, de la Asamblea Legislativa (ALDF), señalaron que desde el 21 de agosto a la fecha, la intención de sanear los cuerpos policiacos, mejorar las estrategias de investigación e implementar tecnología se ha visto más en el discurso que en los hechos.
"No tenemos ningún avance en cuanto a la depuración de las policías de la Ciudad, la Policía Investigadora sólo tiene el nombre, pero el proceso de selección, capacitación y supervisión de los elementos aún no se conoce", consideró el legislador Agustín Castilla Marroquín.
Carmen Segura Rangel dijo que son invisibles las promesas de recuperar la confianza de la ciudadanía o motivar la denuncia para abatir la impunidad.
"El interés se ha manifestado con palabras, pero falta verlo en los hechos", dijo la diputada.
Los legisladores resaltaron que a partir del secuestro y muerte de Fernando Martí, las dependencias locales han tenido mayor comunicación con las federales, lo cual es fundamental para combatir la delincuencia organizada.
Señalaron que actualmente analizan las iniciativas que el Jefe de Gobierno envió el miércoles a la ALDF.
Entre las propuestas destaca la Ley de Extinción de Dominio, que pretende quitar los derechos de propiedad o posesión de los bienes que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
También está la de crear un organismo descentralizado para integrar un sistema de información estadística de la Administración Pública, instaurar una institución educativa en la misma materia, así como un observatorio ciudadano con la capacidad de evaluar las políticas públicas y programas de las autoridades capitalinas.
La quinta propuesta es la Ley del Consejo Ciudadano de Seguridad.
Sin embargo, en el olvido están la creación de centros estatales de control de confianza, consolidar las redes de atención a víctimas del delito, y asegurar la cobertura de un número único para la atención de emergencias y de denuncia anónima.
Las autoridades se dieron 100 días para implementar los cambios, pero diputados locales de las Comisiones de Seguridad Pública y Administración de Justicia, de la Asamblea Legislativa (ALDF), señalaron que desde el 21 de agosto a la fecha, la intención de sanear los cuerpos policiacos, mejorar las estrategias de investigación e implementar tecnología se ha visto más en el discurso que en los hechos.
"No tenemos ningún avance en cuanto a la depuración de las policías de la Ciudad, la Policía Investigadora sólo tiene el nombre, pero el proceso de selección, capacitación y supervisión de los elementos aún no se conoce", consideró el legislador Agustín Castilla Marroquín.
Carmen Segura Rangel dijo que son invisibles las promesas de recuperar la confianza de la ciudadanía o motivar la denuncia para abatir la impunidad.
"El interés se ha manifestado con palabras, pero falta verlo en los hechos", dijo la diputada.
Los legisladores resaltaron que a partir del secuestro y muerte de Fernando Martí, las dependencias locales han tenido mayor comunicación con las federales, lo cual es fundamental para combatir la delincuencia organizada.
Señalaron que actualmente analizan las iniciativas que el Jefe de Gobierno envió el miércoles a la ALDF.
Entre las propuestas destaca la Ley de Extinción de Dominio, que pretende quitar los derechos de propiedad o posesión de los bienes que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
También está la de crear un organismo descentralizado para integrar un sistema de información estadística de la Administración Pública, instaurar una institución educativa en la misma materia, así como un observatorio ciudadano con la capacidad de evaluar las políticas públicas y programas de las autoridades capitalinas.
La quinta propuesta es la Ley del Consejo Ciudadano de Seguridad.
Sin embargo, en el olvido están la creación de centros estatales de control de confianza, consolidar las redes de atención a víctimas del delito, y asegurar la cobertura de un número único para la atención de emergencias y de denuncia anónima.
Henia Prado, Reforma, 21 de septiembre.
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