La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) señaló que los tribunales militares en México obstruyen la justicia, encubren y dejan impunes las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército.
Manifestó que en el país debe “limitársele a juzgar exclusivamente a militares por la comisión de delitos que atenten contra bienes jurídicos del orden militar”.
Debe, dijo, excluirse de investigar y juzgar violaciones a los derechos humanos.
Así lo determinó este organismo, al analizar “la impunidad que prevalece desde hace siete años” en torno a la violación sexual, padecida por la indígena Valentina Rosendo.
A los 17 años fue violada por dos militares (16 de febrero de 2002), junto a un río, en la barranca Bejuco, en la sierra guerrerense.
En su fallo, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la CIDH señaló al Estado mexicano como responsable de violar los derechos humanos de Valentina Rosendo, por la cual decidió demandarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Después de que Valentina denunció los hechos en el Ministerio Público, ( 8 de abril de 2002) la PGJ del Estado de Guerrero envió el asunto a la jurisdicción militar.
La CIDH determinó que esta decisión impidió el acceso a la justicia, porque los tribunales militares archivaron la investigación el 12 de marzo de 2004, sin sancionar a los responsables, ni reparar el daño a la víctima.
Además, reiteró que el fuero militar no tiene competencia en este caso, la violación sexual no afecta un bien jurídico militar, y no es un exceso cometido por los elementos del Ejército, mientras cumplían con sus funciones.
El organismo señaló que, en lugar de realizar una investigación imparcial, el fuero militar negó los hechos e intentó vincular a la indígena con actividades criminales.
Destacó, que este caso “es representativo del clima impunidad que rodea a las investigaciones ejercidas por el sistema de justicia militar”.
Manifestó que en el país debe “limitársele a juzgar exclusivamente a militares por la comisión de delitos que atenten contra bienes jurídicos del orden militar”.
Debe, dijo, excluirse de investigar y juzgar violaciones a los derechos humanos.
Así lo determinó este organismo, al analizar “la impunidad que prevalece desde hace siete años” en torno a la violación sexual, padecida por la indígena Valentina Rosendo.
A los 17 años fue violada por dos militares (16 de febrero de 2002), junto a un río, en la barranca Bejuco, en la sierra guerrerense.
En su fallo, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la CIDH señaló al Estado mexicano como responsable de violar los derechos humanos de Valentina Rosendo, por la cual decidió demandarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Después de que Valentina denunció los hechos en el Ministerio Público, ( 8 de abril de 2002) la PGJ del Estado de Guerrero envió el asunto a la jurisdicción militar.
La CIDH determinó que esta decisión impidió el acceso a la justicia, porque los tribunales militares archivaron la investigación el 12 de marzo de 2004, sin sancionar a los responsables, ni reparar el daño a la víctima.
Además, reiteró que el fuero militar no tiene competencia en este caso, la violación sexual no afecta un bien jurídico militar, y no es un exceso cometido por los elementos del Ejército, mientras cumplían con sus funciones.
El organismo señaló que, en lugar de realizar una investigación imparcial, el fuero militar negó los hechos e intentó vincular a la indígena con actividades criminales.
Destacó, que este caso “es representativo del clima impunidad que rodea a las investigaciones ejercidas por el sistema de justicia militar”.
Liliana Alcántara, El Universal, 17 de septiembre.
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