Las FARC deben dejar armas, dice el gobierno

BOGOTÁ (Agencias).— El gobierno de Colombia advirtió ayer que la reforma jurídica que impulsa en medio del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocida como el Marco jurídico para la Paz, implica de parte del grupo “la dejación de armas y la reparación a las víctimas”, entre otras medidas.

El fallo de la Corte Constitucional, emitido el miércoles por siete votos a favor y dos en contra de sus nueve integrantes, “es histórico... El éxito de las conversaciones que adelantamos actualmente en La Habana depende en gran medida de la decisión que ha tomado la Corte”, dijo el gobierno en un comunicado.

La enmienda es uno de los instrumentos jurídicos claves del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en sus negociaciones con las FARC, en diálogos que se iniciaron a fines del 2012 y que se realizan en Cuba. De llegar a un acuerdo entre las partes, el Marco Jurídico para la Paz sería la ley que se aplicaría para la reinserción de los guerrilleros a la vida civil.

El texto de la enmienda, de cuatro artículos, establece, entre otros puntos, que los actores del conflicto armado interno colombiano, como los rebeldes, pueden recibir rebajas o suspensión de penas en prisión si dejan las armas. También contempla que se podrá centrar la investigación penal en “los máximos responsables” y no en todos los insurgentes, por ejemplo. La nueva norma será reglamentada en un proyecto de ley que deberá ser preparado y debatido por los congresistas.

Aunque el texto completo del fallo aún no ha sido divulgado, y puede demorar semanas y hasta meses, la Corte dijo en un comunicado que en esa futura ley el Congreso deberá considerar varios parámetros, entre ellos que “deberá ser respetuoso de los compromisos internacionales (del país)... en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, así como garantizar los derechos de las víctimas.

“Este es un mensaje para las FARC y para todo el país: el logro de la paz estable y duradera implica el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos”, indicó el gobierno en su comunicado.

La administración reiteró que la aplicación de la reforma depende además del “reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la liberación de los secuestrados y la entrega de los menores reclutados”.

Ayer mismo, la Iglesia católica colombiana reveló contactos con el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) para un acercamiento con el gobierno de Santos que conduzcan a un proceso de paz.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), monseñor Rubén Salazar, dijo que las gestiones de la Iglesia buscan invitar a esa guerrilla a que “depongan las armas” y a que se sienten a “dialogar” para poner fin a medio siglo de conflicto interno.

El prelado afirmó que para garantizar una paz estable y duradera en Colombia, es necesario negociar con todos los grupos armados, y no solamente con las FARC.

Policía dispersa a manifestantes

En tanto, la policía colombiana dispersó con gases lacrimógenos y chorros de agua a miles de manifestantes que se congregaron en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en apoyo a la huelga del sector agropecuario que se inició el 19 de agosto.

La policía cargó contra los manifestantes para controlar a grupos de encapuchados que arrojaban piedras contra los agentes y contra los comercios y bancos del sector. Los choques dejaron tres heridos.

El presidente Santos hizo un llamado a la mesura.

EL Universal, 30 de agosto.