Llama Cárdenas Solórzano a protestar contra el plan energético de Peña Nieto

La propuesta de reforma constitucional en materia energética planteada por el titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, arrebata al petróleo y a la electricidad la condición de “sectores estratégicos” para el desarrollo de la nación, aseveró Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por lo que consideró que esta pretensión es “lesiva para los intereses del país”.
Durante el foro La disputa por el petróleo y la nación, organizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que se realizó en el auditorio Ricardo Flores Magón de esa institución, el ex candidato presidencial subrayó que el objetivo central de las modificaciones planteadas por el gobierno federal a los artículos 27 y 28 de la Constitución “es abrir la posibilidad de privatizar todo el sector energético”, y que el Estado pierda el control de recursos estratégicos, cosa a la que ningún otro país que cuenta con ese tipo de industria –como Arabia Saudita, Brasil, Bolivia o Argentina, entre otros– ha renunciado.
En el caso del artículo 27 constitucional, que hoy señala que en materia de hidrocarburos el Estado no otorgará contratos ni concesiones, el titular del Ejecutivo propone eliminar la primera palabra para permitir contratos a particulares dentro de estas industrias.
Pero los casos “más graves” son las pretendidas modificaciones al artículo 28 de la Carta Magna, en el que se indican las “áreas estratégicas” para la nación, entre ellas los hidrocarburos y la electricidad.
“La reforma que se pretende llevar a cabo (a ese artículo) es sacar o borrar el petróleo y la electricidad, es decir, quitarles su condición de sectores estratégicos, lo que en términos comunes y corrientes sería decir que no son importantes para la vida del país”. Por ello, resaltó, la propaganda gubernamental en este tema difundida en medios masivos de comunicación no hace ninguna alusión a ese artículo.
“Llámense contratos de utilidades, compartidos o de cualquier otro tipo (la propuesta de Peña Nieto) es volver al régimen que existía anterior a la expropiación y abrir la posibilidad de que las compañías que fueron expropiadas vuelvan a ser las que manejen el petróleo, las reservas y los yacimientos en el país.”
Recordó que en el artículo 25 de la Constitución se asienta que el Estado tendrá a su cargo de manera exclusiva las “áreas estratégicas” plasmadas en el artículo 28 constitucional, manteniendo el gobierno federal la propiedad y control sobre los organismos que en su caso se establezcan para explotar y administrar el petróleo y la electricidad.
Sin embargo, al perder su categoría de estratégicos, la autoridad gubernamental ya no tendrá obligación de mantener la propiedad de los organismos que manejan ambas industrias. “Yo diría que pueden venderse hasta los tornillos de las calderas que explotaron hace unos meses en Pemex, pueden vender todo: los campos petroleros, las instalaciones, las refinerías, los yacimientos, porque se pierde la exclusividad del Estado en estos sectores y eso me parece que es la parte más grave de la reforma que está proponiendo el Ejecutivo federal”.
El ingeniero Cárdenas indicó que en el “caso desafortunado” de que esta propuesta sea aprobada por el Congreso, la ciudadanía debe movilizarse para echarla abajo.
Una opción, dijo, la da la misma Carta Magna en su artículo 35, que plantea la posibilidad de realizar consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, la cual puede ser convocada por una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras del Congreso o por los ciudadanos (en un número equivalente a dos por ciento de la lista nominal de electores, que en este caso sería un millón 700 mil personas).
“Si se diera esa situación habría que movilizarnos, en sus salones de clase, con sus compañeros, con la familia, reuniendo firmas, nombres, números de credenciales de elector, para juntar el millón 700 ciudadanos que hacen falta para llamar a esa consulta. Y si logramos que 40 por ciento vote contra las reformas, (el resultado) sería vinculante y obligaría al Congreso y al Ejecutivo a revertirla”.

Emir Olivares Alonso, La Jornada, 29 de agosto.