Finalmente, los últimos 34 comentarios, 3.55 de 957, se concentran en los límites de la reforma electoral, en sus insuficiencias y en lo que, a decir de columnistas y articulistas, constituyen los puntos débiles de la iniciativa.
Pero lo más significativo es que equivoca la vía para la solución de las injusticias y abusos que prevalecen en las democracias de varias entidades. La ruta para fortalecer los derechos de los ciudadanos no es la administrativa es, más bien, la jurisdiccional. En el federalismo electoral, la principal laguna o deficiencia que subsiste en nuestro sistema, no tiene que ver con las tareas administrativas de los institutos electorales, sino en los instrumentos de defensa y protección que tienen (o de los que carecen más bien) los ciudadanos, electores, militantes de partidos y candidatos a puestos de elección. La solución a esto no pasa por la reorganización de las elecciones, sino por el fortalecimiento de la ley y de su ejercicio dentro de los tribunales. ¡Y es ahí, lamentablemente, donde se juntan la crisis del IFE con el escándalo en el Tribunal Electoral!
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 13 de agosto.
Todo parece indicar que la pesada burocracia electoral no será eliminada ni disminuida en la reforma electoral que está por cocinarse, pero de cualquier manera será positivo que los comicios federales de 2009 se lleven a cabo con nuevas reglas.
Claro, falta que los intereses políticos no frenen de última hora el esfuerzo hasta ahora realizado, como ha ocurrido tantas veces.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 25 de agosto.
Este diario le ha dado detalles de algunos temas que incluirá la próxima reforma electoral. Ni la segunda vuelta ni la reelección de legisladores se incluirán en las modificaciones al código en la materia. Definitivamente, no hay consenso sobre estos puntos. Los partidos han detectado riesgos que desvirtuarían el propósito de estas medidas. En el primer caso, los diputados y senadores que participan en las negociaciones han concluido que no se puede pensar en una segunda vuelta, si antes no se reforma el régimen de gobierno. En el segundo, se tendrían que cerrar todas las llaves del financiamiento privado para evitar que los legisladores sirvan a intereses específicos, y no todos los partidos están convencidos de renunciar al apoyo económico de los particulares
“Bajo reserva”, El Universal, 28 de agosto.
Como era de esperarse, porque se movieron por tiempos personalistas, la reforma del Estado y la reforma electoral podrán aprobarse con inconsistencias y contradicciones, pero de ninguna manera conducirían a una democracia moderna y real. La comisión de la reforma del Estado estaría llevando al país a una democracia cínica, en la que lo importante son las componendas entre partidos, los jaloneos por el dinero y el reparto del pastel entre partidos.
Al final, el gran arquitecto de la reforma del Estado no sería el PRI, sino los caprichos y rencores de López Obrador.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 31 de agosto.
Se abandona, por suerte, y no se incluye en la reforma, pues no está el país para estos experimentos, una modificación al Artículo 81 constitucional para incluir la figura de “segunda vuelta electoral” en el caso de que ningún candidato en la elección presidencial alcanzara 51 por ciento de los votos. Quienes propugnan esta medida aducen que al pasar a una segunda vuelta los dos candidatos con mayor votación (pero menor del 51 por ciento), el ganador obtiene “mayor legitimidad”, pero es claro que sería una mayoría ficticia, con votos forzados para aquellos votantes cuyo candidato original no hubiera pasado a la segunda vuelta; eso sin contar el incremento en el abstencionismo en tales situaciones. Además, hubiera sido incongruente que ahora que por fin se hacen esfuerzos serios para reducir los gastos de las campañas electorales, se duplicaran los mismos con una segunda vuelta.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.
Desafortunadamente se incluyeron también propuestas francamente malas, como la facultad del IFE para organizar elecciones locales, con lo cual se resta soberanía a los estados, se impone una carga operativa excesiva al IFE y se potencian y centralizan las posibilidades de conflictos y presiones postelectorales; la creación de una contraloría “autónoma” para fiscalizar al IFE, designada por el Congreso de la Unión, es decir una cuña política y una permanente amenaza sobre la independencia de actuación de los consejeros; el (re)conteo voto por voto, en los casos de resultados con un margen menor al 1% entre el primero y segundo lugar, con lo que se eleva a rango constitucional la desconfianza en los ciudadanos integrantes de las mesas de casilla y representantes de los partidos, alterando la definitividad en las etapas de los comicios y adicionando otra carga operativa y económica a los procesos electorales.
En el balance, aunque el proyecto presenta varios aspectos positivos, los negativos son de gran peso y reflejan el ánimo revanchista que predominó en la elaboración de la iniciativa. Parece inverosímil que no haya habido tiempo para que los partidos acordaran el cambio de formato del informe presidencial y sí, en cambio, lo hubiera para recibir, analizar y consensuar las propuestas de reformas electorales de organizaciones civiles, académicas y políticas, de los propios organismos electorales, de la mesa de Reforma Electoral y de la Subcomisión de Consulta Ciudadana dependiente de la propia Comisión Ejecutiva del Congreso.
Verónica Ortiz Ortega, Crónica, 1º de septiembre.
La reforma electoral que han consensado panistas, priístas y perredistas no reforma mucho: fue escrita sobre las rodillas para decapitar a Luis Carlos Ugalde y a sus cómplices en el fraude que elevó a la Presidencia a un sujeto sin verbo ni complemento, y luego será usada como moneda de cambio para involucrar al PRD en reformas menos simpáticas.
¿Qué va a reformar la supuesta reforma? Aparte de borrar de la vista del público al ectoplasma que preside el Instituto del Fraude Electoral, pretende “reducir los tiempos y costos de campaña”, “limitar el financiamiento y la duración de las precampañas”, crear una “contraloría interna del IFE”, prohibir “la propaganda negra” y la reconversión de sindicatos en partidos políticos, así como la sustitución “escalonada” de consejeros y magistrados electorales. Y ya. ¿Y la televisión? Muy bien, muy feliz, muy contenta bajo el aura de impunidad que le permitirá seguir siendo la que absorbe todo el dinero que el Estado da a los partidos y la que, al final, decidirá quién gana y quién dizque gobierna.
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 1º de septiembre.
La propuesta de reforma constitucional presentada de manera sorpresiva en el último día de la gestión de Manlio Fabio Beltrones como presidente de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado no responde a las demandas ciudadanas ni atiende de fondo las graves carencias en materia electoral. Esperábamos una reforma histórica que ayudara a rencauzar nuestra democracia, tan agraviada por la impunidad, la simulación y la falta de legitimidad. A cambio se nos ofrece una propuesta reducida, que deja fuera los asuntos medulares.
Quizá lo más preocupante sea la rotunda resistencia de los legisladores para detener el cada vez más abundante flujo de recursos que llevan nuestros impuestos a las arcas de los grandes consorcios televisivos. Al parecer seguiremos con el régimen de costumbre en que el dinero y las “buenas relaciones” con las televisoras decidirán la suerte de los candidatos.
John Ackerman, La Jornada, 1º de septiembre.
La propuesta de Beltrones no reduce en lo absoluto el financiamiento anual para las actividades ordinarias de los partidos, sólo se limita a reducir el financiamiento adicional que se les otorga en años electorales. Lo que tal reducción provocará, si no se transforma de fondo el régimen de contratación de medios, es la búsqueda desesperada por parte de candidatos y partidos de fuentes alternas de financiamiento. Los narcotraficantes, sin duda, estarán muy complacidos con la oportunidad de llenar el vacío que súbitamente se les abre.
Del mismo modo en que los legisladores y los partidos mostraron su indigna subordinación ante los grandes consorcios mediáticos con la aprobación de la ley Televisa, hoy también se niegan a enfrentar el poder fáctico de la gran pantalla. Nuestros políticos tampoco se atreven a enfrentar la intervención indebida del sector privado en las campañas electorales. El código electoral ya prohíbe de manera explícita los donativos de empresas mercantiles y la contratación de propaganda de parte de terceros. El problema no era la ausencia de prohibiciones, sino de sanciones explícitas, argumento que ha sido esgrimido por el IFE, el tribunal electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para justificar su total pasividad frente a graves violaciones que se cometieron en el proceso electoral pasado.
John Ackerman, La Jornada, 1º de septiembre.
Con la reforma se abre la posibilidad de que el IFE pueda sancionar económica o administrativamente a las “personas físicas o morales”, además de que se anula el llamado secreto fiscal. Esto podría implicar un avance si la ley secundaria reglamentara estas facultades con toda precisión. Sin embargo, la propuesta deja totalmente fuera la aplicación de sanciones penales a los actores privados que violen la ley. Como bien sabemos, la amenaza de algunas multas aquí o allá nunca detendrá las ambiciosas tendencias de los grandes intereses económicos del país. La cárcel, en cambio, sería un desincentivo más efectivo
John Ackerman, La Jornada, 1º de septiembre.
Los integrantes de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado también han mostrado su total falta de compromiso con la ciudadanía, al dejar completamente intacto el actual proceso de nombramiento de los consejeros electorales a partir de las propuestas de grupos parlamentarios. Tal procedimiento garantiza que los nuevos funcinarios deban sus puestos de manera directa a uno u otro partido. Por muy “ciudadano” que sea su perfil, los nuevos consejeros estarán marcados de origen.
Otras propuestas sumamente preocupantes son la cancelación de la posibilidad de anular comicios por la vía “abstracta”; la eliminación de la facultad de la Corte para investigar de oficio “la violación del voto público”, y la ausencia de algún pronunciamiento con respecto a la autonomía de la Fepade.
John Ackerman, La Jornada, 1º de septiembre.
7) A la reforma electoral le faltó controlar a los partidos. Por ejemplo, regresar a la votación individual por partidos aun en coaliciones o alianzas, a fin de terminar con el negocio actual de las coaliciones a cambio de un porcentaje de votos que le asegure a los partidos chicos su cuota de poder. Hoy los partidos chicos no se despeinan en hacer campaña porque los grandes les compran su alianza con un porcentaje de votos.
8) La reforma electoral actual va a disminuir facultades de autoridad al IFE en materia de supervisión de gastos, justo cuando las multas son multimillonarias porque los partidos incorporan dinero oscuro a las campañas. Por eso justamente los partidos quieren que el IFE ya no husmee las cuentas. Ahí está el caso del PRD y una factura falsificada para comprobar gastos. Por eso el PRD apoya la reforma que acota la autoridad del IFE.
9) La reforma se apresuró por cuestiones de tiempo político. Formó parte de un reparto de espacios de poder: al aprobarla al filo de agosto, el PRI se quedó con la propiedad de la reforma electoral, mientras al PAN le dejaron la reforma fiscal. El PRD, como siempre, perdió por falta de malicia. Y no le quedó más que subordinarse al dominio de la bancada priista en el Senado. Por eso sin duda la reforma electoral incluyó las demandas del PRD, aun una que pervertirá el sentido de las elecciones, la del conteo voto por voto.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 4 de septiembre.
Tengo para mí que el resultado de la reforma anunciada va a ser parecido al que tuvo aquel despropósito que fue el Código Federal Electoral de 1986. En lugar de contribuir al avance democrático, aquella ley condujo al cataclismo electoral de 1988, pues generaba condiciones especialmente favorables para los abusos del PRI. Ahora parece que el gato que pretenden vendernos por liebre no pasará de un retoque que no abrirá la competencia ni la hará más equitativa ni realmente más transparente. Tampoco tocará los privilegios de los partidos grandes y si bien puede reducir el financiamiento ingente que hoy reciben, no reducirá sus requerimientos de recursos, lo que puede abrir las puertas al dinero negro.
Si el PRD y sus aliados muerden el anzuelo de una reforma que deje de lado lo sustancial a cambio de la venganza personal contra los consejeros electorales cometerá un error que le puede costar muy caro a la democracia mexicana. Al tiempo.
Jorge Javier Romero, Crónica, 5 de septiembre.
Lo cierto es que, de la sustancia de la reforma presentada, son pocos los temas que tanto se habían planteado y esperado. Ni reelección ni segunda vuelta ni mayores dientes para el IFE ni candidaturas independientes, etcétera. Los cambios de fondo no se ven por ninguna parte, se quedan en el asunto cosmético. Se habla de que el financiamiento de los partidos se regule, de que las campañas sean más cortas, de la reducción al financiamiento de partidos. Pero lo cierto es que los tres grandotes, el PRI, el PAN y el PRD, no se reducen ni un solo quinto: sólo le quitaron lana a los partidos bonsái, como nos enteró nuestro querido Pablo Hiriart la semana pasada aquí en Excélsior. Y el peor punto de la propuesta es la moralina, hipócrita y antidemocrática propuesta de “prohibir y castigar” las campañas negativas. Pero de eso nos ocuparemos mañana en este mismo espacio.
Yuriria Sierra, “Nudo Gordiano”, Excélsior, 5 de septiembre.
¿Qué contiene la reforma electoral? No parece tocar los temas fundamentales del país. No considera, por ejemplo, la posibilidad de reelegir a los legisladores. De hecho, el principal objetivo de la ley parece ser, simplemente, destituir a los consejeros del IFE. Por eso es tan objetable.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 5 de septiembre.
En tercer lugar, no sólo no habrá candidaturas independientes, sino con toda sagacidad y pericia jurídica, Manlio Fabio Beltrones ha planteado (ver nota del 3 de septiembre en Reforma) elevar a rango constitucional la prohibición de dichas candidaturas. El PRI tiene de alguna manera razón: aún si el que escribe perdiera su caso ante la CIDH en Costa Rica, donde el gobierno de Felipe Calderón puede ser el primero de la historia de México en ser condenado por violar los derechos humanos de un ciudadano mexicano, es prácticamente seguro que la próxima vez que alguien cuestione la constitucionalidad y/o compatibilidad con instrumentos internacionales de las disposiciones actuales del Cofipe, la gane. La Suprema Corte ya ha dado indicios de inclinarse en esa dirección, y el Trife también. Pero como nadie puede ampararse contra la Constitución y como esta última presumiblemente está por encima de los tratados internacionales, se cierra el círculo.
Jorge Castañeda, Reforma, 5 de septiembre.
Si se esperaba que la reforma electoral resolviera el gravísimo y recurrente problema de los conflictos electorales, el alcance de lo pactado hasta ahora no alcanza para devolverle la tranquilidad a las elecciones. Peor aún, la reforma electoral negociada estará lejos de impedir un conflicto postelectoral en las legislativas federales de 2009.
Las élites que pactaron la reforma electoral parecieron olvidarse del ciudadano. Pero en la calle el elector tiene sus consideraciones críticas sobre los actores políticos. Por ejemplo, una encuesta realizada para Indicador Político por la empresa Prospecta Consulting del doctor Rafael Abascal arrojó un dato relevante de la realidad:
El 67.8 por ciento consideró que los legisladores no responden a las expectativas ciudadanas, en tanto que el 58.5 por ciento concluyó que tiene mucha confianza en el IFE. Pero resulta que son los que tienen menor credibilidad quienes quieren destituir a los que son más aceptados por la ciudadanía.
La encuesta retrata el sentimiento del ciudadano sobre lo que se considera ya como la reforma de la discordia. En la transición española, la reforma política convirtió al voto en el eje de la democratización. La reforma electoral mexicana de 2007 aleja la certeza ciudadana sobre el valor del voto como esencia de la democracia.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 7 de septiembre.
La reforma electoral que se discute no atiende, por otra parte, a otras cuestiones fundamentales: no somete al Ejecutivo a la legalidad constitucional, prohibiéndole expresamente violentar las libertades electorales del pueblo y abriendo la posibilidad de destituirlo por ello, no establece amplios mecanismos de participación democrática, no reconoce plenamente los derechos de los ciudadanos en los procesos, no prohíbe el financiamiento privado de partidos y campañas, no sanciona con precisión los delitos electorales ni establece causales claras para anular las elecciones, deja intocado y en extrema discrecionalidad al tribunal electoral, que ha sido y es un instrumento de la derecha panista
Luis Javier Garrido, La Jornada, 7 de septiembre.
Como prueba de ello, no se encuentra en la iniciativa ninguna consideración para hacer más accesible la justicia electoral a los ciudadanos, como lo propuso el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral; ni se reconoce su interés legítimo para inconformarse en materia de elecciones. Tampoco se prevén mecanismos para que impugne los actos de los partidos. Sin tomar en cuenta sus demandas y la experiencia de 2006, no se hace tampoco mención alguna del tema del recuento de votos en caso de elecciones competidas. Se cierra también definitivamente la puerta a las candidaturas independientes, al incluir en el texto constitucional la prohibición expresa para ello. Lo cual contraviene tratados internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país, y por el contrario compromete por adelantado la respuesta al reclamo de la ciudadanía de otorgarles rango constitucional
Miguel Concha, La Jornada, 8 de septiembre.
Otro de los grandes temas ausentes, que una vez más denota el alejamiento de los partidos de las legítimas demandas de la ciudadanía, es justamente la ciudadanización del proceso de elección de los consejeros electorales del IFE, más importante aún que los nombres de los consejeros actuales que se quedan o tienen que irse; así como el de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.
Hay que reconocer, sin embargo, la inclusión de la obligación constitucional que se propone, para que los partidos se abstengan de utilizar en la propaganda política o electoral expresiones denigrantes contra las instituciones o ellos mismos, o que calumnien a las personas, así como la obligada suspensión de toda propaganda gubernamental durante las campañas y hasta la conclusión de las jornadas comiciales.
Miguel Concha, La Jornada, 8 de septiembre.
Pero profundizar la democracia representativa no es suficiente (y hasta ahora nunca lo había sido para la izquierda), pues se requiere incorporar formas novedosas de participación que le den voz a los ciudadanos, y sobre todo fomenten su autonomía. Por eso resulta lamentable que en el actual proceso no estén incluidos en la discusión dispositivos de participación ciudadana que permitan vincular a amplios sectores de la sociedad a la toma de decisiones. Preocupa pues la desmemoria de la izquierda (o su desviación): del planteamiento de que la ciudadanía debía ser protagonista del cambio social ha pasado a una visión patrimonialista. El quehacer político es monopolio de los partidos, y nada más.
Esta lógica ha llevado a que en el actual debate sobre la reforma electoral la democracia participativa y paritaria están ausentes. No se incorporan mecanismos como el referéndum, el plebiscito o la iniciativa popular, que bajo ciertos criterios y requisitos pueden ser organizados por el IFE. Tampoco se habla para nada de la participación paritaria de hombres y mujeres, o por lo menos se hace un balance crítico de la cuota que obliga a garantizar la representación femenina en una proporción mínima de 30 por ciento y que no se cumple. Pero lo más grave, los legisladores que hoy desean remover a los consejeros electorales porque consideran que el árbitro no es confiable, no establecen ninguna vía para la revocación del mandato de los representantes populares y de los gobernantes cuando no se cumplan las expectativas ciudadanas. Implacables para castigar, demasiado laxos para aplicarse la medicina, cuando además todas las encuestas le dan una mayor confianza y credibilidad al órgano electoral que a diputados y senadores que, justo es decirlo, salen reprobados. Aún así, en este país ellos (juez y parte) son los únicos inamovibles. Es cierto que esta reforma contempla un aspecto nodal que tiene que ver con la realización de campañas más cortas y de que sólo se tenga acceso a los medios de comunicación electrónicos a través de los tiempos oficiales, pero estos cambios tan importantes no se reflejan en una disminución de los recursos públicos que se destinan a los partidos, que debiera ser en un porcentaje de por lo menos 60 por ciento que es lo que se paga por publicidad. La reforma, pues, no significa un paso adelante en la reducción de prerrogativas, entre otras cosas porque para nada toca el aspecto relacionado con la necesaria concurrencia de los procesos electorales locales con el federal, para evitar que el país esté sujeto a los vaivenes que tanta campaña política provoca. En síntesis, lo que está en puerta es una reforma que lejos de otorgarle poder a los ciudadanos, sólo fortalece los intereses de la partidocracia, que por desgracia no parecen ser, en estos momentos, los del país.
Rosario Robles, Milenio, 8 de septiembre.
Es cierto, por lo demás, que esa reforma electoral deja de lado muchas otras propuestas nada despreciables.
No considera la reelección legislativa, la reducción del número de asientos en el Congreso, la desaparición de los senadores plurinominales y la disminución de los diputados plurinominales. No, no los contempla, pero quienes hayan seguido de cerca los trabajos de la reforma del Estado deben tener claro que esos puntos quedaron en la mesa de "Régimen de Estado y de Gobierno". No eran, pues, materia de la mesa de reforma electoral.
Descalificar la reforma electoral porque no contiene lo que no era su materia es confundir el debate y engañar.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 8 de septiembre.
¿Por qué insistimos en que la electoral es una reforma envenenada? Porque a partir de un puñado de cambios que, en efecto, resultan positivos para la democracia electoral, se introducen un conjunto de reformas que desnaturalizan la ciudadanización y autonomía del IFE, que solidifica el tripartidismo y, lo más importante, que altera la jerarquía de los poderes del Estado, al colocar a la “partidocracia” en la cúspide, como poder único, juez y parte, detentador no sólo del poder público, sino del poder político y de la facultad de descabezar a los poderes formales y autónomos a contentillo, al humor de los partidos y sus dirigentes.
A los ciudadanos en general se les pretende hacer creer que la electoral es la gran reforma. Y en efecto, tiene aspectos positivos. ¿Cuáles? Por ejemplo, que reduce el tiempo de las campañas, regula las precampañas, elimina el secreto bancario y fiscal para la fiscalización de los recursos de los partidos, prohíbe la publicidad gubernamental con fines electorales de los tres órdenes de gobierno, y otorga al IFE facultades alternas para sancionar a partidos, candidatos y particulares que violen las leyes electorales, además de regular la liquidación de los partidos políticos.
En las últimas horas, los tres grandes partidos han asegurado que será aprobado un cambio que resultaría fundamental. Es decir, acabar con la contratación de spots en televisión y radio, por los partidos y candidatos, con lo que se acabaría con el círculo perverso del dinero-elecciones-medios-poder. En pocas palabras, que en tiempos electorales, los partidos y sus respectivos candidatos a puestos de elección popular, en los tres órdenes de gobierno, no podrán comprar espacios para propaganda política en radio y televisión, sino que usarán los tiempos oficiales, que serán manejados por el Estado a través del IFE.
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 9 de septiembre.
Resulta increíble que la reforma electoral que están proponiendo los partidos no contemple reducir el número de legisladores, eso sí sería un avance y una exigencia de la población, porque tener a 500 diputados y 128 senadores, cobrando por hacer el trabajo que hacen, es un verdadero atropello. En los siguientes días, continuarán las discusiones, los chantajes y, por supuesto, los madruguetes en el Congreso de la Unión donde, como suele suceder, no ganará la ciudadanía ni la democracia, sino los partidos políticos
Vianey Esquinca, “La inmaculada percepción”, Excélsior, 9 de septiembre.
Además, de aprobarse esta reforma electoral como se plantea, la autonomía del IFE y la relación institucional con los partidos nacerá ilegítima por el miedo y los amarres prenombramientos, sin contar que la comunicación (por mínima que existe actualmente) entre partidos y ciudadanía será cortada de tajo al proponer que sea el IFE quien contrate, en los tiempos oficiales, la publicidad y que sea, además, sin costo para los partidos políticos pero no para la sociedad, pues seguiremos financiando el parasitario accionar de quienes se creen nuestros nobles feudales. La reforma electoral pone en la mesa del anecdotario (porque no habrá una de diálogo para los temas importantes) que los partidos decidieron destruir la única institución a la que la sociedad le guardaba todavía credibilidad. Este país está destinado al fracaso total si el defender la democracia es menos redituable que atender el llamado de un perdedor esquizoide que quiere mandar al diablo a las instituciones y todo un Legislativo que, como sirvientes, le secundan
Carlos Dragonné, Milenio, 9 de septiembre.
Es una lástima, sin embargo, que los mismos legisladores hayan debilitado la fuerza de su propuesta cuando —al querer abarcarlo todo— decidieron meter en el mismo saco la remoción de los actuales consejeros electorales. Un hecho que, sin dudas, lastima la credibilidad y la solidez del Instituto Federal Electoral.
La propuesta de regular la relación entre medios y poder político necesitaba estar blindada de los severos embates televisivos que ya, desde ahora, está enfrentando.
¿Qué les inspiró para dejar expuesto un talón de Aquiles tan innecesario? Si la reforma tenía que ver esencialmente con el tema de los medios, pues a esa sola prioridad debieron haber encaminado sus esfuerzos.
En cambio, los legisladores han puesto a girar la cosa en la absurda disyuntiva de ponernos a elegir entre una regulación que enfrente a la videopolítica —la cual lleva como esferita intocable la salida de los consejeros— o de plano, dejarnos a los mexicanos sin ninguna reforma posible.
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
Creo que la mayor omisión de la reforma electoral en curso es no tocar la reelección de legisladores y presidentes municipales. Esto hace a los políticos depender más de sus partidos que de los votantes, e impide a éstos premiar o castigar el desempeño de sus políticos.
El mayor acierto de la reforma me parece haber entrado al tema de los dineros y los medios, prohibiendo la compra de publicidad electoral y reduciendo lo que gastan los partidos, junto con los tiempos de campaña.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 10 de septiembre.
Quedan pendientes básicos como la ciudadanización y transparencia para nombrar a los nuevos consejeros del IFE; la falta de autonomía de la fiscalía en materia electoral (Fepade), entre otros muchos que propuso el Comité Conciudadano. Hay que reiniciar el camino: nuevas reglas y nuevos consejeros. Pero para que esta reforma sea de “tercera generación”, los legisladores necesitan corregir los excesos de la partidocracia. Veremos
Alberto Aziz, El Universal, 11 de septiembre.
Los temas plausibles de la reforma electoral no opacan los abusos que al amparo de ellos quieren cometer los partidos, comenzando por la destitución de los consejeros del IFE que a estas alturas no ha sido justificada por un solo legislador. La remoción de los consejeros será resultado de una injusta venganza política. La cancelación de la propaganda pagada será consecuencia de una desigual y ahora, por lo visto, insostenible relación de subordinación de las fuerzas políticas respecto de la radiodifusión comercial.
Dueños y voceros de ese poder mediático ayer lucieron desquiciados, sin maquillaje, desenfocados. No tardarán en recuperar la figura sin abandonar el viejo estilo: severas advertencias en privado, dosificadas menudencias de rating en público. No pasarán muchas horas para que sepamos si esos gastados recursos todavía atemorizan a la clase política.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 12 de septiembre.
También, según las últimas informaciones, del proyecto aprobado en el Senado se eliminó la polémica prohibición constitucional de las candidaturas independientes, disposición que solamente queda en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que con la decisión de la Suprema Corte de octubre pasado respecto a la aprobación de dichas candidaturas en el estado de Yucatán permitirá su implantación en cualquier otro estado. Según parece, igualmente, los senadores aclararon que el ahorro del gasto por la reducción de campañas y la prohibición de comprar spots en los medios, será una disminución neta importante del financiamiento a los partidos, en beneficio del erario público.
Juan José Huerta, Crónica, 14 de septiembre.
10) Si las reformas fueron cosméticas y sólo servirán para afianzar estructuras de poder a favor de los grupos dominantes, el país se desvió del camino de la modernización democrática y volvió a meterse en los pantanos de la restauración del sistema político priista. Pero como las reformas no garantizan la estabilidad electoral y financiera, entonces sus resultados serán ineficaces.
11) El desafío de México estaba en el camino de la transición hacia nuevos sistema político y régimen de gobierno. En el fondo, las crisis económicas, productivas y electorales han sido producto del agotamiento del sistema electoral, del modelo de desarrollo y del Estado priista. El debate sobre las reformas se dio en torno a la profundidad de los cambios para modernizar la democracia, no en términos de cómo satisfacer las demandas de un partido en materia electoral para conseguir su voto en la reforma fiscal. Por tanto, las elites legislativas nunca tuvieron la intención de avanzar hacia la democracia. En el fondo, su objetivo fue aprovechar la debilidad presidencial para quitarle funciones al Ejecutivo y consolidar el modelo de la partidocracia.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 14 de septiembre.
Con todo, el avance queda empañado en el momento en que la reforma deja de lado aspectos igualmente cruciales. El asunto de las candidaturas independientes quedó en el limbo, pues se omite el párrafo que las impedía pero no se reglamenta al respecto; la reelección de diputados y senadores simplemente no fue considerado, aunque algunos legisladores dicen que es parte de otra reforma en las previstas por la reforma del Estado; nada se avanzó sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, que requiere de un régimen especial. El mecanismo de selección de los consejeros del IFE quedó intacto, siendo los partidos los que designan pese a que ese procedimiento vicia de origen la credibilidad del árbitro. Los mecanismos para la fiscalización de partidos siguen dándoles amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de sus recursos y actividades. El contralor del IFE designado por los partidos resulta un contrasentido a la autonomía de ese órgano. Por éstas y muchas otras omisiones, los partidos nos siguen debiendo. Con esta reforma se volvió a perder la posibilidad de ir al fondo de muchos de los problemas de nuestro sistema electoral. ¡Basta de simulaciones!
César Cansino, El Universal, 14 de septiembre.
Es verdad que la forma y el fondo de esta reforma electoral requerían y requieren fuertes reacciones en contra: no sólo por el derrocamiento del IFE y las limitaciones impuestas a los medios, sino también porque se ha cancelado cualquier posibilidad de que un ciudadano pueda competir políticamente, si no es como parte de las estructuras, todas ellas anquilosadas, del PRI, el PAN o el PRD. Porque, no nos engañemos: los partidos más pequeños, con esta legislación, van a desaparecer. Tendrán que aumentar su caudal de votos, ir solos, aunque sea con candidaturas comunes, y el esquema de apropiación de los tiempos oficiales que diseñaron los partidos será para los tres grandes: uno como Alternativa, de los 48 minutos diarios de los que dispondrán los partidos en cada emisora, si bien le va, con el esquema acordado, será cerca de un minuto. Lo mismo va a suceder con el dinero: en términos absolutos disminuye, pero en términos relativos crece la cantidad de recursos destinados a las campañas, con la diferencia de que, además, los tres grandes partidos se quedan con más dinero, en detrimento de los pequeños (y cuando éstos desaparezcan, tendrán más aún). Para cerrar el círculo, no sólo se elimina la posibilidad de las candidaturas independientes, sino además se frena la posibilidad de la reeleción y se limitan las posibilidades de las autoridades electorales para intervenir en la vida interna de los partidos. Traducido al español: nadie será candidato si no lo aprueba la dirigencia partidaria, que tendrá, además, el control de los espacios y el dinero
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 14 de septiembre.
Traducido al español: nadie será candidato si no lo aprueba la dirigencia partidaria, que tendrá, además, el control de los espacios y el dinero.
Ello hará y hace ya, mucho más dura la disputa por la dirigencia de los partidos. En el PRD toda esta historia nos ha hecho olvidar que se aproxima la renovación del liderazgo del partido y la lucha, si ya era durísima, con las nuevas condiciones, será brutal: quien no tenga espacio e influencia en la dirección del partido está condenado al ostracismo. Y ello provocará fuertes reacomodos entre las distintas corrientes y los liderazgos externos: de todo esto ya hay un damnificado y se llama Marcelo Ebrard. Sus aspiraciones presidenciales, con el nuevo esquema electoral, disminuyen geométricamente de cara al futuro. Por eso también López Obrador ha hecho un esfuerzo por reaparecer públicamente, pues su suerte dependerá, cada vez más, de quienes vayan a dirigir el PRD.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 14 de septiembre.
Pero lo más significativo es que equivoca la vía para la solución de las injusticias y abusos que prevalecen en las democracias de varias entidades. La ruta para fortalecer los derechos de los ciudadanos no es la administrativa es, más bien, la jurisdiccional. En el federalismo electoral, la principal laguna o deficiencia que subsiste en nuestro sistema, no tiene que ver con las tareas administrativas de los institutos electorales, sino en los instrumentos de defensa y protección que tienen (o de los que carecen más bien) los ciudadanos, electores, militantes de partidos y candidatos a puestos de elección. La solución a esto no pasa por la reorganización de las elecciones, sino por el fortalecimiento de la ley y de su ejercicio dentro de los tribunales. ¡Y es ahí, lamentablemente, donde se juntan la crisis del IFE con el escándalo en el Tribunal Electoral!
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 13 de agosto.
Todo parece indicar que la pesada burocracia electoral no será eliminada ni disminuida en la reforma electoral que está por cocinarse, pero de cualquier manera será positivo que los comicios federales de 2009 se lleven a cabo con nuevas reglas.
Claro, falta que los intereses políticos no frenen de última hora el esfuerzo hasta ahora realizado, como ha ocurrido tantas veces.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 25 de agosto.
Este diario le ha dado detalles de algunos temas que incluirá la próxima reforma electoral. Ni la segunda vuelta ni la reelección de legisladores se incluirán en las modificaciones al código en la materia. Definitivamente, no hay consenso sobre estos puntos. Los partidos han detectado riesgos que desvirtuarían el propósito de estas medidas. En el primer caso, los diputados y senadores que participan en las negociaciones han concluido que no se puede pensar en una segunda vuelta, si antes no se reforma el régimen de gobierno. En el segundo, se tendrían que cerrar todas las llaves del financiamiento privado para evitar que los legisladores sirvan a intereses específicos, y no todos los partidos están convencidos de renunciar al apoyo económico de los particulares
“Bajo reserva”, El Universal, 28 de agosto.
Como era de esperarse, porque se movieron por tiempos personalistas, la reforma del Estado y la reforma electoral podrán aprobarse con inconsistencias y contradicciones, pero de ninguna manera conducirían a una democracia moderna y real. La comisión de la reforma del Estado estaría llevando al país a una democracia cínica, en la que lo importante son las componendas entre partidos, los jaloneos por el dinero y el reparto del pastel entre partidos.
Al final, el gran arquitecto de la reforma del Estado no sería el PRI, sino los caprichos y rencores de López Obrador.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 31 de agosto.
Se abandona, por suerte, y no se incluye en la reforma, pues no está el país para estos experimentos, una modificación al Artículo 81 constitucional para incluir la figura de “segunda vuelta electoral” en el caso de que ningún candidato en la elección presidencial alcanzara 51 por ciento de los votos. Quienes propugnan esta medida aducen que al pasar a una segunda vuelta los dos candidatos con mayor votación (pero menor del 51 por ciento), el ganador obtiene “mayor legitimidad”, pero es claro que sería una mayoría ficticia, con votos forzados para aquellos votantes cuyo candidato original no hubiera pasado a la segunda vuelta; eso sin contar el incremento en el abstencionismo en tales situaciones. Además, hubiera sido incongruente que ahora que por fin se hacen esfuerzos serios para reducir los gastos de las campañas electorales, se duplicaran los mismos con una segunda vuelta.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.
Desafortunadamente se incluyeron también propuestas francamente malas, como la facultad del IFE para organizar elecciones locales, con lo cual se resta soberanía a los estados, se impone una carga operativa excesiva al IFE y se potencian y centralizan las posibilidades de conflictos y presiones postelectorales; la creación de una contraloría “autónoma” para fiscalizar al IFE, designada por el Congreso de la Unión, es decir una cuña política y una permanente amenaza sobre la independencia de actuación de los consejeros; el (re)conteo voto por voto, en los casos de resultados con un margen menor al 1% entre el primero y segundo lugar, con lo que se eleva a rango constitucional la desconfianza en los ciudadanos integrantes de las mesas de casilla y representantes de los partidos, alterando la definitividad en las etapas de los comicios y adicionando otra carga operativa y económica a los procesos electorales.
En el balance, aunque el proyecto presenta varios aspectos positivos, los negativos son de gran peso y reflejan el ánimo revanchista que predominó en la elaboración de la iniciativa. Parece inverosímil que no haya habido tiempo para que los partidos acordaran el cambio de formato del informe presidencial y sí, en cambio, lo hubiera para recibir, analizar y consensuar las propuestas de reformas electorales de organizaciones civiles, académicas y políticas, de los propios organismos electorales, de la mesa de Reforma Electoral y de la Subcomisión de Consulta Ciudadana dependiente de la propia Comisión Ejecutiva del Congreso.
Verónica Ortiz Ortega, Crónica, 1º de septiembre.
La reforma electoral que han consensado panistas, priístas y perredistas no reforma mucho: fue escrita sobre las rodillas para decapitar a Luis Carlos Ugalde y a sus cómplices en el fraude que elevó a la Presidencia a un sujeto sin verbo ni complemento, y luego será usada como moneda de cambio para involucrar al PRD en reformas menos simpáticas.
¿Qué va a reformar la supuesta reforma? Aparte de borrar de la vista del público al ectoplasma que preside el Instituto del Fraude Electoral, pretende “reducir los tiempos y costos de campaña”, “limitar el financiamiento y la duración de las precampañas”, crear una “contraloría interna del IFE”, prohibir “la propaganda negra” y la reconversión de sindicatos en partidos políticos, así como la sustitución “escalonada” de consejeros y magistrados electorales. Y ya. ¿Y la televisión? Muy bien, muy feliz, muy contenta bajo el aura de impunidad que le permitirá seguir siendo la que absorbe todo el dinero que el Estado da a los partidos y la que, al final, decidirá quién gana y quién dizque gobierna.
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 1º de septiembre.
La propuesta de reforma constitucional presentada de manera sorpresiva en el último día de la gestión de Manlio Fabio Beltrones como presidente de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado no responde a las demandas ciudadanas ni atiende de fondo las graves carencias en materia electoral. Esperábamos una reforma histórica que ayudara a rencauzar nuestra democracia, tan agraviada por la impunidad, la simulación y la falta de legitimidad. A cambio se nos ofrece una propuesta reducida, que deja fuera los asuntos medulares.
Quizá lo más preocupante sea la rotunda resistencia de los legisladores para detener el cada vez más abundante flujo de recursos que llevan nuestros impuestos a las arcas de los grandes consorcios televisivos. Al parecer seguiremos con el régimen de costumbre en que el dinero y las “buenas relaciones” con las televisoras decidirán la suerte de los candidatos.
John Ackerman, La Jornada, 1º de septiembre.
La propuesta de Beltrones no reduce en lo absoluto el financiamiento anual para las actividades ordinarias de los partidos, sólo se limita a reducir el financiamiento adicional que se les otorga en años electorales. Lo que tal reducción provocará, si no se transforma de fondo el régimen de contratación de medios, es la búsqueda desesperada por parte de candidatos y partidos de fuentes alternas de financiamiento. Los narcotraficantes, sin duda, estarán muy complacidos con la oportunidad de llenar el vacío que súbitamente se les abre.
Del mismo modo en que los legisladores y los partidos mostraron su indigna subordinación ante los grandes consorcios mediáticos con la aprobación de la ley Televisa, hoy también se niegan a enfrentar el poder fáctico de la gran pantalla. Nuestros políticos tampoco se atreven a enfrentar la intervención indebida del sector privado en las campañas electorales. El código electoral ya prohíbe de manera explícita los donativos de empresas mercantiles y la contratación de propaganda de parte de terceros. El problema no era la ausencia de prohibiciones, sino de sanciones explícitas, argumento que ha sido esgrimido por el IFE, el tribunal electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para justificar su total pasividad frente a graves violaciones que se cometieron en el proceso electoral pasado.
John Ackerman, La Jornada, 1º de septiembre.
Con la reforma se abre la posibilidad de que el IFE pueda sancionar económica o administrativamente a las “personas físicas o morales”, además de que se anula el llamado secreto fiscal. Esto podría implicar un avance si la ley secundaria reglamentara estas facultades con toda precisión. Sin embargo, la propuesta deja totalmente fuera la aplicación de sanciones penales a los actores privados que violen la ley. Como bien sabemos, la amenaza de algunas multas aquí o allá nunca detendrá las ambiciosas tendencias de los grandes intereses económicos del país. La cárcel, en cambio, sería un desincentivo más efectivo
John Ackerman, La Jornada, 1º de septiembre.
Los integrantes de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado también han mostrado su total falta de compromiso con la ciudadanía, al dejar completamente intacto el actual proceso de nombramiento de los consejeros electorales a partir de las propuestas de grupos parlamentarios. Tal procedimiento garantiza que los nuevos funcinarios deban sus puestos de manera directa a uno u otro partido. Por muy “ciudadano” que sea su perfil, los nuevos consejeros estarán marcados de origen.
Otras propuestas sumamente preocupantes son la cancelación de la posibilidad de anular comicios por la vía “abstracta”; la eliminación de la facultad de la Corte para investigar de oficio “la violación del voto público”, y la ausencia de algún pronunciamiento con respecto a la autonomía de la Fepade.
John Ackerman, La Jornada, 1º de septiembre.
7) A la reforma electoral le faltó controlar a los partidos. Por ejemplo, regresar a la votación individual por partidos aun en coaliciones o alianzas, a fin de terminar con el negocio actual de las coaliciones a cambio de un porcentaje de votos que le asegure a los partidos chicos su cuota de poder. Hoy los partidos chicos no se despeinan en hacer campaña porque los grandes les compran su alianza con un porcentaje de votos.
8) La reforma electoral actual va a disminuir facultades de autoridad al IFE en materia de supervisión de gastos, justo cuando las multas son multimillonarias porque los partidos incorporan dinero oscuro a las campañas. Por eso justamente los partidos quieren que el IFE ya no husmee las cuentas. Ahí está el caso del PRD y una factura falsificada para comprobar gastos. Por eso el PRD apoya la reforma que acota la autoridad del IFE.
9) La reforma se apresuró por cuestiones de tiempo político. Formó parte de un reparto de espacios de poder: al aprobarla al filo de agosto, el PRI se quedó con la propiedad de la reforma electoral, mientras al PAN le dejaron la reforma fiscal. El PRD, como siempre, perdió por falta de malicia. Y no le quedó más que subordinarse al dominio de la bancada priista en el Senado. Por eso sin duda la reforma electoral incluyó las demandas del PRD, aun una que pervertirá el sentido de las elecciones, la del conteo voto por voto.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 4 de septiembre.
Tengo para mí que el resultado de la reforma anunciada va a ser parecido al que tuvo aquel despropósito que fue el Código Federal Electoral de 1986. En lugar de contribuir al avance democrático, aquella ley condujo al cataclismo electoral de 1988, pues generaba condiciones especialmente favorables para los abusos del PRI. Ahora parece que el gato que pretenden vendernos por liebre no pasará de un retoque que no abrirá la competencia ni la hará más equitativa ni realmente más transparente. Tampoco tocará los privilegios de los partidos grandes y si bien puede reducir el financiamiento ingente que hoy reciben, no reducirá sus requerimientos de recursos, lo que puede abrir las puertas al dinero negro.
Si el PRD y sus aliados muerden el anzuelo de una reforma que deje de lado lo sustancial a cambio de la venganza personal contra los consejeros electorales cometerá un error que le puede costar muy caro a la democracia mexicana. Al tiempo.
Jorge Javier Romero, Crónica, 5 de septiembre.
Lo cierto es que, de la sustancia de la reforma presentada, son pocos los temas que tanto se habían planteado y esperado. Ni reelección ni segunda vuelta ni mayores dientes para el IFE ni candidaturas independientes, etcétera. Los cambios de fondo no se ven por ninguna parte, se quedan en el asunto cosmético. Se habla de que el financiamiento de los partidos se regule, de que las campañas sean más cortas, de la reducción al financiamiento de partidos. Pero lo cierto es que los tres grandotes, el PRI, el PAN y el PRD, no se reducen ni un solo quinto: sólo le quitaron lana a los partidos bonsái, como nos enteró nuestro querido Pablo Hiriart la semana pasada aquí en Excélsior. Y el peor punto de la propuesta es la moralina, hipócrita y antidemocrática propuesta de “prohibir y castigar” las campañas negativas. Pero de eso nos ocuparemos mañana en este mismo espacio.
Yuriria Sierra, “Nudo Gordiano”, Excélsior, 5 de septiembre.
¿Qué contiene la reforma electoral? No parece tocar los temas fundamentales del país. No considera, por ejemplo, la posibilidad de reelegir a los legisladores. De hecho, el principal objetivo de la ley parece ser, simplemente, destituir a los consejeros del IFE. Por eso es tan objetable.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 5 de septiembre.
En tercer lugar, no sólo no habrá candidaturas independientes, sino con toda sagacidad y pericia jurídica, Manlio Fabio Beltrones ha planteado (ver nota del 3 de septiembre en Reforma) elevar a rango constitucional la prohibición de dichas candidaturas. El PRI tiene de alguna manera razón: aún si el que escribe perdiera su caso ante la CIDH en Costa Rica, donde el gobierno de Felipe Calderón puede ser el primero de la historia de México en ser condenado por violar los derechos humanos de un ciudadano mexicano, es prácticamente seguro que la próxima vez que alguien cuestione la constitucionalidad y/o compatibilidad con instrumentos internacionales de las disposiciones actuales del Cofipe, la gane. La Suprema Corte ya ha dado indicios de inclinarse en esa dirección, y el Trife también. Pero como nadie puede ampararse contra la Constitución y como esta última presumiblemente está por encima de los tratados internacionales, se cierra el círculo.
Jorge Castañeda, Reforma, 5 de septiembre.
Si se esperaba que la reforma electoral resolviera el gravísimo y recurrente problema de los conflictos electorales, el alcance de lo pactado hasta ahora no alcanza para devolverle la tranquilidad a las elecciones. Peor aún, la reforma electoral negociada estará lejos de impedir un conflicto postelectoral en las legislativas federales de 2009.
Las élites que pactaron la reforma electoral parecieron olvidarse del ciudadano. Pero en la calle el elector tiene sus consideraciones críticas sobre los actores políticos. Por ejemplo, una encuesta realizada para Indicador Político por la empresa Prospecta Consulting del doctor Rafael Abascal arrojó un dato relevante de la realidad:
El 67.8 por ciento consideró que los legisladores no responden a las expectativas ciudadanas, en tanto que el 58.5 por ciento concluyó que tiene mucha confianza en el IFE. Pero resulta que son los que tienen menor credibilidad quienes quieren destituir a los que son más aceptados por la ciudadanía.
La encuesta retrata el sentimiento del ciudadano sobre lo que se considera ya como la reforma de la discordia. En la transición española, la reforma política convirtió al voto en el eje de la democratización. La reforma electoral mexicana de 2007 aleja la certeza ciudadana sobre el valor del voto como esencia de la democracia.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 7 de septiembre.
La reforma electoral que se discute no atiende, por otra parte, a otras cuestiones fundamentales: no somete al Ejecutivo a la legalidad constitucional, prohibiéndole expresamente violentar las libertades electorales del pueblo y abriendo la posibilidad de destituirlo por ello, no establece amplios mecanismos de participación democrática, no reconoce plenamente los derechos de los ciudadanos en los procesos, no prohíbe el financiamiento privado de partidos y campañas, no sanciona con precisión los delitos electorales ni establece causales claras para anular las elecciones, deja intocado y en extrema discrecionalidad al tribunal electoral, que ha sido y es un instrumento de la derecha panista
Luis Javier Garrido, La Jornada, 7 de septiembre.
Como prueba de ello, no se encuentra en la iniciativa ninguna consideración para hacer más accesible la justicia electoral a los ciudadanos, como lo propuso el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral; ni se reconoce su interés legítimo para inconformarse en materia de elecciones. Tampoco se prevén mecanismos para que impugne los actos de los partidos. Sin tomar en cuenta sus demandas y la experiencia de 2006, no se hace tampoco mención alguna del tema del recuento de votos en caso de elecciones competidas. Se cierra también definitivamente la puerta a las candidaturas independientes, al incluir en el texto constitucional la prohibición expresa para ello. Lo cual contraviene tratados internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país, y por el contrario compromete por adelantado la respuesta al reclamo de la ciudadanía de otorgarles rango constitucional
Miguel Concha, La Jornada, 8 de septiembre.
Otro de los grandes temas ausentes, que una vez más denota el alejamiento de los partidos de las legítimas demandas de la ciudadanía, es justamente la ciudadanización del proceso de elección de los consejeros electorales del IFE, más importante aún que los nombres de los consejeros actuales que se quedan o tienen que irse; así como el de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.
Hay que reconocer, sin embargo, la inclusión de la obligación constitucional que se propone, para que los partidos se abstengan de utilizar en la propaganda política o electoral expresiones denigrantes contra las instituciones o ellos mismos, o que calumnien a las personas, así como la obligada suspensión de toda propaganda gubernamental durante las campañas y hasta la conclusión de las jornadas comiciales.
Miguel Concha, La Jornada, 8 de septiembre.
Pero profundizar la democracia representativa no es suficiente (y hasta ahora nunca lo había sido para la izquierda), pues se requiere incorporar formas novedosas de participación que le den voz a los ciudadanos, y sobre todo fomenten su autonomía. Por eso resulta lamentable que en el actual proceso no estén incluidos en la discusión dispositivos de participación ciudadana que permitan vincular a amplios sectores de la sociedad a la toma de decisiones. Preocupa pues la desmemoria de la izquierda (o su desviación): del planteamiento de que la ciudadanía debía ser protagonista del cambio social ha pasado a una visión patrimonialista. El quehacer político es monopolio de los partidos, y nada más.
Esta lógica ha llevado a que en el actual debate sobre la reforma electoral la democracia participativa y paritaria están ausentes. No se incorporan mecanismos como el referéndum, el plebiscito o la iniciativa popular, que bajo ciertos criterios y requisitos pueden ser organizados por el IFE. Tampoco se habla para nada de la participación paritaria de hombres y mujeres, o por lo menos se hace un balance crítico de la cuota que obliga a garantizar la representación femenina en una proporción mínima de 30 por ciento y que no se cumple. Pero lo más grave, los legisladores que hoy desean remover a los consejeros electorales porque consideran que el árbitro no es confiable, no establecen ninguna vía para la revocación del mandato de los representantes populares y de los gobernantes cuando no se cumplan las expectativas ciudadanas. Implacables para castigar, demasiado laxos para aplicarse la medicina, cuando además todas las encuestas le dan una mayor confianza y credibilidad al órgano electoral que a diputados y senadores que, justo es decirlo, salen reprobados. Aún así, en este país ellos (juez y parte) son los únicos inamovibles. Es cierto que esta reforma contempla un aspecto nodal que tiene que ver con la realización de campañas más cortas y de que sólo se tenga acceso a los medios de comunicación electrónicos a través de los tiempos oficiales, pero estos cambios tan importantes no se reflejan en una disminución de los recursos públicos que se destinan a los partidos, que debiera ser en un porcentaje de por lo menos 60 por ciento que es lo que se paga por publicidad. La reforma, pues, no significa un paso adelante en la reducción de prerrogativas, entre otras cosas porque para nada toca el aspecto relacionado con la necesaria concurrencia de los procesos electorales locales con el federal, para evitar que el país esté sujeto a los vaivenes que tanta campaña política provoca. En síntesis, lo que está en puerta es una reforma que lejos de otorgarle poder a los ciudadanos, sólo fortalece los intereses de la partidocracia, que por desgracia no parecen ser, en estos momentos, los del país.
Rosario Robles, Milenio, 8 de septiembre.
Es cierto, por lo demás, que esa reforma electoral deja de lado muchas otras propuestas nada despreciables.
No considera la reelección legislativa, la reducción del número de asientos en el Congreso, la desaparición de los senadores plurinominales y la disminución de los diputados plurinominales. No, no los contempla, pero quienes hayan seguido de cerca los trabajos de la reforma del Estado deben tener claro que esos puntos quedaron en la mesa de "Régimen de Estado y de Gobierno". No eran, pues, materia de la mesa de reforma electoral.
Descalificar la reforma electoral porque no contiene lo que no era su materia es confundir el debate y engañar.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 8 de septiembre.
¿Por qué insistimos en que la electoral es una reforma envenenada? Porque a partir de un puñado de cambios que, en efecto, resultan positivos para la democracia electoral, se introducen un conjunto de reformas que desnaturalizan la ciudadanización y autonomía del IFE, que solidifica el tripartidismo y, lo más importante, que altera la jerarquía de los poderes del Estado, al colocar a la “partidocracia” en la cúspide, como poder único, juez y parte, detentador no sólo del poder público, sino del poder político y de la facultad de descabezar a los poderes formales y autónomos a contentillo, al humor de los partidos y sus dirigentes.
A los ciudadanos en general se les pretende hacer creer que la electoral es la gran reforma. Y en efecto, tiene aspectos positivos. ¿Cuáles? Por ejemplo, que reduce el tiempo de las campañas, regula las precampañas, elimina el secreto bancario y fiscal para la fiscalización de los recursos de los partidos, prohíbe la publicidad gubernamental con fines electorales de los tres órdenes de gobierno, y otorga al IFE facultades alternas para sancionar a partidos, candidatos y particulares que violen las leyes electorales, además de regular la liquidación de los partidos políticos.
En las últimas horas, los tres grandes partidos han asegurado que será aprobado un cambio que resultaría fundamental. Es decir, acabar con la contratación de spots en televisión y radio, por los partidos y candidatos, con lo que se acabaría con el círculo perverso del dinero-elecciones-medios-poder. En pocas palabras, que en tiempos electorales, los partidos y sus respectivos candidatos a puestos de elección popular, en los tres órdenes de gobierno, no podrán comprar espacios para propaganda política en radio y televisión, sino que usarán los tiempos oficiales, que serán manejados por el Estado a través del IFE.
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 9 de septiembre.
Resulta increíble que la reforma electoral que están proponiendo los partidos no contemple reducir el número de legisladores, eso sí sería un avance y una exigencia de la población, porque tener a 500 diputados y 128 senadores, cobrando por hacer el trabajo que hacen, es un verdadero atropello. En los siguientes días, continuarán las discusiones, los chantajes y, por supuesto, los madruguetes en el Congreso de la Unión donde, como suele suceder, no ganará la ciudadanía ni la democracia, sino los partidos políticos
Vianey Esquinca, “La inmaculada percepción”, Excélsior, 9 de septiembre.
Además, de aprobarse esta reforma electoral como se plantea, la autonomía del IFE y la relación institucional con los partidos nacerá ilegítima por el miedo y los amarres prenombramientos, sin contar que la comunicación (por mínima que existe actualmente) entre partidos y ciudadanía será cortada de tajo al proponer que sea el IFE quien contrate, en los tiempos oficiales, la publicidad y que sea, además, sin costo para los partidos políticos pero no para la sociedad, pues seguiremos financiando el parasitario accionar de quienes se creen nuestros nobles feudales. La reforma electoral pone en la mesa del anecdotario (porque no habrá una de diálogo para los temas importantes) que los partidos decidieron destruir la única institución a la que la sociedad le guardaba todavía credibilidad. Este país está destinado al fracaso total si el defender la democracia es menos redituable que atender el llamado de un perdedor esquizoide que quiere mandar al diablo a las instituciones y todo un Legislativo que, como sirvientes, le secundan
Carlos Dragonné, Milenio, 9 de septiembre.
Es una lástima, sin embargo, que los mismos legisladores hayan debilitado la fuerza de su propuesta cuando —al querer abarcarlo todo— decidieron meter en el mismo saco la remoción de los actuales consejeros electorales. Un hecho que, sin dudas, lastima la credibilidad y la solidez del Instituto Federal Electoral.
La propuesta de regular la relación entre medios y poder político necesitaba estar blindada de los severos embates televisivos que ya, desde ahora, está enfrentando.
¿Qué les inspiró para dejar expuesto un talón de Aquiles tan innecesario? Si la reforma tenía que ver esencialmente con el tema de los medios, pues a esa sola prioridad debieron haber encaminado sus esfuerzos.
En cambio, los legisladores han puesto a girar la cosa en la absurda disyuntiva de ponernos a elegir entre una regulación que enfrente a la videopolítica —la cual lleva como esferita intocable la salida de los consejeros— o de plano, dejarnos a los mexicanos sin ninguna reforma posible.
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
Creo que la mayor omisión de la reforma electoral en curso es no tocar la reelección de legisladores y presidentes municipales. Esto hace a los políticos depender más de sus partidos que de los votantes, e impide a éstos premiar o castigar el desempeño de sus políticos.
El mayor acierto de la reforma me parece haber entrado al tema de los dineros y los medios, prohibiendo la compra de publicidad electoral y reduciendo lo que gastan los partidos, junto con los tiempos de campaña.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 10 de septiembre.
Quedan pendientes básicos como la ciudadanización y transparencia para nombrar a los nuevos consejeros del IFE; la falta de autonomía de la fiscalía en materia electoral (Fepade), entre otros muchos que propuso el Comité Conciudadano. Hay que reiniciar el camino: nuevas reglas y nuevos consejeros. Pero para que esta reforma sea de “tercera generación”, los legisladores necesitan corregir los excesos de la partidocracia. Veremos
Alberto Aziz, El Universal, 11 de septiembre.
Los temas plausibles de la reforma electoral no opacan los abusos que al amparo de ellos quieren cometer los partidos, comenzando por la destitución de los consejeros del IFE que a estas alturas no ha sido justificada por un solo legislador. La remoción de los consejeros será resultado de una injusta venganza política. La cancelación de la propaganda pagada será consecuencia de una desigual y ahora, por lo visto, insostenible relación de subordinación de las fuerzas políticas respecto de la radiodifusión comercial.
Dueños y voceros de ese poder mediático ayer lucieron desquiciados, sin maquillaje, desenfocados. No tardarán en recuperar la figura sin abandonar el viejo estilo: severas advertencias en privado, dosificadas menudencias de rating en público. No pasarán muchas horas para que sepamos si esos gastados recursos todavía atemorizan a la clase política.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 12 de septiembre.
También, según las últimas informaciones, del proyecto aprobado en el Senado se eliminó la polémica prohibición constitucional de las candidaturas independientes, disposición que solamente queda en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que con la decisión de la Suprema Corte de octubre pasado respecto a la aprobación de dichas candidaturas en el estado de Yucatán permitirá su implantación en cualquier otro estado. Según parece, igualmente, los senadores aclararon que el ahorro del gasto por la reducción de campañas y la prohibición de comprar spots en los medios, será una disminución neta importante del financiamiento a los partidos, en beneficio del erario público.
Juan José Huerta, Crónica, 14 de septiembre.
10) Si las reformas fueron cosméticas y sólo servirán para afianzar estructuras de poder a favor de los grupos dominantes, el país se desvió del camino de la modernización democrática y volvió a meterse en los pantanos de la restauración del sistema político priista. Pero como las reformas no garantizan la estabilidad electoral y financiera, entonces sus resultados serán ineficaces.
11) El desafío de México estaba en el camino de la transición hacia nuevos sistema político y régimen de gobierno. En el fondo, las crisis económicas, productivas y electorales han sido producto del agotamiento del sistema electoral, del modelo de desarrollo y del Estado priista. El debate sobre las reformas se dio en torno a la profundidad de los cambios para modernizar la democracia, no en términos de cómo satisfacer las demandas de un partido en materia electoral para conseguir su voto en la reforma fiscal. Por tanto, las elites legislativas nunca tuvieron la intención de avanzar hacia la democracia. En el fondo, su objetivo fue aprovechar la debilidad presidencial para quitarle funciones al Ejecutivo y consolidar el modelo de la partidocracia.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 14 de septiembre.
Con todo, el avance queda empañado en el momento en que la reforma deja de lado aspectos igualmente cruciales. El asunto de las candidaturas independientes quedó en el limbo, pues se omite el párrafo que las impedía pero no se reglamenta al respecto; la reelección de diputados y senadores simplemente no fue considerado, aunque algunos legisladores dicen que es parte de otra reforma en las previstas por la reforma del Estado; nada se avanzó sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, que requiere de un régimen especial. El mecanismo de selección de los consejeros del IFE quedó intacto, siendo los partidos los que designan pese a que ese procedimiento vicia de origen la credibilidad del árbitro. Los mecanismos para la fiscalización de partidos siguen dándoles amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de sus recursos y actividades. El contralor del IFE designado por los partidos resulta un contrasentido a la autonomía de ese órgano. Por éstas y muchas otras omisiones, los partidos nos siguen debiendo. Con esta reforma se volvió a perder la posibilidad de ir al fondo de muchos de los problemas de nuestro sistema electoral. ¡Basta de simulaciones!
César Cansino, El Universal, 14 de septiembre.
Es verdad que la forma y el fondo de esta reforma electoral requerían y requieren fuertes reacciones en contra: no sólo por el derrocamiento del IFE y las limitaciones impuestas a los medios, sino también porque se ha cancelado cualquier posibilidad de que un ciudadano pueda competir políticamente, si no es como parte de las estructuras, todas ellas anquilosadas, del PRI, el PAN o el PRD. Porque, no nos engañemos: los partidos más pequeños, con esta legislación, van a desaparecer. Tendrán que aumentar su caudal de votos, ir solos, aunque sea con candidaturas comunes, y el esquema de apropiación de los tiempos oficiales que diseñaron los partidos será para los tres grandes: uno como Alternativa, de los 48 minutos diarios de los que dispondrán los partidos en cada emisora, si bien le va, con el esquema acordado, será cerca de un minuto. Lo mismo va a suceder con el dinero: en términos absolutos disminuye, pero en términos relativos crece la cantidad de recursos destinados a las campañas, con la diferencia de que, además, los tres grandes partidos se quedan con más dinero, en detrimento de los pequeños (y cuando éstos desaparezcan, tendrán más aún). Para cerrar el círculo, no sólo se elimina la posibilidad de las candidaturas independientes, sino además se frena la posibilidad de la reeleción y se limitan las posibilidades de las autoridades electorales para intervenir en la vida interna de los partidos. Traducido al español: nadie será candidato si no lo aprueba la dirigencia partidaria, que tendrá, además, el control de los espacios y el dinero
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 14 de septiembre.
Traducido al español: nadie será candidato si no lo aprueba la dirigencia partidaria, que tendrá, además, el control de los espacios y el dinero.
Ello hará y hace ya, mucho más dura la disputa por la dirigencia de los partidos. En el PRD toda esta historia nos ha hecho olvidar que se aproxima la renovación del liderazgo del partido y la lucha, si ya era durísima, con las nuevas condiciones, será brutal: quien no tenga espacio e influencia en la dirección del partido está condenado al ostracismo. Y ello provocará fuertes reacomodos entre las distintas corrientes y los liderazgos externos: de todo esto ya hay un damnificado y se llama Marcelo Ebrard. Sus aspiraciones presidenciales, con el nuevo esquema electoral, disminuyen geométricamente de cara al futuro. Por eso también López Obrador ha hecho un esfuerzo por reaparecer públicamente, pues su suerte dependerá, cada vez más, de quienes vayan a dirigir el PRD.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 14 de septiembre.
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