Once comentarios, un 1.14% de los 957, da cuenta de la participación de los organismos empresariales a propósito de la reforma electoral.
Pero en lo que se refiere al Consejo Coordinador Empresarial, sí se trató de una clara violación a la ley electoral vigente, y la infracción queda ahí sin más. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dice, en su artículo 48, que “en ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros”. Es obvio que hubo quien compró algo que no debía y quien lo vendió estando impedido para hacerlo y, no obstante, ni el CCE ni los concesionarios van a recibir sanción alguna, porque las mismas no están consideradas en ninguna norma. En este campo, será necesario dotar de “dientes” a las autoridades, de la posibilidad de sancionar, para que las leyes electorales se cumplan también por los empresarios y por los actores en general que no son directamente los partidos políticos. Mientras haya terceros que puedan alterar las condiciones de la competencia porque no están regulados o, peor aún, porque se saltan a la torera las leyes, más difícil será la aceptabilidad de la derrota. Por supuesto, además de sanciones para los infractores, es necesaria una autoridad presta a hacer valer la legalidad y, en mi opinión, en ese tema específico el IFE sí fue omiso el año pasado en su responsabilidad para velar por el cumplimiento de las reglas del juego establecidas. Apuntalar las condiciones de aceptabilidad de la derrota es, a la vez, ampliar la legitimidad de los procesos electorales y de sus resultados.
Ciro Murayama, Crónica, 20 de julio.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a cargo de Armando Paredes, lanza una carta a la opinión pública donde expone que la renovación de los consejeros electorales “dejará al IFE a merced de los partidos políticos. Por ello, rechazamos categóricamente se vulnere la autonomía de los órganos ciudadanos”: paradojas de la vida
“Bajo reserva”, El Universal, 12 de septiembre.
La CIRT, la Concamin, el CCE y el Consejo Nacional de la Publicidad, unidos nuevamente, advirtieron sobre la gravedad de la reforma monopólica que intentan el PRI, el PRD y el PAN a espaldas de los ciudadanos. Dejan claro que la sociedad no ha sido escuchada y advierten sobre las graves consecuencias que tendría si se aprueba. Es increíble la cerrazón y el agandaye de esos tres partidos. No podemos permitir que manden al diablo a las instituciones democráticas del país.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 13 de septiembre.
Además, topará con la confrontación de fracciones dominantes del PAN, PRD y PRI no sólo contra la “malévola telecracia”, sino contra el sector empresarial en pleno, el cual se unió a la CIRT, que preside Enrique Pereda, para convocar al Referéndum para la Libertad, consulta ciudadana en torno a la reforma electoral.
El CCE de Armando Paredes; la Concamin, que preside Ismael Plascencia; Jaime Yesaky, del CNA; Ricardo González, de Coparmex; Marco Ramírez por los casabolseros y Claudio X. González, del CMHN, tienen motivos de enojo con los diputados que les cambiaron los términos negociados de la reforma fiscal. Y por ello hicieron frente común con industriales de los medios como Jaime Azcárraga, Francisco Aguirre, Francisco Ibarra, Mauricio Gamboa, Olegario Vázquez Aldir, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, entre otros.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, Milenio, 13 de septiembre.
La CIRT no forma parte del CCE; mucho menos del selecto CMHN, pero ambos públicamente se sumaron a la “lucha por la libertad de expresión”, medida ésta en presupuesto para campañas electorales. Tal vez lo hicieron porque algunos de sus integrantes forman parte de los consejos de administración del duopolio y el oligopolio (por ejemplo, el inefable Claudio X. González Laporte, presidente en turno de esos “hombres de negocios”, quien aparece en Televisa). A la vez, los grandes medios electrónicos de la CIRT son parte activa del Consejo de la Comunicación (Televisa, Tv Azteca, Grupo Radio Fórmula, Grupo Radio Centro, Grupo Acir y, desde luego, Televisa Radio), también en “lucha”, una de las entidades de los barones creada para practicar lo que muy bien saben hacer: golpear, presionar y chantajear (recuérdese el proceso electoral de 2006).
Por lo expuesto ayer en dicha reunión, los barones de los medios electrónicos no quitarán el dedo del renglón, porque si bien el Senado aprobó la parte que les duele de la reforma electoral (los dineros públicos que no ingresarán a sus alforjas), el proceso es largo e incluye el tour por los Congresos estatales y un eventual veto de Los Pinos, en plena temporada de maíz. En resumidas cuentas, siguen utilizando las concesiones públicas otorgadas para defender sus intereses privados.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 13 de septiembre.
En lo particular, el sector empresarial llegará hasta los amparos habituales y, en lo general, si es que se modifica la ley del IFE a capricho del PRD o de cualquier partido político.
En el interior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Armando Paredes, se gestiona cómo serían las denuncias y las estrategias, con el fin de que no se modifique la autonomía del IFE, pues ello tambalea las finanzas del país.
A decir de los principales representantes de las cúpulas empresariales, esta situación que se vive en el Congreso pone en disyuntiva las inversiones nacionales y las extranjeras, ya que se trata de un organismo cuyo prestigio se ha caracterizado durante años. Su función es ser el árbitro entre los partidos, no el amigo de todos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 13 de septiembre.
La CIRT, sin embargo, decidió prolongar el litigio, como si tal amenaza a la libertad de expresión, que no fue nunca real, existiera todavía. Por lo tanto, convocó a una reunión de su consejo, y convidó también a otros líderes patronales, entre ellos los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Concamin, para lanzar su desafío. De modo semejante a la víspera, aunque con menos tiempo, las televisoras se enlazaron (en una suerte de Hora Nacional instrumentada por particulares) para dar a conocer su iniciativa llamada "Un referéndum por la libertad". En su exposición, la cámara insiste en que la reforma en curso afecta "el derecho a la libertad de expresión, porque despoja a la gente de la posibilidad de expresar sus posiciones en medios electrónicos". Se trata de una falsedad, porque sólo se priva a quienes pueden hacerlo de la posibilidad de pagar por expresar sus opiniones electorales, lo cual es necesario para evitar la simulación: si a los partidos se prohíbe contratar tiempos en medios electrónicos para ese propósito, es menester extender la prohibición en general para evitar la infracción a la ley por interpósita persona.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 13 de septiembre.
Los partidos políticos insisten en una reforma electoral muy a su favor, sin fiscalización hacia el dinero público que reciben, sin reelección para darle el poder al ciudadano con su voto y no a los partidos, y ahora con más tiempos oficiales en la televisión, radio y con poderes discrecionales sobre medios electrónicos.
Ante tal situación y reu-nidos en la CIRT (la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión), el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Armando Paredes, exigió una reforma electoral integral, y allí se llegó a hablar hasta de un referéndum para solicitar a la ciudadanía su opinión para evitar caer en una partidocracia.
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”; Excélsior, 13 de septiembre.
Se afirma que la reforma coarta la libertad de expresión. Esta idea —hecha suya por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cuando dice en su desplegado del miércoles 12 que “resulta inaceptable que se pretenda privar a la sociedad la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista”— es falaz. Nadie será privado de expresar sus puntos de vista, ya que lo que estipula la reforma es que no se comprará publicidad electoral en radio y televisión, ni por los partidos políticos ni por cualquier particular. Pero políticos, periodistas, empresarios, líderes sociales, sindicalistas, académicos y ciudadanos en general, sí van a poder seguir expresando sus opiniones, ser entrevistados, etcétera, pero no deberán pagar para que esas opiniones salgan al aire. Los partidos políticos, además, estarán presentes en los medios electrónicos a través de tiempos de Estado y ya no a cambio de contratar esos espacios en la pantalla chica ni en las ondas de la radio. La diferencia es que los impuestos de los ciudadanos, esos por cuyos intereses ahora dicen abogar los empresarios, ya no irán a dar a las arcas de los concesionarios para que se conozcan las ofertas políticas de los distintos partidos, como venía sucediendo. Ahora no tendrá más voz el que más dinero tenga.
Ciro Murayama, Crónica, 14 de septiembre.
Otra queja es que, como dice el CCE: “La reducción en los tiempos de campañas debe reflejarse en una disminución real de las prerrogativas de los partidos”, cosa que, a su juicio, no sucede. De nuevo la distancia con la realidad es mayúscula: los partidos reducirán en un 12% su financiamiento ordinario, en 50% el de campañas presidenciales y en un 70% el de campañas intermedias. Se llega a argumentar que, no obstante, cada día de campaña es más caro, y de nuevo fallan en sus cálculos: por ejemplo, en 2003 el financiamiento para gastos de campañas dio un promedio de gasto diario de 34 millones, con la fórmula actual habría sido de 9 millones.
En efecto, mucha artillería... cargada de mentiras.
Ciro Murayama, Crónica, 14 de septiembre.
Los concesionarios no quieren perder el gran negocio en que se han convertido para ellos las elecciones, pero sobre todo su privilegio de poder imponer gobernantes a través de los medios y por eso se oponen a la reforma. La patética comparecencia de los locutores que enviaron a las oficinas de los senadores en la Torre del Caballito el pasado martes 11, para vociferar lo mismo que se les estaba “expropiando” o que se estaba “coartando la libertad de expresión” y que transmitieron en red nacional, como la vergonzosa reunión, también difundida en directo el miércoles 12, que tuvieron con empresarios del CCE y la Concamin en la que desconociendo al Poder Legislativo exigieron un referendo nacional sobre la materia, no han buscado, sino mostrar su poder
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de septiembre.
Pero en lo que se refiere al Consejo Coordinador Empresarial, sí se trató de una clara violación a la ley electoral vigente, y la infracción queda ahí sin más. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dice, en su artículo 48, que “en ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros”. Es obvio que hubo quien compró algo que no debía y quien lo vendió estando impedido para hacerlo y, no obstante, ni el CCE ni los concesionarios van a recibir sanción alguna, porque las mismas no están consideradas en ninguna norma. En este campo, será necesario dotar de “dientes” a las autoridades, de la posibilidad de sancionar, para que las leyes electorales se cumplan también por los empresarios y por los actores en general que no son directamente los partidos políticos. Mientras haya terceros que puedan alterar las condiciones de la competencia porque no están regulados o, peor aún, porque se saltan a la torera las leyes, más difícil será la aceptabilidad de la derrota. Por supuesto, además de sanciones para los infractores, es necesaria una autoridad presta a hacer valer la legalidad y, en mi opinión, en ese tema específico el IFE sí fue omiso el año pasado en su responsabilidad para velar por el cumplimiento de las reglas del juego establecidas. Apuntalar las condiciones de aceptabilidad de la derrota es, a la vez, ampliar la legitimidad de los procesos electorales y de sus resultados.
Ciro Murayama, Crónica, 20 de julio.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a cargo de Armando Paredes, lanza una carta a la opinión pública donde expone que la renovación de los consejeros electorales “dejará al IFE a merced de los partidos políticos. Por ello, rechazamos categóricamente se vulnere la autonomía de los órganos ciudadanos”: paradojas de la vida
“Bajo reserva”, El Universal, 12 de septiembre.
La CIRT, la Concamin, el CCE y el Consejo Nacional de la Publicidad, unidos nuevamente, advirtieron sobre la gravedad de la reforma monopólica que intentan el PRI, el PRD y el PAN a espaldas de los ciudadanos. Dejan claro que la sociedad no ha sido escuchada y advierten sobre las graves consecuencias que tendría si se aprueba. Es increíble la cerrazón y el agandaye de esos tres partidos. No podemos permitir que manden al diablo a las instituciones democráticas del país.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 13 de septiembre.
Además, topará con la confrontación de fracciones dominantes del PAN, PRD y PRI no sólo contra la “malévola telecracia”, sino contra el sector empresarial en pleno, el cual se unió a la CIRT, que preside Enrique Pereda, para convocar al Referéndum para la Libertad, consulta ciudadana en torno a la reforma electoral.
El CCE de Armando Paredes; la Concamin, que preside Ismael Plascencia; Jaime Yesaky, del CNA; Ricardo González, de Coparmex; Marco Ramírez por los casabolseros y Claudio X. González, del CMHN, tienen motivos de enojo con los diputados que les cambiaron los términos negociados de la reforma fiscal. Y por ello hicieron frente común con industriales de los medios como Jaime Azcárraga, Francisco Aguirre, Francisco Ibarra, Mauricio Gamboa, Olegario Vázquez Aldir, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, entre otros.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, Milenio, 13 de septiembre.
La CIRT no forma parte del CCE; mucho menos del selecto CMHN, pero ambos públicamente se sumaron a la “lucha por la libertad de expresión”, medida ésta en presupuesto para campañas electorales. Tal vez lo hicieron porque algunos de sus integrantes forman parte de los consejos de administración del duopolio y el oligopolio (por ejemplo, el inefable Claudio X. González Laporte, presidente en turno de esos “hombres de negocios”, quien aparece en Televisa). A la vez, los grandes medios electrónicos de la CIRT son parte activa del Consejo de la Comunicación (Televisa, Tv Azteca, Grupo Radio Fórmula, Grupo Radio Centro, Grupo Acir y, desde luego, Televisa Radio), también en “lucha”, una de las entidades de los barones creada para practicar lo que muy bien saben hacer: golpear, presionar y chantajear (recuérdese el proceso electoral de 2006).
Por lo expuesto ayer en dicha reunión, los barones de los medios electrónicos no quitarán el dedo del renglón, porque si bien el Senado aprobó la parte que les duele de la reforma electoral (los dineros públicos que no ingresarán a sus alforjas), el proceso es largo e incluye el tour por los Congresos estatales y un eventual veto de Los Pinos, en plena temporada de maíz. En resumidas cuentas, siguen utilizando las concesiones públicas otorgadas para defender sus intereses privados.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 13 de septiembre.
En lo particular, el sector empresarial llegará hasta los amparos habituales y, en lo general, si es que se modifica la ley del IFE a capricho del PRD o de cualquier partido político.
En el interior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Armando Paredes, se gestiona cómo serían las denuncias y las estrategias, con el fin de que no se modifique la autonomía del IFE, pues ello tambalea las finanzas del país.
A decir de los principales representantes de las cúpulas empresariales, esta situación que se vive en el Congreso pone en disyuntiva las inversiones nacionales y las extranjeras, ya que se trata de un organismo cuyo prestigio se ha caracterizado durante años. Su función es ser el árbitro entre los partidos, no el amigo de todos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 13 de septiembre.
La CIRT, sin embargo, decidió prolongar el litigio, como si tal amenaza a la libertad de expresión, que no fue nunca real, existiera todavía. Por lo tanto, convocó a una reunión de su consejo, y convidó también a otros líderes patronales, entre ellos los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Concamin, para lanzar su desafío. De modo semejante a la víspera, aunque con menos tiempo, las televisoras se enlazaron (en una suerte de Hora Nacional instrumentada por particulares) para dar a conocer su iniciativa llamada "Un referéndum por la libertad". En su exposición, la cámara insiste en que la reforma en curso afecta "el derecho a la libertad de expresión, porque despoja a la gente de la posibilidad de expresar sus posiciones en medios electrónicos". Se trata de una falsedad, porque sólo se priva a quienes pueden hacerlo de la posibilidad de pagar por expresar sus opiniones electorales, lo cual es necesario para evitar la simulación: si a los partidos se prohíbe contratar tiempos en medios electrónicos para ese propósito, es menester extender la prohibición en general para evitar la infracción a la ley por interpósita persona.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 13 de septiembre.
Los partidos políticos insisten en una reforma electoral muy a su favor, sin fiscalización hacia el dinero público que reciben, sin reelección para darle el poder al ciudadano con su voto y no a los partidos, y ahora con más tiempos oficiales en la televisión, radio y con poderes discrecionales sobre medios electrónicos.
Ante tal situación y reu-nidos en la CIRT (la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión), el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Armando Paredes, exigió una reforma electoral integral, y allí se llegó a hablar hasta de un referéndum para solicitar a la ciudadanía su opinión para evitar caer en una partidocracia.
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”; Excélsior, 13 de septiembre.
Se afirma que la reforma coarta la libertad de expresión. Esta idea —hecha suya por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cuando dice en su desplegado del miércoles 12 que “resulta inaceptable que se pretenda privar a la sociedad la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista”— es falaz. Nadie será privado de expresar sus puntos de vista, ya que lo que estipula la reforma es que no se comprará publicidad electoral en radio y televisión, ni por los partidos políticos ni por cualquier particular. Pero políticos, periodistas, empresarios, líderes sociales, sindicalistas, académicos y ciudadanos en general, sí van a poder seguir expresando sus opiniones, ser entrevistados, etcétera, pero no deberán pagar para que esas opiniones salgan al aire. Los partidos políticos, además, estarán presentes en los medios electrónicos a través de tiempos de Estado y ya no a cambio de contratar esos espacios en la pantalla chica ni en las ondas de la radio. La diferencia es que los impuestos de los ciudadanos, esos por cuyos intereses ahora dicen abogar los empresarios, ya no irán a dar a las arcas de los concesionarios para que se conozcan las ofertas políticas de los distintos partidos, como venía sucediendo. Ahora no tendrá más voz el que más dinero tenga.
Ciro Murayama, Crónica, 14 de septiembre.
Otra queja es que, como dice el CCE: “La reducción en los tiempos de campañas debe reflejarse en una disminución real de las prerrogativas de los partidos”, cosa que, a su juicio, no sucede. De nuevo la distancia con la realidad es mayúscula: los partidos reducirán en un 12% su financiamiento ordinario, en 50% el de campañas presidenciales y en un 70% el de campañas intermedias. Se llega a argumentar que, no obstante, cada día de campaña es más caro, y de nuevo fallan en sus cálculos: por ejemplo, en 2003 el financiamiento para gastos de campañas dio un promedio de gasto diario de 34 millones, con la fórmula actual habría sido de 9 millones.
En efecto, mucha artillería... cargada de mentiras.
Ciro Murayama, Crónica, 14 de septiembre.
Los concesionarios no quieren perder el gran negocio en que se han convertido para ellos las elecciones, pero sobre todo su privilegio de poder imponer gobernantes a través de los medios y por eso se oponen a la reforma. La patética comparecencia de los locutores que enviaron a las oficinas de los senadores en la Torre del Caballito el pasado martes 11, para vociferar lo mismo que se les estaba “expropiando” o que se estaba “coartando la libertad de expresión” y que transmitieron en red nacional, como la vergonzosa reunión, también difundida en directo el miércoles 12, que tuvieron con empresarios del CCE y la Concamin en la que desconociendo al Poder Legislativo exigieron un referendo nacional sobre la materia, no han buscado, sino mostrar su poder
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de septiembre.
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