¿Los cambios en la relación concesionarios-partidos dañan la libertad de expresión? Una pregunta a la que intentan responder desde distintos enfoques los 41 comentarios sistematizados sobre el tema, es decir, un 4.28% de los 957.
La televisión y la radio ejercen derechos, más comerciales que constitucionales, que también pueden parecer obstáculos a la libertad de expresión, ésa sí garantizada por la Constitución. En primer lugar esos medios (y los demás igual) tienen reservado, como en los bailes y en las cantinas, el derecho de admisión. En segundo lugar, anunciarse en la televisión cuesta y cuesta mucho. No todos los partidos, ni mucho menos todos los candidatos, pueden pagar el derecho a ser admitidos y anunciados en los medios electrónicos, lo que hace perfectamente inequitativo el esquema vigente.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 8 de septiembre.
Tengo la convicción (o al menos la esperanza) de que lo que pretende la iniciativa de prohibir a los candidatos y a sus partidos la contratación de tiempos pagados en radio y televisión para sus campañas no es limitar la libertad política, sino acotar el poder de los medios electrónicos, particularmente la televisión, convertidos, gracias a su penetración, en grandes electores o más bien en dictadores virtuales de una democracia que ellos obstaculizan, no la reforma electoral que sólo trata de ponerlos en su lugar.
Y si encamino estos pensamientos hacia los consorcios televisivos y sus adláteres es porque son ellos, sus cámaras gremiales oficiales, sus representantes oficiosos y algunos santones sociales despistados los principales opositores a esta parte tan importante de la iniciativa de reforma electoral. También tengo la convicción, ésta nada esperanzada, de que se oponen porque, para seguir con lo más mezquino del hilo, no quieren dejar de cobrar los estratosféricos precios que imponen a sus anunciantes, políticos y comerciales, por convertirlos, vía la inseminación artificial de imagen fantasiosa, en los reyes del mercado político y comercial.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 8 de septiembre.
La reforma constitucional electoral no pretende, hasta donde puede verse, inhibir la libertad de expresión de nadie. De su contenido saldrá, sí, la consecuencia de que no se usen indebidamente recursos públicos en la promoción de figuras que sin ese aliento poco valdrían, y de que no se silencien las trayectorias de quienes, en San Lázaro y Xicoténcatl, deben servir más a las Cámaras del Legislativo (y por ende al país) que a las cámaras de la televisión.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de septiembre.
Porque la otra parte del poder mediático, que se expresa en la información, en los noticieros, en las campañas contra tal o cual político, queda en absoluta libertad. En realidad la siguiente bandera que esgrimirán los poderes fácticos de los medios será precisamente la bandera de la libertad de expresión; entendida como el derecho de endurecer la crítica y exhibir, en televisión y radio, todos los males de los gobernantes en turno, sean de gobiernos municipales, estatales o federales. ¿Qué centro real de poder, sea del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sea municipal, estatal o federal; sea liderazgo partidista o social, sería capaz de soportar una andanada mediática, en televisión y radio?
Ese es el verdadero mensaje que enviaron en el Congreso los jefes del poder mediático, cuando advirtieron que muchos legisladores aspiraban a ser gobernantes. Y por eso, de manera rápida los senadores desempolvaron la Ley de Medios. Pero no para usarla como un garrote para aplacar a las televisoras, sino para abrir espacios de negociación sobre esa ley. Y es que los políticos “no comen lumbre”, y saben que sean del partido que se quiera y la doctrina que se antoje, todos estarán expuestos a las campañas mediáticas, no en los procesos electorales, tampoco en la pelea por nuevas concesiones, sino en el ejercicio del poder
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 10 de septiembre.
Se pretende constitucionalizar el paternalismo que se asomó judicialmente en las elecciones pasadas. La iniciativa prohíbe "denigrar" a las instituciones, a los partidos y a las personas. La propuesta es un grave atentado a la libertad de expresión, un atentado, en consecuencia, al debate libre. Los promotores de esta iniciativa imaginan un debate en donde ninguno de los candidatos se atreva a empañar la imagen pública de sus contrincantes. ¿Qué debate es aquel donde es ilícito resaltar los aspectos negativos del adversario? Gravísimo retroceso que parte de un entendimiento erróneo de lo que sucedió en 2006 y que ha puesto énfasis en la llamada "guerra sucia", como clave para entender el desenlace de julio. Para tener una democracia auténtica, nos dicen, hay que eliminar los ataques para instaurar un ágora de discusiones cerebrales, donde imperen las propuestas y las ideas. Alegato provinciano que no se ha enterado de la rispidez y la emotividad de toda campaña política. Las estrategias negativas son un elemento esencial del debate político. Son apuestas, esto es, decisiones con riesgo, que ofrecen información valiosa a la ciudadanía. Si se cree en la capacidad de los ciudadanos para evaluar el actuar político, debe dejársele a ellos juzgar el mérito de la denuncias o el ataque.
Jesús Silva Herzog Márquez, Reforma, 10 de septiembre.
Se dice que la reforma pretende poner restricciones a la libertad de expresión; el señalamiento es incorrecto, o por lo menos inexacto. En primer lugar la restricción no es ni general ni mucho menos dirigida a las personas, sino a los partidos políticos, a los que se impedirá denigrar a las instituciones o calumniar a las personas. Denigrar y calumniar no son conductas protegidas por la libertad de expresión. Los partidos y sus candidatos podrán usar la crítica, con toda la dureza que consideren necesaria, pero dentro de los límites que ahora establecerá la Constitución y hace años están consignados en la ley. Se dice también que se restringe el derecho de los gobernantes a la libertad de expresión; discrepo por una razón de principio, tal libertad es una garantía del ciudadano frente al Estado. Los gobernantes no son sujetos de las garantías individuales, sino obligados a respetarlas.
Jorge Alcocer, Reforma, 11 de septiembre.
La discusión se centró en el artículo 41, párrafo tercero, de las reformas constitucionales. La prohibición para “difundir mensajes” de carácter político, fue tachada de grave agresión a la libertad de expresión y al trabajo de los informadores. Joaquín López Dóriga, que se presentó como “un simple reportero”, apuntó el riesgo autoritario de ese artículo; lo secundó Javier Alatorre, que aprovechó para cuestionar a los senadores por no incluir las candidaturas ciudadanas en la reforma.
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 12 de septiembre.
Habían estado dormidas por años, pero ayer despertaron y sonaron duro expresiones como "expropiación", "censura" y "mordaza". La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión reclamó en el Senado el fuerte olor a límites a la libertad de expresión que despide la reforma electoral. Enrique Pereda, presidente de la CIRT, puso en la mesa una asignatura pendiente durante décadas: la frontera de lo que cada mexicano puede decir en voz alta
“Frentes Políticos”, Excélsior, 12 de septiembre.
Uno solo de los párrafos acordados en el Senado para que los partidos se apropien de los procesos electorales, revela el grado de abuso que subyace en el propósito falaz de “modernizar” o “hacer confiable” la traqueteada pero multimillonaria democracia mexicana.
Proponen un apartado en el Artículo 41 de la Constitución que entraña una gran estupidez y reza así: “Ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular…”.
¡Ah chingá! Tanta ignorancia priva en el Congreso que ni los redactores de la represiva propuesta deben saber que atentan contra las garantías de libre información, expresión y opinión. ¿Ya nadie los podrá tachar como lo que muchos son: una runfla de vividores?
Carlos Marín, “El asalto a la razón”, Milenio, 11 de septiembre.
Lo del recorte a la libertad de expresión que tanto están clamando los comentaristas a sueldo de las empresas de tele no es más que una engañifa. Nada de recorte a las libertades implica el nuevo modelo de difusión planteado por la reforma. Al contrario: aumenta la equidad en el acceso a los medios.
La pata que le falta al nuevo arreglo es el de la existencia de un sistema público de medios de comunicación, que garantice la equidad en la difusión de las diversas ofertas políticas. El error tremendo de Salinas al privatizar la televisión del Estado lo están pagando los políticos de hoy, sometidos al chantaje.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
Para la televisora del Ajusco resulta grave que los ciudadanos no puedan expresar sus ideas en materia política, ni tampoco puedan participar en los procesos políticos, si no es por medio de los partidos, como se ha querido plasmar en el dictamen de reforma que nos ocupa.
Esto en el entendido de que a México le ha costado mucho trabajo, y por supuesto dinero, avanzar en la democracia y construir un sistema electoral que, pese a las voces de algunos agoreros del desastre, ha probado su efectividad, y que de plano ahora se quiere cambiar sin mediar debate con la sociedad.
Y bueno, fiel a su postura de transparentar sus opiniones, TV Azteca no se anduvo por las ramas y estableció que "lo que los tres grandes partidos políticos no han señalado es que pretenden ser ellos y sólo ellos, mediante un IFE decapitado y a modo, los únicos que puedan enviar mensajes políticos a la sociedad. Si se atenta contra ese derecho, ¿mañana qué sigue?".
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 12 de septiembre.
Sobre la libertad de expresión, el predictamen de reforma electoral establece que se puede llegar al extremo de cerrar un medio electrónico por supuestamente no dar un derecho de réplica a un partido. Sería una acción totalmente discrecional a favor de los institutos políticos, y peligrosa, por ser totalitaria. De allí que las voces de la CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, dirigida por Enrique Pereda, califiquen la iniciativa como chavista, haciendo recordar lo sucedido en Venezuela, donde llegaron a cerrar una televisora
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 12 de septiembre.
Los propietarios de medios electrónicos y sus ayudantes hablaron en nombre de una ciudadanía que ha sido por décadas desinformada, engañada e intoxicada por los contenidos transmitidos a través de los canales del duopolio televisivo y parte importante de los concesionarios radiales. Como si no hubiesen sido los mismos consorcios los que han restringido o suprimido la libertad de expresión de los comunicadores y cancelado el derecho ciudadano a la información. Como si la televisión privada y parte de la radio comercial, que hoy se benefician con la libertad de expresión arduamente conquistada por generaciones de mexicanos a un costo humano enorme –incluida la pérdida de muchas vidas– no fueran un lastre histórico para el desarrollo de la democracia en el país, un obstáculo a veces insalvable para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información y un factor de palmaria inequidad pues, en la lógica mediática actual, los dueños de medios gozan de una libertad de expresión inimaginable para el resto de los ciudadanos
Editorial, La Jornada, 12 de septiembre.
Y se reunieron (cerca de cuatro horas), aunque la cúpula no lo hizo precisamente con la intención de abordar la reforma electoral, sino para defender, disfrazados de demócratas y en nombre de la libertad de expresión, la creciente influencia que los medios electrónicos (especialmente la televisión) tienen en los procesos políticos del país y la gruesa rebanada de recursos públicos que, vía campañas electorales, terminan en sus alforjas.
Previamente, la cúpula de la CIRT dejó en claro su insatisfacción, porque, dijo, para la elaboración del predictamen de la reforma electoral no hubo “ningún foro de consulta pública”, como no lo ha habido en tantas otras ocasiones (modificaciones a las leyes del IMSS y del ISSSTE, Fobaproa-IPAB, rescate carretero, nuevos impuestos, etcétera, etcétera), ausencias por las que la referida Cámara nunca protestó. Por el contrario, las celebró.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 12 de septiembre.
Por ello, vale preguntar ¿cuántos de los que ayer tomaron el micrófono por parte de la CIRT (algunos senadores incluidos) tienen calidad moral para hablar de y defender a la democracia, cuando el grueso de ellos formó parte, en primer fila (algunos, generacionalmente hablando, como “soldados” del régimen y el inquilino de Los Pinos, incluyendo al asesino Díaz Ordaz), del autoritarismo mexicano, y por él y junto a él lograron consolidar el duopolio televisivo y el oligopolio de la radio?
Como parte de la estrategia de la CIRT, además de los barones del ramo, tomaron el micrófono algunos empleados de angora de los medios electrónicos, casi todos ellos, casualmente, en nómina del duopolio televisivo como lectores de noticias. Y la pregunta es válida para ellos, también.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 12 de septiembre.
Que la cúpula de la CIRT (léase Televisa-Tv Azteca) y sus empleados de angora “no aceptamos una mordaza”, pero sistemáticamente niegan el derecho de réplica a quienes lo solicitan y/o resultan raspados en sus no pocas negras campañas mediáticas. Que es “injusta, regresiva y anticonstitucional la propuesta del Senado en materia de propaganda electoral en los medios electrónicos”, cuando buena parte de su consejo directivo forma parte del grupo promotor de la injusta, regresiva y anticonstitucional ley Televisa, según lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o del asalto al Cerro del Chiquihuite, por ejemplo
Que el duopolio televisivo y el oligopolio de la radio defienden la libertad empresarial y comercial, pero, campaña mediática de por medio, por si hubiera dudas, se niegan rotundamente a la apertura del sector, con la complicidad gubernamental, comenzando por una tercera cadena nacional de televisión y el ingreso de jugadores frescos (cuando menos apartados de la larga mano de Televisa) para que participen con nuevas concesiones en el negocio de la radio. Que “para qué las prisas”, cuando su ley Televisa por la libre pasó en unos cuantos minutos (la premura depende de qué lado del escritorio estén las televisoras: ni una sola crítica a la velocidad con la que les aprobaron dicha ley, la misma que la SCJN echó para atrás en su parte medular; ni un sola crítica a la celeridad con la que se aprobaron la quema de la paquetería electoral en 1988, la legalización de la deuda del Fobaproa, la nueva Ley del IMSS en 2004 y/o la del ISSSTE en 2007... o las prisas panistas por declarar “vencedor” a Calderón en los comicios de 2006, por ejemplo).
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 12 de septiembre.
¡Mordaza, mordaza! Después de escuchar los posicionamientos de los distintos partidos, así como de los colegas comunicadores y directivos de medios, lo único que me quedó claro es que los partidos pretenden lo que ya mencionábamos en esta columna: blindarse ante posibles críticas, señalamientos y cuestionamientos futuros. Es la única forma de evitar que, no sólo con campañas negativas se ataquen entre ellos, sino que los periodistas y los medios electrónicos podamos hacer nuestro trabajo. Los políticos han encontrado la fórmula legal para evitar que se les saquen sus trapitos al sol, sus cadáveres en el clóset, sus transas, sus negocios o los de sus familias, sus declaraciones patrimoniales, sus bienes raíces, sus amigos con ligas y portafolios, y hasta sus amistades narcopeligrosas.
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 12 de septiembre.
Después de la presencia de dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), concesionarios importantes, conductores de programas y presentadores de noticias ante las comisiones unidas del Senado de la República para objetar algunas disposiciones de la reforma constitucional al sistema electoral, el tema parecía agotado. Se dijo entonces que la preocupación fundamental de los asistentes era preservar las libertades, la de expresión particularmente. Cuando Joaquín López Dóriga intervino para expresar "las preocupaciones de mi oficio" el problema había quedado sin materia, de haberla tenido en realidad.
Se trataba de un párrafo del nuevo (cuando sea aprobado definitivamente) artículo 41 constitucional, que debía ser entendido en su contexto de evitar la contratación de mensajes electorales pagados. El texto decía: "Ninguna persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 13 de septiembre.
Los empresarios de la radiodifusión, en este episodio, han sido tan quejumbrosos como mentirosos. Saben muy bien que en el dictamen votado ayer en el Senado no hay una sola disposición que restrinja la libertad de expresión. La frase que podría haber implicado alguna limitación en ese terreno fue modificada el día anterior. Al contrario, una de las reformas incorpora al artículo 6º constitucional el derecho de réplica, que es una reivindicación de la sociedad que hasta ahora sólo había sido reconocido de manera parcial por las leyes en este país. La reforma aprobada anoche y que ahora deberá pasar la prueba de una Cámara de Diputados quizá más susceptible a presiones mediáticas y corporativas tiene dos ejes principales. Uno de ellos es la modificación radical en las relaciones entre partidos y medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido determinadas por el dinero. Con tal de recabar fondos para comprar espacios en televisión y radio, candidatos y dirigentes políticos establecían los más variados compromisos con adinerados de toda índole. Y con tal de obtener descuentos y sitios preferentes para la difusión de sus spots, los partidos se consideraban obligados a tener un comportamiento obsequioso y de cuando en cuando sometido al interés de los consorcios de la radiodifusión. Ayer mismo (“autocríticamente”, dijo) el senador Navarrete admitió acerca de esa relación entre partidos y televisoras que, hasta hace poco, “todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral”.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
La impresión es que muchos de ellos confundieron la gimnasia con la magnesia cuando sintieron que sus espacios informativos y de opinión eran puestos en la guillotina si difundían temas que pudieran formar valoraciones sobre candidatos, y que hipotéticamente modificaran preferencias electorales. No es así. La reforma electoral refrasea el artículo sexto constitucional y establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Impecable
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”, El Universal, 14 de septiembre.
Con una pizca de sensatez y honestidad intelectual, quién puede creer los discursos de los concesionarios en favor de la democracia, la pluralidad, la libertad de expresión y la transparencia —sobre todo el argumento de las dos grandes televisoras, y Televisa en especial—, cuando esos poderosos grupos mediáticos son producto de lo más acabado de la antidemocracia de los regímenes del PRI; cuando gustosos recibieron todo tipo de prebendas y privilegios a cambio de la censura y la cancelación de la libertad de expresión; cuando hoy, en los tiempos de la democracia, censuran sin pudor y llaman a sus empleados y periodistas a esa confrontación mediante la nada sutil presión de la solidaridad por lealtad.
La apertura democrática, hay que recordarlo, comenzó con la apertura de ciertos medios, de la prensa escrita y algunos espacios en la radio, pero no como resultado de una concesión graciosa o gratuita del poder político y mediático, sino como resultado del empuje social y el creciente reclamo de pluralidad informativa, veracidad y crítica. La televisión, casualmente, fue el poder mediático que más se resistió a la democracia, la pluralidad y la libertad de expresión, ya que mantenía vigente su “cordón umbilical” con el poder público. Se abrió cuando invirtió los papeles del poder que lo sometía a un poder al que sometió la televisión
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 13 de septiembre.
Separar al dinero de la política mediática no es atentar contra la libertad de expresión. Pero si la prohibición para comprar propaganda en medios electrónicos fuese desatendida, ameritaría sanciones que podrían llegar a “la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”. Es natural que los hasta ahora intocados concesionarios de la radiodifusión se inquieten ante una advertencia como esa. Pero no tendrían de qué inquietarse si no tienen previsto transgredir la ley.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
Vaya cinismo: los cómplices de la farsa de las encuestas arregladas para inventar un espectacular repunte del más retrasado (es decir, el que más atrás iba) de los candidatos presidenciales, que luego han sido los lavadores oficiales de imagen del producto electoral fraudulento, con sus plantillas de intelectuales, académicos y periodistas que sólo ven lo que las escenografías les montan, ahora quieren que haya una suerte de elección pública para bien de sus cajas registradoras. ¡Ah, pero la gran pantalla es la libertad de expresión, el derecho a la información, la democracia, la sociedad que no debe ser secuestrada por la partidocracia, y el heroico sacrificio pooooor México!
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 13 de septiembre.
Es obvio que una democracia moderna y consolidada requiere de la existencia de medios profesionales y respeto riguroso a la libertad de expresión, pero nada indica que el único modelo válido y legítimo para las campañas electorales sea el que favorece el esquema comercial tristemente admitido hasta hoy. Hay otras experiencias exitosas en el mundo para probar que es posible hacer las cosas de manera diferente. Y si, hasta dónde se entiende, el objetivo de la reforma actual es velar por el mejor funcionamiento de las instituciones democráticas, no preservar el negocio cautivo de las empresas, ¿por qué no intentarlo? Identificar la libertad de mercado con la libertad de expresión ha sido y es hasta hoy la suprema “filosofía” de los “dueños”, pero ésta no tiene por qué convertirse en la piedra angular de la actuación del Estado en favor de los intereses generales de la sociedad, como, por desgracia, ha venido ocurriendo en variados aspectos de la vida pública
Adolfo Sánchez Rebolledo, La Jornada, 13 de septiembre.
La reforma puede ser lo que sea, y vaya si hay artículos de terror en el dictamen, como el de la facultad que tendrá una Santa Inquisición del bien hacer político para sacar del aire a los herejes que digan algo que no le guste al PAN, al PRI o al PRD. Pero los ánimos enardecidos y las comprensibles preocupaciones de los concesionarios de radio y televisión, y ahora de algunas cámaras empresariales, no pueden pasar por alto que esos senadores suman 93 por ciento de los votos emitidos el 2 de julio del año pasado.
Representatividad tienen. Y dentro de las reglas de la democracia han actuado con riguroso apego a la ley. Su voto por la nueva reforma electoral es legal y es legítimo. Esas son las reglas.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 13 de septiembre.
Ese es el haz y el envés de la reforma electoral. La cancelación de la propaganda pagada en medios electrónicos constituye una de las medidas más importantes que se han tomado, durante varios años, en la ya larga cadena de modificaciones legales para facilitar la competencia política. La destitución de varios consejeros electorales (al menos ya no todos ellos como se pretendía la semana pasada) constituye un exceso imprudente y revanchista por parte de los partidos contra la autoridad electoral.
Pero no hay abuso contra la libertad de expresión ni contra los medios de comunicación. Los espantajos creados por la CIRT y las televisoras terminarán por desmoronarse. Quizá entonces pueda comenzar a reconstruirse una relación hasta ahora convenenciera y perversa entre el mundo político y los medios de comunicación más influyentes. Anoche mismo el senador Pedro Joaquín Coldwell les ofrecía una salida decorosa cuando estimaba que, ya sin el dinero público que reciben por motivos políticos, “los medios ganarán calidad y estatura moral para criticar al poder”.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
Los legisladores, muchos de ellos llegados al Congreso por arreglos partidistas o familiares, escucharon la firmeza de Joaquín López-Dóriga, Javier Alatorre, Pedro Ferriz, Sergio Sarmiento, Paty Chapoy y Andrés Roemer en una sola dirección: rechazo total a todo intento de restringir el derecho a la libertad de expresión. Lo soslayan, pero deberían contribuir a ello.
Oscar Mario Beteta, “En petit comité”, Milenio, 13 de septiembre.
Sin duda que el millonario negocio de producir candidatos de la nada, inflar personalidades del mundo de la política, desarrollar la imagen de cualquier disfuncional en horarios prime time saqueándoles de por medio la chequera completa, del erario, of course, para luego, mediante originales triquiñuelas de bolitas que suben y bajan donde algunas encuestadoras —cuyos directores ya son politólogos, analistas, comunicadores whatsoever— van en el entretenido reventón, y luego con ese divertido pragmatismo aplastar, con show incluido, al engreído cliente sí que corre mucho peligro con el seductor reformón electoral.
Como también ese original monstruo que desde el duopolio televisivo se desbordó con Martita y Vicente, cuya lujuriosa cercanía con los poderosos directivos crearon un soberbio frankenstein mediático que se ostentaba (¿u ostenta?) citando aquél clásico tabasqueño, como indestructible, también está en peligro.
Está en peligro la impunidad con que manejan la pantalla y/o los micrófonos para sus intereses. Ése, junto al billete, my friend, son el quid de la histeria incontrolable que se ha dejado sentir en los últimos días en los medios de intoxicación masiva.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 13 de septiembre.
Lo inédito es lo nunca antes visto ni escuchado. Concesionarios, comunicadores y políticos hemos escenificado para el pueblo lo inédito. El martes por la tarde todos los poderes se reunieron, aunque en diferentes cámaras: el poder de los medios de comunicación con los senadores y el ‘presidente legítimo’, Andrés Manuel López Obrador, con los diputados, y de ambos encuentros sólo se puede hablar de una cosa: lucha de poderes, búsqueda de retención del poder y nada más. En lo que a las emisoras de radio toca y a sus audiencias, que es nuestro trabajo, hay que decirlo: podríamos estar, no ante la aprobación de la reforma del Electoral, sino ante la regresión al pago por debajo del agua a periodistas o a medios comunicación para que ‘se hable del político’, pues lo que ya no será pauta comercial podría ser de ya ‘arreglo en lo oscurito’. Estamos también ante una ajuste de cuentas donde concesionarios, comunicadores y legisladores hoy se cobran unos a otros facturas por haber manipulado a la democracia en el 2006, mientras escuchamos al ‘presidente legítimo’ hablar por el pueblo extorsionado ante los diputados; entre tanto, los comunicadores hablan en nombre de los cientos de periodistas y locutores que ya sufriremos de falta de inversión comercial por concepto de radio social y política. Hoy puede suceder que los medios de comunicación electrónicos castiguen a los políticos dejando de mencionar lo que suceda en la vida de los patricios, pues, la verdad sea dicha, nada obliga a los jefes de redacción a incluir esta información y seguramente volveremos en los próximos años a la radio musical, a los héroes deportivos, a las transmisiones superfluas de espectáculos y tal, y como pasaba en los años ochenta: la radio olvidará el negocio de hablar de política para concentrarse en emitir música y entretenimiento. Payola, chayote, publirreportaje, plan de medios en la radio… ¡Cuántas cuentas se cobran hoy políticos y comunicadores!, y mientras tanto, ¿dónde quedó el pueblo? Seguramente en la tercera fila, allá donde está sentado Andrés Manuel López Obrador, que por lo demás pareció acudir con los legisladores a narrar nada más ¡la visión de los vencidos!
Claudia Segura, “La ventana ciega”, Milenio, 13 de septiembre.
Pero mientras eso ocurre, quiero referirme a lo que señalé en la sesión de las comisiones unidas del Senado, este martes, cuando se me dio la oportunidad de expresar, respetuosamente, una opinión sobre las tentaciones siempre latentes de la censura.
Los autores de la reforma, que está inspirada en el trabajo del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, que preside Jorge Alcocer, habían apuntado como reforma constitucional al hablar sobre las limitaciones de la propaganda en radio y televisión:
“Ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargo de elección popular”.
Como estaba planteado, debo insistir, se creaba una nueva categoría de ciudadano, por encima de todos los demás y protegido por una inmunidad que ni el fuero de los legisladores. Resultarían los nuevos intocables y quien hiciera cualquier comentario sobre partidos o candidatos, “susceptible de influir en las preferencias electorales”, estaría cometiendo el gravísimo delito de “violar la Constitución”, con las implicaciones legales del caso, pasando por encima de la garantía, también constitucional, de libertad de expresión.
Yo no sé si los autores de la propuesta, que luego reformarían, lo consideraron, entendiendo que sí por ser legisladores que protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero de todos modos lo incluyeron dentro del esquema de blindaje que se han dado los partidos, a ver si pasaba.
De lo contrario, me sigo preguntando ¿por qué lo incluyeron en la propuesta de reforma?
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 14 de septiembre.
Si el sector de radio y televisión, como cualquier otro industrial, tiene reglas de operación que lo hacen monopólico y con un peso excesivo en las decisiones políticas como poder fáctico, existe un marco institucional que debe seguirse escrupulosamente para cambiar la situación, siempre en beneficio colectivo y con base en la ley, pero sin lanzar a un sector contra otro, que es lo que menos necesita el país en estos momentos.
Además, el diálogo provocado por la intervención de la CIRT, produjo al menos ciertos resultados. Los senadores de todos los partidos aseguraron enfáticamente que el proyecto no significa ningún ataque o merma a la libertad de expresión ni a la manifestación de ideas políticas de ningún ciudadano o agrupación de ciudadanos interesados en un tema, ya sea en favor o en contra de cualquier candidato o programa de gobierno. Si esta garantía queda debidamente reflejada en la redacción final de la reforma electoral, todos nos daríamos por bien servidos. Los casos de calumnia, difamación o similares —la “propaganda negra”, pues— están debidamente contemplados en otras leyes.
Juan José Huerta, Crónica, 14 de septiembre.
Nadie se puede sentir amenazado. Se amplían las garantías a la libertad de expresión, y en aquellos puntos subjetivos los delitos por difamación y libelo ya están reglamentados en una legislación moderna. En realidad, la defensa no era sobre la libertad de prensa, sino por la libertad de empresa. La reforma no les impedirá informar de nada, como lo han venido haciendo desde hace dos elecciones presidenciales, ni elimina los sondeos, o las encuestas, o frena el presentar un mosaico de opiniones de actores y de ciudadanos. La reforma se refiere específicamente a la propaganda política. Mezclar el artículo sexto con el 41 constitucionales es un poco extraño. ¿Por qué los comunicadores abogan por algo que no es de su competencia sino de los políticos? Aseguran que es por la libertad, pero giran en torno a la defensa mercantil del spot
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”, El Universal, 14 de septiembre.
No puede pensarse en el crecimiento económico de un país ni en el desarrollo de los negocios si no hay libertad. Lo aprobado por los senadores va en contra de la libertad de expresión con medidas represivas que no se le hubieran ocurrido a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría o José López Portillo…
Eso sí, Hugo Chávez estaría orgulloso de los legisladores, en particular de gente como Pablo Gómez, quien va en contra de las libertades por las que dice haber peleado desde los sesenta
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 14 de septiembre.
La reforma electoral que aprobó el Senado establece en su artículo 41 constitucional que “la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”. Los senadores están pavimentando el camino al infierno de buenas intenciones. Modificar la ley para mejorar la calidad del debate político, como dicen que sucederá con esta modificación, es irreal. Hoy en día no hay ninguna ley que regule las campañas, positivas o negativas, y en las últimas elecciones tampoco pensaron en esto. Las campañas negativas no fueron invento de los medios, sino de los mismos legisladores. Quieren actuar en lo políticamente correcto —por cierto, una línea de pensamiento de origen conservador—, pero van rumbo a la equivocación
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”, El Universal, 14 de septiembre.
Peor aún. En la campaña del 2006 los análisis y debates a fondo se llevaron a cabo en programas de las barras de opinión de las televisoras, como Zona Abierta de Héctor Aguilar Camín y Tercer Grado de Televisa o La entrevista con Sarmiento que yo conduzco. El futuro de estas barras, sin embargo, queda ahora en tela de duda, porque sus recursos provenían en buena medida de la publicidad política que ahora quedará prohibida. Si estos programas desaparecen, o se ven limitados, los spots serán la única opción para presentar ideas de fondo.
Ni siquiera los programas de debate televisado de media hora que actualmente produce el IFE y que conduce Guadalupe Juárez sobrevivirán. El nuevo artículo 41 de la Constitución sólo plasma la asignación de tiempos electorales de dos a tres minutos por hora entre las 6:00 y las 24:00. México tendrá el dudoso privilegio de ser el único país en detallar en la Constitución minuto a minuto los tiempos de propaganda electoral y en prohibir en tiempos oficiales los programas de análisis de fondo.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 14 de septiembre.
Las campañas negativas no sólo son parte de la vida política en el mundo, sino que éstas, llamadas también de contraste, son las que mayor información aportan a un electorado. Las campañas negativas son lo mejor que les podría suceder a los políticos, pues generan interés y atención de un electorado que por lo general se aburre con ellos. Censurar los spots sí es un atentado a la libertad de expresión, pero de los candidatos a puestos de elección popular, no de los medios. Son ellos quienes deberían condenar a muerte esa prohibición, si llegan a entender que, lejos de beneficiarlos, los afectará
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”, El Universal, 14 de septiembre.
Hoy se acota la libertad de expresión y mañana las libertades económicas. La actitud asumida por el Congreso no sólo es fascista, sino que reitera que únicamente gobiernan para los intereses de los partidos políticos y no de cara a la sociedad.
Un país no puede crecer limitando a las empresas privadas. Cuando Chávez mandó callar a sus críticos en Venezuela, las empresas de aquel país comenzaron un éxodo hacia otras naciones. Hoy este golpe de Estado va en contra de la libertad de expresión; mañana volveremos a las estatizaciones de sectores productivos para ponerlos al servicio de los partidos.
Razonamientos similares fueron los que llevaron a López Portillo a estatizar la banca con un retroceso de más de 30 años para este sector y con el daño para las familias, que dejaron de tener créditos y se vieron enfrentadas a severas crisis económicas.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 14 de septiembre.
Los empresarios en general, y los de los medios electrónicos, en particular, han olido el peligro para sus intereses que representan tanto la traslación del centro del poder a un Congreso más o menos unificado en aspiraciones reformistas, como el carácter secundario y poco influyente del gobierno simbólico de Calderón. A partir de ahora apretarán la marca sobre ese gobierno que por ineptitud no les está sirviendo adecuadamente (incluso darán cierto espacio al lopezobradorismo y la “izquierda”) y aprovecharán todo problema para “demostrar” cuán mal se gobierna y cuánta razón tiene la dictadura del espot en buscar abiertamente el ejercicio del poder. Operetas de muchos centavos
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 14 de septiembre.
No se trata del dinero. Es cierto lo que dicen los concesionarios de la radio y la tv. La cifra de inversión política-publicitaria en los medios, aunque sea escandalosamente grande, afecta sólo marginalmente sus ganancias. Tampoco se trata, y en eso mienten descaradamente, de un intento de amordazarlos, de un atentado contra la libertad de expresión. ¿Cómo quienes dieron la espalda en el 68 a lo que sucedía en el país se atreven a hablar de esto? ¿Cómo quienes sirvieron como soldados al viejo régimen son de pronto tan desmemoriados? Menos todavía se trata de que una “partidocracia” secuestre a la democracia o, peor todavía —y ya en el colmo del simplismo—, de una venganza de los vencidos en 2006. Qué va. Esas sólo son fórmulas propagandísticas. Se trata pura y llanamente de que no quieren los medios, no se resignan a dejar de fungir, sobre todo la televisión, como gran elector en los comicios y se trata también de un Senado que se alza con dignidad, unido, para darle en nuestro país finalmente una oportunidad real a la democracia.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 14 de septiembre.
Como dice el maestro: las cosas hay que decirlas cuando duelen. Trabajo en los medios. Soy periodista de la radio y la televisión. He seguido de cerca, como muchos otros, los acontecimientos más relevantes de este país en materia legislativa, política y social de los últimos años. Creo que frente a los insólitos acontecimientos que hemos presenciando millones de mexicanos en los últimos días, la abstención y el disimulo no tienen cabida. Me pronuncio, desde aquí, abiertamente a favor de la reforma electoral aprobada la noche del miércoles por el Senado de la República. Me pronuncio en contra del despliegue de fuerza e intimidación que se ha desatado en el más amplio espectro de los medios en el país en contra de los poderes establecidos, particularmente los del Congreso, por razones que distan mucho de las esgrimidas en esta pretendida cruzada libertaria. Me preocupa el tufillo golpista que percibo en algunos de mis colegas. No comparto en modo alguno la idea de que esta reforma constitucional ponga en riesgo ni mi libertad, ni la de ningún ciudadano de este país, para expresar opiniones de ningún tipo. Sí creo que la reforma significa un paso trascendente para la vida democrática de México.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 14 de septiembre.
Que los empresarios de la radio y la televisión rechazan las reformas constitucionales porque afectan la libertad de expresión.
Sólo como un ejercicio de imaginación, piense qué es lo que hubiera ocurrido con la industria de la radio y la televisión si la reforma hubiera implicado un aumento en el presupuesto para gasto en spots de los partidos en radio y TV.
Vería como, en ese caso, los concesionarios hubieran justificado presurosos lo que ahora dicen que es un atentado al derecho a la información.
A la mayoría de ellos, por décadas, no les ha incomodado en absoluto -y lo sé por haberlo visto- ser controlados por RTC o Gobernación. Uno es su historia y la que ellos tienen no hace creíble su discurso.
Enrique Quintana, “Coordenadas”, Reforma, 14 de septiembre.
La televisión y la radio ejercen derechos, más comerciales que constitucionales, que también pueden parecer obstáculos a la libertad de expresión, ésa sí garantizada por la Constitución. En primer lugar esos medios (y los demás igual) tienen reservado, como en los bailes y en las cantinas, el derecho de admisión. En segundo lugar, anunciarse en la televisión cuesta y cuesta mucho. No todos los partidos, ni mucho menos todos los candidatos, pueden pagar el derecho a ser admitidos y anunciados en los medios electrónicos, lo que hace perfectamente inequitativo el esquema vigente.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 8 de septiembre.
Tengo la convicción (o al menos la esperanza) de que lo que pretende la iniciativa de prohibir a los candidatos y a sus partidos la contratación de tiempos pagados en radio y televisión para sus campañas no es limitar la libertad política, sino acotar el poder de los medios electrónicos, particularmente la televisión, convertidos, gracias a su penetración, en grandes electores o más bien en dictadores virtuales de una democracia que ellos obstaculizan, no la reforma electoral que sólo trata de ponerlos en su lugar.
Y si encamino estos pensamientos hacia los consorcios televisivos y sus adláteres es porque son ellos, sus cámaras gremiales oficiales, sus representantes oficiosos y algunos santones sociales despistados los principales opositores a esta parte tan importante de la iniciativa de reforma electoral. También tengo la convicción, ésta nada esperanzada, de que se oponen porque, para seguir con lo más mezquino del hilo, no quieren dejar de cobrar los estratosféricos precios que imponen a sus anunciantes, políticos y comerciales, por convertirlos, vía la inseminación artificial de imagen fantasiosa, en los reyes del mercado político y comercial.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 8 de septiembre.
La reforma constitucional electoral no pretende, hasta donde puede verse, inhibir la libertad de expresión de nadie. De su contenido saldrá, sí, la consecuencia de que no se usen indebidamente recursos públicos en la promoción de figuras que sin ese aliento poco valdrían, y de que no se silencien las trayectorias de quienes, en San Lázaro y Xicoténcatl, deben servir más a las Cámaras del Legislativo (y por ende al país) que a las cámaras de la televisión.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de septiembre.
Porque la otra parte del poder mediático, que se expresa en la información, en los noticieros, en las campañas contra tal o cual político, queda en absoluta libertad. En realidad la siguiente bandera que esgrimirán los poderes fácticos de los medios será precisamente la bandera de la libertad de expresión; entendida como el derecho de endurecer la crítica y exhibir, en televisión y radio, todos los males de los gobernantes en turno, sean de gobiernos municipales, estatales o federales. ¿Qué centro real de poder, sea del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sea municipal, estatal o federal; sea liderazgo partidista o social, sería capaz de soportar una andanada mediática, en televisión y radio?
Ese es el verdadero mensaje que enviaron en el Congreso los jefes del poder mediático, cuando advirtieron que muchos legisladores aspiraban a ser gobernantes. Y por eso, de manera rápida los senadores desempolvaron la Ley de Medios. Pero no para usarla como un garrote para aplacar a las televisoras, sino para abrir espacios de negociación sobre esa ley. Y es que los políticos “no comen lumbre”, y saben que sean del partido que se quiera y la doctrina que se antoje, todos estarán expuestos a las campañas mediáticas, no en los procesos electorales, tampoco en la pelea por nuevas concesiones, sino en el ejercicio del poder
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 10 de septiembre.
Se pretende constitucionalizar el paternalismo que se asomó judicialmente en las elecciones pasadas. La iniciativa prohíbe "denigrar" a las instituciones, a los partidos y a las personas. La propuesta es un grave atentado a la libertad de expresión, un atentado, en consecuencia, al debate libre. Los promotores de esta iniciativa imaginan un debate en donde ninguno de los candidatos se atreva a empañar la imagen pública de sus contrincantes. ¿Qué debate es aquel donde es ilícito resaltar los aspectos negativos del adversario? Gravísimo retroceso que parte de un entendimiento erróneo de lo que sucedió en 2006 y que ha puesto énfasis en la llamada "guerra sucia", como clave para entender el desenlace de julio. Para tener una democracia auténtica, nos dicen, hay que eliminar los ataques para instaurar un ágora de discusiones cerebrales, donde imperen las propuestas y las ideas. Alegato provinciano que no se ha enterado de la rispidez y la emotividad de toda campaña política. Las estrategias negativas son un elemento esencial del debate político. Son apuestas, esto es, decisiones con riesgo, que ofrecen información valiosa a la ciudadanía. Si se cree en la capacidad de los ciudadanos para evaluar el actuar político, debe dejársele a ellos juzgar el mérito de la denuncias o el ataque.
Jesús Silva Herzog Márquez, Reforma, 10 de septiembre.
Se dice que la reforma pretende poner restricciones a la libertad de expresión; el señalamiento es incorrecto, o por lo menos inexacto. En primer lugar la restricción no es ni general ni mucho menos dirigida a las personas, sino a los partidos políticos, a los que se impedirá denigrar a las instituciones o calumniar a las personas. Denigrar y calumniar no son conductas protegidas por la libertad de expresión. Los partidos y sus candidatos podrán usar la crítica, con toda la dureza que consideren necesaria, pero dentro de los límites que ahora establecerá la Constitución y hace años están consignados en la ley. Se dice también que se restringe el derecho de los gobernantes a la libertad de expresión; discrepo por una razón de principio, tal libertad es una garantía del ciudadano frente al Estado. Los gobernantes no son sujetos de las garantías individuales, sino obligados a respetarlas.
Jorge Alcocer, Reforma, 11 de septiembre.
La discusión se centró en el artículo 41, párrafo tercero, de las reformas constitucionales. La prohibición para “difundir mensajes” de carácter político, fue tachada de grave agresión a la libertad de expresión y al trabajo de los informadores. Joaquín López Dóriga, que se presentó como “un simple reportero”, apuntó el riesgo autoritario de ese artículo; lo secundó Javier Alatorre, que aprovechó para cuestionar a los senadores por no incluir las candidaturas ciudadanas en la reforma.
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 12 de septiembre.
Habían estado dormidas por años, pero ayer despertaron y sonaron duro expresiones como "expropiación", "censura" y "mordaza". La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión reclamó en el Senado el fuerte olor a límites a la libertad de expresión que despide la reforma electoral. Enrique Pereda, presidente de la CIRT, puso en la mesa una asignatura pendiente durante décadas: la frontera de lo que cada mexicano puede decir en voz alta
“Frentes Políticos”, Excélsior, 12 de septiembre.
Uno solo de los párrafos acordados en el Senado para que los partidos se apropien de los procesos electorales, revela el grado de abuso que subyace en el propósito falaz de “modernizar” o “hacer confiable” la traqueteada pero multimillonaria democracia mexicana.
Proponen un apartado en el Artículo 41 de la Constitución que entraña una gran estupidez y reza así: “Ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular…”.
¡Ah chingá! Tanta ignorancia priva en el Congreso que ni los redactores de la represiva propuesta deben saber que atentan contra las garantías de libre información, expresión y opinión. ¿Ya nadie los podrá tachar como lo que muchos son: una runfla de vividores?
Carlos Marín, “El asalto a la razón”, Milenio, 11 de septiembre.
Lo del recorte a la libertad de expresión que tanto están clamando los comentaristas a sueldo de las empresas de tele no es más que una engañifa. Nada de recorte a las libertades implica el nuevo modelo de difusión planteado por la reforma. Al contrario: aumenta la equidad en el acceso a los medios.
La pata que le falta al nuevo arreglo es el de la existencia de un sistema público de medios de comunicación, que garantice la equidad en la difusión de las diversas ofertas políticas. El error tremendo de Salinas al privatizar la televisión del Estado lo están pagando los políticos de hoy, sometidos al chantaje.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
Para la televisora del Ajusco resulta grave que los ciudadanos no puedan expresar sus ideas en materia política, ni tampoco puedan participar en los procesos políticos, si no es por medio de los partidos, como se ha querido plasmar en el dictamen de reforma que nos ocupa.
Esto en el entendido de que a México le ha costado mucho trabajo, y por supuesto dinero, avanzar en la democracia y construir un sistema electoral que, pese a las voces de algunos agoreros del desastre, ha probado su efectividad, y que de plano ahora se quiere cambiar sin mediar debate con la sociedad.
Y bueno, fiel a su postura de transparentar sus opiniones, TV Azteca no se anduvo por las ramas y estableció que "lo que los tres grandes partidos políticos no han señalado es que pretenden ser ellos y sólo ellos, mediante un IFE decapitado y a modo, los únicos que puedan enviar mensajes políticos a la sociedad. Si se atenta contra ese derecho, ¿mañana qué sigue?".
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 12 de septiembre.
Sobre la libertad de expresión, el predictamen de reforma electoral establece que se puede llegar al extremo de cerrar un medio electrónico por supuestamente no dar un derecho de réplica a un partido. Sería una acción totalmente discrecional a favor de los institutos políticos, y peligrosa, por ser totalitaria. De allí que las voces de la CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, dirigida por Enrique Pereda, califiquen la iniciativa como chavista, haciendo recordar lo sucedido en Venezuela, donde llegaron a cerrar una televisora
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 12 de septiembre.
Los propietarios de medios electrónicos y sus ayudantes hablaron en nombre de una ciudadanía que ha sido por décadas desinformada, engañada e intoxicada por los contenidos transmitidos a través de los canales del duopolio televisivo y parte importante de los concesionarios radiales. Como si no hubiesen sido los mismos consorcios los que han restringido o suprimido la libertad de expresión de los comunicadores y cancelado el derecho ciudadano a la información. Como si la televisión privada y parte de la radio comercial, que hoy se benefician con la libertad de expresión arduamente conquistada por generaciones de mexicanos a un costo humano enorme –incluida la pérdida de muchas vidas– no fueran un lastre histórico para el desarrollo de la democracia en el país, un obstáculo a veces insalvable para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información y un factor de palmaria inequidad pues, en la lógica mediática actual, los dueños de medios gozan de una libertad de expresión inimaginable para el resto de los ciudadanos
Editorial, La Jornada, 12 de septiembre.
Y se reunieron (cerca de cuatro horas), aunque la cúpula no lo hizo precisamente con la intención de abordar la reforma electoral, sino para defender, disfrazados de demócratas y en nombre de la libertad de expresión, la creciente influencia que los medios electrónicos (especialmente la televisión) tienen en los procesos políticos del país y la gruesa rebanada de recursos públicos que, vía campañas electorales, terminan en sus alforjas.
Previamente, la cúpula de la CIRT dejó en claro su insatisfacción, porque, dijo, para la elaboración del predictamen de la reforma electoral no hubo “ningún foro de consulta pública”, como no lo ha habido en tantas otras ocasiones (modificaciones a las leyes del IMSS y del ISSSTE, Fobaproa-IPAB, rescate carretero, nuevos impuestos, etcétera, etcétera), ausencias por las que la referida Cámara nunca protestó. Por el contrario, las celebró.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 12 de septiembre.
Por ello, vale preguntar ¿cuántos de los que ayer tomaron el micrófono por parte de la CIRT (algunos senadores incluidos) tienen calidad moral para hablar de y defender a la democracia, cuando el grueso de ellos formó parte, en primer fila (algunos, generacionalmente hablando, como “soldados” del régimen y el inquilino de Los Pinos, incluyendo al asesino Díaz Ordaz), del autoritarismo mexicano, y por él y junto a él lograron consolidar el duopolio televisivo y el oligopolio de la radio?
Como parte de la estrategia de la CIRT, además de los barones del ramo, tomaron el micrófono algunos empleados de angora de los medios electrónicos, casi todos ellos, casualmente, en nómina del duopolio televisivo como lectores de noticias. Y la pregunta es válida para ellos, también.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 12 de septiembre.
Que la cúpula de la CIRT (léase Televisa-Tv Azteca) y sus empleados de angora “no aceptamos una mordaza”, pero sistemáticamente niegan el derecho de réplica a quienes lo solicitan y/o resultan raspados en sus no pocas negras campañas mediáticas. Que es “injusta, regresiva y anticonstitucional la propuesta del Senado en materia de propaganda electoral en los medios electrónicos”, cuando buena parte de su consejo directivo forma parte del grupo promotor de la injusta, regresiva y anticonstitucional ley Televisa, según lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o del asalto al Cerro del Chiquihuite, por ejemplo
Que el duopolio televisivo y el oligopolio de la radio defienden la libertad empresarial y comercial, pero, campaña mediática de por medio, por si hubiera dudas, se niegan rotundamente a la apertura del sector, con la complicidad gubernamental, comenzando por una tercera cadena nacional de televisión y el ingreso de jugadores frescos (cuando menos apartados de la larga mano de Televisa) para que participen con nuevas concesiones en el negocio de la radio. Que “para qué las prisas”, cuando su ley Televisa por la libre pasó en unos cuantos minutos (la premura depende de qué lado del escritorio estén las televisoras: ni una sola crítica a la velocidad con la que les aprobaron dicha ley, la misma que la SCJN echó para atrás en su parte medular; ni un sola crítica a la celeridad con la que se aprobaron la quema de la paquetería electoral en 1988, la legalización de la deuda del Fobaproa, la nueva Ley del IMSS en 2004 y/o la del ISSSTE en 2007... o las prisas panistas por declarar “vencedor” a Calderón en los comicios de 2006, por ejemplo).
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 12 de septiembre.
¡Mordaza, mordaza! Después de escuchar los posicionamientos de los distintos partidos, así como de los colegas comunicadores y directivos de medios, lo único que me quedó claro es que los partidos pretenden lo que ya mencionábamos en esta columna: blindarse ante posibles críticas, señalamientos y cuestionamientos futuros. Es la única forma de evitar que, no sólo con campañas negativas se ataquen entre ellos, sino que los periodistas y los medios electrónicos podamos hacer nuestro trabajo. Los políticos han encontrado la fórmula legal para evitar que se les saquen sus trapitos al sol, sus cadáveres en el clóset, sus transas, sus negocios o los de sus familias, sus declaraciones patrimoniales, sus bienes raíces, sus amigos con ligas y portafolios, y hasta sus amistades narcopeligrosas.
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 12 de septiembre.
Después de la presencia de dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), concesionarios importantes, conductores de programas y presentadores de noticias ante las comisiones unidas del Senado de la República para objetar algunas disposiciones de la reforma constitucional al sistema electoral, el tema parecía agotado. Se dijo entonces que la preocupación fundamental de los asistentes era preservar las libertades, la de expresión particularmente. Cuando Joaquín López Dóriga intervino para expresar "las preocupaciones de mi oficio" el problema había quedado sin materia, de haberla tenido en realidad.
Se trataba de un párrafo del nuevo (cuando sea aprobado definitivamente) artículo 41 constitucional, que debía ser entendido en su contexto de evitar la contratación de mensajes electorales pagados. El texto decía: "Ninguna persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 13 de septiembre.
Los empresarios de la radiodifusión, en este episodio, han sido tan quejumbrosos como mentirosos. Saben muy bien que en el dictamen votado ayer en el Senado no hay una sola disposición que restrinja la libertad de expresión. La frase que podría haber implicado alguna limitación en ese terreno fue modificada el día anterior. Al contrario, una de las reformas incorpora al artículo 6º constitucional el derecho de réplica, que es una reivindicación de la sociedad que hasta ahora sólo había sido reconocido de manera parcial por las leyes en este país. La reforma aprobada anoche y que ahora deberá pasar la prueba de una Cámara de Diputados quizá más susceptible a presiones mediáticas y corporativas tiene dos ejes principales. Uno de ellos es la modificación radical en las relaciones entre partidos y medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido determinadas por el dinero. Con tal de recabar fondos para comprar espacios en televisión y radio, candidatos y dirigentes políticos establecían los más variados compromisos con adinerados de toda índole. Y con tal de obtener descuentos y sitios preferentes para la difusión de sus spots, los partidos se consideraban obligados a tener un comportamiento obsequioso y de cuando en cuando sometido al interés de los consorcios de la radiodifusión. Ayer mismo (“autocríticamente”, dijo) el senador Navarrete admitió acerca de esa relación entre partidos y televisoras que, hasta hace poco, “todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral”.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
La impresión es que muchos de ellos confundieron la gimnasia con la magnesia cuando sintieron que sus espacios informativos y de opinión eran puestos en la guillotina si difundían temas que pudieran formar valoraciones sobre candidatos, y que hipotéticamente modificaran preferencias electorales. No es así. La reforma electoral refrasea el artículo sexto constitucional y establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Impecable
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”, El Universal, 14 de septiembre.
Con una pizca de sensatez y honestidad intelectual, quién puede creer los discursos de los concesionarios en favor de la democracia, la pluralidad, la libertad de expresión y la transparencia —sobre todo el argumento de las dos grandes televisoras, y Televisa en especial—, cuando esos poderosos grupos mediáticos son producto de lo más acabado de la antidemocracia de los regímenes del PRI; cuando gustosos recibieron todo tipo de prebendas y privilegios a cambio de la censura y la cancelación de la libertad de expresión; cuando hoy, en los tiempos de la democracia, censuran sin pudor y llaman a sus empleados y periodistas a esa confrontación mediante la nada sutil presión de la solidaridad por lealtad.
La apertura democrática, hay que recordarlo, comenzó con la apertura de ciertos medios, de la prensa escrita y algunos espacios en la radio, pero no como resultado de una concesión graciosa o gratuita del poder político y mediático, sino como resultado del empuje social y el creciente reclamo de pluralidad informativa, veracidad y crítica. La televisión, casualmente, fue el poder mediático que más se resistió a la democracia, la pluralidad y la libertad de expresión, ya que mantenía vigente su “cordón umbilical” con el poder público. Se abrió cuando invirtió los papeles del poder que lo sometía a un poder al que sometió la televisión
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 13 de septiembre.
Separar al dinero de la política mediática no es atentar contra la libertad de expresión. Pero si la prohibición para comprar propaganda en medios electrónicos fuese desatendida, ameritaría sanciones que podrían llegar a “la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”. Es natural que los hasta ahora intocados concesionarios de la radiodifusión se inquieten ante una advertencia como esa. Pero no tendrían de qué inquietarse si no tienen previsto transgredir la ley.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
Vaya cinismo: los cómplices de la farsa de las encuestas arregladas para inventar un espectacular repunte del más retrasado (es decir, el que más atrás iba) de los candidatos presidenciales, que luego han sido los lavadores oficiales de imagen del producto electoral fraudulento, con sus plantillas de intelectuales, académicos y periodistas que sólo ven lo que las escenografías les montan, ahora quieren que haya una suerte de elección pública para bien de sus cajas registradoras. ¡Ah, pero la gran pantalla es la libertad de expresión, el derecho a la información, la democracia, la sociedad que no debe ser secuestrada por la partidocracia, y el heroico sacrificio pooooor México!
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 13 de septiembre.
Es obvio que una democracia moderna y consolidada requiere de la existencia de medios profesionales y respeto riguroso a la libertad de expresión, pero nada indica que el único modelo válido y legítimo para las campañas electorales sea el que favorece el esquema comercial tristemente admitido hasta hoy. Hay otras experiencias exitosas en el mundo para probar que es posible hacer las cosas de manera diferente. Y si, hasta dónde se entiende, el objetivo de la reforma actual es velar por el mejor funcionamiento de las instituciones democráticas, no preservar el negocio cautivo de las empresas, ¿por qué no intentarlo? Identificar la libertad de mercado con la libertad de expresión ha sido y es hasta hoy la suprema “filosofía” de los “dueños”, pero ésta no tiene por qué convertirse en la piedra angular de la actuación del Estado en favor de los intereses generales de la sociedad, como, por desgracia, ha venido ocurriendo en variados aspectos de la vida pública
Adolfo Sánchez Rebolledo, La Jornada, 13 de septiembre.
La reforma puede ser lo que sea, y vaya si hay artículos de terror en el dictamen, como el de la facultad que tendrá una Santa Inquisición del bien hacer político para sacar del aire a los herejes que digan algo que no le guste al PAN, al PRI o al PRD. Pero los ánimos enardecidos y las comprensibles preocupaciones de los concesionarios de radio y televisión, y ahora de algunas cámaras empresariales, no pueden pasar por alto que esos senadores suman 93 por ciento de los votos emitidos el 2 de julio del año pasado.
Representatividad tienen. Y dentro de las reglas de la democracia han actuado con riguroso apego a la ley. Su voto por la nueva reforma electoral es legal y es legítimo. Esas son las reglas.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 13 de septiembre.
Ese es el haz y el envés de la reforma electoral. La cancelación de la propaganda pagada en medios electrónicos constituye una de las medidas más importantes que se han tomado, durante varios años, en la ya larga cadena de modificaciones legales para facilitar la competencia política. La destitución de varios consejeros electorales (al menos ya no todos ellos como se pretendía la semana pasada) constituye un exceso imprudente y revanchista por parte de los partidos contra la autoridad electoral.
Pero no hay abuso contra la libertad de expresión ni contra los medios de comunicación. Los espantajos creados por la CIRT y las televisoras terminarán por desmoronarse. Quizá entonces pueda comenzar a reconstruirse una relación hasta ahora convenenciera y perversa entre el mundo político y los medios de comunicación más influyentes. Anoche mismo el senador Pedro Joaquín Coldwell les ofrecía una salida decorosa cuando estimaba que, ya sin el dinero público que reciben por motivos políticos, “los medios ganarán calidad y estatura moral para criticar al poder”.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
Los legisladores, muchos de ellos llegados al Congreso por arreglos partidistas o familiares, escucharon la firmeza de Joaquín López-Dóriga, Javier Alatorre, Pedro Ferriz, Sergio Sarmiento, Paty Chapoy y Andrés Roemer en una sola dirección: rechazo total a todo intento de restringir el derecho a la libertad de expresión. Lo soslayan, pero deberían contribuir a ello.
Oscar Mario Beteta, “En petit comité”, Milenio, 13 de septiembre.
Sin duda que el millonario negocio de producir candidatos de la nada, inflar personalidades del mundo de la política, desarrollar la imagen de cualquier disfuncional en horarios prime time saqueándoles de por medio la chequera completa, del erario, of course, para luego, mediante originales triquiñuelas de bolitas que suben y bajan donde algunas encuestadoras —cuyos directores ya son politólogos, analistas, comunicadores whatsoever— van en el entretenido reventón, y luego con ese divertido pragmatismo aplastar, con show incluido, al engreído cliente sí que corre mucho peligro con el seductor reformón electoral.
Como también ese original monstruo que desde el duopolio televisivo se desbordó con Martita y Vicente, cuya lujuriosa cercanía con los poderosos directivos crearon un soberbio frankenstein mediático que se ostentaba (¿u ostenta?) citando aquél clásico tabasqueño, como indestructible, también está en peligro.
Está en peligro la impunidad con que manejan la pantalla y/o los micrófonos para sus intereses. Ése, junto al billete, my friend, son el quid de la histeria incontrolable que se ha dejado sentir en los últimos días en los medios de intoxicación masiva.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 13 de septiembre.
Lo inédito es lo nunca antes visto ni escuchado. Concesionarios, comunicadores y políticos hemos escenificado para el pueblo lo inédito. El martes por la tarde todos los poderes se reunieron, aunque en diferentes cámaras: el poder de los medios de comunicación con los senadores y el ‘presidente legítimo’, Andrés Manuel López Obrador, con los diputados, y de ambos encuentros sólo se puede hablar de una cosa: lucha de poderes, búsqueda de retención del poder y nada más. En lo que a las emisoras de radio toca y a sus audiencias, que es nuestro trabajo, hay que decirlo: podríamos estar, no ante la aprobación de la reforma del Electoral, sino ante la regresión al pago por debajo del agua a periodistas o a medios comunicación para que ‘se hable del político’, pues lo que ya no será pauta comercial podría ser de ya ‘arreglo en lo oscurito’. Estamos también ante una ajuste de cuentas donde concesionarios, comunicadores y legisladores hoy se cobran unos a otros facturas por haber manipulado a la democracia en el 2006, mientras escuchamos al ‘presidente legítimo’ hablar por el pueblo extorsionado ante los diputados; entre tanto, los comunicadores hablan en nombre de los cientos de periodistas y locutores que ya sufriremos de falta de inversión comercial por concepto de radio social y política. Hoy puede suceder que los medios de comunicación electrónicos castiguen a los políticos dejando de mencionar lo que suceda en la vida de los patricios, pues, la verdad sea dicha, nada obliga a los jefes de redacción a incluir esta información y seguramente volveremos en los próximos años a la radio musical, a los héroes deportivos, a las transmisiones superfluas de espectáculos y tal, y como pasaba en los años ochenta: la radio olvidará el negocio de hablar de política para concentrarse en emitir música y entretenimiento. Payola, chayote, publirreportaje, plan de medios en la radio… ¡Cuántas cuentas se cobran hoy políticos y comunicadores!, y mientras tanto, ¿dónde quedó el pueblo? Seguramente en la tercera fila, allá donde está sentado Andrés Manuel López Obrador, que por lo demás pareció acudir con los legisladores a narrar nada más ¡la visión de los vencidos!
Claudia Segura, “La ventana ciega”, Milenio, 13 de septiembre.
Pero mientras eso ocurre, quiero referirme a lo que señalé en la sesión de las comisiones unidas del Senado, este martes, cuando se me dio la oportunidad de expresar, respetuosamente, una opinión sobre las tentaciones siempre latentes de la censura.
Los autores de la reforma, que está inspirada en el trabajo del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, que preside Jorge Alcocer, habían apuntado como reforma constitucional al hablar sobre las limitaciones de la propaganda en radio y televisión:
“Ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargo de elección popular”.
Como estaba planteado, debo insistir, se creaba una nueva categoría de ciudadano, por encima de todos los demás y protegido por una inmunidad que ni el fuero de los legisladores. Resultarían los nuevos intocables y quien hiciera cualquier comentario sobre partidos o candidatos, “susceptible de influir en las preferencias electorales”, estaría cometiendo el gravísimo delito de “violar la Constitución”, con las implicaciones legales del caso, pasando por encima de la garantía, también constitucional, de libertad de expresión.
Yo no sé si los autores de la propuesta, que luego reformarían, lo consideraron, entendiendo que sí por ser legisladores que protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero de todos modos lo incluyeron dentro del esquema de blindaje que se han dado los partidos, a ver si pasaba.
De lo contrario, me sigo preguntando ¿por qué lo incluyeron en la propuesta de reforma?
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 14 de septiembre.
Si el sector de radio y televisión, como cualquier otro industrial, tiene reglas de operación que lo hacen monopólico y con un peso excesivo en las decisiones políticas como poder fáctico, existe un marco institucional que debe seguirse escrupulosamente para cambiar la situación, siempre en beneficio colectivo y con base en la ley, pero sin lanzar a un sector contra otro, que es lo que menos necesita el país en estos momentos.
Además, el diálogo provocado por la intervención de la CIRT, produjo al menos ciertos resultados. Los senadores de todos los partidos aseguraron enfáticamente que el proyecto no significa ningún ataque o merma a la libertad de expresión ni a la manifestación de ideas políticas de ningún ciudadano o agrupación de ciudadanos interesados en un tema, ya sea en favor o en contra de cualquier candidato o programa de gobierno. Si esta garantía queda debidamente reflejada en la redacción final de la reforma electoral, todos nos daríamos por bien servidos. Los casos de calumnia, difamación o similares —la “propaganda negra”, pues— están debidamente contemplados en otras leyes.
Juan José Huerta, Crónica, 14 de septiembre.
Nadie se puede sentir amenazado. Se amplían las garantías a la libertad de expresión, y en aquellos puntos subjetivos los delitos por difamación y libelo ya están reglamentados en una legislación moderna. En realidad, la defensa no era sobre la libertad de prensa, sino por la libertad de empresa. La reforma no les impedirá informar de nada, como lo han venido haciendo desde hace dos elecciones presidenciales, ni elimina los sondeos, o las encuestas, o frena el presentar un mosaico de opiniones de actores y de ciudadanos. La reforma se refiere específicamente a la propaganda política. Mezclar el artículo sexto con el 41 constitucionales es un poco extraño. ¿Por qué los comunicadores abogan por algo que no es de su competencia sino de los políticos? Aseguran que es por la libertad, pero giran en torno a la defensa mercantil del spot
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”, El Universal, 14 de septiembre.
No puede pensarse en el crecimiento económico de un país ni en el desarrollo de los negocios si no hay libertad. Lo aprobado por los senadores va en contra de la libertad de expresión con medidas represivas que no se le hubieran ocurrido a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría o José López Portillo…
Eso sí, Hugo Chávez estaría orgulloso de los legisladores, en particular de gente como Pablo Gómez, quien va en contra de las libertades por las que dice haber peleado desde los sesenta
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 14 de septiembre.
La reforma electoral que aprobó el Senado establece en su artículo 41 constitucional que “la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”. Los senadores están pavimentando el camino al infierno de buenas intenciones. Modificar la ley para mejorar la calidad del debate político, como dicen que sucederá con esta modificación, es irreal. Hoy en día no hay ninguna ley que regule las campañas, positivas o negativas, y en las últimas elecciones tampoco pensaron en esto. Las campañas negativas no fueron invento de los medios, sino de los mismos legisladores. Quieren actuar en lo políticamente correcto —por cierto, una línea de pensamiento de origen conservador—, pero van rumbo a la equivocación
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”, El Universal, 14 de septiembre.
Peor aún. En la campaña del 2006 los análisis y debates a fondo se llevaron a cabo en programas de las barras de opinión de las televisoras, como Zona Abierta de Héctor Aguilar Camín y Tercer Grado de Televisa o La entrevista con Sarmiento que yo conduzco. El futuro de estas barras, sin embargo, queda ahora en tela de duda, porque sus recursos provenían en buena medida de la publicidad política que ahora quedará prohibida. Si estos programas desaparecen, o se ven limitados, los spots serán la única opción para presentar ideas de fondo.
Ni siquiera los programas de debate televisado de media hora que actualmente produce el IFE y que conduce Guadalupe Juárez sobrevivirán. El nuevo artículo 41 de la Constitución sólo plasma la asignación de tiempos electorales de dos a tres minutos por hora entre las 6:00 y las 24:00. México tendrá el dudoso privilegio de ser el único país en detallar en la Constitución minuto a minuto los tiempos de propaganda electoral y en prohibir en tiempos oficiales los programas de análisis de fondo.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 14 de septiembre.
Las campañas negativas no sólo son parte de la vida política en el mundo, sino que éstas, llamadas también de contraste, son las que mayor información aportan a un electorado. Las campañas negativas son lo mejor que les podría suceder a los políticos, pues generan interés y atención de un electorado que por lo general se aburre con ellos. Censurar los spots sí es un atentado a la libertad de expresión, pero de los candidatos a puestos de elección popular, no de los medios. Son ellos quienes deberían condenar a muerte esa prohibición, si llegan a entender que, lejos de beneficiarlos, los afectará
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”, El Universal, 14 de septiembre.
Hoy se acota la libertad de expresión y mañana las libertades económicas. La actitud asumida por el Congreso no sólo es fascista, sino que reitera que únicamente gobiernan para los intereses de los partidos políticos y no de cara a la sociedad.
Un país no puede crecer limitando a las empresas privadas. Cuando Chávez mandó callar a sus críticos en Venezuela, las empresas de aquel país comenzaron un éxodo hacia otras naciones. Hoy este golpe de Estado va en contra de la libertad de expresión; mañana volveremos a las estatizaciones de sectores productivos para ponerlos al servicio de los partidos.
Razonamientos similares fueron los que llevaron a López Portillo a estatizar la banca con un retroceso de más de 30 años para este sector y con el daño para las familias, que dejaron de tener créditos y se vieron enfrentadas a severas crisis económicas.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 14 de septiembre.
Los empresarios en general, y los de los medios electrónicos, en particular, han olido el peligro para sus intereses que representan tanto la traslación del centro del poder a un Congreso más o menos unificado en aspiraciones reformistas, como el carácter secundario y poco influyente del gobierno simbólico de Calderón. A partir de ahora apretarán la marca sobre ese gobierno que por ineptitud no les está sirviendo adecuadamente (incluso darán cierto espacio al lopezobradorismo y la “izquierda”) y aprovecharán todo problema para “demostrar” cuán mal se gobierna y cuánta razón tiene la dictadura del espot en buscar abiertamente el ejercicio del poder. Operetas de muchos centavos
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 14 de septiembre.
No se trata del dinero. Es cierto lo que dicen los concesionarios de la radio y la tv. La cifra de inversión política-publicitaria en los medios, aunque sea escandalosamente grande, afecta sólo marginalmente sus ganancias. Tampoco se trata, y en eso mienten descaradamente, de un intento de amordazarlos, de un atentado contra la libertad de expresión. ¿Cómo quienes dieron la espalda en el 68 a lo que sucedía en el país se atreven a hablar de esto? ¿Cómo quienes sirvieron como soldados al viejo régimen son de pronto tan desmemoriados? Menos todavía se trata de que una “partidocracia” secuestre a la democracia o, peor todavía —y ya en el colmo del simplismo—, de una venganza de los vencidos en 2006. Qué va. Esas sólo son fórmulas propagandísticas. Se trata pura y llanamente de que no quieren los medios, no se resignan a dejar de fungir, sobre todo la televisión, como gran elector en los comicios y se trata también de un Senado que se alza con dignidad, unido, para darle en nuestro país finalmente una oportunidad real a la democracia.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 14 de septiembre.
Como dice el maestro: las cosas hay que decirlas cuando duelen. Trabajo en los medios. Soy periodista de la radio y la televisión. He seguido de cerca, como muchos otros, los acontecimientos más relevantes de este país en materia legislativa, política y social de los últimos años. Creo que frente a los insólitos acontecimientos que hemos presenciando millones de mexicanos en los últimos días, la abstención y el disimulo no tienen cabida. Me pronuncio, desde aquí, abiertamente a favor de la reforma electoral aprobada la noche del miércoles por el Senado de la República. Me pronuncio en contra del despliegue de fuerza e intimidación que se ha desatado en el más amplio espectro de los medios en el país en contra de los poderes establecidos, particularmente los del Congreso, por razones que distan mucho de las esgrimidas en esta pretendida cruzada libertaria. Me preocupa el tufillo golpista que percibo en algunos de mis colegas. No comparto en modo alguno la idea de que esta reforma constitucional ponga en riesgo ni mi libertad, ni la de ningún ciudadano de este país, para expresar opiniones de ningún tipo. Sí creo que la reforma significa un paso trascendente para la vida democrática de México.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 14 de septiembre.
Que los empresarios de la radio y la televisión rechazan las reformas constitucionales porque afectan la libertad de expresión.
Sólo como un ejercicio de imaginación, piense qué es lo que hubiera ocurrido con la industria de la radio y la televisión si la reforma hubiera implicado un aumento en el presupuesto para gasto en spots de los partidos en radio y TV.
Vería como, en ese caso, los concesionarios hubieran justificado presurosos lo que ahora dicen que es un atentado al derecho a la información.
A la mayoría de ellos, por décadas, no les ha incomodado en absoluto -y lo sé por haberlo visto- ser controlados por RTC o Gobernación. Uno es su historia y la que ellos tienen no hace creíble su discurso.
Enrique Quintana, “Coordenadas”, Reforma, 14 de septiembre.
0 Responses to "REFORMA ELECTORAL: ACTORES Y ESCENARIOS: 9.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN."
Publicar un comentario