Los primeros señalamientos se orientaban hacia las modificaciones de la iniciativa por la reacción de los concesionarios. Algunos comentarios documentas experiencias previas al respecto. Otros dan cuenta de las cigras de las utilidades que dejó el proceso electoral de 2006 a Televisa y Azteca, principalmente. A partir del miércoles 12 de septiembre, la información da cuenta de la reunión que un grupo de integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) a la sede del Senado en la Torre del Caballito, así como del encuentro entre concesionarios que tuvo lugar el miércoles en las oficinas de la CIRT. Se sistematizaron 132 comentarios sobre el tema, es decir, 13.79% de los 957.
Pero esta reforma electoral está a punto de abortar, debido a varios factores. Uno de ellos es la reacción de la CIRT, que obligará a los coordinadores parlamentarios a negociar modificaciones a la iniciativa. (…)
Las televisoras ya antes han dado muestras de su forma de actuar. En el 2004, el entonces diputado del PRI, Luis Antonio Ramírez, presentó una iniciativa que proponía disminuir hasta en un 70 por ciento el gasto destinado a spots de propaganda electoral.
Altos ejecutivos de las televisoras se presentaron en su oficina y le dijeron, palabras más, palabras menos: “Eres muy joven para echar a perder tu carrera política; nada ganas con presentar esa iniciativa”.
La propuesta…se fue a la congeladora.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 8 de septiembre.
Hoy la venganza contra los consejeros del IFE nos lleva a una degollina disfrazada de reforma electoral en cuyos articulados y pretensiones no se advierten reformas de fondo en temas sustantivos, sino ajustes mafiosos en áreas como la publicidad asociada al presupuesto. Obviamente esa actitud tiene efectos colaterales, uno de ellos contra la industria de la radio y la televisión cuyos representantes ya han pegado el alarido celestial y han advertido del (otro) atropello.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 8 de septiembre.
Amenazados en donde más les duele y espanta, el duopolio televisivo y el oligopolio radial se retuercen ante la inminencia de que sean excluidos del enorme negocio de la propaganda electoral, lo que aminoraría no sólo sus ganancias sino su creciente influencia política. No es para menos, porque en las dos últimas elecciones presidenciales y en igual número de comicios intermedios, el grupúsculo se engulló más de 8 mil millones de pesos (mayoritariamente para Televisa, según cifras oficiales), sin considerar precampañas, anuncios pagados “por terceros”, campañas negras, elecciones estatales y demás rebanadas del business, amén de su injerencia en los procesos. Y como se sienten amenazados, ya arrancaron su propia campaña negra (tan escandalosamente obvia como todas las demás) en contra de quienes osan quitarles tan jugoso hueso. Entonces, ¿el duopolio televisivo y el oligopolio radial preocupados por la democracia e interesados sólo en la “fortaleza de las instituciones en el país? Juar, juar, juar. Y la CIRT en funciones de jefe de prensa de los barones electrónicos
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 8 de septiembre.
La columna “Trascendió” (MILENIO 6/09/07) dio cuenta de un estudio, se entiende que hecho por la CIRT, donde se asegura que “de consumarse el esquema de contratación de medios a través del IFE, tal como lo establece el proyecto de reforma electoral, el golpe lo terminarán recibiendo las más pequeñas estaciones de radio al no recibir ni un peso por la transmisión de spots y programas durante las campañas electorales.
Cálculos de la industria establecen que, en 2006, la venta de espacio político significó dos por ciento de la facturación total de Televisa en el año, ocho por ciento de la de Tv Azteca, entre 15 y 20 por ciento en las cadenas más fuertes de radio, y cerca de 50 por ciento en los grupos y emisoras regionales”. Si la intención de la CIRT es mostrar que el nuevo esquema no afectará a las grandes televisoras, sino a los radiodifusores pequeños, la argumentación es cuestionable.
Si en el caso de Televisa la contratación de propaganda electoral representó efectivamente el dos por ciento de sus ingresos en 2006, tendríamos que obtuvo 758 millones de pesos (Televisa reportó ventas totales por 37 mil 931 millones). Si para Tv Azteca representó el ocho por ciento de sus ingresos, la “televisora del Ajusco” habría facturado por ese concepto 766 millones de pesos (sus ventas totales fueron de 9 mil 579 millones). Uno de los grandes grupos radiofónicos, Radio Centro, reveló que 19 por ciento de sus ingresos el año pasado se obtuvo gracias a las campañas electorales, cifra equivalente a 151 millones de pesos (Radio Centro reportó ventas por 795 millones 680 mil pesos). Simplemente la suma de los ingresos por propaganda electoral de esos tres grupos arroja un total de mil 675 millones. No son públicos los ingresos de grupos como Radio Fórmula, ACIR, Radiorama o RASA, pero si fueran similares a los de Radio Centro, prácticamente se alcanzaría el total de 2 mil millones de pesos que los partidos gastaron en radio y tv. ¿Cuánto facturaron las radiodifusoras pequeñas por propaganda electoral en 2006?
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 8 de septiembre.
Repuestos los peones en sus casilleros, salvada la cabeza de turco, vale entonces entrar al fondo de la materia y hacer un esfuerzo por llamar las cosas por su nombre: dejar claramente establecido que la preocupación de los medios electrónicos no es la autonomía y la independencia del IFE, como tampoco la libertad de expresión que dicen; es, simple y sencillamente, un problema de dinero. No quieren perder la transferencia de recursos públicos que, vía los partidos políticos, obtienen cada tres años.
La propuesta de la reforma electoral de utilizar el tiempo del Estado en la contienda electoral, sin posibilidad de que los partidos políticos y los servidores públicos compren tiempo-espacio en los medios electrónicos, golpea directamente el bolsillo de esa industria. Los grandes concesionarios ganan por partida doble -pagan impuestos en especie y cobran los spots electorales- y, obviamente, resisten la idea de perder ese enorme botín de dinero.
Un botín que, curiosamente, se integra con recursos públicos, con dineros de los ciudadanos que, por la vía de las prerrogativas de los partidos políticos, iba a parar en 70 por ciento a las arcas de los medios electrónicos. Son cientos de millones de pesos los que están en juego. Si se aprueba que el tiempo-aire que corresponde al Estado se destine, en temporada electoral, a los partidos, es evidente que "el negocio" de la democracia ya no irá a parar a los medios.
Por eso es que el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Andrés Massieu, hizo circular "los lineamientos" con los que hay que resistir la reforma electoral, encuadrándola en la defensa de "la libertad de expresión" y entrevistando sólo a quienes incluye la lista de personalidades difundida por la propia cámara. Dicho en breve, los concesionarios defienden la libertad de expresión limitándola: que sólo hablen quienes defienden el negocio de la industria, reduciendo la reforma a la permanencia del Consejo del IFE.
Meses atrás se habló de los excesos de la "spotcracia" y la "dinerocracia", y ahora que se proponen corregir esas perversiones de la democracia se esconde el tema. Curioso.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 8 de septiembre.
Lo fundamental de la reforma no es sólo de carácter económico. Terminar con la venta millonaria de spots permitiría romper el lazo de dependencia que las grandes televisoras, no los radiodifusores pequeños, lograron establecer sobre los partidos políticos y que ha resultado tan pernicioso para los procesos electorales.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 8 de septiembre.
Pero se les olvida a televisos, tvaztecos y demás yerbas electrónicas que cobran por los beneficios que obtienen de un medio del que ellos sólo son dueños virtuales, siendo el dueño real el Estado mexicano y, más directamente, el pueblo mexicano, que es el dueño auténtico legítimo del aire del que los "dueños virtuales" de los medios electrónicos sólo son concesionarios, por gracia expresa y cancelable del gobierno del pueblo de México.
Quizás haya sentido o razón, aunque a usted y a mí nos parezca que no los hay, en que los anunciantes comerciales, después de enajenar a la sociedad con la publicidad desmedida de sus productos en radio y televisión, le repercutan a los consumidores en el precio de venta los miles de millones de pesos que ellos gastaron para hacer al pueblo consumir cosas que no quería y que no necesitaba. Pero francamente no hay ningún sentido ni ninguna razón en que el pueblo mexicano absorba los costos de las campañas políticas en televisión que trataron de hacer perdedor a Felipe Calderón y ganador a Santiago Creel, especialmente porque ambas fracasaron y lograron exactamente lo contrario de lo que pretendían.
Los mexicanos no tenemos por qué pagar los costos de que Televisa o TV Azteca impongan el triunfo de sus clientes o candidatos o de que impongan la derrota de los que no son sus clientes ni sus candidatos. De eso se trata en esta parte de la reforma electoral, de controlar la ambición totalitaria de los medios electrónicos y de impedirles convertirse en dictadores (o derrocarlos si ya lo son) de esta joven y frágil democracia, que jamás madurará mientras la gran pantalla chica siga imponiendo sus irracionales racionales del proyecto de nación que estamos construyendo, a pesar de ellos.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 8 de septiembre.
La reacción de las televisoras fue fulminante. La noche del miércoles el noticiero de López Dóriga fue convertido en una plataforma de misiles en contra de los partidos. Durante media hora desfilaron declaraciones de empresarios, intelectuales y presidente del IFE para clamar en contra de la partidocracia y el crimen que se estaba cometiendo en detrimento de la ciudadanía. Obviamente el campo de batalla que eligió Televisa no fue el asunto de los gastos de campaña, sabedora de que la opinión pública nunca apoyaría sus pretensiones. Prefirió hacer de la defensa de Ugalde y los consejeros del IFE el instrumento para torpedear la reforma electoral con la esperanza de que una revisión posterior eliminara las cláusulas que le perjudican.
No calcularon mal. En el noticiero de la noche siguiente ya recogían el testimonio de legisladores panistas y de algunos partidos pequeños sobre la necesidad de volver a discutir el tema e incluso lanzarlo a una consulta popular. Más de un priísta coincidió con ellos. Una vez más, parecía que las televisoras habían ganado la batalla
Jorge Zepeda Patterson, El Universal, 9 de septiembre.
El costo de las campañas, el financiamiento de los partidos y los procesos electorales han sido fuente constante de conflictos y escándalos que han minado al IFE y dado pretexto para cuestionar los resultados, a pesar de que todas las resoluciones de los tribunales han sido acatadas. Los medios de comunicación, en especial la televisión y la radio, han insistido en que nos cuesta muy cara la democracia, que los partidos políticos reciben demasiado dinero público y no hay controles sobre las contribuciones del capital privado.
Pero ahora cuestionan una reforma electoral que corta de un tajo el nudo gordiano: reducir a la mitad la duración de las campañas y prohibir a los partidos contratar propaganda electoral en los medios electrónicos concesionados. Para ese fin se utilizarían los “tiempos del Estado”. Lo mismo imponen las leyes en la mitad de la América nuestra y prácticamente en todos los países de la Unión Europea. Con el vuelco, perdemos el equilibrio. Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León, declara que eso atentaría contra la libertad de expresión.
León García Soler, “A la mitad del foro”, La Jornada, 9 de septiembre.
Creo que a ellos eso es lo que más les duele por el momento, pero no es lo más importante. Lo verdaderamente benéfico es que a los medios electrónicos se les mella el filo en sus intrigas y en sus ímpetus por apoyar a ciertos candidatos o a tratar de decidir el destino de las elecciones. Con sólo eso, hay elementos clásicos de las elecciones que pueden ser recuperados y, en primer término, la necesidad de que los candidatos y sus partidos se vuelquen hacia el electorado y la ciudadanía pueda conocerlos en primer plano y no a través de lo que ya algunos comienzan a llamar espotología y que muchos malpensados han identificado como proctología electoral. Quedaría por escudriñar un poco en la parte que el nuevo artículo 41 constitucional establece las nuevas atribuciones de las autoridades electorales, en especial del IFE, y que llenan bastante bien las lagunas en que esa autoridad se debatía al enfrentar lo inesperado en las elecciones. Lo haré en otra entrega
Arnaldo Córdova, La Jornada, 9 de septiembre.
Que el presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, Enrique Pereda, ha salido a lanzarles un desafío a los senadores antes de que aprueben la reforma electoral.
Pereda les propone que, si van a eliminar la contratación de propaganda en radio y televisión durante las precampañas y las campañas electorales, ese dinero no se vaya a las arcas de los partidos políticos, sino que se aplique directamente a programas sociales.
“Esa sí sería una contribución de nuestra industria a la sociedad”, precisó Pereda. “Pero los señores senadores están haciendo una fórmula para que todo acabe en que el gasto diario en propaganda sea 37 por ciento más alto de lo que es hoy. Que ese dinero se vaya a escuelas, hospitales, al fondo para las desgracias, pero que no sea para que ellos se lo gasten en menos días en revistas, periódicos, anuncios espectaculares”.
¿Lo escucharán Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Carlos Navarrete o dirán que ya es demasiado tarde?
“Trascendió”, Milenio, 9 de septiembre.
El proyecto de dictamen y las consideraciones políticas en torno de su contenido han generado, más que un debate, un embate de cámaras contra Cámaras, es decir de las televisoras y el órgano gremial que las agrupa (y al que dominan) contra el Poder Legislativo. Con socarronería, ineficaz porque se transparenta su verdadera intención, Televisa y TV Azteca combaten la prohibición de pagar propaganda política en los medios electrónicos, uno de los elementos principales de la reforma, con el pretexto de defender la autonomía del IFE, que es a su vez pretexto para promover la permanencia en sus cargos de consejeros electorales carentes de autoridad moral y jurídica para quedarse allí, como lo prueba (si no hubiera otros elementos a la mano) la patética defensa que hacen de sus puestos y prebendas aledañas.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de septiembre.
Conforme a su táctica inveterada, las televisoras atacaron a los legisladores (como lo hicieron contra los impugnadores de la Ley Televisa) que pretenden atentar contra sus intereses. No se atreven a decir que se trata de eso, tan crudamente, y han escogido la defensa de la autonomía del IFE y de la permanencia de sus consejeros como los asuntos, compartibles por todos en abstracto, a debatir. Han convertido en estrella de la conciencia cívica a Luis Carlos Ugalde, sobre quien, conforme a esa técnica, se asegura que se ceba la villanía de los partidos políticos (que son los mismos, por lo demás, que cometieron la de nombrarlo).
Esa misma actitud hipócrita, dual, adquirió forma impresa en un mensaje firmado por la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que de modo inesperado e insólito ingresa en el debate de la reforma electoral, aunque los redactores del mensaje de cuya publicación fue responsable Andrés Massieu, secretario particular del presidente Salinas y ahora director de la CIRT, no pudieron evitar la burda defensa de las finanzas televisivas. Como si tuvieran presente el monstruoso gasto de Enrique Peña Nieto en propaganda electrónica, la cámara pide no "condenar los buenos programas y obras de gobierno a un anonimato que tendería a uniformar liderazgos, proyectos y aptitudes. No es razonable inhibir que los servidores públicos puedan expresarse en condiciones que favorezcan el diálogo de la ciudadanía con sus gobernantes y representantes... Nos preocupa que las nuevas condiciones de prohibición y restricción comunicativa puedan limitar gravemente el surgimiento de figuras jóvenes y la renovación de los liderazgos en todos los partidos políticos...".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de septiembre.
Por cierto, que el presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, Enrique Pereda se sumó a las presiones que se emiten desde Televisa en contra de los legisladores. Ahora lanza un desafío a diputados y senadores antes de que aprueben la reforma electoral.
Les exige a los legisladores que si eliminan la contratación de propaganda durante las campañas electorales, los recursos financieros que se ahorren no sean ingresados al PAN, PRD o PRI, sino que se apliquen a los programas sociales. Los radiodifusores presionan porque dejarían de ganar millones de pesos en épocas de campañas electorales. Los radiodifusores dicen que si ese dinero no es para ellos, tampoco debe ser para los partidos políticos.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 10 de septiembre.
La ofensiva de los medios electrónicos en contra de la reforma electoral, disfrazada como una vehemente defensa de la autonomía del IFE, se decidió el miércoles 5 de septiembre en una reunión de los principales directivos de las empresas de radio y televisión más poderosas. Ese día se escucharon fuertes críticas a la propuesta de cancelar la contratación de publicidad comercial en las campañas y duros cuestionamientos al priísta Manlio Fabio Beltrones. “Estamos muy molestos con Beltrones”, dijo un industrial del ramo. “Pues no se nota”, le respondió un alto funcionario del gobierno federal que asistió como invitado a la reunión. Y a partir de ese día vaya que se ha notado su molestia…
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 10 de septiembre.
Es decir, que mediante una campaña de presión supuestamente en defensa del IFE y de su Consejo General —que en realidad es la defensa de sus intereses económicos—, las televisoras habrían forzado a poner sobre la mesa de discusión la Ley de Medios, cuyo debate es impostergable y en una de sus partes medulares tiene importantes puntos de contacto con la legislación electoral. Se podría decir, incluso, que las televisoras, en especial Televisa, estarían dispuestas a un nada extraño “enroque legislativo”: la reforma electoral a cambio de la Ley de Medios.
Y vale la hipótesis, porque el espíritu reformista que anima a los tres grandes partidos mexicanos abre anchas avenidas para la negociación, el acuerdo, la presión y hasta el chantaje entre todos los sectores sociales involucrados en los cambios que se proponen, a la luz de la reforma del Estado. Pero además, la hipótesis se refuerza si recordamos que una buena parte de los políticos y legisladores que hoy impulsan las reformas del Estado, electoral, fiscal y de medios, son los mismos que hace unos cuantos meses aprobaron, casi sin discusión y mediante ofensivos “lineazos”, la ley Televisa. Las televisoras no sólo cuentan con importantes aliados en el Congreso, sino que incluso muchos de quienes impugnaron esa ley frente a la Corte, y que lograron su caída, hoy están fuera de los centros reales de poder
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 10 de septiembre.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, presidida por Enrique Pereda, está preocupada con la iniciativa de reforma electoral, pues de manera discrecional podrían solicitar el cierre de estaciones de radio.
E igual de malo: los partidos políticos quieren 51 minutos diarios en horario estelar para transmitir su promoción política, y dicho segmento es oro molido para las radiodifusoras en sus patrocinios. Los grandes de la industria podrán sostenerse, pero las pequeñas estaciones de radio o televisoras estarán en aprietos financieros.
Además, en un mundo de convergencia tecnológica, el usuario simple y llanamente terminará sustituyendo los 51 minutos forzosos de partidos políticos. La asignación de tiempos de propaganda política deben tener un sentido de equidad partidista, pero no una imposición diaria al ciudadano libre de elegir contenidos.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 10 de septiembre.
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas tiene 32 años de edad y ya es senador de la República. En Campeche, su estado natal, lo recuerdan por haber tomado por asalto la rectoría de la universidad estatal para forzar la renuncia del entonces rector José Abud y también por lanzar huevazos dentro del salón de sesiones del Congreso local y algunas de las yemas llegaron al muro de honor del recinto. Se le recuerda más por sus escándalos en Campeche y Mérida que por alguna iniciativa trascendente como legislador.
Alejandro Moreno andaba muy preocupado el pasado jueves 6 luego de un desayuno con funcionarios de Televisa. El novel senador campechano pretende ser candidato del PRI a la gubernatura de Campeche muy a pesar de su menguado currículum. Los ejecutivos de las televisoras le han prometido que si se porta bien le ayudarán con la promoción de su imagen en Campeche.
A Rafael Alejandro le apodan El Vandalito. El diminutivo revela que no llega ni a porro completo. Para reconstruir su imagen y hacerla atractiva ante la ciudadanía, la televisión tendría que hacer milagros. Pero le han hecho creer que sí se puede. Por ello, como a muchos otros senadores, le han presionado para que se deslinde de la iniciativa electoral que promueve la fracción senatorial del PRI en el afán de los concesionarios por minar el consenso legislativo alrededor de la propuesta electoral.
Roberto Zamarripa, “Tolvanera”, Reforma, 10 de septiembre.
De ahí que al mediodía de ese jueves le mandaran en exclusiva una cámara, un micrófono y un reportero para que cuestionara la iniciativa legislativa. A Alejandro Moreno, El Vandalito, le dieron 10 segundos en el noticiero nocturno de la televisión, solamente para balbucear que era importante abrir a la discusión el tema de la reforma electoral.
Su inmortalización televisiva le costó desde regaños hasta bromas entre los senadores priistas. A falta de otros próceres, se le dio voz a El Vandalito, quien supone que si es un dócil jilguero de los concesionarios tendrá garantizada una campaña electoral gratuita tal y como sucedió en el 2006, según él mismo se jacta, cuando las televisoras locales le regalaron tiempos para exponer su rostro -que no sus ideas- por las pantallas de la televisión.
A Rafael Alejandro Moreno, como a muchos otros políticos e intelectuales, les seduce la idea de que la televisión ahorre los pasos necesarios de la persuasión y el debate político. El problema es que la democracia de los concesionarios se agota en su caja registradora. Si por ahí no pasa la elección, entonces no hay validez democrática. El debate real es el que se transmite y es el que paguen con puntualidad los políticos que para cualquier efecto tienen dinero público de sobra.
Roberto Zamarripa, “Tolvanera”, Reforma, 10 de septiembre.
¿Cómo se comportaron esos concesionarios en 1986, cuando el fraude electoral en Chihuahua? ¿Por qué ahora algunos de los intelectuales que entonces promovían desplegados en apoyo a la lucha democrática de ese entonces firman hoy los desplegados que a la postre avalan los abusos políticos de las televisoras?
El hecho es que se ha colocado sobre la mesa la posibilidad de modificar, en serio, la relación de los medios con la política y el uso del dinero público por parte de los políticos.
Roberto Zamarripa, “Tolvanera”, Reforma, 10 de septiembre.
En su noticiero estelar, la compañía televisiva se defendió de los argumentos esgrimidos por personajes como Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida, quienes han dicho que las críticas a la reforma son un desquite de la empresa porque perderá jugosos contratos, ya que las nuevas leyes impedirán que los particulares contraten spots de propaganda. Ni habrá boicot contra los legisladores que promueven la reforma ni negativa a rebajar los costos de las campañas, pero sí preocupación por embestida contra la autonomía del IFE
“Binoculares”, El Gráfico, 11 de septiembre.
Y es que en Televisa, por ejemplo, no les perdonan tanto a Creel como a Corral que los dos políticos azules hayan sido factor clave para echar abajo la ley Televisa, además de impulsar la reforma que podría dejar fuera a las televisoras y a la radio del jugoso negocio electoral. Lo paradójico del asunto es que en los meses previos a julio de 2006, una de las alianzas de poder fundamentales se dio, precisamente, entre Televisa y el que fuera secretario de Gobernación y luego precandidato presidencial del PAN, Santiago Creel.
Así, cuando Creel perdió la posibilidad de ser candidato presidencial, no sólo rompió con Televisa, sino que se convirtió en uno de sus principales impugnadores, en una suerte de mea culpa por los dislates cometidos en el pasado reciente. La de Javier Corral, cuestionable o no, siempre fue una postura congruente respecto de la perniciosa influencia mediática en la política. Pero el rompimiento de las televisoras con el PAN no es el único caso, porque en el PRI también se “cuecen habas”. Todos saben que uno de los pretensos presidenciales del PRI es Manlio Fabio Beltrones, cuya relación con las televisoras también terminó, por decir lo menos, fracturada
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 11 de septiembre.
Sin embargo, con los medios hemos topado. La semana pasada hubo una cargada de las dos televisoras comerciales en contra de la reforma. Los noticiarios de Televisa y TV Azteca antepusieron, como una bola de humo, el polémico tema de la salida de los consejeros del IFE. El día que se anunció el nuevo modelo de medios y política, las televisoras le dieron un largo espacio a Luis Carlos Ugalde y se apoyaron en el desplegado de algunos intelectuales, que les sirvió a las televisoras para sacar adelante su agenda de intereses.
Las televisoras decidieron que la reforma no existía, sobre todo el cambio en el modelo de acceso a medios, que los dejará sin una jugosa cantidad de dinero —más de 3 mil millones de pesos gastaron los partidos en radio y televisión en 2006—, y eso no están dispuestos a aceptarlo
Alberto Aziz, El Universal, 11 de septiembre.
Sólo basta leer el desplegado publicado el 7 de septiembre por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para darnos cuenta de por qué las televisoras recurren, otra vez, a la burda distorsión informativa sobre la propuesta de reforma electoral, y reiteran el chantaje y la amenaza directa a quienes la promueven con proscribirlos de la pantalla: carecen de argumentos en su defensa, no sólo racionales o legales, sino legítimos, porque esconden el fundamento real de su resistencia.
Ayunos de razones para oponerse, inventan, falsifican e intentan inútilmente encontrar aliados donde no los tienen, “la academia, la investigación, el periodismo”, para ir juntos adonde siempre han despreciado acudir “a las mesas de diálogo convocadas por el H. Congreso”. “Tiempo de escuchar y recabar las sugerencias” siempre lo han pedido y muy pocas veces han expresado con claridad qué sí quieren y qué no, qué están dispuestos a ceder, en qué medida aportarán a la consolidación de la democracia como concesionarios de un bien de la nación. Pero la visión parte de reducir las elecciones sólo a un jugoso negocio por el que llegan a sus bolsillos miles de millones de pesos y a su influencia creciente, extraordinarias relaciones de poder
Javier Corral, El Universal, 11 de septiembre.
Las televisoras construyeron su estrategia así: se envolvieron en la bandera de la autonomía del IFE a la que supuestamente los partidos quieren afectar como una venganza por el 2006. Montaron al consejero presidente del IFE (que no garantiza ninguna autonomía) y junto con algunos “opinadores”, todos quedaron enganchados como un cabús del tren mediático. En ningún momento les pasó por la mente que había otras voces. Muchos hemos defendido públicamente otras tesis, pero las televisoras mostraron su alergia a la diferencia.
Lo que defienden no es la autonomía del IFE, sino un jugoso negocio que se les va de las manos. Una vez más comprobamos la necesidad de tener otras opciones de televisión, porque entre las dos grandes televisoras sólo hay un discurso monocromático
Alberto Aziz, El Universal, 11 de septiembre.
Por eso en la campaña televisiva del fin de semana y sin duda la que nos espera en ésta han ocultado a sus auditorios de qué se trata la reforma. No les han dicho a sus televidentes que busca reducir considerablemente los gastos de las campañas y redestinar esos recursos a otros rubros sociales urgentes, pues entre otros apartados de gran valor y decisión política se prohíbe a los partidos adquirir tiempo en radio y televisión, esto es, no más gasto en spots. No dicen que de aprobarse las adiciones al artículo 41 de la Constitución, el acceso de los partidos a los medios electrónicos se hará a través del tiempo que el Estado disponga y que será asignado al IFE como autoridad única.
No dicen que según una adición al artículo 134 de la Constitución, “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Esa información vital ha sido negada a sus audiencias, a quienes con el tema de la remoción de los consejeros del IFE —argumento que por supuesto tiene asidero y parte de razón— se les encubre la defensa de sus propios intereses
Javier Corral, El Universal, 11 de septiembre.
Amos y señores de la negociación subrepticia, del acuerdo en lo oscurito, de los refrendos pactados al final del año, aplaudidores de los decretos firmados en la madrugada en la suite de un hotel, y de las leyes aprobadas en siete minutos, ahora el duopolio televisivo está sumamente preocupado por “el cuidadoso sigilo en que se ha mantenido el contenido preciso del proyecto de reforma”. Lo podrán decir de la forma y tiempos en que se presentó el proyecto de dictamen, pero no de sus contenidos, quizá una de las discusiones más oreadas en los últimos años en el país, debate que ha contado en todo momento con la censura televisiva.
Esta vez el duopolio está perdido. Han cometido todos los errores posibles, que no hay dignidad política, por más endeble que lo sea, que aguantara los desplantes de la prepotencia y los abusos de su poder que llegó a creerse intocable. Han ido tan lejos y tanto le han jalado los bigotes al Estado que muy atrás se quedó la propuesta de que fuera solamente el IFE la instancia que contratara la publicidad comercial en materia electoral, ahora la prohibición es total
Javier Corral, El Universal, 11 de septiembre.
¿Que la reforma condena a la desaparición a los medios pequeños? La queja es grotesca e inexacta. Pobre radiodifusión aquella que para subsistir necesita sólo de publicidad oficial o de campañas electorales; pero tampoco es cierto que sean depositarios de asignaciones presupuestales importantes. En las elecciones locales y no se diga en las federales, la mayor rebanada del pastel se la lleva el oligopolio radiofónico y el duopolio televisivo, como sucede en el conjunto de la publicidad.
Televisa y TV Azteca se llevan 99.4% del gasto publicitario en televisión abierta, 58% de toda la inversión en medios, algo así como 25 mil 984 millones de pesos al año. La radio representa 8% adicional. Esto es, no más de 15 empresas de medios concentran en México 66 % de los ingresos del mercado publicitario y son destinatarios de 60% del gasto total de los partidos en las campañas electorales.
En eso ha derivado el modelo electoral que hace de la mercadotecnia y del spot su estrategia fundamental: una correa de transmisión de dinero público a unas cuantas empresas privadas
Javier Corral, El Universal, 11 de septiembre.
¿Cuántos recursos podrían dejar de recaudar en las próximas elecciones federales las emisoras de radio y televisión en caso de aprobarse la reforma electoral?
¿Al menos unos 5 mil millones de pesos entre 2009 y 2012? Por eso no resulta sorprendente la campaña mediática que han emprendido los empresarios de esa industria en contra del proyecto de dictamen que se impulsa en el Senado de la República
Entrevistado por Jacobo Zabludovsky, en su programa “De una a tres”, un radiodifusor de AM de San Luis Potosí manifestó el pasado viernes su nerviosismo por ese hecho. En términos generales dijo que los recursos provenientes de las campañas políticas son un aliciente, en particular para las emisoras de AM, tan castigadas por los anunciantes en los últimos años. Sin tapujos, el empresario dijo que ese dinero lo utiliza para mantenimiento e inversión de equipos de sus radiodifusoras. Su nerviosismo seguramente es compartido, con justa razón, por muchos otros concesionarios de AM.
La sensatez de ese radiodifusor contrasta con la estrategia discursiva que han emprendido las grandes televisoras hacia una supuesta defensa de la democracia y de los consejeros del IFE para que éstos continúen en sus cargos. En el seguimiento de los acontecimientos y declaraciones en torno de la reforma política, no hay periodismo, no hay contraste de opiniones, sino presión política disfrazada de información, tal como ha ocurrido en otros momentos en los que se afectan los intereses del duopolio de la televisión
Gabriel Sosa Plata, “Telecom”, El Universal, 11 de septiembre.
No es válida tampoco la queja de los radiodifusores pequeños, medianos, de provincia, independientes o como se quieran llamar, de que los metan al mismo costal de la televisión y que las reformas legales no sean capaces de distinguirlos entre uno y otro sistema; la timoratez tiene sus costos, y dejarse conducir por el tronar de los dedos de empleados de tercera categoría de las televisoras entraña responsabilidades y consecuencias. Superar el miedo es condición indispensable para exigir y ejercer la libertad.
En efecto, puede venir una andanada mediática contra los promotores de las reformas, pero el ruido pasará pronto, quizá en cuanto esté aprobada por el constituyente permanente. Si los legisladores acometen la decisión, terminarán siendo respetados por muchos, incluida la televisión. Que van a presionar, sin duda, pero sólo se deja presionar quien es susceptible de ser presionado
La política adquirirá más libertad e independencia no sólo para resolver la agenda de la reforma de medios, sino otros temas fundamentales en los que la tv actúa como cómplice del statu quo. Sí, se trata de un acto de liberación, pues en medio no sólo está la posibilidad de campañas más baratas y cortas, también se ataca una relación indebida entre medios y poder, inadmisible en una democracia. Enhorabuena por el Congreso
Javier Corral, El Universal, 11 de septiembre.
En otra entrevista, ésta realizada el 7 de septiembre por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Enrique Pereda, también fue franco y dio a conocer el verdadero sentir de los radiodifusores, no incluido, claro, en el engañoso desplegado publicado por la CIRT ese mismo día: su preocupación ante la posibilidad de que los miles de millones de pesos de las campañas políticas y de promoción de obras gubernamentales en tiempos electorales se transfieran a otros competidores, como los periódicos, las revistas, los espectaculares y las empresas encuestadoras
Gabriel Sosa Plata, “Telecom”, El Universal, 11 de septiembre.
A pesar de las declaraciones fanfarronas de que ningún daño les hace la reforma electoral, es evidente que sí hay una afectación generalizada en la industria.
El IFE informó en mayo pasado que se gastaron 2 mil 62 millones de pesos en ese rubro. Otras fuentes dicen que los recursos fueron de casi 2 mil 500 millones de pesos, algo así como 70% del gasto total ejercido en total por los partidos, según un diario capitalino. Si no hubiera cambio en la legislación electoral, no menos de 3 mil 500 millones de pesos se gastarían en propaganda política durante 2012. En 2009 también hay elecciones intermedias en México
Gabriel Sosa Plata, “Telecom”, El Universal, 11 de septiembre.
Es evidente que la aprobación de la reforma electoral tendría consecuencias para los concesionarios de radio y televisión en mayor o menor medida, lo que los obligará a diversificar su oferta, sus negocios y a reforzar sus esquemas de comercialización. Pero la democracia gana. Las campañas políticas dejarán de ser un negocio para los empresarios de esta industria, pero también un instrumento más de chantaje, de presión política y de favoritismo hacia algún partido político o candidato, tal como se vivió en 2006. De cualquier manera, como afirma Ricardo Alemán, prevalece el poder que se expresa en la información, en los noticieros, en las campañas contra tal o cual político (la discusión de la legislación electoral es el ejemplo), lo cual también puede inhibir a todo aquel personaje que afecte los intereses de esa industria
Gabriel Sosa Plata, “Telecom”, El Universal, 11 de septiembre.
No entendí cómo resultó que las empresas de televisión, y algunas de radio, convirtieron la defensa del IFE frente a una reforma que puede atentar contra la autonomía del organismo encargado de la organización de las elecciones, en una batalla contra el corazón de lo que debe ser una reforma profunda del sistema de competencia electoral en México: la prohibición de compra de tiempos y espacios comerciales en los medios de comunicación para los partidos, los candidatos y los particulares en torno a cuestiones electorales y de campaña.
Este es el corazón de la reforma necesaria por varias razones. La primera tiene que ver con los costes de la política en México. La reforma de 1996, para hacerla tragable por el PRI, dotó a los partidos de cantidades ingentes de recursos públicos que se duplican durante las campañas electorales y liberó la contratación de tiempos comerciales para difundir propaganda electoral. Once años después se pueden ver con claridad los defectos del diseño: campañas extremadamente caras, hechas esencialmente como si de la venta de productos comerciales se tratara, donde predominan las técnicas del mercadeo y no la divulgación de programas, plataformas y proyectos políticos. Los candidatos se venden como si fueran detergentes, con cancioncillas pegajosas, sonrisas idiotas y frases hechas, en lugar de presentarse frente a los electores con ideas, producto escaso en el marchanteo en el que se ha convertido la política mexicana.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
Una singular reunión tuvo lugar en las instalaciones del Senado entre legisladores y representantes de la radio y la televisión, para debatir (un conductor incluso llegó al insulto) el tema de la reforma constitucional electoral. El tema central era una mención sobre la prohibición a difundir mensajes que influyeran en las preferencias electorales, que los señores de los medios consideraron un acto de censura. Pero el senador priísta Jesús Murillo Karam ya había enmendado la plana desde la mañana con una redacción que no diera lugar a dudas: “Ninguna otra persona, pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar la difusión de mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Bajo reserva, El Universal, 12 de septiembre.
No obstante que los tiempos están muy adelantados para el diseño de nuevas reglas para las elecciones futuras, lo que tendrá implicaciones para las campañas políticas y su difusión en los medios, la plana mayor de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se reunió ayer con los senadores para exponer el riesgo de que en esa reforma se pueda limitar la libertad de expresión amparada en nuestra Carta Magna.
La reunión estuvo encabezada por Pedro Joaquín Coldwell y en la misma intervinieron Jorge Mendoza, del PRI; Ricardo Monreal, del PRD, y Ricardo García Cervantes, del PAN, quienes de alguna forma han llevado la voz cantante en un debate que ha tenido una vía rápida, lo que no deja de llamar la atención.
Entre los concesionarios estuvieron Francisco Ibarra, de ACIR; Rogerio Azcárraga, de Radio Fórmula, y Francisco Aguirre, de Radio Centro, quienes reiteraron que las empresas bajo su gestión pagan impuestos como cualquier otra entidad, pero al mismo tiempo no han dejado de abrir espacios a todas las voces en el ámbito político.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 12 de septiembre.
Ah, para todo esto, la invitación para esta reunión fue hecha el martes en la madrugada, cerca de la una, por Santiago Creel al teléfono; la CIRT respondió ayer en la mañana, por fax.
Si hubiera que escoger dos discursos radicalmente opuestos e igualmente belicosos serían los de Pablo Gómez y Pedro Ferriz de Con.
Ferriz de Con dijo lo que muchos mexicanos piensan y amenazó al Congreso. Pablo Gómez, fue el vocero del otro lado del espectro, del poder del pueblo que representa el Congreso y contraamenazó: y sigue la Ley de Medios. Uyyy.
Revelador lo dicho por Rogerio Azcárraga, dueño de Radio Fórmula: nos están expropiando, dijo. Vivimos de la publicidad. Nos arruinarán el rating con sus megaspots de tres minutos. Nos debemos al público (que no pueblo, sutil diferencia).
Tienen razón también los periodistas que hablaron como eso, periodistas: me gustó la posición digna de Joaquín López Dóriga. Y el revire de Sergio Sarmiento a Pablo Gómez, defendiendo su categoría de “subproducto”, como se asumió él, nos asumimos muchos en cierto sentido. Una pregunta suya es básica: ¿Si entre ustedes, los partidos, se atacan, no debemos reproducirlo?
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 12 de septiembre.
Fue, por lo menos, una reunión inédita. “Histórica”, decían algunos. Lo cierto es que fue el encuentro de dos poderes, uno constitucional y el otro poder de facto, que sentados frente a frente y en cuatro horas de debate intenso, pasaron de la cortesía a la tensión, del protocolo a la amenaza, de la pregunta crítica al ataque directo; para al final ejercer la tolerancia y el diálogo, aunque para algunos fue “diálogo de sordos”.
Hasta la torre del Caballito, decididos a ser escuchados, llegaron los 10 hombres de los medios electrónicos más influyentes. Nombres y apellidos de peso en la industria: Francisco Ibarra, Carlos Aguirre, Rogerio Azcárraga, Javier Tejado, Ernesto Vidal, Tristán Canales, Javier Mérida y Luis Armando Melgar; todos encabezados por Enrique Pereda, de la CIRT.
Con ellos llegó la batería pesada de la opinión electrónica: Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret, Denise Maerker, Javier Alatorre, José Cárdenas, Pablo Hiriart, Guillermo Ortega, Sergio Sarmiento. Conductores, opinadores, periodistas cuya presencia tenía doble sentido: para muchos era ir a defender su trabajo y evitar que la reforma electoral limitara la libertad de expresión; para los concesionarios de la industria era una muestra de fuerza, usar esos nombres, voces y rostros para presionar a los senadores
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 12 de septiembre.
La conductora de la transmisión por radio de la reunión entre senadores y miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, tal vez involuntariamente, definió el proceso del encuentro con una sola palabra: los concesionarios “suplicaron” a los legisladores posponer la reforma electoral.
Los concesionarios y sus empleados recurrieron a todo: amenazaron, acusaron, se dijeron víctimas de abuso del poder y se presentaron como los adalides de la libertad de expresión, pero en realidad rogaron que se pospusiera la sentencia en su contra.
No lograron conmover a los legisladores, quienes por primera vez en mucho tiempo presentaron un frente unido, en especial los militantes de los tres principales partidos, PAN, PRI y PRD. Como les comentó el perredista Pablo Gómez: tal vez deberían preguntarse cómo provocaron esa unión.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 12 de septiembre.
Fue un choque de trenes.
La mediocracia se enfrentó a la partidocracia.
Fueron poco más de 4 horas de intenso debate.
En un evento totalmente inédito, representantes del Poder Legislativo escucharon la airada posición de la industria de la radio y la televisión en contra de una iniciativa que no fue consultada y ni siquiera informada a los protagonistas de la industria.
El proyecto de dictamen de reforma electoral evitaría a los partidos políticos la contratación de espacios en los medios electrónicos e impone a éstos el uso de los tiempos oficiales, regulados por el Instituto Federal Electoral.
Fue una confrontación trasmitida en vivo, en directo y a todo color por prácticamente todas las cadenas radiofónicas y televisivas del país.
La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión enfrentó al Poder Legislativo.
El punto de desencuentro es la iniciativa de ley para reformar la Constitución.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 12 de septiembre.
El pronóstico se cumplió. Llegó la semana de los chingadazos. La partidocracia y la telecracia se dieron ayer con todo alrededor de la polémica reforma electoral, que pretende llevar a los tiempos oficiales en los medios electrónicos (for free, dirían los gringos) las campañas electorales.
El quinto piso de la Torre del Caballito sirvió como arena de este pleito entre el Poder Legislativo y los llamados poderes fácticos. Hasta el lugar llegó una impresionante constelación de conductores estrella que hicieron causa común con los concesionarios, en contra de una ley que consideran atentatoria de la libertad de expresión.
Algo nunca visto. En la misma trinchera Joaquín López-Dóriga y Javier Alatorre. Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento. Pedro Ferriz y Pepe Cárdenas, Ciro Gómez Leyva y Paty Chapoy, Andrés Roemer y Ana María Lomelí. Fuera de la Torre del Caballito, las unidades móviles transmitían en cadena nacional los pormenores del acto.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 12 de septiembre.
Exitosa fiesta de disfraces la de ayer en el Senado de la República, donde las puertas fueron abiertas de par en par para que la cúpula, con el indeleble sello de Televisa-Tv Azteca, de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, la CIRT, presumiera su capa de piel de oveja y enseñara su máscara de demócrata, defensora de la libertad de expresión y adalid de la constitucionalidad.
Ayer, al filo del mediodía, la CIRT difundió un comunicado en el que notificó que los integrantes de su consejo directivo se reunirían (14 horas) con los muchachos de Xicoténcatl encargados del dictamen que los trae locos, toda vez que “en la madrugada de hoy (11 de septiembre), Santiago Creel, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, invitó a los miembros de esta cámara a exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de dictamen de la reforma electoral”.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 12 de septiembre.
Desangelados y despistados, parapetados en una soberbia que ya no intimida con facilidad, ayer los dueños del espectáculo mediático y sus voceros ofrecieron el peor show de su vida. La vieja prepotencia que tan notorios beneficios les rendía cuando casi no había legislador o gobernante que no se doblara ante el amago para dejarlos fuera de los noticieros, ha perdido al menos parte de aquella eficacia. Los senadores que ayer recibieron a los directivos de la radiodifusión no se quedaron callados ante reproches y bravatas de los patrones del poder mediático. Y los quejosos quedaron enredados en su propio, confuso y equívoco discurso.
La sesión en las oficinas del Senado estaba planteada más como recurso testimonial que como espacio de interlocución. Acostumbrados a hacer política en el regateo tras bambalinas y nunca en la deliberación abierta, los jeques mediáticos apostaron en esa sesión sus últimas cartas contra las reformas constitucionales relativas a la competencia electoral. Estimaron que con un desplante de apantallamiento mediático impresionarían a los senadores. Quizá por eso atendieron, como diría el clásico, a la forma y no al fondo.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 12 de septiembre.
Sobre la mesa se debatieron dos temas fundamentales: la libertad de expresión y el presupuesto por alrededor de 2 mil 600 millones de pesos que utilizan los partidos políticos a través de los medios de comunicación; al menos ésa fue la cantidad que se ejerció en el 2006.
Hablaron y hablaron fuerte los propietarios de cadenas de radiodifusión.
Allí estuvieron Rogerio y Jaime Azcárraga, de Grupo Fórmula; Francisco Aguirre, de Grupo Radio Centro; Francisco Ibarra, de Grupo Acir, y representantes de Ricardo Salinas Pliego, entre ellos Tristán Canales y, por supuesto, el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Enrique Pereda.
El gran ausente fue el propietario de Cadena Tres: Olegario Vázquez Aldir, aunque sí asistieron sus cámaras y conductores.
También hablaron, en distintos tonos, reconocidos conductores de la radio y la televisión: Joaquín López Dóriga, de Televisa y Grupo Fórmula; Javier Alatorre y Sergio Sarmiento, de TV Azteca, y Pedro Ferriz Decón, de Grupo Imagen.
El presidente de Grupo Fórmula, Rogerio Azcárraga, disparó fuerte.
Dijo que los legisladores lo que pretenden es expropiar el 30 por ciento del tiempo y valor de radio de los industriales de la radiodifusión.
Ello implícitamente —advirtió el concesionario— redundaría en el rating de las radiodifusoras en la medida en que se convertirían en tiempos similares a los que utiliza La Hora Nacional y que nadie escucha.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 12 de septiembre.
El caso es que concesionarios de radio y televisión, periodistas y conductores de estaciones de todos tamaños y tipos de programas salieron a la defensa de los derechos ciudadanos en nuestra aún joven e imperfecta democracia.
Si bien los legisladores escucharon con cierta atención los conceptos de concesionarios y comunicadores, como le digo, el dictamen para una reforma electoral está muy avanzado y la idea es que se promulgue este mismo jueves.
En la larga sucesión de pronunciamientos ante las comisiones unidas del Senado, que tienen a su cargo el expediente en cuestión, participaron Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, Sergio Sarmiento, Andrés Roemer y Pedro Ferriz, entre otros comunicadores, todos hablando a título de los periodistas, y de plano manifestando que esté en riesgo una actividad que es fundamental en toda democracia, en el entendido que "es preferible cualquier exceso de libertad en vez de un país en donde se impongan límites a la libertad", como lo expresara el propio Alatorre.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 12 de septiembre.
A las dos de la tarde los senadores llegaron a recibir la inusual visita. En la larga mesa ovalada se hicieron dos bandos: al lado derecho se ubicaron los dueños y directivos de medios y, con ellos, la batería de nombres mediáticos; del lado izquierdo, los senadores de todos los partidos. Jesús Murillo Karam, Alejandro Zapata y Ricardo Monreal llevaron la voz cantante junto a Dante Delgado y los verdes Arturo Escobar y Manuel Velasco.
Los poderosos radiodifusores marcaron desde al arranque el tono fuerte de la reunión. Rogerio Azcárraga habló de los “tiempos oficiales” para las campañas y la tachó de ser una “medida expropiatoria” porque tomarán tres minutos diarios de los mejores horarios de la radio y la televisión, afectando su tiempo de mayor venta. Francisco Ibarra recordó los tiempos de la censura del régimen priísta y lo comparó con algunos postulados de la reforma. “Yo creí que esas épocas ya estaban superadas”.
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 12 de septiembre.
Los concesionarios de radio y televisión estaban más que molestos ayer, durante su reunión con los senadores que elaboraron la reforma electoral, que incluye la prohibición de que partidos o particulares contraten spots de propaganda en tiempos de comicios. Rogerio Azcárraga, propietario de Radio Fórmula, se quejó porque los tiempos oficiales, donde se difundirán los mensajes políticos, ocuparán 30% del horario comercial, lo que es una especie de expropiación, dijo
“Binoculares”, El Gráfico, 12 de septiembre.
La confianza y la soberbia, mi estimado, juntas son el peor de todos los males. Originales olas han levantado la oligarquía radiofónica y el duopolio televisivo en su simpática encerrona de ayer con varios senadores de distintas comisiones —de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Prácticas Parlamentarias y Radio Televisión— en la Torre del Caballito, donde se intercambiaron puntos de vista, bolas rápidas, puntuales precisiones, inquietudes y donde florecieron esas actitudes, precisamente ésas, my friend, que tanto ayudaron a enrarecer el accidentado camino rumbo a la polémica elección de 2006 que sigue dividiendo a los mexicanos.
La divertida reforma electoral —que pretende en uno de los puntos más importantes cerrar la caja registradora de los medios electrónicos— ha sido estigmatizada en los medios de intoxicación masiva como una afrenta a la libertad de expresión, y ayer, después de cuatro horas de escuchar las posturas de dueños de la radio, de comunicadores y de legisladores, esa seductora duda quedó despejada.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 12 de septiembre.
Hasta ahí, la reunión transcurría bien; los senadores respondieron la primera ronda de preguntas con evasivas y generalidades. Vino la segunda ronda. Carlos Aguirre había pedido a los senadores que no los vieran sólo como “los mercantilistas que van a defender su dinero”. Le siguió el conductor Pedro Ferriz de Con y la tensión empezó a crecer con sus palabras: “No venimos a dialogar, sino a reaccionar contra ustedes”, abrió el conductor instalado en gatillero: “Ustedes están tomando por asalto al país. El país es suyo. Dicen que se autolimitan, pero eso sólo una postura pueril y ridícula... los que frenan al país son ustedes”.
Cuando Ferriz terminó, hubo un silencio pesado en el salón. Algunos aplaudieron tímidamente. Las caras de los radiodifusores se veían extrañadas. Ferriz se acercó a donde estaba sentado López Dóriga y lo cogió del hombro, como buscando su aprobación. Joaquín volteó hacia un lado, mientras tomaba agua de su botella; Javier Alatorre rescató la mano de Ferriz, que se quedó en el aire.
La reunión se tensó. Dos horas y 14 oradores más, el encuentro terminó sin acuerdos. Apenas salieron del edificio los hombres más poderosos de los medios electrónicos, los senadores se encerraron a votar y a aprobar el dictamen electoral. Fueron cuatro horas de palabras que no tuvieron eco; el intercambio de dos poderes que, a pesar de tanto diálogo, de críticas, señalamientos y hasta alguna descalificación, nunca se acercaron
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 12 de septiembre.
En la fiesta, variados fueron los disfraces: televisoras que reivindican la democracia, la transparencia, la libertad empresarial y el ejercicio del derecho a la información; directivos del duopolio disfrazados de senadores; políticos profesionales disfrazados de comunicadores; personeros de Marta Sahagún y Tv Azteca disfrazados de personal de asepsia; locutores y mercaderes del micrófono disfrazados de periodistas y comunicadores; Los Pinos con disfraz del empresario Pedrito Ferriz de Con, el sempiterno vocero presidencial oficioso; una chantajista profesional disfrazada de “periodista de espectáculos”; banqueros disfrazados de conductores de noticieros; barones de los medios electrónicos disfrazados de mexicanos de a pie, exigentes de sus derechos, pero negadores de sus responsabilidades; ambiciones políticas y económicas disfrazadas de reclamo democrático, de protesta, de indignación.
En fin, ésos y otros disfraces se vieron ayer en el Senado, cuando en realidad el nombre del juego es clarísimo: nos negamos a dejar de ser factor de primer nivel en la toma de decisiones del país, de intervenir en el juego electoral y de sacar siempre la ficha ganadora en el jugoso negocio de las concesiones y los dineros públicos. Nos negamos, en síntesis, a dejar de ser quienes siempre hemos sido.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 12 de septiembre.
Más aún, ¿qué hay de la transparencia en el gasto de los partidos, como preguntaba Emilio Azcárraga? ¿Qué con los autoritarios excesos de esta nueva partidocracia, como señaló Pedro Ferriz de Con? ¿Qué con el respeto al ejercicio de la libertad periodística, como preguntó Joaquín López-Dóriga? ¿Qué con la falta de transparencia de los partidos como preguntaba Javier Alatorre? ¿Qué nueva era democrática puede construirse con tales atropellos —tipo régimen comunista— como señaló Javier Tejado?
Sí: la dizque reforma es sólo una forma de disfrazar la verdadera tentación casi expropiatoria, como dijo el dueño de Radio Fórmula. Sí, y tan así, que los senadores —y particularmente Pablo Gómez— no dejaron pasar la ocasión de amenazar: recuerden que son concesionarios, que el espectro "es del pueblo" (esa abstracción que siempre usan los pillos para justificar sus imperdonables actos). Algo así como "coopelan o cueio".
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 12 de septiembre.
Los conductores de unas y otras cadenas, con su asistencia solidaria, hicieron un solo bloque.
Los conductores símbolo de las televisoras competidoras: Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre, fueron el objetivo permanente de los flashes de cámaras fotográficas y de televisión.
Pedro Ferriz Decón, sin ambages y con la fuerza de un orador consumado, advirtió a los legisladores que hoy tienen en sus manos a los medios de comunicación.
Javier Tejado, abogado de Televisa e integrante de la Cirt, con cifras concretas demostró que los legisladores en realidad lo que buscan es aumentar gratuitamente el tiempo del que hoy disponen los partidos políticos a través de los tiempos oficiales y tiempos fiscales, para pasar de 48 a 70 minutos.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 12 de septiembre.
Magnífica la sesión de ayer en el edificio del Senado. Mucho tenían que decirse los políticos y los concesionarios de radio y televisión y se lo dijeron de frente y en vivo. Notables las intervenciones de nuestros compañeros de páginas: Joaquín López-Dóriga, Ricardo Monreal y Pablo Gómez. Impecable el tino de Rogerio Azcárraga, presidente de Radio Fórmula, al reclamarle a los senadores que la intención de entrar al aire tres minutos, de corrido, cada hora, mataría el rating “con puras cosas que no le interesan a la gente”.
Notable, asimismo, la desmemoria de algunos que se animaron a tomar el micrófono. Pedro Ferriz de Con, por ejemplo, quien en 2005, unos días antes del desafuero, le advirtió al aire a Andrés Manuel López Obrador que en Imagen radio cubrirían sus actividades hasta que mantuviera el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero que una vez que perdiera el fuero se olvidarían informativamente de él, lo desaparecerían. Pues bien, ayer acusó a los senadores de querer secuestrar a los medios de comunicación.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 12 de septiembre.
Las televisoras y las radiodifusoras fueron a la Torre del Caballito para advertir a los senadores sobre los riesgos de la reforma electoral promovida por algunos de ellos. Desde Cadena Tres, encabezada por Olegario Vázquez Aldir, hasta Televisa, presidida por Emilio Azcárraga; TV Azteca, bajo la conducción de Ricardo Salinas Pliego, y radiodifusoras fuertes, como Radio Fórmula que preside Rogerio Azcárraga, o Radio Centro, con Francisco Aguirre al frente, todos los medios electrónicos ven grandes riesgos con la reforma electoral propuesta
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 12 de septiembre.
El que estuvo ayer ante legisladores en la Torre del Caballito fue Ricardo Salinas Pliego. El empresario fijó la postura de TV Azteca de no realizar ventas ni recibir dinero de los partidos políticos en tanto no se aclaren las nuevas reglas de la relación entre los partidos, el IFE y los medios de comunicación. Salinas explicó que Azteca no quiere que la discusión de montos, orígenes y destino de los recursos económicos, cuya finalidad sea la promoción de los partidos políticos empañe la reforma electoral y ponga en riesgo el futuro democrático del país
Darío Celis, “Tiempo de negocios”, Excélsior, 12 de septiembre.
Andrés Roemer, uno de los símbolos de Azteca 40, señal irregular que está al aire gracias a un despojo bendecido por la corrupción de las autoridades de la administración foxista, enhebró un largo discurso sobre democracia, legalidad y no sé qué tantas otras virtudes.
Ernesto Vidal, quien se pasó el sexenio brincando de un cargo directivo en Los Pinos a uno directivo en TV Azteca, sin preocuparse siquiera por guardar las apariencias (ni dar explicaciones, claro), le exigió a los legisladores, como director de TV Azteca, transparencia en el proceso de la reforma electoral.
No cabe duda que para decir ciertas cosas en público se necesita ser… caradura.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 12 de septiembre.
¿Escuché bien y por la libertad de decir cosas (entre ellas que Enrique Peña Nieto es guapo) y la defensa de candidaturas ciudadanas Paty Chapoy se destapó a la Presidencia? Eso sí sería tener un sexenio en el balcón
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 12 de septiembre.
Así que, extraviado el foco de sus reclamos, los radiodifusores comenzaron hablando de todo y nada. Y cuando entendieron que las cadenas nacionales que estaban difundiendo esa sesión desde la Torre del Caballito lejos de amilanar a los senadores les daban más ánimo, involucionaron a un discurso insolente y ramplón. El hecho de que, hacia ese segmento de la comparecencia, eligieran como voceros a personajes de tan cuestionada fama pública como Ferriz De Con y Paty Chapoy, da cuenta del extravío de los concesionarios. Y cuando, instalado en la histeria, el abogado de Televisa Javier Tejado aseguró fuera de cualquier proporción jurídica o histórica que los senadores “están estatizando” a los medios electrónicos, era evidente quiénes habían perdido esa partida.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 12 de septiembre.
Así como Luis Carlos Ugalde llegó a convertirse, en defensa de su cargo, en impensable gladiador tardíamente defensor de la democracia, los concesionarios de radio y televisión, con sus estrellas conductoras al frente, se revelaron ayer, durante largas horas difundidas por canales insignia, como apasionados y en ocasiones insurrectos paladines de la antes mencionada democracia (ajonjolí de todas las facturaciones), la libertad de expresión, los derechos cívicos, la voz del pueblo, los supremos anhelos nacionales… ¡Oh, cuántos muros de honor habrán de faltar para esculpir en letras de oro los nombres (y las razones sociales) de tan súbitos héroes movidos por el patriótico interés de que no les sean retirados los fondos publicitarios electorales ni les sean tocados sus tiempos privilegiados de programación a las desinteresadas empresas que ayer se sacrificaron transmitiendo sin comerciales el intento de golpe mediático al Congreso, el respingo de última hora, el elogio del chapoyismo y el rating como cimientos morales de una nueva sociedad (facturable)!
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 12 de septiembre.
Inédito también, my friend, es que se haya transmitido el maravilloso debate en vivo y a todo color. Claaaro, el cierre de filas del duopolio y de los concesionarios de la radio demuestra que el interés... tiene pies. Y este asunto es vital, trascendental y fundamental porque pega donde más duele: el bolsillo. Así que el arte de la presión mediática apenas comienza. El arte de los mensajes. De las formas y el fondo...
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 12 de septiembre.
Qué apasionante tarde la de ayer en la —histórica, transmitida casi en cadena nacional, pero privada y voluntaria— sesión de comisiones del Senado con integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
Poder contra poder.
Uno constitucional y muy desacreditado, es desgraciadamente cierto. Que no tenía real poder hasta hace relativamente poco, digamos 1997, pero que ahora lo es: el Congreso que quiere hacer reformas.
Del otro lado uno fáctico y si se quiere, muy popular. Con el que todos quieren quedar bien… hasta hace poco.
Ambos, aunque tenían mucho poder, hasta hace poco realmente lo ejercen por motu proprio porque estaban sujetos, los dos, igualitos, a lo que decía el Presidente (ese poder omnipotente en México hasta hace muy poco).
Antes que nada, qué refrescante que algo así pase por televisión. Que se digan así de claro —aunque con ataques, hasta intolerancia a veces— que aquí hay una lucha clara. O varias. Por la libertad de expresión, sí… claro y eso es muy importante. Pero también una expresión clara de intereses en algunos sentidos megacontradictorios. Públicos y privados. Y de dinero, ni cómo decir que no.
Lo dijo ayer primero Pepe Cárdenas y es claro (¡aunque suene a trabalenguas!). Ahí le va: es una lucha de parte mayoritaria de la “partidocracia” contra la “mediocracia” (donde se divide ya claramente a la “radiocracia” de la “telecracia”), donde por cierto ambos se acusan de plutocráticos… y todo en el ámbito de un necesario repensar de la democracia mexicana
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 12 de septiembre.
Que uno de los momentos más tensos de la larga reunión de ayer entre senadores y representantes de los medios electrónicos fue cuando el panista Ricardo García Cervantes le espetó un “¡Sus cifras son falsas!” a Javier Tejado Dondé, vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y abogado de Televisa.
Tejado Dondé no había hecho otra cosa más que exponer el dato duro de que, de aprobarse como está la reforma electoral, el costo del día a día de las campañas presidenciales aumentará 41 por ciento, sólo en recursos en efectivo. Si por día de campaña en 2006 los partidos gastaron 28.7 millones de pesos, la cifra en 2012 sería de 40.5 millones.
García Cervantes le dijo mentiroso a Tejado Dondé, pero se le olvidó aportar cifras.
“Trascendió”, Milenio, 12 de septiembre.
La forma en su comparecencia la aportaron los radiodifusores con una insólita cobertura mediática. Tan reacios como son a las cadenas nacionales, ellos hicieron la suya propia con la transmisión simultánea en todas las televisoras y prácticamente todas las radiodifusoras afiliadas a algún consorcio comunicacional. Pero el fondo del discurso que buscaron difundir con tanto estruendo resultó patéticamente endeble.
Algunos miembros de la CIRT se refirieron a temas de la reforma electoral distintos del que los había convocado: reelección de los legisladores, candidaturas independientes. Otros, recalcaron los riesgos que la iniciativa de reformas constitucionales podía implicar para la libertad de expresión. La premura con que ha sido redactada deslizó en la iniciativa un párrafo que habría podido ser interpretado para vulnerar los derechos de opinión y crítica. Nadie “podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”, se decía en una de las adiciones propuestas al artículo 41 Constitucional.
Con esa disposición se pretende evitar mensajes como los que patrocinó el Consejo Coordinador Empresarial poco antes de la elección presidencial del año pasado. Los senadores reformaron esa propuesta para que diga que nadie “podrá contratar la difusión de mensajes...” Asunto resuelto. Estará prohibida la propaganda electoral que no sea producida por los partidos y esa disposición no será pretexto para censura alguna.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 12 de septiembre.
Con sus tres minutos cada hora, los partidos políticos van a derrumbar el rating.
No podemos volver a la época de la mordaza. No podemos volver a los peores tiempos del priismo, que mantuvo y ejerció por 70 años un control absoluto sobre los medios de comunicación, dijo.
Los ánimos en la reunión estuvieron al máximo.
Y es que la noche previa las televisoras habían pintado su raya respecto de la iniciativa de ley. TV Azteca aseguró que la inconformidad de la industria no se explica en función del dinero que destinan los partidos políticos a la publicidad de sus campañas políticas.
Y para probarlo aseguró que a partir de ese momento no aceptaría dinero alguno de los partidos políticos hasta que no se defina el tema de la iniciativa de ley.
Televisa, con un mensaje más moderado pero igualmente firme, también expresó su inconformidad.
La controvertida iniciativa de ley logró la unanimidad de los medios de comunicación.
Ahí se mostraron como un solo frente las televisoras y las radiodifusoras.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 12 de septiembre.
Pero en medio de esa exhibición de repentino interés por la nación y la libertad, algunos concesionarios acuden de buena fe, especialmente algunos radiodifusores realmente amenazados de muerte, al quinto piso del edificio de cristal de los senadores y ahí hablan de sus preocupaciones perfectamente divididas en dos partes: lo político general (los riesgos de la opinión) y la político empresarial (la posibilidad de quiebra).
En el primero de estos dos grandes campos los concesionarios toman la medida antes reservada al gobierno: el encadenamiento de sus frecuencias para cubrir dos necesidades. Por una parte exhibir el músculo y por la otra ofrecer una estrategia común ante los riesgos ya descritos.
La reunión de los concesionarios fue difundida con amplitud por sus medios no por satisfacer el interés de los ciudadanos (fue cosa de última hora) sino por la amenaza contra los propietarios de los medios. La afrenta legislativa se convirtió en cadena.
Pero más allá de la intención por cuyo impulso actuaron los hombres de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, el ejercicio de consulta no tiene otro nombre sino extemporáneo.
Pedir la opinión de los industriales de la Cámara cuando ya se ha terminado la redacción del trabajo legislativo, y la mayor aspiración consiste en un cambio menor, no tiene mucho sentido. Es más, no tiene sentido.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 12 de septiembre.
Cuando el senador Ricardo Monreal les dio a conocer esa modificación, los dirigentes de la CIRT se quedaron sin el argumento central de su comparecencia. Pero estaban encarrerados y siguieron como si no hubieran escuchado. No defendían prerrogativas de la sociedad sino sus propios intereses.
El desasosiego de los representantes de TV Azteca y Televisa no se debía al afán de reivindicar la libertad de expresión de los ciudadanos sino al dinero que dejarán de recibir gracias a la decisión de los legisladores para evitar cualquier contratación de propaganda política en los medios electrónicos. Esa es la causa que movilizó ayer a los dueños del poder mediático. Se trataba de una batalla de antemano perdida porque la víspera, en un comunicado que difundieron en sus noticieros, los radiodifusores habían admitido el fin de la propaganda pagada en medios electrónicos.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 12 de septiembre.
A lo largo de las diversas intervenciones se dijeron muchas verdades a medias, que son, ya sabe, mentiras completas. Se habló de la amena censura en los tiempos del PRI cuando en tiempos más recientes, léase de Fox, con el poder de una llamada telefónica del procurador Macedo de la Concha se aplicó, sin ataques de ética, la censura. Ayer, legisladores y concesionarios dieron un estupendo espectáculo de dos mundos. Dos realidades. Dos poderes. Que por cierto se juntaron, coquetearon, pactaron y confabularon en el pasado, al percibir el peligro para sus intereses.
El divino problema es que en estos aciagos tiempos esa ocurrente práctica no conlleva armonía... ni equidad. Lo interesante del ejercicio de ayer en el Caballito es que hay verdadera molestia de los poderes fácticos ante la agenda de los tres principales partidos políticos que dan señales de unidad en torno al reformón electoral... donde la estrella de Ugalde & associates será arrojada al canal.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 12 de septiembre.
Algunos concesionarios ayer por la tarde exponían preocupaciones sensatas pero otros nunca pudieron explicar dónde comienzan los intereses de la industria, dónde los de la sociedad, en cuál confín los de la democracia y por supuesto el incógnito rincón de sus negocios exclusivamente personales.
Con la boca llena de conceptos como responsabilidad, nacionalismo, patriotismo, méritos en campaña, prolongado currículum y demás, recibieron al menos una seguridad: el párrafo en torno de la prohibición para externar opiniones cuyo contenido pudiera desviar preferencias electorales, mezclado con la vaguedad de la contratación por terceras personas, ya fue eliminado del dictamen.
Hoy la materia de tan aguda discusión en la cual los concesionarios tuvieron el auxilio de algunos comentaristas, tuvo como materia un predictamen. El trabajo legislativo no se ha terminado y si bien este documento sujeto ahora a la primera lectura pasará a la Cámara de Diputados casi igual a como fue conocido a fines de la semana anterior, todavía quedan muchas cosas por hacer y decir.
La principal de ellas es la necesidad de negociar desde ahora en San Lázaro para lograr —si en verdad la CIRT quiere incidir en estos contenidos— aportaciones considerables y convenientes.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 12 de septiembre.
El tema central del debate fue la decisión de la reforma de terminar con la compra partidista de tiempo para espots de publicidad de campaña por la queja de las tarifas caras y la utilización del espacio del Estado para las campañas. Sin embargo, la reunión hizo aflorar mayores contradicciones y huecos e insuficiencias de la reforma electoral, muchas de ellas relacionadas con la disminución de la libertad de expresión y la criminalización de la crítica.
En este contexto, la reforma electoral derivó en un tema bastante delicado: la revisión del papel político de los medios de comunicación electrónicos. La clave se localiza en el punto cinco del proyecto de dictamen de las comisiones, donde se alerta del poder de la televisión:
"Bajo tales tendencias (el auge de las comunicaciones), que son mundiales, la política y la competencia electoral van quedando sujetas no solamente a modelos de propaganda que les son ajenos, sino también al riesgo de sufrir la influencia de los dueños o concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión o de otros grupos con el poder económico necesario para reflejarlo en esos medios de comunicación, que de tal situación derivan un poder fáctico contrario al orden constitucional."
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 12 de septiembre.
En el ánimo de propietarios y conductores privó todo el tiempo la pasión, pero también la incertidumbre.
Y es que como se lo dijeron a sus interlocutores tenían la duda de que la reunión hubiera sido una mascarada de diálogo porque extraoficialmente sabían que los legisladores tendrían una reunión posterior para iniciar el camino de aprobación del controvertido dictamen.
Sin duda, fue un choque de trenes.
La mediocracia se enfrentó a la partidocracia.
Fue una reunión inédita, cuyo desenlace todavía no se escribe.
Al tiempo.
Marco Antonio Mares, “Ricos y Poderosos”, Crónica, 12 de septiembre.
EL DE AYER fue el mejor "reality show" que se haya visto en la pantalla chica.
NI AL MÁS CREATIVO de los guionistas se le había ocurrido antes un debate entre senadores y empresarios de la radio y la televisión, apoyados por conductores de noticiarios y de programas de espectáculos. Nomás faltó Brozo.
QUIZÁ lo más interesante fue el "spin" que sufrió el discurso de las televisoras y las radiodifusoras, que pasó de la acalorada defensa del IFE al tema de la libertad de expresión y de ahí al franco reconocimiento de que su molestia es por la pérdida del negocio de los spots electorales.
COMO SEA, no deja de ser notorio que en lo que va del año dos de los tres Poderes de la Unión se hayan tenido que ver las caras frente a frente con esos otros "Poderes": los de la pantalla y el micrófono.
PRIMERO FUE la Suprema Corte cuando anuló la Ley de Medios pese a la metralla televisiva, y ahora el Senado con la batalla por los spots.
EN SU MOMENTO, los ministros hicieron valer su propio peso y todo indica que los senadores parecen ir por el mismo camino, aunque nadie puede cantar victoria todavía.
Y ES QUE tanto los empresarios como los minipartidos -léase Convergencia y el Partido Verde- insisten en que, por lo menos, se posponga unos días la aprobación de la reforma electoral para ganar tiempo... de presión.
SEGÚN DICEN los malpensados, la idea de alargar el asunto es esperar a que regrese hoy por la tarde Felipe Calderón de su gira, pues el Ejecutivo es el único Poder que no ha dicho ni pío en esta controversia.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 12 de septiembre.
¡Tienen razón las televisoras en sus posicionamientos sobre algunos puntos de la reforma electoral que promueve el Senado de la República! Afirman los observadores políticos objetivos, imparciales, enhiestos y erectos.
La empresa Televisa, por ejemplo, manifiesta su preocupación por aquellos aspectos de la mencionada reforma que tocan asuntos fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión, como la prohibición para difundir mensajes -dice la propuesta- "susceptibles de influir en los procesos electorales", postulado que podría dar paso a la censura periodística. Televisa subraya que "el signo de la democracia no debe ser el dinero, ni éste puede estar por encima del debate de las ideas"; saluda la decisión de sacar el dinero como motor de los procesos electorales y respalda la iniciativa de reducir el financiamiento público y privado de las campañas electorales y de eliminar la contratación de espots para propaganda política.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 12 de septiembre.
El resultado evidente es que los medios no están dispuestos a acompañar los nuevos términos del pacto político que se está gestando entre los partidos y, por eso, están apostando al statu quo. Personalmente, no tengo ninguna duda sobre la importancia de quebrar esa relación ominosa entre partidos y medios, que ha dañado a la construcción democrática de México tanto como la deslealtad de los propios partidos. Pero me pregunto, con sinceridad, si es posible imaginar un nuevo pacto político de largo aliento sin el respaldo decidido de los medios masivos y sin una fórmula que les permita sumarse al proceso (aun perdiendo el dinero de las campañas, pero recuperando tiempos de Estado, por ejemplo.
Tal como están las cosas, sin embargo, parece que asistimos a la revuelta de una oligarquía que se enfrenta a la rebelión de un oligopolio. Pero nada de eso tiene que ver con la democracia, que para serlo tendría que mirar solamente hacia la imparcialidad de las reglas y hacia los ciudadanos que votan, mediante un pacto político capaz de mirar lejos. Todo lo demás es inútil
Mauricio Merino, El Universal, 12 de septiembre.
Estar ayer en las oficinas del Senado, hablando sobre el futuro de una reforma que se intentaría votar apenas unas horas después, fue decepcionante: la soberbia y la distancia con la realidad de muchos de los senadores presentes, incluidos algunos de los legisladores más sólidos de los diferentes partidos, hablando una y otra vez de la democracia y la libertad, pero sin hacer concesión alguna con respecto a sus propias atribuciones, cuando están engendrando una suerte de golpe totalitario contra las instituciones democráticas, sólo podía compararse al senador Pablo Gómez reclamando el respeto a su investidura cuando amenazaba a los medios de comunicación y hablaba de respetar el voto ciudadano que lo había llevado a esa posición (¿sólo se debe respetar el voto que lo llevó a él al Senado?); o a María de los Ángeles Moreno tratando de explicar que la mala imagen de los partidos y el Congreso es porque no pueden en quince segundos explicarse a la ciudadanía; o a Ricardo García Cervantes diciendo que se había abierto la consulta sobre el tema desde abril pasado, si la primera reunión con la Cámara y los comunicadores se estaba realizando cuando se intentaba apenas dos horas después aprobar, sin cambios, un dictamen con el cual los partidos intentan quedarse con todo a cambio de nada: con el control del IFE, del Tribunal Electoral, con los espacios de los medios, con el dinero. Y sin siquiera informarle al conjunto de los legisladores qué es lo que negocian. Hugo Chávez estaría feliz
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de septiembre.
Por eso allí, ante los senadores de las Comisiones Unidas, me levanté identificándome como habían pedido:
“Yo me llamo Joaquín López-Dóriga y soy un trabajador de los medios de comunicación; yo trabajo en Radio Fórmula, yo trabajo en Televisa, yo trabajo en MILENIO. Pero hoy no vengo representando a nadie, a penas a mí mismo, por lo que hablaré no de lo que aquí se ha dicho, sino exclusivamente de mis preocupaciones, de mi oficio (...). Yo quiero referirme a este artículo (el ya transcrito).
“Me ha dicho hace un momento el senador Jesús Murillo que ha sido ya modificado, enhorabuena y que así permanezca, modificado. De no hacerlo se estaría creando un nuevo nivel de ciudadano con una inmunidad que no tienen los demás, ni siquiera ustedes los legisladores. Porque hoy nos podemos decir las cosas, criticar, y ustedes reviran y ahí la llevamos. Pero de aprobarse esta propuesta como se plantea, eso sería violar la Constitución, lo que me parece algo gravísimo y un precedente, ya constitucional, de lo que ha sido una tentación permanente de cualquier expresión del poder: la censura (...). Yo les pediría muy respetuosamente que, si ya se hizo la reforma a este texto que reforma la constitución, que así se quede, que ya no haya más modificaciones para que la libertad de expresión no sea víctima de modificaciones legales”.
Anoche, salvo esa modificación, por mayoría de estas comisiones, se buscaba aprobar el proyecto, ya decidido desde antes del encuentro con concesionarios y comunicadores en lo que fue un ejercicio del derecho al pataleo.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 12 de septiembre.
Se dice que las concesiones de televisión son un bien de la nación, que están precisamente para dar un servicio público. Sin embargo, las empresas televisoras pagan originalmente un Impuesto sobre la Renta (ISR) como cualquier Sociedad Anónima. De hecho, erogan 12.5 por ciento del tiempo aire adicional.
Por tanto, el paso adelante en la reforma electoral inhibirá nuevas inversiones de estas empresas y lesionará sin duda su viabilidad financiera.
Por si fuera poco, todo hace suponer que, en el futuro, los legisladores se irán encima contra otros sectores donde se utiliza o se opera un bien público como carreteras, puentes o aeropuertos
Darío Celis, “Tiempo de negocios”, Excélsior, 12 de septiembre.
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Cadena Tres, Televisa y TV Azteca coincidieron en señalar que se está legislando de espaldas a la sociedad y advirtiendo sobre los graves riesgos que se plantean. La televisora de Ricardo Salinas Pliego fue más allá al decir que no aceptará dinero de los partidos políticos en tanto no se aclare esta situación. Los medios de comunicación, nuevamente, han dejado claro que lo importante es la democracia, proteger al IFE de los intentos abusivos de los partidos políticos.
Los daños a la democracia van en contra de todos los mexicanos y mucho más temprano que tarde causarán quebrantos en la economía. Los abusos que hoy cometen los políticos se reflejarán en niños que mueren de enfermedades curables, jóvenes que no consiguen empleo y padres de familia que no pueden tener acceso a satisfactores mínimos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 12 de septiembre.
Albricias, albricias, ¿Qué pasó en el país? ¿Qué fuerzas ocultas se movieron al interior de la nación? ¿Cuáles fueron los brujos que actuaron para que esto haya sucedido? ¿Quién fue el gran creador, titiritero o diseñador de este hermoso espectáculo de debate público? Sinceramente, me siento sorprendido de haber gozado tanto una discusión en el Senado de la República la tarde del martes, pues parece que por unas horas el país llegó al primer mundo democrático. Que diferencia, que altura de debate, que acierto de haber montado una “pseudo” cadena nacional por televisión abierta y en muchas estaciones de radio para escuchar las discusiones en torno a la reforma electoral y el acceso de los partidos a los medios de comunicación; pero ahora me pregunto parafraseando al sabio sociólogo y sicólogo popular Juan Gabriel: “Pero qué necesidad”. ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué ahora la industria de la radio y la televisión se siente ofendida y por qué el Congreso se siente amenazado? ¿Por qué hasta ahora? ¿Será que la vorágine electoral y su diluvio de millones de pesos nos cegó el año pasado? Eso es lo que más me entristece, que los verdaderos problemas del país como la estancada economía, la creciente pobreza, la pérdida de competitividad y las frustraciones de emprendedores, de ciudadanos, de empresarios, de indígenas o de padres de familia no sean dignas de crear una cadena nacional similar a la del martes cuando vimos la película: Duelo de titanes.
Hugo González, “Tecnoempresa”, Milenio, 12 de septiembre.
Con la insolencia característica de los dueños del dinero, los concesionarios, sus ejecutivos y hasta sus estrellas del espectáculo y la farándula hicieron uso y abuso de las radiofrecuencias –que son una extensión del territorio nacional y, por tanto, un bien público– para efectuar una defensa multitudinaria, y en ocasiones vitriólica, de sus intereses económicos privados, y para denostar el proyecto legal que propone eliminar los gastos publicitarios discrecionales en las elecciones y canalizar la propaganda partidaria a los tiempos oficiales del Estado. Se ampararon en la pretendida defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia política, para abogar por lo contrario: el mantenimiento de un orden mediático que excluye a la enorme mayoría de la población, que desinforma a conciencia y que ha dado surgimiento a fortunas económicas e influencias políticas incompatibles con la democracia y la transparencia.
Tales discursos exhibieron su falsedad minutos después de pronunciados, cuando el duopolio televisivo censuró sin ningún pudor la intervención del senador panista Ricardo García Cervantes, contraria a sus intereses. La misma actitud censora se impuso el 1º de septiembre para sacar del aire la intervención de la diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, arguyendo que no se les había ordenado cadena nacional, y en cambio ayer la hicieron motu proprio.
Editorial, La Jornada, 12 de septiembre.
Y es que luego surgen las dudas: ¿Acaso los espacios radioeléctricos que permiten ver y oír lo que pasa en la tele, no son del Estado, es decir: de la gente? Porque si es así, la gente debería estar bien enterada, por ese medio, de lo que propone cada candidato, y cuáles son los métodos que usará para llevar a efecto tales propuestas, y si para eso hacen falta horas y horas de transmisión, pues que se utilicen, eso impedirá que se cometen errores tan graves como la elección de Vicente Fox, o el fraude de 2006. Habrá entonces una mejor ciudadanía.
Pero la voz no nos deja caer, otra vez, en un yerro. La tele no es nada más para el que paga mucho, la tele también es divertimiento. ¿Qué sería del ciudadano del siglo XXI sin un debate entre candidatos? ¿Cómo puede el hombre común tomar una decisión frente a la urna si es ignorante del color de la ropa interior del que pretende ser presidente de la República? No, la tele educa, guía, busca meter en esos rincones oscuros de la mente de los ignorantes, un poco de luz patriótica, y eso es para la mayoría. Por eso la tele es democrática.
Miguel Ángel Velázquez, “Ciudad Perdida”, La Jornada, 12 de septiembre.
Más allá de que no haya precedente y más acá del “mejor tarde que nunca” y “de lo perdido lo hallado”, el debate de senadores, concesionarios y periodistas de radio y televisión es encomiable: su difusión sirvió, no desde luego para mejorar la propuesta electoral o matizar la voracidad de los partidos grandulones, pero sí para que las audiencias de radio y televisión atestiguaran el cruce de reproches, razones, dudas, juicios, prejuicios, preguntas, elusiones, respuestas, propuestas y temores frente a una iniciativa que deja entrever la chavización mediática que viene.
Desde temprano, los legisladores habían enmendado la idiotez contra el ejercicio periodístico que redactó uno de los muchos ignorantes que lo integran, pero serán vilmente amordazados los hijos de vecino que quieran contratar espacios para criticar o denunciar pillerías de aspirantes a puestos de elección, o postularse como candidatos ciudadanos y hacerse propaganda, porque los partidos mantendrán su jugoso monopolio.
Carlos Marín, “El asalto a la razón”, Milenio, 12 de septiembre.
Bajo el seudoargumento de que quieren "abaratar" la democracia (en realidad los partidos políticos nos seguirán costando la misma y hasta más lana de la que nos han costado hasta ahora), bajo ese argumento, políticos que llevan viviendo del presupuesto durante toda su vida, como los que intervinieron ayer en la sesión con la CIRT, intentando por todos los medios protegerse de que digamos lo que en realidad son: unos burócratas legislativos, unos quistes nacionales, improductivos parásitos del Poder Legislativo, sempiternos trapecistas del presupuesto. ¡Y además de callarnos, quieren jetearnos! Porque pretenden poner sus aburridas caras y soporíferos choros en la pantalla, utilizando los famosos (y dictatoriales) "tiempos oficiales". ¿Usted se soplaría una retahíla de cinco minutos en televisión pronunciada por el ronco pecho de Arturo Núñez? ¿O la retórica revolucionaria de María de los Ángeles Moreno? ¿O el insoportable despecho de Ricardo Monreal? ¿O la somnífera solemnidad de Alejandro Zapata Perogordo? Y sí: son taaaan aburridos, que ¡nos van a matar el rating!, tal como lo advirtió don Rogelio Azcárraga
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 12 de septiembre.
Una “falla técnica” impidió que Televisa se enlazara desde el principio a la reunión de la CIRT, en la que se propuso lo que llamaron un “referéndum por la libertad”, que no es otra cosa que una consulta pública sobre el tema electoral, que ya es casi imposible.
A Bernardo Gómez se le vio en los pasillos hablando por teléfono y preguntando casi a gritos por qué los técnicos y reporteros de Televisa no habían llegado a tiempo al evento. En todo caso, lo que vimos ayer, junto con la visita del martes al Senado, es una confrontación que apenas comienza; una batalla en la guerra que se avecina por la ley de medios, en la que Congreso y la poderosa industria de la radio y la televisión chocarán con todo
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 13 de septiembre.
Fueron implacables los empresarios, buscan doblar a los senadores, llevaron a todas sus estrellas en un acto intimidatorio, que afortunadamente no les salió como esperaban. Solo faltó decirle a esa gente que, mienten, cuando hablan de las grandes contribuciones que hacen en impuestos. La Ley de Ingresos precisa que cada concesionario tiene que pagar una especie de derecho de antena y la cantidad es de 2 mil 750 pesos, mientras que en el extranjero, la cuota es de miles de dólares.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 13 de septiembre.
El dinero, mi estimado, es una garantía de que se podrá obtener lo deseado en el futuro. Espléndida la delicada guerra de vencidas entre dos de los poderes que mueven la simpática cuna nacional: el Legislativo y los fácticos.
Lo realmente divertido es que el duopolio televisivo y sus entretenidos satélites lograron poner de acuerdo a las tres fuerzas políticas del país. Lograron, my friend, lo inusitado: PRI, PRD y PAN de la mano enfrentan los intereses de Televisa y Tv Azteca y de paso a la CIRT. Fabuloso.
El respetable no deja de asombrarse ante la curiosa actitud envuelta en la bandera sobre la libertad de expresión que azota las conciencias de muchos. ¿Pues de qué tamaño es el golpe al negocio del espoteo? O mejor aún, mi querido lector, ¿cuál será la otra razón por la cual se desataron los demonios y la cólera empresarial...?
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 13 de septiembre.
Hasta la casona de Xicoténcatl había llegado la noticia de la reunión cumbre celebrada horas antes por los concesionarios, en la sede de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. En ese acto, al que acudieron también los conductores estrella de las diferentes cadenas, el periodista Sergio Sarmiento leyó un pronunciamiento titulado Referéndum por la libertad.
El pronunciamiento incluía una queja referente al encuentro, en la víspera, de concesionarios y conductores con los legisladores. "Los puntos de vista que expresamos en esa reunión fueron simplemente descartados, en una decisión que estaba ya previamente tomada", decía el texto. Añadía: "Exigimos un referéndum, una consulta popular (sobre la reforma electoral), para que los mexicanos expresen su opinión de manera directa, y sin participación alguna de la partidocracia".
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 13 de septiembre.
LA ESCARAMUZA verbal protagonizada entre los senadores del Frente Único Partidocrático y el batallón de Caras Vemos Razonamientos no Conocemos que conformó la CIRT, de última hora, para defender sus intereses, tradúzcase recorte al gasto publicitario en campañas y candados para la contratación impune de spots con cargo al erario, nos volvió a reivindicar como paraíso surrealista. Hicieron bien en deslindarse como representantes de esa nefasta cámara algunos periodistas antes de participar. La CIRT cometió un grave error de estrategia. Ese improvisado ejército de conductores, buenos en el manejo de la oratoria, pero con poco entrenamiento en el difícil arte de la articulación sin telepronter, nos brindó la posibilidad, de manera tangencial, de tomar algunas mediciones.
David Gutiérrez Fuentes, “Perro Mundo”, Crónica, 13 de septiembre.
¿DE QUÉ se espantan los concesionarios de la radio y la televisión?
CONCESIÓN, diría la Real Academia, significa entregar un permiso para explotar o prestar un servicio público en un plazo determinado y bajo ciertas condiciones.
ES DECIR, si el mismo concepto del permiso que tienen para utilizar las frecuencias del espacio radioeléctrico implica aceptar las condiciones del gobierno, ¿por qué sorprenderse ahora de que el Estado quiere hacer cambios -por ejemplo- en el uso de los minutos oficiales de publicidad?
ADEMÁS, que no se les olvide que antes poco se les exigía y el tiempo oficial lo otorgaban casi, casi, como si fuera un favor que le hacían al gobierno... y ni siquiera lo pagaban completo.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 13 de septiembre.
El debate sobre los medios de comunicación, por lo demás, apenas está comenzando. No veo motivos para la desesperación. El encuentro del martes en la Torre del Caballito abrió un apasionante espacio para discutir y acordar. Viene en camino una nueva Ley de Radio y Televisión, reglamentos, transitorios…
Los políticos, a los que tanto hemos criticado por no saber llegar a acuerdos, ya midieron el tamaño de su musculatura cuando se expande el 93 por ciento. Algunos, despectivamente, lo llamaran “partidocracia”. Yo prefiero decirle 93 por ciento.
Toca ahora a los empresarios de los medios hacer el ejercicio de imaginación para tejer una nueva etapa. Es entendible su mal humor por la forma pandillera con la que el Senado sacó la reforma electoral y los sacó del negocio de la propaganda política. Pero a esto le falta mucho. Mucho.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 13 de septiembre.
No es un asunto de paranoia periodística, sino una posibilidad real ante la actitud mostrada por algunos senadores durante la reunión que tuvieron con radiodifusores y periodistas el martes pasado. No se equivoca Pedro Ferriz de Con cuando le dice a los senadores que "el país es suyo", porque así lo sienten y así lo manejan los partidos, en una confusión democrática de querer suplantar a la presidencia imperial con la tiranía partidista. Y vaya que lo están consiguiendo.
Las palabras de Ferriz de Con provocaron un doble efecto: que aflorara la intolerancia de los senadores cuando se les critica —sobre todo en cadena nacional— y, ante la falta de argumentos sólidos, recurrieran a las mentiras para adornar su discurso demagógico y gastado.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 13 de septiembre.
A la propuesta de usar los tiempos oficiales en las campañas, en vez de gastar ingentes sumas para ello, algún asesor refirió que era como un “mecanismo de la era soviética para mantener el status quo de los grandes partidos”. La imprecisión como norma, la desconfianza como única fuente de credibilidad: la palabra “expropiación” se pronuncia con la boca llena, conjurando a los fantasmas del pasado. Acaso por ello el locutor Pedro Ferriz de Con fabricó la frase del día al señalar: “Estamos absolutamente en sus manos, somos de ustedes, ésta es una concesión del país y el país es suyo”. Nada que agregar a tamaña arrogancia. En una mentalidad donde solo cabe ser “dueño” o vasallo es imposible vislumbrar el “interés público”, aun cuando el tema sean las concesiones de un bien de la nación o el permiso del Estado para utilizarlo
Adolfo Sánchez Rebolledo, La Jornada, 13 de septiembre.
La rebelión comercial de los micrófonos mandó ayer al diablo las instituciones y opuso a un proceso legislativo consumado la tesis sin sustento legal de un referéndum particular, espot por espot y rating por rating. Golpistas televisivos y radiofónicos engallados (con las cúpulas empresariales agregadas) que pretenden fabricarse su propio fuero, con Paty Chapoy preguntándose si podrá ser candidata ciudadana a la Presidencia de la República y Pedro Ferriz de Con adjudicando al papel de los conductores de programas periodísticos electrónicos una validez constitucional equivalente a la de los diputados y senadores: los mandatarios “legítimos” de la República ventaneados por sí mismos en la histérica parodia denominada Cuando está en riesgo el privilegio de mandar
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 13 de septiembre.
El nivel de histeria que priva en los medios ante el inminente recorte de una entrada que posibilitó toda clase de bajezas. No es el dinero, se empeñaron en decir, es la “libertad de expresión” lo que está en juego. Las diatribas de un señor apellidado Niño de Rivera y de Ferriz de Con ostentándose como defensores de la sociedad, no resisten la menor prueba. Lo peor es que el primero de ellos se siguió paseando por la cartelera noticiosa al servicio de Salinas Pliego provocando lo que esa televisora causa en un buen número de televidentes: pena ajena. El clímax de esta falsa disyuntiva se alcanzó cuando una conocida conductora de espectáculos le preguntó a los legisladores que si con la reforma electoral se le privaría de su derecho a expresar que un político es guapo.
David Gutiérrez Fuentes, “Perro Mundo”, Crónica, 13 de septiembre.
La reforma electoral en el Congreso, parte sustancial de la reforma del Estado, tocó finalmente la fibra más delicada en la relación de los medios electrónicos y el Estado, el dinero.
Y el hecho también inédito del enlace de dos cadenas nacionales "voluntarias" -así, entrecomillado- en las que los concesionarios integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) salieron a dar manotazos contra los legisladores, reveló simplemente que los empresarios de la comunicación unieron fuerzas para, llanamente, defender sus intereses.
Por qué no hubo airadas protestas cuando Vicente Fox firmó el decretazo; por qué no hubo resistencia ante el otorgamiento de los permisos para las casas de juego.
Viéndolo de manera positiva, los medios electrónicos tendrán una menor dependencia de los recursos públicos y el nuevo mecanismo de contratación de espacios por medio del IFE será limitado, pero deberá ser equitativo para candidatos y partidos.
Por ahora, lo que se sabe es que después del encontronazo del 11 de septiembre en la Torre de El Caballito, el Senado salió fortalecido.
Jesús Sánchez, “Recuento Político”, El Financiero, 13 de septiembre
La exhibición pública del pasado martes, que en cadena nacional privada mostró a senadores de todos los partidos y concesionarios de radio y televisión —además de periodistas— en un inédito intercambio de opiniones y puntos de vista sobre la reforma electoral, se ha querido presentar como una batalla entre “buenos y malos”, entre defensores y/o impugnadores de la democracia, la transparencia y hasta de libertades como la de expresión.
Para una parte de la opinión pública, los buenos son los senadores de los tres grandes partidos políticos, que cual héroes patrios le arrebataron al diablo mediático no sólo un jugoso negocio a costillas del dinero público, sino la capacidad de someter por igual a partidos, políticos, candidatos y, especialmente, controlar los procesos electorales. Para el otro bando, los buenos son los poderosos barones de los medios, de la radio y la televisión, que en el insólito han lanzado una cruzada contra el demonio de la partidocracia, en defensa de la democracia, la transparencia y la libertad de expresión
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 13 de septiembre.
Más de cuatro horas después de un espectáculo cómico satírico transmitido en cadena nacional improvisada, los senadores continuaron con la primera etapa de su minigolpe de Estado, procurando la aniquilación de la radio y la televisión privadas de este país, so pretexto de modificar las reglas del juego electoral.
De golpe y porrazo, si la intentona golpista progresa, decenas de trabajadores —mayormente en el interior de la República— van a perder sus empleos y pequeñas empresas cerrarán sus puertas. Como si esto no fuese importante, un atentado flagrante a las libertades de expresión, de comercio, sí, y al derecho a la información estará consumado.
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 13 de septiembre.
Al modo lorquiano, los senadores de TV Azteca y de Televisa, Jorge Mendoza y Javier Orozco, se portaron como quienes son. En la prolongada sesión de comisiones anteayer buscaron al menos demorar la aprobación del dictamen. Como si ignorara la naturaleza y composición de dichas comisiones, el regiomontano Mendoza arguyó frente a los dirigentes de la Cámara Nacional de Radio y Televisión concesionarios y conductores: "No creo que se haya traído a los medios de comunicación para hacerlos hablar y tirar todas sus inquietudes a la basura; estamos aquí menos de la mayoría del Senado y los que no están aquí no conocen el predictamen, el contenido de la discusión no lo conocen, ¿por qué no darles la oportunidad de que lo conozcan y lo revisen con puntualidad?". Orozco, que entró por la vía subrepticia de la suplencia, dijo por su parte no estar de acuerdo en que "se establezca la posibilidad de cancelar las transmisiones de radio y televisión que resulten violatorias de la ley", algo que no se dice en ninguna parte de la legislación proyectada.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 13 de septiembre.
Del 11 de septiembre de 2007 pudo haber datado un día histórico para México: esa fecha podía haberse recordado por el nacimiento de un poder ciudadano formado por periodistas, al decir ¡no! a los congresistas empecinados en poner límites a la libertad de expresión. Lo que pudo ser, no fue... por el momento.
Para contener un poder, se le debe oponer un poder igual o mayor, y eso es lo que ocurrió el martes pasado durante una sesión de las comisiones del Senado que dictaminaron la reforma electoral.
Lo que hicieron varios connotados periodistas no tiene referente cercano en la historia del país y deriva de que los congresistas, aun habiendo sido elegidos en las urnas, dejaron de ser genuinos representantes de los intereses de la sociedad.
Oscar Mario Beteta, “En petit comité”, Milenio, 13 de septiembre.
Ni a quien irle, tan malo el giro como el colorado.
La TV, fue soldado del poder, para usar su sombra.
Ya gigante, nada hizo por el desarrollo del país, por su superación.
Pudo elevar su nivel, pero se quedó en la cursilería y el mal gusto.
El que vino para competir, se le sumó.
Impusieron su ley, manipularon, pisotearon, a todo y a todos.
Gritan ahora que les pegan en la bolsa
Pepe Grillo, Crónica, 13 de septiembre.
Colocada en alerta permanente frente a lo que se ubicó como burla del Senado de la República, al aceptar la convocatoria para un foro cuando estaba cocinado ya el dictamen de la iniciativa de reforma electoral que prohíbe la contratación de spots en campañas políticas, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión realizó ayer al mediodía una reunión urgente del pleno.
Al evento, más allá de los concesionarios, acudieron los principales conductores y comentaristas.
Los tambores de guerra, pues, están sonando, por más que quedan aún dos cartas: convencer a la Cámara de Diputados de realizar modificaciones… o exigir el veto presidencial
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 13 de septiembre.
Los concesionarios de radio y televisión no se quedaron cruzados de brazos con la reforma electoral que prohibió la contratación de propaganda electoral por parte de los partidos. Ayer, en voz del periodista Sergio Sarmiento, exigieron que se haga un referéndum —”sin participación de la partidocracia”—para ver si la población acepta las modificaciones legales, que incluyen el descabezamiento del IFE
“Binoculares”, El Gráfico, 13 de septiembre.
Ya no se sabe quién defiende a quién. Los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión se han opuesto a la reforma electoral, primero con el argumento de que no se podía remover a los consejeros del Instituto Federal Electoral, luego con razones económicas y por la defensa de la libertad de expresión. Los señores de la radio y la tv pidieron un referéndum para que la ciudadanía opinara del contenido de la propuesta. Nadie les hizo eco. Y mire usted, la consejera electoral Lourdes López dijo que el Instituto Federal Electoral no está en condiciones jurídicas ni administrativas para llevar a cabo el referéndum sobre el contenido de la reforma electoral. Sencillamente, la figura no está prevista en la Constitución
“Bajo reserva”, El Universal, 14 de septiembre.
Desmesurados, acaso porque no tienen más contraste que el espejo de autocomplacencias que ellos mismos han creado, los concesionarios de la televisión, respaldados por la quizá desinformada aquiescencia de numerosos concesionarios de radio, tensaron al máximo su desafío al poder político. Sergio Sarmiento sintetizó ese encrespado estado de ánimo: “no podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.
Sin embargo la presuntamente secuestrada parece tomar con serenidad el diferendo entre el poder político y la mediocracia. Las arengas soliviantadoras, que han sido especialmente agresivas en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego, no tendrán más consecuencia que el berrinche expresado de esa tan patente cuan patética manera. La respuesta de los legisladores, unificados gracias a la altanería de los consorcios televisivos, fue la votación que, al filo de las 10 de la noche aprobó, en lo general, el dictamen para reformar varios artículos constitucionales. 110 votos a favor y 11 en contra corroboraron ese viraje del Senado respecto del poder mediático.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
Ayer al medio día, los dueños de los medios de comunicación se reunieron y difundieron en cadena nacional voluntaria, el texto de lo que denominaron Referéndum por la Libertad.
En este, exhortan al Poder Legislativo a detener el proceso de aprobación de la reforma electoral.
Ya no sólo reclamaron los temas que atañen y lastiman a la industria, sino que se fueron a fondo en la crítica a la reforma electoral.
Con el respaldo de las organizaciones empresariales más importantes del país, organizadas en el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Armando Paredes, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión fijó su postura en torno a la reforma electoral.
Allí estuvieron el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego; Bernardo Gómez y José Bastón —dos de los tres, hombres más importantes cercanos a Emilio Azcárraga Jean (el tercero es Alfonso de Angoitia, pero no asistió) de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, cabeza de Grupo Imagen; Rogerio y Jaime Azcárraga de Grupo Fórmula, y Francisco Aguirre, de Grupo Radio Centro, entre otros.
También estuvieron los comunicadores más destacados.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 13 de septiembre.
Pero parece que a los legisladores se les olvida que el IFE no es un organismo partidista, sino uno que representa los intereses del país. De ahí que la reforma electoral "no" debe ser un capricho de un partido al que no le dieron gusto cuando solicitó el voto por voto en las elecciones pasadas.
Es ahora cuando el sector empresarial toma cartas en el asunto en pro de que cuente con una estabilidad y se consolide la certeza jurídica que se ha ido estableciendo.
De ahí que la propuesta, tanto de los medios de comunicación como de empresarios, es que la reforma electoral sea consensuada por medio de una consulta nacional.
Manifestación que fue avalada este miércoles en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión encabezada por el presidente del organismo, Javier Sánchez Campuzano, los empresarios Olegario Vázquez Aldir, Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego y los presidentes de las cúpulas empresariales: CCE, Armando Paredes e Ismael Plascencia, titular de la Concamin
No es para menos. Si se permite diluir al IFE, ¿después con quién seguirán? ¿La CFC, la Profeco, el IFAI? Vaya, si la respuesta es sí, entonces lo que se busca es no avanzar. Sólo esperemos que estos arrebatos partidistas no se extrapolen hacia el freno de la reforma fiscal, la cual resulta más que urgente, o bien, que se apruebe una con elementos insostenibles.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 13 de septiembre.
Los barones de los medios electrónicos y sus sonrosados jilgueros no lograron mayor cosa al enseñar el músculo en su reciente encuentro con los senadores, salvo exhibirse como lo que son, un ambicioso grupúsculo golpeador y chantajista. Por ello, se vieron en la penosa necesidad de ampliar públicamente el grupo. Ya en sus instalaciones, las de la CIRT, ayer insistieron en el tema, pero ahora con el decidido apoyo de otros organismos privados como los consejos Mexicano de Hombres de Negocios y Coordinador Empresarial (que en 2006 descaradamente violó la ley electoral, encabezó y financió la campaña negra del año pasado y recibió la bendición del IFE y Luis Carlos Ugalde, hoy con el aviso de ocasión bajo el hombro)
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 13 de septiembre.
Como añadido, en esta ocasión, los radiodifusores comerciales han ido aún más lejos. Envolviéndose en la bandera de la democracia participativa han propuesto que se efectúe un referéndum, al que pomposamente llaman de la “Libertad”. Ellos, que aplaudieron la secrecía y la rapidez con la que se aprobó la ley Televisa en 2006, que no presentaron objeción alguna al albazo legislativo del que nació la Ley del ISSSTE este año, y que ni por asomo quieren consultar a la población sobre el aumento a la gasolina, pretenden ahora que se le pregunte a la ciudadanía qué piensa de esta reforma electoral. Pero, aunque el lobo se vista de cordero, se le ve el plumero. Tanta y tan súbita vocación democrática no es más que un recurso para ganar tiempo y tratar de conservar la parcela de poder que habían conquistado
Luis Hernández Navarro, La Jornada, 13 de septiembre.
Ahí, frente a todos y de cara a la Nación, vía radio y televisión, se lanzó el Referéndum por la Libertad.
Los propietarios de los medios de comunicación denunciaron que la reforma electoral —en vías de ser aprobada— se elaboró en lo oscurito.
Advirtieron que de aprobarse, se acotaría la libertad de expresión.
Pero ésta vez la crítica fue más intensa y profunda.
Criticaron la forma en que el Congreso pretende remover a los consejeros del IFE, la inclusión de una contraloría sometida a los partidos políticos y el peligro de que se violente la ciudadanización del máximo árbitro electoral.
Fustigaron los niveles inadmisibles que han alcanzado los gastos de campaña y recomendaron reducir las prerrogativas de los partidos políticos y establecer un sistema de transparencia y rendición de cuentas.
Sin rodeos advirtieron que la reforma electoral convertiría en monopolios a los partidos políticos.
Y exigieron se detenga el proceso legislativo para su aprobación y se realice una consulta popular sobre el tema.
Plantearon en síntesis un Referéndum por la Libertad.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 13 de septiembre.
Que el primer sorprendido con la propuesta de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de organizar un referendo sobre la reforma electoral fue ¡el Instituto Federal Electoral! Algunos consejeros hicieron ver a los empresarios de la comunicación que el IFE carece de facultades para organizarlo.
“Trascendió”, Milenio, 13 de septiembre.
En el fondo, no es más que una visión maniquea del conflicto que enfrenta a esos dos poderes —los de la patidocracia y la telecracia—, porque el problema no es de “buenos y malos”, y menos de “buenos contra malos”, sino que se trata de una lucha de y por el poder, en la que las partes luchan por la transferencia y la retención, respectivamente, de importantes e influyentes porciones de poder, económico y político. Los senadores y sus partidos le quieren arrebatar al poder mediático el negocio electoral y el control político y social de los procesos electorales y de construcción del poder público. Y en el otro extremo, los barones de la radio y la televisión pretenden retener esas fuentes de poder.
Lo demás, los argumentos de unos y otros a favor de la democracia, libertades básicas, transparencia, equidad y hasta en defensa de la libertad de expresión, no es más que aderezo discursivo, demagogia y verborrea que pretende confundir al “respetable” que debió “soplarse” la cadena nacional
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 13 de septiembre.
Tan desmesurada ha sido la ofensiva de los poderes electrónicos que ha provocado una activa unidad de legisladores y siglas partidistas como pocas veces se ha visto (lo cual ¡irrita a los que en otras ocasiones se desgañitan regañando a los partidos y sus legisladores porque no llegan a acuerdos!). El 90 por ciento de las voluntades que votaron en 2006 para constituir el Poder Legislativo está representado en los tres partidos que se han aliado sin fisuras para defender el proyecto de reforma electoral, pero las televisoras y las radios despechadas prefieren ensalzar a los partidos minoritarios (mayoritariamente veletas, paleros y acomodaticios ante el dinero y las prebendas: Dante Delgado, por ejemplo, se muestra comprensivo con las televisoras en espera de ser favorecido con espots cuando sea candidato a gobernador de Veracruz, y de la otra pedacería ni qué decir, por ejemplo, de la corrupción verde ecologista)
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 13 de septiembre.
La reforma electoral aprobada tiene grandes limitaciones. Sin embargo, éstas no impiden reconocer que, con ella, se revierte, en principio, la subordinación de los partidos políticos a la lógica y los intereses de las grandes compañías mediáticas. De allí la rabiosa respuesta de los radiodifusores. Una reacción que nos recuerda que, parafraseando la célebre telenovela, la mediocracia también llora
Luis Hernández Navarro, La Jornada, 13 de septiembre.
Con los cambios de la Ley Electoral alteraron a todos en los medios, pero realmente quien es la víctima aquí ¿La radio o la tele? ¿El empresario o el trabajador? Primero chequen las pautas comerciales y verán quien sobrevive más de la publicidad electoral y verán que las frecuencias de AM y hasta FM serán los grandes perdedores. Las grandes empresas no encuentran espacios donde anunciarse en la televisión abierta y lo abran notado, por ejemplo, en las nuevas y originales y hasta tediosas maneras de anunciar productos durante los contenidos y lo eterno de los cortes comerciales en los programas exitosos. Claro que la tele perderá millones, pero sobrevivirá
La radio, sin embargo, sobre todo en tiempos electorales, prácticamente vive de ello ya que recibe un porcentaje brutalmente pequeño de los presupuestos publicitarios de la iniciativa privada. ¿Por qué creen que hubo tantos cambios, recortes y simplificaciones en este medio desde las pasadas elecciones? Antes era cuestión cíclica y la radio miraba con esperanza la próxima vuelta electoral pero ahora el dinero no llegará. ¿Por qué le importa realmente este asunto al radioescucha? Por que es cierto que los empresarios tal vez ganen menos dinero, pero los trabajadores que hacen los contenidos serán los primeros en quedarse sin trabajo.
Esperen más estaciones de pura música y recen por la AM
Susana Moscatel, “Caras vemos”, El Universal, 13 de septiembre.
Los que no se aliaron a la cadena nacional voluntaria que han realizado los concesionarios de la radio y la televisión de México fueron el Instituto Mexicano de la Radio, las emisoras públicas y universitarias; Radio Chapultepec y Grupo Monitor. A la luz diríamos, todos aquellos que hace diez meses estaban quejándose de la aceptación de la corrección a la Ley Federal de Radio y Televisión, llamada ‘Ley Televisa’. Esto, aparentemente, es congruente, pero si aplaudimos en febrero de 2006 la protesta del IMER, cuando sus emisoras programaron 48 horas de la canción “Si se calla al cantor”, pues la ‘Ley Televisa’ no tomaba en cuenta el legítimo financiamiento de las emisoras públicas y educativas, debemos de reconocer que la aprobación de la reforma electoral cae justamente en lo mismo, en acallar una forma legítima de mercado de las emisoras comerciales, aunque también deberá acordonar los dichos que emanen sobre política nacional en las estaciones permisionarias. ¿O deberemos entender que por hablar de política en una emisora permisionaria no se está haciendo proselitismo comercial? Si hace un mes nos quejamos amargamente del cierre de Café encuentros en el propio IMER y si hemos dado voz y eco a las demandas de coerción política y publicitaria contra Grupo Monitor y a José Gutiérrez Vivó de 80 días a la fecha, luego, no es congruente que Monitor, Antena Radio e incluso Denise Dresser en W Radio o Abraham Zabludovsky en Radio 13 se jacten del castigo que se está ejerciendo sobre los radiodifusores, por los “excesos económicos que han permitido en el proceso electoral del 2006”. Si bien es cierto que más allá del 2 de julio de 2006 los comunicadores de medios deshicieron en palabrotas a Andrés Manuel López Obrador, hoy no es correcto que se les cobre a ellos y sobre todo, al vapuleado radiodifusor de las plazas del interior del país los platos rotos de ese mal ejercicio electoral. ¿Qué no hubiera sido más fácil que los legisladores en vez de hacer tantas correcciones de ley como castigo a los excesos, hubieran aceptado el voto por voto, o de plano, que ganó Andrés Manuel?
Claudia Segura, “La ventana ciega”, Milenio, 14 de septiembre.
El mayoriteo, método con el que los partidos resuelven los problemas del país, se estrelló ayer con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Al cerrar la reunión de propietarios y trabajadores de las empresas del sector, Sergio Sarmiento mostró la oposición a reformas hechas en lo oscuro y sin consultas de por medio
“Frentes Políticos”, Excélsior, 14 de septiembre.
POR CIERTO que alguien anda asesorando mal a los concesionarios de radio y televisión sobre las opciones que tienen para echar abajo la reforma anti-spots.
PORQUE, contrario a lo que se había dicho, no es cierto que el Presidente pueda ejercer su derecho de veto, pues éste sólo vale para leyes y no para reformas a la Constitución.
POR ESO MISMO tampoco los partidos minoritarios podrían interponer una Acción de Inconstitucionalidad... ¡contra la Constitución!
ENTONCES, la única opción que tienen los empresarios de la radio y la televisión es que los diputados echen para atrás la reforma.
ASÍ QUE nadie se extrañe si en estos días San Lázaro se convierte en el malo de la película que pasan por la tele, doblada al español y con comerciales.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 14 de septiembre.
Que ayer la Cámara de Diputados no dio respuesta al presidente de la CIRT, Enrique Pereda, sobre la solicitud que presentó por escrito a las comisiones dictaminadoras de Gobernación y Puntos Constitucionales que recibieron del Senado la propuesta de la reforma electoral.
Este viernes, la minuta será llevada para su aprobación al pleno de San Lázaro.
“Trascendió”, Milenio, 14 de septiembre.
Probablemente, el más nítido de los argumentos que se dio en el debate de esta semana en materia de la reforma electoral y los medios electrónicos lo hiló el comunicador de Tv Azteca Ramón Fregoso durante la mesa de análisis que sustituyó al noticiero de Javier Alatorre el martes pasado en Hechos.
Palabras más, palabras menos, Fregoso dijo que los diputados han perdido la representatividad que tenían del electorado, que ella había sido ganada por los medios de comunicación. Por lo tanto, la reforma electoral que empujaron los senadores debería entenderse como un intento para acotar la representativa legitimidad que ahora tienen los medios.
Es cierto. En los medios se denuncia todo, desde los más cotidianos abusos de los policías corruptos, hasta las ligas más anchas en las que caben los billetes comprometidos de los políticos. Y también la grilla. En ellos se ventila.
Carlos Mota, “Cubículo estratégico”, Milenio, 14 de septiembre.
La decisión del Senado de la República de aprobar reformas a la Constitución para eliminar la compra de publicidad política en radio y televisión, y con ello acotar la influencia del dinero y de los poderes mediáticos en las contiendas electorales, ha recibido una oleada de descalificaciones por parte de las empresas que ven afectados sus intereses particulares. Tales críticas se lanzan en inserciones pagadas en la prensa escrita pero sobre todo a través de los propios recursos de la radio y la televisión, lo mismo en noticieros, que en programas de debate —donde las voces disonantes suelen brillar por su ausencia— y, también, en las barras de entretenimiento, de tal manera que se apela al público sin intermediaciones para descalificar la decisión legal y legítima de un órgano de representación popular. Las críticas a la reforma, se sugieren desde las cúpulas empresariales y los medios electrónicos, se hacen en defensa de la libertad de expresión, de los intereses de la ciudadanía y de la autonomía de la autoridad electoral. No obstante, suele tratarse de aseveraciones sin sustento. Veamos.
Ciro Murayama, Crónica, 14 de septiembre.
Sin embargo, las amenazas y despropósitos que profirieron no son de menor cuantía. En particular aquella que califica la reforma como “expropiatoria”, seguida de ¡Nos van a quitar el 30% del tiempo sin pagar un solo centavo, además de arruinar los ratings. Aparte de confirmar un grosero mercantilismo, tal afirmación es mentirosa. Olvida que la publicidad electoral no comenzó a expandirse sino hasta 1994 y que ellos objetaron entonces que se exhibiera en los tiempos de mayor audiencia, arguyendo que les desarreglaba la programación
Porfirio Muñoz Ledo, “Bitácora Republicana”, 14 de septiembre.
El terreno de la guerra que estamos viendo no es por la libertad de expresión o del pensamiento, sino por los spots políticos. La molestia de los patrones —que se entiende desde el punto de vista del negocio— es que dejarán de percibir 3 mil millones de pesos en las elecciones de 2009 y 2012 por ese concepto y, como agravante, tendrán que incorporar en sus horarios de seis de la tarde a 12 de la noche un total de 18 minutos diarios para la propaganda política, a razón de tres minutos cada hora. Como dijo Rogerio Azcárraga, propietario de Radio Fórmula, perderán 30% del tiempo comercializable en ese horario y, además, rating. No le falta razón, dado que la política no se encuentra entre los temas de mayor interés general. El planteamiento capitalista de los propietarios fue químicamente puro. Pero los conductores son otra cosa
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 14 de septiembre.
Paradójicamente, si las tan vilipendiadas empresas de medios no ceden generosamente más tiempo a los partidos del que éstos les quitaron a la mala, las futuras campañas políticas se verán necesariamente reducidas a simples guerras de spots. Los debates entre candidatos sólo podrán realizarse en abonos chiquitos de tres minutos, a menos de que los partidos les pidan el favor a las televisoras y radiodifusoras.
Por otra parte, como las nuevas normas constitucionales prohíben las campañas "denigrantes", los partidos se verán obligados a limitar sus spots a simples enumeraciones de promesas o a esos autoelogios a los que nos han acostumbrado los anuncios del sector público. Los candidatos se unirán al coro de los grillos que hoy nos dice que contamos con los mejores diputados, senadores, jueces y funcionarios del mundo.
Ya hoy los partidos, el Congreso y el gobierno tienen problemas para llenar los tiempos públicos. Hace algún tiempo Convergencia cubrió uno de sus espacios de radio de cinco minutos con una simple repetición interminable de su cancioncita Naranja, Naranja. El PRD a veces mete viejos discursos de López Obrador. El Senado se ha hartado de decirnos que "A Patricia ya no la volverán a golpear", cuando todo el mundo sabe que la siguen golpeando. La situación empeorará cuando se tripliquen los tiempos oficiales en horarios estelares.
Pero en todo caso los dos o tres minutos constitucionales sólo podrán llenarse con spots. Los partidos están cerrando las puertas al debate de ideas. Y lo peor de todo es que lo están haciendo en la Constitución.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 14 de septiembre.
¿Y los políticos dueños de radiodifusoras y televisoras?
Porque hace años que las concesiones son para los políticos que están en el poder.
¿De qué lado quedaron esos políticos-empresarios en la guerra por el pastel de los spots?
¿Se inclinaron por el dinero, o prefirieron el poder político?
Pepe Grillo, Crónica, 14 de septiembre.
A pesar de que fue una intervención de los industriales de la radio y la televisión primordialmente preocupados por sus intereses, lo que provocó ese ejercicio de diálogo, y no obstante lo ríspido del mismo, creo que éste fue muy positivo, pues con ello quedó en evidencia el deficiente procedimiento cupular con que el Senado preparó un proyecto tan importante sin real participación ciudadana, y la necesidad impostergable de que en los subsiguientes pasos —discusión del proyecto en la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados— no se aplaste la voz y el voto a que los ciudadanos tenemos derecho, no tan sólo los agrupados en la CIRT, sino en cualquiera otra institución, ya sea también empresarial, o sindical, académica, de organizaciones no gubernamentales, o simplemente individual. El referéndum todavía no tiene bases legales en nuestro país, pero existen medios para que los legisladores reciban la opinión pública.
Juan José Huerta, Crónica, 14 de septiembre.
Los empresarios dicen que “remover a los actuales Consejeros Ciudadanos, dejaría al IFE a merced de los partidos políticos”. Con esa idea, se quiere contraponer a un IFE de ciudadanos frente a los partidos. Para empezar hay que aclarar que en el IFE no hay “consejeros ciudadanos”, hay, eso sí, “consejeros electorales”, designados, desde siempre, por una de las dos cámaras del Congreso de la Unión, como ocurre también con los miembros de la junta de gobierno del Banco de México o del IPAB o con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, funcionarios públicos, todos ellos, que trabajan en instituciones del Estado, no “ciudadanas”. Los partidos han sido y serán parte del IFE: están en su Consejo General —con voz pero sin voto, y así seguirán—, en sus comisiones de vigilancia, en los consejos locales y distritales. Es falso, además, imaginar a los actuales consejeros como “representantes” de la ciudadanía: no, su nombramiento es fruto de un pacto político entre los partidos —o, mejor dicho, entre dos de ellos, PAN y PRI. Esos mismos partidos, pero ahora con el PRD, han decidido un nuevo acuerdo político incluyente.
Ciro Murayama, Crónica, 14 de septiembre.
Que se restrinja la publicidad pagada para promover las campañas de partidos y candidatos es un avance indudable. Para eso existen los tiempos oficiales del Estado que concesiona las frecuencias a los medios privados. México adopta con esta decisión un principio básico de sana distancia entre los partidos y los medios que opera casi en todas las democracias consolidadas del mundo. Por eso, muy pocos ciudadanos se tragaron la embestida de los consorcios televisivos y radiofónicos que al ver afectados sus intereses pusieron el grito en el cielo, inventando toda clase de patrañas. Resultaba patético escuchar a “comunicadores” tan mediocres y sin ninguna autoridad moral defendiendo la libertad de expresión y erigiéndose en paladines de la democracia. ¡Qué absurdo! Como si los ciudadanos no supiéramos el origen de la concesión a TV Azteca o la complicidad que durante años tuvo Televisa con el viejo régimen priísta
César Cansino, El Universal, 14 de septiembre.
Eliminar de las pantallas de televisión los anuncios pagados en materia electoral no destruye la fuerza política de los concesionarios pero la altera. A partir de esta reforma, los dueños de las televisoras tendrán que hacer política más directamente y sin cobrar. Veremos mensajes más directos, noticiarios con mayor contenido político y apoyos más claros a los candidatos de las derechas. Por esto, el Senado incluyó en la reforma un añadido al artículo sexto de la Constitución para implantar el derecho de réplica.
Pablo Gómez, Milenio, 14 de septiembre.
En este contexto, la violenta reacción de oposición de los concesionarios de radio y televisión, agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y de los representantes del sector empresarial vinculado al gobierno a una reforma electoral, que en el mejor de los casos sólo busca generarle cierta legitimidad a los procesos electorales frenando el uso del dinero, es una evidencia más de que en México no puede haber democracia si subsiste un control monopólico de los medios por empresarios golpistas que se olvidan que no son “dueños” de éstos, sino meros concesionarios, y que quieren utilizarlos para decidir sobre la política nacional
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de septiembre.
Tan ajenos están los radiodifusores a la ley, tan al margen de su práctica, que ignoran que su propuesta de llevar a referéndum la aprobación de la reforma constitucional que prohíbe la propaganda electoral pagada (y sus eventuales simulaciones) es imposible jurídicamente. Una consulta a los ciudadanos, con aquel nombre o sin él, carecería por lo tanto de efectos vinculatorios. Acaso mostraría la posición del público de las televisoras, y establecería distancia entre la decisión legislativa en materia electoral y la opinión de los votantes. Pero esa distancia es apreciable en innumerables materias, no obstante lo cual las leyes a las que se refiere están vigentes.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 14 de septiembre.
La posición de la CIRT es endeble, no sólo porque carece de materia, sino porque se basa en información falsa. Dice que la "reforma se había venido preparando en lo oscuro, por lo que su contenido sólo nos fue revelado unos días antes". Eso pasa a los radiodifusores por no prestar atención a la información sobre asuntos públicos relevantes (y privar de ella a sus usuarios): el 4 de junio, hace tres meses, se efectuó en Xalapa el foro titulado Democracia y sistema electoral, en el marco de las reuniones sobre la reforma del Estado. En esa reunión se trazaron las bases de la iniciativa formalizada el 31 de agosto y cuyo predictamen fue conocido el 6 de septiembre.
No obstante esas deficiencias de su información, considerándose agredida, la CIRT exige "un referéndum, una consulta popular para que los mexicanos expresen su opinión de manera directa y sin participación alguna de la partidocracia... No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos". Y exigió también que el actual IFE, el IFE ciudadano, supervise la consulta popular.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 14 de septiembre.
Las televisoras –con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión como punta de lanza– están dispuestas a dar la batalla hasta el final con tal de no perder el ingreso de los espots. Todavía lamiéndose la herida que les dejó el fracaso en el Senado, comenzaron a tocar las puertas de Los Pinos y la Cámara de Diputados. Tienen un arsenal de recursos políticos y jurídicos a su disposición, además del poder de la amenaza. Hay varias encrucijadas donde podrían hacer descarrilar la reforma electoral: en la misma Cámara de Diputados cuentan con un incondicional, Emilio Gamboa Patrón, cuyos nexos con Televisa datan de mucho tiempo. En los estados –se necesita la aprobación mayoritaria de las legislaturas– ejercen influencia a través de los canales regionales sobre los gobernadores, quienes, a su vez, controlan a sus diputados; en Los Pinos, Calderón les debe el pago de una factura muy cuantiosa por el apoyo que le dieron en la campaña electoral y podría hacer uso del veto. Y por último, está el recurso de la Suprema Corte de Justicia. O sea que es probable que Luis Carlos Ugalde cobre su aguinaldo en el IFE la próxima Navidad y que sigan los espots
Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, La Jornada, 14 de septiembre.
La reforma electoral ha dejado claras las reglas para los servicios concesionados en nuestro país. De ahora en adelante, en tiempos de campaña, los bancos tendrán que dar crédito sin cobrar intereses a los candidatos. Las aerolíneas dejarán el 30 por ciento de sus asientos para uso gratuito de los políticos. Y los aserraderos entregarán un tercio de su madera a los partidos.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 14 de septiembre.
Pero esta reforma electoral está a punto de abortar, debido a varios factores. Uno de ellos es la reacción de la CIRT, que obligará a los coordinadores parlamentarios a negociar modificaciones a la iniciativa. (…)
Las televisoras ya antes han dado muestras de su forma de actuar. En el 2004, el entonces diputado del PRI, Luis Antonio Ramírez, presentó una iniciativa que proponía disminuir hasta en un 70 por ciento el gasto destinado a spots de propaganda electoral.
Altos ejecutivos de las televisoras se presentaron en su oficina y le dijeron, palabras más, palabras menos: “Eres muy joven para echar a perder tu carrera política; nada ganas con presentar esa iniciativa”.
La propuesta…se fue a la congeladora.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 8 de septiembre.
Hoy la venganza contra los consejeros del IFE nos lleva a una degollina disfrazada de reforma electoral en cuyos articulados y pretensiones no se advierten reformas de fondo en temas sustantivos, sino ajustes mafiosos en áreas como la publicidad asociada al presupuesto. Obviamente esa actitud tiene efectos colaterales, uno de ellos contra la industria de la radio y la televisión cuyos representantes ya han pegado el alarido celestial y han advertido del (otro) atropello.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 8 de septiembre.
Amenazados en donde más les duele y espanta, el duopolio televisivo y el oligopolio radial se retuercen ante la inminencia de que sean excluidos del enorme negocio de la propaganda electoral, lo que aminoraría no sólo sus ganancias sino su creciente influencia política. No es para menos, porque en las dos últimas elecciones presidenciales y en igual número de comicios intermedios, el grupúsculo se engulló más de 8 mil millones de pesos (mayoritariamente para Televisa, según cifras oficiales), sin considerar precampañas, anuncios pagados “por terceros”, campañas negras, elecciones estatales y demás rebanadas del business, amén de su injerencia en los procesos. Y como se sienten amenazados, ya arrancaron su propia campaña negra (tan escandalosamente obvia como todas las demás) en contra de quienes osan quitarles tan jugoso hueso. Entonces, ¿el duopolio televisivo y el oligopolio radial preocupados por la democracia e interesados sólo en la “fortaleza de las instituciones en el país? Juar, juar, juar. Y la CIRT en funciones de jefe de prensa de los barones electrónicos
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 8 de septiembre.
La columna “Trascendió” (MILENIO 6/09/07) dio cuenta de un estudio, se entiende que hecho por la CIRT, donde se asegura que “de consumarse el esquema de contratación de medios a través del IFE, tal como lo establece el proyecto de reforma electoral, el golpe lo terminarán recibiendo las más pequeñas estaciones de radio al no recibir ni un peso por la transmisión de spots y programas durante las campañas electorales.
Cálculos de la industria establecen que, en 2006, la venta de espacio político significó dos por ciento de la facturación total de Televisa en el año, ocho por ciento de la de Tv Azteca, entre 15 y 20 por ciento en las cadenas más fuertes de radio, y cerca de 50 por ciento en los grupos y emisoras regionales”. Si la intención de la CIRT es mostrar que el nuevo esquema no afectará a las grandes televisoras, sino a los radiodifusores pequeños, la argumentación es cuestionable.
Si en el caso de Televisa la contratación de propaganda electoral representó efectivamente el dos por ciento de sus ingresos en 2006, tendríamos que obtuvo 758 millones de pesos (Televisa reportó ventas totales por 37 mil 931 millones). Si para Tv Azteca representó el ocho por ciento de sus ingresos, la “televisora del Ajusco” habría facturado por ese concepto 766 millones de pesos (sus ventas totales fueron de 9 mil 579 millones). Uno de los grandes grupos radiofónicos, Radio Centro, reveló que 19 por ciento de sus ingresos el año pasado se obtuvo gracias a las campañas electorales, cifra equivalente a 151 millones de pesos (Radio Centro reportó ventas por 795 millones 680 mil pesos). Simplemente la suma de los ingresos por propaganda electoral de esos tres grupos arroja un total de mil 675 millones. No son públicos los ingresos de grupos como Radio Fórmula, ACIR, Radiorama o RASA, pero si fueran similares a los de Radio Centro, prácticamente se alcanzaría el total de 2 mil millones de pesos que los partidos gastaron en radio y tv. ¿Cuánto facturaron las radiodifusoras pequeñas por propaganda electoral en 2006?
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 8 de septiembre.
Repuestos los peones en sus casilleros, salvada la cabeza de turco, vale entonces entrar al fondo de la materia y hacer un esfuerzo por llamar las cosas por su nombre: dejar claramente establecido que la preocupación de los medios electrónicos no es la autonomía y la independencia del IFE, como tampoco la libertad de expresión que dicen; es, simple y sencillamente, un problema de dinero. No quieren perder la transferencia de recursos públicos que, vía los partidos políticos, obtienen cada tres años.
La propuesta de la reforma electoral de utilizar el tiempo del Estado en la contienda electoral, sin posibilidad de que los partidos políticos y los servidores públicos compren tiempo-espacio en los medios electrónicos, golpea directamente el bolsillo de esa industria. Los grandes concesionarios ganan por partida doble -pagan impuestos en especie y cobran los spots electorales- y, obviamente, resisten la idea de perder ese enorme botín de dinero.
Un botín que, curiosamente, se integra con recursos públicos, con dineros de los ciudadanos que, por la vía de las prerrogativas de los partidos políticos, iba a parar en 70 por ciento a las arcas de los medios electrónicos. Son cientos de millones de pesos los que están en juego. Si se aprueba que el tiempo-aire que corresponde al Estado se destine, en temporada electoral, a los partidos, es evidente que "el negocio" de la democracia ya no irá a parar a los medios.
Por eso es que el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Andrés Massieu, hizo circular "los lineamientos" con los que hay que resistir la reforma electoral, encuadrándola en la defensa de "la libertad de expresión" y entrevistando sólo a quienes incluye la lista de personalidades difundida por la propia cámara. Dicho en breve, los concesionarios defienden la libertad de expresión limitándola: que sólo hablen quienes defienden el negocio de la industria, reduciendo la reforma a la permanencia del Consejo del IFE.
Meses atrás se habló de los excesos de la "spotcracia" y la "dinerocracia", y ahora que se proponen corregir esas perversiones de la democracia se esconde el tema. Curioso.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 8 de septiembre.
Lo fundamental de la reforma no es sólo de carácter económico. Terminar con la venta millonaria de spots permitiría romper el lazo de dependencia que las grandes televisoras, no los radiodifusores pequeños, lograron establecer sobre los partidos políticos y que ha resultado tan pernicioso para los procesos electorales.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 8 de septiembre.
Pero se les olvida a televisos, tvaztecos y demás yerbas electrónicas que cobran por los beneficios que obtienen de un medio del que ellos sólo son dueños virtuales, siendo el dueño real el Estado mexicano y, más directamente, el pueblo mexicano, que es el dueño auténtico legítimo del aire del que los "dueños virtuales" de los medios electrónicos sólo son concesionarios, por gracia expresa y cancelable del gobierno del pueblo de México.
Quizás haya sentido o razón, aunque a usted y a mí nos parezca que no los hay, en que los anunciantes comerciales, después de enajenar a la sociedad con la publicidad desmedida de sus productos en radio y televisión, le repercutan a los consumidores en el precio de venta los miles de millones de pesos que ellos gastaron para hacer al pueblo consumir cosas que no quería y que no necesitaba. Pero francamente no hay ningún sentido ni ninguna razón en que el pueblo mexicano absorba los costos de las campañas políticas en televisión que trataron de hacer perdedor a Felipe Calderón y ganador a Santiago Creel, especialmente porque ambas fracasaron y lograron exactamente lo contrario de lo que pretendían.
Los mexicanos no tenemos por qué pagar los costos de que Televisa o TV Azteca impongan el triunfo de sus clientes o candidatos o de que impongan la derrota de los que no son sus clientes ni sus candidatos. De eso se trata en esta parte de la reforma electoral, de controlar la ambición totalitaria de los medios electrónicos y de impedirles convertirse en dictadores (o derrocarlos si ya lo son) de esta joven y frágil democracia, que jamás madurará mientras la gran pantalla chica siga imponiendo sus irracionales racionales del proyecto de nación que estamos construyendo, a pesar de ellos.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 8 de septiembre.
La reacción de las televisoras fue fulminante. La noche del miércoles el noticiero de López Dóriga fue convertido en una plataforma de misiles en contra de los partidos. Durante media hora desfilaron declaraciones de empresarios, intelectuales y presidente del IFE para clamar en contra de la partidocracia y el crimen que se estaba cometiendo en detrimento de la ciudadanía. Obviamente el campo de batalla que eligió Televisa no fue el asunto de los gastos de campaña, sabedora de que la opinión pública nunca apoyaría sus pretensiones. Prefirió hacer de la defensa de Ugalde y los consejeros del IFE el instrumento para torpedear la reforma electoral con la esperanza de que una revisión posterior eliminara las cláusulas que le perjudican.
No calcularon mal. En el noticiero de la noche siguiente ya recogían el testimonio de legisladores panistas y de algunos partidos pequeños sobre la necesidad de volver a discutir el tema e incluso lanzarlo a una consulta popular. Más de un priísta coincidió con ellos. Una vez más, parecía que las televisoras habían ganado la batalla
Jorge Zepeda Patterson, El Universal, 9 de septiembre.
El costo de las campañas, el financiamiento de los partidos y los procesos electorales han sido fuente constante de conflictos y escándalos que han minado al IFE y dado pretexto para cuestionar los resultados, a pesar de que todas las resoluciones de los tribunales han sido acatadas. Los medios de comunicación, en especial la televisión y la radio, han insistido en que nos cuesta muy cara la democracia, que los partidos políticos reciben demasiado dinero público y no hay controles sobre las contribuciones del capital privado.
Pero ahora cuestionan una reforma electoral que corta de un tajo el nudo gordiano: reducir a la mitad la duración de las campañas y prohibir a los partidos contratar propaganda electoral en los medios electrónicos concesionados. Para ese fin se utilizarían los “tiempos del Estado”. Lo mismo imponen las leyes en la mitad de la América nuestra y prácticamente en todos los países de la Unión Europea. Con el vuelco, perdemos el equilibrio. Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León, declara que eso atentaría contra la libertad de expresión.
León García Soler, “A la mitad del foro”, La Jornada, 9 de septiembre.
Creo que a ellos eso es lo que más les duele por el momento, pero no es lo más importante. Lo verdaderamente benéfico es que a los medios electrónicos se les mella el filo en sus intrigas y en sus ímpetus por apoyar a ciertos candidatos o a tratar de decidir el destino de las elecciones. Con sólo eso, hay elementos clásicos de las elecciones que pueden ser recuperados y, en primer término, la necesidad de que los candidatos y sus partidos se vuelquen hacia el electorado y la ciudadanía pueda conocerlos en primer plano y no a través de lo que ya algunos comienzan a llamar espotología y que muchos malpensados han identificado como proctología electoral. Quedaría por escudriñar un poco en la parte que el nuevo artículo 41 constitucional establece las nuevas atribuciones de las autoridades electorales, en especial del IFE, y que llenan bastante bien las lagunas en que esa autoridad se debatía al enfrentar lo inesperado en las elecciones. Lo haré en otra entrega
Arnaldo Córdova, La Jornada, 9 de septiembre.
Que el presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, Enrique Pereda, ha salido a lanzarles un desafío a los senadores antes de que aprueben la reforma electoral.
Pereda les propone que, si van a eliminar la contratación de propaganda en radio y televisión durante las precampañas y las campañas electorales, ese dinero no se vaya a las arcas de los partidos políticos, sino que se aplique directamente a programas sociales.
“Esa sí sería una contribución de nuestra industria a la sociedad”, precisó Pereda. “Pero los señores senadores están haciendo una fórmula para que todo acabe en que el gasto diario en propaganda sea 37 por ciento más alto de lo que es hoy. Que ese dinero se vaya a escuelas, hospitales, al fondo para las desgracias, pero que no sea para que ellos se lo gasten en menos días en revistas, periódicos, anuncios espectaculares”.
¿Lo escucharán Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Carlos Navarrete o dirán que ya es demasiado tarde?
“Trascendió”, Milenio, 9 de septiembre.
El proyecto de dictamen y las consideraciones políticas en torno de su contenido han generado, más que un debate, un embate de cámaras contra Cámaras, es decir de las televisoras y el órgano gremial que las agrupa (y al que dominan) contra el Poder Legislativo. Con socarronería, ineficaz porque se transparenta su verdadera intención, Televisa y TV Azteca combaten la prohibición de pagar propaganda política en los medios electrónicos, uno de los elementos principales de la reforma, con el pretexto de defender la autonomía del IFE, que es a su vez pretexto para promover la permanencia en sus cargos de consejeros electorales carentes de autoridad moral y jurídica para quedarse allí, como lo prueba (si no hubiera otros elementos a la mano) la patética defensa que hacen de sus puestos y prebendas aledañas.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de septiembre.
Conforme a su táctica inveterada, las televisoras atacaron a los legisladores (como lo hicieron contra los impugnadores de la Ley Televisa) que pretenden atentar contra sus intereses. No se atreven a decir que se trata de eso, tan crudamente, y han escogido la defensa de la autonomía del IFE y de la permanencia de sus consejeros como los asuntos, compartibles por todos en abstracto, a debatir. Han convertido en estrella de la conciencia cívica a Luis Carlos Ugalde, sobre quien, conforme a esa técnica, se asegura que se ceba la villanía de los partidos políticos (que son los mismos, por lo demás, que cometieron la de nombrarlo).
Esa misma actitud hipócrita, dual, adquirió forma impresa en un mensaje firmado por la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que de modo inesperado e insólito ingresa en el debate de la reforma electoral, aunque los redactores del mensaje de cuya publicación fue responsable Andrés Massieu, secretario particular del presidente Salinas y ahora director de la CIRT, no pudieron evitar la burda defensa de las finanzas televisivas. Como si tuvieran presente el monstruoso gasto de Enrique Peña Nieto en propaganda electrónica, la cámara pide no "condenar los buenos programas y obras de gobierno a un anonimato que tendería a uniformar liderazgos, proyectos y aptitudes. No es razonable inhibir que los servidores públicos puedan expresarse en condiciones que favorezcan el diálogo de la ciudadanía con sus gobernantes y representantes... Nos preocupa que las nuevas condiciones de prohibición y restricción comunicativa puedan limitar gravemente el surgimiento de figuras jóvenes y la renovación de los liderazgos en todos los partidos políticos...".
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de septiembre.
Por cierto, que el presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, Enrique Pereda se sumó a las presiones que se emiten desde Televisa en contra de los legisladores. Ahora lanza un desafío a diputados y senadores antes de que aprueben la reforma electoral.
Les exige a los legisladores que si eliminan la contratación de propaganda durante las campañas electorales, los recursos financieros que se ahorren no sean ingresados al PAN, PRD o PRI, sino que se apliquen a los programas sociales. Los radiodifusores presionan porque dejarían de ganar millones de pesos en épocas de campañas electorales. Los radiodifusores dicen que si ese dinero no es para ellos, tampoco debe ser para los partidos políticos.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 10 de septiembre.
La ofensiva de los medios electrónicos en contra de la reforma electoral, disfrazada como una vehemente defensa de la autonomía del IFE, se decidió el miércoles 5 de septiembre en una reunión de los principales directivos de las empresas de radio y televisión más poderosas. Ese día se escucharon fuertes críticas a la propuesta de cancelar la contratación de publicidad comercial en las campañas y duros cuestionamientos al priísta Manlio Fabio Beltrones. “Estamos muy molestos con Beltrones”, dijo un industrial del ramo. “Pues no se nota”, le respondió un alto funcionario del gobierno federal que asistió como invitado a la reunión. Y a partir de ese día vaya que se ha notado su molestia…
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 10 de septiembre.
Es decir, que mediante una campaña de presión supuestamente en defensa del IFE y de su Consejo General —que en realidad es la defensa de sus intereses económicos—, las televisoras habrían forzado a poner sobre la mesa de discusión la Ley de Medios, cuyo debate es impostergable y en una de sus partes medulares tiene importantes puntos de contacto con la legislación electoral. Se podría decir, incluso, que las televisoras, en especial Televisa, estarían dispuestas a un nada extraño “enroque legislativo”: la reforma electoral a cambio de la Ley de Medios.
Y vale la hipótesis, porque el espíritu reformista que anima a los tres grandes partidos mexicanos abre anchas avenidas para la negociación, el acuerdo, la presión y hasta el chantaje entre todos los sectores sociales involucrados en los cambios que se proponen, a la luz de la reforma del Estado. Pero además, la hipótesis se refuerza si recordamos que una buena parte de los políticos y legisladores que hoy impulsan las reformas del Estado, electoral, fiscal y de medios, son los mismos que hace unos cuantos meses aprobaron, casi sin discusión y mediante ofensivos “lineazos”, la ley Televisa. Las televisoras no sólo cuentan con importantes aliados en el Congreso, sino que incluso muchos de quienes impugnaron esa ley frente a la Corte, y que lograron su caída, hoy están fuera de los centros reales de poder
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 10 de septiembre.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, presidida por Enrique Pereda, está preocupada con la iniciativa de reforma electoral, pues de manera discrecional podrían solicitar el cierre de estaciones de radio.
E igual de malo: los partidos políticos quieren 51 minutos diarios en horario estelar para transmitir su promoción política, y dicho segmento es oro molido para las radiodifusoras en sus patrocinios. Los grandes de la industria podrán sostenerse, pero las pequeñas estaciones de radio o televisoras estarán en aprietos financieros.
Además, en un mundo de convergencia tecnológica, el usuario simple y llanamente terminará sustituyendo los 51 minutos forzosos de partidos políticos. La asignación de tiempos de propaganda política deben tener un sentido de equidad partidista, pero no una imposición diaria al ciudadano libre de elegir contenidos.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 10 de septiembre.
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas tiene 32 años de edad y ya es senador de la República. En Campeche, su estado natal, lo recuerdan por haber tomado por asalto la rectoría de la universidad estatal para forzar la renuncia del entonces rector José Abud y también por lanzar huevazos dentro del salón de sesiones del Congreso local y algunas de las yemas llegaron al muro de honor del recinto. Se le recuerda más por sus escándalos en Campeche y Mérida que por alguna iniciativa trascendente como legislador.
Alejandro Moreno andaba muy preocupado el pasado jueves 6 luego de un desayuno con funcionarios de Televisa. El novel senador campechano pretende ser candidato del PRI a la gubernatura de Campeche muy a pesar de su menguado currículum. Los ejecutivos de las televisoras le han prometido que si se porta bien le ayudarán con la promoción de su imagen en Campeche.
A Rafael Alejandro le apodan El Vandalito. El diminutivo revela que no llega ni a porro completo. Para reconstruir su imagen y hacerla atractiva ante la ciudadanía, la televisión tendría que hacer milagros. Pero le han hecho creer que sí se puede. Por ello, como a muchos otros senadores, le han presionado para que se deslinde de la iniciativa electoral que promueve la fracción senatorial del PRI en el afán de los concesionarios por minar el consenso legislativo alrededor de la propuesta electoral.
Roberto Zamarripa, “Tolvanera”, Reforma, 10 de septiembre.
De ahí que al mediodía de ese jueves le mandaran en exclusiva una cámara, un micrófono y un reportero para que cuestionara la iniciativa legislativa. A Alejandro Moreno, El Vandalito, le dieron 10 segundos en el noticiero nocturno de la televisión, solamente para balbucear que era importante abrir a la discusión el tema de la reforma electoral.
Su inmortalización televisiva le costó desde regaños hasta bromas entre los senadores priistas. A falta de otros próceres, se le dio voz a El Vandalito, quien supone que si es un dócil jilguero de los concesionarios tendrá garantizada una campaña electoral gratuita tal y como sucedió en el 2006, según él mismo se jacta, cuando las televisoras locales le regalaron tiempos para exponer su rostro -que no sus ideas- por las pantallas de la televisión.
A Rafael Alejandro Moreno, como a muchos otros políticos e intelectuales, les seduce la idea de que la televisión ahorre los pasos necesarios de la persuasión y el debate político. El problema es que la democracia de los concesionarios se agota en su caja registradora. Si por ahí no pasa la elección, entonces no hay validez democrática. El debate real es el que se transmite y es el que paguen con puntualidad los políticos que para cualquier efecto tienen dinero público de sobra.
Roberto Zamarripa, “Tolvanera”, Reforma, 10 de septiembre.
¿Cómo se comportaron esos concesionarios en 1986, cuando el fraude electoral en Chihuahua? ¿Por qué ahora algunos de los intelectuales que entonces promovían desplegados en apoyo a la lucha democrática de ese entonces firman hoy los desplegados que a la postre avalan los abusos políticos de las televisoras?
El hecho es que se ha colocado sobre la mesa la posibilidad de modificar, en serio, la relación de los medios con la política y el uso del dinero público por parte de los políticos.
Roberto Zamarripa, “Tolvanera”, Reforma, 10 de septiembre.
En su noticiero estelar, la compañía televisiva se defendió de los argumentos esgrimidos por personajes como Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida, quienes han dicho que las críticas a la reforma son un desquite de la empresa porque perderá jugosos contratos, ya que las nuevas leyes impedirán que los particulares contraten spots de propaganda. Ni habrá boicot contra los legisladores que promueven la reforma ni negativa a rebajar los costos de las campañas, pero sí preocupación por embestida contra la autonomía del IFE
“Binoculares”, El Gráfico, 11 de septiembre.
Y es que en Televisa, por ejemplo, no les perdonan tanto a Creel como a Corral que los dos políticos azules hayan sido factor clave para echar abajo la ley Televisa, además de impulsar la reforma que podría dejar fuera a las televisoras y a la radio del jugoso negocio electoral. Lo paradójico del asunto es que en los meses previos a julio de 2006, una de las alianzas de poder fundamentales se dio, precisamente, entre Televisa y el que fuera secretario de Gobernación y luego precandidato presidencial del PAN, Santiago Creel.
Así, cuando Creel perdió la posibilidad de ser candidato presidencial, no sólo rompió con Televisa, sino que se convirtió en uno de sus principales impugnadores, en una suerte de mea culpa por los dislates cometidos en el pasado reciente. La de Javier Corral, cuestionable o no, siempre fue una postura congruente respecto de la perniciosa influencia mediática en la política. Pero el rompimiento de las televisoras con el PAN no es el único caso, porque en el PRI también se “cuecen habas”. Todos saben que uno de los pretensos presidenciales del PRI es Manlio Fabio Beltrones, cuya relación con las televisoras también terminó, por decir lo menos, fracturada
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 11 de septiembre.
Sin embargo, con los medios hemos topado. La semana pasada hubo una cargada de las dos televisoras comerciales en contra de la reforma. Los noticiarios de Televisa y TV Azteca antepusieron, como una bola de humo, el polémico tema de la salida de los consejeros del IFE. El día que se anunció el nuevo modelo de medios y política, las televisoras le dieron un largo espacio a Luis Carlos Ugalde y se apoyaron en el desplegado de algunos intelectuales, que les sirvió a las televisoras para sacar adelante su agenda de intereses.
Las televisoras decidieron que la reforma no existía, sobre todo el cambio en el modelo de acceso a medios, que los dejará sin una jugosa cantidad de dinero —más de 3 mil millones de pesos gastaron los partidos en radio y televisión en 2006—, y eso no están dispuestos a aceptarlo
Alberto Aziz, El Universal, 11 de septiembre.
Sólo basta leer el desplegado publicado el 7 de septiembre por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para darnos cuenta de por qué las televisoras recurren, otra vez, a la burda distorsión informativa sobre la propuesta de reforma electoral, y reiteran el chantaje y la amenaza directa a quienes la promueven con proscribirlos de la pantalla: carecen de argumentos en su defensa, no sólo racionales o legales, sino legítimos, porque esconden el fundamento real de su resistencia.
Ayunos de razones para oponerse, inventan, falsifican e intentan inútilmente encontrar aliados donde no los tienen, “la academia, la investigación, el periodismo”, para ir juntos adonde siempre han despreciado acudir “a las mesas de diálogo convocadas por el H. Congreso”. “Tiempo de escuchar y recabar las sugerencias” siempre lo han pedido y muy pocas veces han expresado con claridad qué sí quieren y qué no, qué están dispuestos a ceder, en qué medida aportarán a la consolidación de la democracia como concesionarios de un bien de la nación. Pero la visión parte de reducir las elecciones sólo a un jugoso negocio por el que llegan a sus bolsillos miles de millones de pesos y a su influencia creciente, extraordinarias relaciones de poder
Javier Corral, El Universal, 11 de septiembre.
Las televisoras construyeron su estrategia así: se envolvieron en la bandera de la autonomía del IFE a la que supuestamente los partidos quieren afectar como una venganza por el 2006. Montaron al consejero presidente del IFE (que no garantiza ninguna autonomía) y junto con algunos “opinadores”, todos quedaron enganchados como un cabús del tren mediático. En ningún momento les pasó por la mente que había otras voces. Muchos hemos defendido públicamente otras tesis, pero las televisoras mostraron su alergia a la diferencia.
Lo que defienden no es la autonomía del IFE, sino un jugoso negocio que se les va de las manos. Una vez más comprobamos la necesidad de tener otras opciones de televisión, porque entre las dos grandes televisoras sólo hay un discurso monocromático
Alberto Aziz, El Universal, 11 de septiembre.
Por eso en la campaña televisiva del fin de semana y sin duda la que nos espera en ésta han ocultado a sus auditorios de qué se trata la reforma. No les han dicho a sus televidentes que busca reducir considerablemente los gastos de las campañas y redestinar esos recursos a otros rubros sociales urgentes, pues entre otros apartados de gran valor y decisión política se prohíbe a los partidos adquirir tiempo en radio y televisión, esto es, no más gasto en spots. No dicen que de aprobarse las adiciones al artículo 41 de la Constitución, el acceso de los partidos a los medios electrónicos se hará a través del tiempo que el Estado disponga y que será asignado al IFE como autoridad única.
No dicen que según una adición al artículo 134 de la Constitución, “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Esa información vital ha sido negada a sus audiencias, a quienes con el tema de la remoción de los consejeros del IFE —argumento que por supuesto tiene asidero y parte de razón— se les encubre la defensa de sus propios intereses
Javier Corral, El Universal, 11 de septiembre.
Amos y señores de la negociación subrepticia, del acuerdo en lo oscurito, de los refrendos pactados al final del año, aplaudidores de los decretos firmados en la madrugada en la suite de un hotel, y de las leyes aprobadas en siete minutos, ahora el duopolio televisivo está sumamente preocupado por “el cuidadoso sigilo en que se ha mantenido el contenido preciso del proyecto de reforma”. Lo podrán decir de la forma y tiempos en que se presentó el proyecto de dictamen, pero no de sus contenidos, quizá una de las discusiones más oreadas en los últimos años en el país, debate que ha contado en todo momento con la censura televisiva.
Esta vez el duopolio está perdido. Han cometido todos los errores posibles, que no hay dignidad política, por más endeble que lo sea, que aguantara los desplantes de la prepotencia y los abusos de su poder que llegó a creerse intocable. Han ido tan lejos y tanto le han jalado los bigotes al Estado que muy atrás se quedó la propuesta de que fuera solamente el IFE la instancia que contratara la publicidad comercial en materia electoral, ahora la prohibición es total
Javier Corral, El Universal, 11 de septiembre.
¿Que la reforma condena a la desaparición a los medios pequeños? La queja es grotesca e inexacta. Pobre radiodifusión aquella que para subsistir necesita sólo de publicidad oficial o de campañas electorales; pero tampoco es cierto que sean depositarios de asignaciones presupuestales importantes. En las elecciones locales y no se diga en las federales, la mayor rebanada del pastel se la lleva el oligopolio radiofónico y el duopolio televisivo, como sucede en el conjunto de la publicidad.
Televisa y TV Azteca se llevan 99.4% del gasto publicitario en televisión abierta, 58% de toda la inversión en medios, algo así como 25 mil 984 millones de pesos al año. La radio representa 8% adicional. Esto es, no más de 15 empresas de medios concentran en México 66 % de los ingresos del mercado publicitario y son destinatarios de 60% del gasto total de los partidos en las campañas electorales.
En eso ha derivado el modelo electoral que hace de la mercadotecnia y del spot su estrategia fundamental: una correa de transmisión de dinero público a unas cuantas empresas privadas
Javier Corral, El Universal, 11 de septiembre.
¿Cuántos recursos podrían dejar de recaudar en las próximas elecciones federales las emisoras de radio y televisión en caso de aprobarse la reforma electoral?
¿Al menos unos 5 mil millones de pesos entre 2009 y 2012? Por eso no resulta sorprendente la campaña mediática que han emprendido los empresarios de esa industria en contra del proyecto de dictamen que se impulsa en el Senado de la República
Entrevistado por Jacobo Zabludovsky, en su programa “De una a tres”, un radiodifusor de AM de San Luis Potosí manifestó el pasado viernes su nerviosismo por ese hecho. En términos generales dijo que los recursos provenientes de las campañas políticas son un aliciente, en particular para las emisoras de AM, tan castigadas por los anunciantes en los últimos años. Sin tapujos, el empresario dijo que ese dinero lo utiliza para mantenimiento e inversión de equipos de sus radiodifusoras. Su nerviosismo seguramente es compartido, con justa razón, por muchos otros concesionarios de AM.
La sensatez de ese radiodifusor contrasta con la estrategia discursiva que han emprendido las grandes televisoras hacia una supuesta defensa de la democracia y de los consejeros del IFE para que éstos continúen en sus cargos. En el seguimiento de los acontecimientos y declaraciones en torno de la reforma política, no hay periodismo, no hay contraste de opiniones, sino presión política disfrazada de información, tal como ha ocurrido en otros momentos en los que se afectan los intereses del duopolio de la televisión
Gabriel Sosa Plata, “Telecom”, El Universal, 11 de septiembre.
No es válida tampoco la queja de los radiodifusores pequeños, medianos, de provincia, independientes o como se quieran llamar, de que los metan al mismo costal de la televisión y que las reformas legales no sean capaces de distinguirlos entre uno y otro sistema; la timoratez tiene sus costos, y dejarse conducir por el tronar de los dedos de empleados de tercera categoría de las televisoras entraña responsabilidades y consecuencias. Superar el miedo es condición indispensable para exigir y ejercer la libertad.
En efecto, puede venir una andanada mediática contra los promotores de las reformas, pero el ruido pasará pronto, quizá en cuanto esté aprobada por el constituyente permanente. Si los legisladores acometen la decisión, terminarán siendo respetados por muchos, incluida la televisión. Que van a presionar, sin duda, pero sólo se deja presionar quien es susceptible de ser presionado
La política adquirirá más libertad e independencia no sólo para resolver la agenda de la reforma de medios, sino otros temas fundamentales en los que la tv actúa como cómplice del statu quo. Sí, se trata de un acto de liberación, pues en medio no sólo está la posibilidad de campañas más baratas y cortas, también se ataca una relación indebida entre medios y poder, inadmisible en una democracia. Enhorabuena por el Congreso
Javier Corral, El Universal, 11 de septiembre.
En otra entrevista, ésta realizada el 7 de septiembre por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Enrique Pereda, también fue franco y dio a conocer el verdadero sentir de los radiodifusores, no incluido, claro, en el engañoso desplegado publicado por la CIRT ese mismo día: su preocupación ante la posibilidad de que los miles de millones de pesos de las campañas políticas y de promoción de obras gubernamentales en tiempos electorales se transfieran a otros competidores, como los periódicos, las revistas, los espectaculares y las empresas encuestadoras
Gabriel Sosa Plata, “Telecom”, El Universal, 11 de septiembre.
A pesar de las declaraciones fanfarronas de que ningún daño les hace la reforma electoral, es evidente que sí hay una afectación generalizada en la industria.
El IFE informó en mayo pasado que se gastaron 2 mil 62 millones de pesos en ese rubro. Otras fuentes dicen que los recursos fueron de casi 2 mil 500 millones de pesos, algo así como 70% del gasto total ejercido en total por los partidos, según un diario capitalino. Si no hubiera cambio en la legislación electoral, no menos de 3 mil 500 millones de pesos se gastarían en propaganda política durante 2012. En 2009 también hay elecciones intermedias en México
Gabriel Sosa Plata, “Telecom”, El Universal, 11 de septiembre.
Es evidente que la aprobación de la reforma electoral tendría consecuencias para los concesionarios de radio y televisión en mayor o menor medida, lo que los obligará a diversificar su oferta, sus negocios y a reforzar sus esquemas de comercialización. Pero la democracia gana. Las campañas políticas dejarán de ser un negocio para los empresarios de esta industria, pero también un instrumento más de chantaje, de presión política y de favoritismo hacia algún partido político o candidato, tal como se vivió en 2006. De cualquier manera, como afirma Ricardo Alemán, prevalece el poder que se expresa en la información, en los noticieros, en las campañas contra tal o cual político (la discusión de la legislación electoral es el ejemplo), lo cual también puede inhibir a todo aquel personaje que afecte los intereses de esa industria
Gabriel Sosa Plata, “Telecom”, El Universal, 11 de septiembre.
No entendí cómo resultó que las empresas de televisión, y algunas de radio, convirtieron la defensa del IFE frente a una reforma que puede atentar contra la autonomía del organismo encargado de la organización de las elecciones, en una batalla contra el corazón de lo que debe ser una reforma profunda del sistema de competencia electoral en México: la prohibición de compra de tiempos y espacios comerciales en los medios de comunicación para los partidos, los candidatos y los particulares en torno a cuestiones electorales y de campaña.
Este es el corazón de la reforma necesaria por varias razones. La primera tiene que ver con los costes de la política en México. La reforma de 1996, para hacerla tragable por el PRI, dotó a los partidos de cantidades ingentes de recursos públicos que se duplican durante las campañas electorales y liberó la contratación de tiempos comerciales para difundir propaganda electoral. Once años después se pueden ver con claridad los defectos del diseño: campañas extremadamente caras, hechas esencialmente como si de la venta de productos comerciales se tratara, donde predominan las técnicas del mercadeo y no la divulgación de programas, plataformas y proyectos políticos. Los candidatos se venden como si fueran detergentes, con cancioncillas pegajosas, sonrisas idiotas y frases hechas, en lugar de presentarse frente a los electores con ideas, producto escaso en el marchanteo en el que se ha convertido la política mexicana.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
Una singular reunión tuvo lugar en las instalaciones del Senado entre legisladores y representantes de la radio y la televisión, para debatir (un conductor incluso llegó al insulto) el tema de la reforma constitucional electoral. El tema central era una mención sobre la prohibición a difundir mensajes que influyeran en las preferencias electorales, que los señores de los medios consideraron un acto de censura. Pero el senador priísta Jesús Murillo Karam ya había enmendado la plana desde la mañana con una redacción que no diera lugar a dudas: “Ninguna otra persona, pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar la difusión de mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Bajo reserva, El Universal, 12 de septiembre.
No obstante que los tiempos están muy adelantados para el diseño de nuevas reglas para las elecciones futuras, lo que tendrá implicaciones para las campañas políticas y su difusión en los medios, la plana mayor de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se reunió ayer con los senadores para exponer el riesgo de que en esa reforma se pueda limitar la libertad de expresión amparada en nuestra Carta Magna.
La reunión estuvo encabezada por Pedro Joaquín Coldwell y en la misma intervinieron Jorge Mendoza, del PRI; Ricardo Monreal, del PRD, y Ricardo García Cervantes, del PAN, quienes de alguna forma han llevado la voz cantante en un debate que ha tenido una vía rápida, lo que no deja de llamar la atención.
Entre los concesionarios estuvieron Francisco Ibarra, de ACIR; Rogerio Azcárraga, de Radio Fórmula, y Francisco Aguirre, de Radio Centro, quienes reiteraron que las empresas bajo su gestión pagan impuestos como cualquier otra entidad, pero al mismo tiempo no han dejado de abrir espacios a todas las voces en el ámbito político.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 12 de septiembre.
Ah, para todo esto, la invitación para esta reunión fue hecha el martes en la madrugada, cerca de la una, por Santiago Creel al teléfono; la CIRT respondió ayer en la mañana, por fax.
Si hubiera que escoger dos discursos radicalmente opuestos e igualmente belicosos serían los de Pablo Gómez y Pedro Ferriz de Con.
Ferriz de Con dijo lo que muchos mexicanos piensan y amenazó al Congreso. Pablo Gómez, fue el vocero del otro lado del espectro, del poder del pueblo que representa el Congreso y contraamenazó: y sigue la Ley de Medios. Uyyy.
Revelador lo dicho por Rogerio Azcárraga, dueño de Radio Fórmula: nos están expropiando, dijo. Vivimos de la publicidad. Nos arruinarán el rating con sus megaspots de tres minutos. Nos debemos al público (que no pueblo, sutil diferencia).
Tienen razón también los periodistas que hablaron como eso, periodistas: me gustó la posición digna de Joaquín López Dóriga. Y el revire de Sergio Sarmiento a Pablo Gómez, defendiendo su categoría de “subproducto”, como se asumió él, nos asumimos muchos en cierto sentido. Una pregunta suya es básica: ¿Si entre ustedes, los partidos, se atacan, no debemos reproducirlo?
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 12 de septiembre.
Fue, por lo menos, una reunión inédita. “Histórica”, decían algunos. Lo cierto es que fue el encuentro de dos poderes, uno constitucional y el otro poder de facto, que sentados frente a frente y en cuatro horas de debate intenso, pasaron de la cortesía a la tensión, del protocolo a la amenaza, de la pregunta crítica al ataque directo; para al final ejercer la tolerancia y el diálogo, aunque para algunos fue “diálogo de sordos”.
Hasta la torre del Caballito, decididos a ser escuchados, llegaron los 10 hombres de los medios electrónicos más influyentes. Nombres y apellidos de peso en la industria: Francisco Ibarra, Carlos Aguirre, Rogerio Azcárraga, Javier Tejado, Ernesto Vidal, Tristán Canales, Javier Mérida y Luis Armando Melgar; todos encabezados por Enrique Pereda, de la CIRT.
Con ellos llegó la batería pesada de la opinión electrónica: Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret, Denise Maerker, Javier Alatorre, José Cárdenas, Pablo Hiriart, Guillermo Ortega, Sergio Sarmiento. Conductores, opinadores, periodistas cuya presencia tenía doble sentido: para muchos era ir a defender su trabajo y evitar que la reforma electoral limitara la libertad de expresión; para los concesionarios de la industria era una muestra de fuerza, usar esos nombres, voces y rostros para presionar a los senadores
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 12 de septiembre.
La conductora de la transmisión por radio de la reunión entre senadores y miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, tal vez involuntariamente, definió el proceso del encuentro con una sola palabra: los concesionarios “suplicaron” a los legisladores posponer la reforma electoral.
Los concesionarios y sus empleados recurrieron a todo: amenazaron, acusaron, se dijeron víctimas de abuso del poder y se presentaron como los adalides de la libertad de expresión, pero en realidad rogaron que se pospusiera la sentencia en su contra.
No lograron conmover a los legisladores, quienes por primera vez en mucho tiempo presentaron un frente unido, en especial los militantes de los tres principales partidos, PAN, PRI y PRD. Como les comentó el perredista Pablo Gómez: tal vez deberían preguntarse cómo provocaron esa unión.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 12 de septiembre.
Fue un choque de trenes.
La mediocracia se enfrentó a la partidocracia.
Fueron poco más de 4 horas de intenso debate.
En un evento totalmente inédito, representantes del Poder Legislativo escucharon la airada posición de la industria de la radio y la televisión en contra de una iniciativa que no fue consultada y ni siquiera informada a los protagonistas de la industria.
El proyecto de dictamen de reforma electoral evitaría a los partidos políticos la contratación de espacios en los medios electrónicos e impone a éstos el uso de los tiempos oficiales, regulados por el Instituto Federal Electoral.
Fue una confrontación trasmitida en vivo, en directo y a todo color por prácticamente todas las cadenas radiofónicas y televisivas del país.
La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión enfrentó al Poder Legislativo.
El punto de desencuentro es la iniciativa de ley para reformar la Constitución.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 12 de septiembre.
El pronóstico se cumplió. Llegó la semana de los chingadazos. La partidocracia y la telecracia se dieron ayer con todo alrededor de la polémica reforma electoral, que pretende llevar a los tiempos oficiales en los medios electrónicos (for free, dirían los gringos) las campañas electorales.
El quinto piso de la Torre del Caballito sirvió como arena de este pleito entre el Poder Legislativo y los llamados poderes fácticos. Hasta el lugar llegó una impresionante constelación de conductores estrella que hicieron causa común con los concesionarios, en contra de una ley que consideran atentatoria de la libertad de expresión.
Algo nunca visto. En la misma trinchera Joaquín López-Dóriga y Javier Alatorre. Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento. Pedro Ferriz y Pepe Cárdenas, Ciro Gómez Leyva y Paty Chapoy, Andrés Roemer y Ana María Lomelí. Fuera de la Torre del Caballito, las unidades móviles transmitían en cadena nacional los pormenores del acto.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 12 de septiembre.
Exitosa fiesta de disfraces la de ayer en el Senado de la República, donde las puertas fueron abiertas de par en par para que la cúpula, con el indeleble sello de Televisa-Tv Azteca, de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, la CIRT, presumiera su capa de piel de oveja y enseñara su máscara de demócrata, defensora de la libertad de expresión y adalid de la constitucionalidad.
Ayer, al filo del mediodía, la CIRT difundió un comunicado en el que notificó que los integrantes de su consejo directivo se reunirían (14 horas) con los muchachos de Xicoténcatl encargados del dictamen que los trae locos, toda vez que “en la madrugada de hoy (11 de septiembre), Santiago Creel, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, invitó a los miembros de esta cámara a exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de dictamen de la reforma electoral”.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 12 de septiembre.
Desangelados y despistados, parapetados en una soberbia que ya no intimida con facilidad, ayer los dueños del espectáculo mediático y sus voceros ofrecieron el peor show de su vida. La vieja prepotencia que tan notorios beneficios les rendía cuando casi no había legislador o gobernante que no se doblara ante el amago para dejarlos fuera de los noticieros, ha perdido al menos parte de aquella eficacia. Los senadores que ayer recibieron a los directivos de la radiodifusión no se quedaron callados ante reproches y bravatas de los patrones del poder mediático. Y los quejosos quedaron enredados en su propio, confuso y equívoco discurso.
La sesión en las oficinas del Senado estaba planteada más como recurso testimonial que como espacio de interlocución. Acostumbrados a hacer política en el regateo tras bambalinas y nunca en la deliberación abierta, los jeques mediáticos apostaron en esa sesión sus últimas cartas contra las reformas constitucionales relativas a la competencia electoral. Estimaron que con un desplante de apantallamiento mediático impresionarían a los senadores. Quizá por eso atendieron, como diría el clásico, a la forma y no al fondo.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 12 de septiembre.
Sobre la mesa se debatieron dos temas fundamentales: la libertad de expresión y el presupuesto por alrededor de 2 mil 600 millones de pesos que utilizan los partidos políticos a través de los medios de comunicación; al menos ésa fue la cantidad que se ejerció en el 2006.
Hablaron y hablaron fuerte los propietarios de cadenas de radiodifusión.
Allí estuvieron Rogerio y Jaime Azcárraga, de Grupo Fórmula; Francisco Aguirre, de Grupo Radio Centro; Francisco Ibarra, de Grupo Acir, y representantes de Ricardo Salinas Pliego, entre ellos Tristán Canales y, por supuesto, el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Enrique Pereda.
El gran ausente fue el propietario de Cadena Tres: Olegario Vázquez Aldir, aunque sí asistieron sus cámaras y conductores.
También hablaron, en distintos tonos, reconocidos conductores de la radio y la televisión: Joaquín López Dóriga, de Televisa y Grupo Fórmula; Javier Alatorre y Sergio Sarmiento, de TV Azteca, y Pedro Ferriz Decón, de Grupo Imagen.
El presidente de Grupo Fórmula, Rogerio Azcárraga, disparó fuerte.
Dijo que los legisladores lo que pretenden es expropiar el 30 por ciento del tiempo y valor de radio de los industriales de la radiodifusión.
Ello implícitamente —advirtió el concesionario— redundaría en el rating de las radiodifusoras en la medida en que se convertirían en tiempos similares a los que utiliza La Hora Nacional y que nadie escucha.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 12 de septiembre.
El caso es que concesionarios de radio y televisión, periodistas y conductores de estaciones de todos tamaños y tipos de programas salieron a la defensa de los derechos ciudadanos en nuestra aún joven e imperfecta democracia.
Si bien los legisladores escucharon con cierta atención los conceptos de concesionarios y comunicadores, como le digo, el dictamen para una reforma electoral está muy avanzado y la idea es que se promulgue este mismo jueves.
En la larga sucesión de pronunciamientos ante las comisiones unidas del Senado, que tienen a su cargo el expediente en cuestión, participaron Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, Sergio Sarmiento, Andrés Roemer y Pedro Ferriz, entre otros comunicadores, todos hablando a título de los periodistas, y de plano manifestando que esté en riesgo una actividad que es fundamental en toda democracia, en el entendido que "es preferible cualquier exceso de libertad en vez de un país en donde se impongan límites a la libertad", como lo expresara el propio Alatorre.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 12 de septiembre.
A las dos de la tarde los senadores llegaron a recibir la inusual visita. En la larga mesa ovalada se hicieron dos bandos: al lado derecho se ubicaron los dueños y directivos de medios y, con ellos, la batería de nombres mediáticos; del lado izquierdo, los senadores de todos los partidos. Jesús Murillo Karam, Alejandro Zapata y Ricardo Monreal llevaron la voz cantante junto a Dante Delgado y los verdes Arturo Escobar y Manuel Velasco.
Los poderosos radiodifusores marcaron desde al arranque el tono fuerte de la reunión. Rogerio Azcárraga habló de los “tiempos oficiales” para las campañas y la tachó de ser una “medida expropiatoria” porque tomarán tres minutos diarios de los mejores horarios de la radio y la televisión, afectando su tiempo de mayor venta. Francisco Ibarra recordó los tiempos de la censura del régimen priísta y lo comparó con algunos postulados de la reforma. “Yo creí que esas épocas ya estaban superadas”.
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 12 de septiembre.
Los concesionarios de radio y televisión estaban más que molestos ayer, durante su reunión con los senadores que elaboraron la reforma electoral, que incluye la prohibición de que partidos o particulares contraten spots de propaganda en tiempos de comicios. Rogerio Azcárraga, propietario de Radio Fórmula, se quejó porque los tiempos oficiales, donde se difundirán los mensajes políticos, ocuparán 30% del horario comercial, lo que es una especie de expropiación, dijo
“Binoculares”, El Gráfico, 12 de septiembre.
La confianza y la soberbia, mi estimado, juntas son el peor de todos los males. Originales olas han levantado la oligarquía radiofónica y el duopolio televisivo en su simpática encerrona de ayer con varios senadores de distintas comisiones —de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Prácticas Parlamentarias y Radio Televisión— en la Torre del Caballito, donde se intercambiaron puntos de vista, bolas rápidas, puntuales precisiones, inquietudes y donde florecieron esas actitudes, precisamente ésas, my friend, que tanto ayudaron a enrarecer el accidentado camino rumbo a la polémica elección de 2006 que sigue dividiendo a los mexicanos.
La divertida reforma electoral —que pretende en uno de los puntos más importantes cerrar la caja registradora de los medios electrónicos— ha sido estigmatizada en los medios de intoxicación masiva como una afrenta a la libertad de expresión, y ayer, después de cuatro horas de escuchar las posturas de dueños de la radio, de comunicadores y de legisladores, esa seductora duda quedó despejada.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 12 de septiembre.
Hasta ahí, la reunión transcurría bien; los senadores respondieron la primera ronda de preguntas con evasivas y generalidades. Vino la segunda ronda. Carlos Aguirre había pedido a los senadores que no los vieran sólo como “los mercantilistas que van a defender su dinero”. Le siguió el conductor Pedro Ferriz de Con y la tensión empezó a crecer con sus palabras: “No venimos a dialogar, sino a reaccionar contra ustedes”, abrió el conductor instalado en gatillero: “Ustedes están tomando por asalto al país. El país es suyo. Dicen que se autolimitan, pero eso sólo una postura pueril y ridícula... los que frenan al país son ustedes”.
Cuando Ferriz terminó, hubo un silencio pesado en el salón. Algunos aplaudieron tímidamente. Las caras de los radiodifusores se veían extrañadas. Ferriz se acercó a donde estaba sentado López Dóriga y lo cogió del hombro, como buscando su aprobación. Joaquín volteó hacia un lado, mientras tomaba agua de su botella; Javier Alatorre rescató la mano de Ferriz, que se quedó en el aire.
La reunión se tensó. Dos horas y 14 oradores más, el encuentro terminó sin acuerdos. Apenas salieron del edificio los hombres más poderosos de los medios electrónicos, los senadores se encerraron a votar y a aprobar el dictamen electoral. Fueron cuatro horas de palabras que no tuvieron eco; el intercambio de dos poderes que, a pesar de tanto diálogo, de críticas, señalamientos y hasta alguna descalificación, nunca se acercaron
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 12 de septiembre.
En la fiesta, variados fueron los disfraces: televisoras que reivindican la democracia, la transparencia, la libertad empresarial y el ejercicio del derecho a la información; directivos del duopolio disfrazados de senadores; políticos profesionales disfrazados de comunicadores; personeros de Marta Sahagún y Tv Azteca disfrazados de personal de asepsia; locutores y mercaderes del micrófono disfrazados de periodistas y comunicadores; Los Pinos con disfraz del empresario Pedrito Ferriz de Con, el sempiterno vocero presidencial oficioso; una chantajista profesional disfrazada de “periodista de espectáculos”; banqueros disfrazados de conductores de noticieros; barones de los medios electrónicos disfrazados de mexicanos de a pie, exigentes de sus derechos, pero negadores de sus responsabilidades; ambiciones políticas y económicas disfrazadas de reclamo democrático, de protesta, de indignación.
En fin, ésos y otros disfraces se vieron ayer en el Senado, cuando en realidad el nombre del juego es clarísimo: nos negamos a dejar de ser factor de primer nivel en la toma de decisiones del país, de intervenir en el juego electoral y de sacar siempre la ficha ganadora en el jugoso negocio de las concesiones y los dineros públicos. Nos negamos, en síntesis, a dejar de ser quienes siempre hemos sido.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 12 de septiembre.
Más aún, ¿qué hay de la transparencia en el gasto de los partidos, como preguntaba Emilio Azcárraga? ¿Qué con los autoritarios excesos de esta nueva partidocracia, como señaló Pedro Ferriz de Con? ¿Qué con el respeto al ejercicio de la libertad periodística, como preguntó Joaquín López-Dóriga? ¿Qué con la falta de transparencia de los partidos como preguntaba Javier Alatorre? ¿Qué nueva era democrática puede construirse con tales atropellos —tipo régimen comunista— como señaló Javier Tejado?
Sí: la dizque reforma es sólo una forma de disfrazar la verdadera tentación casi expropiatoria, como dijo el dueño de Radio Fórmula. Sí, y tan así, que los senadores —y particularmente Pablo Gómez— no dejaron pasar la ocasión de amenazar: recuerden que son concesionarios, que el espectro "es del pueblo" (esa abstracción que siempre usan los pillos para justificar sus imperdonables actos). Algo así como "coopelan o cueio".
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 12 de septiembre.
Los conductores de unas y otras cadenas, con su asistencia solidaria, hicieron un solo bloque.
Los conductores símbolo de las televisoras competidoras: Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre, fueron el objetivo permanente de los flashes de cámaras fotográficas y de televisión.
Pedro Ferriz Decón, sin ambages y con la fuerza de un orador consumado, advirtió a los legisladores que hoy tienen en sus manos a los medios de comunicación.
Javier Tejado, abogado de Televisa e integrante de la Cirt, con cifras concretas demostró que los legisladores en realidad lo que buscan es aumentar gratuitamente el tiempo del que hoy disponen los partidos políticos a través de los tiempos oficiales y tiempos fiscales, para pasar de 48 a 70 minutos.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 12 de septiembre.
Magnífica la sesión de ayer en el edificio del Senado. Mucho tenían que decirse los políticos y los concesionarios de radio y televisión y se lo dijeron de frente y en vivo. Notables las intervenciones de nuestros compañeros de páginas: Joaquín López-Dóriga, Ricardo Monreal y Pablo Gómez. Impecable el tino de Rogerio Azcárraga, presidente de Radio Fórmula, al reclamarle a los senadores que la intención de entrar al aire tres minutos, de corrido, cada hora, mataría el rating “con puras cosas que no le interesan a la gente”.
Notable, asimismo, la desmemoria de algunos que se animaron a tomar el micrófono. Pedro Ferriz de Con, por ejemplo, quien en 2005, unos días antes del desafuero, le advirtió al aire a Andrés Manuel López Obrador que en Imagen radio cubrirían sus actividades hasta que mantuviera el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero que una vez que perdiera el fuero se olvidarían informativamente de él, lo desaparecerían. Pues bien, ayer acusó a los senadores de querer secuestrar a los medios de comunicación.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 12 de septiembre.
Las televisoras y las radiodifusoras fueron a la Torre del Caballito para advertir a los senadores sobre los riesgos de la reforma electoral promovida por algunos de ellos. Desde Cadena Tres, encabezada por Olegario Vázquez Aldir, hasta Televisa, presidida por Emilio Azcárraga; TV Azteca, bajo la conducción de Ricardo Salinas Pliego, y radiodifusoras fuertes, como Radio Fórmula que preside Rogerio Azcárraga, o Radio Centro, con Francisco Aguirre al frente, todos los medios electrónicos ven grandes riesgos con la reforma electoral propuesta
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 12 de septiembre.
El que estuvo ayer ante legisladores en la Torre del Caballito fue Ricardo Salinas Pliego. El empresario fijó la postura de TV Azteca de no realizar ventas ni recibir dinero de los partidos políticos en tanto no se aclaren las nuevas reglas de la relación entre los partidos, el IFE y los medios de comunicación. Salinas explicó que Azteca no quiere que la discusión de montos, orígenes y destino de los recursos económicos, cuya finalidad sea la promoción de los partidos políticos empañe la reforma electoral y ponga en riesgo el futuro democrático del país
Darío Celis, “Tiempo de negocios”, Excélsior, 12 de septiembre.
Andrés Roemer, uno de los símbolos de Azteca 40, señal irregular que está al aire gracias a un despojo bendecido por la corrupción de las autoridades de la administración foxista, enhebró un largo discurso sobre democracia, legalidad y no sé qué tantas otras virtudes.
Ernesto Vidal, quien se pasó el sexenio brincando de un cargo directivo en Los Pinos a uno directivo en TV Azteca, sin preocuparse siquiera por guardar las apariencias (ni dar explicaciones, claro), le exigió a los legisladores, como director de TV Azteca, transparencia en el proceso de la reforma electoral.
No cabe duda que para decir ciertas cosas en público se necesita ser… caradura.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 12 de septiembre.
¿Escuché bien y por la libertad de decir cosas (entre ellas que Enrique Peña Nieto es guapo) y la defensa de candidaturas ciudadanas Paty Chapoy se destapó a la Presidencia? Eso sí sería tener un sexenio en el balcón
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 12 de septiembre.
Así que, extraviado el foco de sus reclamos, los radiodifusores comenzaron hablando de todo y nada. Y cuando entendieron que las cadenas nacionales que estaban difundiendo esa sesión desde la Torre del Caballito lejos de amilanar a los senadores les daban más ánimo, involucionaron a un discurso insolente y ramplón. El hecho de que, hacia ese segmento de la comparecencia, eligieran como voceros a personajes de tan cuestionada fama pública como Ferriz De Con y Paty Chapoy, da cuenta del extravío de los concesionarios. Y cuando, instalado en la histeria, el abogado de Televisa Javier Tejado aseguró fuera de cualquier proporción jurídica o histórica que los senadores “están estatizando” a los medios electrónicos, era evidente quiénes habían perdido esa partida.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 12 de septiembre.
Así como Luis Carlos Ugalde llegó a convertirse, en defensa de su cargo, en impensable gladiador tardíamente defensor de la democracia, los concesionarios de radio y televisión, con sus estrellas conductoras al frente, se revelaron ayer, durante largas horas difundidas por canales insignia, como apasionados y en ocasiones insurrectos paladines de la antes mencionada democracia (ajonjolí de todas las facturaciones), la libertad de expresión, los derechos cívicos, la voz del pueblo, los supremos anhelos nacionales… ¡Oh, cuántos muros de honor habrán de faltar para esculpir en letras de oro los nombres (y las razones sociales) de tan súbitos héroes movidos por el patriótico interés de que no les sean retirados los fondos publicitarios electorales ni les sean tocados sus tiempos privilegiados de programación a las desinteresadas empresas que ayer se sacrificaron transmitiendo sin comerciales el intento de golpe mediático al Congreso, el respingo de última hora, el elogio del chapoyismo y el rating como cimientos morales de una nueva sociedad (facturable)!
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 12 de septiembre.
Inédito también, my friend, es que se haya transmitido el maravilloso debate en vivo y a todo color. Claaaro, el cierre de filas del duopolio y de los concesionarios de la radio demuestra que el interés... tiene pies. Y este asunto es vital, trascendental y fundamental porque pega donde más duele: el bolsillo. Así que el arte de la presión mediática apenas comienza. El arte de los mensajes. De las formas y el fondo...
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 12 de septiembre.
Qué apasionante tarde la de ayer en la —histórica, transmitida casi en cadena nacional, pero privada y voluntaria— sesión de comisiones del Senado con integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
Poder contra poder.
Uno constitucional y muy desacreditado, es desgraciadamente cierto. Que no tenía real poder hasta hace relativamente poco, digamos 1997, pero que ahora lo es: el Congreso que quiere hacer reformas.
Del otro lado uno fáctico y si se quiere, muy popular. Con el que todos quieren quedar bien… hasta hace poco.
Ambos, aunque tenían mucho poder, hasta hace poco realmente lo ejercen por motu proprio porque estaban sujetos, los dos, igualitos, a lo que decía el Presidente (ese poder omnipotente en México hasta hace muy poco).
Antes que nada, qué refrescante que algo así pase por televisión. Que se digan así de claro —aunque con ataques, hasta intolerancia a veces— que aquí hay una lucha clara. O varias. Por la libertad de expresión, sí… claro y eso es muy importante. Pero también una expresión clara de intereses en algunos sentidos megacontradictorios. Públicos y privados. Y de dinero, ni cómo decir que no.
Lo dijo ayer primero Pepe Cárdenas y es claro (¡aunque suene a trabalenguas!). Ahí le va: es una lucha de parte mayoritaria de la “partidocracia” contra la “mediocracia” (donde se divide ya claramente a la “radiocracia” de la “telecracia”), donde por cierto ambos se acusan de plutocráticos… y todo en el ámbito de un necesario repensar de la democracia mexicana
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 12 de septiembre.
Que uno de los momentos más tensos de la larga reunión de ayer entre senadores y representantes de los medios electrónicos fue cuando el panista Ricardo García Cervantes le espetó un “¡Sus cifras son falsas!” a Javier Tejado Dondé, vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y abogado de Televisa.
Tejado Dondé no había hecho otra cosa más que exponer el dato duro de que, de aprobarse como está la reforma electoral, el costo del día a día de las campañas presidenciales aumentará 41 por ciento, sólo en recursos en efectivo. Si por día de campaña en 2006 los partidos gastaron 28.7 millones de pesos, la cifra en 2012 sería de 40.5 millones.
García Cervantes le dijo mentiroso a Tejado Dondé, pero se le olvidó aportar cifras.
“Trascendió”, Milenio, 12 de septiembre.
La forma en su comparecencia la aportaron los radiodifusores con una insólita cobertura mediática. Tan reacios como son a las cadenas nacionales, ellos hicieron la suya propia con la transmisión simultánea en todas las televisoras y prácticamente todas las radiodifusoras afiliadas a algún consorcio comunicacional. Pero el fondo del discurso que buscaron difundir con tanto estruendo resultó patéticamente endeble.
Algunos miembros de la CIRT se refirieron a temas de la reforma electoral distintos del que los había convocado: reelección de los legisladores, candidaturas independientes. Otros, recalcaron los riesgos que la iniciativa de reformas constitucionales podía implicar para la libertad de expresión. La premura con que ha sido redactada deslizó en la iniciativa un párrafo que habría podido ser interpretado para vulnerar los derechos de opinión y crítica. Nadie “podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”, se decía en una de las adiciones propuestas al artículo 41 Constitucional.
Con esa disposición se pretende evitar mensajes como los que patrocinó el Consejo Coordinador Empresarial poco antes de la elección presidencial del año pasado. Los senadores reformaron esa propuesta para que diga que nadie “podrá contratar la difusión de mensajes...” Asunto resuelto. Estará prohibida la propaganda electoral que no sea producida por los partidos y esa disposición no será pretexto para censura alguna.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 12 de septiembre.
Con sus tres minutos cada hora, los partidos políticos van a derrumbar el rating.
No podemos volver a la época de la mordaza. No podemos volver a los peores tiempos del priismo, que mantuvo y ejerció por 70 años un control absoluto sobre los medios de comunicación, dijo.
Los ánimos en la reunión estuvieron al máximo.
Y es que la noche previa las televisoras habían pintado su raya respecto de la iniciativa de ley. TV Azteca aseguró que la inconformidad de la industria no se explica en función del dinero que destinan los partidos políticos a la publicidad de sus campañas políticas.
Y para probarlo aseguró que a partir de ese momento no aceptaría dinero alguno de los partidos políticos hasta que no se defina el tema de la iniciativa de ley.
Televisa, con un mensaje más moderado pero igualmente firme, también expresó su inconformidad.
La controvertida iniciativa de ley logró la unanimidad de los medios de comunicación.
Ahí se mostraron como un solo frente las televisoras y las radiodifusoras.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 12 de septiembre.
Pero en medio de esa exhibición de repentino interés por la nación y la libertad, algunos concesionarios acuden de buena fe, especialmente algunos radiodifusores realmente amenazados de muerte, al quinto piso del edificio de cristal de los senadores y ahí hablan de sus preocupaciones perfectamente divididas en dos partes: lo político general (los riesgos de la opinión) y la político empresarial (la posibilidad de quiebra).
En el primero de estos dos grandes campos los concesionarios toman la medida antes reservada al gobierno: el encadenamiento de sus frecuencias para cubrir dos necesidades. Por una parte exhibir el músculo y por la otra ofrecer una estrategia común ante los riesgos ya descritos.
La reunión de los concesionarios fue difundida con amplitud por sus medios no por satisfacer el interés de los ciudadanos (fue cosa de última hora) sino por la amenaza contra los propietarios de los medios. La afrenta legislativa se convirtió en cadena.
Pero más allá de la intención por cuyo impulso actuaron los hombres de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, el ejercicio de consulta no tiene otro nombre sino extemporáneo.
Pedir la opinión de los industriales de la Cámara cuando ya se ha terminado la redacción del trabajo legislativo, y la mayor aspiración consiste en un cambio menor, no tiene mucho sentido. Es más, no tiene sentido.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 12 de septiembre.
Cuando el senador Ricardo Monreal les dio a conocer esa modificación, los dirigentes de la CIRT se quedaron sin el argumento central de su comparecencia. Pero estaban encarrerados y siguieron como si no hubieran escuchado. No defendían prerrogativas de la sociedad sino sus propios intereses.
El desasosiego de los representantes de TV Azteca y Televisa no se debía al afán de reivindicar la libertad de expresión de los ciudadanos sino al dinero que dejarán de recibir gracias a la decisión de los legisladores para evitar cualquier contratación de propaganda política en los medios electrónicos. Esa es la causa que movilizó ayer a los dueños del poder mediático. Se trataba de una batalla de antemano perdida porque la víspera, en un comunicado que difundieron en sus noticieros, los radiodifusores habían admitido el fin de la propaganda pagada en medios electrónicos.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 12 de septiembre.
A lo largo de las diversas intervenciones se dijeron muchas verdades a medias, que son, ya sabe, mentiras completas. Se habló de la amena censura en los tiempos del PRI cuando en tiempos más recientes, léase de Fox, con el poder de una llamada telefónica del procurador Macedo de la Concha se aplicó, sin ataques de ética, la censura. Ayer, legisladores y concesionarios dieron un estupendo espectáculo de dos mundos. Dos realidades. Dos poderes. Que por cierto se juntaron, coquetearon, pactaron y confabularon en el pasado, al percibir el peligro para sus intereses.
El divino problema es que en estos aciagos tiempos esa ocurrente práctica no conlleva armonía... ni equidad. Lo interesante del ejercicio de ayer en el Caballito es que hay verdadera molestia de los poderes fácticos ante la agenda de los tres principales partidos políticos que dan señales de unidad en torno al reformón electoral... donde la estrella de Ugalde & associates será arrojada al canal.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 12 de septiembre.
Algunos concesionarios ayer por la tarde exponían preocupaciones sensatas pero otros nunca pudieron explicar dónde comienzan los intereses de la industria, dónde los de la sociedad, en cuál confín los de la democracia y por supuesto el incógnito rincón de sus negocios exclusivamente personales.
Con la boca llena de conceptos como responsabilidad, nacionalismo, patriotismo, méritos en campaña, prolongado currículum y demás, recibieron al menos una seguridad: el párrafo en torno de la prohibición para externar opiniones cuyo contenido pudiera desviar preferencias electorales, mezclado con la vaguedad de la contratación por terceras personas, ya fue eliminado del dictamen.
Hoy la materia de tan aguda discusión en la cual los concesionarios tuvieron el auxilio de algunos comentaristas, tuvo como materia un predictamen. El trabajo legislativo no se ha terminado y si bien este documento sujeto ahora a la primera lectura pasará a la Cámara de Diputados casi igual a como fue conocido a fines de la semana anterior, todavía quedan muchas cosas por hacer y decir.
La principal de ellas es la necesidad de negociar desde ahora en San Lázaro para lograr —si en verdad la CIRT quiere incidir en estos contenidos— aportaciones considerables y convenientes.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 12 de septiembre.
El tema central del debate fue la decisión de la reforma de terminar con la compra partidista de tiempo para espots de publicidad de campaña por la queja de las tarifas caras y la utilización del espacio del Estado para las campañas. Sin embargo, la reunión hizo aflorar mayores contradicciones y huecos e insuficiencias de la reforma electoral, muchas de ellas relacionadas con la disminución de la libertad de expresión y la criminalización de la crítica.
En este contexto, la reforma electoral derivó en un tema bastante delicado: la revisión del papel político de los medios de comunicación electrónicos. La clave se localiza en el punto cinco del proyecto de dictamen de las comisiones, donde se alerta del poder de la televisión:
"Bajo tales tendencias (el auge de las comunicaciones), que son mundiales, la política y la competencia electoral van quedando sujetas no solamente a modelos de propaganda que les son ajenos, sino también al riesgo de sufrir la influencia de los dueños o concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión o de otros grupos con el poder económico necesario para reflejarlo en esos medios de comunicación, que de tal situación derivan un poder fáctico contrario al orden constitucional."
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 12 de septiembre.
En el ánimo de propietarios y conductores privó todo el tiempo la pasión, pero también la incertidumbre.
Y es que como se lo dijeron a sus interlocutores tenían la duda de que la reunión hubiera sido una mascarada de diálogo porque extraoficialmente sabían que los legisladores tendrían una reunión posterior para iniciar el camino de aprobación del controvertido dictamen.
Sin duda, fue un choque de trenes.
La mediocracia se enfrentó a la partidocracia.
Fue una reunión inédita, cuyo desenlace todavía no se escribe.
Al tiempo.
Marco Antonio Mares, “Ricos y Poderosos”, Crónica, 12 de septiembre.
EL DE AYER fue el mejor "reality show" que se haya visto en la pantalla chica.
NI AL MÁS CREATIVO de los guionistas se le había ocurrido antes un debate entre senadores y empresarios de la radio y la televisión, apoyados por conductores de noticiarios y de programas de espectáculos. Nomás faltó Brozo.
QUIZÁ lo más interesante fue el "spin" que sufrió el discurso de las televisoras y las radiodifusoras, que pasó de la acalorada defensa del IFE al tema de la libertad de expresión y de ahí al franco reconocimiento de que su molestia es por la pérdida del negocio de los spots electorales.
COMO SEA, no deja de ser notorio que en lo que va del año dos de los tres Poderes de la Unión se hayan tenido que ver las caras frente a frente con esos otros "Poderes": los de la pantalla y el micrófono.
PRIMERO FUE la Suprema Corte cuando anuló la Ley de Medios pese a la metralla televisiva, y ahora el Senado con la batalla por los spots.
EN SU MOMENTO, los ministros hicieron valer su propio peso y todo indica que los senadores parecen ir por el mismo camino, aunque nadie puede cantar victoria todavía.
Y ES QUE tanto los empresarios como los minipartidos -léase Convergencia y el Partido Verde- insisten en que, por lo menos, se posponga unos días la aprobación de la reforma electoral para ganar tiempo... de presión.
SEGÚN DICEN los malpensados, la idea de alargar el asunto es esperar a que regrese hoy por la tarde Felipe Calderón de su gira, pues el Ejecutivo es el único Poder que no ha dicho ni pío en esta controversia.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 12 de septiembre.
¡Tienen razón las televisoras en sus posicionamientos sobre algunos puntos de la reforma electoral que promueve el Senado de la República! Afirman los observadores políticos objetivos, imparciales, enhiestos y erectos.
La empresa Televisa, por ejemplo, manifiesta su preocupación por aquellos aspectos de la mencionada reforma que tocan asuntos fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión, como la prohibición para difundir mensajes -dice la propuesta- "susceptibles de influir en los procesos electorales", postulado que podría dar paso a la censura periodística. Televisa subraya que "el signo de la democracia no debe ser el dinero, ni éste puede estar por encima del debate de las ideas"; saluda la decisión de sacar el dinero como motor de los procesos electorales y respalda la iniciativa de reducir el financiamiento público y privado de las campañas electorales y de eliminar la contratación de espots para propaganda política.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 12 de septiembre.
El resultado evidente es que los medios no están dispuestos a acompañar los nuevos términos del pacto político que se está gestando entre los partidos y, por eso, están apostando al statu quo. Personalmente, no tengo ninguna duda sobre la importancia de quebrar esa relación ominosa entre partidos y medios, que ha dañado a la construcción democrática de México tanto como la deslealtad de los propios partidos. Pero me pregunto, con sinceridad, si es posible imaginar un nuevo pacto político de largo aliento sin el respaldo decidido de los medios masivos y sin una fórmula que les permita sumarse al proceso (aun perdiendo el dinero de las campañas, pero recuperando tiempos de Estado, por ejemplo.
Tal como están las cosas, sin embargo, parece que asistimos a la revuelta de una oligarquía que se enfrenta a la rebelión de un oligopolio. Pero nada de eso tiene que ver con la democracia, que para serlo tendría que mirar solamente hacia la imparcialidad de las reglas y hacia los ciudadanos que votan, mediante un pacto político capaz de mirar lejos. Todo lo demás es inútil
Mauricio Merino, El Universal, 12 de septiembre.
Estar ayer en las oficinas del Senado, hablando sobre el futuro de una reforma que se intentaría votar apenas unas horas después, fue decepcionante: la soberbia y la distancia con la realidad de muchos de los senadores presentes, incluidos algunos de los legisladores más sólidos de los diferentes partidos, hablando una y otra vez de la democracia y la libertad, pero sin hacer concesión alguna con respecto a sus propias atribuciones, cuando están engendrando una suerte de golpe totalitario contra las instituciones democráticas, sólo podía compararse al senador Pablo Gómez reclamando el respeto a su investidura cuando amenazaba a los medios de comunicación y hablaba de respetar el voto ciudadano que lo había llevado a esa posición (¿sólo se debe respetar el voto que lo llevó a él al Senado?); o a María de los Ángeles Moreno tratando de explicar que la mala imagen de los partidos y el Congreso es porque no pueden en quince segundos explicarse a la ciudadanía; o a Ricardo García Cervantes diciendo que se había abierto la consulta sobre el tema desde abril pasado, si la primera reunión con la Cámara y los comunicadores se estaba realizando cuando se intentaba apenas dos horas después aprobar, sin cambios, un dictamen con el cual los partidos intentan quedarse con todo a cambio de nada: con el control del IFE, del Tribunal Electoral, con los espacios de los medios, con el dinero. Y sin siquiera informarle al conjunto de los legisladores qué es lo que negocian. Hugo Chávez estaría feliz
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 12 de septiembre.
Por eso allí, ante los senadores de las Comisiones Unidas, me levanté identificándome como habían pedido:
“Yo me llamo Joaquín López-Dóriga y soy un trabajador de los medios de comunicación; yo trabajo en Radio Fórmula, yo trabajo en Televisa, yo trabajo en MILENIO. Pero hoy no vengo representando a nadie, a penas a mí mismo, por lo que hablaré no de lo que aquí se ha dicho, sino exclusivamente de mis preocupaciones, de mi oficio (...). Yo quiero referirme a este artículo (el ya transcrito).
“Me ha dicho hace un momento el senador Jesús Murillo que ha sido ya modificado, enhorabuena y que así permanezca, modificado. De no hacerlo se estaría creando un nuevo nivel de ciudadano con una inmunidad que no tienen los demás, ni siquiera ustedes los legisladores. Porque hoy nos podemos decir las cosas, criticar, y ustedes reviran y ahí la llevamos. Pero de aprobarse esta propuesta como se plantea, eso sería violar la Constitución, lo que me parece algo gravísimo y un precedente, ya constitucional, de lo que ha sido una tentación permanente de cualquier expresión del poder: la censura (...). Yo les pediría muy respetuosamente que, si ya se hizo la reforma a este texto que reforma la constitución, que así se quede, que ya no haya más modificaciones para que la libertad de expresión no sea víctima de modificaciones legales”.
Anoche, salvo esa modificación, por mayoría de estas comisiones, se buscaba aprobar el proyecto, ya decidido desde antes del encuentro con concesionarios y comunicadores en lo que fue un ejercicio del derecho al pataleo.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 12 de septiembre.
Se dice que las concesiones de televisión son un bien de la nación, que están precisamente para dar un servicio público. Sin embargo, las empresas televisoras pagan originalmente un Impuesto sobre la Renta (ISR) como cualquier Sociedad Anónima. De hecho, erogan 12.5 por ciento del tiempo aire adicional.
Por tanto, el paso adelante en la reforma electoral inhibirá nuevas inversiones de estas empresas y lesionará sin duda su viabilidad financiera.
Por si fuera poco, todo hace suponer que, en el futuro, los legisladores se irán encima contra otros sectores donde se utiliza o se opera un bien público como carreteras, puentes o aeropuertos
Darío Celis, “Tiempo de negocios”, Excélsior, 12 de septiembre.
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Cadena Tres, Televisa y TV Azteca coincidieron en señalar que se está legislando de espaldas a la sociedad y advirtiendo sobre los graves riesgos que se plantean. La televisora de Ricardo Salinas Pliego fue más allá al decir que no aceptará dinero de los partidos políticos en tanto no se aclare esta situación. Los medios de comunicación, nuevamente, han dejado claro que lo importante es la democracia, proteger al IFE de los intentos abusivos de los partidos políticos.
Los daños a la democracia van en contra de todos los mexicanos y mucho más temprano que tarde causarán quebrantos en la economía. Los abusos que hoy cometen los políticos se reflejarán en niños que mueren de enfermedades curables, jóvenes que no consiguen empleo y padres de familia que no pueden tener acceso a satisfactores mínimos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 12 de septiembre.
Albricias, albricias, ¿Qué pasó en el país? ¿Qué fuerzas ocultas se movieron al interior de la nación? ¿Cuáles fueron los brujos que actuaron para que esto haya sucedido? ¿Quién fue el gran creador, titiritero o diseñador de este hermoso espectáculo de debate público? Sinceramente, me siento sorprendido de haber gozado tanto una discusión en el Senado de la República la tarde del martes, pues parece que por unas horas el país llegó al primer mundo democrático. Que diferencia, que altura de debate, que acierto de haber montado una “pseudo” cadena nacional por televisión abierta y en muchas estaciones de radio para escuchar las discusiones en torno a la reforma electoral y el acceso de los partidos a los medios de comunicación; pero ahora me pregunto parafraseando al sabio sociólogo y sicólogo popular Juan Gabriel: “Pero qué necesidad”. ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué ahora la industria de la radio y la televisión se siente ofendida y por qué el Congreso se siente amenazado? ¿Por qué hasta ahora? ¿Será que la vorágine electoral y su diluvio de millones de pesos nos cegó el año pasado? Eso es lo que más me entristece, que los verdaderos problemas del país como la estancada economía, la creciente pobreza, la pérdida de competitividad y las frustraciones de emprendedores, de ciudadanos, de empresarios, de indígenas o de padres de familia no sean dignas de crear una cadena nacional similar a la del martes cuando vimos la película: Duelo de titanes.
Hugo González, “Tecnoempresa”, Milenio, 12 de septiembre.
Con la insolencia característica de los dueños del dinero, los concesionarios, sus ejecutivos y hasta sus estrellas del espectáculo y la farándula hicieron uso y abuso de las radiofrecuencias –que son una extensión del territorio nacional y, por tanto, un bien público– para efectuar una defensa multitudinaria, y en ocasiones vitriólica, de sus intereses económicos privados, y para denostar el proyecto legal que propone eliminar los gastos publicitarios discrecionales en las elecciones y canalizar la propaganda partidaria a los tiempos oficiales del Estado. Se ampararon en la pretendida defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia política, para abogar por lo contrario: el mantenimiento de un orden mediático que excluye a la enorme mayoría de la población, que desinforma a conciencia y que ha dado surgimiento a fortunas económicas e influencias políticas incompatibles con la democracia y la transparencia.
Tales discursos exhibieron su falsedad minutos después de pronunciados, cuando el duopolio televisivo censuró sin ningún pudor la intervención del senador panista Ricardo García Cervantes, contraria a sus intereses. La misma actitud censora se impuso el 1º de septiembre para sacar del aire la intervención de la diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, arguyendo que no se les había ordenado cadena nacional, y en cambio ayer la hicieron motu proprio.
Editorial, La Jornada, 12 de septiembre.
Y es que luego surgen las dudas: ¿Acaso los espacios radioeléctricos que permiten ver y oír lo que pasa en la tele, no son del Estado, es decir: de la gente? Porque si es así, la gente debería estar bien enterada, por ese medio, de lo que propone cada candidato, y cuáles son los métodos que usará para llevar a efecto tales propuestas, y si para eso hacen falta horas y horas de transmisión, pues que se utilicen, eso impedirá que se cometen errores tan graves como la elección de Vicente Fox, o el fraude de 2006. Habrá entonces una mejor ciudadanía.
Pero la voz no nos deja caer, otra vez, en un yerro. La tele no es nada más para el que paga mucho, la tele también es divertimiento. ¿Qué sería del ciudadano del siglo XXI sin un debate entre candidatos? ¿Cómo puede el hombre común tomar una decisión frente a la urna si es ignorante del color de la ropa interior del que pretende ser presidente de la República? No, la tele educa, guía, busca meter en esos rincones oscuros de la mente de los ignorantes, un poco de luz patriótica, y eso es para la mayoría. Por eso la tele es democrática.
Miguel Ángel Velázquez, “Ciudad Perdida”, La Jornada, 12 de septiembre.
Más allá de que no haya precedente y más acá del “mejor tarde que nunca” y “de lo perdido lo hallado”, el debate de senadores, concesionarios y periodistas de radio y televisión es encomiable: su difusión sirvió, no desde luego para mejorar la propuesta electoral o matizar la voracidad de los partidos grandulones, pero sí para que las audiencias de radio y televisión atestiguaran el cruce de reproches, razones, dudas, juicios, prejuicios, preguntas, elusiones, respuestas, propuestas y temores frente a una iniciativa que deja entrever la chavización mediática que viene.
Desde temprano, los legisladores habían enmendado la idiotez contra el ejercicio periodístico que redactó uno de los muchos ignorantes que lo integran, pero serán vilmente amordazados los hijos de vecino que quieran contratar espacios para criticar o denunciar pillerías de aspirantes a puestos de elección, o postularse como candidatos ciudadanos y hacerse propaganda, porque los partidos mantendrán su jugoso monopolio.
Carlos Marín, “El asalto a la razón”, Milenio, 12 de septiembre.
Bajo el seudoargumento de que quieren "abaratar" la democracia (en realidad los partidos políticos nos seguirán costando la misma y hasta más lana de la que nos han costado hasta ahora), bajo ese argumento, políticos que llevan viviendo del presupuesto durante toda su vida, como los que intervinieron ayer en la sesión con la CIRT, intentando por todos los medios protegerse de que digamos lo que en realidad son: unos burócratas legislativos, unos quistes nacionales, improductivos parásitos del Poder Legislativo, sempiternos trapecistas del presupuesto. ¡Y además de callarnos, quieren jetearnos! Porque pretenden poner sus aburridas caras y soporíferos choros en la pantalla, utilizando los famosos (y dictatoriales) "tiempos oficiales". ¿Usted se soplaría una retahíla de cinco minutos en televisión pronunciada por el ronco pecho de Arturo Núñez? ¿O la retórica revolucionaria de María de los Ángeles Moreno? ¿O el insoportable despecho de Ricardo Monreal? ¿O la somnífera solemnidad de Alejandro Zapata Perogordo? Y sí: son taaaan aburridos, que ¡nos van a matar el rating!, tal como lo advirtió don Rogelio Azcárraga
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 12 de septiembre.
Una “falla técnica” impidió que Televisa se enlazara desde el principio a la reunión de la CIRT, en la que se propuso lo que llamaron un “referéndum por la libertad”, que no es otra cosa que una consulta pública sobre el tema electoral, que ya es casi imposible.
A Bernardo Gómez se le vio en los pasillos hablando por teléfono y preguntando casi a gritos por qué los técnicos y reporteros de Televisa no habían llegado a tiempo al evento. En todo caso, lo que vimos ayer, junto con la visita del martes al Senado, es una confrontación que apenas comienza; una batalla en la guerra que se avecina por la ley de medios, en la que Congreso y la poderosa industria de la radio y la televisión chocarán con todo
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 13 de septiembre.
Fueron implacables los empresarios, buscan doblar a los senadores, llevaron a todas sus estrellas en un acto intimidatorio, que afortunadamente no les salió como esperaban. Solo faltó decirle a esa gente que, mienten, cuando hablan de las grandes contribuciones que hacen en impuestos. La Ley de Ingresos precisa que cada concesionario tiene que pagar una especie de derecho de antena y la cantidad es de 2 mil 750 pesos, mientras que en el extranjero, la cuota es de miles de dólares.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 13 de septiembre.
El dinero, mi estimado, es una garantía de que se podrá obtener lo deseado en el futuro. Espléndida la delicada guerra de vencidas entre dos de los poderes que mueven la simpática cuna nacional: el Legislativo y los fácticos.
Lo realmente divertido es que el duopolio televisivo y sus entretenidos satélites lograron poner de acuerdo a las tres fuerzas políticas del país. Lograron, my friend, lo inusitado: PRI, PRD y PAN de la mano enfrentan los intereses de Televisa y Tv Azteca y de paso a la CIRT. Fabuloso.
El respetable no deja de asombrarse ante la curiosa actitud envuelta en la bandera sobre la libertad de expresión que azota las conciencias de muchos. ¿Pues de qué tamaño es el golpe al negocio del espoteo? O mejor aún, mi querido lector, ¿cuál será la otra razón por la cual se desataron los demonios y la cólera empresarial...?
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 13 de septiembre.
Hasta la casona de Xicoténcatl había llegado la noticia de la reunión cumbre celebrada horas antes por los concesionarios, en la sede de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. En ese acto, al que acudieron también los conductores estrella de las diferentes cadenas, el periodista Sergio Sarmiento leyó un pronunciamiento titulado Referéndum por la libertad.
El pronunciamiento incluía una queja referente al encuentro, en la víspera, de concesionarios y conductores con los legisladores. "Los puntos de vista que expresamos en esa reunión fueron simplemente descartados, en una decisión que estaba ya previamente tomada", decía el texto. Añadía: "Exigimos un referéndum, una consulta popular (sobre la reforma electoral), para que los mexicanos expresen su opinión de manera directa, y sin participación alguna de la partidocracia".
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 13 de septiembre.
LA ESCARAMUZA verbal protagonizada entre los senadores del Frente Único Partidocrático y el batallón de Caras Vemos Razonamientos no Conocemos que conformó la CIRT, de última hora, para defender sus intereses, tradúzcase recorte al gasto publicitario en campañas y candados para la contratación impune de spots con cargo al erario, nos volvió a reivindicar como paraíso surrealista. Hicieron bien en deslindarse como representantes de esa nefasta cámara algunos periodistas antes de participar. La CIRT cometió un grave error de estrategia. Ese improvisado ejército de conductores, buenos en el manejo de la oratoria, pero con poco entrenamiento en el difícil arte de la articulación sin telepronter, nos brindó la posibilidad, de manera tangencial, de tomar algunas mediciones.
David Gutiérrez Fuentes, “Perro Mundo”, Crónica, 13 de septiembre.
¿DE QUÉ se espantan los concesionarios de la radio y la televisión?
CONCESIÓN, diría la Real Academia, significa entregar un permiso para explotar o prestar un servicio público en un plazo determinado y bajo ciertas condiciones.
ES DECIR, si el mismo concepto del permiso que tienen para utilizar las frecuencias del espacio radioeléctrico implica aceptar las condiciones del gobierno, ¿por qué sorprenderse ahora de que el Estado quiere hacer cambios -por ejemplo- en el uso de los minutos oficiales de publicidad?
ADEMÁS, que no se les olvide que antes poco se les exigía y el tiempo oficial lo otorgaban casi, casi, como si fuera un favor que le hacían al gobierno... y ni siquiera lo pagaban completo.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 13 de septiembre.
El debate sobre los medios de comunicación, por lo demás, apenas está comenzando. No veo motivos para la desesperación. El encuentro del martes en la Torre del Caballito abrió un apasionante espacio para discutir y acordar. Viene en camino una nueva Ley de Radio y Televisión, reglamentos, transitorios…
Los políticos, a los que tanto hemos criticado por no saber llegar a acuerdos, ya midieron el tamaño de su musculatura cuando se expande el 93 por ciento. Algunos, despectivamente, lo llamaran “partidocracia”. Yo prefiero decirle 93 por ciento.
Toca ahora a los empresarios de los medios hacer el ejercicio de imaginación para tejer una nueva etapa. Es entendible su mal humor por la forma pandillera con la que el Senado sacó la reforma electoral y los sacó del negocio de la propaganda política. Pero a esto le falta mucho. Mucho.
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 13 de septiembre.
No es un asunto de paranoia periodística, sino una posibilidad real ante la actitud mostrada por algunos senadores durante la reunión que tuvieron con radiodifusores y periodistas el martes pasado. No se equivoca Pedro Ferriz de Con cuando le dice a los senadores que "el país es suyo", porque así lo sienten y así lo manejan los partidos, en una confusión democrática de querer suplantar a la presidencia imperial con la tiranía partidista. Y vaya que lo están consiguiendo.
Las palabras de Ferriz de Con provocaron un doble efecto: que aflorara la intolerancia de los senadores cuando se les critica —sobre todo en cadena nacional— y, ante la falta de argumentos sólidos, recurrieran a las mentiras para adornar su discurso demagógico y gastado.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 13 de septiembre.
A la propuesta de usar los tiempos oficiales en las campañas, en vez de gastar ingentes sumas para ello, algún asesor refirió que era como un “mecanismo de la era soviética para mantener el status quo de los grandes partidos”. La imprecisión como norma, la desconfianza como única fuente de credibilidad: la palabra “expropiación” se pronuncia con la boca llena, conjurando a los fantasmas del pasado. Acaso por ello el locutor Pedro Ferriz de Con fabricó la frase del día al señalar: “Estamos absolutamente en sus manos, somos de ustedes, ésta es una concesión del país y el país es suyo”. Nada que agregar a tamaña arrogancia. En una mentalidad donde solo cabe ser “dueño” o vasallo es imposible vislumbrar el “interés público”, aun cuando el tema sean las concesiones de un bien de la nación o el permiso del Estado para utilizarlo
Adolfo Sánchez Rebolledo, La Jornada, 13 de septiembre.
La rebelión comercial de los micrófonos mandó ayer al diablo las instituciones y opuso a un proceso legislativo consumado la tesis sin sustento legal de un referéndum particular, espot por espot y rating por rating. Golpistas televisivos y radiofónicos engallados (con las cúpulas empresariales agregadas) que pretenden fabricarse su propio fuero, con Paty Chapoy preguntándose si podrá ser candidata ciudadana a la Presidencia de la República y Pedro Ferriz de Con adjudicando al papel de los conductores de programas periodísticos electrónicos una validez constitucional equivalente a la de los diputados y senadores: los mandatarios “legítimos” de la República ventaneados por sí mismos en la histérica parodia denominada Cuando está en riesgo el privilegio de mandar
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 13 de septiembre.
El nivel de histeria que priva en los medios ante el inminente recorte de una entrada que posibilitó toda clase de bajezas. No es el dinero, se empeñaron en decir, es la “libertad de expresión” lo que está en juego. Las diatribas de un señor apellidado Niño de Rivera y de Ferriz de Con ostentándose como defensores de la sociedad, no resisten la menor prueba. Lo peor es que el primero de ellos se siguió paseando por la cartelera noticiosa al servicio de Salinas Pliego provocando lo que esa televisora causa en un buen número de televidentes: pena ajena. El clímax de esta falsa disyuntiva se alcanzó cuando una conocida conductora de espectáculos le preguntó a los legisladores que si con la reforma electoral se le privaría de su derecho a expresar que un político es guapo.
David Gutiérrez Fuentes, “Perro Mundo”, Crónica, 13 de septiembre.
La reforma electoral en el Congreso, parte sustancial de la reforma del Estado, tocó finalmente la fibra más delicada en la relación de los medios electrónicos y el Estado, el dinero.
Y el hecho también inédito del enlace de dos cadenas nacionales "voluntarias" -así, entrecomillado- en las que los concesionarios integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) salieron a dar manotazos contra los legisladores, reveló simplemente que los empresarios de la comunicación unieron fuerzas para, llanamente, defender sus intereses.
Por qué no hubo airadas protestas cuando Vicente Fox firmó el decretazo; por qué no hubo resistencia ante el otorgamiento de los permisos para las casas de juego.
Viéndolo de manera positiva, los medios electrónicos tendrán una menor dependencia de los recursos públicos y el nuevo mecanismo de contratación de espacios por medio del IFE será limitado, pero deberá ser equitativo para candidatos y partidos.
Por ahora, lo que se sabe es que después del encontronazo del 11 de septiembre en la Torre de El Caballito, el Senado salió fortalecido.
Jesús Sánchez, “Recuento Político”, El Financiero, 13 de septiembre
La exhibición pública del pasado martes, que en cadena nacional privada mostró a senadores de todos los partidos y concesionarios de radio y televisión —además de periodistas— en un inédito intercambio de opiniones y puntos de vista sobre la reforma electoral, se ha querido presentar como una batalla entre “buenos y malos”, entre defensores y/o impugnadores de la democracia, la transparencia y hasta de libertades como la de expresión.
Para una parte de la opinión pública, los buenos son los senadores de los tres grandes partidos políticos, que cual héroes patrios le arrebataron al diablo mediático no sólo un jugoso negocio a costillas del dinero público, sino la capacidad de someter por igual a partidos, políticos, candidatos y, especialmente, controlar los procesos electorales. Para el otro bando, los buenos son los poderosos barones de los medios, de la radio y la televisión, que en el insólito han lanzado una cruzada contra el demonio de la partidocracia, en defensa de la democracia, la transparencia y la libertad de expresión
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 13 de septiembre.
Más de cuatro horas después de un espectáculo cómico satírico transmitido en cadena nacional improvisada, los senadores continuaron con la primera etapa de su minigolpe de Estado, procurando la aniquilación de la radio y la televisión privadas de este país, so pretexto de modificar las reglas del juego electoral.
De golpe y porrazo, si la intentona golpista progresa, decenas de trabajadores —mayormente en el interior de la República— van a perder sus empleos y pequeñas empresas cerrarán sus puertas. Como si esto no fuese importante, un atentado flagrante a las libertades de expresión, de comercio, sí, y al derecho a la información estará consumado.
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 13 de septiembre.
Al modo lorquiano, los senadores de TV Azteca y de Televisa, Jorge Mendoza y Javier Orozco, se portaron como quienes son. En la prolongada sesión de comisiones anteayer buscaron al menos demorar la aprobación del dictamen. Como si ignorara la naturaleza y composición de dichas comisiones, el regiomontano Mendoza arguyó frente a los dirigentes de la Cámara Nacional de Radio y Televisión concesionarios y conductores: "No creo que se haya traído a los medios de comunicación para hacerlos hablar y tirar todas sus inquietudes a la basura; estamos aquí menos de la mayoría del Senado y los que no están aquí no conocen el predictamen, el contenido de la discusión no lo conocen, ¿por qué no darles la oportunidad de que lo conozcan y lo revisen con puntualidad?". Orozco, que entró por la vía subrepticia de la suplencia, dijo por su parte no estar de acuerdo en que "se establezca la posibilidad de cancelar las transmisiones de radio y televisión que resulten violatorias de la ley", algo que no se dice en ninguna parte de la legislación proyectada.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 13 de septiembre.
Del 11 de septiembre de 2007 pudo haber datado un día histórico para México: esa fecha podía haberse recordado por el nacimiento de un poder ciudadano formado por periodistas, al decir ¡no! a los congresistas empecinados en poner límites a la libertad de expresión. Lo que pudo ser, no fue... por el momento.
Para contener un poder, se le debe oponer un poder igual o mayor, y eso es lo que ocurrió el martes pasado durante una sesión de las comisiones del Senado que dictaminaron la reforma electoral.
Lo que hicieron varios connotados periodistas no tiene referente cercano en la historia del país y deriva de que los congresistas, aun habiendo sido elegidos en las urnas, dejaron de ser genuinos representantes de los intereses de la sociedad.
Oscar Mario Beteta, “En petit comité”, Milenio, 13 de septiembre.
Ni a quien irle, tan malo el giro como el colorado.
La TV, fue soldado del poder, para usar su sombra.
Ya gigante, nada hizo por el desarrollo del país, por su superación.
Pudo elevar su nivel, pero se quedó en la cursilería y el mal gusto.
El que vino para competir, se le sumó.
Impusieron su ley, manipularon, pisotearon, a todo y a todos.
Gritan ahora que les pegan en la bolsa
Pepe Grillo, Crónica, 13 de septiembre.
Colocada en alerta permanente frente a lo que se ubicó como burla del Senado de la República, al aceptar la convocatoria para un foro cuando estaba cocinado ya el dictamen de la iniciativa de reforma electoral que prohíbe la contratación de spots en campañas políticas, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión realizó ayer al mediodía una reunión urgente del pleno.
Al evento, más allá de los concesionarios, acudieron los principales conductores y comentaristas.
Los tambores de guerra, pues, están sonando, por más que quedan aún dos cartas: convencer a la Cámara de Diputados de realizar modificaciones… o exigir el veto presidencial
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 13 de septiembre.
Los concesionarios de radio y televisión no se quedaron cruzados de brazos con la reforma electoral que prohibió la contratación de propaganda electoral por parte de los partidos. Ayer, en voz del periodista Sergio Sarmiento, exigieron que se haga un referéndum —”sin participación de la partidocracia”—para ver si la población acepta las modificaciones legales, que incluyen el descabezamiento del IFE
“Binoculares”, El Gráfico, 13 de septiembre.
Ya no se sabe quién defiende a quién. Los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión se han opuesto a la reforma electoral, primero con el argumento de que no se podía remover a los consejeros del Instituto Federal Electoral, luego con razones económicas y por la defensa de la libertad de expresión. Los señores de la radio y la tv pidieron un referéndum para que la ciudadanía opinara del contenido de la propuesta. Nadie les hizo eco. Y mire usted, la consejera electoral Lourdes López dijo que el Instituto Federal Electoral no está en condiciones jurídicas ni administrativas para llevar a cabo el referéndum sobre el contenido de la reforma electoral. Sencillamente, la figura no está prevista en la Constitución
“Bajo reserva”, El Universal, 14 de septiembre.
Desmesurados, acaso porque no tienen más contraste que el espejo de autocomplacencias que ellos mismos han creado, los concesionarios de la televisión, respaldados por la quizá desinformada aquiescencia de numerosos concesionarios de radio, tensaron al máximo su desafío al poder político. Sergio Sarmiento sintetizó ese encrespado estado de ánimo: “no podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.
Sin embargo la presuntamente secuestrada parece tomar con serenidad el diferendo entre el poder político y la mediocracia. Las arengas soliviantadoras, que han sido especialmente agresivas en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego, no tendrán más consecuencia que el berrinche expresado de esa tan patente cuan patética manera. La respuesta de los legisladores, unificados gracias a la altanería de los consorcios televisivos, fue la votación que, al filo de las 10 de la noche aprobó, en lo general, el dictamen para reformar varios artículos constitucionales. 110 votos a favor y 11 en contra corroboraron ese viraje del Senado respecto del poder mediático.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
Ayer al medio día, los dueños de los medios de comunicación se reunieron y difundieron en cadena nacional voluntaria, el texto de lo que denominaron Referéndum por la Libertad.
En este, exhortan al Poder Legislativo a detener el proceso de aprobación de la reforma electoral.
Ya no sólo reclamaron los temas que atañen y lastiman a la industria, sino que se fueron a fondo en la crítica a la reforma electoral.
Con el respaldo de las organizaciones empresariales más importantes del país, organizadas en el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Armando Paredes, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión fijó su postura en torno a la reforma electoral.
Allí estuvieron el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego; Bernardo Gómez y José Bastón —dos de los tres, hombres más importantes cercanos a Emilio Azcárraga Jean (el tercero es Alfonso de Angoitia, pero no asistió) de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, cabeza de Grupo Imagen; Rogerio y Jaime Azcárraga de Grupo Fórmula, y Francisco Aguirre, de Grupo Radio Centro, entre otros.
También estuvieron los comunicadores más destacados.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 13 de septiembre.
Pero parece que a los legisladores se les olvida que el IFE no es un organismo partidista, sino uno que representa los intereses del país. De ahí que la reforma electoral "no" debe ser un capricho de un partido al que no le dieron gusto cuando solicitó el voto por voto en las elecciones pasadas.
Es ahora cuando el sector empresarial toma cartas en el asunto en pro de que cuente con una estabilidad y se consolide la certeza jurídica que se ha ido estableciendo.
De ahí que la propuesta, tanto de los medios de comunicación como de empresarios, es que la reforma electoral sea consensuada por medio de una consulta nacional.
Manifestación que fue avalada este miércoles en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión encabezada por el presidente del organismo, Javier Sánchez Campuzano, los empresarios Olegario Vázquez Aldir, Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego y los presidentes de las cúpulas empresariales: CCE, Armando Paredes e Ismael Plascencia, titular de la Concamin
No es para menos. Si se permite diluir al IFE, ¿después con quién seguirán? ¿La CFC, la Profeco, el IFAI? Vaya, si la respuesta es sí, entonces lo que se busca es no avanzar. Sólo esperemos que estos arrebatos partidistas no se extrapolen hacia el freno de la reforma fiscal, la cual resulta más que urgente, o bien, que se apruebe una con elementos insostenibles.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 13 de septiembre.
Los barones de los medios electrónicos y sus sonrosados jilgueros no lograron mayor cosa al enseñar el músculo en su reciente encuentro con los senadores, salvo exhibirse como lo que son, un ambicioso grupúsculo golpeador y chantajista. Por ello, se vieron en la penosa necesidad de ampliar públicamente el grupo. Ya en sus instalaciones, las de la CIRT, ayer insistieron en el tema, pero ahora con el decidido apoyo de otros organismos privados como los consejos Mexicano de Hombres de Negocios y Coordinador Empresarial (que en 2006 descaradamente violó la ley electoral, encabezó y financió la campaña negra del año pasado y recibió la bendición del IFE y Luis Carlos Ugalde, hoy con el aviso de ocasión bajo el hombro)
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 13 de septiembre.
Como añadido, en esta ocasión, los radiodifusores comerciales han ido aún más lejos. Envolviéndose en la bandera de la democracia participativa han propuesto que se efectúe un referéndum, al que pomposamente llaman de la “Libertad”. Ellos, que aplaudieron la secrecía y la rapidez con la que se aprobó la ley Televisa en 2006, que no presentaron objeción alguna al albazo legislativo del que nació la Ley del ISSSTE este año, y que ni por asomo quieren consultar a la población sobre el aumento a la gasolina, pretenden ahora que se le pregunte a la ciudadanía qué piensa de esta reforma electoral. Pero, aunque el lobo se vista de cordero, se le ve el plumero. Tanta y tan súbita vocación democrática no es más que un recurso para ganar tiempo y tratar de conservar la parcela de poder que habían conquistado
Luis Hernández Navarro, La Jornada, 13 de septiembre.
Ahí, frente a todos y de cara a la Nación, vía radio y televisión, se lanzó el Referéndum por la Libertad.
Los propietarios de los medios de comunicación denunciaron que la reforma electoral —en vías de ser aprobada— se elaboró en lo oscurito.
Advirtieron que de aprobarse, se acotaría la libertad de expresión.
Pero ésta vez la crítica fue más intensa y profunda.
Criticaron la forma en que el Congreso pretende remover a los consejeros del IFE, la inclusión de una contraloría sometida a los partidos políticos y el peligro de que se violente la ciudadanización del máximo árbitro electoral.
Fustigaron los niveles inadmisibles que han alcanzado los gastos de campaña y recomendaron reducir las prerrogativas de los partidos políticos y establecer un sistema de transparencia y rendición de cuentas.
Sin rodeos advirtieron que la reforma electoral convertiría en monopolios a los partidos políticos.
Y exigieron se detenga el proceso legislativo para su aprobación y se realice una consulta popular sobre el tema.
Plantearon en síntesis un Referéndum por la Libertad.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 13 de septiembre.
Que el primer sorprendido con la propuesta de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de organizar un referendo sobre la reforma electoral fue ¡el Instituto Federal Electoral! Algunos consejeros hicieron ver a los empresarios de la comunicación que el IFE carece de facultades para organizarlo.
“Trascendió”, Milenio, 13 de septiembre.
En el fondo, no es más que una visión maniquea del conflicto que enfrenta a esos dos poderes —los de la patidocracia y la telecracia—, porque el problema no es de “buenos y malos”, y menos de “buenos contra malos”, sino que se trata de una lucha de y por el poder, en la que las partes luchan por la transferencia y la retención, respectivamente, de importantes e influyentes porciones de poder, económico y político. Los senadores y sus partidos le quieren arrebatar al poder mediático el negocio electoral y el control político y social de los procesos electorales y de construcción del poder público. Y en el otro extremo, los barones de la radio y la televisión pretenden retener esas fuentes de poder.
Lo demás, los argumentos de unos y otros a favor de la democracia, libertades básicas, transparencia, equidad y hasta en defensa de la libertad de expresión, no es más que aderezo discursivo, demagogia y verborrea que pretende confundir al “respetable” que debió “soplarse” la cadena nacional
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 13 de septiembre.
Tan desmesurada ha sido la ofensiva de los poderes electrónicos que ha provocado una activa unidad de legisladores y siglas partidistas como pocas veces se ha visto (lo cual ¡irrita a los que en otras ocasiones se desgañitan regañando a los partidos y sus legisladores porque no llegan a acuerdos!). El 90 por ciento de las voluntades que votaron en 2006 para constituir el Poder Legislativo está representado en los tres partidos que se han aliado sin fisuras para defender el proyecto de reforma electoral, pero las televisoras y las radios despechadas prefieren ensalzar a los partidos minoritarios (mayoritariamente veletas, paleros y acomodaticios ante el dinero y las prebendas: Dante Delgado, por ejemplo, se muestra comprensivo con las televisoras en espera de ser favorecido con espots cuando sea candidato a gobernador de Veracruz, y de la otra pedacería ni qué decir, por ejemplo, de la corrupción verde ecologista)
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 13 de septiembre.
La reforma electoral aprobada tiene grandes limitaciones. Sin embargo, éstas no impiden reconocer que, con ella, se revierte, en principio, la subordinación de los partidos políticos a la lógica y los intereses de las grandes compañías mediáticas. De allí la rabiosa respuesta de los radiodifusores. Una reacción que nos recuerda que, parafraseando la célebre telenovela, la mediocracia también llora
Luis Hernández Navarro, La Jornada, 13 de septiembre.
Con los cambios de la Ley Electoral alteraron a todos en los medios, pero realmente quien es la víctima aquí ¿La radio o la tele? ¿El empresario o el trabajador? Primero chequen las pautas comerciales y verán quien sobrevive más de la publicidad electoral y verán que las frecuencias de AM y hasta FM serán los grandes perdedores. Las grandes empresas no encuentran espacios donde anunciarse en la televisión abierta y lo abran notado, por ejemplo, en las nuevas y originales y hasta tediosas maneras de anunciar productos durante los contenidos y lo eterno de los cortes comerciales en los programas exitosos. Claro que la tele perderá millones, pero sobrevivirá
La radio, sin embargo, sobre todo en tiempos electorales, prácticamente vive de ello ya que recibe un porcentaje brutalmente pequeño de los presupuestos publicitarios de la iniciativa privada. ¿Por qué creen que hubo tantos cambios, recortes y simplificaciones en este medio desde las pasadas elecciones? Antes era cuestión cíclica y la radio miraba con esperanza la próxima vuelta electoral pero ahora el dinero no llegará. ¿Por qué le importa realmente este asunto al radioescucha? Por que es cierto que los empresarios tal vez ganen menos dinero, pero los trabajadores que hacen los contenidos serán los primeros en quedarse sin trabajo.
Esperen más estaciones de pura música y recen por la AM
Susana Moscatel, “Caras vemos”, El Universal, 13 de septiembre.
Los que no se aliaron a la cadena nacional voluntaria que han realizado los concesionarios de la radio y la televisión de México fueron el Instituto Mexicano de la Radio, las emisoras públicas y universitarias; Radio Chapultepec y Grupo Monitor. A la luz diríamos, todos aquellos que hace diez meses estaban quejándose de la aceptación de la corrección a la Ley Federal de Radio y Televisión, llamada ‘Ley Televisa’. Esto, aparentemente, es congruente, pero si aplaudimos en febrero de 2006 la protesta del IMER, cuando sus emisoras programaron 48 horas de la canción “Si se calla al cantor”, pues la ‘Ley Televisa’ no tomaba en cuenta el legítimo financiamiento de las emisoras públicas y educativas, debemos de reconocer que la aprobación de la reforma electoral cae justamente en lo mismo, en acallar una forma legítima de mercado de las emisoras comerciales, aunque también deberá acordonar los dichos que emanen sobre política nacional en las estaciones permisionarias. ¿O deberemos entender que por hablar de política en una emisora permisionaria no se está haciendo proselitismo comercial? Si hace un mes nos quejamos amargamente del cierre de Café encuentros en el propio IMER y si hemos dado voz y eco a las demandas de coerción política y publicitaria contra Grupo Monitor y a José Gutiérrez Vivó de 80 días a la fecha, luego, no es congruente que Monitor, Antena Radio e incluso Denise Dresser en W Radio o Abraham Zabludovsky en Radio 13 se jacten del castigo que se está ejerciendo sobre los radiodifusores, por los “excesos económicos que han permitido en el proceso electoral del 2006”. Si bien es cierto que más allá del 2 de julio de 2006 los comunicadores de medios deshicieron en palabrotas a Andrés Manuel López Obrador, hoy no es correcto que se les cobre a ellos y sobre todo, al vapuleado radiodifusor de las plazas del interior del país los platos rotos de ese mal ejercicio electoral. ¿Qué no hubiera sido más fácil que los legisladores en vez de hacer tantas correcciones de ley como castigo a los excesos, hubieran aceptado el voto por voto, o de plano, que ganó Andrés Manuel?
Claudia Segura, “La ventana ciega”, Milenio, 14 de septiembre.
El mayoriteo, método con el que los partidos resuelven los problemas del país, se estrelló ayer con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Al cerrar la reunión de propietarios y trabajadores de las empresas del sector, Sergio Sarmiento mostró la oposición a reformas hechas en lo oscuro y sin consultas de por medio
“Frentes Políticos”, Excélsior, 14 de septiembre.
POR CIERTO que alguien anda asesorando mal a los concesionarios de radio y televisión sobre las opciones que tienen para echar abajo la reforma anti-spots.
PORQUE, contrario a lo que se había dicho, no es cierto que el Presidente pueda ejercer su derecho de veto, pues éste sólo vale para leyes y no para reformas a la Constitución.
POR ESO MISMO tampoco los partidos minoritarios podrían interponer una Acción de Inconstitucionalidad... ¡contra la Constitución!
ENTONCES, la única opción que tienen los empresarios de la radio y la televisión es que los diputados echen para atrás la reforma.
ASÍ QUE nadie se extrañe si en estos días San Lázaro se convierte en el malo de la película que pasan por la tele, doblada al español y con comerciales.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 14 de septiembre.
Que ayer la Cámara de Diputados no dio respuesta al presidente de la CIRT, Enrique Pereda, sobre la solicitud que presentó por escrito a las comisiones dictaminadoras de Gobernación y Puntos Constitucionales que recibieron del Senado la propuesta de la reforma electoral.
Este viernes, la minuta será llevada para su aprobación al pleno de San Lázaro.
“Trascendió”, Milenio, 14 de septiembre.
Probablemente, el más nítido de los argumentos que se dio en el debate de esta semana en materia de la reforma electoral y los medios electrónicos lo hiló el comunicador de Tv Azteca Ramón Fregoso durante la mesa de análisis que sustituyó al noticiero de Javier Alatorre el martes pasado en Hechos.
Palabras más, palabras menos, Fregoso dijo que los diputados han perdido la representatividad que tenían del electorado, que ella había sido ganada por los medios de comunicación. Por lo tanto, la reforma electoral que empujaron los senadores debería entenderse como un intento para acotar la representativa legitimidad que ahora tienen los medios.
Es cierto. En los medios se denuncia todo, desde los más cotidianos abusos de los policías corruptos, hasta las ligas más anchas en las que caben los billetes comprometidos de los políticos. Y también la grilla. En ellos se ventila.
Carlos Mota, “Cubículo estratégico”, Milenio, 14 de septiembre.
La decisión del Senado de la República de aprobar reformas a la Constitución para eliminar la compra de publicidad política en radio y televisión, y con ello acotar la influencia del dinero y de los poderes mediáticos en las contiendas electorales, ha recibido una oleada de descalificaciones por parte de las empresas que ven afectados sus intereses particulares. Tales críticas se lanzan en inserciones pagadas en la prensa escrita pero sobre todo a través de los propios recursos de la radio y la televisión, lo mismo en noticieros, que en programas de debate —donde las voces disonantes suelen brillar por su ausencia— y, también, en las barras de entretenimiento, de tal manera que se apela al público sin intermediaciones para descalificar la decisión legal y legítima de un órgano de representación popular. Las críticas a la reforma, se sugieren desde las cúpulas empresariales y los medios electrónicos, se hacen en defensa de la libertad de expresión, de los intereses de la ciudadanía y de la autonomía de la autoridad electoral. No obstante, suele tratarse de aseveraciones sin sustento. Veamos.
Ciro Murayama, Crónica, 14 de septiembre.
Sin embargo, las amenazas y despropósitos que profirieron no son de menor cuantía. En particular aquella que califica la reforma como “expropiatoria”, seguida de ¡Nos van a quitar el 30% del tiempo sin pagar un solo centavo, además de arruinar los ratings. Aparte de confirmar un grosero mercantilismo, tal afirmación es mentirosa. Olvida que la publicidad electoral no comenzó a expandirse sino hasta 1994 y que ellos objetaron entonces que se exhibiera en los tiempos de mayor audiencia, arguyendo que les desarreglaba la programación
Porfirio Muñoz Ledo, “Bitácora Republicana”, 14 de septiembre.
El terreno de la guerra que estamos viendo no es por la libertad de expresión o del pensamiento, sino por los spots políticos. La molestia de los patrones —que se entiende desde el punto de vista del negocio— es que dejarán de percibir 3 mil millones de pesos en las elecciones de 2009 y 2012 por ese concepto y, como agravante, tendrán que incorporar en sus horarios de seis de la tarde a 12 de la noche un total de 18 minutos diarios para la propaganda política, a razón de tres minutos cada hora. Como dijo Rogerio Azcárraga, propietario de Radio Fórmula, perderán 30% del tiempo comercializable en ese horario y, además, rating. No le falta razón, dado que la política no se encuentra entre los temas de mayor interés general. El planteamiento capitalista de los propietarios fue químicamente puro. Pero los conductores son otra cosa
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 14 de septiembre.
Paradójicamente, si las tan vilipendiadas empresas de medios no ceden generosamente más tiempo a los partidos del que éstos les quitaron a la mala, las futuras campañas políticas se verán necesariamente reducidas a simples guerras de spots. Los debates entre candidatos sólo podrán realizarse en abonos chiquitos de tres minutos, a menos de que los partidos les pidan el favor a las televisoras y radiodifusoras.
Por otra parte, como las nuevas normas constitucionales prohíben las campañas "denigrantes", los partidos se verán obligados a limitar sus spots a simples enumeraciones de promesas o a esos autoelogios a los que nos han acostumbrado los anuncios del sector público. Los candidatos se unirán al coro de los grillos que hoy nos dice que contamos con los mejores diputados, senadores, jueces y funcionarios del mundo.
Ya hoy los partidos, el Congreso y el gobierno tienen problemas para llenar los tiempos públicos. Hace algún tiempo Convergencia cubrió uno de sus espacios de radio de cinco minutos con una simple repetición interminable de su cancioncita Naranja, Naranja. El PRD a veces mete viejos discursos de López Obrador. El Senado se ha hartado de decirnos que "A Patricia ya no la volverán a golpear", cuando todo el mundo sabe que la siguen golpeando. La situación empeorará cuando se tripliquen los tiempos oficiales en horarios estelares.
Pero en todo caso los dos o tres minutos constitucionales sólo podrán llenarse con spots. Los partidos están cerrando las puertas al debate de ideas. Y lo peor de todo es que lo están haciendo en la Constitución.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 14 de septiembre.
¿Y los políticos dueños de radiodifusoras y televisoras?
Porque hace años que las concesiones son para los políticos que están en el poder.
¿De qué lado quedaron esos políticos-empresarios en la guerra por el pastel de los spots?
¿Se inclinaron por el dinero, o prefirieron el poder político?
Pepe Grillo, Crónica, 14 de septiembre.
A pesar de que fue una intervención de los industriales de la radio y la televisión primordialmente preocupados por sus intereses, lo que provocó ese ejercicio de diálogo, y no obstante lo ríspido del mismo, creo que éste fue muy positivo, pues con ello quedó en evidencia el deficiente procedimiento cupular con que el Senado preparó un proyecto tan importante sin real participación ciudadana, y la necesidad impostergable de que en los subsiguientes pasos —discusión del proyecto en la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados— no se aplaste la voz y el voto a que los ciudadanos tenemos derecho, no tan sólo los agrupados en la CIRT, sino en cualquiera otra institución, ya sea también empresarial, o sindical, académica, de organizaciones no gubernamentales, o simplemente individual. El referéndum todavía no tiene bases legales en nuestro país, pero existen medios para que los legisladores reciban la opinión pública.
Juan José Huerta, Crónica, 14 de septiembre.
Los empresarios dicen que “remover a los actuales Consejeros Ciudadanos, dejaría al IFE a merced de los partidos políticos”. Con esa idea, se quiere contraponer a un IFE de ciudadanos frente a los partidos. Para empezar hay que aclarar que en el IFE no hay “consejeros ciudadanos”, hay, eso sí, “consejeros electorales”, designados, desde siempre, por una de las dos cámaras del Congreso de la Unión, como ocurre también con los miembros de la junta de gobierno del Banco de México o del IPAB o con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, funcionarios públicos, todos ellos, que trabajan en instituciones del Estado, no “ciudadanas”. Los partidos han sido y serán parte del IFE: están en su Consejo General —con voz pero sin voto, y así seguirán—, en sus comisiones de vigilancia, en los consejos locales y distritales. Es falso, además, imaginar a los actuales consejeros como “representantes” de la ciudadanía: no, su nombramiento es fruto de un pacto político entre los partidos —o, mejor dicho, entre dos de ellos, PAN y PRI. Esos mismos partidos, pero ahora con el PRD, han decidido un nuevo acuerdo político incluyente.
Ciro Murayama, Crónica, 14 de septiembre.
Que se restrinja la publicidad pagada para promover las campañas de partidos y candidatos es un avance indudable. Para eso existen los tiempos oficiales del Estado que concesiona las frecuencias a los medios privados. México adopta con esta decisión un principio básico de sana distancia entre los partidos y los medios que opera casi en todas las democracias consolidadas del mundo. Por eso, muy pocos ciudadanos se tragaron la embestida de los consorcios televisivos y radiofónicos que al ver afectados sus intereses pusieron el grito en el cielo, inventando toda clase de patrañas. Resultaba patético escuchar a “comunicadores” tan mediocres y sin ninguna autoridad moral defendiendo la libertad de expresión y erigiéndose en paladines de la democracia. ¡Qué absurdo! Como si los ciudadanos no supiéramos el origen de la concesión a TV Azteca o la complicidad que durante años tuvo Televisa con el viejo régimen priísta
César Cansino, El Universal, 14 de septiembre.
Eliminar de las pantallas de televisión los anuncios pagados en materia electoral no destruye la fuerza política de los concesionarios pero la altera. A partir de esta reforma, los dueños de las televisoras tendrán que hacer política más directamente y sin cobrar. Veremos mensajes más directos, noticiarios con mayor contenido político y apoyos más claros a los candidatos de las derechas. Por esto, el Senado incluyó en la reforma un añadido al artículo sexto de la Constitución para implantar el derecho de réplica.
Pablo Gómez, Milenio, 14 de septiembre.
En este contexto, la violenta reacción de oposición de los concesionarios de radio y televisión, agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y de los representantes del sector empresarial vinculado al gobierno a una reforma electoral, que en el mejor de los casos sólo busca generarle cierta legitimidad a los procesos electorales frenando el uso del dinero, es una evidencia más de que en México no puede haber democracia si subsiste un control monopólico de los medios por empresarios golpistas que se olvidan que no son “dueños” de éstos, sino meros concesionarios, y que quieren utilizarlos para decidir sobre la política nacional
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de septiembre.
Tan ajenos están los radiodifusores a la ley, tan al margen de su práctica, que ignoran que su propuesta de llevar a referéndum la aprobación de la reforma constitucional que prohíbe la propaganda electoral pagada (y sus eventuales simulaciones) es imposible jurídicamente. Una consulta a los ciudadanos, con aquel nombre o sin él, carecería por lo tanto de efectos vinculatorios. Acaso mostraría la posición del público de las televisoras, y establecería distancia entre la decisión legislativa en materia electoral y la opinión de los votantes. Pero esa distancia es apreciable en innumerables materias, no obstante lo cual las leyes a las que se refiere están vigentes.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 14 de septiembre.
La posición de la CIRT es endeble, no sólo porque carece de materia, sino porque se basa en información falsa. Dice que la "reforma se había venido preparando en lo oscuro, por lo que su contenido sólo nos fue revelado unos días antes". Eso pasa a los radiodifusores por no prestar atención a la información sobre asuntos públicos relevantes (y privar de ella a sus usuarios): el 4 de junio, hace tres meses, se efectuó en Xalapa el foro titulado Democracia y sistema electoral, en el marco de las reuniones sobre la reforma del Estado. En esa reunión se trazaron las bases de la iniciativa formalizada el 31 de agosto y cuyo predictamen fue conocido el 6 de septiembre.
No obstante esas deficiencias de su información, considerándose agredida, la CIRT exige "un referéndum, una consulta popular para que los mexicanos expresen su opinión de manera directa y sin participación alguna de la partidocracia... No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos". Y exigió también que el actual IFE, el IFE ciudadano, supervise la consulta popular.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 14 de septiembre.
Las televisoras –con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión como punta de lanza– están dispuestas a dar la batalla hasta el final con tal de no perder el ingreso de los espots. Todavía lamiéndose la herida que les dejó el fracaso en el Senado, comenzaron a tocar las puertas de Los Pinos y la Cámara de Diputados. Tienen un arsenal de recursos políticos y jurídicos a su disposición, además del poder de la amenaza. Hay varias encrucijadas donde podrían hacer descarrilar la reforma electoral: en la misma Cámara de Diputados cuentan con un incondicional, Emilio Gamboa Patrón, cuyos nexos con Televisa datan de mucho tiempo. En los estados –se necesita la aprobación mayoritaria de las legislaturas– ejercen influencia a través de los canales regionales sobre los gobernadores, quienes, a su vez, controlan a sus diputados; en Los Pinos, Calderón les debe el pago de una factura muy cuantiosa por el apoyo que le dieron en la campaña electoral y podría hacer uso del veto. Y por último, está el recurso de la Suprema Corte de Justicia. O sea que es probable que Luis Carlos Ugalde cobre su aguinaldo en el IFE la próxima Navidad y que sigan los espots
Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, La Jornada, 14 de septiembre.
La reforma electoral ha dejado claras las reglas para los servicios concesionados en nuestro país. De ahora en adelante, en tiempos de campaña, los bancos tendrán que dar crédito sin cobrar intereses a los candidatos. Las aerolíneas dejarán el 30 por ciento de sus asientos para uso gratuito de los políticos. Y los aserraderos entregarán un tercio de su madera a los partidos.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 14 de septiembre.
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