103 comentarios, 10.76% de los 957, dan cuenta de las novedades en la contratación de espacios publicitarios. En este contexto, se destaca a los gobernadores como los principales damnificados, puesto que ya no podrán transmitir spots sobre sus acciones de gobierno con nombre, voz, imagen o emblemas personalizados. Desde otro ángulo, se comenta también que los medios cederán gratuitamente tiempo a partidos y candidatos para la difusión de promocionales. Este tiempo, según queda estblecido, será de tres minutos cada hora. Se cuestiona la calidad de los contenidos de los mensajes políticos y se soslayan las consecuencias para las estaciones de Amplitud Modulada (AM).
En materia de reforma electoral, las propuestas presentadas por los partidos coinciden en la necesidad de modificar el modelo de acceso a televisión y radio, tanto en campañas electorales como en periodos no electorales. Es evidente, y hasta escandaloso, que pese a las negativas experiencias, que todos reconocen, en las campañas locales seguimos presenciando, agravados hasta extremos ridículos, los usos y abusos en que incurren candidatos, partidos y empresas concesionarias de TV y radio, ante la pasividad de las autoridades electorales.
Jorge Alcocer, Reforma, 31 de julio.
Un punto neurálgico que se propone para la reforma electoral está a punto de reventar gracias a los buenos oficios del siempre atento (con las televisoras) diputado priísta Emilio Gamboa Patrón. Nos cuentan que había una negociación avanzada entre los grupos parlamentarios de PRI y PRD para que los partidos sólo utilicen tiempos de pantalla o de radio que corresponden al Estado en el desarrollo de las campañas electorales. ¿Qué quiere decir eso?, se preguntará usted. Cero contrataciones de espacios publicitarios, en consonancia con lo que ocurre en países de democracia avanzada. Pero don Emilio, líder de la bancada del PRI en San Lázaro, se comunicó a las oficinas de los ejecutivos de las principales empresas de radio y televisión para, de manera personal, darles garantías de que de ninguna manera pasará la iniciativa conversada con el PRD, nos dicen. Entonces, que la democracia en México, paciente, espere
“Bajo reserva”, El Universal, 16 de agosto.
Un tema neurálgico es el acceso a los medios de comunicación. En el debate del grupo de trabajo ha prevalecido la idea de un modelo en que los partidos queden sujetos a estrictas regulaciones en lo que hace a la contratación pagada de espacios en televisión y radio. Para tal efecto, además de topes a gastos y fiscalización inmediata de las contrataciones, se pretende la exclusividad de la autoridad electoral como conducto de acceso a los medios.
Diódoro Carrasco, Milenio, 30 de agosto.
Se trata de cambios necesarios, que tocan aspectos nodales y sobre los que se insistía hace tiempo. Destaca, por ejemplo, el poner un dique al creciente gasto en los medios de comunicación electrónica, que cada vez más iba contra la equidad de las contiendas, abría una autopista para la proliferación de las campañas negativas incrementaba el riesgo de financiamiento ilegal —o peor, delincuencial— a los partidos y dejaba en una decisión propia de mercado —a cuánto se vendía la presencia de las distintas opciones— un asunto de interés público primordial, como es el conocimiento de los candidatos y sus ofertas por parte de la ciudadanía.
Ciro Murayama, Crónica, 31 de agosto.
El fondo de la reforma política y eje del desarrollo democrático, la reforma a los medios electrónicos, es lo que tenía enfrentados a todos. Sin esta reforma, que sería el primer paso al cambio radical de la relación entre las poderosas televisoras y la política, no habrá nada. Por ejemplo, las 10 propuestas sobre financiamiento a los partidos que después de una década perdida llevaría a la segunda generación de reformas electorales, tenía al calce la advertencia: “Las propuestas anteriores están sujetas a las decisiones que finalmente se adopten en materia de acceso a televisión y radio, y a la duración de las campañas electorales”. Simple: si no había arreglo con los medios, no habría nada de reformas
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”; El Universal, 31 de agosto.
De esta forma, no serían aprobadas las reducciones en los tiempos de campaña a tres meses únicamente, que es una propuesta del PAN, si no se equilibraba toda la balanza en televisión. De otra manera, quien tuviera más dinero es quien mejores posibilidades tendría —si es bien aplicado— de llegar al electorado y obtendría mayores ventajas en la elección. El tema de la reforma a los medios incluía topes al gasto en televisión y radio, que hubiera fiscalización inmediata de las contrataciones y pagos, que se obligara a los concesionarios a dar información a la autoridad electoral, y que sólo el IFE podría contratar, a nombre de los partidos, la propaganda. Todo, dentro de tiempos oficiales y fiscales, lo que significaría que los monumentales ingresos que inyectan los partidos a los medios electrónicos en tiempos electorales se reducirían drásticamente
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”; El Universal, 31 de agosto.
Menudo arreglo de la peculiar democracia mexicana. Querían frenar a las televisoras regulando su papel definidor y definitorio en la política mexicana, pero le entregaban una parte de la decisión sobre el futuro presidente consejero del IFE al pedirles su visto bueno. Es decir, no tendrían voz, pero sí voto. ¿Y el resto del país? Bien, gracias. Los tres partidos grandes estaban dispuestos a darle a la televisión y a la radio esa zanahoria, pero en realidad el Congreso se quedaría con la mayor parte del pastel. Por ejemplo, quiere imponerle una contraloría general al IFE cuyo titular sería designado por el Congreso y tendría que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación, que también controla el Congreso. Pretende eliminar las comisiones permanentes del Consejo General y crear nuevas, pero fortaleciendo la participación de los partidos políticos y las cámaras. Es decir, el IFE estaría subordinado al Congreso, que reemplazaría a la Secretaría de Gobernación, que controló al instituto en su inicio, en la parte final del autoritarismo mexicano, y reduciría, si no eliminaría, el carácter ciudadano por el que tanto se luchó
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 31 de agosto.
No hay, especialmente de parte de los “reformadores” del PRD, una sola alusión al hecho de que en países como Brasil, Chile, Inglaterra y Francia las leyes electorales precisan que los candidatos no podrán contratar –caso específico de Francia– más de 45 minutos de tiempo en televisión ¡en todo el proceso! En cuanto a lo demás, qué importa si reducen o no los costos de las campañas si éstos nunca han sido respetados y las sanciones al respecto llegan mucho tiempo después. ¿Y la “propaganda negra”? Los empresarios tenían terminantemente prohibido intervenir en favor o en contra de ningún candidato y sin embargo lo hicieron a lo largo de 2006 y volverán a hacerlo porque el nuevo “marco jurídico” les importará lo mismo que el actual: nada.
¿No eran expresiones de “propaganda negra” las andanadas mediáticas del gobierno de Fox contra Andrés Manuel López Obrador? ¿O qué eran, si no, los videoescándalos de Ahumada, el Nicogate y la ho-rri-pi-lan-te violación a la ley que significó abrir una calle de cien metros en el predio El Encino? Así, pues, la televisión, sus magnates y sus aguerridos levantacejas ya enfrían el champaña: seguirán siendo los amos, los que deciden, los que descalifican, los que en su imaginación “legitiman”, y por supuesto los que engordan con el dinero que el IFE les entrega a través de los partidos. Cantemos, pues, loas a los magnánimos reformadores del tripartidismo emergente: que sus nombres queden inscritos con letras de ocio en los muros del Congreso.
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 1º de septiembre.
En las próximas semanas veremos si la ley de radio y televisión y el código electoral son reformados para que la propaganda sea incluida sólo en los tiempos que corresponden al Estado en los medios electrónicos, o bien si los partidos ya negociaron con las televisoras para eliminar esa propuesta de la reforma electoral y la canjearon por alguna otra cosa. De haberse producido esa negociación estaríamos ante una reforma electoral light, que deja de lado un asunto fundamental, pero sobre todo ante la confirmación del poder de la “telecracia” frente a la “clase política” mexicana.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de Frecuencia”, Milenio, 1º de septiembre.
Que se trate de terminar con los insultos en las campañas y que los gobiernos no hagan propaganda a favor de sus respectivos partidos está muy bien, pero ¿dónde quedó la propuesta de que los partidos ya no gasten millones en la contratación de spots y realicen sus campañas en los tiempos que corresponden al Estado en radio y tv?
Como se expuso en este espacio la semana pasada, esa propuesta ya había sido acordada por los partidos, incluso mediante una iniciativa presentada el 13 de junio de este año, pero no es vista con simpatía por las dos grandes televisoras, ya acostumbradas a que las campañas electorales sean una de sus principales fuentes de ingresos.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 1º de septiembre.
ENTRE los damnificados de la reforma Electoral habrá que contar a los mandatarios Marcelo Ebrard, Enrique Peña y Humberto Moreira.
AHORA se prohibirá transmitir spots sobre acciones o programas de gobierno con el nombre, la voz, la imagen o los emblemas personalizados de servidores públicos.
¡CON LO BIEN que iban sus campañas...!
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 1º de septiembre.
El reto que impone la realidad actual a los reformadores está en el tema del acceso de los partidos a los medios electrónicos de comunicación. En la regulación de las precampañas. En la reducción del financiamiento que, como nos ha señalado Ciro Murayama, sólo tiene sentido si se atiende lo primero; en el fortalecimiento de las facultades fiscalizadores de la autoridad; y en las reglas que garanticen la democracia interna de los partidos, básicamente. Nada de esto está lógica, técnica o jurídicamente condicionado a la remoción de los consejeros y consejeras. Sostenerlo contrario es falaz
Pedro Salazar, El Universal, 3 de septiembre.
El Senado no ha sido doblegado ante los intereses de los medios masivos de comunicación. El tema de los spots será incluido en la reforma electoral, en algunos artículos de la iniciativa presentada la semana pasada y que este lunes será turnada al pleno. En cuestión de horas se sabrá que nacen los “tiempos constitucionales”, en lugar de los tiempos oficiales y de Estado a los que las instituciones tienen derecho en radio y televisión. Los partidos políticos ya no podrán comprar espacios en radio y televisión en las precampañas y en el proceso electoral, como le adelantó este diario. Se acabará entonces con la “República Spotera”, como la calificó algún día el sagaz Porfirio Muñoz Ledo
“Bajo reserva”, El Universal, 3 de septiembre.
Por lo menos 2 mil millones de pesos anuales se ahorrará el pueblo en pago de facturas a la televisión, por los anuncios de candidatos en campaña, según el paquete de reformas en materia electoral que se debate este lunes en el Senado…
Juan Arvizu, “Vitral Político”, El Gráfico, 3 de septiembre.
Pero la reforma tiene -y puede tener- contenidos más importantes. Una versión extraoficial indica que la iniciativa constitucional en estudio incluye, aunque no se ha anunciado, la prohibición de que partidos y candidatos contraten tiempos en radio y televisión, de tal suerte que la propaganda proselitista en medios electrónicos sólo se difundiría en tiempos del Estado (Claudia Guerrero, Reforma, 1/IX/07). Si esto es así, tendremos la decisión más importante en materia electoral de los últimos 11 años.
En tal escenario, convendrá volver la mirada al financiamiento a los partidos, porque algunas proyecciones, entre ellas una del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, indican que, aun cuando se anuncia una reducción de 50 por ciento al gasto de la campaña presidencial, el ahorro para el erario será en realidad mucho menor. Este cálculo toma como referencia las cifras de 2006, y ello puede ser válido, si bien una equiparación más precisa debería hacerse sobre los montos que, con la fórmula actual, tendría el financiamiento en los años posteriores.
Eduardo Huchim, Reforma, 3 de septiembre.
El anuncio de la reforma electoral estuvo acompañado por una extraña presencia del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que se envolvió en un discurso de falacias para defender su permanencia en el cargo. Ugalde repitió en diversas entrevistas que la remoción de los consejeros sería como reconocer que en 2006 hubo fraude; también se le ocurrió la idea peregrina de que la permanencia de los consejeros era necesaria para proteger la autonomía del IFE. Ambos argumentos, falsos
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 4 de septiembre.
En materia de radio y televisión, lo importante está en la exposición de motivos. La iniciativa propone proscribir la propaganda negra y llevar a la Constitución el impedimento a los particulares de difundir mensajes a favor o en contra de cualquier partido o candidato, dotando al IFE de instrumentos efectivos para actuar oportunamente y sancionar a los infractores. Al Tribunal Electoral se propone regresar la facultad para resolver la no aplicación de leyes contrarias a la Constitución. No es poca cosa.
Jorge Alcocer, Reforma, 4 de septiembre.
Una estupidez que tal vez encubra las culpas reales de quienes siendo unos diputados y otros senadores en la anterior Legislatura, clausuraron su último período ordinario de sesiones al final del 2005 congelando unánimemente una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales que de haber sido aprobada, para la elección de julio de 2006 habría recortado las millonadas a los partidos, la duración a las campañas y las escandalosas ganancias a las cadenas televisivas. La intentona fue frenada, pero con ella otras propuestas que hubieran permitido al IFE manejar con mayor precisión el proceso electoral y ahora resulta que a la vuelta de casi dos años, muchos de aquellos diputados y senadores hoy son senadores y diputados, como permite nuestro respetadísimo Sufragio Efectivo; no Reelección, y aprobando ahora sí aquella intentona como si fuese su obra, borrarán las responsabilidades que les tocan en los sucesos de aquel gris dos de julio antepasado…
Leopoldo Mendívil, “Crónica Confidencial”, Crónica, 5 de septiembre.
Y hablando de controversias, la reforma electoral ocupará esta semana una posición mediática muy importante porque de aprobarse afectaría los intereses de los dueños de radiodifusoras y televisoras, ya no los podrán contratar para sus spots, en dicha iniciativa no vemos que se esté contemplando una propuesta de modificaciones tan urgentes que se requieren en la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que tuvo un muy deficiente trabajo en las elecciones del 2006. Entre las comisiones que revisan esta iniciativa están la de Radio y Televisión, la de Asuntos Legislativos, la de Gobernación y la de Puntos Constitucionales, será la tercera generación de reformas electorales.
El senador Manlio Fabio Beltrones comentó que saldrán 3 reformas: la electoral, la hacendaria y la de régimen de justicia. La reforma electoral incluye que al haber un nuevo IFE habrá nuevos consejeros y para su salida va a haber un escalonamiento para períodos distintos de 4, 5 y 7 años. La de justicia considera un nuevo marco de seguridad para acabar con la delincuencia organizada, y la hacendaría, las bases de la economía del país.
Yazmín Alessandrini, “Circo Político”, Crónica, 5 de septiembre.
La pregunta es si los monopolios televisivos y de radiodifusores sufrirán una nueva derrota, ahora en su embestida contra esta disposición, y si a los partidos no les doblarán las corvas, diluyéndola o emasculándola. Pero en caso de aprobarse, no habría que regatearle el mérito y la trascendencia a nadie: se trataría de un enorme paso adelante.
¿Por qué nos atrevemos a decir todo esto? En primer lugar porque la prohibición de toda publicidad de gobierno municipal, estatal o federal con efigie equivale a congelar los índices de reconocimiento: los que están arriba ahora, allí seguirán igual que los de abajo. Sobre todo si persiste la aberración actual, donde a 13 años del inicio de la democratización mexicana, todavía no existe un programa político a nivel nacional en televisión abierta transmitido en tiempo triple A. En segundo lugar, porque aparentemente han decido expulsar a los mercaderes (los partidos chiquitos) del templo (la arena electoral) al reducirles drásticamente el financiamiento, limitar el margen de alianzas y elevar el umbral para el registro, o incluso establecer un artículo constitucional "anti-élbico", y me refiero, por supuesto, a la isla del primer destierro de Napoleón. Algunas de estas medidas podrían ser benéficas en sí mismas, pero no deben ser abstraídas de su contexto: el fortalecimiento del monopolio de la partidocracia.
Jorge Castañeda, Reforma, 5 de septiembre.
El senador Arturo Núñez, coautor de la iniciativa de reforma electoral, jura, sin embargo, que los legisladores le van a entrar al tema de enviar las campañas a los tiempos oficiales en los medios. Eso explica el sigilo con el que se han llevado a cabo las negociaciones en este punto.
El perredista, por cierto, no se aferra a la idea de "traje nuevo" para el Consejo del IFE, pero está convencido de que hay que relevarlos escalonadamente, antes de las elecciones intermedias. "¿Van a ir a 2009 envenenados?", preguntó Núñez. Él mismo respondió: "Si es así, que dejen a los actuales consejeros". El tabasqueño no ve problema en la no retroactividad de la ley en caso de que las negociaciones se concreten. (Los consejeros fueron electos hasta el 2010). "Una reforma constitucional es fundacional", alega.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 5 de septiembre.
Los reformadores acordaron que sólo el IFE contrate radio y televisión.
Dejan fuera las candidaturas ciudadanas.
Aprueban un sistema que da más dinero oficial a los grandes.
Recortarán tiempos y topes de campañas, castigarán las campañas sucias.
Y si al jefe legítimo no le gusta el resultado de la elección de 2009, ¿todo pa’tras otra vez?
Pepe Grillo, Crónica, 6 de septiembre.
No hay una sola palabra acerca de la regulación para el acceso de los partidos a la televisión y la radio. Algunos legisladores han dicho que ese tema lo excluyeron de la propuesta que circula desde hace varios días para evitar presiones de las televisoras. Pero parece que sucedió lo contrario: es decir, que debido al cabildeo y los amagos de las empresas de televisión y radiodifusión la iniciativa de reformas constitucionales no precisa cómo habría de garantizarse la presencia de los partidos en tales medios.
La única fórmula para que modifiquemos la dependencia que hoy tienen los partidos respecto de las empresas mediáticas consiste en cancelar cualquier tipo de contratación para espacios de propaganda política. Los partidos podrían anunciarse en espacios gratuitos, a cargo de los tiempos estatales que todavía existen en la televisión y la radio y con mediación de la autoridad electoral.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.
En la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión hay molestia en serio por las reformas electorales que buscan limitar o prohibir la contratación de publicidad en las campañas. Ayer, en una reunión de radiodifusores se oyó a varios quejarse y despotricar contra Manlio Fabio Beltrones. Y si estaban enojados, como diría el vengativo Marcelo, se van a enojar más con la propuesta consensuada ayer para que toda la propaganda en campañas políticas, locales y federales, se difunda a través de tiempos oficiales administrados por el IFE. En el Senado dicen que ese es apenas un aviso de lo dura que viene la nueva ley de medios…
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 6 de septiembre.
Que de consumarse el esquema de contratación de medios a través del IFE, tal como lo establece el proyecto de reforma electoral, el golpe lo terminarán recibiendo las más pequeñas estaciones de radio al no recibir ni un peso por la transmisión de spots y programas durante las campañas electorales.
Cálculos de la industria establecen que, en 2006, la venta de espacio político significó dos por ciento de la facturación total de Televisa en el año, ocho por ciento de la de TV Azteca, entre 15 y 20 por ciento en las cadenas más fuertes de radio, y cerca de 50 por ciento en los grupos y emisoras regionales.
¿Primero los pobres?
“Trascendió”, Milenio, 6 de septiembre.
AUNQUE lo habían manejado muy a la discreta, ya salió a la luz el verdadero nudo que tiene atorada la reforma electoral: el gasto en spots.
LA IDEA de prohibir a los partidos contratar espacios en medios electrónicos es un viejo reclamo de la sociedad, que veía en cada elección cómo los recursos públicos se iban en cascada hacia las televisoras y la radio.
Y NO SE TRATA de centavos pues los partidos invirtieron en spots más del 70 por ciento de los 2 mil 133 millones de pesos que recibieron para "gastos de campaña" el año pasado.
Y ESO es lo que reportaron oficialmente. Quién sabe cuánto más se gastaron por debajo del agua.
AUNQUE al parecer hay consenso para aprobar ese punto de la reforma, la realidad es que ni los partidos ni el gobierno están del todo convencidos de echarse la bronca con quienes usan la pantalla y el micrófono para pegar duro cuando se trata de hacer negocios.
POR ESO hay quien dice que el debate sobre si se renueva el IFE es en realidad un pretexto para atorar la reforma y olvidarse del asunto de los spots.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 6 de septiembre.
El sonorense Manlio Fabio Beltrones se veía molesto ante los ataques de Televisa, en donde les cuelgan todo tipo de calificativos a los legisladores, por eso comentaba que no habrá una nueva consulta sobre la ley electoral como la demandan algunos “intelectuales inorgánicos”, por lo que no “cederemos ante presiones o chantajes” que nos hagan cambiar de opinión.
Diputados y senadores confiesan que las presiones que hace la televisora son para evitar perder varios miles de millones de pesos, pues con la reforma los candidatos no podrán contratar spots, todo se hará a través del IFE. Por eso organiza programas y se rasga las vestiduras, pretende evitar que las iniciativas pasen al pleno y se aprueben.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 7 de septiembre.
La decisión más relevante en materia de leyes electorales que puede tomar el Congreso de la Unión tiene que ver con eliminar la compra-venta de anuncios en radio y televisión durante las campañas. La voluntad de concretar esa prohibición en la Constitución, por parte de los legisladores, se dio a conocer este miércoles. Es una reforma tan necesaria como trascendente y, a la vez, difícil de concretar, pues afectaría los intereses de grupos mediáticos con amplio poder.
Si los partidos políticos —entidades de interés público— se presentan ante los ciudadanos para que éstos decidan quién ha de gobernarlos y representarlos —la decisión política, pública, de mayor relevancia en democracia— a través de los medios electrónicos de comunicación fundamentalmente, y los canales de televisión y las frecuencias de radio son concesiones públicas, es de entenderse que las campañas electorales, un asunto también de interés público, no tengan por qué estar mediadas por el negocio privado, ni por los precios que particulares pongan a su publicidad.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de septiembre.
Los gastos en radio y televisión durante las campañas vienen creciendo de manera acelerada: en las campañas del 2000 ese rubro representó alrededor del 50% del gasto partidista, para 2003 fue del 60% y en 2006 alcanzó casi el 80%. El encarecimiento de las campañas y la percepción de derroche que se tiene de la actividad política se explican, en buena medida, por el gran negocio que las elecciones se han convertido para los medios.
La necesidad de comprar anuncios en radio y televisión ha hecho que los partidos y los políticos sean cada vez más dependientes del dinero. (Es lamentable que, en democracia, se afiance la cínica sentencia de Carlos Hank: “un político pobre es un pobre político”). Si sólo se decidiera reducir el financiamiento a los partidos, y no se eliminara la posibilidad de que gasten en los medios electrónicos, se estarían creando incentivos perversos para que los partidos acudiesen a fuentes de recursos ilegales y, peor, quizá delincuenciales. Con ello la independencia de los partidos frente a grupos de poder estaría en riesgo mayor.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de septiembre.
Mejor se pondría color de hormiga, especialmente por un elemento adicional y de reciente ingreso en el pantanoso problema originado por la ambición de algunos: la negativa de la industria de la radio y la televisión de permitir una reforma lesiva a sus intereses.
El ingreso mayor de los concesionarios y por consecuencia de los trabajadores de los medios electrónicos, proviene de la venta de publicidad política en tiempos electorales. Les deja tanto como el Mundial de Futbol pero más seguido.
Limitar la compra de tiempo a los partidos y confinarlos a los poco comerciales “tiempos oficiales” (mermados con el decretazo foxiano) resultaría ruinoso para los poderosos industriales de los medios quienes ya han comenzado a reaccionar.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 7 de septiembre.
A mañana, tarde y noche vamos a escuchar sobre la irresponsabilidad de los legisladores. La opinión pública va a recibir un chubasco de críticas contra los legisladores con la consecuencia colateral de una insólita defensa indirecta de Ugalde, sobre lo cual nadie se había pronunciado de manera explícita. Los consejeros y el IFE, han comenzado a ser oxigenados por la actitud crítica de muchos, actitud frente a la cual Manlio Fabio Beltrones reaccionó con enjundia acusando de intervención a los poderes fácticos.
Esa podría ser una salida cuya existencia nadie había previsto, al menos no hasta hace 72 horas. El desplegado de los “abajofirmantes” ilustrados vino como anillo al dedo en la preparación de la reacción de los medios.
En ese contexto deben entenderse las cómodas entrevistas de Ugalde en la jornada informativa nocturna de la televisión del miércoles pasado. Un sonorense habló para la eternidad de los cañonazos de 50 mil pesos. No sabía aquél de los cañonazos de 500 mil watts ni de las baterías de microondas o las campañas vía satélite. Eso es poder.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 7 de septiembre.
Que las diferentes fuerzas políticas del país están de acuerdo en prohibir por completo la compra de espacios en medios electrónicos para propaganda electoral.
Se buscará crear un nuevo marco jurídico que permita a institutos y candidatos promoverse en época de elecciones en radio y televisión exclusivamente mediante el uso de los tiempos oficiales del Estado.
La intención es que "ni el dinero ni el poder de los medios de comunicación se erijan en factores determinantes ni de las campañas y sus resultados, ni de la vida política nacional", se advierte en el proyecto de dictamen de reforma constitucional en materia electoral que se dio a conocer el miércoles.
¡Ah, dio!, dicen, p-pero ¡si sólo así nos transportan a Calderolandia!, ya estuvo que no vamos a volver verlo (si sólo en tele sale)...
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 7 de septiembre.
Ante el intenso "bombardeo" de los partidos políticos, principalmente el PRI y el PRD, que en su iniciativa de reforma electoral propusieron "darle cuello" a todos los consejeros del IFE por no coopelal con ellos en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, el presidente consejero de ese organismo, Luis Carlos Ugalde, se ha refugiado en los medios de comunicación, desde donde lanza un contraataque con el fin de "salvar el pellejo" tres años más, en aras de la democracia, según él.
Generosos, como siempre han sido, los medios le dan amplios espacios, lo apapachan, lo consienten; algunos le meten varias zancadillas, pero, el susodicho no cae, ni siquiera resbala. Con buenos argumentos se defiende; las cámaras le toman su mejor ángulo y se crece, se adueña del espacio. Sugiere, advierte, critica lo que pretenden hacer con él y con el IFE. "Si tú permites que la contingencia, que la coyuntura, que las presiones políticas hagan que un consejero se vaya o se quede; ¿sabes cuál es el mensaje? Que los próximos consejeros llegarán al IFE y sabrán la ruta clara: sé popular con los partidos, no los afectes, sé complaciente con ellos...", le dijo Luis Carlos a Joaquín López Dóriga el miércoles en la noche. Si mis consejeritos y yo nos quedamos, a la sociedad "va a irle de pelos", quiso decir.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de septiembre.
Las negociaciones para la reforma electoral han entrado en un impasse debido no a los tiempos en que habrá de ocurrir el relevo de los consejeros del IFE, como algunos han difundido, sino a la enorme piedra en el camino que significa la radical disminución de los tiempos de campaña en radio y televisión, y la disposición de que los partidos políticos sólo empleen tiempos oficiales en la promoción de sus candidatos. Nos cuentan que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, comandada por Emilio Gamboa Patrón, y algunos distinguidos integrantes del grupo panista que encabeza Héctor Larios no hallan cómo resistirse a los embates y cabildeos de las dos principales cadenas de televisión del país, que buscan evitar a toda costa que la reforma elimine la contratación directa de espacios por los partidos políticos
“Bajo reserva”, El Universal, 7 de septiembre.
Los clásicos dirían que no es cosa menor. Mire si no: lo que está en la mesa son ingresos por concepto de campañas políticas por un promedio anualizado de 2 mil 500 millones de pesos, una cifra que los cabilderos de las televisoras no querrán ver perdida, aunque la democracia vaya de por medio. Y por si fuera poco, hoy se instala en el Senado de la República la comisión especial de Estudios Legislativos, que preside José Alejandro Zapata Perogordo (PAN) y la integran también Pablo Gómez (PRD) y Andrés Galván (PAN), que habrá de discutir el contenido de las reformas a la famosa Ley de Medios, corregida más o menos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
“Bajo reserva”, El Universal, 7 de septiembre.
Es un gran punto: que el IFE maneje en tiempos oficiales la “spotiza” en elecciones. Recuerde que tan sólo el año pasado se gastaron los partidos más de 2 mil millones de pesos en eso. Pero falta más. Es sólo una percepción que los partidos se harán un fuete recorte. Falta mucho más. Recuerde visitar www.yabajenle.org.mx
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 7 de septiembre.
A ese rasgarse las vestiduras se han sumado con tal fruición los medios de comunicación masiva que ayer dieron pie al senador del PRI Manlio Fabio Beltrones —la pieza política que amarró la suerte de la reforma fiscal a la de la electoral— a decir que no se dejará chantajear por los poderes fácticos.
Y es que así, entre líneas, Beltrones dejó ver uno de los verdaderos nudos de la reforma electoral, el que tiene que ver con el gasto de los partidos políticos en radio y televisión.
El proyecto de dictamen establece la prohibición expresa de que adquieran tiempo por su cuenta. Ahora sería prerrogativa del IFE y éste lo haría echando mano de los tiempos de transmisión a que tiene derecho el Estado. Sería gratis y recuérdese que, según datos del propio IFE, los partidos políticos invirtieron durante 2006 en spots un poco más de 70% de los 2 mil 133 millones de pesos que recibieron para gastos de campaña
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran angular”, El Gráfico, 7 de septiembre.
Las verdaderas cámaras de legislar han entrado en acción. Patrióticas, han puesto en pantallas de alta definición una telenovela cívica en la que las amplias masas politizadas del país se manifiestan, casi insurrectas, por la permanencia de los héroes preciosos de la película electoral de 2006, los benignos y abnegados consejeros electorales en riesgo de ser dejados sin chamba por maquinaciones de pérfidos partidos y lidercillos de bancadas legislativas que no representan a nadie (al menos, en términos de rating; en cambio, Ugalde, ¡ah!, casi un Pedro Infante académico y democrático en tiempo triple).
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 7 de septiembre.
Como quiera que sea, en esas estaba cuando caigo en cuenta de que con las propuestas de reforma electoral del siniestro cuerpo legislativo se está cometiendo una canallada. Sobre todo cuando se pretende que los partidos políticos dejen en manos del IFE la contratación de tiempos publicitarios en radio y tele, condenándolos incluso a usar los tiempos oficiales que son a la misma hora del Pare de sufrir. Estos diputados nos quieren quitar la dicha inicua de ver spots como los de Montiel (“Los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas”), el mismísimo Hijo desobediente (El Peje, “Un peligro para México”, “!Cállate chachalaca!” repetido al infinito), los inolvidables de Madrazo (aquellos donde, henchido de humildad profesional, se autoproclamaba Robertico Limonta), las grandes aportaciones de Dante Delgado (¡Naranja, naranja!), las del Panal (¡Uno de tres!), el optimismo desbordado del PRD (¡Sonríe, ya ganamos!) y los del PRI (su pobre publicista de cabecera, Carlos Alazraki, ya no podrá darle un madrazo al dedazo o realizar cosas obras tan espléndidas como el del ríanse, síganse riendo).
Jairo Calixto Albarrán, “Política Cero”, Milenio, 7 de septiembre.
POR LO PRONTO, ante los embates de las televisoras, ayer por la mañana se reunieron los tres principales coordinadores parlamentarios del Senado.
EN LA MESA que compartían Santiago Creel, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete se llegó a la conclusión de que si la TV ya había enseñado los dientes, ellos iban a enseñar las garras.
ES POR ESO que para hoy está citada la comisión encargada de redactar la nueva iniciativa de la Ley de Radio y Televisión, que reemplazará la que anuló la Suprema Corte.
Y SEGÚN DICEN, la nueva ley deja muy en claro la necesidad de que se abra una tercera cadena nacional, además de que se revisen las actuales concesiones.
LA IDEA, según comentaron ayer, es que el poder económico no debe amedrentar al Senado ni estar por encima de él.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 7 de septiembre.
Además de la destitución de los consejeros del IFE para satisfacer la sed de venganza de Andrés Manuel López Obrador por su derrota del 2006, el punto fundamental de la reforma electoral que han acordado los partidos es una prohibición de anuncios electorales en los medios de comunicación.
¿Es esto bueno o malo? Es malo para los medios de comunicación, especialmente para las estaciones de radio más pequeñas, las de AM, que dependen en mucho mayor medida de la propaganda electoral que las grandes cadenas de radio y televisión. Seguramente la medida generará despidos entre muchos que trabajamos en los medios de comunicación. Habrá dolor entre muchos periodistas que no podrán ya continuar su carrera, y el número de programas políticos seguramente se reducirá.
Pero independientemente de este daño, uno puede reconocer que la medida tiene cierta lógica. Los contribuyentes están muy molestos por el uso de miles de millones de pesos que los partidos emplean todos los años para anunciar a sus candidatos.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de septiembre.
Una aparente ventaja de la reforma sería que los ciudadanos ya no tendríamos que aguantar la avalancha de anuncios electorales que los partidos políticos nos recetan en los tiempos de campaña. Pero no. Cuando examinamos la ley, nos damos cuenta que los partidos no están renunciando a los medios de comunicación. Por supuesto que quieren seguir gozando de tiempo aire. Lo único que no quieren es pagar por él.
Efectivamente, la iniciativa de reforma electoral, que está ya casi concluida en el Senado, establece que los medios de comunicación deben ceder gratuitamente tiempos a los partidos y a sus candidatos. La idea es que éstos se sigan promoviendo, pero sin pagar. Y como los tiempos fiscales y de Estado que los radiodifusores deben entregar ya al gobierno -además de los impuestos que, como cualquier empresa pagan- no son ya suficientes a su juicio, los políticos están ordenando un aumento de 300 por ciento en esos tiempos. La promoción no va a bajar sino a aumentar.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de septiembre.
Los partidos políticos saben, sin embargo, que lo único que logran en sus programas de radio y televisión es ahuyentar al público. Por eso están exigiendo que sus tiempos se intercalen a lo largo de la programación de todo el día. Quieren tomar por sorpresa a radioescuchas y televidentes para que éstos no tengan tiempo de cambiar de sintonía.
A los partidos políticos no se les pide que compartan los recortes en el gasto electoral. No sólo mantienen todo el dinero que se les da ahora, sino que además se quedan con más: con una parte del ahorro de usar sin pagar los tiempos de radio y televisión. En otras palabras, los políticos se están dando a sí mismos un aumento. Me imagino que lo merecen, dado que ya se les ocurrió cómo pueden "ahorrar" dinero quitándoselo a alguien más.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de septiembre.
Habrá que ver las consecuencias de todo este esquema. Las principales víctimas serán, como ya lo señalé, las emisoras más pequeñas de radio, especialmente las de AM, y sus periodistas. Muchas de estas emisoras viven de la publicidad política. Las grandes televisoras y cadenas de radio sobrevivirán, porque el porcentaje de sus ingresos totales que proviene de la propaganda política es relativamente pequeño.
Pero la expropiación de tiempo de radio y televisión que están haciendo los senadores para presentar su propaganda política sin pagar bien puede saturar al público. No hay empresa del mundo, por próspera que sea, que tenga tres minutos por hora de tiempo en todas las televisoras y todas las emisoras de radio de un país. Si los mensajes gubernamentales hoy nos parecen tediosos, pronto los de los partidos se convertirán en una pesadilla.
La experiencia nos dice, por otra parte, que esos tiempos se desperdiciarán en buena medida. No hay uso de medios más ineficaz que el del gobierno. Están ahí como ejemplo las campañas de diputados y senadores para limpiar su imagen pública. Pero el tiempo de medios que así desperdicien los políticos tendrá un costo económico, ya que reducirá los tiempos disponibles para publicidad productiva, aumentará los costos de promoción de productos y reducirá la competitividad de la economía nacional.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de septiembre.
Que los ojos de los más duros promotores de la reforma electoral estarán puestos todo el fin de semana en los coordinadores de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, y del PAN, Héctor Larios. Manlio Fabio Beltrones (PRI), Santiago Creel (PAN) y Carlos Navarrete y Javier González Garza (PRD) han hecho ver de alguna forma que sobre Gamboa y Larios vendrán las “presiones” para ajustar la parte relativa a la contratación de tiempos en radio y televisión durante las campañas electorales.
Tal vez por eso, Gamboa declaró desde el viernes que, pase lo que pase, habrá reforma la próxima semana.
“Trascendió”, Milenio, 8 de septiembre.
De aprobarse el proyecto de reforma electoral se evitaría que este caudal de recursos, que proviene de los impuestos, se gaste nuevamente en construir y promocionar la imagen de todo aquel que aspire a un cargo de elección popular.
El proyecto de reforma electoral, de ser aprobado, terminaría con la spotcracia que ha predominado en las dos últimas elecciones presidenciales y que ha ocasionado que tenga más posibilidades de ganar los comicios, quien tiene más dinero para promoverse.
Los partidos y los candidatos se verían obligados a realizar campañas de otro tipo, sin gastar tanto dinero, como lo es el intensificar sus recorridos por el país para dar a conocer sus plataformas políticas.
El proyecto, que dista de ser perfecto, contiene otros elementos positivos, como la disminución del financiamiento global de los partidos, la eliminación del secreto bancario y fiscal y la regulación de las precampañas.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 8 de septiembre.
En la Cámara de Diputados, un segundo trío formado por Emilio Gamboa (PRI), Héctor Larios (PAN) y Javier González Garza permanecía al tanto de lo que se negociaba en el nivel superior. Así acordaron lo que esta columna publicó y criticó hace una semana: despedir a Luis Carlos Ugalde y a todos los consejeros del Instituto del Fraude Electoral, crear una contraloría interna del IFE, recortar los tiempos de las campañas, pero no tocar ni de chiste a la televisión. Las rechiflas del público no se hicieron esperar. Eduardo Huchim en Reforma, John Ackerman en La Jornada, Porfirio Muñoz Ledo en Proceso coincidieron: si la reforma no saca a la televisión de los procesos electorales, si los recursos de los partidos acabarán como siempre en los bolsillos de Azcárraga y de Ricardo Salinas, será una reforma de broma.
Ante el abucheo, los senadores tornaron a su escondite y de dientes para afuera aceptaron incorporar “lo de la televisión”, así nomás, sin explicar nada. Pero entonces los magnates de la pantalla chica mandaron a sus levantacejas a defender la permanencia de Ugalde, confirmando la prevalencia de una situación que es ya insostenible para el país: las televisoras han instaurado, por la fuerza y la violencia de su poder económico, un “parlamento” paralelo, donde todos sus “diputados” repiten lo mismo, como ocurría en el Congreso en tiempos de Díaz Ordaz. Hasta ahora, el único “diputado” opositor que ha habido allí es Julio Hernández López y hace rato que lo desaforaron para callarlo. ¿No es una vergüenza que todavía impere en México un régimen tan arcaico? ¿No es hora ya de liquidar para siempre la dictadura de la televisión?
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 8 de septiembre.
Finalmente los partidos políticos incluyeron en el proyecto de reforma electoral la propuesta de que la propaganda en radio y televisión durante las campañas electorales se lleve a cabo exclusivamente dentro de los llamados “tiempos oficiales” y no a través de la compra de spots en las emisoras comerciales. En 2006, según declaró en mayo pasado el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, los partidos gastaron 2 mil 62 millones de pesos en propaganda radiotelevisiva.
La nueva propuesta elevaría a rango constitucional la prohibición a los partidos para contratar la emisión de propaganda en medios electrónicos durante las campañas. También sería mandato constitucional el mecanismo para que los partidos ocupen los tiempos oficiales en las campañas y las precampañas, el cual estaría administrado por el IFE: “A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del IFE tres minutos diarios por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión de las 6:30 horas a las 23:30 horas”.
El nuevo modelo de propaganda política ha molestado a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que manifestó su desacuerdo a través de un desplegado de prensa. Asimismo, empieza a circular el argumento sentimental de que la prohibición a los partidos para contratar tiempo destinado a la propaganda electoral en radio y tv no afectaría a los grandes consorcios de medios electrónicos, sino a los pequeños radiodifusores.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 8 de septiembre.
POR CIERTO que la iniciativa de reforma electoral que propone limitar los spots políticos en televisión es buena, ¡pero podría estar mejor!
AL MENOS eso se deduce de lo que dijo el senador nuevoleonés Jorge Mendoza, quien al tratar de defender a las televisoras dijo que se podrían "cometer excesos" como en Francia.
SEGÚN el regiomontano, en el país europeo la restricción a la propaganda electoral en los medios es tal, que los políticos no tienen acceso al radio ni a la televisión, ¡bajo ninguna condición!
"¡C'EST magnifique!", habría que responderle al legislador, pues de seguro habrá millones de mexicanos que brincarán de gusto al saber que tal maravilla es posible.
¿SE IMAGINAN una televisión sin los pretenciosos anuncios oficiales o las campañas electorales que se dedican a exaltar las acciones de gobernantes y candidatos, por más ficticias que sean, y todo esto con los impuestos de los ciudadanos?
ESO sí que sería una reforma "merveilleuse", o séase, maravillosa.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 8 de septiembre.
Ciertamente puede parecer un obstáculo a la libertad de expresión la prohibición contemplada en la reforma a la ley electoral que se discute actualmente, más en los pasillos camarales (los de la cámara del gremio de los medios electrónicos) y en los medios de comunicación directamente que en las tribunas legislativas correspondientes. De aprobarse la iniciativa en su letra actual, los partidos políticos quedarían impedidos de contratar tiempos pagados en radio y televisión para sus campañas y su acceso a los medios electrónicos de comunicación sería exclusivamente a través de tiempos oficiales o del Estado, administrados necesariamente por el Instituto Federal Electoral.
Pero, si consideramos que la prohibición de anunciarse en radio y televisión limita la libertad de expresión y otros derechos relacionados de los partidos y de sus candidatos, dichas prerrogativas son igualmente restringidas, en forma por demás inequitativa, por los elevados precios de los anuncios, especialmente los de la televisión, que es el medio más solicitado por los políticos en campaña.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 8 de septiembre.
La prohibición de comprar tiempo-aire por parte de los partidos y los servidores públicos es el corazón de la reforma electoral.
Esa propuesta, junto con la reducción de las prerrogativas de los partidos durante la campaña electoral, así como la reducción de la duración de las campañas presidencial y legislativa configuran el trípode de la reforma: reducción de gasto, reducción de tiempo y cero compra de tiempo-aire. Ahí, hay un avance indudable. Una propuesta que ni por error ha sido abordada por las televisoras.
Habría que revisar, eso sí, la conveniencia o no de integrar un órgano técnico dentro del instituto para fiscalizar a los partidos. En ese punto hay que cuidar dos cuestiones: uno, que la fiscalización de los partidos quede en manos ciudadanas y, dos, que esas manos tengan capacidad profesional para hacerlo, capacidad por cierto que no tienen hoy los propios consejeros. Lo que hay que evitar es que esa fiscalización vaya a recaer en manos de los propios partidos.
Cuidando eso, quizá, hasta se fortalecería el papel del instituto como auténtico árbitro de la contienda. Pero el punto ni siquiera aparece en el debate promovido por las televisoras, la reducción que se ha hecho de la reforma -centrando de manera exclusiva la atención en el asunto de la permanencia del actual Consejo- es la cortina de humo con la que quieren preservar el negocio.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 8 de septiembre.
Se podrían citar in extenso las reformas que se proponen, pero bastará decir que las televisoras y los consorcios radiofónicos, simplemente, están fuera de las campañas. El IFE administrará los tiempos oficiales, integrados por los tiempos de Estado (30 minutos diarios) y por los tiempos fiscales que Fox redujo de 12.5 a 1.5 por ciento del tiempo de transmisión total, pero que a juicio de la misma autoridad electoral podrán ampliarse lo que sea necesario, para que los partidos hagan su difusión en campañas o exhiban sus programas informativos. Ni un centavo más para los monopolios. Eso representará un ahorro por campaña de más de 3 mil millones de pesos (si atendemos a lo gastado por ese concepto el año pasado) que los partidos se veían obligados a entregar en aras de sus pugnas electorales y que ha puesto a Azcárraga Jean y a Salinas Pliego al borde la locura
Arnaldo Córdova, La Jornada, 9 de septiembre.
Pero el proyecto del miércoles incluyó una verdadera bomba: la prohibición de contratar tiempos de televisión y radio para las campañas políticas. Esto significa que los medios electrónicos dejarán de recibir el equivalente al 70% de lo que se gastan los partidos políticos con dinero proveniente de nuestros impuestos. Una fortuna que en 2006 representó 2% de la facturación de Televisa y hasta 30% de algunos concesionarios de radio regional.
Que los legisladores incluyeran este punto no fue una total sorpresa, pero las televisoras habían confiado en que sus presiones lograrían eliminarlo del proyecto de reformas. Posteriormente Labastida Ochoa, ahora senador, señaló que algunos de sus colegas con aspiraciones de convertirse en gobernadores habían sido advertidos por Televisa de no promover ese punto de acuerdo o serían eliminados en términos mediáticos
Jorge Zepeda Patterson, El Universal, 9 de septiembre.
De suyo, de concretarse esa reforma, se podría y hasta se debía hablar de la gran reforma. ¿Por qué? Porque significaría sacar a los poderes fácticos como los medios electrónicos —radio y televisión— de los procesos electorales. Eso significaría el fin del sometimiento del poder público al poder del dinero, al poder fáctico de un puñado de familias que dominan la radio y la televisión; el fin de la más ofensiva transferencia de dinero público a bolsillos privados y el fin del insultante sometimiento de las decisiones públicas y de Estado a los barones de la televisión y la radio.
Sí, sin duda que esa podría ser la gran reforma. Pero aún así, a pesar de que sería un avance gigantesco, esa sería una reforma envenenada. ¿Por qué? Porque empequeñece su impacto y su eficacia cuando se convierte en una transferencia de poderes. ¿Qué quiere decir eso? Poca cosa. Que en otra parte de la reforma electoral, PRI, PRD y PAN —a propuesta de los dos primeros— pretenden quitarle al IFE sus facultades fundamentales de autonomía y gestión y su carácter ciudadano. Y es que se propone crear una contraloría que fiscalizaría al IFE y cuyos jefes estarían en manos del Congreso, además de que se despojaría a sus consejeros de la facultad de participar en la deliberación y análisis de la forma en que los partidos hacen uso de los dineros públicos
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 9 de septiembre.
La concentración de la discusión pública en torno de esos temas: la supresión del descomunal gasto en propaganda electrónica y la remoción de los integrantes del consejo general han disminuido la atención que merece el único examen riguroso sobre la iniciativa de reforma constitucional electoral practicado desde la sociedad civil, el que emitió el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, elaborado antes de conocerse el proyecto de dictamen y que por lo mismo debe ser completado y quizá modificado en algunos de sus aspectos.
Tengamos claro, antes que nada, que se trata de una vasta reforma a ocho artículos de la Constitución: 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134. El cogollo de la operación se encuentra en el primero de esos textos, el 41, referido a los partidos políticos y el Instituto Federal Electoral (aunque por esto último no cabe disminuir la importancia del 97, que regula el funcionamiento y la integración del tribunal electoral). En el núcleo del núcleo se encuentran los temas de comunicación social electoral, que se conectan con el financiamiento y la naturaleza y duración de las campañas, todo lo cual está en el centro de la atención ciudadana, harta del dispendio del dinero público (es decir, el aportado con su esfuerzo por los contribuyentes) en la organización y funcionamiento de la democracia. El derroche, hay que reiterarlo una y otra vez, sería ofensivo en todas partes, aun en las sociedades opulentas, pero lo es en grado superlativo en un país dañado profundamente por la pobreza, el empobrecimiento y la inequidad.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de septiembre.
Se ha calculado que en la campaña federal del año pasado los partidos pagaron a los medios electrónicos (además del costo de 281 mil spots que se ignora quién sufragó) casi 2 mil 500 millones de pesos, que es algo así como el 70 por ciento del gasto ejercido en total por los partidos. De aprobarse la reforma, montos de ese alcance no serán nunca más recibidos por las dos televisoras de mayor alcance (y en menor medida por las miles de radiodifusoras a cada una de las cuales corresponde una minúscula porción de ese gasto). En aparente paradoja, el importe enorme visto desde el mirador del gasto público en una sociedad menesterosa, es poco significativo para los magnates de la televisión, que pueden hasta resarcirse de lo que dejarían de ganar, a través de negocios asociados, como los que derivan de la convergencia tecnológica o los juegos de azar.
Eso no obstante, las televisoras no están dispuestas a dejar de percibir esos ingresos y ya presionan de diversas maneras a los legisladores para que abandonen su peregrina idea, que no es más que reflejo de una preocupación ciudadana. Algunas de esas formas de coacción son visibles, otras se ejercen en la discreción y el sigilo. Se trata de verdaderas amenazas sobre el futuro de los políticos profesionales, inviable si las televisoras los hacen invisibles. Lo ocurrido en Yucatán el año pasado es buen ejemplo de lo dicho: por haberse mostrado contundente opositora a la Ley Televisa en febrero y marzo, y promotora del recurso judicial en su contra, en mayo, a partir de entonces la senadora Dulce María Sauri Riancho desapareció de la información política. Sujeta la candidatura priista al gobierno yucateco a una encuesta levantada en diciembre, la ex gobernadora y ex presidenta del PRI, varias veces legisladora, resultó con una imagen nublada por la falta de exposición pública, y quedó atrás en la contienda.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de septiembre.
Que la reforma electoral llevaría a la Constitución un nuevo estilo de cadena nacional.
Una vez cada hora, entre las 6:30 de la mañana y las 11:30 de la noche, es decir, 18 veces al día, todas las estaciones de radio y televisión tendrían que transmitir simultáneamente un mensaje de tres minutos de uno de los partidos políticos.
Así sería en cada día de las precampañas y las campañas en las elecciones federales, estatales y municipales.
Esa sí que sería una novedad, lo nunca visto en ninguna democracia.
“Trascendió”, Milenio. 10 de septiembre.
Arguyen sin pudor que se asignarán 32 por ciento menos, pero no explican que lo que medren lo gastarán en la mitad del tiempo.
Para colmo, los tiempos en radio y televisión que se despachan gratis no serán para sus rolleros y demagógicos spots, sino que, mediante una burda modificación al Cofipe, serán miniprogramas de uno a tres minutos y, chíngale, no permitirán que la audiencia se les escape: los quieren pautar en todas las estaciones y todos los canales al mismo tiempo.
O sea: la bóveda del banco abierta para ellos.
Carlos Marín, “El asalto a la razón”, Milenio, 10 de septiembre.
Los partidos se transmutaron en ingentes transmisores de recursos públicos a las corporaciones electrónicas privadas. Desde 1997, el año 2000, 2003 y 2006, el flujo de dinero del erario a esas compañías no cesó de crecer, hasta representarles ganancias equiparables a las de un año con mundial de futbol. Así las cosas, el “modelo de campaña” acabó poniendo en el centro a los medios de comunicación y los convirtió en demiurgos o verdugos de candidatos, de partidos incluso, y por esa vía, les fue dado un enorme poder más allá del económico, para concentrar un nuevo tipo de poder político.
Por todo esto, es que tiene tanta importancia la reforma electoral en curso. Constituye una auténtica operación de Estado, no solamente porque representa un gran acuerdo de las principales fuerzas políticas de México representadas en el Congreso de la Unión (y que resulta tanto más saludable luego del período de aguda confrontación el año pasado); no sólo porque corrige las deformidades principales de la democracia moderna, sino también y sobre todo, porque constituye un esfuerzo por emancipar a los partidos, a los políticos y a la política a secas, del férreo señorío impuesto por los poderes mediáticos.
Del desenlace de esta operación dependerá el destino del sexenio de Felipe Calderón (que en su primer año habrá roto el ostión de las reformas importantes) y por la vía de los representantes constitucionales, habríamos alcanzado un nuevo acomodo entre los poderes del Estado y los poderes fácticos.
Ricardo Becerra, Crónica, 10 de septiembre.
El "primer calambre" que les puso Beltrones a los "defensores de la democracia" fue la presentación del proyecto de dictamen de la reforma electoral, en donde se sugiere, recomienda, propone... que durante las campañas electorales "los partidos políticos en ningún momento contraten o adquieran , por sí o por terceras personas, tiempos en radio y televisión". La publicidad de las mencionadas campañas sólo podrá transmitirse en tiempos oficiales o del Estado, y el IFE será la única autoridad que administre los tiempos oficiales. ¡Cómo de que quieren quitarnos un negocito de más tres mil 500 millones de pesos! Exclamaron indignados los de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Entre gritos y pataleos, el Jefe de jefes explicó que la decisión de cambiar el uso de los tiempos oficiales para que sean los partidos políticos los que en campaña electoral los utilicen, tiene como propósito reducir el costo que los ciudadanos están pagando hoy por las campañas electorales. Y precisó: primero, van a reducirse de 180 a 90 días las campañas electorales (para las intermedias 45 días), con lo que va a gastarse mucho menos. Segundo, al utilizar o cambiar el uso de los tiempos oficiales para ponerlos a disposición de los partidos políticos, se terminará haciendo menos costosa la democracia.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 10 de septiembre.
Sin embargo, lo ominoso de esta cuestión no se limita al aspecto económico. La centralización de la disputa política en el terreno televisivo tiene una dimensión aún más perversa: el amafiamiento político-mediático tiende a convertirse en el principal enemigo de la comunicación democrática.
La televisión tiene como defecto de su naturaleza, que es un canal unidireccional de comunicación. Privilegia el monólogo sobre el diálogo entre los seres humanos.
Esta carencia estructural de la televisión se agrava cuando —producto de las cuantiosas inversiones que se requieren para mantener actualizada la tecnología— se concentra en muy pocas manos la propiedad de los medios y, por tanto, el acomodo de la programación que en ellos aparece.
Es decir que no sólo se trata de una comunicación monologante sino de algo aún más grave: unos cuantos elegidos monopolizan el derecho a pautar lo que se dice y lo que se silencia en el espacio público
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
En el extremo, este fenómeno se vuelve intolerable cuando los representantes políticos de los ciudadanos quedan inhabilitados para ejercer un contrapeso frente a tal concentración de poder. Cuando se ven forzados a renunciar a temas y causas si éstos contravienen los intereses de las empresas.
Saben los políticos que si quieren ser tratados con benevolencia, deben gastar mucho dinero en publicidad televisada, provengan los recursos de sus ingresos propios o de los dineros administrados por el Estado. Mientras que en el primer caso, tal como ocurre en Estados Unidos, son los más pudientes quienes terminan haciendo política, en el segundo se concluye premiando a los más corruptos (México es un buen caso para documentar este hecho).
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
En el statu quo actual, los políticos saben que para seguir siendo mirados en la plaza pública han de estar en buenos términos con los dueños de las televisoras. Es decir que, para competir ventajosamente por cargos y votos, han de limitarse para no dañar asuntos empresariales de tales consorcios.
Debe precisarse que esta mecánica perversa no es exclusiva de la democracia mexicana. En todas partes la televisión privilegia el monólogo y concentra el control de la programación. Ambos hechos provocan, cada vez más frecuentemente, que el poder de las televisoras sea superior al de los agentes del Estado.
De ahí que esta discusión sea una de las más importantes y mejor documentadas de nuestros tiempos. Y también, que cualquier democracia que se valore a sí misma esté preocupada por regular los intercambios entre política y medios televisivos. O lo que Giovanni Sartori denomina, la videopolítica
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
Hasta ahora, la fórmula mejor conocida para evitar esta circunstancia es impedir que partidos y candidatos compren tiempos comerciales a la hora de competir por los votos. De la mano, también se requiere evitar que los gobernantes en turno utilicen recursos públicos para hacerse publicidad personal con los dineros que son de todos.
Son precisamente estos dos elementos los que están presentes en el núcleo atómico de la iniciativa de reforma electoral que se está debatiendo actualmente en el Senado. Los líderes parlamentarios, Manlio Fabio Beltrones (PRI), Santiago Creel Miranda (PAN) y Carlos Navarrete (PRD) demostraron valentía al colocar el dedo sobre esta crucial coordenada.
Por esta sola razón, la iniciativa de reforma habría de ser celebrada
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
Está claro que, luego de las experiencias electorales de 2000 y 2006 —en donde el dinero dominó a la política y la democracia electoral—, existe entre el tripartidismo dominante en el Congreso una tendencia que favorece limitar la participación de los poderes fácticos en los procesos electorales, y que todos o casi todos los actores políticos fueron víctimas del poder de las televisoras y los grupos familiares que dominan la radio. Pero también es cierto que en 2000 y 2006 no pocos de los políticos que ahora reivindican posturas de fuerza frente a las televisoras —y que dicen comportarse como “hombrecitos”— en realidad se doblegaron a las presiones mediáticas y hasta pactaron acuerdos inconfesables.
En efecto, el Congreso y los partidos que lo integran pudieran acordar hoy que la televisión y la radio se quedaran fuera de los procesos electorales, y hasta pudieran acordar una Ley de Medios que limite el poder mediático, que permita abrir espacios para la competencia y terminar con los monopolios electrónicos en radio y televisión. Pudieran hacer todo eso y más, hasta convertir a la grosera “partidocracia” en el “poder de poderes”, por sobre la jerarquía constitucional del poder. Pero existe un pequeño detalle que los Creel, Navarrete y Beltrones no quieren decir, que olvidan o, de plano, se niegan a ver. ¿Cuál es ese detalle?
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 10 de septiembre.
Cobra fuerza la opción de cerrar los espacios comerciales a las campañas electorales y restringir éstas a los tiempos oficiales. Se trata de un modelo imperante desde hace años en varios países europeos y algunos latinoamericanos. De los 21 que conforman la OCDE, diez de ellos tienen un modelo de campañas con fondos exclusivamente públicos (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Irlanda, España, Suiza y Noruega). El resto, incluido México, maneja un modelo mixto. Y en Estados Unidos prevalece un esquema de compra privada de publicidad mediática, lo que provoca que partidos y candidatos busquen, no sólo la aportación de simpatizantes, sino sobre todo la de grandes empresas y consorcios, motivo frecuente de grandes escándalos políticos. Ese intercambio de favores económicos por políticos es uno de los elementos que más distorsiona los fines democráticos y, por eso, los países europeos han venido transitando en alguna medida hacia un esquema de tiempos oficiales en las campañas. Con lo que evidentemente se busca reducir la influencia política de los poderes económicos y comerciales, al menos por esa malsana vía
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 10 de septiembre.
Se parte de que si los partidos tienen garantizada la difusión mediática de su plataforma, ideario y candidatos, en principio tendrían menos incentivos para buscar dinero de las grandes empresas con el fin de promoverse. Aunque no se puede decir que la participación empresarial en las campañas llegará a su fin, pues hay muchos otros gastos que muy bien podrían financiar, así sea de manera indirecta y oculta (porque la ley actual ya prohíbe el financiamiento directo por parte de las empresas). El modelo de publicidad electrónica exclusivamente a través de tiempos oficiales sería un duro golpe para los medios electrónicos, principales beneficiarios de la compra directa de espacios de campaña. De ahí su oposición a ese esquema. De concretarse la reforma en esos términos, presenciaremos una extraña paradoja, una especie de fábula de Esopo, cuya moraleja sería que la ambición extrema termina por dejarte sin nada. Y es que en 2005, al discutirse una reforma electoral que finalmente fue abortada, el modelo propuesto en materia de financiamiento de campañas era todavía con compra de tiempos comerciales, pero con la modalidad de que sería el IFE el único facultado para contratarlos, si bien todavía con el dinero de los partidos (que a su vez provendría del financiamiento público, es decir, de nuestros impuestos y de donaciones privadas)
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 10 de septiembre.
Cabe recordar que dicha iniciativa no surgió, ni de lejos, del Ejecutivo (pues Vicente Fox no quería enfrentarse con los medios, para que éstos lo apoyaran en su lucha personal contra Andrés López Obrador). Fueron el PRI y el PRD los que introdujeron esa "cláusula de medios". A los consorcios mediáticos no les gustó ese esquema, como era de esperarse, pues aunque todavía recibirían un buen monto de ingresos, ya no podrían tener un trato directo con los partidos, con lo cual terminaría esa viciada, pero redituable (para los medios), relación. Algunas de las razones de eso son las siguientes:
1) Los medios no podrían cobrar los tiempos políticos a tarifas más elevadas que en los espacios comerciales.
2) No podrían ofrecer a los partidos tarifas diferenciadas según sus preferencias políticas o favores pactados de antemano.
3) No podrían dar facturas a un precio menor del costo realmente cobrado por los espacios o las pautas mediáticas, para ayudar a los partidos a no rebasar los topes de campaña.
4) Finalmente, no podrían tener la gran capacidad de influencia y presión sobre los partidos y los candidatos durante la campaña misma, a través de la amenaza de suspender en cualquier momento la publicidad comercial (generalmente contratada para ser pagada después). Influencia que les fue muy útil a los consorcios mediáticos con el fin de sacar adelante la Ley de Radio y Televisión en plena campaña electoral (recordemos que Manuel Espino advirtió a sus senadores que, de no aprobarla, las televisoras suspenderían la publicidad de Felipe Calderón). Y, por ello mismo, ni Calderón se pronunció para votar ley después de la elección ni Fox quiso vetarla en su momento
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 10 de septiembre.
Así, los consorcios mediáticos pudieron frustrar la "cláusula de medios" durante la discusión de la reforma electoral en 2005 y, como su núcleo duro era justo esa cláusula, el PRI y el PRD renunciaron a impulsar una legislación que en tal caso hubiera quedado vacía de sustancia. La reforma de 2005 nos hubiera facilitado, en medida no pequeña, el duro trance de la última elección presidencial. Buena parte de la agitación de ese proceso tuvo que ver con la propaganda de campaña, los dineros partidarios, la publicidad gubernamental y la contratación por parte de terceros. Y debido a eso quizás ahora el péndulo tiende a irse al otro lado. Más les hubiera valido aceptar el esquema planteado en 2005, es decir, la compra comercial de espacios mediáticos por conducto del IFE, aunque ello implicara un cierto grado de pérdida económica y política, pero preservando aún buena cantidad de recursos que de cualquier manera irían a dar a sus arcas. De haberse aprobado ese modelo, seguramente ahora no habría motivos para moverse más allá de él, al menos durante varios años. Es decir, por quererse quedar con todo en 2005, los consorcios mediáticos podrían ahora quedarse sin nada. Habrían matado su "gallina de los huevos de oro". Golpe al cual hay que agregar el de la prohibición de que funcionarios y gobernantes aparezcan personalmente en la publicidad pública, pues los incentivos para ampliarla se reducirán significativamente. Por todo lo cual, los medios electrónicos han iniciado, contra la reforma electoral, una nueva batalla (aunque embozada con temas por los que casi nunca han mostrado mayor preocupación)
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 10 de septiembre.
Habrá que garantizar en las leyes que no se cree un mercado negro de publicidad electoral pagada, disfrazada de información. Habrá que garantizar también que el dinero que hoy se va a los medios no se quede en los partidos.
Surgen voces alertando contra eso. Dicen que los partidos tendrán reducciones pequeñas en sus fondos, sin tener ahora que pagar los dinerales que gastaban en medios. Serán partidos multimillonarios, con el doble del dinero que tienen ahora, pues más de la mitad de sus ingresos lo gastaban en los medios. Sería una barbaridad: un soborno que los partidos se dan a sí mismos, a costa del erario, para firmar la reforma.
Héctor Aguilar Camín, “Día con Día”, Milenio, 10 de septiembre.
Me gusta que la reforma quiera prohibir la publicidad de personas envuelta en publicidad oficial: los comerciales que celebran la obra del gobierno de éste o aquel personaje, a cuenta del gobierno. Empezando por la publicidad del Presidente de la República, gran consumidor natural en la materia, seguido muy de cerca por algunos gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad.
Los excesos que vemos y pagamos en esta materia todos los días deben ser regulados, aunque no se me escapa que prohibir esto es una manera de cerrar el paso a quienes quieran hacerse de una audiencia nacional con miras al futuro.
Héctor Aguilar Camín, “Día con Día”, Milenio, 10 de septiembre.
La negativa a abrir el juego a candidaturas independientes apunta al propósito de blindar la casa contra el acceso de nuevos competidores. La prohibición de las campañas negativas, por último, linda con la censura y con el atentado a la libertad de expresión.
La reforma tiene luces y sombras. Hay derecho a decir las sombras sin negar las luces.
Héctor Aguilar Camín, “Día con Día”, Milenio, 10 de septiembre.
Paradójicamente, las instituciones políticas mexicanas, alentadas por un Ejecutivo —federal y estatal— miope y estrábico a la vez, está propiciando un golpe de mano que se parece mucho a las medidas dictatoriales del presidente Chávez. Su objetivo son los medios electrónicos de comunicación y su aniquilación por cualquiera de las tres vías posibles: la inanición al reducir, limitar o eliminar sus ingresos publicitarios; los obstáculos crecientes al sistema de otorgamiento de concesiones de operación; en última instancia, como sucedió con Radio Caracas Televisión, la expropiación directa.
Si esto no es un atentado a la libertad de expresión, la llamada democracia emergente mexicana y las reglas del juego económico en un país que cada vez quiere parecerse más a Estados Unidos, yo invito a que alguien me lo explique.
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 10 de septiembre.
Los aires mexicanos de la política sospechosamente recuerdan la llanura del Arauca vibrador, donde los en su ribera nacidos aman, lloran, cantan y sueñan para ornar las rubias crines del potro de su amador.
La precipitación con la que se pretende dar este minigolpe de Estado pone al descubierto las relaciones peligrosas entre gente que intensamente rechazó todo lo que oliera a Chávez, chavismo y Andrés Manuel López Obrador. Hoy, con el alma llanera, hacen frente común con sus anteriores adversarios en una santa alianza que no deja de ser sospechosa y que, evidentemente, es para ornar las rubias crines del potro de su amador.
¿Calderón convertido en la clonación de Andrés Manuel?
Nada más eso nos faltaba.
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 10 de septiembre.
Lo más positivo en la propuesta sería la modificación del vínculo entre partidos y medios. Se ha divulgado que los partidos dejarían de contratar por sí mismos anuncios y spots. Los partidos difundirían su mensaje a través de los tiempos oficiales del Estado. Se trata de terminar con la perversa conexión entre partidos y medios que ha conformado un extraño gravamen. Existe, en efecto, un impuesto electoral que extrae recursos de los contribuyentes para transferirlos, a través de los partidos, a los bolsillos de los medios. Es razonable que en tiempos de campaña se empleen los espacios del Estado mexicano como plataforma de difusión de los partidos.
Jesús Silva Herzog Márquez, Milenio, 10 de septiembre.
Por una parte, la reforma clave: quitar a las grandes empresas de radiodifusión el poder excesivo que adquirieron en años recientes, y que se potencia en época electoral, en la que ningún político se atreve a criticarlas, y muchos a complacerlas. Por otra, el intento, nunca bien explicado, de remoción de los actuales consejeros electorales del IFE y la colocación de candados sobre la capacidad fiscalizadora del propio instituto.
Lo primero es una necesidad de la nación. No sólo porque disminuiría los costos enormes del voto en México, sino sobre todo porque implicaría una distribución más equitativa del poder. Sin embargo, en el proyecto de reforma, el poder que se le quita a las televisoras y a los grandes radiodifusores se va casi integralmente a los partidos, que también ya tienen demasiado. El único argumento atendible que ha esgrimido la CIRT es que la disminución al presupuesto de los partidos que prevé la reforma es mucho menor al gasto que éstos ejercieron en medios electrónicos, que fue el año pasado de casi 3 mil quinientos millones de pesos. En otras palabras, se sirven ellos mismos con el cucharón que le pretenden quitar a los medios electrónicos.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 11 de septiembre.
De aprobarse, esas reformas traerán consigo efectos inmediatos en la contienda democrática, mejorando su calidad y las condiciones de equidad en la misma. Pero su impacto más positivo se reflejará en la menor dependencia que los partidos y los políticos tendrán de la radio y la televisión. Nadie quiere medios electrónicos débiles ni pobres, pero su fortaleza y su riqueza no debe depender ni de la sumisión de la política ni de su mercantilización y, en ese sentido, la propuesta que se ha presentado significa un gran avance
Lorenzo Córdova, El Universal, 11 de septiembre.
Hoy, a 30 años de la reforma reyesheroliana, ésta acabó en deforma, pues la vieja oligarquía dejó de respaldarse en el partido de Estado para conservar sus intereses, y hoy se apoya en los medios de comunicación electrónica, particularmente en Televisa y Tv Azteca. En ese mismo camino, la izquierda, impulsora del cambio democrático, cambió sus objetivos por ganar el poder y ahora es la principal fuerza política que defiende las prácticas corporativas y clientelares. El PRI y el PAN, como sedimentos de los intereses económicos locales y trasnacionales, cogobiernan en la nada con una mezcla de restauración del viejo régimen tras el naufragio, pues a final de cuentas representan la postura irreformable, corrupta, subsidiada, filantrópica, evasora, tonta e inepta de la oligarquía mexicana y sus socios externos
Marco Rascón, La Jornada, 11 de septiembre.
Para colmo, el segundo mensaje de los intelectuales coincide con la batalla que libran las televisoras y las estaciones de radio en contra de las reformas electorales y de la remoción de los consejeros del IFE, que, de aprobarse, acabarían con sus privilegios multimillonarios. Es una casualidad, quizá, pero la composición actual de los abajo firmantes muestra una combinación entre la defensa genuina de la autonomía del instituto con la de los intereses de las televisoras. Así de simple
Javier Flores, La Jornada, 11 de septiembre.
Las precisiones que ayer se dieron a conocer respecto al proyecto de decreto dejan claramente establecido que no existe en el Congreso de la Unión intención alguna de "expropiar tiempo" a las empresas concesionarias de radio y televisión. Se deja establecido que el tiempo de que el IFE dispondrá, para sus propios fines y para atender el derecho constitucional de los partidos políticos, será de 48 minutos diarios a partir del arranque de las precampañas y hasta el día de la jornada comicial, exactamente lo mismo de que hoy dispone el Estado por concepto de derechos e impuestos pagados en especie, es decir, en tiempo aire. Se trata de cambiar el uso de un recurso con el que ya cuenta el Estado mexicano, sin intención alguna de perjudicar a las empresas de esa industria. Lo que éstas dejarán de recibir al no vender tiempo a los partidos políticos no se quedará en las arcas partidistas, sino que, insisto, significará un ahorro neto en el gasto público destinado a las elecciones.
Sólo con esas tres medidas, la reforma merece ser calificada como estructural, o si se quiere, como de "tercera generación".
Jorge Alcocer, Reforma, 11 de septiembre.
Bienvenido el uso de los tiempos oficiales, por fin. Bienvenida la regulación del uso excesivo de los medios, y la promoción personal con dineros públicos. Pero la prohibición es un nuevo candado que también queda indirectamente en manos de los partidos. Prohibir resulta el otro extremo. Siguiendo el 6o. constitucional cualquiera debe tener el derecho de transmitir sus ideas por los medios. Van tres prohibiciones. La argumentación prohibitiva no contempla que la radio, rama que sería la primera afectada, ha contribuido notablemente a la información y politización de la sociedad mexicana. Que Televisa y Azteca lleven una porción importante no explica la miopía de principios. Los domina el odio. Confundir daña.
Federico Reyes Heroles, Reforma, 11 de septiembre.
La hipocresía no tiene límites. Resulta que los principales beneficiarios de la financiación pública de los partidos políticos son los medios electrónicos de comunicación, sobre todo las dos grandes empresas de televisión. En la campaña pasada el negocito fue de unos tres mil millones de pesos. Nada despreciable, aunque hace algún tiempo oí decir a un alto ejecutivo de Televisa que eso para ellos no era dinero. Para no serlo, ahora están chillando mucho.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
La prohibición del acceso a tiempos y espacios comerciales en los medios de comunicación para los partidos y los políticos tendría, al menos, dos efectos benéficos sobre la política mexicana. Por un lado reduciría el costo de hacer política y permitiría el recorte de los recursos públicos a los partidos. Si sólo se recortara el dinero que reciben los partidos del Estado, sin reducir los requerimientos económicos, entonces se estaría abriendo la puerta al dinero negro y difícilmente los mecanismos de fiscalización serían eficaces para frenar y sancionar completamente la entrada de recursos ilegales a los partidos. En cambio, si los partidos dejan de necesitar cantidades exorbitantes de recursos para pagar sus anuncios, entonces serán más libres frente a sus posibles financiadores, lo que aumentará la autonomía de la política frente a los intereses económicos.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
Desde luego, uno de los sectores frente a los que los políticos adquirirían autonomía con la reforma es el de las empresas de televisión. Hoy es práctica común que las televisoras intercambien apariciones de los políticos en programas noticiosos o de opinión por compra de espacios comerciales. El tratamiento que reciben las distintas fuerzas políticas depende, en alguna medida, de las compras que hacen a la empresa para anunciarse. Con la nueva legislación no se terminará la parcialidad de empresas que, naturalmente, tienen intereses particulares, pero se reducirá su capacidad de presión sobre partidos que, de cualquier forma, tendrán acceso a tiempos oficiales para difundir sus propuestas. Además de que las televisoras dejarán de recibir un subsidio indirecto con cargo a nuestros impuestos.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
Si, además, la distribución de tiempos se hace con la obligación de usarlos para difundir programas y debatir ideas y se prohíbe su utilización para anuncios de tipo comercial, entonces la reforma contribuirá a elevar el nivel del debate político y contribuirá a la educación cívica y política de la población. Desde luego que la reforma debe incluir mecanismos para evitar la comercialización sumergida de espacios en medios para la política, al mismo tiempo que se deben perfeccionar los sistemas de monitoreo para hacer público el tratamiento que dan los medios a los distintos partidos.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
Otro tema que ha metido ruido, es la limitante para que partidos políticos y candidatos puedan contratar directamente propaganda y espots con las empresas de radio y televisión.
En ese contexto, TV Azteca hizo público que, en congruencia con sus principios y valores, y en tanto no se aclaren las nuevas reglas de relación entre los partidos políticos, el Instituto Federal Electoral y los medios de comunicación, no aceptará dinero ni pauta promocional alguna proveniente de los partidos políticos.
Concretamente, la televisora de Ricardo Salinas Pliego sostiene que no quiere que la discusión de montos, orígenes y destino de los recursos económicos cuya finalidad sea la promoción de los partidos políticos, empañe una reforma electoral que ponga en riesgo el futuro democrático del país, la libertad de expresión y, sobre todo, el libre acceso a la información por parte de la sociedad mexicana.
De ahí la decisión de no aceptar recursos provenientes de los partidos que han manifestado cierto atropello en la discusión de la reforma electoral que, como sabe, incluso se ha querido manejar como letra de cambio para una reforma fiscal.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 12 de septiembre.
Sin embargo, la televisión y la radio han quedado rehenes del sistema de comercialización. Las tarifas cobradas a los partidos en campaña son altas y se comen la mayor parte de los presupuestos. Pero un debate tarifario ha llevado al Senado a romper el acuerdo político fundamental que existía con los medios electrónicos, pero sin tener uno nuevo más equilibrado.
El fondo del debate radica en la terminación del Principio Azcárraga de que los medios electrónicos -proyectando a Televisa- eran "soldados del PRI, soldados del presidente". Como el presidente de la República ya no es del PRI, ahora es el PRI el que promueve reformas para evitar que ese principio se endose al gobierno panista. De ahí que se haya aprovechado la reforma electoral para acotar los espacios de acción política de los medios electrónicos y se amenace con una ley de medios que impida alineamientos institucionales como en el pasado.
De ahí la amenaza del senador perredista Pablo Gómez de revisar las concesiones a los medios no por razones de reforma o de reorganización institucional, sino como una forma de someter a los concesionarios. Se trataría de aplicar el modelo Hugo Chávez: negar la renovación de la concesión a la empresa privada Radio Caracas Televisión pero entregársela al Estado para su explotación con una programación de loas al presidente Hugo Chávez. Pero en México los medios electrónicos no son oposición.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 12 de septiembre.
Los analistas bisoños se han "ido con la finta" de que las televisoras están preocupadas porque con la reforma electoral van a perder un "negociazo" de un par de miles de millones de pesos que gastan los partidos políticos en la compra de espots. ¡Esa cantidad es una bicoca! Basta ver el reporte de ventas de las empresas y el detalle de las mismas para comprobar que facturan 20 veces más de lo que supuestamente "quieren quitarles" con la reforma.
A las televisoras les interesan asuntos de mayor trascendencia incluidos en la nueva Ley de Medios que se analiza en el Congreso. ¡No se hagan bolas! Diría El Orejotas.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 12 de septiembre.
Además, la radio y la televisión no están de acuerdo con la pérdida repentina del negocio que habían cultivado. Ya han mostrado con creces que no quieren perder los cientos de millones de pesos que les eran transferidos por los partidos políticos en cada campaña (y aun fuera de ellas), ni tampoco el poder político que suponía la negociación de tarifas, pautas y tiempos dedicados a cada uno, según la combinación de amistades, simpatías y caudales que administraban con libertad. No es casual que haya sido ese territorio de negociaciones ocultas entre partidos y medios, precisamente, el que trabó la fiscalización de los recursos de los partidos en 2006. Todavía hoy, seguimos dudando sobre la veracidad de las facturas que entregaron al IFE y seguimos preguntando dónde quedaron los casi mil millones de pesos que se perdieron por el camino. Tras esas cifras no sólo había un negocio redondo, sino un arreglo político que les convenía y que la reforma en curso podría cancelar. La sartén seguiría siendo la misma (¿qué democracia podría funcionar sin tomar en cuenta la influencia definitiva de los medios masivos?), pero el mango habría pasado a las manos de los partidos
Mauricio Merino, El Universal, 12 de septiembre.
Sobre los medios de comunicación, la reforma va en contra de su viabilidad financiera. Establece transmitir 51 minutos diarios durante las campañas políticas. Serían 51 minutos en el mejor horario, a favor de los partidos. En primer lugar, esto dará al traste con los patrocinadores que buscan los concesionarios y mediante los cuales pueden financiar sus negocios intensivos en capital, que han invertido en instalaciones, producciones, antenas. En segundo lugar, la reforma atenta todavía más contra los pequeños y medianos medios electrónicos, los cuales podrían tener problemas financieros
Al obligar a transmitir 51 minutos diarios de partidos políticos en horarios estelares es enaltecer la partidocracia. Y de verdad: en una sociedad abierta no se puede obligar a nadie a escuchar o ver determinados contenidos. Con la convergencia tecnológica, el público preferirá sustituir un contenido forzoso, por medios alternos: desde los teléfonos celulares hasta los diversos contenidos de internet.
Los partidos políticos están confundiendo todo. Una cuestión era la equidad electoral y otra darles todo el poder. Una cosa era reducir el costo de las campañas políticas y su duración. Y otra, darles a los partidos, diariamente y durante cada campaña, 51 minutos en horario estelar y, cuando ellos lo consideren, a su total discreción, poder cerrar un medio electrónico argumentando la negativa a un "derecho de réplica".
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 12 de septiembre.
Al final quedó firme la temida reforma: la propaganda por radio y televisión en elecciones federales se hará exclusivamente en tiempos oficiales. El golpe representa miles de millones de pesos pues nadie, salvo la autoridad electoral, podrá comprar espacios para apoyar o denostar a un partido o un candidato.
Tal vez por tratarse de tanto dinero, algunas televisoras y radiodifusoras hicieron el derroche de transmitir en directo, durante horas, el encuentro con los senadores, a pesar de que allí mismo dijeron que difundir eventos políticos les hace perder rating.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 12 de septiembre.
La experiencia obliga a suponer que tales recursos los reciben por varios canales, documentados unos, semiocultos e indirectos otros. La contratación facturada de tiempos que hacen los partidos y sus candidatos, solapados o formales, que aspiran a conquistar puestos de elección, es la común y cuantiosa. Pero, otros adicionales, arriban como denso río informal que, sin embargo, aporta miles de millones de pesos anualmente. Dineros que algunos medios reciben a tras mano de empresas paralelas de “mercadología política”
Pero los medios no fueron solos en la campaña emprendida en defensa de sus intereses, súbitamente colocados ante la posibilidad de ser afectados en los trabajos legislativos. Coordinaron su estrategia con un amplio grupo de críticos, articulistas, académicos e intelectuales de amplio conocimiento público. Como en toda aventura de este calado, hubo también uno que otro compañero de viaje que lo hizo motu proprio, por individuales creencias, pero que, al final, sirvieron a los mismos propósitos de los medios: mantener y acrecentar sus privilegios.
Luis Linares Zapata, La Jornada, 12 de septiembre.
La reforma electoral no sólo replanteará el modelo de comunicación sociedad-partidos y limitará el intercambio de favores económicos por políticos. También generará un ahorro real de al menos 5 mil millones de pesos.
Con los cambios que propone se impide que los partidos políticos y sus candidatos compren a la radio y la televisión espacios para la propaganda mediática. Podrán, por supuesto, acceder a ellos, pero por medio del IFE y exclusivamente en los tiempos que, por ley, corresponden al Estado
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, 12 de septiembre.
Esa peregrinación no se repetirá. La contratación de propaganda política queda prohibida. Quizá los empresarios de la radiodifusión confunden la libertad de expresión con las prerrogativas del dinero para adquirir espacios en los medios electrónicos. Pero esa no es una libertad de la sociedad. Durante las campañas del año pasado los partidos gastaron al menos 589 millones de pesos en la contratación de tiempos en radio y 1384 millones de pesos en la compra de espacios en televisión.
El país ya no tendrá que hacer gastos como esos. Pero lo más importante es la modificación que esa reforma impondrá en la relación entre la política y los medios de comunicación. Las radiodifusoras y especialmente las televisoras tendrán que dejar de ver a los partidos como clientes y quizá comiencen a considerarlos como interlocutores.
Hoy en día los ven como adversarios. Pero no quieren acordarse de la escandalosa docilidad con que esos partidos y el gobierno anterior hicieron suyas, a veces sin siquiera aderezarlas con un mínimo rigor jurídico, las leyes y reglamentos que salían de las corporaciones mediáticas. Los “unos cuantos dirigentes de partidos” de los que hoy se quejan las televisoras, les parecían prohombres de la edificación democrática cuando se comportaban como personeros suyos.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
El acceso a los medios continuará siendo importante para los partidos. Candidatos y dirigentes seguirán buscando espacios en noticieros y programas de distinta índole pero ya no tendrán que comprar publicidad para contentar a esas corporaciones. La propaganda política seguirá resultando fundamental en las campañas electorales pero ahora no será pagada con dinero público porque se transmitirá en espacios del Estado en los medios electrónicos.
Durante las campañas (que en el caso de las elecciones presidenciales serán de 90 días) los partidos tendrán acceso, entre todos, a 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El IFE dispondrá, para difundir mensajes de promoción electoral, de otros siete minutos diarios.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
PONERLE FRENO a los poderes fácticos mediante la consolidación de la partidocracia, por supuesto que no es el mejor camino. Pero por algo se empieza cuando los intereses de las mafias que desangran al país y no los de la ciudadanía están de por medio. Los legisladores saben que ganaron la batalla, irónicamente mediática, porque el nivel de hartazgo que causó en la sociedad la guerra sucia de 2006 con sus réplicas yucateca y bajacaliforniana, alcanzaron un punto culminante. Pero atrás de ese péndulo viene otro con un rótulo visible: la falta de credibilidad que se han ganado a pulso los partidos y particularmente el Congreso.
David Gutiérrez Fuentes, “Perro Mundo”, Crónica, 13 de septiembre.
Con todas sus limitaciones, los medios de comunicación -electrónicos y escritos- han hecho más por la democracia que los políticos. Asumidos como negocios de entretenimiento, la crítica en la televisión y la radio -unida a la de la prensa escrita- demolió al presidencialismo como el Muro de Berlín del autoritarismo y al PRI como la estatua de Lenin del viejo régimen priista. Sólo que el Congreso renace de las cenizas del presidencialismo autoritario para convertirse en un poder fáctico igualmente autoritario, impositivo, es decir, rebasando sus funciones legales reconocidas por las leyes y el Estado.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 13 de septiembre.
Las empresas de medios viven de la publicidad y eso no es criticable, pero si la publicidad de productos milagro es censurable cuando esa publicidad es engañosa, con mayor razón debe serlo aquella que se paga con los impuestos de todos los mexicanos. Tan sólo esa razón es suficiente para que sea el IFE la institución que los legisladores queremos que controle la publicidad en campañas políticas.
Ese poder le queremos dar y les molesta a los que tan sólo hace una semana decían que queremos agredir en su autonomía y disminuir sus facultades.
Qué lástima que la reforma electoral no merezca de los comunicadores y los profesores que trabajan de analistas en la tele, un comentario más objetivo e integral que ponga en la balanza sus aspectos positivos y negativos. La gente no es tan manipulable y eso ya lo debemos saber los políticos y los comunicadores, va de por medio la credibilidad, y si ésta se pierde nos convertiremos en parodias de nosotros mismos
Lila Merodio, “Estamos de acuerdo”, El Gráfico, 13 de septiembre.
La tercera fase del plan es apropiarse del trabajo de otros. Con el pretexto de que se trata de concesiones, PAN, PRI y PRD pretenden esquilmarle 30% de la comercialización en horario estelar a los medios de comunicación que pagan impuestos y cumplen con los tiempos fiscales y del Estado.
El tiempo aire vale cuando gracias a la inversión de privados en equipos y talento se generan audiencias y, por lo tanto, es indebido que se le quite a los medios de comunicación. A como viene la iniciativa, imagine que ayer, en el momento cumbre de la novela o en el minuto estelar del partido México-Brasil, suspendieran la programación para que durante dos minutos y 40 segundos supiera lo chido que es tal o cual instituto político.
El efecto no sólo sería durante ese tiempo sino que las audiencias, con posibilidad, se cambiarían a un canal de televisión de paga, es decir, se trataría de un impuesto regresivo. Además, se busca impedir al medio vender ese mismo tiempo a otros anunciantes que, lo más probable, serían de mayor utilidad para los televidentes.
David Páramo “Personajes de renombre”, Excélsior, 13 de septiembre.
Es importante también —para no repetir errores del pasado reciente— la prohibición a terceros para comprar publicidad en los medios electrónicos que busque influir en las campañas electorales, lo que es central para preservar la equidad en la competencia y defenderla de una intervención indeseable de los poderes fácticos. Contra lo que se afirma dolosamente, en ninguna disposición del proyecto de reforma se restringe la libertad de expresión de ciudadanos, comunicadores o analistas políticos.
Diódoro Carrasco, Milenio, 13 de septiembre.
Se ha dicho, también, que la decisión de restringir la compra de publicidad por particulares es un albazo legislativo. Tampoco es cierto, pues ese impedimento ya estaba presente en la ley, desde 1996. El artículo 48 de la ley electoral dice: “En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros”. Pero esa disposición fue violada en 2006, como estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente por el Consejo Coordinador Empresarial. La oposición del CCE a la reforma es similar a las resistencias que oponen los talamontes ante las leyes de protección ambiental. Ahora, la restricción se lleva a rango constitucional y en la legislación secundaria deberán establecerse las sanciones para quienes lleguen a comprar publicidad electoral y para quienes la vendan.
Ciro Murayama, Crónica, 14 de septiembre.
Lo peor, pero más probable, es la institucionalización de las gacetillas políticas en radio y televisión, en forma más sofisticada que en la actualidad, y por lo mismo más eficiente, y que ese mejor debate político al que se aspira se convierta en propaganda disfrazada de información.
¿Cómo probar que una noticia de un estado o en un municipio puede no ser de interés general si la jerarquización de la información es tan subjetiva? ¿Cómo probar ante la autoridad que la entrevista a un aspirante a un puesto de elección popular no tiene autoridad para hablar sobre determinado tema, si este es un gobernante estatal o una figura política reconocida? Hoy en día hay algunos conductores de medios electrónicos que exigen hasta 250 mil pesos por entrevistar a alguna persona importante, sin que quede claro cuánto de ello entra a la tesorería de sus empresas. Pero si esta es la manera de acceder a recursos políticos, nada evita que surjan políticas empresariales donde se establezcan convenios comerciales de palabra, imposible de rastrear. Los medios no van a perder. La equidad en competencias electorales, sí. ¿La democracia? Bien, gracias, se encuentra fuera de México
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 14 de septiembre.
Por eso resultaron inútiles los postreros esfuerzos de los grandes concesionarios de radio y televisión por evitar la desaparición de los promocionales pagados de campaña. En adelante sólo se usarán tiempos oficiales.
En realidad, los grandes de las telecomunicaciones pagan por su prepotencia. Desde hace semanas trascendió cómo venían las reformas, pero los grandes jefes reaccionaron tarde.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 14 de septiembre.
En materia de reforma electoral, las propuestas presentadas por los partidos coinciden en la necesidad de modificar el modelo de acceso a televisión y radio, tanto en campañas electorales como en periodos no electorales. Es evidente, y hasta escandaloso, que pese a las negativas experiencias, que todos reconocen, en las campañas locales seguimos presenciando, agravados hasta extremos ridículos, los usos y abusos en que incurren candidatos, partidos y empresas concesionarias de TV y radio, ante la pasividad de las autoridades electorales.
Jorge Alcocer, Reforma, 31 de julio.
Un punto neurálgico que se propone para la reforma electoral está a punto de reventar gracias a los buenos oficios del siempre atento (con las televisoras) diputado priísta Emilio Gamboa Patrón. Nos cuentan que había una negociación avanzada entre los grupos parlamentarios de PRI y PRD para que los partidos sólo utilicen tiempos de pantalla o de radio que corresponden al Estado en el desarrollo de las campañas electorales. ¿Qué quiere decir eso?, se preguntará usted. Cero contrataciones de espacios publicitarios, en consonancia con lo que ocurre en países de democracia avanzada. Pero don Emilio, líder de la bancada del PRI en San Lázaro, se comunicó a las oficinas de los ejecutivos de las principales empresas de radio y televisión para, de manera personal, darles garantías de que de ninguna manera pasará la iniciativa conversada con el PRD, nos dicen. Entonces, que la democracia en México, paciente, espere
“Bajo reserva”, El Universal, 16 de agosto.
Un tema neurálgico es el acceso a los medios de comunicación. En el debate del grupo de trabajo ha prevalecido la idea de un modelo en que los partidos queden sujetos a estrictas regulaciones en lo que hace a la contratación pagada de espacios en televisión y radio. Para tal efecto, además de topes a gastos y fiscalización inmediata de las contrataciones, se pretende la exclusividad de la autoridad electoral como conducto de acceso a los medios.
Diódoro Carrasco, Milenio, 30 de agosto.
Se trata de cambios necesarios, que tocan aspectos nodales y sobre los que se insistía hace tiempo. Destaca, por ejemplo, el poner un dique al creciente gasto en los medios de comunicación electrónica, que cada vez más iba contra la equidad de las contiendas, abría una autopista para la proliferación de las campañas negativas incrementaba el riesgo de financiamiento ilegal —o peor, delincuencial— a los partidos y dejaba en una decisión propia de mercado —a cuánto se vendía la presencia de las distintas opciones— un asunto de interés público primordial, como es el conocimiento de los candidatos y sus ofertas por parte de la ciudadanía.
Ciro Murayama, Crónica, 31 de agosto.
El fondo de la reforma política y eje del desarrollo democrático, la reforma a los medios electrónicos, es lo que tenía enfrentados a todos. Sin esta reforma, que sería el primer paso al cambio radical de la relación entre las poderosas televisoras y la política, no habrá nada. Por ejemplo, las 10 propuestas sobre financiamiento a los partidos que después de una década perdida llevaría a la segunda generación de reformas electorales, tenía al calce la advertencia: “Las propuestas anteriores están sujetas a las decisiones que finalmente se adopten en materia de acceso a televisión y radio, y a la duración de las campañas electorales”. Simple: si no había arreglo con los medios, no habría nada de reformas
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”; El Universal, 31 de agosto.
De esta forma, no serían aprobadas las reducciones en los tiempos de campaña a tres meses únicamente, que es una propuesta del PAN, si no se equilibraba toda la balanza en televisión. De otra manera, quien tuviera más dinero es quien mejores posibilidades tendría —si es bien aplicado— de llegar al electorado y obtendría mayores ventajas en la elección. El tema de la reforma a los medios incluía topes al gasto en televisión y radio, que hubiera fiscalización inmediata de las contrataciones y pagos, que se obligara a los concesionarios a dar información a la autoridad electoral, y que sólo el IFE podría contratar, a nombre de los partidos, la propaganda. Todo, dentro de tiempos oficiales y fiscales, lo que significaría que los monumentales ingresos que inyectan los partidos a los medios electrónicos en tiempos electorales se reducirían drásticamente
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente Personal”; El Universal, 31 de agosto.
Menudo arreglo de la peculiar democracia mexicana. Querían frenar a las televisoras regulando su papel definidor y definitorio en la política mexicana, pero le entregaban una parte de la decisión sobre el futuro presidente consejero del IFE al pedirles su visto bueno. Es decir, no tendrían voz, pero sí voto. ¿Y el resto del país? Bien, gracias. Los tres partidos grandes estaban dispuestos a darle a la televisión y a la radio esa zanahoria, pero en realidad el Congreso se quedaría con la mayor parte del pastel. Por ejemplo, quiere imponerle una contraloría general al IFE cuyo titular sería designado por el Congreso y tendría que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación, que también controla el Congreso. Pretende eliminar las comisiones permanentes del Consejo General y crear nuevas, pero fortaleciendo la participación de los partidos políticos y las cámaras. Es decir, el IFE estaría subordinado al Congreso, que reemplazaría a la Secretaría de Gobernación, que controló al instituto en su inicio, en la parte final del autoritarismo mexicano, y reduciría, si no eliminaría, el carácter ciudadano por el que tanto se luchó
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 31 de agosto.
No hay, especialmente de parte de los “reformadores” del PRD, una sola alusión al hecho de que en países como Brasil, Chile, Inglaterra y Francia las leyes electorales precisan que los candidatos no podrán contratar –caso específico de Francia– más de 45 minutos de tiempo en televisión ¡en todo el proceso! En cuanto a lo demás, qué importa si reducen o no los costos de las campañas si éstos nunca han sido respetados y las sanciones al respecto llegan mucho tiempo después. ¿Y la “propaganda negra”? Los empresarios tenían terminantemente prohibido intervenir en favor o en contra de ningún candidato y sin embargo lo hicieron a lo largo de 2006 y volverán a hacerlo porque el nuevo “marco jurídico” les importará lo mismo que el actual: nada.
¿No eran expresiones de “propaganda negra” las andanadas mediáticas del gobierno de Fox contra Andrés Manuel López Obrador? ¿O qué eran, si no, los videoescándalos de Ahumada, el Nicogate y la ho-rri-pi-lan-te violación a la ley que significó abrir una calle de cien metros en el predio El Encino? Así, pues, la televisión, sus magnates y sus aguerridos levantacejas ya enfrían el champaña: seguirán siendo los amos, los que deciden, los que descalifican, los que en su imaginación “legitiman”, y por supuesto los que engordan con el dinero que el IFE les entrega a través de los partidos. Cantemos, pues, loas a los magnánimos reformadores del tripartidismo emergente: que sus nombres queden inscritos con letras de ocio en los muros del Congreso.
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 1º de septiembre.
En las próximas semanas veremos si la ley de radio y televisión y el código electoral son reformados para que la propaganda sea incluida sólo en los tiempos que corresponden al Estado en los medios electrónicos, o bien si los partidos ya negociaron con las televisoras para eliminar esa propuesta de la reforma electoral y la canjearon por alguna otra cosa. De haberse producido esa negociación estaríamos ante una reforma electoral light, que deja de lado un asunto fundamental, pero sobre todo ante la confirmación del poder de la “telecracia” frente a la “clase política” mexicana.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de Frecuencia”, Milenio, 1º de septiembre.
Que se trate de terminar con los insultos en las campañas y que los gobiernos no hagan propaganda a favor de sus respectivos partidos está muy bien, pero ¿dónde quedó la propuesta de que los partidos ya no gasten millones en la contratación de spots y realicen sus campañas en los tiempos que corresponden al Estado en radio y tv?
Como se expuso en este espacio la semana pasada, esa propuesta ya había sido acordada por los partidos, incluso mediante una iniciativa presentada el 13 de junio de este año, pero no es vista con simpatía por las dos grandes televisoras, ya acostumbradas a que las campañas electorales sean una de sus principales fuentes de ingresos.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 1º de septiembre.
ENTRE los damnificados de la reforma Electoral habrá que contar a los mandatarios Marcelo Ebrard, Enrique Peña y Humberto Moreira.
AHORA se prohibirá transmitir spots sobre acciones o programas de gobierno con el nombre, la voz, la imagen o los emblemas personalizados de servidores públicos.
¡CON LO BIEN que iban sus campañas...!
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 1º de septiembre.
El reto que impone la realidad actual a los reformadores está en el tema del acceso de los partidos a los medios electrónicos de comunicación. En la regulación de las precampañas. En la reducción del financiamiento que, como nos ha señalado Ciro Murayama, sólo tiene sentido si se atiende lo primero; en el fortalecimiento de las facultades fiscalizadores de la autoridad; y en las reglas que garanticen la democracia interna de los partidos, básicamente. Nada de esto está lógica, técnica o jurídicamente condicionado a la remoción de los consejeros y consejeras. Sostenerlo contrario es falaz
Pedro Salazar, El Universal, 3 de septiembre.
El Senado no ha sido doblegado ante los intereses de los medios masivos de comunicación. El tema de los spots será incluido en la reforma electoral, en algunos artículos de la iniciativa presentada la semana pasada y que este lunes será turnada al pleno. En cuestión de horas se sabrá que nacen los “tiempos constitucionales”, en lugar de los tiempos oficiales y de Estado a los que las instituciones tienen derecho en radio y televisión. Los partidos políticos ya no podrán comprar espacios en radio y televisión en las precampañas y en el proceso electoral, como le adelantó este diario. Se acabará entonces con la “República Spotera”, como la calificó algún día el sagaz Porfirio Muñoz Ledo
“Bajo reserva”, El Universal, 3 de septiembre.
Por lo menos 2 mil millones de pesos anuales se ahorrará el pueblo en pago de facturas a la televisión, por los anuncios de candidatos en campaña, según el paquete de reformas en materia electoral que se debate este lunes en el Senado…
Juan Arvizu, “Vitral Político”, El Gráfico, 3 de septiembre.
Pero la reforma tiene -y puede tener- contenidos más importantes. Una versión extraoficial indica que la iniciativa constitucional en estudio incluye, aunque no se ha anunciado, la prohibición de que partidos y candidatos contraten tiempos en radio y televisión, de tal suerte que la propaganda proselitista en medios electrónicos sólo se difundiría en tiempos del Estado (Claudia Guerrero, Reforma, 1/IX/07). Si esto es así, tendremos la decisión más importante en materia electoral de los últimos 11 años.
En tal escenario, convendrá volver la mirada al financiamiento a los partidos, porque algunas proyecciones, entre ellas una del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, indican que, aun cuando se anuncia una reducción de 50 por ciento al gasto de la campaña presidencial, el ahorro para el erario será en realidad mucho menor. Este cálculo toma como referencia las cifras de 2006, y ello puede ser válido, si bien una equiparación más precisa debería hacerse sobre los montos que, con la fórmula actual, tendría el financiamiento en los años posteriores.
Eduardo Huchim, Reforma, 3 de septiembre.
El anuncio de la reforma electoral estuvo acompañado por una extraña presencia del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que se envolvió en un discurso de falacias para defender su permanencia en el cargo. Ugalde repitió en diversas entrevistas que la remoción de los consejeros sería como reconocer que en 2006 hubo fraude; también se le ocurrió la idea peregrina de que la permanencia de los consejeros era necesaria para proteger la autonomía del IFE. Ambos argumentos, falsos
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 4 de septiembre.
En materia de radio y televisión, lo importante está en la exposición de motivos. La iniciativa propone proscribir la propaganda negra y llevar a la Constitución el impedimento a los particulares de difundir mensajes a favor o en contra de cualquier partido o candidato, dotando al IFE de instrumentos efectivos para actuar oportunamente y sancionar a los infractores. Al Tribunal Electoral se propone regresar la facultad para resolver la no aplicación de leyes contrarias a la Constitución. No es poca cosa.
Jorge Alcocer, Reforma, 4 de septiembre.
Una estupidez que tal vez encubra las culpas reales de quienes siendo unos diputados y otros senadores en la anterior Legislatura, clausuraron su último período ordinario de sesiones al final del 2005 congelando unánimemente una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales que de haber sido aprobada, para la elección de julio de 2006 habría recortado las millonadas a los partidos, la duración a las campañas y las escandalosas ganancias a las cadenas televisivas. La intentona fue frenada, pero con ella otras propuestas que hubieran permitido al IFE manejar con mayor precisión el proceso electoral y ahora resulta que a la vuelta de casi dos años, muchos de aquellos diputados y senadores hoy son senadores y diputados, como permite nuestro respetadísimo Sufragio Efectivo; no Reelección, y aprobando ahora sí aquella intentona como si fuese su obra, borrarán las responsabilidades que les tocan en los sucesos de aquel gris dos de julio antepasado…
Leopoldo Mendívil, “Crónica Confidencial”, Crónica, 5 de septiembre.
Y hablando de controversias, la reforma electoral ocupará esta semana una posición mediática muy importante porque de aprobarse afectaría los intereses de los dueños de radiodifusoras y televisoras, ya no los podrán contratar para sus spots, en dicha iniciativa no vemos que se esté contemplando una propuesta de modificaciones tan urgentes que se requieren en la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que tuvo un muy deficiente trabajo en las elecciones del 2006. Entre las comisiones que revisan esta iniciativa están la de Radio y Televisión, la de Asuntos Legislativos, la de Gobernación y la de Puntos Constitucionales, será la tercera generación de reformas electorales.
El senador Manlio Fabio Beltrones comentó que saldrán 3 reformas: la electoral, la hacendaria y la de régimen de justicia. La reforma electoral incluye que al haber un nuevo IFE habrá nuevos consejeros y para su salida va a haber un escalonamiento para períodos distintos de 4, 5 y 7 años. La de justicia considera un nuevo marco de seguridad para acabar con la delincuencia organizada, y la hacendaría, las bases de la economía del país.
Yazmín Alessandrini, “Circo Político”, Crónica, 5 de septiembre.
La pregunta es si los monopolios televisivos y de radiodifusores sufrirán una nueva derrota, ahora en su embestida contra esta disposición, y si a los partidos no les doblarán las corvas, diluyéndola o emasculándola. Pero en caso de aprobarse, no habría que regatearle el mérito y la trascendencia a nadie: se trataría de un enorme paso adelante.
¿Por qué nos atrevemos a decir todo esto? En primer lugar porque la prohibición de toda publicidad de gobierno municipal, estatal o federal con efigie equivale a congelar los índices de reconocimiento: los que están arriba ahora, allí seguirán igual que los de abajo. Sobre todo si persiste la aberración actual, donde a 13 años del inicio de la democratización mexicana, todavía no existe un programa político a nivel nacional en televisión abierta transmitido en tiempo triple A. En segundo lugar, porque aparentemente han decido expulsar a los mercaderes (los partidos chiquitos) del templo (la arena electoral) al reducirles drásticamente el financiamiento, limitar el margen de alianzas y elevar el umbral para el registro, o incluso establecer un artículo constitucional "anti-élbico", y me refiero, por supuesto, a la isla del primer destierro de Napoleón. Algunas de estas medidas podrían ser benéficas en sí mismas, pero no deben ser abstraídas de su contexto: el fortalecimiento del monopolio de la partidocracia.
Jorge Castañeda, Reforma, 5 de septiembre.
El senador Arturo Núñez, coautor de la iniciativa de reforma electoral, jura, sin embargo, que los legisladores le van a entrar al tema de enviar las campañas a los tiempos oficiales en los medios. Eso explica el sigilo con el que se han llevado a cabo las negociaciones en este punto.
El perredista, por cierto, no se aferra a la idea de "traje nuevo" para el Consejo del IFE, pero está convencido de que hay que relevarlos escalonadamente, antes de las elecciones intermedias. "¿Van a ir a 2009 envenenados?", preguntó Núñez. Él mismo respondió: "Si es así, que dejen a los actuales consejeros". El tabasqueño no ve problema en la no retroactividad de la ley en caso de que las negociaciones se concreten. (Los consejeros fueron electos hasta el 2010). "Una reforma constitucional es fundacional", alega.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 5 de septiembre.
Los reformadores acordaron que sólo el IFE contrate radio y televisión.
Dejan fuera las candidaturas ciudadanas.
Aprueban un sistema que da más dinero oficial a los grandes.
Recortarán tiempos y topes de campañas, castigarán las campañas sucias.
Y si al jefe legítimo no le gusta el resultado de la elección de 2009, ¿todo pa’tras otra vez?
Pepe Grillo, Crónica, 6 de septiembre.
No hay una sola palabra acerca de la regulación para el acceso de los partidos a la televisión y la radio. Algunos legisladores han dicho que ese tema lo excluyeron de la propuesta que circula desde hace varios días para evitar presiones de las televisoras. Pero parece que sucedió lo contrario: es decir, que debido al cabildeo y los amagos de las empresas de televisión y radiodifusión la iniciativa de reformas constitucionales no precisa cómo habría de garantizarse la presencia de los partidos en tales medios.
La única fórmula para que modifiquemos la dependencia que hoy tienen los partidos respecto de las empresas mediáticas consiste en cancelar cualquier tipo de contratación para espacios de propaganda política. Los partidos podrían anunciarse en espacios gratuitos, a cargo de los tiempos estatales que todavía existen en la televisión y la radio y con mediación de la autoridad electoral.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.
En la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión hay molestia en serio por las reformas electorales que buscan limitar o prohibir la contratación de publicidad en las campañas. Ayer, en una reunión de radiodifusores se oyó a varios quejarse y despotricar contra Manlio Fabio Beltrones. Y si estaban enojados, como diría el vengativo Marcelo, se van a enojar más con la propuesta consensuada ayer para que toda la propaganda en campañas políticas, locales y federales, se difunda a través de tiempos oficiales administrados por el IFE. En el Senado dicen que ese es apenas un aviso de lo dura que viene la nueva ley de medios…
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 6 de septiembre.
Que de consumarse el esquema de contratación de medios a través del IFE, tal como lo establece el proyecto de reforma electoral, el golpe lo terminarán recibiendo las más pequeñas estaciones de radio al no recibir ni un peso por la transmisión de spots y programas durante las campañas electorales.
Cálculos de la industria establecen que, en 2006, la venta de espacio político significó dos por ciento de la facturación total de Televisa en el año, ocho por ciento de la de TV Azteca, entre 15 y 20 por ciento en las cadenas más fuertes de radio, y cerca de 50 por ciento en los grupos y emisoras regionales.
¿Primero los pobres?
“Trascendió”, Milenio, 6 de septiembre.
AUNQUE lo habían manejado muy a la discreta, ya salió a la luz el verdadero nudo que tiene atorada la reforma electoral: el gasto en spots.
LA IDEA de prohibir a los partidos contratar espacios en medios electrónicos es un viejo reclamo de la sociedad, que veía en cada elección cómo los recursos públicos se iban en cascada hacia las televisoras y la radio.
Y NO SE TRATA de centavos pues los partidos invirtieron en spots más del 70 por ciento de los 2 mil 133 millones de pesos que recibieron para "gastos de campaña" el año pasado.
Y ESO es lo que reportaron oficialmente. Quién sabe cuánto más se gastaron por debajo del agua.
AUNQUE al parecer hay consenso para aprobar ese punto de la reforma, la realidad es que ni los partidos ni el gobierno están del todo convencidos de echarse la bronca con quienes usan la pantalla y el micrófono para pegar duro cuando se trata de hacer negocios.
POR ESO hay quien dice que el debate sobre si se renueva el IFE es en realidad un pretexto para atorar la reforma y olvidarse del asunto de los spots.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 6 de septiembre.
El sonorense Manlio Fabio Beltrones se veía molesto ante los ataques de Televisa, en donde les cuelgan todo tipo de calificativos a los legisladores, por eso comentaba que no habrá una nueva consulta sobre la ley electoral como la demandan algunos “intelectuales inorgánicos”, por lo que no “cederemos ante presiones o chantajes” que nos hagan cambiar de opinión.
Diputados y senadores confiesan que las presiones que hace la televisora son para evitar perder varios miles de millones de pesos, pues con la reforma los candidatos no podrán contratar spots, todo se hará a través del IFE. Por eso organiza programas y se rasga las vestiduras, pretende evitar que las iniciativas pasen al pleno y se aprueben.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 7 de septiembre.
La decisión más relevante en materia de leyes electorales que puede tomar el Congreso de la Unión tiene que ver con eliminar la compra-venta de anuncios en radio y televisión durante las campañas. La voluntad de concretar esa prohibición en la Constitución, por parte de los legisladores, se dio a conocer este miércoles. Es una reforma tan necesaria como trascendente y, a la vez, difícil de concretar, pues afectaría los intereses de grupos mediáticos con amplio poder.
Si los partidos políticos —entidades de interés público— se presentan ante los ciudadanos para que éstos decidan quién ha de gobernarlos y representarlos —la decisión política, pública, de mayor relevancia en democracia— a través de los medios electrónicos de comunicación fundamentalmente, y los canales de televisión y las frecuencias de radio son concesiones públicas, es de entenderse que las campañas electorales, un asunto también de interés público, no tengan por qué estar mediadas por el negocio privado, ni por los precios que particulares pongan a su publicidad.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de septiembre.
Los gastos en radio y televisión durante las campañas vienen creciendo de manera acelerada: en las campañas del 2000 ese rubro representó alrededor del 50% del gasto partidista, para 2003 fue del 60% y en 2006 alcanzó casi el 80%. El encarecimiento de las campañas y la percepción de derroche que se tiene de la actividad política se explican, en buena medida, por el gran negocio que las elecciones se han convertido para los medios.
La necesidad de comprar anuncios en radio y televisión ha hecho que los partidos y los políticos sean cada vez más dependientes del dinero. (Es lamentable que, en democracia, se afiance la cínica sentencia de Carlos Hank: “un político pobre es un pobre político”). Si sólo se decidiera reducir el financiamiento a los partidos, y no se eliminara la posibilidad de que gasten en los medios electrónicos, se estarían creando incentivos perversos para que los partidos acudiesen a fuentes de recursos ilegales y, peor, quizá delincuenciales. Con ello la independencia de los partidos frente a grupos de poder estaría en riesgo mayor.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de septiembre.
Mejor se pondría color de hormiga, especialmente por un elemento adicional y de reciente ingreso en el pantanoso problema originado por la ambición de algunos: la negativa de la industria de la radio y la televisión de permitir una reforma lesiva a sus intereses.
El ingreso mayor de los concesionarios y por consecuencia de los trabajadores de los medios electrónicos, proviene de la venta de publicidad política en tiempos electorales. Les deja tanto como el Mundial de Futbol pero más seguido.
Limitar la compra de tiempo a los partidos y confinarlos a los poco comerciales “tiempos oficiales” (mermados con el decretazo foxiano) resultaría ruinoso para los poderosos industriales de los medios quienes ya han comenzado a reaccionar.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 7 de septiembre.
A mañana, tarde y noche vamos a escuchar sobre la irresponsabilidad de los legisladores. La opinión pública va a recibir un chubasco de críticas contra los legisladores con la consecuencia colateral de una insólita defensa indirecta de Ugalde, sobre lo cual nadie se había pronunciado de manera explícita. Los consejeros y el IFE, han comenzado a ser oxigenados por la actitud crítica de muchos, actitud frente a la cual Manlio Fabio Beltrones reaccionó con enjundia acusando de intervención a los poderes fácticos.
Esa podría ser una salida cuya existencia nadie había previsto, al menos no hasta hace 72 horas. El desplegado de los “abajofirmantes” ilustrados vino como anillo al dedo en la preparación de la reacción de los medios.
En ese contexto deben entenderse las cómodas entrevistas de Ugalde en la jornada informativa nocturna de la televisión del miércoles pasado. Un sonorense habló para la eternidad de los cañonazos de 50 mil pesos. No sabía aquél de los cañonazos de 500 mil watts ni de las baterías de microondas o las campañas vía satélite. Eso es poder.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 7 de septiembre.
Que las diferentes fuerzas políticas del país están de acuerdo en prohibir por completo la compra de espacios en medios electrónicos para propaganda electoral.
Se buscará crear un nuevo marco jurídico que permita a institutos y candidatos promoverse en época de elecciones en radio y televisión exclusivamente mediante el uso de los tiempos oficiales del Estado.
La intención es que "ni el dinero ni el poder de los medios de comunicación se erijan en factores determinantes ni de las campañas y sus resultados, ni de la vida política nacional", se advierte en el proyecto de dictamen de reforma constitucional en materia electoral que se dio a conocer el miércoles.
¡Ah, dio!, dicen, p-pero ¡si sólo así nos transportan a Calderolandia!, ya estuvo que no vamos a volver verlo (si sólo en tele sale)...
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 7 de septiembre.
Ante el intenso "bombardeo" de los partidos políticos, principalmente el PRI y el PRD, que en su iniciativa de reforma electoral propusieron "darle cuello" a todos los consejeros del IFE por no coopelal con ellos en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, el presidente consejero de ese organismo, Luis Carlos Ugalde, se ha refugiado en los medios de comunicación, desde donde lanza un contraataque con el fin de "salvar el pellejo" tres años más, en aras de la democracia, según él.
Generosos, como siempre han sido, los medios le dan amplios espacios, lo apapachan, lo consienten; algunos le meten varias zancadillas, pero, el susodicho no cae, ni siquiera resbala. Con buenos argumentos se defiende; las cámaras le toman su mejor ángulo y se crece, se adueña del espacio. Sugiere, advierte, critica lo que pretenden hacer con él y con el IFE. "Si tú permites que la contingencia, que la coyuntura, que las presiones políticas hagan que un consejero se vaya o se quede; ¿sabes cuál es el mensaje? Que los próximos consejeros llegarán al IFE y sabrán la ruta clara: sé popular con los partidos, no los afectes, sé complaciente con ellos...", le dijo Luis Carlos a Joaquín López Dóriga el miércoles en la noche. Si mis consejeritos y yo nos quedamos, a la sociedad "va a irle de pelos", quiso decir.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de septiembre.
Las negociaciones para la reforma electoral han entrado en un impasse debido no a los tiempos en que habrá de ocurrir el relevo de los consejeros del IFE, como algunos han difundido, sino a la enorme piedra en el camino que significa la radical disminución de los tiempos de campaña en radio y televisión, y la disposición de que los partidos políticos sólo empleen tiempos oficiales en la promoción de sus candidatos. Nos cuentan que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, comandada por Emilio Gamboa Patrón, y algunos distinguidos integrantes del grupo panista que encabeza Héctor Larios no hallan cómo resistirse a los embates y cabildeos de las dos principales cadenas de televisión del país, que buscan evitar a toda costa que la reforma elimine la contratación directa de espacios por los partidos políticos
“Bajo reserva”, El Universal, 7 de septiembre.
Los clásicos dirían que no es cosa menor. Mire si no: lo que está en la mesa son ingresos por concepto de campañas políticas por un promedio anualizado de 2 mil 500 millones de pesos, una cifra que los cabilderos de las televisoras no querrán ver perdida, aunque la democracia vaya de por medio. Y por si fuera poco, hoy se instala en el Senado de la República la comisión especial de Estudios Legislativos, que preside José Alejandro Zapata Perogordo (PAN) y la integran también Pablo Gómez (PRD) y Andrés Galván (PAN), que habrá de discutir el contenido de las reformas a la famosa Ley de Medios, corregida más o menos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
“Bajo reserva”, El Universal, 7 de septiembre.
Es un gran punto: que el IFE maneje en tiempos oficiales la “spotiza” en elecciones. Recuerde que tan sólo el año pasado se gastaron los partidos más de 2 mil millones de pesos en eso. Pero falta más. Es sólo una percepción que los partidos se harán un fuete recorte. Falta mucho más. Recuerde visitar www.yabajenle.org.mx
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 7 de septiembre.
A ese rasgarse las vestiduras se han sumado con tal fruición los medios de comunicación masiva que ayer dieron pie al senador del PRI Manlio Fabio Beltrones —la pieza política que amarró la suerte de la reforma fiscal a la de la electoral— a decir que no se dejará chantajear por los poderes fácticos.
Y es que así, entre líneas, Beltrones dejó ver uno de los verdaderos nudos de la reforma electoral, el que tiene que ver con el gasto de los partidos políticos en radio y televisión.
El proyecto de dictamen establece la prohibición expresa de que adquieran tiempo por su cuenta. Ahora sería prerrogativa del IFE y éste lo haría echando mano de los tiempos de transmisión a que tiene derecho el Estado. Sería gratis y recuérdese que, según datos del propio IFE, los partidos políticos invirtieron durante 2006 en spots un poco más de 70% de los 2 mil 133 millones de pesos que recibieron para gastos de campaña
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran angular”, El Gráfico, 7 de septiembre.
Las verdaderas cámaras de legislar han entrado en acción. Patrióticas, han puesto en pantallas de alta definición una telenovela cívica en la que las amplias masas politizadas del país se manifiestan, casi insurrectas, por la permanencia de los héroes preciosos de la película electoral de 2006, los benignos y abnegados consejeros electorales en riesgo de ser dejados sin chamba por maquinaciones de pérfidos partidos y lidercillos de bancadas legislativas que no representan a nadie (al menos, en términos de rating; en cambio, Ugalde, ¡ah!, casi un Pedro Infante académico y democrático en tiempo triple).
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 7 de septiembre.
Como quiera que sea, en esas estaba cuando caigo en cuenta de que con las propuestas de reforma electoral del siniestro cuerpo legislativo se está cometiendo una canallada. Sobre todo cuando se pretende que los partidos políticos dejen en manos del IFE la contratación de tiempos publicitarios en radio y tele, condenándolos incluso a usar los tiempos oficiales que son a la misma hora del Pare de sufrir. Estos diputados nos quieren quitar la dicha inicua de ver spots como los de Montiel (“Los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas”), el mismísimo Hijo desobediente (El Peje, “Un peligro para México”, “!Cállate chachalaca!” repetido al infinito), los inolvidables de Madrazo (aquellos donde, henchido de humildad profesional, se autoproclamaba Robertico Limonta), las grandes aportaciones de Dante Delgado (¡Naranja, naranja!), las del Panal (¡Uno de tres!), el optimismo desbordado del PRD (¡Sonríe, ya ganamos!) y los del PRI (su pobre publicista de cabecera, Carlos Alazraki, ya no podrá darle un madrazo al dedazo o realizar cosas obras tan espléndidas como el del ríanse, síganse riendo).
Jairo Calixto Albarrán, “Política Cero”, Milenio, 7 de septiembre.
POR LO PRONTO, ante los embates de las televisoras, ayer por la mañana se reunieron los tres principales coordinadores parlamentarios del Senado.
EN LA MESA que compartían Santiago Creel, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete se llegó a la conclusión de que si la TV ya había enseñado los dientes, ellos iban a enseñar las garras.
ES POR ESO que para hoy está citada la comisión encargada de redactar la nueva iniciativa de la Ley de Radio y Televisión, que reemplazará la que anuló la Suprema Corte.
Y SEGÚN DICEN, la nueva ley deja muy en claro la necesidad de que se abra una tercera cadena nacional, además de que se revisen las actuales concesiones.
LA IDEA, según comentaron ayer, es que el poder económico no debe amedrentar al Senado ni estar por encima de él.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 7 de septiembre.
Además de la destitución de los consejeros del IFE para satisfacer la sed de venganza de Andrés Manuel López Obrador por su derrota del 2006, el punto fundamental de la reforma electoral que han acordado los partidos es una prohibición de anuncios electorales en los medios de comunicación.
¿Es esto bueno o malo? Es malo para los medios de comunicación, especialmente para las estaciones de radio más pequeñas, las de AM, que dependen en mucho mayor medida de la propaganda electoral que las grandes cadenas de radio y televisión. Seguramente la medida generará despidos entre muchos que trabajamos en los medios de comunicación. Habrá dolor entre muchos periodistas que no podrán ya continuar su carrera, y el número de programas políticos seguramente se reducirá.
Pero independientemente de este daño, uno puede reconocer que la medida tiene cierta lógica. Los contribuyentes están muy molestos por el uso de miles de millones de pesos que los partidos emplean todos los años para anunciar a sus candidatos.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de septiembre.
Una aparente ventaja de la reforma sería que los ciudadanos ya no tendríamos que aguantar la avalancha de anuncios electorales que los partidos políticos nos recetan en los tiempos de campaña. Pero no. Cuando examinamos la ley, nos damos cuenta que los partidos no están renunciando a los medios de comunicación. Por supuesto que quieren seguir gozando de tiempo aire. Lo único que no quieren es pagar por él.
Efectivamente, la iniciativa de reforma electoral, que está ya casi concluida en el Senado, establece que los medios de comunicación deben ceder gratuitamente tiempos a los partidos y a sus candidatos. La idea es que éstos se sigan promoviendo, pero sin pagar. Y como los tiempos fiscales y de Estado que los radiodifusores deben entregar ya al gobierno -además de los impuestos que, como cualquier empresa pagan- no son ya suficientes a su juicio, los políticos están ordenando un aumento de 300 por ciento en esos tiempos. La promoción no va a bajar sino a aumentar.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de septiembre.
Los partidos políticos saben, sin embargo, que lo único que logran en sus programas de radio y televisión es ahuyentar al público. Por eso están exigiendo que sus tiempos se intercalen a lo largo de la programación de todo el día. Quieren tomar por sorpresa a radioescuchas y televidentes para que éstos no tengan tiempo de cambiar de sintonía.
A los partidos políticos no se les pide que compartan los recortes en el gasto electoral. No sólo mantienen todo el dinero que se les da ahora, sino que además se quedan con más: con una parte del ahorro de usar sin pagar los tiempos de radio y televisión. En otras palabras, los políticos se están dando a sí mismos un aumento. Me imagino que lo merecen, dado que ya se les ocurrió cómo pueden "ahorrar" dinero quitándoselo a alguien más.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de septiembre.
Habrá que ver las consecuencias de todo este esquema. Las principales víctimas serán, como ya lo señalé, las emisoras más pequeñas de radio, especialmente las de AM, y sus periodistas. Muchas de estas emisoras viven de la publicidad política. Las grandes televisoras y cadenas de radio sobrevivirán, porque el porcentaje de sus ingresos totales que proviene de la propaganda política es relativamente pequeño.
Pero la expropiación de tiempo de radio y televisión que están haciendo los senadores para presentar su propaganda política sin pagar bien puede saturar al público. No hay empresa del mundo, por próspera que sea, que tenga tres minutos por hora de tiempo en todas las televisoras y todas las emisoras de radio de un país. Si los mensajes gubernamentales hoy nos parecen tediosos, pronto los de los partidos se convertirán en una pesadilla.
La experiencia nos dice, por otra parte, que esos tiempos se desperdiciarán en buena medida. No hay uso de medios más ineficaz que el del gobierno. Están ahí como ejemplo las campañas de diputados y senadores para limpiar su imagen pública. Pero el tiempo de medios que así desperdicien los políticos tendrá un costo económico, ya que reducirá los tiempos disponibles para publicidad productiva, aumentará los costos de promoción de productos y reducirá la competitividad de la economía nacional.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de septiembre.
Que los ojos de los más duros promotores de la reforma electoral estarán puestos todo el fin de semana en los coordinadores de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, y del PAN, Héctor Larios. Manlio Fabio Beltrones (PRI), Santiago Creel (PAN) y Carlos Navarrete y Javier González Garza (PRD) han hecho ver de alguna forma que sobre Gamboa y Larios vendrán las “presiones” para ajustar la parte relativa a la contratación de tiempos en radio y televisión durante las campañas electorales.
Tal vez por eso, Gamboa declaró desde el viernes que, pase lo que pase, habrá reforma la próxima semana.
“Trascendió”, Milenio, 8 de septiembre.
De aprobarse el proyecto de reforma electoral se evitaría que este caudal de recursos, que proviene de los impuestos, se gaste nuevamente en construir y promocionar la imagen de todo aquel que aspire a un cargo de elección popular.
El proyecto de reforma electoral, de ser aprobado, terminaría con la spotcracia que ha predominado en las dos últimas elecciones presidenciales y que ha ocasionado que tenga más posibilidades de ganar los comicios, quien tiene más dinero para promoverse.
Los partidos y los candidatos se verían obligados a realizar campañas de otro tipo, sin gastar tanto dinero, como lo es el intensificar sus recorridos por el país para dar a conocer sus plataformas políticas.
El proyecto, que dista de ser perfecto, contiene otros elementos positivos, como la disminución del financiamiento global de los partidos, la eliminación del secreto bancario y fiscal y la regulación de las precampañas.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 8 de septiembre.
En la Cámara de Diputados, un segundo trío formado por Emilio Gamboa (PRI), Héctor Larios (PAN) y Javier González Garza permanecía al tanto de lo que se negociaba en el nivel superior. Así acordaron lo que esta columna publicó y criticó hace una semana: despedir a Luis Carlos Ugalde y a todos los consejeros del Instituto del Fraude Electoral, crear una contraloría interna del IFE, recortar los tiempos de las campañas, pero no tocar ni de chiste a la televisión. Las rechiflas del público no se hicieron esperar. Eduardo Huchim en Reforma, John Ackerman en La Jornada, Porfirio Muñoz Ledo en Proceso coincidieron: si la reforma no saca a la televisión de los procesos electorales, si los recursos de los partidos acabarán como siempre en los bolsillos de Azcárraga y de Ricardo Salinas, será una reforma de broma.
Ante el abucheo, los senadores tornaron a su escondite y de dientes para afuera aceptaron incorporar “lo de la televisión”, así nomás, sin explicar nada. Pero entonces los magnates de la pantalla chica mandaron a sus levantacejas a defender la permanencia de Ugalde, confirmando la prevalencia de una situación que es ya insostenible para el país: las televisoras han instaurado, por la fuerza y la violencia de su poder económico, un “parlamento” paralelo, donde todos sus “diputados” repiten lo mismo, como ocurría en el Congreso en tiempos de Díaz Ordaz. Hasta ahora, el único “diputado” opositor que ha habido allí es Julio Hernández López y hace rato que lo desaforaron para callarlo. ¿No es una vergüenza que todavía impere en México un régimen tan arcaico? ¿No es hora ya de liquidar para siempre la dictadura de la televisión?
Jaime Avilés, “Desfiladero”, La Jornada, 8 de septiembre.
Finalmente los partidos políticos incluyeron en el proyecto de reforma electoral la propuesta de que la propaganda en radio y televisión durante las campañas electorales se lleve a cabo exclusivamente dentro de los llamados “tiempos oficiales” y no a través de la compra de spots en las emisoras comerciales. En 2006, según declaró en mayo pasado el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, los partidos gastaron 2 mil 62 millones de pesos en propaganda radiotelevisiva.
La nueva propuesta elevaría a rango constitucional la prohibición a los partidos para contratar la emisión de propaganda en medios electrónicos durante las campañas. También sería mandato constitucional el mecanismo para que los partidos ocupen los tiempos oficiales en las campañas y las precampañas, el cual estaría administrado por el IFE: “A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del IFE tres minutos diarios por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión de las 6:30 horas a las 23:30 horas”.
El nuevo modelo de propaganda política ha molestado a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que manifestó su desacuerdo a través de un desplegado de prensa. Asimismo, empieza a circular el argumento sentimental de que la prohibición a los partidos para contratar tiempo destinado a la propaganda electoral en radio y tv no afectaría a los grandes consorcios de medios electrónicos, sino a los pequeños radiodifusores.
Fernando Mejía Barquera, “Cambio de frecuencia”, Milenio, 8 de septiembre.
POR CIERTO que la iniciativa de reforma electoral que propone limitar los spots políticos en televisión es buena, ¡pero podría estar mejor!
AL MENOS eso se deduce de lo que dijo el senador nuevoleonés Jorge Mendoza, quien al tratar de defender a las televisoras dijo que se podrían "cometer excesos" como en Francia.
SEGÚN el regiomontano, en el país europeo la restricción a la propaganda electoral en los medios es tal, que los políticos no tienen acceso al radio ni a la televisión, ¡bajo ninguna condición!
"¡C'EST magnifique!", habría que responderle al legislador, pues de seguro habrá millones de mexicanos que brincarán de gusto al saber que tal maravilla es posible.
¿SE IMAGINAN una televisión sin los pretenciosos anuncios oficiales o las campañas electorales que se dedican a exaltar las acciones de gobernantes y candidatos, por más ficticias que sean, y todo esto con los impuestos de los ciudadanos?
ESO sí que sería una reforma "merveilleuse", o séase, maravillosa.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 8 de septiembre.
Ciertamente puede parecer un obstáculo a la libertad de expresión la prohibición contemplada en la reforma a la ley electoral que se discute actualmente, más en los pasillos camarales (los de la cámara del gremio de los medios electrónicos) y en los medios de comunicación directamente que en las tribunas legislativas correspondientes. De aprobarse la iniciativa en su letra actual, los partidos políticos quedarían impedidos de contratar tiempos pagados en radio y televisión para sus campañas y su acceso a los medios electrónicos de comunicación sería exclusivamente a través de tiempos oficiales o del Estado, administrados necesariamente por el Instituto Federal Electoral.
Pero, si consideramos que la prohibición de anunciarse en radio y televisión limita la libertad de expresión y otros derechos relacionados de los partidos y de sus candidatos, dichas prerrogativas son igualmente restringidas, en forma por demás inequitativa, por los elevados precios de los anuncios, especialmente los de la televisión, que es el medio más solicitado por los políticos en campaña.
Felipe Díaz Garza, Reforma, 8 de septiembre.
La prohibición de comprar tiempo-aire por parte de los partidos y los servidores públicos es el corazón de la reforma electoral.
Esa propuesta, junto con la reducción de las prerrogativas de los partidos durante la campaña electoral, así como la reducción de la duración de las campañas presidencial y legislativa configuran el trípode de la reforma: reducción de gasto, reducción de tiempo y cero compra de tiempo-aire. Ahí, hay un avance indudable. Una propuesta que ni por error ha sido abordada por las televisoras.
Habría que revisar, eso sí, la conveniencia o no de integrar un órgano técnico dentro del instituto para fiscalizar a los partidos. En ese punto hay que cuidar dos cuestiones: uno, que la fiscalización de los partidos quede en manos ciudadanas y, dos, que esas manos tengan capacidad profesional para hacerlo, capacidad por cierto que no tienen hoy los propios consejeros. Lo que hay que evitar es que esa fiscalización vaya a recaer en manos de los propios partidos.
Cuidando eso, quizá, hasta se fortalecería el papel del instituto como auténtico árbitro de la contienda. Pero el punto ni siquiera aparece en el debate promovido por las televisoras, la reducción que se ha hecho de la reforma -centrando de manera exclusiva la atención en el asunto de la permanencia del actual Consejo- es la cortina de humo con la que quieren preservar el negocio.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 8 de septiembre.
Se podrían citar in extenso las reformas que se proponen, pero bastará decir que las televisoras y los consorcios radiofónicos, simplemente, están fuera de las campañas. El IFE administrará los tiempos oficiales, integrados por los tiempos de Estado (30 minutos diarios) y por los tiempos fiscales que Fox redujo de 12.5 a 1.5 por ciento del tiempo de transmisión total, pero que a juicio de la misma autoridad electoral podrán ampliarse lo que sea necesario, para que los partidos hagan su difusión en campañas o exhiban sus programas informativos. Ni un centavo más para los monopolios. Eso representará un ahorro por campaña de más de 3 mil millones de pesos (si atendemos a lo gastado por ese concepto el año pasado) que los partidos se veían obligados a entregar en aras de sus pugnas electorales y que ha puesto a Azcárraga Jean y a Salinas Pliego al borde la locura
Arnaldo Córdova, La Jornada, 9 de septiembre.
Pero el proyecto del miércoles incluyó una verdadera bomba: la prohibición de contratar tiempos de televisión y radio para las campañas políticas. Esto significa que los medios electrónicos dejarán de recibir el equivalente al 70% de lo que se gastan los partidos políticos con dinero proveniente de nuestros impuestos. Una fortuna que en 2006 representó 2% de la facturación de Televisa y hasta 30% de algunos concesionarios de radio regional.
Que los legisladores incluyeran este punto no fue una total sorpresa, pero las televisoras habían confiado en que sus presiones lograrían eliminarlo del proyecto de reformas. Posteriormente Labastida Ochoa, ahora senador, señaló que algunos de sus colegas con aspiraciones de convertirse en gobernadores habían sido advertidos por Televisa de no promover ese punto de acuerdo o serían eliminados en términos mediáticos
Jorge Zepeda Patterson, El Universal, 9 de septiembre.
De suyo, de concretarse esa reforma, se podría y hasta se debía hablar de la gran reforma. ¿Por qué? Porque significaría sacar a los poderes fácticos como los medios electrónicos —radio y televisión— de los procesos electorales. Eso significaría el fin del sometimiento del poder público al poder del dinero, al poder fáctico de un puñado de familias que dominan la radio y la televisión; el fin de la más ofensiva transferencia de dinero público a bolsillos privados y el fin del insultante sometimiento de las decisiones públicas y de Estado a los barones de la televisión y la radio.
Sí, sin duda que esa podría ser la gran reforma. Pero aún así, a pesar de que sería un avance gigantesco, esa sería una reforma envenenada. ¿Por qué? Porque empequeñece su impacto y su eficacia cuando se convierte en una transferencia de poderes. ¿Qué quiere decir eso? Poca cosa. Que en otra parte de la reforma electoral, PRI, PRD y PAN —a propuesta de los dos primeros— pretenden quitarle al IFE sus facultades fundamentales de autonomía y gestión y su carácter ciudadano. Y es que se propone crear una contraloría que fiscalizaría al IFE y cuyos jefes estarían en manos del Congreso, además de que se despojaría a sus consejeros de la facultad de participar en la deliberación y análisis de la forma en que los partidos hacen uso de los dineros públicos
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 9 de septiembre.
La concentración de la discusión pública en torno de esos temas: la supresión del descomunal gasto en propaganda electrónica y la remoción de los integrantes del consejo general han disminuido la atención que merece el único examen riguroso sobre la iniciativa de reforma constitucional electoral practicado desde la sociedad civil, el que emitió el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, elaborado antes de conocerse el proyecto de dictamen y que por lo mismo debe ser completado y quizá modificado en algunos de sus aspectos.
Tengamos claro, antes que nada, que se trata de una vasta reforma a ocho artículos de la Constitución: 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134. El cogollo de la operación se encuentra en el primero de esos textos, el 41, referido a los partidos políticos y el Instituto Federal Electoral (aunque por esto último no cabe disminuir la importancia del 97, que regula el funcionamiento y la integración del tribunal electoral). En el núcleo del núcleo se encuentran los temas de comunicación social electoral, que se conectan con el financiamiento y la naturaleza y duración de las campañas, todo lo cual está en el centro de la atención ciudadana, harta del dispendio del dinero público (es decir, el aportado con su esfuerzo por los contribuyentes) en la organización y funcionamiento de la democracia. El derroche, hay que reiterarlo una y otra vez, sería ofensivo en todas partes, aun en las sociedades opulentas, pero lo es en grado superlativo en un país dañado profundamente por la pobreza, el empobrecimiento y la inequidad.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de septiembre.
Se ha calculado que en la campaña federal del año pasado los partidos pagaron a los medios electrónicos (además del costo de 281 mil spots que se ignora quién sufragó) casi 2 mil 500 millones de pesos, que es algo así como el 70 por ciento del gasto ejercido en total por los partidos. De aprobarse la reforma, montos de ese alcance no serán nunca más recibidos por las dos televisoras de mayor alcance (y en menor medida por las miles de radiodifusoras a cada una de las cuales corresponde una minúscula porción de ese gasto). En aparente paradoja, el importe enorme visto desde el mirador del gasto público en una sociedad menesterosa, es poco significativo para los magnates de la televisión, que pueden hasta resarcirse de lo que dejarían de ganar, a través de negocios asociados, como los que derivan de la convergencia tecnológica o los juegos de azar.
Eso no obstante, las televisoras no están dispuestas a dejar de percibir esos ingresos y ya presionan de diversas maneras a los legisladores para que abandonen su peregrina idea, que no es más que reflejo de una preocupación ciudadana. Algunas de esas formas de coacción son visibles, otras se ejercen en la discreción y el sigilo. Se trata de verdaderas amenazas sobre el futuro de los políticos profesionales, inviable si las televisoras los hacen invisibles. Lo ocurrido en Yucatán el año pasado es buen ejemplo de lo dicho: por haberse mostrado contundente opositora a la Ley Televisa en febrero y marzo, y promotora del recurso judicial en su contra, en mayo, a partir de entonces la senadora Dulce María Sauri Riancho desapareció de la información política. Sujeta la candidatura priista al gobierno yucateco a una encuesta levantada en diciembre, la ex gobernadora y ex presidenta del PRI, varias veces legisladora, resultó con una imagen nublada por la falta de exposición pública, y quedó atrás en la contienda.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de septiembre.
Que la reforma electoral llevaría a la Constitución un nuevo estilo de cadena nacional.
Una vez cada hora, entre las 6:30 de la mañana y las 11:30 de la noche, es decir, 18 veces al día, todas las estaciones de radio y televisión tendrían que transmitir simultáneamente un mensaje de tres minutos de uno de los partidos políticos.
Así sería en cada día de las precampañas y las campañas en las elecciones federales, estatales y municipales.
Esa sí que sería una novedad, lo nunca visto en ninguna democracia.
“Trascendió”, Milenio. 10 de septiembre.
Arguyen sin pudor que se asignarán 32 por ciento menos, pero no explican que lo que medren lo gastarán en la mitad del tiempo.
Para colmo, los tiempos en radio y televisión que se despachan gratis no serán para sus rolleros y demagógicos spots, sino que, mediante una burda modificación al Cofipe, serán miniprogramas de uno a tres minutos y, chíngale, no permitirán que la audiencia se les escape: los quieren pautar en todas las estaciones y todos los canales al mismo tiempo.
O sea: la bóveda del banco abierta para ellos.
Carlos Marín, “El asalto a la razón”, Milenio, 10 de septiembre.
Los partidos se transmutaron en ingentes transmisores de recursos públicos a las corporaciones electrónicas privadas. Desde 1997, el año 2000, 2003 y 2006, el flujo de dinero del erario a esas compañías no cesó de crecer, hasta representarles ganancias equiparables a las de un año con mundial de futbol. Así las cosas, el “modelo de campaña” acabó poniendo en el centro a los medios de comunicación y los convirtió en demiurgos o verdugos de candidatos, de partidos incluso, y por esa vía, les fue dado un enorme poder más allá del económico, para concentrar un nuevo tipo de poder político.
Por todo esto, es que tiene tanta importancia la reforma electoral en curso. Constituye una auténtica operación de Estado, no solamente porque representa un gran acuerdo de las principales fuerzas políticas de México representadas en el Congreso de la Unión (y que resulta tanto más saludable luego del período de aguda confrontación el año pasado); no sólo porque corrige las deformidades principales de la democracia moderna, sino también y sobre todo, porque constituye un esfuerzo por emancipar a los partidos, a los políticos y a la política a secas, del férreo señorío impuesto por los poderes mediáticos.
Del desenlace de esta operación dependerá el destino del sexenio de Felipe Calderón (que en su primer año habrá roto el ostión de las reformas importantes) y por la vía de los representantes constitucionales, habríamos alcanzado un nuevo acomodo entre los poderes del Estado y los poderes fácticos.
Ricardo Becerra, Crónica, 10 de septiembre.
El "primer calambre" que les puso Beltrones a los "defensores de la democracia" fue la presentación del proyecto de dictamen de la reforma electoral, en donde se sugiere, recomienda, propone... que durante las campañas electorales "los partidos políticos en ningún momento contraten o adquieran , por sí o por terceras personas, tiempos en radio y televisión". La publicidad de las mencionadas campañas sólo podrá transmitirse en tiempos oficiales o del Estado, y el IFE será la única autoridad que administre los tiempos oficiales. ¡Cómo de que quieren quitarnos un negocito de más tres mil 500 millones de pesos! Exclamaron indignados los de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Entre gritos y pataleos, el Jefe de jefes explicó que la decisión de cambiar el uso de los tiempos oficiales para que sean los partidos políticos los que en campaña electoral los utilicen, tiene como propósito reducir el costo que los ciudadanos están pagando hoy por las campañas electorales. Y precisó: primero, van a reducirse de 180 a 90 días las campañas electorales (para las intermedias 45 días), con lo que va a gastarse mucho menos. Segundo, al utilizar o cambiar el uso de los tiempos oficiales para ponerlos a disposición de los partidos políticos, se terminará haciendo menos costosa la democracia.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 10 de septiembre.
Sin embargo, lo ominoso de esta cuestión no se limita al aspecto económico. La centralización de la disputa política en el terreno televisivo tiene una dimensión aún más perversa: el amafiamiento político-mediático tiende a convertirse en el principal enemigo de la comunicación democrática.
La televisión tiene como defecto de su naturaleza, que es un canal unidireccional de comunicación. Privilegia el monólogo sobre el diálogo entre los seres humanos.
Esta carencia estructural de la televisión se agrava cuando —producto de las cuantiosas inversiones que se requieren para mantener actualizada la tecnología— se concentra en muy pocas manos la propiedad de los medios y, por tanto, el acomodo de la programación que en ellos aparece.
Es decir que no sólo se trata de una comunicación monologante sino de algo aún más grave: unos cuantos elegidos monopolizan el derecho a pautar lo que se dice y lo que se silencia en el espacio público
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
En el extremo, este fenómeno se vuelve intolerable cuando los representantes políticos de los ciudadanos quedan inhabilitados para ejercer un contrapeso frente a tal concentración de poder. Cuando se ven forzados a renunciar a temas y causas si éstos contravienen los intereses de las empresas.
Saben los políticos que si quieren ser tratados con benevolencia, deben gastar mucho dinero en publicidad televisada, provengan los recursos de sus ingresos propios o de los dineros administrados por el Estado. Mientras que en el primer caso, tal como ocurre en Estados Unidos, son los más pudientes quienes terminan haciendo política, en el segundo se concluye premiando a los más corruptos (México es un buen caso para documentar este hecho).
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
En el statu quo actual, los políticos saben que para seguir siendo mirados en la plaza pública han de estar en buenos términos con los dueños de las televisoras. Es decir que, para competir ventajosamente por cargos y votos, han de limitarse para no dañar asuntos empresariales de tales consorcios.
Debe precisarse que esta mecánica perversa no es exclusiva de la democracia mexicana. En todas partes la televisión privilegia el monólogo y concentra el control de la programación. Ambos hechos provocan, cada vez más frecuentemente, que el poder de las televisoras sea superior al de los agentes del Estado.
De ahí que esta discusión sea una de las más importantes y mejor documentadas de nuestros tiempos. Y también, que cualquier democracia que se valore a sí misma esté preocupada por regular los intercambios entre política y medios televisivos. O lo que Giovanni Sartori denomina, la videopolítica
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
Hasta ahora, la fórmula mejor conocida para evitar esta circunstancia es impedir que partidos y candidatos compren tiempos comerciales a la hora de competir por los votos. De la mano, también se requiere evitar que los gobernantes en turno utilicen recursos públicos para hacerse publicidad personal con los dineros que son de todos.
Son precisamente estos dos elementos los que están presentes en el núcleo atómico de la iniciativa de reforma electoral que se está debatiendo actualmente en el Senado. Los líderes parlamentarios, Manlio Fabio Beltrones (PRI), Santiago Creel Miranda (PAN) y Carlos Navarrete (PRD) demostraron valentía al colocar el dedo sobre esta crucial coordenada.
Por esta sola razón, la iniciativa de reforma habría de ser celebrada
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
Está claro que, luego de las experiencias electorales de 2000 y 2006 —en donde el dinero dominó a la política y la democracia electoral—, existe entre el tripartidismo dominante en el Congreso una tendencia que favorece limitar la participación de los poderes fácticos en los procesos electorales, y que todos o casi todos los actores políticos fueron víctimas del poder de las televisoras y los grupos familiares que dominan la radio. Pero también es cierto que en 2000 y 2006 no pocos de los políticos que ahora reivindican posturas de fuerza frente a las televisoras —y que dicen comportarse como “hombrecitos”— en realidad se doblegaron a las presiones mediáticas y hasta pactaron acuerdos inconfesables.
En efecto, el Congreso y los partidos que lo integran pudieran acordar hoy que la televisión y la radio se quedaran fuera de los procesos electorales, y hasta pudieran acordar una Ley de Medios que limite el poder mediático, que permita abrir espacios para la competencia y terminar con los monopolios electrónicos en radio y televisión. Pudieran hacer todo eso y más, hasta convertir a la grosera “partidocracia” en el “poder de poderes”, por sobre la jerarquía constitucional del poder. Pero existe un pequeño detalle que los Creel, Navarrete y Beltrones no quieren decir, que olvidan o, de plano, se niegan a ver. ¿Cuál es ese detalle?
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 10 de septiembre.
Cobra fuerza la opción de cerrar los espacios comerciales a las campañas electorales y restringir éstas a los tiempos oficiales. Se trata de un modelo imperante desde hace años en varios países europeos y algunos latinoamericanos. De los 21 que conforman la OCDE, diez de ellos tienen un modelo de campañas con fondos exclusivamente públicos (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Irlanda, España, Suiza y Noruega). El resto, incluido México, maneja un modelo mixto. Y en Estados Unidos prevalece un esquema de compra privada de publicidad mediática, lo que provoca que partidos y candidatos busquen, no sólo la aportación de simpatizantes, sino sobre todo la de grandes empresas y consorcios, motivo frecuente de grandes escándalos políticos. Ese intercambio de favores económicos por políticos es uno de los elementos que más distorsiona los fines democráticos y, por eso, los países europeos han venido transitando en alguna medida hacia un esquema de tiempos oficiales en las campañas. Con lo que evidentemente se busca reducir la influencia política de los poderes económicos y comerciales, al menos por esa malsana vía
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 10 de septiembre.
Se parte de que si los partidos tienen garantizada la difusión mediática de su plataforma, ideario y candidatos, en principio tendrían menos incentivos para buscar dinero de las grandes empresas con el fin de promoverse. Aunque no se puede decir que la participación empresarial en las campañas llegará a su fin, pues hay muchos otros gastos que muy bien podrían financiar, así sea de manera indirecta y oculta (porque la ley actual ya prohíbe el financiamiento directo por parte de las empresas). El modelo de publicidad electrónica exclusivamente a través de tiempos oficiales sería un duro golpe para los medios electrónicos, principales beneficiarios de la compra directa de espacios de campaña. De ahí su oposición a ese esquema. De concretarse la reforma en esos términos, presenciaremos una extraña paradoja, una especie de fábula de Esopo, cuya moraleja sería que la ambición extrema termina por dejarte sin nada. Y es que en 2005, al discutirse una reforma electoral que finalmente fue abortada, el modelo propuesto en materia de financiamiento de campañas era todavía con compra de tiempos comerciales, pero con la modalidad de que sería el IFE el único facultado para contratarlos, si bien todavía con el dinero de los partidos (que a su vez provendría del financiamiento público, es decir, de nuestros impuestos y de donaciones privadas)
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 10 de septiembre.
Cabe recordar que dicha iniciativa no surgió, ni de lejos, del Ejecutivo (pues Vicente Fox no quería enfrentarse con los medios, para que éstos lo apoyaran en su lucha personal contra Andrés López Obrador). Fueron el PRI y el PRD los que introdujeron esa "cláusula de medios". A los consorcios mediáticos no les gustó ese esquema, como era de esperarse, pues aunque todavía recibirían un buen monto de ingresos, ya no podrían tener un trato directo con los partidos, con lo cual terminaría esa viciada, pero redituable (para los medios), relación. Algunas de las razones de eso son las siguientes:
1) Los medios no podrían cobrar los tiempos políticos a tarifas más elevadas que en los espacios comerciales.
2) No podrían ofrecer a los partidos tarifas diferenciadas según sus preferencias políticas o favores pactados de antemano.
3) No podrían dar facturas a un precio menor del costo realmente cobrado por los espacios o las pautas mediáticas, para ayudar a los partidos a no rebasar los topes de campaña.
4) Finalmente, no podrían tener la gran capacidad de influencia y presión sobre los partidos y los candidatos durante la campaña misma, a través de la amenaza de suspender en cualquier momento la publicidad comercial (generalmente contratada para ser pagada después). Influencia que les fue muy útil a los consorcios mediáticos con el fin de sacar adelante la Ley de Radio y Televisión en plena campaña electoral (recordemos que Manuel Espino advirtió a sus senadores que, de no aprobarla, las televisoras suspenderían la publicidad de Felipe Calderón). Y, por ello mismo, ni Calderón se pronunció para votar ley después de la elección ni Fox quiso vetarla en su momento
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 10 de septiembre.
Así, los consorcios mediáticos pudieron frustrar la "cláusula de medios" durante la discusión de la reforma electoral en 2005 y, como su núcleo duro era justo esa cláusula, el PRI y el PRD renunciaron a impulsar una legislación que en tal caso hubiera quedado vacía de sustancia. La reforma de 2005 nos hubiera facilitado, en medida no pequeña, el duro trance de la última elección presidencial. Buena parte de la agitación de ese proceso tuvo que ver con la propaganda de campaña, los dineros partidarios, la publicidad gubernamental y la contratación por parte de terceros. Y debido a eso quizás ahora el péndulo tiende a irse al otro lado. Más les hubiera valido aceptar el esquema planteado en 2005, es decir, la compra comercial de espacios mediáticos por conducto del IFE, aunque ello implicara un cierto grado de pérdida económica y política, pero preservando aún buena cantidad de recursos que de cualquier manera irían a dar a sus arcas. De haberse aprobado ese modelo, seguramente ahora no habría motivos para moverse más allá de él, al menos durante varios años. Es decir, por quererse quedar con todo en 2005, los consorcios mediáticos podrían ahora quedarse sin nada. Habrían matado su "gallina de los huevos de oro". Golpe al cual hay que agregar el de la prohibición de que funcionarios y gobernantes aparezcan personalmente en la publicidad pública, pues los incentivos para ampliarla se reducirán significativamente. Por todo lo cual, los medios electrónicos han iniciado, contra la reforma electoral, una nueva batalla (aunque embozada con temas por los que casi nunca han mostrado mayor preocupación)
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 10 de septiembre.
Habrá que garantizar en las leyes que no se cree un mercado negro de publicidad electoral pagada, disfrazada de información. Habrá que garantizar también que el dinero que hoy se va a los medios no se quede en los partidos.
Surgen voces alertando contra eso. Dicen que los partidos tendrán reducciones pequeñas en sus fondos, sin tener ahora que pagar los dinerales que gastaban en medios. Serán partidos multimillonarios, con el doble del dinero que tienen ahora, pues más de la mitad de sus ingresos lo gastaban en los medios. Sería una barbaridad: un soborno que los partidos se dan a sí mismos, a costa del erario, para firmar la reforma.
Héctor Aguilar Camín, “Día con Día”, Milenio, 10 de septiembre.
Me gusta que la reforma quiera prohibir la publicidad de personas envuelta en publicidad oficial: los comerciales que celebran la obra del gobierno de éste o aquel personaje, a cuenta del gobierno. Empezando por la publicidad del Presidente de la República, gran consumidor natural en la materia, seguido muy de cerca por algunos gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad.
Los excesos que vemos y pagamos en esta materia todos los días deben ser regulados, aunque no se me escapa que prohibir esto es una manera de cerrar el paso a quienes quieran hacerse de una audiencia nacional con miras al futuro.
Héctor Aguilar Camín, “Día con Día”, Milenio, 10 de septiembre.
La negativa a abrir el juego a candidaturas independientes apunta al propósito de blindar la casa contra el acceso de nuevos competidores. La prohibición de las campañas negativas, por último, linda con la censura y con el atentado a la libertad de expresión.
La reforma tiene luces y sombras. Hay derecho a decir las sombras sin negar las luces.
Héctor Aguilar Camín, “Día con Día”, Milenio, 10 de septiembre.
Paradójicamente, las instituciones políticas mexicanas, alentadas por un Ejecutivo —federal y estatal— miope y estrábico a la vez, está propiciando un golpe de mano que se parece mucho a las medidas dictatoriales del presidente Chávez. Su objetivo son los medios electrónicos de comunicación y su aniquilación por cualquiera de las tres vías posibles: la inanición al reducir, limitar o eliminar sus ingresos publicitarios; los obstáculos crecientes al sistema de otorgamiento de concesiones de operación; en última instancia, como sucedió con Radio Caracas Televisión, la expropiación directa.
Si esto no es un atentado a la libertad de expresión, la llamada democracia emergente mexicana y las reglas del juego económico en un país que cada vez quiere parecerse más a Estados Unidos, yo invito a que alguien me lo explique.
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 10 de septiembre.
Los aires mexicanos de la política sospechosamente recuerdan la llanura del Arauca vibrador, donde los en su ribera nacidos aman, lloran, cantan y sueñan para ornar las rubias crines del potro de su amador.
La precipitación con la que se pretende dar este minigolpe de Estado pone al descubierto las relaciones peligrosas entre gente que intensamente rechazó todo lo que oliera a Chávez, chavismo y Andrés Manuel López Obrador. Hoy, con el alma llanera, hacen frente común con sus anteriores adversarios en una santa alianza que no deja de ser sospechosa y que, evidentemente, es para ornar las rubias crines del potro de su amador.
¿Calderón convertido en la clonación de Andrés Manuel?
Nada más eso nos faltaba.
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 10 de septiembre.
Lo más positivo en la propuesta sería la modificación del vínculo entre partidos y medios. Se ha divulgado que los partidos dejarían de contratar por sí mismos anuncios y spots. Los partidos difundirían su mensaje a través de los tiempos oficiales del Estado. Se trata de terminar con la perversa conexión entre partidos y medios que ha conformado un extraño gravamen. Existe, en efecto, un impuesto electoral que extrae recursos de los contribuyentes para transferirlos, a través de los partidos, a los bolsillos de los medios. Es razonable que en tiempos de campaña se empleen los espacios del Estado mexicano como plataforma de difusión de los partidos.
Jesús Silva Herzog Márquez, Milenio, 10 de septiembre.
Por una parte, la reforma clave: quitar a las grandes empresas de radiodifusión el poder excesivo que adquirieron en años recientes, y que se potencia en época electoral, en la que ningún político se atreve a criticarlas, y muchos a complacerlas. Por otra, el intento, nunca bien explicado, de remoción de los actuales consejeros electorales del IFE y la colocación de candados sobre la capacidad fiscalizadora del propio instituto.
Lo primero es una necesidad de la nación. No sólo porque disminuiría los costos enormes del voto en México, sino sobre todo porque implicaría una distribución más equitativa del poder. Sin embargo, en el proyecto de reforma, el poder que se le quita a las televisoras y a los grandes radiodifusores se va casi integralmente a los partidos, que también ya tienen demasiado. El único argumento atendible que ha esgrimido la CIRT es que la disminución al presupuesto de los partidos que prevé la reforma es mucho menor al gasto que éstos ejercieron en medios electrónicos, que fue el año pasado de casi 3 mil quinientos millones de pesos. En otras palabras, se sirven ellos mismos con el cucharón que le pretenden quitar a los medios electrónicos.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 11 de septiembre.
De aprobarse, esas reformas traerán consigo efectos inmediatos en la contienda democrática, mejorando su calidad y las condiciones de equidad en la misma. Pero su impacto más positivo se reflejará en la menor dependencia que los partidos y los políticos tendrán de la radio y la televisión. Nadie quiere medios electrónicos débiles ni pobres, pero su fortaleza y su riqueza no debe depender ni de la sumisión de la política ni de su mercantilización y, en ese sentido, la propuesta que se ha presentado significa un gran avance
Lorenzo Córdova, El Universal, 11 de septiembre.
Hoy, a 30 años de la reforma reyesheroliana, ésta acabó en deforma, pues la vieja oligarquía dejó de respaldarse en el partido de Estado para conservar sus intereses, y hoy se apoya en los medios de comunicación electrónica, particularmente en Televisa y Tv Azteca. En ese mismo camino, la izquierda, impulsora del cambio democrático, cambió sus objetivos por ganar el poder y ahora es la principal fuerza política que defiende las prácticas corporativas y clientelares. El PRI y el PAN, como sedimentos de los intereses económicos locales y trasnacionales, cogobiernan en la nada con una mezcla de restauración del viejo régimen tras el naufragio, pues a final de cuentas representan la postura irreformable, corrupta, subsidiada, filantrópica, evasora, tonta e inepta de la oligarquía mexicana y sus socios externos
Marco Rascón, La Jornada, 11 de septiembre.
Para colmo, el segundo mensaje de los intelectuales coincide con la batalla que libran las televisoras y las estaciones de radio en contra de las reformas electorales y de la remoción de los consejeros del IFE, que, de aprobarse, acabarían con sus privilegios multimillonarios. Es una casualidad, quizá, pero la composición actual de los abajo firmantes muestra una combinación entre la defensa genuina de la autonomía del instituto con la de los intereses de las televisoras. Así de simple
Javier Flores, La Jornada, 11 de septiembre.
Las precisiones que ayer se dieron a conocer respecto al proyecto de decreto dejan claramente establecido que no existe en el Congreso de la Unión intención alguna de "expropiar tiempo" a las empresas concesionarias de radio y televisión. Se deja establecido que el tiempo de que el IFE dispondrá, para sus propios fines y para atender el derecho constitucional de los partidos políticos, será de 48 minutos diarios a partir del arranque de las precampañas y hasta el día de la jornada comicial, exactamente lo mismo de que hoy dispone el Estado por concepto de derechos e impuestos pagados en especie, es decir, en tiempo aire. Se trata de cambiar el uso de un recurso con el que ya cuenta el Estado mexicano, sin intención alguna de perjudicar a las empresas de esa industria. Lo que éstas dejarán de recibir al no vender tiempo a los partidos políticos no se quedará en las arcas partidistas, sino que, insisto, significará un ahorro neto en el gasto público destinado a las elecciones.
Sólo con esas tres medidas, la reforma merece ser calificada como estructural, o si se quiere, como de "tercera generación".
Jorge Alcocer, Reforma, 11 de septiembre.
Bienvenido el uso de los tiempos oficiales, por fin. Bienvenida la regulación del uso excesivo de los medios, y la promoción personal con dineros públicos. Pero la prohibición es un nuevo candado que también queda indirectamente en manos de los partidos. Prohibir resulta el otro extremo. Siguiendo el 6o. constitucional cualquiera debe tener el derecho de transmitir sus ideas por los medios. Van tres prohibiciones. La argumentación prohibitiva no contempla que la radio, rama que sería la primera afectada, ha contribuido notablemente a la información y politización de la sociedad mexicana. Que Televisa y Azteca lleven una porción importante no explica la miopía de principios. Los domina el odio. Confundir daña.
Federico Reyes Heroles, Reforma, 11 de septiembre.
La hipocresía no tiene límites. Resulta que los principales beneficiarios de la financiación pública de los partidos políticos son los medios electrónicos de comunicación, sobre todo las dos grandes empresas de televisión. En la campaña pasada el negocito fue de unos tres mil millones de pesos. Nada despreciable, aunque hace algún tiempo oí decir a un alto ejecutivo de Televisa que eso para ellos no era dinero. Para no serlo, ahora están chillando mucho.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
La prohibición del acceso a tiempos y espacios comerciales en los medios de comunicación para los partidos y los políticos tendría, al menos, dos efectos benéficos sobre la política mexicana. Por un lado reduciría el costo de hacer política y permitiría el recorte de los recursos públicos a los partidos. Si sólo se recortara el dinero que reciben los partidos del Estado, sin reducir los requerimientos económicos, entonces se estaría abriendo la puerta al dinero negro y difícilmente los mecanismos de fiscalización serían eficaces para frenar y sancionar completamente la entrada de recursos ilegales a los partidos. En cambio, si los partidos dejan de necesitar cantidades exorbitantes de recursos para pagar sus anuncios, entonces serán más libres frente a sus posibles financiadores, lo que aumentará la autonomía de la política frente a los intereses económicos.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
Desde luego, uno de los sectores frente a los que los políticos adquirirían autonomía con la reforma es el de las empresas de televisión. Hoy es práctica común que las televisoras intercambien apariciones de los políticos en programas noticiosos o de opinión por compra de espacios comerciales. El tratamiento que reciben las distintas fuerzas políticas depende, en alguna medida, de las compras que hacen a la empresa para anunciarse. Con la nueva legislación no se terminará la parcialidad de empresas que, naturalmente, tienen intereses particulares, pero se reducirá su capacidad de presión sobre partidos que, de cualquier forma, tendrán acceso a tiempos oficiales para difundir sus propuestas. Además de que las televisoras dejarán de recibir un subsidio indirecto con cargo a nuestros impuestos.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
Si, además, la distribución de tiempos se hace con la obligación de usarlos para difundir programas y debatir ideas y se prohíbe su utilización para anuncios de tipo comercial, entonces la reforma contribuirá a elevar el nivel del debate político y contribuirá a la educación cívica y política de la población. Desde luego que la reforma debe incluir mecanismos para evitar la comercialización sumergida de espacios en medios para la política, al mismo tiempo que se deben perfeccionar los sistemas de monitoreo para hacer público el tratamiento que dan los medios a los distintos partidos.
Jorge Javier Romero, Crónica, 12 de septiembre.
Otro tema que ha metido ruido, es la limitante para que partidos políticos y candidatos puedan contratar directamente propaganda y espots con las empresas de radio y televisión.
En ese contexto, TV Azteca hizo público que, en congruencia con sus principios y valores, y en tanto no se aclaren las nuevas reglas de relación entre los partidos políticos, el Instituto Federal Electoral y los medios de comunicación, no aceptará dinero ni pauta promocional alguna proveniente de los partidos políticos.
Concretamente, la televisora de Ricardo Salinas Pliego sostiene que no quiere que la discusión de montos, orígenes y destino de los recursos económicos cuya finalidad sea la promoción de los partidos políticos, empañe una reforma electoral que ponga en riesgo el futuro democrático del país, la libertad de expresión y, sobre todo, el libre acceso a la información por parte de la sociedad mexicana.
De ahí la decisión de no aceptar recursos provenientes de los partidos que han manifestado cierto atropello en la discusión de la reforma electoral que, como sabe, incluso se ha querido manejar como letra de cambio para una reforma fiscal.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 12 de septiembre.
Sin embargo, la televisión y la radio han quedado rehenes del sistema de comercialización. Las tarifas cobradas a los partidos en campaña son altas y se comen la mayor parte de los presupuestos. Pero un debate tarifario ha llevado al Senado a romper el acuerdo político fundamental que existía con los medios electrónicos, pero sin tener uno nuevo más equilibrado.
El fondo del debate radica en la terminación del Principio Azcárraga de que los medios electrónicos -proyectando a Televisa- eran "soldados del PRI, soldados del presidente". Como el presidente de la República ya no es del PRI, ahora es el PRI el que promueve reformas para evitar que ese principio se endose al gobierno panista. De ahí que se haya aprovechado la reforma electoral para acotar los espacios de acción política de los medios electrónicos y se amenace con una ley de medios que impida alineamientos institucionales como en el pasado.
De ahí la amenaza del senador perredista Pablo Gómez de revisar las concesiones a los medios no por razones de reforma o de reorganización institucional, sino como una forma de someter a los concesionarios. Se trataría de aplicar el modelo Hugo Chávez: negar la renovación de la concesión a la empresa privada Radio Caracas Televisión pero entregársela al Estado para su explotación con una programación de loas al presidente Hugo Chávez. Pero en México los medios electrónicos no son oposición.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 12 de septiembre.
Los analistas bisoños se han "ido con la finta" de que las televisoras están preocupadas porque con la reforma electoral van a perder un "negociazo" de un par de miles de millones de pesos que gastan los partidos políticos en la compra de espots. ¡Esa cantidad es una bicoca! Basta ver el reporte de ventas de las empresas y el detalle de las mismas para comprobar que facturan 20 veces más de lo que supuestamente "quieren quitarles" con la reforma.
A las televisoras les interesan asuntos de mayor trascendencia incluidos en la nueva Ley de Medios que se analiza en el Congreso. ¡No se hagan bolas! Diría El Orejotas.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 12 de septiembre.
Además, la radio y la televisión no están de acuerdo con la pérdida repentina del negocio que habían cultivado. Ya han mostrado con creces que no quieren perder los cientos de millones de pesos que les eran transferidos por los partidos políticos en cada campaña (y aun fuera de ellas), ni tampoco el poder político que suponía la negociación de tarifas, pautas y tiempos dedicados a cada uno, según la combinación de amistades, simpatías y caudales que administraban con libertad. No es casual que haya sido ese territorio de negociaciones ocultas entre partidos y medios, precisamente, el que trabó la fiscalización de los recursos de los partidos en 2006. Todavía hoy, seguimos dudando sobre la veracidad de las facturas que entregaron al IFE y seguimos preguntando dónde quedaron los casi mil millones de pesos que se perdieron por el camino. Tras esas cifras no sólo había un negocio redondo, sino un arreglo político que les convenía y que la reforma en curso podría cancelar. La sartén seguiría siendo la misma (¿qué democracia podría funcionar sin tomar en cuenta la influencia definitiva de los medios masivos?), pero el mango habría pasado a las manos de los partidos
Mauricio Merino, El Universal, 12 de septiembre.
Sobre los medios de comunicación, la reforma va en contra de su viabilidad financiera. Establece transmitir 51 minutos diarios durante las campañas políticas. Serían 51 minutos en el mejor horario, a favor de los partidos. En primer lugar, esto dará al traste con los patrocinadores que buscan los concesionarios y mediante los cuales pueden financiar sus negocios intensivos en capital, que han invertido en instalaciones, producciones, antenas. En segundo lugar, la reforma atenta todavía más contra los pequeños y medianos medios electrónicos, los cuales podrían tener problemas financieros
Al obligar a transmitir 51 minutos diarios de partidos políticos en horarios estelares es enaltecer la partidocracia. Y de verdad: en una sociedad abierta no se puede obligar a nadie a escuchar o ver determinados contenidos. Con la convergencia tecnológica, el público preferirá sustituir un contenido forzoso, por medios alternos: desde los teléfonos celulares hasta los diversos contenidos de internet.
Los partidos políticos están confundiendo todo. Una cuestión era la equidad electoral y otra darles todo el poder. Una cosa era reducir el costo de las campañas políticas y su duración. Y otra, darles a los partidos, diariamente y durante cada campaña, 51 minutos en horario estelar y, cuando ellos lo consideren, a su total discreción, poder cerrar un medio electrónico argumentando la negativa a un "derecho de réplica".
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 12 de septiembre.
Al final quedó firme la temida reforma: la propaganda por radio y televisión en elecciones federales se hará exclusivamente en tiempos oficiales. El golpe representa miles de millones de pesos pues nadie, salvo la autoridad electoral, podrá comprar espacios para apoyar o denostar a un partido o un candidato.
Tal vez por tratarse de tanto dinero, algunas televisoras y radiodifusoras hicieron el derroche de transmitir en directo, durante horas, el encuentro con los senadores, a pesar de que allí mismo dijeron que difundir eventos políticos les hace perder rating.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 12 de septiembre.
La experiencia obliga a suponer que tales recursos los reciben por varios canales, documentados unos, semiocultos e indirectos otros. La contratación facturada de tiempos que hacen los partidos y sus candidatos, solapados o formales, que aspiran a conquistar puestos de elección, es la común y cuantiosa. Pero, otros adicionales, arriban como denso río informal que, sin embargo, aporta miles de millones de pesos anualmente. Dineros que algunos medios reciben a tras mano de empresas paralelas de “mercadología política”
Pero los medios no fueron solos en la campaña emprendida en defensa de sus intereses, súbitamente colocados ante la posibilidad de ser afectados en los trabajos legislativos. Coordinaron su estrategia con un amplio grupo de críticos, articulistas, académicos e intelectuales de amplio conocimiento público. Como en toda aventura de este calado, hubo también uno que otro compañero de viaje que lo hizo motu proprio, por individuales creencias, pero que, al final, sirvieron a los mismos propósitos de los medios: mantener y acrecentar sus privilegios.
Luis Linares Zapata, La Jornada, 12 de septiembre.
La reforma electoral no sólo replanteará el modelo de comunicación sociedad-partidos y limitará el intercambio de favores económicos por políticos. También generará un ahorro real de al menos 5 mil millones de pesos.
Con los cambios que propone se impide que los partidos políticos y sus candidatos compren a la radio y la televisión espacios para la propaganda mediática. Podrán, por supuesto, acceder a ellos, pero por medio del IFE y exclusivamente en los tiempos que, por ley, corresponden al Estado
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, 12 de septiembre.
Esa peregrinación no se repetirá. La contratación de propaganda política queda prohibida. Quizá los empresarios de la radiodifusión confunden la libertad de expresión con las prerrogativas del dinero para adquirir espacios en los medios electrónicos. Pero esa no es una libertad de la sociedad. Durante las campañas del año pasado los partidos gastaron al menos 589 millones de pesos en la contratación de tiempos en radio y 1384 millones de pesos en la compra de espacios en televisión.
El país ya no tendrá que hacer gastos como esos. Pero lo más importante es la modificación que esa reforma impondrá en la relación entre la política y los medios de comunicación. Las radiodifusoras y especialmente las televisoras tendrán que dejar de ver a los partidos como clientes y quizá comiencen a considerarlos como interlocutores.
Hoy en día los ven como adversarios. Pero no quieren acordarse de la escandalosa docilidad con que esos partidos y el gobierno anterior hicieron suyas, a veces sin siquiera aderezarlas con un mínimo rigor jurídico, las leyes y reglamentos que salían de las corporaciones mediáticas. Los “unos cuantos dirigentes de partidos” de los que hoy se quejan las televisoras, les parecían prohombres de la edificación democrática cuando se comportaban como personeros suyos.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
El acceso a los medios continuará siendo importante para los partidos. Candidatos y dirigentes seguirán buscando espacios en noticieros y programas de distinta índole pero ya no tendrán que comprar publicidad para contentar a esas corporaciones. La propaganda política seguirá resultando fundamental en las campañas electorales pero ahora no será pagada con dinero público porque se transmitirá en espacios del Estado en los medios electrónicos.
Durante las campañas (que en el caso de las elecciones presidenciales serán de 90 días) los partidos tendrán acceso, entre todos, a 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El IFE dispondrá, para difundir mensajes de promoción electoral, de otros siete minutos diarios.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.
PONERLE FRENO a los poderes fácticos mediante la consolidación de la partidocracia, por supuesto que no es el mejor camino. Pero por algo se empieza cuando los intereses de las mafias que desangran al país y no los de la ciudadanía están de por medio. Los legisladores saben que ganaron la batalla, irónicamente mediática, porque el nivel de hartazgo que causó en la sociedad la guerra sucia de 2006 con sus réplicas yucateca y bajacaliforniana, alcanzaron un punto culminante. Pero atrás de ese péndulo viene otro con un rótulo visible: la falta de credibilidad que se han ganado a pulso los partidos y particularmente el Congreso.
David Gutiérrez Fuentes, “Perro Mundo”, Crónica, 13 de septiembre.
Con todas sus limitaciones, los medios de comunicación -electrónicos y escritos- han hecho más por la democracia que los políticos. Asumidos como negocios de entretenimiento, la crítica en la televisión y la radio -unida a la de la prensa escrita- demolió al presidencialismo como el Muro de Berlín del autoritarismo y al PRI como la estatua de Lenin del viejo régimen priista. Sólo que el Congreso renace de las cenizas del presidencialismo autoritario para convertirse en un poder fáctico igualmente autoritario, impositivo, es decir, rebasando sus funciones legales reconocidas por las leyes y el Estado.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 13 de septiembre.
Las empresas de medios viven de la publicidad y eso no es criticable, pero si la publicidad de productos milagro es censurable cuando esa publicidad es engañosa, con mayor razón debe serlo aquella que se paga con los impuestos de todos los mexicanos. Tan sólo esa razón es suficiente para que sea el IFE la institución que los legisladores queremos que controle la publicidad en campañas políticas.
Ese poder le queremos dar y les molesta a los que tan sólo hace una semana decían que queremos agredir en su autonomía y disminuir sus facultades.
Qué lástima que la reforma electoral no merezca de los comunicadores y los profesores que trabajan de analistas en la tele, un comentario más objetivo e integral que ponga en la balanza sus aspectos positivos y negativos. La gente no es tan manipulable y eso ya lo debemos saber los políticos y los comunicadores, va de por medio la credibilidad, y si ésta se pierde nos convertiremos en parodias de nosotros mismos
Lila Merodio, “Estamos de acuerdo”, El Gráfico, 13 de septiembre.
La tercera fase del plan es apropiarse del trabajo de otros. Con el pretexto de que se trata de concesiones, PAN, PRI y PRD pretenden esquilmarle 30% de la comercialización en horario estelar a los medios de comunicación que pagan impuestos y cumplen con los tiempos fiscales y del Estado.
El tiempo aire vale cuando gracias a la inversión de privados en equipos y talento se generan audiencias y, por lo tanto, es indebido que se le quite a los medios de comunicación. A como viene la iniciativa, imagine que ayer, en el momento cumbre de la novela o en el minuto estelar del partido México-Brasil, suspendieran la programación para que durante dos minutos y 40 segundos supiera lo chido que es tal o cual instituto político.
El efecto no sólo sería durante ese tiempo sino que las audiencias, con posibilidad, se cambiarían a un canal de televisión de paga, es decir, se trataría de un impuesto regresivo. Además, se busca impedir al medio vender ese mismo tiempo a otros anunciantes que, lo más probable, serían de mayor utilidad para los televidentes.
David Páramo “Personajes de renombre”, Excélsior, 13 de septiembre.
Es importante también —para no repetir errores del pasado reciente— la prohibición a terceros para comprar publicidad en los medios electrónicos que busque influir en las campañas electorales, lo que es central para preservar la equidad en la competencia y defenderla de una intervención indeseable de los poderes fácticos. Contra lo que se afirma dolosamente, en ninguna disposición del proyecto de reforma se restringe la libertad de expresión de ciudadanos, comunicadores o analistas políticos.
Diódoro Carrasco, Milenio, 13 de septiembre.
Se ha dicho, también, que la decisión de restringir la compra de publicidad por particulares es un albazo legislativo. Tampoco es cierto, pues ese impedimento ya estaba presente en la ley, desde 1996. El artículo 48 de la ley electoral dice: “En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros”. Pero esa disposición fue violada en 2006, como estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente por el Consejo Coordinador Empresarial. La oposición del CCE a la reforma es similar a las resistencias que oponen los talamontes ante las leyes de protección ambiental. Ahora, la restricción se lleva a rango constitucional y en la legislación secundaria deberán establecerse las sanciones para quienes lleguen a comprar publicidad electoral y para quienes la vendan.
Ciro Murayama, Crónica, 14 de septiembre.
Lo peor, pero más probable, es la institucionalización de las gacetillas políticas en radio y televisión, en forma más sofisticada que en la actualidad, y por lo mismo más eficiente, y que ese mejor debate político al que se aspira se convierta en propaganda disfrazada de información.
¿Cómo probar que una noticia de un estado o en un municipio puede no ser de interés general si la jerarquización de la información es tan subjetiva? ¿Cómo probar ante la autoridad que la entrevista a un aspirante a un puesto de elección popular no tiene autoridad para hablar sobre determinado tema, si este es un gobernante estatal o una figura política reconocida? Hoy en día hay algunos conductores de medios electrónicos que exigen hasta 250 mil pesos por entrevistar a alguna persona importante, sin que quede claro cuánto de ello entra a la tesorería de sus empresas. Pero si esta es la manera de acceder a recursos políticos, nada evita que surjan políticas empresariales donde se establezcan convenios comerciales de palabra, imposible de rastrear. Los medios no van a perder. La equidad en competencias electorales, sí. ¿La democracia? Bien, gracias, se encuentra fuera de México
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 14 de septiembre.
Por eso resultaron inútiles los postreros esfuerzos de los grandes concesionarios de radio y televisión por evitar la desaparición de los promocionales pagados de campaña. En adelante sólo se usarán tiempos oficiales.
En realidad, los grandes de las telecomunicaciones pagan por su prepotencia. Desde hace semanas trascendió cómo venían las reformas, pero los grandes jefes reaccionaron tarde.
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 14 de septiembre.
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