Prácticamente desde que comenzó el flujo de información sobre el tema se destacó que la remoción de los actuales consejeros electorales no era el tema prioritario de la reforma electoral. Un aspecto en el que no parecen estar de acuerdo los columnistas y articulistas de los ocho periódicos analizados. El tema fue objeto de 265 comentarios, es decir un 27.86% de los 957 consignados. En este sentido, hemos intentado organizar los comentarios de manera que pueda establecerse un diálogo ficticio entre quienes seleccionaron este tema. ¿Hay razones para removerlos? ¿Es una revancha por las elecciones del 2006? ¿Cuáles son los criterios para su permanencia o remoción? Una vez acordado que en octubre saldrán Luis Carlos Ugalde y dos consejeros, ¿quiénes lo acompañarán? En este tenor, comienzan a manejarse nombres de eventuales sustitutos que tienen, desde diversos puntos de vista, sus pros y sus contras, tanso por su cercanía con los partidos políticos como por lo establecido en el Código Federal de Procesos Electorales (Cofipe). Se destaca también el protagonismo de Ugalde en los medios y, finalmente, un desplegado firmado por académicos, profesionales de los medios e intelectuales.
Los consejeros electorales tienen el temor de que la reforma electoral se convierta en un instrumento de negociación política entre el Legislativo y el Ejecutivo, encabezado por Felipe Calderón. Y aceptan que el órgano electoral debe transformarse y reestructurarse para enfrentar las elecciones intermedias de 2009.
Y nos aclaran que lo que no podrán hacer el Ejecutivo, legisladores, ni los propios consejeros del IFE, es ser omisos a las demandas de la gente de reducir el costo y financiamiento de las campañas políticas, así como la reducción del tiempo de la contienda electoral, controlar el papel de los medios electrónicos y utilizar tiempos fiscales para propaganda electoral.
Consejeros insisten en señalar que se cometería un grave error si se soslayan dichas propuestas contenidas en las más de 3 mil ponencias que a lo largo de los últimos meses se han presentado durante las jornadas ciudadanas para las reformas electorales organizadas por el propio IFE, las cuales representan las verdaderas prioridades de la ciudadanía, al margen de todo interés político. El mensaje es muy claro para aquellos que quieren la cabeza de los consejeros al precio que sea.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 11 de julio.
La reforma electoral es otro tema que se vincula con insistencia a la fiscal. El tema aquí son los consejeros electorales del IFE. Por lo menos en el discurso, el PRD quiere cambiar a los nueve integrantes del Consejo. Es una de las condiciones para subirse a la negociación. Carlos Navarrete, coordinador de los senadores amarillos, lo reiteró ayer a este espacio
Francisco Garfias, “Arsenal”; Excélsior, 18 de julio.
Que en el IFE, que preside Luis Carlos Ugalde, quieren entrar al récord Guinness por aquello de las unanimidades.
En los foros que se organizaron sobre la reforma electoral, ninguno de los centenares de participantes sugirió la remoción de los consejeros, en contraste con lo que demanda la mayoría de los partidos.
“Trascendió”, Milenio, 19 de julio.
"Seamos realistas, demandemos lo imposible", solía decirse en el llamado Mayo francés del 68. El consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, siguió el consejo del movimiento estudiantil. A la reunión de los presidentes de los institutos estatales electorales, que se realiza en Guadalajara, fue a decir que el "marco ideal" de una reforma electoral es que toda la propaganda de candidatos y partidos, en tiempos de comicios, la transmitan los medios de comunicación en horarios del Estado. ¡Ajá..!
Francisco Garfias, “Arsenal”; Excélsior, 20 de julio.
Montados en esa reforma, los perredistas quieren correr a todos los consejeros electorales del IFE. Para ello, asegura Navarrete, cuentan con el apoyo de Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado y hombre todopoderoso en el seno del PRI. "Él (Manlio) tiene el compromiso conmigo de que se van todos los consejeros del IFE y hasta ahora ha cumplido como hombrecito", subraya el jefe de la bancada amarilla en el Senado.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 26 de julio.
El PRI y el PRD se acercan más de lo que quisiera el gobierno de Calderón. Y por ahora hay un tema en el que presionan juntos y que lo ponen como condición para convocar a un periodo extraordinario: la reforma electoral, y con ella, el cese de al menos tres consejeros electorales del IFE…
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de agosto.
La jugada fue armada por Manlio Fabio Beltrones y la pactó bien con el PRD: si el PAN y el gobierno de Felipe Calderón quieren un periodo extraordinario para discutir su reforma fiscal, tienen que aceptar que en la misma agenda de sesiones se discuta y se vote la reforma electoral.
La condición es tajante. Sin el tema electoral, priístas y perredistas simplemente no apoyarían la convocatoria al extraordinario y llevarían la propuesta fiscal para discutirla a partir del 1 de septiembre, en el periodo ordinario, con la enorme presión de que tuviera que ser aprobada antes del 8 de septiembre, fecha en que el presidente Calderón debe presentar a los diputados el paquete económico federal del 2008
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 8 de agosto.
Que de un momento a otro resucitará el tema de la dimisión de los consejeros del IFE, comenzando por su presidente, Luis Carlos Ugalde.
Las cabezas legislativas del PRI y el PRD afinan los detalles para el proyecto de la reforma electoral que, tendría que pasar antes que la fiscal, y demandaría, de un golpe o a plazos, la salida de los consejeros.
“¿A ver quién sale a defenderlos?”, dicen confiados amarillos y tricolores.
“No valen la cancelación de una reforma electoral”.
“Trascendió”, Milenio, 8 de agosto.
Si hubiese apuestas sobre la permanencia de los integrantes del Consejo General del IFE, la chica sería que se quedan hasta que concluya su mandato en 2010. Su salida escalonada está en el centro del dictamen sobre la reforma electoral que se prepara en el Congreso de la Unión.
En Periférico y Viaducto Tlalpan lo saben. Uno de los consejeros que se encuentran en el corredor de la muerte nos comentaba, con amarga ironía, que el salvoconducto para "los nueve en el patíbulo" es, paradójicamente, el fracaso de las negociaciones sobre las reformas fiscal y electoral. Ya encarrerado, el hombre hacía notar la inconveniencia para el PRI de que haya un relevo en el Consejo. "No hay duda que si éste se renueva, los próximos consejeros serán predominantemente antipriistas", vaticinaba. Los nuevos, además, llegarían fuertemente condicionados.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 10 de agosto.
Otros priistas, como Beatriz Paredes o Emilio Gamboa, tendrán más visibilidad. Ninguno de los dos ha declarado o comentado que quiere la salida de los consejeros. "La relación con el CEN del PRI es buena", subraya la fuente.
El relevo en el Consejo constituye también un problema institucional. El IFE desarrolla actualmente la fiscalización de la campaña electoral de 2006. Hay 281 mil spots que no fueron reportados a esa autoridad. Hay cosas por investigar, multas por cobrar. ¿Habrá punto y aparte?
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 10 de agosto.
El problema parte de que siguen prevaleciendo las cuotas partidarias en la conformación de las autoridades electorales y que eso sí puede afectar la imparcialidad y la credibilidad de tales organismos. A menos que se crea que fue coincidencia que la mancuerna ganadora en la elección presidencial de 2006, Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón, hayan sido justo quienes nombraron al grueso de los consejeros electorales del IFE, incluido a su presidente. Y que eso haya tenido nada que ver con que el IFE tomó decisiones que favorecieron la estrategia del candidato panista de abrir tan pocos paquetes electorales como fuera posible, a contrapelo de la ley (que lo obliga de oficio a recontar todos aquellos paquetes en donde las actas registren cualquier inconsistencia). El IFE incumplió esa disposición en 95% de los casos. Demasiadas casualidades para ser eso: casualidades. De ahí que el debate sobre la reforma electoral debiera incorporar una revisión sobre la forma de nombrar a las autoridades electorales. Mientras permanezca el criterio de las cuotas partidistas, mal andaremos. No basta que el recambio de consejeros o magistrados electorales se haga escalonadamente, una medida racional para evitar que unos primerizos se hagan cargo de una elección presidencial (como ocurrió en la de 2006). Pero si el recambio es, digamos, de tres en tres, será inevitable que se haga por cuotas entre los tres principales partidos. José Woldenberg propone que se renueve un consejero electoral cada año, a modo de dificultar los acuerdos por cuotas. Suena bien y la medida debía extenderse al nombramiento de magistrados. Ello tomaría tiempo, pero daría mayores garantías de la imparcialidad que ahora, tanto en el IFE como en el TEPJF, está en tela de duda
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 13 de agosto.
Pero el tema de medios ha sido atado por el PRI, en la negociación electoral, con otro: la conformación del Consejo General del IFE. El priismo y, sobre todo, Manlio, quieren cambiar a los consejeros electorales. No se trata sólo de cambios en el organismo, sino también de recordar que en ese proceso de integración participó activamente, entonces como líder de la fracción priista en la Cámara de Diputados, Elba Esther Gordillo. Y el eje del enfrentamiento político de Beltrones pasa por la maestra debido a razones personales, pero también netamente políticas: se trata de espacios y de capacidades de operación y alianzas. Lo que uno gana, el otro lo pierde. O, cuando menos, así lo entienden ambos. ¿Pueden ser reemplazados los consejeros del IFE? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no, e incluso los asesores legales de la Cámara de Diputados así se lo han hecho saber a los partidos. De todas formas, aunque no fuera estrictamente legal, sería por lo menos difícil para los consejeros mantenerse en sus cargos sin el respaldo de los partidos. Pero entonces se requeriría un acuerdo: existen, entre otras, dos posibilidades, una de esperar hasta 2010, cuando debe ser reemplazado el Consejo General, y establecer para entonces un nuevo mecanismo. O buscar cambios desde ahora, que deberían pasar, muy probablemente, por un reemplazo gradual de consejeros y surgir de un acuerdo político implícito con los miembros del IFE. Si no sucede así, se entraría en un proceso legal que concluiría con el efecto exactamente contrario al buscado: los comicios y sus instituciones entrarían en un cono de sombra que afectaría irremediablemente el proceso federal de 2009, por lo menos
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 13 de agosto.
En la taponada reforma electoral, ¿van a ser serios los legisladores? Porque en el buzón de las iniciativas hay 500, al decir del PRI, partido al que se le factura la demora en el cambio que se pide casi desde que entró en vigor la reforma de 1996: participará sólo si tumban a todos los actuales consejeros del IFE. Y eso no lo ve mal el PAN, sólo que quiere ir poquito a poco. Así las cosas, el reciente seminario internacional nada aportó contra el atorón
Frentes Políticos, Excélsior, 14 de agosto.
Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, rechazó la pretensión de atar la reforma electoral a la fiscal:
Será reforma si reduce costos y tiempos de campaña, si da equidad y transparencia en los gastos.
Si no, sujetaría al IFE a presión de los partidos por los gastos de 2006.
Y en el Instituto creen que si cambian consejeros el PRD reclamará la ilegalidad del proceso del 2 de julio.
Pepe Grillo, Crónica, 15 de agosto.
Luis Carlos Ugalde, nos comenta que no se puede condicionar el futuro de la democracia al destino de otras reformas, pues la materia electoral es tan importante por sí misma, que debe ser analizada en sus propios méritos. Los priistas encabezados por Manlio Fabio Beltrones y por el perredismo en general, pretenden condicionar todo al cambio del IFE, pretenden encarecer su respaldo a la reforma hacendaria.
Dice que condicionar y dejar a la deriva a la reforma electoral, por lo que suceda en otros temas no contribuye a un sano ejercicio de lo que el país requiere. El único condicionamiento válido de la reforma es que responda a los intereses de los ciudadanos.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 16 de agosto.
La manera atropellada y “política” en que los legisladores (del PRI y el PRD, principalmente) quieren llevar a cabo una reforma electoral para deshacerse de los Consejeros Electorales y rediseñar al IFE, amenaza con afectar a otra institución fundamental para el buen funcionamiento de las elecciones en México. Con mucha menor atención, pero quizás con efectos potenciales aún más graves, el destino del Registro Federal de Electores está condicionado a la emisión de una nueva credencial electoral que incorpore la Clave Única de Registro de Población (CURP). ¡No vaya toda esta dinámica política a regresarnos a las dudas y cuestionamientos —sobre el Padrón Electoral o la propia autonomía de las autoridades electorales— anteriores a la reforma de 1996!
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 20 de agosto.
Listo para empacar. Así se considera el consejero del IFE Rodrigo Morales, al ensayar la posibilidad de que el PRI se salga con la suya y de un solo tiro le marque la salida a él y a sus ocho compañeros, o que el PAN les dosifique el desempleo. Lo que sí exige es que, salga como salga la reforma electoral, el IFE tenga más afilado el poder de sanción a mapaches
“Frentes Políticos”, Excélsior, 25 de agosto.
La suerte de tres de los nueve consejeros del IFE parece echada. La iniciativa de reforma electoral, que presumiblemente será presentada por todos los partidos en la sesión de la Comisión Permanente convocada para el 31 de agosto —antes de que Manlio Fabio Beltrones deje la presidencia del Senado— así lo propone. "Hay un punto fino de consenso: Luis Carlos Ugalde (consejero presidente del IFE) tiene que irse", confirmó un legislador que participa en las negociaciones.
La iniciativa contiene un nuevo requisito para pertenecer al Consejo General del Instituto: no haber pertenecido al servicio electoral profesional. La absurda medida —pues lo que se requiere es experiencia— parece etiquetada. Los consejeros Lourdes López y Rodrigo Morales ya han trabajado en juntas electorales locales. Ella en Coahuila; él en el Distrito Federal. Los que se mencionan para sustituirlos son José Antonio Crespo, Clara Jusidman y Diego Valadés.
Si no hay cambios, los nuevos consejeros serían elegidos por seis años. Los otros seis integrantes del Consejo completarían el periodo para el que fueron electos. Se irían hasta 2010. La idea es que ese año sean elegidos tres consejeros por tres años y otros tres por nueve años. Se mantendría así un escalonamiento permanente en el Consejo. "La cosa ya está madura. Hay un proceso de acuerdo muy rápido, aunque todavía no hay definiciones", puntualizó otra fuente de la Comisión de Construcción de Acuerdos.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Crónica, 25 de agosto.
Dice el panista Diódoro Carrasco que los consensos para aprobar la reforma electoral “saldrán esta semana”, cuando menos este compromiso lo sostienen los dirigentes de los partidos políticos. Sobre el IFE y la permanencia de los Consejeros Electorales, nos señala el ex gobernador de Oaxaca, que “no se enfoca el tema de esta manera, hay propuestas que plantean crear un Instituto Nacional de Elecciones, y asegura que los actuales consejeros tienen un periodo para el cual fueron elegidos y nombrados hasta el año 2010”.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 27 de agosto.
En el IFE la opinión sobre la remoción de los consejeros ha provocado que varios de ellos reconozcan que la negociación política entre los representantes de los partidos en el Congreso de la Unión corre el riesgo de quedar varada. Algunas fuerzas mayoritarias supeditan tanto los acuerdos y las negociaciones de la reforma electoral y fiscal e informe de gobierno, que caen en el juego de las especulaciones.
Ante este escenario, hay quienes aprovechan muy bien las coyunturas para pedir la remoción de los consejeros, pero olvidan que “además de ser contra la ley”, se abrirían varios frentes, basta recordar, nos dicen, que aún no se decide la apertura de los paquetes electorales, la destrucción de las boletas, el análisis del Padrón Electoral y sobre todo, la revisión total de los topes de campaña de los candidatos presidenciales.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 28 de agosto.
Mas aún así, con todas esas carencias, parece que ayer los partidos políticos se pusieron de acuerdo con el fin de sacar en esta semana la reforma electoral. Así, a paso veloz, por fin lograron coincidencias con respecto al tema. Es en la sesión de la Comisión Permanente donde se prevé la salida del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde y de tres consejeros. Al respecto, en una entrevista con el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete dijo: “Nadie pretende afectar la dignidad personal de los actuales consejeros electorales. No hay necesidad de renuncias o sustituciones vergonzosas o de salidas por la puerta de atrás. Hablamos de una reforma que necesita el país y que pasa por cambios constitucionales”.
El tema es que piensan hacerle al IFE lo que se hacía con Menudo: que salga uno y entre otro cada equis tiempo. Como se hace en la Suprema Corte. Es una buena fórmula para que los partidos consensúen el nombramiento de cada consejero y se termine la designación partidocrática de los vigilantes electorales cada vez que se renueva el Consejo General.
Y aunque en ese tema parece evidente que hay un acuerdo para realizar cambios de fondo en el IFE, del que después del episodio de las campañas electorales de 2006 se llegó a cuestionar su buen funcionamiento, lo cierto es que los legisladores siguen sin otorgarle los ansiados “dientes” para castigar a los partidos y a los candidatos que violan las normas electorales.
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 28 de agosto.
Ante los pronunciamientos de legisladores de oposición de que se renueve la totalidad de consejeros del IFE, como parte medular de la reforma electoral, dijo enérgico Luis Carlos Ugalde, consejero presidente de ese Instituto Federal Electoral (IFE):
"Jamás voy a renunciar..., la autonomía, independencia y credibilidad del IFE -advirtió- serán vulneradas de manera irreparable si los consejeros electorales son retirados de sus cargos por presiones políticas."
Además, dijo: "si el Congreso de la Unión aprueba la remoción de los consejeros estaría aceptando, políticamente hablando, que hubo fraude electoral en 2006, porque no se podría entender de otra manera por qué los consejeros tenemos que irnos cuando hemos cumplido de manera legal con nuestra responsabilidad" (pues a la mejor sí van a tener que irse)...
"Por eso jamás voy a renunciar a un cargo que tiene un mandato constitucional al que debo responder..."
Y remató: "que quede claro: en mi lenguaje no existe ni presión ni chantaje ni temor y mucho menos renuncia"...
¡Zas!, dicen, ¿estaremos frente a un ugaldato (así como el porfiriato)? ¡No, mano, no!
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 29 de agosto.
La guillotina para el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, estará lista en la primera quincena de septiembre. Los legisladores priístas, perredistas y panistas pretenden sacar por la vía rápida (fast track) la reforma electoral con el tema de la renovación escalonada de los integrantes del órgano, nos cuentan. Por ahora, afilan la navaja para el procedimiento, que este diario le adelantó en su edición del martes
“Bajo reserva”, El Universal, 29 de agosto.
Nadie duda que el actual Consejo General del IFE incurrió en serios errores en la elección presidencial de julio de 2006; que son insuficientes los instrumentos legales con que cuenta el instituto para cumplir con la legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de los procesos electorales federales; pero tampoco nadie puede negar que la pretensión de despedir a sus actuales consejeros tiene una fuerte dosis de “venganza política”, más que la preocupación real por enmendar las fallas.
¿Por qué esa presunción? Porque los partidos políticos promotores de la reforma al IFE —especialmente el PRD y el PRI— por todas partes han dejado huellas de lo que ya algunos llaman una “canallada política”. ¿Y cuáles son esas huellas? Muy fácil, que una parte fundamental de la “gran reforma electoral” —lo que en realidad fue el centro de las negociaciones entre PRI y PRD y que arrinconó al PAN— fue precisamente la expulsión de los actuales consejeros antes del término de su mandato constitucional frente al IFE
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 29 de agosto.
La propuesta “viene” en el paquete de reforma electoral que avalan el PRI, PAN y PRD. Los partidos insisten en la salida del Presidente y todos los consejeros del IFE, quienes organizaron las reñidísimas elecciones de 2006.
Los primeros en dejar el cargo serían Luis Carlos Ugalde y los consejeros Lourdes López Flores y Rodrigo Morales. Posteriormente, de manera escalonada, los ocho restantes.
Los nuevos integrantes serían evaluados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y ocuparían sus cargos por nueve años y sin derecho a la reelección.
En el nuevo IFE se podrían aplicar castigos a los consejeros que incurran en fallas, y estarán vigilados o sometidos a una contraloría interna.
Aunque parece tener el consenso de casi todos los partidos, falta ver que a la hora de la discusión ninguno se eche para atrás. Se conjuntan dos cosas: la indudable necesidad de tener un consejo del IFE que todos los partidos reconozcan, sí… pero también de garantizar la autonomía de un instituto que ha costado tanto.
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 29 de agosto.
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, argumenta que si él y los otros consejeros son removidos como parte de la reforma electoral que preparan los partidos, no sólo se vulneraría la autonomía de las instituciones sino que se aceptaría que el fraude denunciado por el PRD luego de que perdió las elecciones del 2006, en realidad existió. Ugalde se defiende, pero los partidos ya acordaron satisfacer en ellos su deseo de venganza
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran angular”, El Gráfico, 29 de agosto.
Los legisladores del PRI y del PRD, con la aquiescencia del PAN, están a punto de llegar a un acuerdo que puede resultar desastroso para la democracia. Como parte de una nueva reforma electoral, están negociando la destitución de los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral. Si la medida se aprueba, constituirá un severo golpe a los esfuerzos por establecer una autoridad electoral independiente en México.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 29 de agosto.
POR FAVOR que nadie le hable golpeado este día a Luis Carlos Ugalde, pues va a andar con los nervios de punta ya que todo indica que hoy mismo podría decidirse su salida del IFE.
PARA NADIE es secreto que el consejero presidente es el primero en la lista de los "ejecutables" confeccionada por el PRD y el PRI -ya con el aval del PAN- en su proyecto de reforma electoral.
Y AUNQUE se habla de que los consejeros del IFE serían relevados de manera escalonada, queda claro que Ugalde saldría antes que el resto de sus compañeros.
SE ESPERA que este día quede definida la iniciativa de perredistas y priistas para renovar al IFE como parte de la reforma electoral, a la que han puesto como condición para sacar adelante la reforma fiscal.
ASÍ QUE más vale que Luis Carlos vaya desempolvando su traje de mago y comience a buscar chamba.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 29 de agosto.
La decisión está tomada, el único que no lo cree es Luis Carlos Ugalde.
Pero más vale que vacíe su escritorio y empaquete sus libros.
El PRI se sumó a la petición de remoción y hasta el PAN la aceptó.
Ugalde no cae en cuenta que su cese abre la puerta a una solución política de varios problemas.
Ya no hay otra salida, el consejero presidente debe aceptar que perdió la guerra.
Pepe Grillo, Crónica, 30 de agosto.
Durante años el PRD peleó por la independencia de la autoridad electoral. La autonomía del IFE respecto del gobierno y otros poderes fue elemento fundamental en las propuestas de reforma electoral de ese partido. Ha sido, sobre todo, garante de la capacidad del Instituto para tomar decisiones al margen del interés de las fuerzas políticas.
Gracias a esa autonomía, el IFE pudo sancionar al PRI cuando se comprobó que en la campaña de ese partido en 2000 había ingresado dinero de manera ilegal. Y pudo multar al PAN debido a los manejos irregulares del grupo Amigos de Fox.
Ahora el PRD es el primero en promover la destitución de los actuales consejeros. Y no porque hayan cometido irregularidad alguna. A esos funcionarios electorales los quieren hacer víctimas de una revancha política.
Lo peor es que se trata de una venganza equivocada. Si los consejeros del IFE hubieran cometido alguna ilegalidad, seguramente los partidos afectados los habrían sometido a juicio político. Ciertamente se equivocaron en algunos momentos después de las votaciones del 2 de julio del año pasado, pero se trató de yerros magnificados por la estridencia del PRD cuando se empeñaba en propalar la versión de un fraude electoral que nunca pudo demostrar.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 30 de agosto.
Ante lo inevitable, los consejeros luchan, cada cual por su vida.
En corto comentan que nadie está dispuesto a “entregar la plaza”.
Y aceptan que el grupo se ha fracturado y por eso se habló de tres que deben salir.
Y los más preocupados decían ayer que la remoción sería ilegal y que si corren a todos “saldrán a la luz cosas que no se han dicho”.
Pepe Grillo, Crónica, 30 de agosto.
La remoción de todos o algunos de los consejeros no sucedería como resultado de una reforma electoral articulada y coherente, porque ninguna de las medidas que se proponen para actualizar las reglas de la competencia política en México hacen necesario el desplazamiento de los actuales directivos del IFE. Si en ese proyecto de reforma queda incluida la sustitución de los consejeros se deberá, exclusivamente, a la rabieta del PRD y el PRI.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 30 de agosto.
Enviar a Luis Carlos Ugalde de regreso a la cátedra no es la reforma electoral, ni mucho menos la reforma del Estado. Es un punto de partida para que los protagonistas de la contienda por el poder ajusten las instituciones a la realidad nacional. Hay que legislar sobre el recuento de votos en caso de elecciones cerradas, sobre la inversión en medios electrónicos, poner límites a la propaganda negra, evitar que los partidos chicos sean negocios particulares, establecer nuevas reglas para el Informe Presidencial y en general diseñar nuevas relaciones entre los Poderes de la Unión. El trabajo apenas comienza. El Dr. Ugalde tuvo su oportunidad. Si el sueldo de maestro no le complace, puede sumarse a la caravana del matrimonio Fox y diseminar por el mundo, con experiencias de primera mano, las bondades de la democracia mexicana.
Juan Manuel Asai, “Códice”, Crónica, 30 de agosto.
Trampa, cuando el PRI y el PRD argumentan que la reforma electoral —indiscutiblemente también inaplazable— pasa necesariamente por la salida de los consejeros del IFE y la desaparición, como tal, del Instituto.
En el fondo es una revancha. Del PRD porque perdieron la elección y, como los amarillos le tienen miedo a AMLO, pues aprovechan la urgencia de acuerdos que necesitan el PAN y el Presidente de la República para apretar las tuercas y entregarle, en charola de plata, la cabeza de Ugalde, al rencoroso caudillo.
Y trampa del PRI para regresar a los viejos esquemas de manipulación electoral, ante sus fracasos por volver a Los Pinos.
Ugalde es lo de menos. Está pagando sus errores. El problema es en manos de quién quedará el IFE, quiénes lo controlarán y qué oscuras maniobras se van a intentar en las elecciones intermedias de 2009.
Será un retroceso.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 30 de agosto.
Luis Carlos Ugalde está mientras tanto en pleno berrinche amenazador. Ya estableció la tesis académica de que si lo retiran de la ubre corrompida se estará reconociendo que hubo fraude electoral. ¡Lo impensado: dejar sin chamba a Uh Fraude lo acabaría convirtiendo en confesa prueba viviente de las pillerías cometidas en los comicios de 2006! Ayer, sin embargo, elevó la mira de su despecho y tocó, sin nombrarlo, al propio beneficiario unipersonal de las adulteraciones comiciales, pues pidió a los poderes Ejecutivo y Legislativo que actúen con honestidad política e intelectual para que no centren las negociaciones de una muy cantada reforma electoral en el tema de la remoción de los consejeros del IFE: el que a fraude mata, a fraude muere, sería la moraleja de la fábula ugaldina en que un cómplice mal pagado acaba pidiendo a sus compañeros de andanzas que actúen con una moneda de honestidad que nunca antes ninguno de los asociados había usado. El cándido Ugalde incluso preguntó al 0.56 por ciento desalmado si las negociaciones de un Informe de gobierno pueden formar parte de un acuerdo sobre el futuro y la independencia del tal IFE. ¡Oh, cuánto dolor en los nada indirectos reproches de LCU a FC!
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 30 de agosto.
Se lee ya en la prensa que la reforma electoral promovida por el PRI y el PRD ha sido pactada a cambio de la reforma fiscal que promueve el gobierno, y que la reforma electoral incluye la remoción de los consejeros del IFE para antes de las elecciones de 2009.
Coincido con el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, en que esto equivale a aceptar que hubo fraude en las elecciones de 2006. (MILENIO, 29/8/07).
Para mí, que firmé un desplegado sosteniendo que en las elecciones de 2006 pudo haber irregularidades pero no fraude, esta negociación sería una especie de confesión de parte del gobierno de Calderón, un indicio de que quizá sí hubo fraude.
Sólo esa falta mayor justificaría la cirugía mayor que se propone: un ataque frontal sobre la autonomía de la institución y la inamovilidad de sus consejeros.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 30 de agosto.
Ugalde se va porque, en esta vuelta, así le conviene al PRI para seguir manejando las piezas en el rentable tablero donde han encerrado al gobierno de Felipe Calderón. Y porque el gobierno de Calderón calcula que es un buen negocio deshacerse del presidente del IFE a cambio de una reforma electoral que, le prometen, le abrirá la puerta a una reforma fiscal que, le prometen, le abrirá la puerta a una reforma de Estado que, le prometen...
Priistas, perredistas y algunos panistas justifican esta carnicería con el argumento de que se ha perdido la confianza en el IFE, a pesar de que no hay una encuesta en que ellos salgan mejor valorados que el instituto electoral en la categoría de confianza ciudadana.
Los desprestigiados van a degollar a Ugalde con el argumento fascistoide de que a veces es necesario matar para seguir viviendo. Será una canallada
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 30 de agosto.
A diferencia de lo que monopoliza la atención de los medios, el eje de la reforma no es si los consejeros del IFE se quedan, se van o son sustituidos en forma escalonada (con todas las implicaciones que esto tiene); el eje de la reforma es que, ante los nuevos fenómenos que sacaron a la luz las elecciones federales de la última década y en particular la de 2006, y la evidente insuficiencia del marco legal vigente, es necesaria una tercera generación de reformas electorales que permita, entre otras cosas, normar fenómenos como las precampañas, reducir la duración y el gasto de las campañas y regular el acceso de los partidos a los medios de comunicación para que, al final del día, estos cambios permitan fortalecer a las instituciones electorales y al sistema de partidos y, sobre todo, fortalecer la confianza social como base de la democracia mexicana.
Así, como lo ha señalado el mismo consejero presidente del IFE, se requiere una reforma electoral, primero, para actualizar el marco legal y clarificar las reglas de la contienda; en una perspectiva de más largo aliento, la reforma es necesaria para disminuir el costo de la democracia, elevar su calidad y proteger la autonomía del Estado mexicano (ante los indicios, por ejemplo, de “dinero sucio” en las campañas electorales o el poder excesivo de los medios electrónicos).
Diódoro Carrasco, Milenio, 30 de agosto.
CON QUÉ AGALLAS está defendiendo Luis Carlos Ugalde la autonomía del IFE. Lástima que en su momento no hizo lo mismo para defender el proceso electoral del 2006.
PORQUE la airada defensa del consejero presidente se da justo ahora que PRI, PRD y PAN tienen prácticamente negociada su salida del instituto.
SI BIEN su remoción suena a venganza partidista -con todo y que forme parte de la reforma electoral- el hecho es que Ugalde y su equipo no son hoy por hoy factor de confianza y consenso.
POR ESO su reclamo a Felipe Calderón de que sea "honesto" y respete la independencia del IFE, hay quienes lo ven como un intento de última hora de salvar lo que no supo defender a tiempo.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 30 de agosto.
Los diputados decidieron prolongar la agonía de los consejeros electorales del IFE.
Aprobaron casi toda la reforma electoral, incluida la remoción escalonada de los consejeros, sin dar fechas ni nombres. Les dijeron que se van, aunque no hay fecha.
Hay prisa de diputados por completar la venganza, pero alguien cree que todavía hay una vela prendida por los consejeros.
Pepe Grillo, Crónica, 31 de agosto.
En esta reforma no podía faltar la inspiración de la máxima de la política mexicana de “aquí sólo mis chicharrones truenan”, pues nuestros políticos son expertos en no dejar madurar las instituciones, sino sujetarlas a constantes transformaciones e inventar nuevas a cada oportunidad, como ahora están haciendo con el joven y ciudadanizado Instituto Federal Electoral y sus instrumentos, como el padrón electoral (¿se pretende una nueva credencial de identificación general?). Con su habitual precisión, Raúl Trejo Delarbre analizó ayer en estas páginas la regresión en que incurre la propuesta de reforma con la renovación total del IFE, que compromete seriamente su autonomía, en lo que concuerdan muchos otros comentaristas.
Por cierto, no queda claro si se abandonó la propuesta centralista (¿por qué los políticos en esta capital piensan que aquí siempre se hacen mejor las cosas que en los estados?) de hacer del IFE un Instituto Nacional de Elecciones que podría organizar, se dice que previa firma de un convenio, elecciones en los estados o municipios.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.
Los partidos políticos consumaron la violación a ley al promover el despido de los consejeros electorales, reconoce Luis Carlos Ugalde, y pretenden apoderarse de la institución electoral cuando aprueben designar ellos al nuevo titular de la Contraloría General del IFE, el nuevo órgano encargado de realizar la fiscalización de los ingresos y egresos. Con esto matan la ciudadanización de las elecciones.
En el fondo, la discusión de sancionar a los consejeros es, en parte, por las multas que todavía anoche les impusieron y con ello regresará la impunidad para comportarse como les dé la gana, al final despedirán a los funcionarios y hasta cambiarán de nuevo al Instituto Nacional de las Elecciones, como pretenden denominarlo.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 31 de agosto.
No quiero eludir el bulto de la renovación de los consejeros del IFE. Ese no podía ser ni el tema central ni el único de la reforma y, objetivamente, no lo es: por fortuna hay una reforma ambiciosa y, en ese cambio mayor, se habla de renovar parte de los órganos encargados de operar las elecciones. Ahora bien, ¿es cierto que remover a los consejeros electorales del IFE es lo mismo que aceptar que hubo fraude? Por supuesto que no —y es de lamentar que la especie haya salido precisamente del IFE, pretendiendo ahora que la legitimidad de la elección dependa de la permanencia o no en su cargo de unos cuantos funcionarios—. La verdad jurídica de la elección quedó establecida hace ya un año, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se acreditó que los votos depositados en las urnas por los ciudadanos se contaron correctamente. ¿Acaso aporta la eventual remoción de los consejeros una prueba en sentido contrario? No, la más mínima. Lo que sí quiere decir es que el acuerdo político previo que dio lugar al actual consejo general del IFE es insuficiente o inadecuado —igual que las normas que ahora se reforman— y que merece ser sustituido por uno más sólido, no para juzgar la elección de 2006 —cosa cerrada— sino para pavimentar la de 2009. Uno puede disponer de cientos de elementos objetivos para comprobar la veracidad del resultado electoral del año pasado, para probar que no hubo fraude, y, a la vez, desear una autoridad electoral que goce de la confianza de los partidos políticos en su conjunto, sin exclusiones, para la próxima cita en las urnas
Ciro Murayama, Crónica, 31 de agosto.
Hasta donde la opinión general recuerda, el más grave de los problemas del IFE fue su negativa a proclamar un ganador en la misma noche de la elección presidencial de 2006. Esa situación —calificada por algunos como sospechosa—, fue agravada por la queja del candidato López, quien denunció el extravío de tres millones de votos, cuya contabilidad —previo pacto entre partidos— se llevaba en lista paralela.
Eran los votos con “inconsistencias”. Después vinieron las batallas por el algoritmo; el logaritmo; la lucha de las tendencias en insólito juego de acercarse y alejarse; la velocidad en el flujo informativo del PREP, las fallas de comunicación y todo cuanto ya es parte del archivo.
Pero nada de eso probó el fraude de manera incontestable. Y el Tribunal Electoral, tampoco, a pesar de haber retratado en su documento final, un proceso lleno de irregularidades, vicios y delitos mayores y menores comenzando por las intromisiones del Presidente, su partido y los empresarios.
En esas condiciones los consejeros del IFE estaban —y de acuerdo con el urgente requisito expulsor de la Reforma— siguen estando en entredicho. Pero con esta fórmula de masiva defenestración, por encima de los principios rectores del propio IFE, quien queda también bajo sospecha es la legalidad.
“El consejero presidente y los consejeros electorales del consejo general —dice el artículo 41— serán elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes”.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 31 de agosto.
¿Y por qué tanto rencor contra Ugalde y sus consejeritos? Pues porque se equivocaron en el proceso electoral de 2006; como árbitro de la contienda, el IFE no sólo no estuvo a la altura de la elección presidencial más competida de la historia de México, sino que fue un fracaso, insisten aquéllos. "Margen estrecho dejó un órgano electoral maltrecho", que es urgente cambiarlo, señala uno de los "ideólogos de la reforma electoral".
Ugalde y sus consejeritos "defienden el hueso" y contraatacan acusando a los autores de la multicitada reforma de "venganza política".
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de agosto.
En esas condiciones es lógica la respuesta. ¿Quién los puede quitar? Pues nada más quien los puede poner. ¿Así nomás?
Pues sí, así nomás, ya sea gradualmente o en bloque, con los recursos posteriores de su defensa jurídica mediante una solicitud de amparo, o como sea, pero en estas condiciones tiene toda la apariencia de una revancha política.
El procedimiento de remoción debería pasar, evidentemente, por la figura del enjuiciamiento político, esto es, la transparente exposición de los motivos. Si no se ha probado el fraude, tampoco se han demostrado a plenitud la negligencia ni la incompetencia.
En este sentido vale la pena analizar brevemente la disyuntiva planteada por Luis Carlos Ugalde, quien ha dicho sobre la cancelación de este consejo: debemos ver si la partidocracia sustituye a la democracia. El argumento cae por sí mismo: si no hubiera “partidocracia” no habría quién designara a los consejeros, él mismo incluido. Si no hubiera partidos no existiría el Cofipe y sin ellos prosperarían miles de candidaturas independientes sin ton ni son.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 31 de agosto.
Pero la urgencia de abatir este consejo parece un recurso mediático de alto impacto y no tanto una condición inherente a la reforma. En el afán reformista los promotores de esta “limpieza étnica” han tirado de la bañera el agua sucia pero con todo y niño.
El camino debería ser el enjuiciamiento político con todas las consecuencias. De otra manera todo quedará en los términos de la “vendetta”; no de la justicia y mucho menos de la democracia.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 31 de agosto.
Como en la crónica de una muerte anunciada, escrita en este caso por el Jefe de Jefes, Manlio Fabio Beltrones, y avalada por los más perversos de sus "primos hermanos" del PRD y de otros partidos de oposición, al Instituto Federal Electoral (IFE) "le llegó su hora".
Ayer, el Legislativo aprobó la Iniciativa de Reforma Electoral que contempla, entre otras cosas, la renovación, refundación, modernización, transformación... de ese Instituto y de sus reglas de operación, claro. También propone que los consejeros, empezando por su presidente, Luis Carlos Ugalde, se vayan a su casa, aunque no han decidido si "en bola" o uno por uno; "No queremos que envenenen la elección de 2009, ni mucho menos que vuelvan a poner en peligro la presidencial de 2012", confiesa uno de los principales promotores de la reformita.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de agosto.
Desesperado, el todavía presidente consejero del IFE hace "un llamado de honestidad intelectual, de honestidad política y de responsabilidad con el futuro del país, a todos los actores políticos dentro del Ejecutivo y el Legislativo que participan en el diseño y, finalmente, en la aprobación de una futura reforma electoral". Recomienda reflexionar si "una reforma fiscal, tan importante para el futuro del país, puede depender de otra reforma que, siendo importante, no tiene nada que ver con ella, como la reforma electoral". Bueno, es que el señor Ugalde debería entender que si no hay billete, pues no hay IFE o como vaya a llamarse el nuevo engendro, acotan los promotores de la "Reforma Hacendaria por los que menos tienen".
En cuanto a las dos honestidades (la política y la intelectual) a las que hace referencia el presidente consejero del Instituto, sus detractores afirman que durante el proceso electoral de 2006 demostró que no conoce esas virtudes; más aún, fue un irresponsable y hasta "corrupto mental", agregan. Unos días después de la elección presidencial, comentamos en este espacio que si el presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, fuera honesto, debería renunciar al cargo por el desastroso papel que hizo. Pero quiso "portarse como hombrecito", y ahora sus detractores están a punto de botarlo, cueste lo que cueste, advierten.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de agosto.
Ugalde inició la defensa pública de la institución alegando, no sin razón, que la salida de los consejeros pondría en duda la legitimidad de la elección presidencial de 2006, y pidiendo honestidad intelectual a todos los actores políticos en la decisión que estaban por tomar. Mal le fue con los partidos. El PRD se rió de él y el PRI lo descalificó. El PAN se calló y dejó abierta la discusión sobre la legalidad y legitimidad del 2 de julio del año pasado.
Felipe Calderón debe haber calculado que, una vez sentado en la silla presidencial, puede decir lo que quiera la oposición, si a cambio de sus gritos le aprueban su reforma fiscal. En el PRI, donde no había consenso sobre el destino de los consejeros, al final los entregaron por una reforma al régimen fiscal de Pemex, que le dará a la paraestatal 60 mil millones de pesos adicionales a sus ingresos
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 31 de agosto.
El lloriqueo de Luis Carlos Ugalde, que en algún momento se sintió el dueño de la verdad y la patraña electoral en México y lloriqueó más intenso aún que las lluvias del huracán que pasó por el país en los días recientes, no responde, como han expresado sus lamentos, a la defensa de la autonomía del Instituto Federal Electoral que él mismo empeñó en la pasada elección a favor de los azules, sino a tratar de salvaguardar el poder de quien allí lo impuso.
Luis Carlos Ugalde no es más que otro de los soldados, para decirlo mejor, es uno de los oficiales de alto cargo en el ejército de Elba Esther Gordillo, contra quien en realidad está dirigido el golpe, y se inscribe no en el hecho de corregir el camino torcido, ni mucho menos de conceder la razón a la gente, que ni la repetición electrónica de la falacia electoral le ha convencido de que la elección presidencial fue limpia, sino en la guerra entre dos poderosos factores del subterráneo político en México: Manlio Fabio Beltrones y Elba Esther Gordillo.
Miguel Ángel Velázquez, “Clase Política”, La Jornada, 31 de agosto.
Independientemente de las declaraciones del presidente del Instituto Federal Electoral y sus consejeritos, y de quienes patrocinan la Reforma Electoral, los observadores políticos objetivos e imparciales opinan que con la "muerte del IFE" se inaugura "el panteón de las instituciones" que rigen la vida política, económica y social de México. Después los legisladores van a querer renovar, transformar, reinventar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales electorales estatales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿O sea que al Diablo con las instituciones, como sugirió el señor López?
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de agosto.
"A Luis Carlos Ugalde le van a dar cuello, y eso que coopeló..."
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 31 de agosto.
Justo cuando el carnaval de la presidencia "legítima" patito de López Obrador había llegado a su fin con el reconocimiento del PRD a la presidencia constitucional de Felipe Calderón, el PRI, el PRD y el PAN decidieron la salida del consejero presidente del IFE para dejar el mensaje de que Calderón efectivamente llegó al poder por la vía del fraude electoral y es ilegítimo.
Lo malo de la reforma electoral radica en el hecho de que iba a ser el pivote de la reforma del Estado y ésta asumida como el jalón decisivo del país a la transición a la democracia. Pero en lugar de fortalecer instituciones democráticas, la reforma del Estado se quedó en la restauración del Estado priista.
Lo que pase en el IFE va a definir los alcances, limitaciones y nuevas frustraciones de la reforma del Estado. Y ahí resulta curioso que sea el PRI el que opere la caída de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del IFE, si Ugalde fue candidato de Roberto Madrazo como presidente nacional del PRI, operado por Elba Esther Gordillo como jefa de la bancada tricolor. En 2003, el candidato de Gordillo era Fernando Zertuche.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 31 de agosto.
La reforma electoral, por tanto, nacerá cargada de compromisos partidistas y dejará malos mensajes:
1) Terminará el ciclo del IFE como entidad autónoma. Para ocultar sus deficiencias, los partidos deciden expulsar al árbitro del juego, cuando hay más involucrados: clubes, federaciones, televisoras, patrocinadores.
2) La nueva estructura electoral nacerá con la espada de Damocles de los partidos. El próximo presidente del IFE podrá ser también crucificado por cualquier partido si no le satisfacen los resultados. Por tanto, consejero presidente y consejeros electorales buscarán no una elección limpia, sino una elección a satisfacción de los partidos.
3) De ahí que la reforma haya quedado en una verdadera contrarreforma: los partidos regresan al control del IFE, cuando el gran avance electoral de 1996 fue haberle quitado a los partidos el voto dentro del organismo electoral. La gran reforma hubiera sido la creación de un poder electoral autónomo y con los partidos fuera del organismo.
4) La reforma electoral nacerá lastimada de fondo porque no fue producto de la búsqueda de una estructura funcional a la democracia, sino que salió de las exigencias del PRD y su bandera de fraude electoral. El PRI decidió subordinarse a las pasiones de López Obrador.
5) La condición de inamovilidad de los consejeros del IFE era un candado justamente contra las presiones de los partidos. La solicitud de renuncia a los consejeros es una ruptura del orden constitucional que nada tiene que ver con una reforma democrática del Estado. Los partidos políticos se pusieron por encima de la autonomía electoral.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 31 de agosto.
Si los partidos consideran que hubo irregularidades electorales en 2006 y por tanto hay que castigar al consejero presidente del IFE, entonces hay tiempo y espacio político para revisar el proceso electoral y decretar desde el Congreso la anulación de las elecciones, designar a un presidente interino de la República y convocar a nuevas elecciones en el corto plazo. Sería absurdo cesar a Ugalde por irregularidades electorales y mantener vigente el proceso electoral irregular que provocó la remoción del consejero presidente del IFE.
Si la reforma del Estado va a estrenarse con la reforma electoral, entonces podría nacer ajena a la realidad y sin posibilidades de diseñar el camino de la transición a la democracia. Más que una reforma del Estado priista, entonces se trataría de la restauración del viejo Estado priista, en la que el partido dominante subordinaría a su poder a la organización electoral. El fin de la autonomía electoral sería el fin de la democracia electoral.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 31 de agosto.
Si Ugalde cometió las irregularidades que dicen, entonces el camino legal sería el del juicio político. Pero el PRI, como promotor de la reforma electoral dentro de la reforma del Estado, quiere encontrar el camino difícil para castigar a la autoridad electoral por unas elecciones fraudulentas sin dictaminar que obviamente las elecciones no reflejaron un resultado democrático y por tanto debieran anularse y reponerse.
Las bancadas priistas estarían en el mismo absurdo del IFE y del TEPJF cuando acusaron a Fox de poner en riesgo el proceso electoral y encontraron irregularidades en las elecciones, pero sin enjuiciar el resultado electoral. La renuncia de Ugalde debería, por tanto, llevar al paso obvio: la anulación a posteriori de las elecciones de julio de 2006 y la convocatoria a nuevas elecciones.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 31 de agosto.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral, el IFE, aquellos que ya tienen las semanas contadas en el órgano, impusieron multas millonarias a los partidos políticos por los gastos ordinarios de 2006. En un caso, fueron bastante equitativos: redujeron significativamente la sanción a Convergencia, que preside Luis Maldonado, de 11 millones de pesos, en 2005, a 1.6 millones de pesos, el año pasado. Eso contrasta con los manejos administrativos de su antecesor
“Bajo reserva”, El Universal, 31 de agosto.
Será un hecho. Por muy diferentes razones (revancha, pragmatismo, negociación) los tres principales partidos políticos concuerdan: los actuales consejeros del IFE se van. Paradójica (o parajódica) situación en que el IFE, finalmente, logra un consenso de todos los partidos… pero en su contra. ¿Qué pecado cometió sobre todo el presidente consejero Luis Carlos Ugalde? “Simples” errores de comunicación, si quiere, en un momento en que la forma era tan importante como el fondo. Como esa frase: “la ley de oro de la democracia…”.
Su demostración de debilidad (juzgada a tiempo pasado que a todos nos hace sabios) de que hubiera podido hacer, por lo menos, un más fuerte llamado a Vicente Fox a que no se metiera en la elección. Y que, luego, fue reafirmado por el dictamen del TEPJF que aceptó que el Presidente se pasó.
Ahora, la realidad indiscutible es que es un árbitro descalificado, con buenas o malas razones, pero que no tiene confianza de todos los partidos. Y que, como dice socarronamente Javier González Garza, del PRD; no podría arbitrar “ni un partido de Pumitas”.
Lástima, pero es cierto. Ugalde hizo todo “by the book”, como se dice, pero le faltó sensibilidad política y en particular comunicación. Nunca se preparó lo suficiente —como nadie, creo— para una elección tan cerrada. Le faltó autocrítica y una estrategia para resarcir malentendidos y tender puentes.
¿Hizo algo realmente malo Luis Carlos Ugalde? No. Pero aún así la realidad es que está descalificado como árbitro y el PAN no duda en cortarle la cabeza porque eso le conviene para negociar por un bien mayor, dirán algunos, que son las reformas que al fin parecen tener consenso. Porque así es la política en México, quizá en el mundo. Es triste pero cierto. ¿Quién piensa ahorita en la siguiente generación, en la historia, en los próximos 25 años?
O dicho de otro modo: al PRD-Salomé le darán la cabeza de Luis Carlos Ugalde por la promesa de que bailará al ritmo de las reformas.
Ayer por la tarde se habría presentado el plan (primero es la ley, luego la acción; es decir, correrlos) y se hizo ante la mirada sonriente del PRI, y especialmente de Manlio Fabio Beltrones el día de su cumpleaños número 55.
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 31 de agosto.
El IFE es una institución autónoma, cuyos miembros fueron elegidos por dos tercios de los miembros del Congreso en la pasada Legislatura y hasta 2010. Ahora se argumenta que no hubo unanimidad en la votación, pues tampoco la ha habido en la designación de la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial o de los integrantes del Banco de México. ¿Implica ello que, cuando a un grupo de legisladores no les guste una decisión de la Corte, del Tribunal Electoral o de política monetaria, destruirán esas instituciones para remover a sus integrantes?
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 31 de agosto.
Sin duda, el IFE cometió algunos errores puntuales; también es verdad que existen personajes en la vida política nacional que podrían tener mayor experiencia que algunos de los actuales consejeros. Pero resulta que éstos son los que eligió el Congreso, es la institución que nos dimos, a un altísimo costo social y político, los mexicanos y resulta, además, que su accionar en los pasados comicios se ciñó estrictamente a la ley, que en la organización y el conteo electorales participaron más de un millón de ciudadanos y otro millón de representantes de los partidos y que ninguno de ellos, incluida la coalición Para el Bien de Todos, presentó prueba alguna de que hubiera vicios de origen o en los comicios. ¿Cuál es entonces la legitimidad que debe recuperar el IFE?
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 31 de agosto.
Desaparecer al IFE y remover a sus consejeros es legalmente cuestionable y terminará en la Suprema Corte (¿puede el Congreso votar una reforma constitucional que vaya en contra de los principios de la Carta Magna?), pero ello no puede hacerse sin una reforma constitucional y si el PAN y Nueva Alianza, por lo menos, se oponen a esa decisión, no podrá darse ese paso que implicaría, insistimos, que el presidente Calderón asumiera que su elección no fue legítima y hubo fallas fundamentales en el proceso comicial. La actual administración no se recuperaría jamás de ese golpe
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 31 de agosto.
Se argumentará que, si no se concede la cabeza de los consejeros del IFE, entonces el Congreso o el PRD y el PRI no dejarán gobernar a Felipe Calderón. Es lo mismo que se dijo para no actuar en Atenco. En realidad, de lo que se trata es de hacer política y asumir responsabilidades. ¿Que no habrá reforma fiscal?, será responsabilidad de esos legisladores, quienes además la han convertido en una microrreforma donde, paradójicamente, los que saldrán más damnificados serán los gobernadores del PRI y los del PRD. ¿Que no habrá reforma electoral? Es responsabilidad de los partidos: es algo que debe resolver el Congreso, no el Ejecutivo. ¿Que no habrá reforma en el régimen fiscal de Pemex? Sería una lástima, pero esa, recordemos, es una propuesta del PRI, no del PAN ni del gobierno. ¿Que el gobierno no podrá gobernar? No es verdad: el gobierno federal debe cumplir con su labor: combatir la pobreza, garantizar la seguridad, mejorar la economía, promover los empleos. Hacer que el gobierno funcione eficientemente, que el gabinete cumpla con sus responsabilidades. Allí está la verdadera batalla política, de eso dependerá el futuro de la administración de Calderón. En algunas cosas llegará a acuerdo con sus oposiciones, en otras, no, pero no puede ignorar la legalidad ni paralizar las políticas públicas en busca de consensos falsos.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 31 de agosto.
A los consejeros electorales no les pudieron administrar ayer los santos óleos. El artículo transitorio que los desahuciaba desapareció de la iniciativa de reforma electoral que será presentada este viernes en la Comisión Permanente. Ugalde y compañía le deben el alargamiento de su agonía a la intransigencia del PRD.
Los amarillos volvieron al todo o nada. Exigían la salida incondicional de los nueve integrantes del Consejo General del IFE. “No podemos aceptar la postura de que todos salgan”, nos dijo un legislador del PAN. La misma fuente nos aclaró que la desaparición del transitorio no es un salvoconducto para los consejeros. “Quedan dos o tres días para negociar en comisiones”, recalcó.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 31 de agosto.
Aun cuando la miopía de los partidos políticos impide ver las consecuencias de sus actos, la realidad es que las medidas que están tomando en contra de organismos ciudadanos, en este caso el Instituto Federal Electoral, tienen graves implicaciones de carácter económico.
El crecimiento y el desarrollo de un país no dependen exclusivamente de las medidas económicas correctas, sino también de la existencia de un clima democrático y de respeto a las instituciones ciudadanas.
Sin embargo, las medidas que se tomen en contra de la autonomía de órganos ciudadanos como el IFE u organismos autónomos como las comisiones federales de Competencia o de Telecomunicaciones afectan el desarrollo sano del país.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 31 de agosto.
Nadie que más o menos tuviera idea de la geografía política del país podría negar que desde siempre –desde que los consejeros del instituto fueron electos por los partidos políticos–, se tuvo como sabido que Ugalde era parte de los alfiles del tablero de la Gordillo, que ya había decidido favorecer a un candidato contrario a sus enemigos en el PRI, y a quien había despreciado su fuerza en la propuesta de una alianza que sólo a ella convenía.
Así que el cuento de la defensa heroica de la autonomía del IFE no es, de parte de Ugalde, más que otro de los tristes argumentos que trata de enderezar para defender los intereses, que hoy parecen entrar en ocaso, de la mal llamada maestra.
Miguel Ángel Velázquez, “Clase Política”, La Jornada, 31 de agosto.
Ofende al sentido común que legisladores elegidos en el 2006 quieran remover a los árbitros de la contienda del 2006. Si la cosa estuvo mal entonces, sus puestos de ahora también han de estar mal.
Decir que necesitamos otros consejeros del IFE porque los actuales lo hicieron mal en el 2006 y perdieron la confianza de los partidos, equivale a decir que necesitamos también otros legisladores pues los actuales nacieron de una elección que estuvo mal y militan en partidos a los que les tiene confianza sólo una minoría: la que ha votado por ellos.
Si a partir de los resultados de la elección del 2006 queremos otro IFE (otros consejeros, otra institución, etcétera) deberíamos querer también otra elección del 2006, otro Congreso, otro Presidente. Otro de todo.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 31 de agosto.
La cirugía propuesta es demasiado severa como para no hacerse la pregunta retrospectiva: ¿si todos los consejeros del IFE lo hicieron mal, al punto de que merecen ser removidos, por qué los ganadores de aquellas elecciones, organizadas y administradas por esos consejeros, deben conservar sus puestos?
¿No sirvió el árbitro? ¿Hay que cambiarlo y desconocerlo? Entonces habría que desconocer también el resultado y empezar de nuevo.
¿Por qué quienes no confían ahora en aquel árbitro han de ser acreedores a nuestra confianza si ganaron los puestos que tienen en aquella partida?
¿Qué legitimidad tienen los legisladores y el Ejecutivo para echar a los árbitros? La que les da la elección cuyos árbitros impugnan.
Nada me preocupa tanto del episodio en que estamos como este mensaje bárbaro al sentido común: los elegidos impugnan a los administradores de su elección. Recortan el piso en que están parados.
Los ganadores de aquellas elecciones dicen: con la legitimidad que me diste descalifico la legitimidad de tu actuación en aquella elección donde gané lo que tengo.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 31 de agosto.
Y aunque no se le puede reprochar a Luis Carlos que haya defendido su hueso como un perro kitsch (el sueldototote bien valían treparse en el pedestal de los próceres y declamar con voz engolada y mirada soñadora “La dignidad de un hombre no se mide por el tamaño de su chamba”), ciertamente sus argumentos no fueron nada contundentes y sí suficientemente objetables. Sobre todo cuando afirma que “Echarnos es reconocer que hubo fraude”. Por supuesto que no, es reconocer que Ugalde simplemente ya no hace juego con el mobiliario del calderonismo (por cierto, hay que agradecerle a Jelipillo que a pesar de sus afanes protagónicos tuviera la decencia de no usurparle el Auditorio Nacional a Dolores O’Riordan. Para lo que tiene que informar, bien podía hacerlo en Garibaldi). Es decirle a Ugalde que como cualquier empleado es de úsese y tírese, sin importar cuán Smithers haya sido con sus señores Burns, utilizando la simbología de Los Simpson.
Jairo Calixto Albarrán, “Política Cero”, Milenio, 31 de agosto.
A nadie debe sorprender el fiero aferramiento del doctor Luis Carlos Ugalde a su puesto de Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral al grado de exigir “honestidad intelectual” a todos los participantes en la reforma electoral, incluyendo al Presidente de México. No estamos hablando de un hueso de jugo escaso; provisto de presupuesto generoso y ajeno mayormente de controles externos en aras de una independencia que todos deseamos para esa instancia, el IFE es un dogal cómodo del que los consejeros, especialmente su presidente, no quieren abandonar dócilmente.
El argumento del inquieto funcionario es que no debe mezclarse la gimnasia con la magnesia; en otras palabras, ¿por qué vincular la rebatinga sobre el Informe de Felipe Calderón o la reforma hacendaria con la reforma electoral y el despido de sus contlapaches? Primeramente porque la política es precisamente eso, el quid pro quo de ese oficio que Ugalde debe conocer a fondo; si no lo conoce, ¿qué está haciendo donde está?
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 31 de agosto.
Pero la defensa a ultranza de su inamovilidad so pretexto de la constitucionalidad de su mandato se viene abajo cual vil castillo de naipes. Luis Carlos Ugalde y sus consejeros, cómplices de Vicente Fox dieron muestra el pasado 2 de julio del 2006 y los días subsecuentes, por lo menos de ineficiencia, torpeza, y cobardía, echando por tierra el prestigio endeble que había construido su inicial presidente, José Woldenberg
Hoy, el consejero presidente del IFE afirma que removerlo a él y a sus secuaces sería reconocer implícitamente que las elecciones del 2006 fueron fraudulentas. El recurso es digno de Andrés Manuel López Obrador, porque es falso. La reforma electoral, precisamente por el cochinero que rodeó la elección de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, hace inevitable la defenestración de los actuales consejeros. En aras de cierto aseo, así sea utópico.
El otro sustento de la argucia de Ugalde es que ese lavado y planchado del traje electoral haría del IFE botín de los partidos políticos.
¿Acaso no ha sido siempre así?
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 31 de agosto.
La propuesta de nombrar un nuevo Consejo General del IFE fue presentada desde el 9 de noviembre de 2006 en el Senado, dentro de una iniciativa mucho más amplia para resolver los problemas de la propaganda política en medios electrónicos, el financiamiento de los partidos, las precampañas y otros. Desde entonces, se llevan a cabo negociaciones entre todos los partidos.
Qué triste es mirar al actual consejero presidente del IFE tratar de acorralar al PAN con el argumento de que su propia salida del instituto significaría avalar que hubo fraude. Ugalde le quiere dar un alfilerazo a los legisladores de Acción Nacional justamente donde se supone que más les duele. Pero, en realidad, el funcionario electoral lo único que busca es quedarse en el cargo.
Pablo Gómez, Milenio, 31 de agosto.
Es más, la Constitución dice que el procedimiento de elección de los consejeros debe hacerse de conformidad con una ley que expida el Congreso, la cual no existe hasta hoy. Sí, las cámaras han violado su propia legalidad al omitir la aprobación de normas en esta materia.
Cuando las cosas se hacen mal, más pronto que tarde arrojan resultados también malos. Así ha sido. Pero, en lugar de entender esto que es muy sencillo, los consejeros actuales defienden el puesto sin que les importe el país, las contiendas electorales, las disputas por el poder que son cada vez más fuertes.
No se trata de la remoción de los actuales consejeros sino de la caducidad del Consejo General del IFE por efecto de una reforma constitucional del instituto. Si esto se logra, como es del todo aconsejable, se pondrían nuevas bases de la competencia electoral, pues se trata también de reformar muchos otros aspectos conforme a la experiencia del año 2006.
Pablo Gómez, Milenio, 31 de agosto.
La posibilidad de que se plantee la renovación total o parcial del Consejo General del IFE como parte de la inminente reforma electoral sacó de sus quicios al consejero presidente, Luis Carlos Ugalde. Emprendió una intensa campaña mediática en que hizo equivaler su presencia en la presidencia del órgano electoral a la autonomía del propio instituto. E incurrió en el chantaje, en dos vías: predijo que sustituirlo a él y/o a sus compañeros significaría reconocer que hubo fraude electoral el año pasado, para esconder que el consejo carece de la confianza partidaria no sólo por factores como ése; y aun demandó el auxilio del presidente Felipe Calderón, en obvio canje de favores, para impedir su remoción.
Ajeno a la materia electoral -ése era uno de los flancos débiles de su designación-, Ugalde ignora que dos reformas electorales anteriores implicaron el desplazamiento de miembros del Consejo General del IFE. En su provecho, y el de quienes suponen revanchismo en los partidos, conviene recordar esos dos antecedentes.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 31 de agosto.
Cuando se creó el Instituto Federal Electoral, en 1990, para atenuar la presencia formal del gobierno y de los partidos, se introdujo en el seno del nuevo órgano una presencia presumiblemente ajena a uno y a otros, los consejeros magistrados. Propuestos por el presidente de la República y elegidos por la Cámara de Diputados el 28 de septiembre de aquel año, debían permanecer en su cargo siete años. Pero antes de cumplir cuatro fueron reemplazados por la reforma al artículo 41 publicada el 19 de abril de 1994, porque fue creada la nueva figura de consejeros ciudadanos. De esa manera, por ministerio de ley, sin causa atribuible a ninguno de ellos, cesó anticipadamente la función de la consejera Olga Hernández Espíndola y los consejeros Manuel Barquín, Luis Espinosa Gorozpe, Luis Tirado Ledesma, Germán Pérez Fernández del Castillo y Luis Carballo Balvanera (que había reemplazado a Sonia Alcántara). Ninguno de dichos integrantes del Consejo General, conocedores del derecho, objetó su remoción.
Fueron sustituidos, en mayo de 1994, por los consejeros ciudadanos Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz. Elegidos para sólo ocuparse del proceso electoral, cuya jornada de emisión y recepción del voto tuvo lugar no el primer domingo de julio sino excepcionalmente el tercer domingo de agosto, la Cámara de Diputados les extendió un nuevo nombramiento en diciembre siguiente, duradero por siete años. Una segunda reforma electoral, sin embargo, tronchó ese periodo antes de que se cumpliera el segundo año de su vigencia.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 31 de agosto.
Los consejeros ciudadanos dejaron de serlo mediante la prohibición a ser reelegidos, establecida en el artículo tercero transitorio de la reforma publicada el 22 de agosto de 1996. Ni por asomo hubiera ocurrido a los consejeros, cuya función concluía de esa manera, objetarla jurídicamente, y menos aún atribuirla a una venganza de los partidos. Por lo contrario, en la sesión de Consejo General del 10 de octubre de ese año representantes de los partidos con mayor número de votos y presencia parlamentaria aplaudieron su desempeño en términos inequívocos.
Enrique Ibarra, representante del PRI, dijo: "Sin ambages, quiero externar mi más pleno reconocimiento, de parte del Partido Revolucionario Institucional, a la función, al desempeño, y reconocer lo positivo del rol de los seis señores consejeros ciudadanos". El entonces senador panista Juan de Dios Castro Lozano los consideró "personas que por su preparación, pero sobre todo por su acendrado patriotismo, por encima de todo vieron por el bien del país". Y el entonces diputado Leonel Godoy, del PRD, vio en ellos a "seis destacados mexicanos, seis patriotas que cumplieron cabalmente su función".
No obstante esos juicios, se determinó que los consejeros no integraran el nuevo consejo electoral. Ellos mismos, antes de ser objeto de esa suerte de "despido constitucional", que por supuesto ninguno impugnó jurídicamente, habían razonado y expresado en público su convicción de que una nueva legislación requería un nuevo órgano electoral, por lo que manifestaron su decisión de dejar sus cargos en cuanto quedara aprobada la reforma.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 31 de agosto.
Ugalde se equivoca, pues, al suponer que se trata de un asunto personal. Sin embargo, habría motivos para su remoción aun si los partidos se colocaran en esa posición, de examinar el origen de su nombramiento y su desempeño. La circunstancia interna del PRI mudó al punto de que la promotora de la designación de Ugalde es manifiesta adversaria del partido en cuyo nombre impulsó la integración del Consejo General. Si la selección de los consejeros correspondió a intereses que ahora son ajenos y opuestos a los del PRI, malamente se puede pedir a ese partido que sostenga al consejo formado en octubre de 2003, especialmente en la coyuntura de una reforma electoral.
El desempeño del consejo el año pasado quedó por debajo de las exigencias de la delicada situación en cuyo centro se hallaba. La insolencia deliberada de Ugalde de anticiparse dos meses a la declaratoria de Presidente electo, al proclamar ganador a Calderón, en una sesión en que ni siquiera tenía uso de la palabra, enfermó irremediablemente esa porción del proceso. Pero no es por ello que debe renunciar, si su escasa sensibilidad se lo dictara, o ser removido, sino porque nuevas leyes requieren nuevos aplicadores.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 31 de agosto.
En 1996, cuando se realizó la reforma que sentó las bases del actual sistema electoral, la salida de los entonces consejeros ciudadanos constituyó un punto importante en la discusión. Personalidades de la talla de José Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa y otros, habían realizado un excelente papel y, sin embargo, con el desacuerdo en aquel entonces del PRD, dejaron sus asientos para dar paso a la creación de un nuevo órgano electoral, autónomo y ciudadano, que estaría encabezado ni más ni menos que por José Woldenberg. El sacrificio valió la pena, porque dicha reforma formaba parte un paquete importantísimo de cambios en el sistema político mexicano, además de que constituía un paso fundamental para garantizar la imparcialidad, equidad y transparencia en los procesos electorales. Y esto fue así, porque la reforma que se aprobó en aquel año, antesala del triunfo de la oposición en la capital y de la pérdida de la hegemonía priista en el Congreso, de ninguna manera se centró en la discusión sobre la remoción de los consejeros, sino en la necesidad de transformaciones radicales que le dieron una nueva fisonomía al andamiaje electoral. El nombramiento de nuevos consejeros fue consecuencia pues de un profundo cambio de piel, nunca el objetivo pues los alcances de la reforma estaban encuadrados en una visión de Estado que lejos estaba de vendettas o intereses particulares. Justo es reconocer que, en aquel entonces, los partidos más importantes estaban interesados en concretar acuerdos que, entre otros aspectos, permitieron la autonomía plena del IFE, el nombramiento de los consejeros por los diputados, la incorporación de la justicia electoral al Poder Judicial federal, la protección de los derechos políticos de los mexicanos, la limitación de la sobrerrepresentación en el Congreso, el voto de los mexicanos en el extranjero, el control constitucional de los actos de las autoridades electorales y, desde luego, la elección directa del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Una gran reforma que permitió instaurar reglas que modificaron de raíz el espectro político y que llevaron a la alternancia y una mayor pluralidad política en México.
Rosario Robles, Milenio, 1º de septiembre.
En afán de defender su puesto aun con chantajes, Ugalde se ha enredado con su propia lengua. La remoción sería aceptar que hubo fraude electoral en 2006, dijo amenazante, y luego le pidió honestidad intelectual al presidente Calderón. También dijo que la poda de consejeros equivaldría a entregarle el Instituto electoral a los partidos.
¿Cree de veras don Luis Carlos que los partidos nada tuvieron que ver en la designación de cada uno de aquellos funcionarios, él incluido, en los puestos que ocupan? ¿No ha sido por desgracia la integración del IFE un grotesco intercambio de personajes en función de los intereses de los partidos? ¿Podría él afirmar con honestidad intelectual que ha sido de otro modo?
Los partidos, se dijo también aquí en febrero, defienden hasta con las uñas sus prerrogativas económicas, pero ese es otro cantar.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 1º de septiembre.
Los consejeros se irán por sus propios errores. A menos que se haya olvidado su patético desempeño en medio de la crisis electoral del año pasado.
Que se hayan olvidado —por ejemplo— los tirones de orejas que recibieron no de sus adversarios, sino del Tribunal Federal Electoral por haber consentido la ilegal intromisión de Vicente Fox en el proceso electoral. O su decisión de contar sólo cinco por ciento de las 57 mil actas —49 por ciento del total de recabadas por el PREP— con inconsistencias.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 1º de septiembre.
Todos los partidos representados en el Congreso coinciden en que los actuales consejeros del IFE deben dejar sus cargos porque se les perdió la confianza para que organicen las elecciones federales del 2009.
Pero de último momento, el PAN retiró su apoyo al artículo transitorio de la reforma constitucional que hablaría de la terminación del encargo de los actuales consejeros electorales del IFE.
El mensaje y el destinatario son muy claros. El respaldo definitivo del PAN a la remoción de los consejeros del IFE dependerá del comportamiento que asuman los legisladores del PRD el día del informe. Si el PAN decide no apoyar la reforma constitucional, los consejeros habrán salvado el pellejo, porque se requiere de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso para aprobarla. Y el PRI y el PRD no las tienen.
Por eso el PRD, o al menos el ala moderada y negociadora que comandan los Chuchos, harán hasta lo imposible porque ningún perredista se porte mal el primero de septiembre en San Lázaro.
Los consejeros del IFE cometieron muchos errores durante el proceso electoral del 2006 que llevó a la Presidencia de la República a Felipe Calderón.
Nunca lograron frenar las campañas negras que hubo entre los dos principales candidatos presidenciales, solaparon la intromisión del Ejecutivo y de los empresarios en los comicios, y generaron incertidumbre al dejar pasar varios días sin hablar con claridad de los resultados de la elección.
Pero ninguno de estos errores tiene el peso suficiente desde el punto de vista jurídico como para que sean removidos. Su destitución será un acto político con tufo de revancha, como político fue también su nombramiento.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 1º de septiembre.
Si, como todo parece indicar, está a punto de concretarse la caída de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) por acuerdo de los mismos partidos políticos que los designaron o avalaron, estaremos también a punto de dar un golpe frontal a la institucionalidad del país y de mandar al diablo a la institución más lograda de la todavía frágil democracia mexicana.
Efectivamente, el día de ayer la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso, encabezada por el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, habría aprovechado el último día de trabajos de la Comisión Permanente del propio Congreso para presentar su iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral.
Verónica Ortiz Ortega, Crónica, 1º de septiembre.
Nuevamente, el PAN se encuentra arrinconado ante la tramposa disyuntiva entre la defensa de la legalidad o la viabilidad de las reformas propuestas por el gobierno federal. Pero habría que tener mucho cuidado. Si hoy se cede en la remoción de los consejeros del IFE, el día de mañana la moneda de cambio serán los magistrados del Tribunal Electoral, o algún funcionario incómodo a los intereses partidistas. Que nadie se engañe, el descabezamiento del IFE sería el primer eslabón de un ataque deliberado a las instituciones democráticas que han permitido la alternancia pacífica del poder y que representan, en última instancia, el piso legal donde está parado Felipe Calderón.
Verónica Ortiz Ortega, Crónica, 1º de septiembre.
La plana mayor del IFE, encabezada por su consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, confirmó su asistencia a la ceremonia del informe presidencial en San Lázaro. Entre las bancadas legislativas cruzaban apuestas en el sentido de que de última hora decida no asistir para evitar que fuera objeto de burla o, de plano, de recriminaciones directas por sus más recientes declaraciones en el sentido de que los partidos políticos quieren apoderarse de los órganos electorales, primero, y después del Trife o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
“Bajo reserva”, El Universal, 1º de septiembre.
Por cierto, hasta los perredistas se han dado cuenta del radical cambio de actitud del presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, ante el anuncio de su relevo adelantado. “Con la mitad de los güevitos que muestra ahora, hubiese podido parar a Vicente Fox y al Consejo Coordinador Empresarial durante el proceso electoral”, ilustró el diputado Juan Guerra.
Tampoco en el PRI ha pasado desapercibida la actitud de Ugalde. A unos les gusta. A otros, no. En el grupo de los primeros podemos apuntar al ex presidente del Senado, Enrique Jackson. “La forma en que ha reaccionado es valiente, lúcida, ejemplar. Son muy pocos los funcionarios de ese nivel que lo hacen”, nos dijo el político sinaloense.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 1º de septiembre.
Carlos Rojas, por el contrario, no entiende el “jamás renunciaré” pronunciado por el consejero presidente, ni su declaración de que el relevo de los consejeros electorales sería tanto como aceptar que hubo fraude electoral. “¿Qué le pasa? No tiene calidad moral”, nos dijo el ex titular de la Sedesol.
Una pregunta a los hacedores de la reforma electoral antes de abandonar el punto de la remoción de los consejeros electorales que fueron electos por siete años y terminan su gestión en 2010: ¿Cómo le van a hacer con el principio de no retroactividad de las leyes?
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 1º de septiembre.
Por eso resulta preocupante que en el actual momento, justo cuando es necesario avanzar en una nueva generación de cambios electorales que permitan garantizar, a raíz de la experiencia, una mayor equidad, el debate se centre más en las intenciones de venganza que en las grandes transformaciones que necesita el sistema electoral mexicano. Porque si bien es cierto que el IFE requiere credibilidad y confianza, el hecho es que la posibilidad de que en México las elecciones sean cada vez más limpias y equitativas radica fundamentalmente en otro aspecto: la ruptura del binomio poder-dinero que es lo que ha pervertido las reglas de la competencia en los últimos años. De nada servirá la sustitución de nombres, si esta reforma no tiene como eje la eliminación de los esquemas de compra de publicidad que ha obligado a la simulación y al manejo de cuantiosos recursos privados y públicos en las campañas. Por eso el nudo tiene que ver con romper ese círculo vicioso. Esto es lo que es necesario cambiar. También se requiere legislar para que las campañas sean más cortas, más baratas, más propositivas, y sujetas a una efectiva fiscalización. Se necesita regular las precampañas, no sólo las reconocidas, sino las que llevan cabo gobernadores y el jefe de gobierno con recursos de los mexicanos. Pero sobre todo es indispensable romper con el monopolio del poder y la política incorporando las candidaturas ciudadanas e independientes que le den viabilidad al derecho a ser votado sin tener que pertenecer a un partido político, lo que parece muy poco probable porque en este proceso parece imperar exclusivamente la lógica de quienes detentan el poder. Por eso, a diferencia del 96, lo que ahora quieren es un árbitro débil, rehén no del gobierno (hace tiempo que eso se dejó atrás), sino de la partidocracia y su particular interés. Así de simple.
Rosario Robles, Milenio, 1º de septiembre.
No se puede hablar todavía de su renuncia, porque aun frente a su inexorable salida insiste en aferrarse al puesto que no supo honrar. En esa circunstancia, debería entonces quizá formar un sindicato con Héctor Osuna de la Cofetel, que como él, a pesar de su brutal descalificación por uno de los poderes de la Unión, está seguro que podrá parapetarse en su escritorio.
Vale expresarse con tal dureza porque si desde el ingreso de ese Consejo al instituto electoral se pidió su renuncia (La renuncia del Consejo, Sobreaviso del 8 de noviembre del 2003), hoy se le puede despedir sin el menor remordimiento. Los términos de la designación de ese Consejo marcaron su destino, pero tanto Luis Carlos Ugalde como el resto de los consejeros se hicieron de la vista gorda. La honestidad intelectual y política que hoy reclama Ugalde es la misma que ese Consejo echó al cesto de la basura cuatro años atrás, cuando a pesar de su manifiesta falta de legitimidad permaneció en el puesto.
Aquel Sobreaviso advertía que el procedimiento de designación del Consejo -sin el aval perredista y producto de una cerrada negociación entre Elba Esther Gordillo y Germán Martínez- podía significar un retroceso en la consolidación del instituto y dejaba en situación en extremo vulnerable a los consejeros.
Luis Carlos Ugalde no puede llamarse a engaño, ahora.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
Aquella solicitud de la renuncia del Consejo se reiteró en el Sobreaviso del 28 de octubre del 2006.
Al término del proceso electoral del año pasado, el Consejo del IFE tuvo otra oportunidad para presentar su renuncia. Por buenas o malas razones, el Consejo del IFE perdió la confianza ciudadana y la de los partidos políticos y, entonces, simple y sencillamente su permanencia era insostenible. El Consejo dejó escapar otra oportunidad para dejar el puesto con cierta dignidad.
Hoy, Luis Carlos Ugalde no puede venir con el cuento de que su salida tiene por único referente el proceso electoral del año pasado. No, hay que referirla a su entrada y a su desempeño, precisamente, en ese proceso.
El actual Consejo del IFE no supo aprovechar el beneficio de la duda que le extendieron algunos analistas a pesar de los términos de su nombramiento. Lo desperdiciaron, como luego dejaron pasar la oportunidad de salir sin jaloneos.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
Los argumentos de Luis Carlos Ugalde para quedarse en su despacho son, precisamente, las mejores razones para asegurarse que por ningún motivo permanezca en él.
Cada uno de esos argumentos revela que nunca entendió cuál era su función. Dice que detrás del relevo del Consejo se pone en duda la autonomía y la independencia, pero entonces es ineludible preguntar: ¿qué no ese Consejo puso en duda la autonomía y la independencia con las decisiones que tomó y dejó de tomar durante y después de la elección presidencial? No fueron pequeños errores los que cometió ese Consejo.
No supo armar el voto de los mexicanos en el extranjero. No supo contener la manifiesta intervención del presidente Vicente Fox en el proceso. No supo contener la injerencia de factores reales de poder en el proceso. No supo reconocer el límite de su participación en el debate entre los candidatos. No supo dar el resultado electoral. No supo que no deberían declarar ganador de la contienda.
No, no fueron pequeños errores. En muy buena medida su desempeño acrecentó la incertidumbre sobre el resultado electoral. En ese punto, Ugalde y el resto de los consejeros al parecer nunca entendieron que su tarea era precisamente generar certidumbre, no incertidumbre. Nunca entendieron que su tarea era decidir, no dudar.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
El consejero presidente dice que los partidos quieren secuestrar al instituto, pide su rescate y, en la afirmación, revela una terrible confusión.
No es lo mismo que el órgano constituyente permanente, o sea, el órgano legislativo, considere conveniente su relevo, a que así lo consideren los partidos políticos. Hay un matiz de por medio, una diferencia entre aquel órgano y los partidos, pero ya no alcanza a distinguirla. Él mete todo en un costal, y aquel que no quiera ratificarlo en el puesto es antidemócrata. Se suma, así, a la nueva costumbre de construir "complots"; Luis Carlos Ugalde construye el suyo.
Pide no simplificar las cosas, pero reduce su situación a una venganza y se lanza contra todos. Desafía a los poderes Legislativo y Ejecutivo, a los partidos políticos y se olvida de la ciudadanía. ¿Puede seguir así en el puesto?
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
En otro argumento más, Ugalde amenaza: quien pida su renuncia cree en el fraude electoral.
¿Realmente, se puede confiar en el consejero presidente del IFE cuando, exactamente igual que los actores políticos que critica, hace del chantaje un instrumento de negociación? ¿No una afirmación tan descabellada como ésa, es un desafío al presidente de la República que, precisamente, él avaló como candidato triunfador de la contienda? ¡Vaya árbitro electoral!
Los mecanismos de defensa de Ugalde son, verdaderamente, los mejores argumentos para despedirlo a él y al resto del Consejo.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
En medio de la terrible confusión que afecta a Luis Carlos Ugalde, el capricho le borra la memoria.
Como el actual Consejo, otros consejos del IFE -en su mayoría, verdaderamente apreciables- han cesado en su función con motivo de la reforma electoral en turno. A diferencia de éste, los anteriores consejos entendieron cabal y dignamente que debían ser parte de la solución y no del problema. Ahora, sólo el consejero Rodrigo Morales ha mostrado sensatez al respecto. El resto de los consejeros juega a la política de la avestruz, pero Ugalde no. Él cree que su cabeza forma parte de la negociación de la reforma y, entonces, envuelto en la bandera de la autonomía y la independencia del IFE que nunca hizo ondear, se arrebuja para ver si salva el cuello.
Tal es la desmesura de su actitud que, tenga o no éxito la reforma planteada formalmente ayer, Luis Carlos Ugalde se ha echado la soga al cuello: no puede seguir al frente del instituto. Si había dudas de su desempeño, ahora ya no las hay: el actual Consejo simple y sencillamente no puede conducir el proceso electoral del 2009 y, cuanto antes salga, será mejor.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
El mayor absurdo de la situación creada por el consejero-presidente del IFE es que está provocando que el relevo del Consejo no sea escalonado. El escándalo de Ugalde y el silencio de sus compañeros, excepción hecha -como dicho- de Rodrigo Morales, obliga a relevarlos en conjunto.
La confrontación que Ugalde ha generado con el Legislativo, el Ejecutivo y los partidos vulnera la posibilidad de planear una salida escalonada. El escalonamiento habrá que establecerlo en la duración del cargo de los integrantes del nuevo Consejo.
No puede haber duda al respecto, el actual Consejo debe salir en su conjunto y nombrar al nuevo sobre bases mucho más claras y transparentes. Bases que satisfagan sobre todo al electorado y no sólo las fracciones parlamentarias de los distintos partidos. Se debe convocar públicamente a quienes aspiren a ser consejeros, escuchar qué piensan, revisar qué han hecho en sesiones a puertas abiertas. Tal y como no se hizo con el actual Consejo.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
Que Felipe Calderón bajó dos veces el pulgar para sentenciar en Palacio Nacional al presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.
La primera, cuando pidió órganos electorales que cuenten con un consenso amplio.
La segunda, cuando se despidió de Ugalde extendiéndole la mano rápidamente y sin voltear a verlo.
Calderón le dedicó más segundos y afectos al gobernador de Puebla, Mario Marín.
“Trascendió”, Milenio, 3 de septiembre.
Los partidos políticos asientan cada vez más su poder en las instituciones del Estado. Nada habría de extraño o anómalo en eso si no fuera por la esquizofrenia imperante en el régimen político. Si, por un lado, se compite entre partidos para llegar al poder, por el otro se gobierna con un poder que facilita la impunidad y la connivencia de quienes compiten.
Una muestra más de este padecimiento es lo que se proponen hacer los congresistas con el Instituto Federal Electoral: despedir a sus consejeros, consintiendo así con la hipótesis del fraude sembrada sin fundamento probado alguno por uno de los nuevos “dueños” del país: el PRD. Si los otros socios de la jugosa empresa de la política mexicana consienten en la medida, se acreditarán como cómplices de un autoritarismo que tiene su doble cara en la intención de subordinar al IFE a los caprichos de sus “dueños” y en la rabieta totalitaria del “líder” de la izquierda. Con esta medida para satisfacer esa complacencia se echará más “fango sobre la democracia”, como denominó Roger Bartra la estrategia electoral del PRD en 2006 (Letras Libres, septiembre 2006).
Francisco Valdés Ugalde, El Universal, 3 de septiembre.
No logramos saltar de la transición a la consolidación: seguimos obsesionados con el árbitro. Uno por inmadurez democrática, otro por oportunismo y el tercero por pragmatismo, PRD, PRI y PAN, contaminan una buena iniciativa de reforma con una eventual remoción forzada y forzosa de los miembros del Consejo General. De nada sirvió que, en 1996, se estableciera en la Constitución el procedimiento de nombramiento, la duración del cargo, el monto de sus percepciones, el carácter exclusivo del trabajo y, por si no bastara, la ruta para una eventual destitución. El poder, en este país, sigue sometiendo al derecho. O, para ser preciso, manipulándolo a gusto y capricho. Si la operación se consuma: ¿Cuál es el margen de independencia y autonomía que tendrán los consejeros sustitutos? Habrá quien todavía confíe más en los hombres que en las leyes. No es mi caso
Pedro Salazar, El Universal, 3 de septiembre.
Cuando Luis Carlos Ugalde declaró que su remoción y la de los consejeros electorales del IFE implicaría “reconocer que hubo fraude” en las elecciones presidenciales en el 2006, ya había agotado para entonces todos los recursos retóricos disponibles para su defensa. Prueba de ello es que, antes, su alusión al riesgo que correría la autonomía del Instituto con la renovación del Consejo General, no conmovió a nadie. Y, en cambio, su declaración sólo logró involucrar al Presidente de la República de la peor manera —¡para el propio IFE!
Al recurrir al Poder Ejecutivo, aun en la forma torpe y grosera que lo hizo, para intentar levantar una última línea de defensa en torno al IFE, Ugalde no se dio cuenta que con ello concedía uno de los principios fundamentales de la autoridad electoral democrática, su independencia. Y olvidó (si es que alguna vez lo supo) que este principio en particular es el que mayor carga histórica tiene para el IFE. En síntesis, al final, Luis Carlos Ugalde buscó entregar la independencia para salvar la autonomía para, en el fondo, salvar su puesto.
Pero además, para cuando intentó lanzar una defensa política, el Consejero Presidente del IFE se había quedado solo. Ni siquiera ha contado con el respaldo de los demás consejeros electorales que, o bien, han preferido guardar un silencio calculado o, es más probable, que sencillamente carecen de los instrumentos para participar en la defensa mediática de la autoridad electoral: Hace mucho tiempo que perdieron, ante Ugalde, tanto la capacidad de comunicarse por sí mismos hacia afuera del IFE, como para actuar de manera unificada hacia el interior de la misma institución.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 3 de septiembre.
Aislados y divididos no es manera eficaz de proteger a una organización política; menos a una de la naturaleza y la composición del IFE. Pero el error de origen de los actuales consejeros y su presidente se encuentra, precisamente, en que nunca supieron definir la misión del Instituto cuando se hicieron cargo de su órgano de dirección al reemplazar a Woldenberg, Barragán, Cantú, Cárdenas, Lujambio, Luken, Merino, Peschard y Rivera en sus cargos en el 2003. Los anteriores consejeros sí diseñaron y ejecutaron un proyecto político para el presente (que les tocó enfrentar) y para el futuro del IFE.
Es paradójico que los que tienen ahora en sus manos en el Congreso de la Unión el destino de los actuales consejeros Ugalde, Albo, Andrade, Gómez Alcántar, González Luna, Latapí, López, Morales y Sánchez, son los mismos que se opusieron en el 2003 a la continuidad (reelección) de los consejeros anteriores. Tanto dentro del PRI como dentro del PRD, las facciones derrotadas en las negociaciones internas del 2003 tienen la ascendencia dentro de sus respectivos grupos parlamentarios en la actual Legislatura. En cambio, en el PAN (y en Nueva Alianza) los responsables de la composición actual del Consejo General están dedicados ya, desde el Poder Ejecutivo, a otras prioridades —como la reforma fiscal, por ejemplo.
Otro error de cálculo del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y de los demás consejeros (en particular de los que se encuentran cercanos al PAN) es haber pensado que su distancia política con respecto a la nueva Legislatura estaba más que compensada por su cercanía con el gobierno y el Presidente electo durante su gestión. En una crisis institucional, como la ha vivido el Consejo General desde su integración, el fiel de la balanza no es el Ejecutivo: En el IFE, quienes están representados son el Poder Legislativo y los partidos políticos que, además, son los que aprueban el presupuesto del Instituto y los que tienen la capacidad legal de reformar la Constitución.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 3 de septiembre.
Lo que pasa desapercibido en el reciente análisis sobre la debilidad del actual Consejo General del IFE es que la forma en que fueron nombrados no implicaba fatalmente que quedaran aislados o divididos. Ellos forjaron su propio destino, se podría decir. Al quedar excluido del acuerdo entre los partidos en la Cámara de Diputados en el 2003, el PRD no votó a favor de su nombramiento, es cierto, pero nunca dejó de participar en el Consejo General del IFE o en la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores o en las comisiones donde tienen presencia los partidos. Al PRD, los consejeros lo perdieron mucho después.
El PRI no sólo votó a favor de la integración del actual Consejo sino que partió y repartió el pastel, llevando de la mano a Luis Carlos Ugalde a la presidencia del Instituto. Es más difícil, por ello, saber cuándo perdieron los consejeros a este partido. Quizás es tan sencillo como dicen, y tiene que ver con la revancha interna de Beltrones y Chuayffet contra Elba Esther Gordillo o, más bien, fue la suma de desencuentros con los grupos parlamentarios priistas (de la LIX y la LX Legislaturas) sobre una larga lista de temas, incluyendo el voto en el extranjero, la redistritación, el Presupuesto, las multas, etc. (Ahí están para consulta el Diario de Debates de las Cámaras del Congreso y las actas de las sesiones del Consejo General.) En algún momento el PRI simplemente dejó de tenerles respeto.
A la sociedad civil, por otra parte, los consejeros nunca en realidad la tuvieron de su lado. Los intentos de algunos de ellos (Alejandra Latapí en particular) de compensar la ausencia de apoyo ciudadano por el de algunos grupos empresariales no sólo es insuficiente, sino que implica —otra vez— una falta de comprensión de la naturaleza política del IFE. En cualquier caso, estos apoyos empresariales han resultado demasiado pobres y tardíos. Y cuando algunas ONGs por fin retomaron recientemente en su agenda el tema electoral, sólo vinieron a abonar la falta de confianza que genera el actual Consejo General.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 3 de septiembre.
Y si su declive fue gradual hacia afuera, no así su descomposición interna. Esa fue inmediata y casi total. Aun sin contar con un proyecto institucional o una misión clara para el IFE (o, como se ha dicho, por no tenerlo), los consejeros se dividieron en dos grupos antagónicos —¡y se mantuvieron así siempre! Luego, se formó otra división artificial (por encima de la anterior) que puso de un lado al Consejero Presidente y del otro, de facto, a todos los consejeros electorales. Una tercera división, que se abrió entre Ugalde y María del Carmen Alanís, que ocupaba el segundo puesto de mayor importancia en la estructura del IFE, no resistió y llevó a la Secretaria Ejecutiva a renunciar. (Que ahora ella presida la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo demuestra que la historia también tiene, en ocasiones, un buen sentido del humor.).
La lista de las consecuencias de dichas divisiones internas es muy larga, y tendrá que esperar a que se escriba la historia completa del IFE. Pero el hecho es que fueron contribuyendo al aislamiento político en que han quedado los consejeros y, con ello, a la pérdida de toda autoridad. Y sin autoridad no puede haber, en la práctica, ni autonomía ni independencia, ni confianza ni certeza. Sólo que así pretendan organizar las elecciones federales del 2009, donde se definirá nuevamente la relación de fuerzas para la gobernabilidad democrática del país. Aún así, ¿cómo defender al IFE? ¡Esa es la tarea que queda!
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 3 de septiembre.
De acuerdo a la reforma electoral que esta tarde será presentada en el Senado, la vida de los consejeros del IFE será de ocho meses, decisión que fue tomada por las bancadas de los partidos políticos. Las presiones del PRD son en el sentido que haya “baraja nueva”, de despedir a los nueve consejeros, aunque Acción Nacional pretende salvarles la cabeza y que el retiro se haga de forma escalonada.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 3 de septiembre.
Ahora bien, si la razón de la remoción constitucional es meramente política, ¿está justificada? No lo creo. Ni la forma en la que se conformó el Consejo en 2003, ni los errores y múltiples torpezas —por demás persistentes— de comunicación e, incluso, de operación del máximo órgano de dirección del IFE justifican el reemplazo anticipado de sus miembros. No, por lo menos, legalmente. Y, en un Estado constitucional, las decisiones políticas requieren justificación jurídica. Lo contrario es puro poder “de hecho”. Nada grave dirán algunos, sólo es cuestión de abandonar la ingenuidad para aceptar —parafraseando a Luis Salazar— que “las razones del poder pueden más que el poder de la razón”. Tal vez. Pero, ¿acaso no se trataba de construir un estado de derecho?; es decir, ¿un Estado en el que los principios, las instituciones y los derechos constitucionalizados constituyen un “cotovedado” para el poder político? Y no basta con argumentar —arropándose en formalismos— que la Constitución no se violará porque será esta misma el objeto de la reforma: Lo que importa —diría Ferrajoli— es proteger el contenido sustancial de la Constitución frente a las mayorías políticas por más amplias que éstas sean. Un Constitución sólo debe reformarse para fortalecer a las instituciones democráticas y para ampliar la garantía de los derechos. El reemplazo de los consejeros, en sí mismo, no supone ni lo uno ni lo otro
Pedro Salazar, El Universal, 3 de septiembre.
Otra cosa sería que los consejeros renunciaran. Lo que no podemos negar es que los actuales miembros del Consejo General no cuentan con la confianza necesaria para arbitrar la elección de 2009. O, por lo menos, les será muy difícil hacerlo. Nadie puede arbitrar con éxito un partido en contra de los jugadores, ¿injusto? Tal vez, pero es un hecho difícil de remontar. Por ello, los consejeros y consejeras deberían valorar seriamente la posibilidad de renunciar a sus cargos. Pero es una decisión que sólo ellos y ellas pueden adoptar: hacerlo o no hacerlo formará parte de su responsabilidad histórica. Lo que no podemos aceptar es que por inmadurez, oportunismo o pragmatismo, los partidos atenten contra la estabilidad que —por décadas— se ha querido garantizar a las autoridades electorales
Pedro Salazar, El Universal, 3 de septiembre.
La defensa airada del Instituto Federal Electoral (IFE) como una institución autónoma del Estado que hace ahora su consejero presidente Luis Carlos Ugalde, no se corresponde con la custodia ardorosa de la democracia con la que debió haber conducido el proceso electoral de 2006. El contraste es demasiado grande y está en su contra.
Él mismo ha reconocido las grandes fallas de dicho proceso, entre ellas: la injerencia fuera de las reglas del ex presidente Fox y de las normas electorales por los grupos cupulares de empresarios; la falta de seguimiento y, por lo tanto, de control de los enormes gastos en publicidad de las campañas de los partidos políticos; la manera en la que circularon los millones de pesos hacia las cadenas privadas de radio y televisión, haciendo de las elecciones un verdadero negocio.
Sobre todo esto su ausencia complaciente fue notoria. Está también la forma fallida en que condujo al IFE en el momento de dar a conocer los resultados electorales, asunto que ha dejado sin duda una marca ominosa sobre el modo de operar del instituto y sobre su propia gestión. Y esto va más allá de las preferencias por los diversos candidatos de una ciudadanía muy dividida
León Bendesky, La Jornada, 3 de septiembre.
Ya no puede Ugalde volver a lo que quisiera considerar el punto de partida, como la referencia a la que se empeña en rescatar, y que es el mismo IFE bajo su mandato. El consejo que preside es parte del problema y no de la solución. La crítica que hace a los acuerdos de los partidos en el Congreso para su remoción y la de sus colegas está sujetada por débiles alfileres. Esta costumbre no se aplica sólo a la política económica.
El IFE conforma una enorme burocracia, con un presupuesto y prestaciones para sus altos funcionarios y para sus consejeros que está fuera de lugar en una sociedad como es la nuestra. Como autoridad electoral no tiene hoy la personalidad y el liderazgo de sus consejeros, que la capaciten para generar la credibilidad y conducir sus funciones en el marco del quehacer de la política en México. El ideal de contar con un organismo electoral que actúe casi de modo automático y sin protagonismos para organizar las elecciones y ofrecer los resultados correspondientes, como ocurre en muchos otros países, está aquí muy lejos.
León Bendesky, La Jornada, 3 de septiembre.
Ugalde ha llamado “partidocracia” a la situación que se crearía si el Congreso se inmiscuye en la reconfiguración del órgano electoral establecido en el IFE. Esa es otra deformación del sistema. Pero que eso suceda sólo sigue siendo parte de un modo político que no deja de ser arcaico y muy ineficaz para incidir favorablemente en las condiciones sociales del país.
A pesar de lo que quisieran Ugalde y quienes lo secundan, la historia no empieza cada vez que así conviene a los directa e indirectamente involucrados en los conflictos políticos, menos aún para la ciudadanía que está en medio de los vendavales de los intereses predominantes.
León Bendesky, La Jornada, 3 de septiembre.
La autonomía del IFE se violentó desde que Ugalde llegó a la presidencia del consejo por intrusión manifiesta de fuerzas políticas partidarias, como la encabezada por la señora Gordillo, y a las que ahora reclama que no se entrometan en la institucionalidad del IFE. No hay coherencia visible en el argumento, y la situación del instituto es insalvable junto a la de su presidente y consejeros.
Esa es una parte central de la historia, de la que nadie puede hacer hoy tabula rasa. Por eso Ugalde –y sus ya antes y ahora completamente disminuidos consejeros– no puede legítimamente erigirse en el representante moral y encabezar la protección de la autonomía de un organismo que es central en la así llamada transición democrática. Al contrario, esa transición es actualmente nebulosa, está muy cuestionada y el IFE la compromete todavía más.
León Bendesky, La Jornada, 3 de septiembre.
La solución de remover al consejo puede no ser la mejor. Es decir, que sean ahora los mismos partidos políticos, todos ellos y con todo el desprestigio que cargan como un pesado lastre, los que “arreglen” el conflicto del IFE. Este es entonces otro motivo más de atención sobre las deficiencias muy graves del orden democrático e institucional. El país aún carece de un arreglo serio y eficaz en este campo.
Podrá parecer a algunos que sea un conflicto artificial por el que atraviesa ahora el IFE, o sea, creado por la oportunidad de ventajas políticas que representa para los partidos y otros grupos; o bien, como parte de una necedad que significa no reconocer la legitimidad del gobierno del presidente Calderón. Ese es un debate posible y hasta necesario, que se conduce sin concierto.
Sin duda, tal discusión no debería ser planteada en blanco y negro. El estado de las cosas expresa de manera clara la polarización existente, la falta de acuerdos para gobernar e, igualmente, para actuar desde la oposición y, por qué no, manifiesta la falta de matices que marca la discusión sobre las condiciones políticas que prevalecen en el país desde hace mucho tiempo. Algunos ganarán a corto plazo ciertas posiciones de fuerza. Más allá de eso no hay un horizonte despejado.
León Bendesky, La Jornada, 3 de septiembre.
Del conjunto de asuntos que integran la reforma, destaca la cuestión de la remoción del actual Consejo General del IFE. El punto ha sido erróneamente interpretado por los miembros de este consejo, y en especial por el ya referido consejero presidente. La propia actitud de este taciturno personaje da muestra justamente de lo que es necesario modificar. Esto es, se debe entender que lo que las reformas habrán de hacer no será una simple remoción de personas, sino un ajuste de carácter institucional que conlleva —necesariamente— a plantear adecuaciones en otros rubros. Los principios de autonomía e independencia del instituto no se violan si se renuevan sus órganos de dirección. Por el contrario, se reafirman tales principios y se posibilita que los nuevos responsables trabajen en un ambiente renovado y sin presiones precedentes.
José Sosa, Crónica, 4 de septiembre.
Así también, la renovación del Consejo General sienta las bases para que se cumpla con el principio de quid pro quo que toda reforma de trascendencia política debe tener. Es fundamental que los partidos vean satisfechas por lo menos algunas de sus expectativas, si es que se quiere que se sometan plenamente a las nuevas reglas del juego. Es difícil imaginar un escenario en el que los partidos aceptarían ver reducidas sus prerrogativas, pero sin que se renueven las autoridades a las que se culpa —con razones de sobra— de la aplicación de multas elaboradas torpemente.
José Sosa, Crónica, 4 de septiembre.
Otra dimensión que debe tenerse presente es la notable distancia que existe entre la definición formal (y esperada) del trabajo de los consejeros, y el desempeño mostrado por quienes ostentan estos cargos. Y no es solamente reiterar la vana comparación entre el temple y clara orientación política de los anteriores consejeros; frente al dubitativo, inconsistente y pobre desempeño de los actuales. La cuestión es mucho más trascendente. Se trata de entender que el carácter de autoridad imparcial no se concreta con el uso de los abundantes recursos económicos del IFE. De hecho, la realización del principio de autoridad está más allá de cualquier elemento tangible o cuantificable. Se ubica en la capacidad efectiva para establecer espacios de diálogo, en la perenne preocupación por dotar de legitimidad a cada acuerdo; y en la omisión de intereses personales o de grupo al momento de ejercer la autoridad. Lo que los aún consejeros electorales nos han dado dista mucho de estas ideas. Baste un ejemplo para ilustrar esto.
José Sosa, Crónica, 4 de septiembre.
Como bien dice el refrán, “la cuerda se rompe siempre por su lado más débil”. Tal es el caso de la consejera Teresa González Luna, de quien se puede afirmar que pasó de su condición de ama de casa y maestra de secundaria, a figura de primer orden. Su llegada al Consejo General se explica por el agotamiento de las listas de candidatos del PAN. Una vez en funciones, la consejera González Luna no tuvo empacho en reconocer públicamente que recibía un enorme sueldo a cambio de “aprender muchas cosas”, sobre las que manifestaba su total desconocimiento. Paradójicamente, González Luna ha encabezado las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Responsabilidades Administrativas. En ambas materias, la calificación al desempeño del IFE ha sido notoriamente negativa. En su caso, la regla “de la mejor mujer o el mejor hombre para el puesto” jamás se cumplió. Ni qué decir de los efectos perniciosos que su permanencia generaría.
José Sosa, Crónica, 4 de septiembre.
Por cierto que entre los "honorables" invitados de Feli, estuvo -faltaba más- el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.
De él, en otro momento y circunstancia, el exconsejero Jaime Cárdenas dijo que Ugalde siente que "no le están cumpliendo los panistas, y por eso insiste en permanecer al frente del IFE, pese a que su presencia pone en riesgo la estabilidad del país, la gobernabilidad y la credibilidad del Instituto".
El exconsejero electoral calificó de absurda esa resistencia, y la consideró un chantaje al gobierno calderonista y al PAN, "diciendo que si nos vamos será la prueba palpable de que hubo fraude electoral" el 2 de julio de 2006.
Um, señalan, y tanto que les ayudó..., aunque, para otros, bien merecido lo tiene...
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 4 de septiembre.
Hasta ahora no hay alguna acusación concreta contra el consejo general del IFE, pero quieren despedirlos como trabajadoras domésticas. A eso se reduce justamente la reforma electoral pactada que hoy será enaltecida en incienso en el Senado. Se trató de satisfacer el rencor vivo de López Obrador por haber perdido las elecciones. El tabasqueño busca culpar a alguien. Por eso la reforma debía incluir un transitorio: que el triunfador de la próxima elección presidencial será anunciado por López Obrador.
Más que un sistema democrático de instituciones, la reforma electoral regresa y refuerza el perverso sistema de partidocracia. Los partidos se convierten en la autoridad superior a las autoridades electorales. De ahí que el relevo de los consejeros del IFE se haya hecho como castigo y no como parte de una reforma electoral mayor.
La partidocracia evitó, por tanto, una reforma electoral que someta a más controles a los partidos. Los potenciales próximos consejeros del IFE ya habrían de recibir el mensaje: o se someten a los caprichos de los partidos o habrán de ser relevados también.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 4 de septiembre.
La remoción de los consejeros ha sido un tema conflictivo que ha despertado enconos y fantasmas, en lugar de que fuera un paso de obvia resolución. Los legislados han encontrado en ese punto diferencias importantes y también acuerdos. Por ejemplo, existe consenso en que el IFE tenga una renovación escalonada; lo que no se sabe bien todavía es cuándo debe comenzar y cómo. Las últimas negociaciones indican que se van todos los actuales consejeros y que para el mes de abril de 2008 se dará la renovación completa de los consejeros.
Para recuperar la confianza de regenerar el pacto político que se rompió en 2006, es indispensable que los legisladores vuelvan a rehacer lo que hicieron mal en 2003 y pongan en marcha un proceso transparente de renovación de los consejeros del IFE, que se emita una convocatoria abierta, consulta ciudadana y no se haga un simple reparto de cuotas. Incluso con el acuerdo alcanzado por los partidos, se puede lograr un adecuado proceso de renovación. La autonomía del IFE no está cifrada en la inamovilidad de los consejeros, sino en la construcción cotidiana de un espacio de decisiones que conduzca a que los actores políticos respeten las reglas del juego. Se trata de una actitud que rebasa la simple aplicación letrista y estrecha de la legalidad, a lo que han sido muy afectos los actuales consejeros
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 4 de septiembre.
Si como defiende Ugalde su permanencia hubiera defendido el proceso electoral, otra historia se hubiera escrito. ¿Por qué en 2003 el terrible proceso de su designación le pareció muy democrático? ¿Por qué no se opuso a la guerra sucia? ¿Por qué no hizo nada ante la intrusión presidencial y la ilegal intervención del Consejo Coordinador Empresarial? ¿Por qué no se preocupó por dar certidumbre el día de la elección? ¿Por qué cerró la posibilidad de abrir los paquetes electorales en el cómputo distrital? ¿Por qué declaró, sin autoridad, presidente electo a Calderón? Por todo eso Ugalde es parte del problema y no de la solución.
La reforma no es para remover a los consejeros, como falsamente se ha dicho, sino para cambiar las reglas del juego. Por supuesto que no hay garantía de que la nueva reforma vaya a solucionar de fondo los enormes huecos de la legislación electoral vigente. Los primeros anuncios presentan un paquete que es necesario analizar con mucho cuidado y ver la letra chica de las nuevas reglas del juego en tres puntos: autonomía del IFE, modelo de acceso a medios y fórmulas de financiamiento a partidos. Seguiremos con el tema
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 4 de septiembre.
Y en el tema de los inminentes cambios en el IFE ya salió otro abogado del diablo. El mismísimo jefe Diego Fernández de Cevallos se lanzó contra quienes buscan la remoción de los consejeros electorales, en una entrevista de radio con el periodista José Cárdenas.
“Esta es una actitud de cobardes y de montoneros. Ojalá que haya reservas morales en el PRI, PAN y PRD para evitar que esto se consume y que esto dañe severamente a la democracia. Y aunque lastime a muchos amigos míos, a muchos compañeros de partido”, tronó el panista con su alta autoridad moral.
“Bajo reserva”, El Universal, 4 de septiembre.
Al mediodía del domingo pasado, Felipe Calderón avaló la decisión de sustituir a los consejeros del IFE, empezando por su presidente, Luis Carlos Ugalde. "Seré respetuoso de lo que los partidos resuelvan", dijo en Palacio Nacional, desechando así cualquier posibilidad de intervenir en la defensa de los nueve apóstoles del Instituto Electoral. Pero más allá de la defenestración de Ugalde y compañía, se abren varios escenarios, algunos alentadores, pero otros, francamente, muy riesgosos.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 4 de septiembre.
Los partidos políticos siguen su curso hacia la remoción de los consejeros del IFE. No han dado una sola razón de peso para ello, jurídica o constitucional: nada que justifique esa medida por violación de las leyes electorales o por lo dispuesto en la Constitución para removerlos: un juicio político (Art. 110).
Los partidos envuelven su decisión en el paño de una reforma electoral que incluye cosas muy buenas, como acortar el tiempo y el costo de las campañas, pero que elude otras fundamentales, como la reelección.
Van a mejorar la ley, pero van a intervenir a fondo al ente regulador encargado de aplicarla. Van a transformarlo de arriba a abajo y a nombrar a sus nuevos integrantes. Van a nombrar también al contralor, el comisario de los dineros, de un ente previamente sujeto a la negociación de los partidos.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 4 de septiembre.
Un argumento fuerte que he escuchado para la remoción de los consejeros del IFE es estrictamente político. Dice que han perdido la confianza de los partidos y no pueden ser respetados por ellos. Deben irse porque todos los partidos desconfían de ellos, y porque la confianza es condición necesaria para restablecer la credibilidad del IFE. Uno se pregunta si los que desconfían del IFE gozan de mayor confianza que el IFE. Los titulares de la desconfianza deberían ser los depositarios de la confianza de la sociedad. Pero no hay una sola encuesta que muestre esto. Los partidos gozan de menor confianza ciudadana que los consejeros del IFE. Así las cosas, quizá la desconfianza de los partidos fortalezca, antes que debilitar, la confianza en el árbitro. Si todos están inconformes con el IFE quizá es porque el IFE no favorece a ninguno, a todos sanciona por igual, como acaba de hacerlo con multas diversas y como está en camino de hacerlo con multas más cuantiosas por haber violado, todos los partidos, incluido el ganador, los topes autorizados de gastos de campaña.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 4 de septiembre.
La desconfianza de los partidos en el árbitro puede ser un síntoma de la calidad del árbitro, pero no puede ser la razón para echarlo de la cancha. Quien sanciona tiene que tener autoridad y fuerza institucional para aplicar la ley. De ahí viene su legitimidad, no de contentar con sus decisiones a todos los que se arrebatan la pelota.
No estamos en un concurso de confianza y simpatía, mucho menos cuando éstas se esgrimen como guillotinas. Estamos en el espacio de la imparcialidad legal, que sólo puede desmentirse con pruebas. Sabemos donde está la antipatía de los partidos. ¿Dónde están las pruebas?
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 4 de septiembre.
La salida inevitable de Luis Carlos Ugalde del Instituto Federal Electoral no es solamente consecuencia de la debilidad mostrada por su organismo en julio de 2006, debilidad que puso al país al borde de un colapso que pudo devenir golpe de Estado si las instituciones del país —no precisamente la Presidencia de la República— hubiesen sido débiles.
Lo grave sería que la reforma electoral de todos tan deseada se redujese sólo a la salida de unos privilegiados del poder, apapachados con prebendas y ajenos a otro escrutinio que no sea el de los medios de comunicación desprovistos de compromisos partidistas.
El IFE soy yo, ha dicho en otras palabras Luis Carlos Ugalde, poniendo la legitimidad de Felipe Calderón colgando de su pescuezo: si me voy yo, las elecciones del 2 de julio del año pasado fueron, efectivamente, fraudulentas.
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 4 de septiembre.
Por lo pronto ayer, my friend, con la decisión de borrar del mapa, de manera escalonada a los consejeros del ife (con minúsculas) Felipe labra su propio epitafio... desconociendo la dimensión real del monstruo con el que ha pactado. Al tiempo.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 4 de septiembre.
Debemos, por supuesto, defender al IFE. ¿De qué y de quiénes? Del sistema faccioso de cuotas partidistas con que se integró el actual consejo general en 2004 y lo marcó desde su nacimiento. De la partidocracia que hoy denuncia con vehemencia el aún consejero presidente, pero gracias a la cual se encumbró generosamente hace tres años. Del chantaje político del “si nos vamos es reconocer que hubo fraude”, con el que el árbitro electoral busca convertir en rehenes a los jugadores, a los espectadores y a los entrenadores; es decir, a la República toda.
Hay que rescatar al IFE de las visiones liliputienses que lo conciben como un simple árbitro de manual, en lugar de un juez fundacional. De las concepciones reduccionistas que confunden al Consejo General del IFE con todo el IFE y defienden únicamente la autonomía de la institución a costa de los restantes principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.
Hay que defender al IFE, no del Congreso de la Unión que intenta su rescate, sino de los poderes fácticos (gobiernos de los tres niveles, empresarios, sindicatos e iglesias) que rebasaron, atropellaron y dejaron a su Consejo General en situación de invalidez extrema y atrofia grave para elecciones futuras.
Ricardo Monreal Ávila, Milenio, 4 de septiembre.
Un árbitro que cometió errores de actuación, pero también de omisión. Renunció al silbato y acudió a los silbidos para tratar de parar la locomotora del Consejo Coordinador Empresarial que irrumpió a la mitad del juego. Un árbitro que sólo vio un juego blanco de tenis allí donde se libró una lucha libre en aceite y lodo. Un árbitro preparado para contener una “elección de Estado” (con sus fraudes de primera y segunda generación), pero abiertamente incompetente para enfrentar una “elección de establishment” o de poderes fácticos (con sus fraudes de tercera y cuarta generación, basados esencialmente en la injerencia desbordada, ilegal, no fiscalizada, de dinero privado y público). Un árbitro que presumió haber contado bien los votos, pero se negó a demostrar lo acertado de su actuación con un segundo conteo. Un árbitro, en suma, que naufragó en las lagunas jurídicas de un sistema electoral imperfecto, en lugar de surcarlas con acuerdos políticos y golpes de timón. Un árbitro así de encogido y así de chiquito es un estímulo y un aliciente, no un valladar ni un inhibidor, para seguir teniendo elecciones tirantes, polarizantes y conflictivas.
Ricardo Monreal Ávila, Milenio, 4 de septiembre.
Yerra el consejero presidente al identificar al Congreso de la Unión como un peligro para el IFE. En efecto, el IFE es autónomo, mas no soberano. La autonomía de la autoridad electoral —y de los demás organismos públicos descentralizados de este país— nace de una atribución constitucional, superior en alcances y competencias: la soberanía del “poder constituyente permanente” u “órgano reformador permanente”. Aquella es una derivación de ésta, por lo que no puede concebirse por encima o separada de su fuente originaria.
Es tan clara la superioridad del soberano Congreso de la Unión sobre la autonomía del IFE que la facultad de nombramiento de su consejo general no reside en una junta interna de gobierno (el modelo de las universidades autónomas), sino en el Poder Legislativo. Si un acuerdo político del Congreso de la Unión se convierte en reforma constitucional o norma superior soberana, no ha lugar a violación o afectación a autonomía institucional alguna.
Por lo demás, confundir autonomía con soberanía equivale a equiparar inamovilidad con perpetuidad, protección constitucional con impunidad y acuerdo legislativo con venganza política. Si esto es lo que piensan los actuales consejeros generales de la reforma que promueve el Congreso para rescatar al IFE de la ineficacia, desconfianza y atrofia que sus omisiones generaron, es una razón más para su rápida y urgente remoción, no para su permanencia.
Ricardo Monreal Ávila, Milenio, 4 de septiembre.
Desde 1990, año de la fundación del IFE, se consideró la pertinencia de renovar periódicamente a los consejeros. La idea volvió a la mesa de la reforma electoral en 1996, tanto para los consejeros como para los magistrados electorales, pero no se pudo concretar. Tanto en el IFE como en el TEPJF, cuando hay cambio de guardia es total. Los efectos negativos están más que vistos en ambas instituciones. La iniciativa propone la renovación escalonada de consejeros y magistrados electorales. Nadie está en contra.
Jorge Alcocer, Reforma, 4 de septiembre.
La reforma anunciada tiene aciertos: limitar la extensión de las campañas; reducir los costos; terminar con la "nulidad abstracta" como causal de anulación; limitar la intervención de organizaciones gremiales en la formación de partidos y hay más. Pero está cruzada por un ánimo pequeño: cortar las cabezas a los consejeros de IFE. La lista de errores de los consejeros puede ser muy larga, pero ésa no es la discusión. Los mecanismos para su remoción están establecidos en la ley: Título Cuarto de la Constitución, artículos 108 y 110. ¿De qué estamos hablando? Los consejeros fueron designados para un periodo que todavía no concluye. En su designación uno de los actores políticos, el PRD, se marginó del proceso. Desde entonces se advirtió que era una fórmula para cuestionar la legitimidad de los designados, no su legalidad. No hay sorpresas. Cuatro años después y tras una elección muy cerrada los perdedores -¡qué casualidad!- ponen la propuesta sobre la mesa. Se erigen en jueces de la legitimidad nacional. Por allí nunca terminaremos. ¿Por qué sigue el PAN de comparsa en esta jugarreta? ¿Cuál es el canje?
Federico Reyes Heroles, Reforma, 4 de septiembre.
Los mismos que argumentan querer instituciones fuertes son los primeros en rescatar la guillotina para el escarmiento público. ¿Dónde queda la inamovilidad? ¿Dónde están las garantías para que los árbitros se sientan seguros? Primero se somete a los aspirantes a un cabildeo con quienes serán su materia de regulación. Después, quienes debieran estar sometidos al árbitro tienen en sus manos la posibilidad de cambiarle a éste las reglas del juego y llevarlo al cadalso. Que en el pasado haya habido situaciones similares no habla de la corrección jurídica de aquellas medidas, por el contrario, explica la debilidad institucional. Como en el pasado se hacía así, pues estamos avalados para hacerlo. Vaya manera de romper con el pasado. Justificar la ruptura de la autonomía de un órgano de Estado con los ejemplos del pasado autoritario es inaudito.
Federico Reyes Heroles, Reforma, 4 de septiembre.
Cuando Luis Carlos Ugalde escuchó su nombre y su cargo —aun siendo el último— entre quienes fueron saludados por el presidente Calderón al iniciar su primer informe a la Nación, debió sentir el primer vuelco grato de su corazón.
Transcurrió el primer encuentro de ese tipo en nuestra historia ahí, en un Palacio Nacional abarrotado casi hasta las azoteas, y cuando el Presidente abordó los temas políticos de profundidad, nuevamente el corazón y la adrenalina del presidente consejero del IFE se le arremolinaron en el pecho al escuchar que:
“Una democracia fuerte es condición indispensable para promover y alcanzar el desarrollo humano sustentable… Por eso, durante mi Gobierno hemos puesto especial atención a fortalecer nuestra vida institucional y democrática”.
Y es que justamente sobre esto último giraba la controversia, aún inconclusa en el Congreso legislativo, respecto de la reforma electoral en puerta.
Leopoldo Mendívil, “Crónica Confidencial”, Crónica, 5 de septiembre.
Pero si esa decisión viene como responso, el epitafio que se inscriba en la lápida del funcionario electoral podrá ser una gustosa aportación de Charles Maurice Talleyrand, el increíble francés de la revolución y el imperio:
“Eso no fue un crimen: fue una estupidez…”
Aunque otros espacios lo hayan previsto ya, nunca será suficiente repetirlo por si algún milagro aún pudiera modificar los equilibrios legislativos que juegan a aprobar reformas y a cobrar los votos. Las cabezas de Ugalde y sus compañeros consejeros electorales serían monedas de cambio suficientes para sacar adelante la reforma fiscal, aunque no se ve cómo sería convencido Dostoievsky de que eso no será el castigo por el crimen tipificado de fraude electoral que Andrés Manuel y sus huestes corearán por donde aún los escuchan —para que los escuchen más— asegurando que la decisión, integrada a la reforma electoral, será el reconocimiento cuasioficial de la usurpación…
Leopoldo Mendívil, “Crónica Confidencial”, Crónica, 5 de septiembre.
Por cierto que la consejera electoral, Alejandra Latapí, asegura que el IFE como órgano del Estado Mexicano, requiere la capacidad necesaria para que los consejeros electorales puedan aplicar las normas con imparcialidad y firmeza. Las mejoras a las normas que surjan de la reforma electoral requieren de una autoridad electoral independiente e imparcial, alejada de la coyuntura y de las presiones políticas”.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 5 de septiembre.
¿De verdad va a haber una reforma electoral para profundizar la democracia? Desconfío mucho de que eso ocurra por lo que hasta ahora se puede leer sobre el tema. Por un lado, el eje de la reforma que viene parece estar colocado en la revancha contra el árbitro. El tema que más se discute es el de si se remueve a los actuales consejeros electorales, si esto se hace de manera escalonada, si se hace ahora o en el 2010, si se van todos de una vez o si unos se quedan y otros no. Mal principio para enfrentar los asuntos de fondo de la necesaria mejora de nuestra competencia política.
De nuevo, más que buscar reglas generalmente aceptadas capaces de convertirse en instituciones de largo plazo, se busca la culpa de las personas, sin ver que el problema no está en la conducta específica de tal o cual personaje sino en el marco general que norma la competencia y genera los incentivos de los comportamientos individuales.
Jorge Javier Romero, Crónica, 5 de septiembre.
Seguramente los consejeros del IFE (algunos o todos) serán sustituidos por otros. Pero será muy fácil documentar que la razón más relevante por la que perdieron la confianza de los partidos fue, paradójicamente, que intentaron ganarla en exceso. Tengo para mí que si no usaron de todas sus atribuciones a tiempo fue porque buscaron que los partidos hicieran campaña con libertad; si no actuaron con más energía frente a otros actores, fue porque quisieron ceñirse puntualmente a los procedimientos que les daba la ley y les exigían los partidos; si no informaron a tiempo de los resultados electorales, fue porque siguieron el guión que los partidos dictaron para la noche del 2 de julio; si no reclamaron la deslealtad partidaria que siguió los días posteriores, fue porque quisieron evitar más problemas.
El resultado es aleccionador: mientras más simpatías quisieron granjearse, más desconfianza gestaron. Hasta el punto en que hoy, al final de todos esos intentos, se han convertido, a un tiempo, en la manzana de la discordia, en el chivo expiatorio y en el nudo gordiano de la reforma que sigue.
Modificadas las reglas y los actores, los partidos se sentirán más seguros del poder que ya ejercen. Pero sospecho que no cambiará lo fundamental: que la desconfianza que expresan es, en realidad, a sí mismos. Y eso no podrá resolverlo ninguna reforma. Todavía estamos muy lejos de ser, en serio, una democracia
Mauricio Merino, El Universal, 5 de septiembre.
¿Se ve afuera del IFE? Sí. ¿Está resignado con el desenlace…? Sí, totalmente tranquilo. ¿Se va a amparar para defender el puesto? No, para nada. En lo personal no voy a emprender ninguna clase de acción legal. Breve charla con el consejero Rodrigo Morales
“Bajo reserva”, El Universal, 5 de septiembre.
Pero hay más. Para justificar la reforma electoral y los cambios al IFE se argumenta que los consejeros electorales deben ser despedidos porque carecen de la confianza de los partidos, sobre todo del PRD y del PRI. Pero además se dice que el actual Consejo General del IFE fue integrado sin la participación del PRD, y sólo con el aval del PRI y del PAN. Se dice más: que los consejeros fallaron y que por eso deben ser reemplazados, de manera escalonada.
En el supuesto de que todo eso sea cierto, la reforma no ataca el problema de origen, que es la fórmula para designar a los consejeros, mediante el reparto de cuotas. El PRI y el PRD piden el cambio de los consejeros y dejan intacta la fórmula para elegir a los nuevos. ¿Entonces, de qué se trata? En 2003 aquí dijimos que la integración del nuevo Consejo General se había viciado de origen, ya que por los errores del PRD se dejó en manos del PRI y del PAN el cambio de los consejeros
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 5 de septiembre.
Lo cierto es que un freno para la reforma electoral es que no hay un acuerdo aún: cuándo y cómo se van los consejeros electorales. Si todos de un jalón, escalonado…
Quien ha metido mucho ruido es el secretario de Gobernación que quiere que se aprueben las reformas. Sí, paradójico como se lee y es: Francisco Ramírez Acuña.
Y es que él —quién sabe cómo— dice que sabe que las negociaciones se rompieron el lunes por la mañana. Mmm. ¿Y qué anda él hablando de algo exclusivamente del Legislativo?
Que mucho ayuda el que no estorba, dijo Carlos Navarrete. Manlio Fabio Beltrones fue más allá. Dijo que o no estaba bien informado (ouch) o que sus órganos de inteligencia (no su cerebro, sino los del Estado, que comanda) no estaban funcionando. Doble Ouch, más viniendo de Beltrones que de todo eso sabe mucho.
Por otro lado, Diego Fernández de Cevallos resumió así la propuesta de sacar a los consejeros: Linchamiento cobarde de montoneros.
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 5 de septiembre.
Y ante esta situación, los actuales consejeros —siete de los nueve que son— ya salieron en su autodefensa, pero de manera mucho más inteligente. Primero defendiendo el instituto y luego sus puestos.
Que el IFE necesita “medios de defensa constitucional” para que poderes ajenos a ese organismo —léase el Congreso— no violen la independencia de ese Instituto. Muy bien. Y contrapropusieron que quien los vigile sea una contraloría ciudadana.
De acuerdo con Alejandra Latapí, consejera electoral, sí están por la reforma electoral… pero:
—(estas reformas) requieren de una autoridad electoral independiente e imparcial, alejada de las presiones políticas… Bueno, así es muy diferente.
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 5 de septiembre.
La defensa mediática y política que comenzaron Ugalde y cinco consejeros del IFE más –Arturo Sánchez, Virgilio Andrade, Alejandra Latapí, Teresa González y Andrés Albo— logró el pasado jueves 30 de agosto retrasar la presentación de la iniciativa electoral, que tuvo que moverse para el día siguiente. Ayer, esos mismos consejeros aparecieron para dar un pronunciamiento conjunto de apoyo a la reforma electoral, pero en contra de una remoción que atente, dijeron, contra la autonomía del instituto.
De los otros tres consejeros que no aparecieron en esa conferencia, Lourdes López declaró después que apoyaba el pronunciamiento, pero no pudo asistir por “problemas de agenda”. Rodrigo Morales y Marco Antonio Gómez, por su parte, han dicho que están dispuestos a renunciar para que avance la reforma. Pero hay versiones que dicen que tanto Lourdes como Rodrigo y Marco Antonio ya negociaron su salida del IFE. Morales habría pactado con el PRD, con Arturo Núñez concretamente, su nombramiento como director del nuevo Registro Federal Electoral; mientras que Gómez y López habrían tenido pláticas con Manlio Fabio Beltrones
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 5 de septiembre.
Un dato que dan legisladores que participan en las mesas de negociación de la reforma electoral es que hasta el martes 28 la salida de los consejeros “estaba planchada.
Incluso, revelan que hubo pláticas con el Consejo General, incluido Luis Carlos Ugalde, en la que se les ofreció un esquema de “retiro y jubilación”, similar al usado por el ex presidente Ernesto Zedillo en su reforma judicial del 97, en la que renunciaron todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La “salida digna” planteada a los consejeros electorales consistía en que, a cambio de su renuncia voluntaria, se les pagaría de por vida su actual sueldo mensual, de 109 mil pesos
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 5 de septiembre.
En pláticas con Carlos Navarrete y Arturo Núñez, varios consejeros conocieron la propuesta avalada por el PRD y el PRI, y que quedaría contenida en la iniciativa electoral. Ugalde mismo asistió a esas conversaciones y, aunque no dio una respuesta, ofreció revisar el planteamiento.
Repentinamente, dicen los legisladores consultados, el presidente del IFE cambió su posición y para el miércoles por la mañana, en entrevistas, habló de que no renunciarían y que podrían iniciar acciones legales si los removían. Una plática entre Ugalde y Elba Esther Gordillo, afirman esas fuentes, ocurrió en medio de las negociaciones con el Congreso y motivó el cambio de actitud de Luis Carlos
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 5 de septiembre.
Al menos tres consejeros del Instituto Federal Electoral, Marco Gómez Alcántar, Rodrigo Morales y Lourdes López, no sólo están en desacuerdo con la campaña emprendida por el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, para oponerse a la reforma electoral que considera, primero que nada, cortarle la cabeza a quienes son árbitros de las elecciones. También respaldan esa modificación y culpan a Ugalde de irse por la libre en lo que ven como una defensa a ultranza de su chamba
“Binoculares”, El Gráfico, 5 de septiembre.
Yo soy de los que creen que los consejeros electorales sean inamovibles. Quizás es necesario renovar a algunos o a varios o a todos los consejeros. Pero ello no puede darse por un golpe de fuerza, una decisión política partidaria que vulnere la autonomía del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, la suerte parece estar echada para los consejeros del IFE, comenzando por su presidente, Luis Carlos Ugalde. Si bien al momento de escribir estas líneas todavía persistían los desacuerdos sobre cómo operar el reemplazo de los consejeros, las posiciones del PRI y el PRD han enarbolado una tesis intransigente con respecto a la exigencia de que todos sean removidos de sus cargos, mientras que el PAN ha apoyado la de una remoción paulatina de ellos.
Pero los mensajes allí están: en el contexto del Informe presidencial metió las manos por ellos. La imagen de Luis Carlos Ugalde prácticamente solo en Palacio Nacional, sentado junto a una Ivonne Ortega que ni siquiera intentó platicar con él durante toda la mañana, o la fría despedida del presidente Calderón, fueron más significativas que cualquier comunicado. La suerte está echada, aunque las formas aún deben ser procesadas con mayor detalle, por una simple cuestión: legalmente, la remoción de los consejeros es problemática y la misma puede conllevar el mensaje de que el propio gobierno es producto de una elección ilegítima
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 5 de septiembre.
Es verdad que Ugalde, en este contexto, se ha equivocado con sus declaraciones y en vez de ampliarlo, cerró el espacio de negociación. Su defensa, justa, de la autonomía del Instituto y de la inamovilidad de sus integrantes, ha sido conscientemente confundida con una defensa de su posición al frente del IFE. El viernes pasado, en una mesa en México Confidencial, por Cadena Tres, con los senadores Arturo Núñez, del PRD, y Jesús Murillo Karam, del PRI, ambos coincidían en que la remoción de los consejeros es una condición indispensable para ir a 2009 con mayores acuerdos y un árbitro respetado por todos. Tanto Murillo Karam como Núñez dijeron que esa remoción, independientemente de sus opiniones sobre los comicios de 2006, no debería interpretarse como una ilegitimidad de origen del gobierno de Felipe Calderón. Núñez fue enfático: el problema, dijo, no es que los jugadores expulsen al árbitro, sino que cuando el árbitro no tiene la confianza de los jugadores éste debe ser reemplazado. No me queda claro que esa posición, que abre un margen importante de negociación, sea finalmente asumida por sus respectivos partidos, pero ese espacio genera la posibilidad de que se procesen cambios entre los integrantes del Consejo, sin que ello implique su remoción o despido.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 5 de septiembre.
La suerte del Consejo se ha dificultado aún más porque la lista de quienes se sienten insatisfechos son muchos: el PRD necesita un chivo expiatorio por su fracaso en las elecciones y la salida de los consejeros es una coartada para justificar, aunque sea en términos declarativos, el mismo. Y de paso le proporciona a López Obrador un argumento con el fin de mantener su campaña. El PRI quiere exorcizar a Elba Esther Gordillo y la salida de los consejeros sirve con ese fin. En el PAN han decidido que no tienen un compromiso tan alto con ellos como para jugar la carta de su defensa. En algunos círculos del gobierno no son pocos quienes consideran que Ugalde y los consejeros se echaron para atrás la noche del 2 de julio cuando los conteos rápidos mostraban una ligera ventaja de Calderón y el consejero presidente decidió no dar resultados, lo que propició el conflicto poselectoral.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 5 de septiembre.
El problema es político y de principios. La piedra de toque de la reforma electoral es la salida de los consejeros. La gran mayoría de los otros capítulos que la integran son compartibles y muchos de ellos beneficiosos… pero, entonces, parecen decirnos los partidos, deberán pagar el costo de cambiar el Consejo, lo cual quitará el último escollo a la normalización política y electoral. ¿Será así? ¿Alguien cree que con un nuevo Consejo se normalizará la vida política y electoral? ¿Que se comenzará a ver el futuro para no revisar el pasado? ¿Que no se repetirá la historia de 2006 luego de los comicios de 2009 y 2012? ¿Que los nuevos consejeros se mantendrán absolutamente independientes y autónomos y no habrán aprendido la lección de que si hacen enojar a los partidos, o a algunos de ellos, pueden perder su cargo en la próxima oportunidad? ¿Alguien puede garantizar que los vetos no surtan efecto como con la última renovación del Consejo, que descartó a muchos de los principales prospectos? ¿Alguien puede asegurar que si la correlación interna de fuerzas dentro de cualquiera de los partidos cambia en los próximos años no cambiará la simpatía de los mismos por los integrantes del Consejo?
Ahí está el punto de conflicto. Claro que podría darse un cambio de consejeros y ello podría ser parte de una negociación más amplia. Pero la diferencia entre renovación y remoción es mucha. Entre reformar y castigar, también. Entre mirar hacia el futuro y vengarse por hechos del pasado es aún más amplia. Hay tiempo y posibilidades para que la reforma electoral, con todo lo que ella implica, pueda procesarse sin vulnerar las formas, para que sea un avance y no un retroceso.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 5 de septiembre.
En su alegato para no ser removido de su cargo como presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde lleva razón en más de un punto.
1) Es verdad que la autonomía del IFE puede ser vulnerada por la acción de los partidos políticos. Pero eso no es de ahora, sino de hace mucho. La famosa ciudadanización del Instituto, cuando en 1996 su presidencia ya no recayó en el secretario de Gobernación, en realidad fue una "partidización". No es casual que los partidos decidan siempre el nombramiento de los consejeros, por cuotas, proponiendo generalmente a personas afines a su causa (militantes en activo o ex militantes recientes o candidatos a serlo apenas se vayan del IFE). Eso ocurrió también cuando en 2003 el PRI decidió designar a gente cercana, entre ellos al propio Ugalde, quien había militado en ese partido por años, participando incluso en la XVIII Asamblea de 2001. Cosa distinta es que Ugalde haya querido ocultar su trayectoria priista (pero la prensa no tardó en documentar su larga militancia).
2) Es cierto también que no conviene decidir el nombramiento o remoción de los consejeros a partir de otras reformas a negociar. Pero precisamente por un acuerdo de esos entre el PRI y el PAN es que fue nombrado Ugalde. El PRI condicionaba la reforma fiscal de 2003, y como el PRD no aprobaba ese proyecto, fue excluido del proceso para renovar el Consejo del IFE —más que autoexcluido, como bien saben los protagonistas de ese episodio. Entonces esa nociva mezcolanza no le pareció tan mal a Ugalde—.
3) Y es que fue el consenso partidario lo que dio fuerza a los consejos de 1994 y de 1996. Pero se volvió a perder en 2003 —como en 1991— con grave daño al IFE. Es cierto que en 2006 fue la primera vez que un IFE sin consenso partidario conduce una elección presidencial. Y así nos fue. Convendría al menos, como lo propone el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (encabezado por Clara Judisman), exigir el voto de cuatro quintas partes de los diputados para nombrar a los consejeros. Conviene considerar también la sustitución de un consejero al año, como propone José Woldenberg. De otra manera, el consenso podría fácilmente volverse a perder.
4) Cierto también que de la falta de consenso no fue directamente responsable Ugalde, sino los partidos. Pero Ugalde sabía que no contar con el aval del PRD representaría un golpe al IFE. Todos lo vieron. Incluso Woldenberg advirtió que la legalidad de aquel proceso no sustituía el consenso, pues el IFE estaba demasiado tierno para soportar ese hueco. Pero a Ugalde no le inquietó mucho ese revés a la credibilidad del IFE, que ahora le preocupa tanto. Desde luego, esa circunstancia también le implicaba un riesgo personal de que las cosas terminaran mal (lo conversé con él días antes de ser nombrado presidente y estaba consciente de ello). Con todo, aceptó jugar a la "ruleta rusa"… pero con cinco balas.
5) Tiene razón Ugalde al defender la imparcialidad del IFE. Pero hubo decisiones suyas que se apartaron de esas virtudes en al menos dos ocasiones: A) Al defender la estrategia panista de abrir los menos paquetes posibles (2.5%), cuando la ley estipula recontar todos aquellos cuyas actas mostraran inconsistencias (50%). De hecho, el Tribunal reprendió severamente al IFE por esa omisión legal (5/Ago/06). B) Al anticiparse Ugalde al Tribunal para levantarle la mano a Felipe Calderón sin estar facultado para ello. En esto afloró sin lugar a dudas por dónde jugaba el consejero presidente (hoy por ti, mañana por mí). Y probablemente por eso ahora le solicita a Calderón que tenga "honestidad política".
6) Y desde luego tiene razón Ugalde al señalar que, en el caso del IFE y el TEPJF, la relación con los partidos es particularmente delicada y tensa, pues se trata nada menos que de los árbitros de la pugna por el poder. De ahí que sería conveniente buscar una tercera instancia que tomara la decisión de quiénes deben conformar el Consejo General, de entre aspirantes que cumplan con un perfil legal más definido y estricto (que incluya la condición de no haber militado en ningún partido algunos años antes de ocupar el cargo, a diferencia de lo que hoy sucede). Una especie de FIFA (para utilizar la metáfora futbolística) intermediaria entre los "equipos" y el "árbitro". Esa instancia podría también recibir las quejas de los partidos sobre el desempeño de tal o cual consejero y valorar si hay elementos de fondo para la inconformidad o se intenta una simple vendetta. Sería esa tercera instancia la que decidiera si el consejero impugnado se va o se queda, a partir de una serie de infracciones claramente establecidas en la ley y, así, reducir la discrecionalidad de ese órgano —sin menoscabo del juicio político, para transgresiones graves—. Desde luego, no se trata de erigir una nueva institución permanente y cara; podría ser una comisión ad hoc del Poder Judicial o un colegio de rectores de reconocidas universidades públicas y privadas, en función honoraria
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 5 de septiembre.
La remoción de los consejeros del IFE, pieza política clave de la reforma electoral, ataca una enfermedad falsa en un paciente equivocado.
La enfermedad que atacó al IFE en 2006 no fue la impericia de sus consejeros (sólo un síntoma concurrente), sino la ofensiva del perdedor de aquellas elecciones contra la totalidad del proceso. La ofensiva dura hasta la fecha y encontrará en la remoción de los consejeros una victoria diferida de pronóstico reservado.
Me pregunto por qué el PRI y el PAN se disponen a conceder este punto de la estrategia de López Obrador contra la institución electoral. Han comprado la moneda de la desconfianza, que no es de curso corriente entre los ciudadanos, pero acabará siéndolo con el tiempo.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 5 de septiembre.
El IFE resistió en 2006 la prueba mayor de su corta y accidentada historia. Se dobló, pero no se quebró, sirvió para lo que estaba diseñado. La revisión exhaustiva de sus resultados y procedimientos no arrojó irregularidades que negaran la calidad de la elección. Una a una las imputaciones de anomalía perdieron peso, se desvanecieron en el aire, en medio de una batalla de infundios y descalificaciones que valdría la pena no olvidar.
Esa fue la enfermedad del IFE y lo será de quien siga, porque su virus no está en el cuerpo de la institución sino en el del contendiente que la asalta desde fuera.
Amputarán al paciente y la enfermedad seguirá, porque los médicos están atacando una enfermedad falsa en el paciente equivocado.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 5 de septiembre.
Los consejeros del IFE están en la mira de los partidos que perdieron las elecciones. Básicamente en la del PRD, pero también en la del PRI. Los otros también les apuntan, pero el calibre no importa.
Su remoción es el punto central de la propuesta reforma electoral que, a su vez, va de la mano con la fiscal: sólo si sale una sale la otra.
En este escenario de avanzar en las reformas después de diez años de parálisis, el presidente Felipe Calderón se ve dispuesto a ceder en la electoral como se la plantean para ganar en la otra, la fiscal, en lo más parecido a lo que él planteó. El precio pasa por la cabeza de los consejeros electorales. Los legisladores darán a Calderón su reforma fiscal si éste no se opone a la electoral, nueva alineación del IFE incluida.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 5 de septiembre.
Atrapados en la duda, se desconoce si la reforma electoral es para despedir a los consejeros o si para despedirlos se envuelven en la reforma electoral.
Y en eso va este periodo ordinario de sesiones en el que Calderón busca construir acuerdos, edificar una mayoría, que su antecesor no pudo, para poder gobernar y no dejar su sexenio, como el anterior, en una mera administración.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 5 de septiembre.
La reforma electoral se ha convertido en una lucha pública, parece revancha; un enfrentamiento abierto entre el consejero presidente del IFE y los promotores de dicha reforma.
Nunca habíamos visto tal decisión en Luis Carlos Ugalde ahora que defiende su posición, vehemencia que le hubiera redituado más, a él y a todos, en las horas decisivas del 2 de julio y siguientes, cuando no tuvo la decisión que ahora muestra al defender lo suyo, en nombre de las instituciones, dice, como no defendió su rol en el proceso electoral del año pasado.
Si entonces, en su momento, hubiera salido a decir lo que ahora revela, otro hubiera sido el ambiente político y otra la calificación a su actuación.
Pero no. Entonces calló lo que un año más tarde denuncia, como presiones y hasta amenazas de Fox la noche del 2 de julio; ahora habla de fraude y dice que si se va, se comprobaría, y se muestra decidido y articulado como no se vio ni se sintió entonces, que parecía apabullado por una realidad incontrolable.
Es posible que entonces Ugalde careciera, como ha dicho ahora, de los instrumentos legales para enfrentar a Fox —condenado luego por el Tribunal Electoral, no por el IFE—, pero también lo es que Ugalde aquella noche tenía a disposición todos los medios de comunicación para denunciar entonces lo que ahora acusa en la defensa de su posición.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 5 de septiembre.
En lo personal no veo que la salida de los consejeros sea un elemento esencial de la reforma electoral, pero hay quienes sí lo ven así y juntos hacen mayoría, por lo que su destino está decidido: se irán. Son ellos o las reformas del Presidente.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 5 de septiembre.
Que todavía no rueda la cabeza de Luis Carlos Ugalde y ya se habla de las dos personas que, “con toda seguridad”, lo relevarán en la presidencia del IFE. Por un lado, del especialista en materia electoral, el político y politólogo Jorge Alcocer. Por el otro, del rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, quien en noviembre terminará su exitosa gestión al frente de la máxima casa de estudios.
“Trascendió”, Milenio, 6 de septiembre.
No son los abajofirmantes de siempre, son gente reconocida en su campo, y su defensa del IFE es impecable: Las encuestas dicen que el IFE es de las instituciones más confiables.
Quieren quitar a los consejeros, sin razones fundadas.
Los legisladores que urgen la remoción, son producto de una elección que organizaron y vigilaron los consejeros que hoy descalifican.
Piden al Congreso remoción escalonada pero a partir de 2010, al terminar su encargo.
Pero, claro, ellos están en el dame y te doy.
Pepe Grillo, Crónica, 6 de septiembre.
La propuesta de reforma constitucional, por otra parte, precisa y amplía facultades del Tribunal Federal Electoral aunque reduce a 9 años el encargo (ahora es de 10 años) de los magistrados que lo integran. Igual que para los consejeros del IFE, se establece que la renovación de los magistrados del Tribunal sería de manera escalonada.
Esa modificación no tendría que conducir a la sustitución, ahora mismo, de los consejeros del IFE. Pero si así ocurriera no hubiese motivo para que no fueran reemplazados, también, todos los miembros del Tribunal. Si los partidos insisten en remover ahora a los consejeros no será por necesidades de la reforma electoral sino por el pueril aunque muy costoso afán de venganza que mantienen algunos de sus dirigentes.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.
Dos balones cayeron en la cancha de Los Pinos para la renovación de los consejeros electorales. Los dos esquemas tienen el aval del PRI, PRD y los minipartidos, pero se busca que Calderón haga el saque de salida para el proceso. Una propuesta considera la integración de un consejo de siete integrantes, si en 2007 salen los nueve miembros que encabeza Luis Carlos Ugalde. La otra prevé a 11 personas, con la posibilidad de que permanezcan tres consejeros de los actuales. El Poder Legislativo nombraría, en consecuencia, a ocho nuevos integrantes. Los panistas han insistido en que prefieren la remoción escalonada. En este partido que es la política electoral, los jugadores simplemente decidieron cambiar al árbitro
“Bajo reserva”, El Universal, 6 de septiembre.
En medio de un debate que sube de intensidad sobre si el Congreso debe o no remover a los consejeros del IFE, ayer se reanudaron las negociaciones sobre la reforma electoral. La última propuesta del PRI y el PRD, por la noche, fue que todos los consejeros se vayan antes de 2009, en un esquema de tres este año, y el resto escalonados durante 2009, mientras el PAN sólo acepta la salida de tres este año, pero el resto hasta después de los comicios federales. Los cálculos de los dos bloques tienen que ver con el número de consejeros que podrían controlar para mantener la hegemonía del Consejo General durante la elección federal…
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 6 de septiembre.
Entre analistas y académicos aumenta el rechazo a la intentona de PRI y PRD por descabezar al Instituto Federal Electoral bajo el pretexto de que esos partidos, que el 2 de julio se decían satisfechos, le han perdido la confianza al árbitro
“Binoculares”, El Gráfico, 6 de septiembre.
Pero existe una diferencia crucial entre negociación y chantaje. Cuando los puntos inamovibles de una negociación son demasiados y muy terminantes en uno de los actores y para avanzar en lo que demanda el interlocutor se pide cada vez más, sin dar nada a cambio, no estamos ante una negociación, sino ante un chantaje, en este caso, un chantaje político. La negociación de la reforma electoral, que ha sido unida en su destino a la fiscal, está en ese difícil momento en el que puede pasar de ser eso, una negociación compleja, para convertirse en un simple chantaje. Hay, decíamos ayer y lo reiteramos, un numeroso grupo de abajofirmantes en el desplegado que apareció ayer con respecto a la hipotética remoción de los consejeros del IFE, numerosas salidas posibles para renovar al Instituto y a las leyes electorales, de forma tal que no salgan vulneradas la autonomía del organismo y las normas legales con las cuales se rige. Pero la negociación se ha topado con un capítulo en el que sobre todo el PRI ha decidido no transigir: la salida, ya, de todos los consejeros, su remoción y reemplazo. Incluso el PRD, que sería el mayor beneficiario de una decisión de esa índole, se ha mantenido, por lo menos en sus declaraciones públicas, más abierto a explorar otras opciones. Finalmente, en el PAN y en el gobierno también han puesto un límite a los términos de su negociación: la remoción completa de los consejeros no es aceptable. El PRI, y se supone que el PRD, subieron entonces la apuesta: si no hay remoción de los consejeros, no hay reforma fiscal. Y ahí estamos, al menos hasta el momento de escribir estas líneas
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 6 de septiembre.
Y, dado que el mismo beneficiario de los fraudes convalidados acepta que la plantilla de consejeros devaluados sea removida en aras de una reformilla fiscal, los malabaristas del micrófono sienten que les mueven el piso y que sus servicios de lavandería son mal pagados. Pero Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del Instituto del Fraude Electoral son cadáveres políticos que entre más tiempo sean sostenidos en sus sitios más daño harán. Aun cuando las negociaciones entre partidos fracasaran y no hubiera reformas fiscales ni electorales, el juicio histórico sobre Ugalde y sus consejeros se ha adelantado y esa plantilla podrida no tendrá más autoridad trascendente. Ese logro, que sería mayor si formalmente son tirados ya esos consejeros a la fosa común de la historia, valdría por sí mismo los muchos escarceos de la más reciente temporada de tianguis partidista en las cámaras legislativas. Otro avance sustancial podría darse en cuestión de la publicidad electoral en medios de comunicación, evitando que las televisoras, sobre todo, se conviertan en entidades definitorias de los cursos comiciales y en caja registradora altamente beneficiada de cada elección. A partir de ahora sólo habría propaganda en tiempos electrónicos oficiales manejados por la autoridad electoral. Pero todo está sujeto a un intercambio convenido en el Congreso federal: dando y dando, lo fiscal por lo electoral y viceversa
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 6 de septiembre.
En lo personal estoy en desacuerdo en que dicha reforma pase por el cese de los consejeros aunque entiendo, pero no comparto, las razones de los poderes políticos para deshacerse de ellos.
En el caso del PRD, está la ofensiva poselectoral de Andrés Manuel López Obrador, quien desde la noche de las elecciones desconoció al IFE, al que colocó como una de las instituciones remitidas al diablo desde el Zócalo, destino reiterado que mantiene este remitente.
Para el PRI es un asunto interno, pues atan el origen, pecado original de Luis Carlos Ugalde, a Elba Esther Gordillo, la enemiga pública número uno de los priistas, a pesar de que votaron por él cuando lo eligieron en 2003. Pero hoy pesa más la traición de “la maestra”, que aquel voto legitimador que hoy quieren olvidar y de cuyo lance no quieren acordarse.
En el caso del PAN, debo entender su postura de que se vayan los consejeros, por una decisión de los operadores políticos de Los Pinos, el presidente por supuesto incluido, quien parece buscar el mal menor, la salida de los consejeros, por el mal mayor, la parálisis que reduciría su gobierno a administración. Lo que no tengo claro es cómo llegaron a decidir cuál es el menor de los males.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 6 de septiembre.
Defender al Instituto Federal Electoral ante los políticos que quieren violar su autonomía es una causa imprescindible para quienes creen en la democracia. El peor enemigo en esta lucha, sin embargo, ha resultado ser el propio consejero presidente. Más que defender a la institución, Ugalde parece estar protegiendo su chamba. Y qué lamentable, porque en este momento histórico hubiera sido maravilloso que el IFE pudiera haber tenido a un presidente más digno.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de septiembre.
Invitado a un desayuno por la Asociación de Ex Alumnos del ITAM, hete aquí que el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, se negó varios minutos a ingresar al recinto del evento, para desesperación de los organizadores e histeria de sus ayudantes que corrían por pasillos en busca de auxilio.
La explicación llegaría entre jadeos y gestos: —Es que el señor está acostumbrado a que lo reciban en la puerta.
Así como lo lee usted
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 6 de septiembre.
Que una sorpresa parece depararles “la cruda realidad” a los autores y promotores de la reforma electoral, y es que quien parece más apuntado a presidir el futuro Consejo General del IFE está impedido por ley para formar parte del mismo.
Jorge Alcocer, cabeza del grupo que diseñó el proyecto de reforma para el senador priista Manlio Fabio Beltrones, fue presidente del CEN de Fuerza Ciudadana, partido político por el que también compitió para una diputación en 2003.
Sucede que el Artículo 76 del Cofipe indica que un requisito para ser consejero es “no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, o su equivalente, de un partido político”.
Aunque claro, como están las cosas, sólo falta que los legisladores hagan una modificación a la medida del precandidato.
“Trascendió”, Milenio, 7 de septiembre.
Por cierto, nos aseguran que anteanoche Luis Carlos Ugalde, acompañado de una decena de guardaespaldas, fue al club de industriales a dar una “orientada a los empresarios” sobre las reformas que discuten los legisladores.
Y los industriales calificaron los cambios electorales como una locura más de diputados y senadores. Que deben frenar ese bodrio.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 7 de septiembre.
Luis Carlos, mientras tanto, sigue en la pantalla chica y en todos los periódicos con entrevistas, reportajes, crónicas... algunas "a modo", otras incómodas. Resiste los ataques del PRI, PRD y hasta del PAN. "No se dobla ni se arruga", se mantiene erecto y enhiesto. Responde todos los "cañonazos". ¡Hasta me hizo recordar a Napoleón! Exclaman algunos. ¿Al emperador? Preguntan los bisoños. No, hombre, a Napoleón Gómez Urrutia cuando el gobierno quiso destituirlo como líder del sindicato de mineros y le exigió los 55 millones de dólares que, según los trabajadores, se "clavó". ¡No compares! Reviran las huestes del presidente consejero del IFE. A Napito lo acusan de corrupción, y a Ugalde no. ¡Pero es corrupto mental! Señalan sus detractores. Bueno, eso es otra historia.
Para coronar su actuación en la pantalla chica, el presidente consejero se dirige a las cámaras, extiende la mano y les advierte a los televidentes: hoy corremos el riesgo de que el control que antes tenía el gobierno del IFE, quieran tenerlo los partidos políticos. ¡Uy, qué miedo! Grita la sociedad. ¿Qué clase de avance es ése? ¿Eso es lo que quieren los ciudadanos? Y él mismo se respondió: no, los ciudadanos quieren un IFE independiente. ¡Ah, y me quieren a mí! Le faltó decir.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de septiembre.
Ya encarrerado, advirtió: "No podemos permitir que los partidos políticos secuestren al IFE; no queremos volver al pasado cuando las elecciones las hacía el gobierno. No defiendo la silla porque no tengo ninguna aspiración política, sino la independencia del organismo", aclara el autollamado "nuevo héroe de la patria". ¡Pues parece que están envueltos en "la bandera de la nómina"! Exclaman sus críticos. Y es que, según ellos, antes de llegar al IFE, Ugalde era un investigador de "tercera", del grupito de Carlos Elizondo y Leo Zuckerman. Es más, recuerdan que Elizondo era el "gallo de Marthita" para dirigir el organismo pero no le gustó y pidió que lo mandaran a la OCDE. Que no diga pues Ugalde que quiere regresar a la academia, le reclaman.
Pero regresando a la estoica defensa mediática, atrás de las cámaras un grupito de intelectuales se une para intentar "salvar" del cadalso al presidente consejero; advierten, señalan, recuerdan que "el IFE es una institución ciudadana y los ciudadanos la valoran bien, según todas las encuestas disponibles. Se le confirió autonomía precisamente para garantizar su independencia respecto de los partidos. Por eso nos oponemos a cualquier medida que implique la erosión de esa autonomía, o la sumisión del Instituto a la negociación política de los partidos". Bueno, una cosa es la institución y otra el presidente y sus consejeritos, quienes no gozan de muy buen prestigio; además, la sociedad ni los conoce. Más aún, no confía en las encuestas.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de septiembre.
Por ahí, saltando de micrófono a micrófono, de pantalla en pantalla, anda rasgándose las vestiduras, presumiendo de una dignidad que no tuvo cuando se trató de poner alto a las trapacerías de Vicente Fox; escudándose en una legalidad que usó sólo como coartada; denunciando la violación a una autonomía que él se encargó de aniquilar; el patético consejero-presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, actor de uno de los más recientes e insulsos melodramas mediáticos de la política nacional y gestor, facilitador –por acción y por omisión– de una grave afrenta contra la nación.
No tengo memoria de otro funcionario público lanzado así, como Ugalde, a una tan intensa, lamentable y cínica cruzada mediática en defensa de su puesto. Menos tengo memoria de un hombre haciendo una tan descarada confesión de parte, por un lado, y una tan explícita amenaza de extorsión a Felipe Calderón y su partido, por la otra.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 7 de septiembre.
No tuvo Ugalde en 2006 el coraje para impedir, o por lo menos denunciar, las intromisiones de Vicente Fox, el poder económico y la Iglesia en el proceso electoral. Tan no tuvo los tamaños que el puesto y la situación exigía que, en cada declaración, en cada entrevista, con un cinismo que deja estupefacto a cualquiera, lo confiesa. Se escudó entonces Ugalde, y se escuda ahora, en las omisiones de la legislación que son muchas y por cuyos resquicios se colaron Fox, los barones del dinero y el mismo PAN. Hace Ugalde de la ley una mera coartada para ocultar su cobardía.
No hay duda, el presidente Vicente Fox intervino mañosamente y esta intervención tuvo un efecto pernicioso en el proceso electoral, declara Ugalde y lo repite una y otra vez. Lo hicieron también los empresarios quienes, con el PAN, desataron la guerra sucia, marca indeseable e indeleble de esos comicios; dice también y luego dispara: “Ceder al chantaje de los partidos sería reconocer que hubo fraude.”
El que como árbitro se mantuvo con los brazos cruzados y la boca cerrada, no cesa ahí de gimotear en cadena nacional y apocalíptico predice que si “los partidos pactan su remoción” será entonces el fin de la democracia en México. Escuchar a Ugalde remite inevitablemente a aquello de “no llores como niño lo que no supiste defender como hombre”.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 7 de septiembre.
La polarización y el intenso debate que desató la remoción de los consejeros del IFE no sólo permeó al Congreso, a los partidos y a la sociedad; dentro del propio Consejo General del órgano comicial, las posiciones se han dividido y hay dos bloques que sostienen visiones y argumentos encontrados sobre su renuncia al cargo como parte de la iniciativa de reforma electoral que se negocia en el Senado.
Los que no quieren irse y argumentan un ataque a la autonomía del IFE y una injerencia de los partidos, son cinco consejeros, encabezados por Luis Carlos Ugalde: Alejandra Latapí, Arturo Sánchez, Teresa González y Andrés Albo. No sólo se niegan a ser removidos, sino que advierten que pueden recurrir a acciones legales y constitucionales, y centran su defensa en que su salida sería un mal precedente para que los partidos representados en el Congreso vulneraran, cuando convenga a sus intereses, a otros órganos autónomos y ciudadanizados del Estado mexicano
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
Totalmente en contra de esa visión, están otros cuatro consejeros electorales. Marco Antonio Gómez, Virgilio Andrade, Lourdes López y Rodrigo Morales sostienen que la iniciativa de reforma electoral es “altamente positiva” y aborda los temas y adecuaciones necesarios al marco legal para evitar que se repita una crisis política como la que vivió el país el 2 de julio del 2006.
“Si nuestra renuncia es necesaria para que avance una reforma que elimine los riesgos de que los mexicanos vivamos otro 2 de julio, adelante, nosotros nos vamos”, sostiene ese bloque de consejeros que además cuestiona abiertamente el “activismo” de Ugalde y que haya pretendido hablar a nombre de todos los consejeros sin consultarlos antes
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
Las diferencias entre uno y otro bloque de consejeros no son nuevas. Ya habían surgido en varias votaciones polémicas del Consejo, como la que tuvo que ver con los ilegales spots del Consejo Coordinador Empresarial, durante las campañas presidenciales. Pero en la coyuntura de la reforma, la distancia entre los dos bloques se ha ensanchado y hasta la comunicación más elemental se ha complicado, cuando no interrumpido.
La fractura interna en el Consejo del IFE se hizo evidente el lunes pasado, cuando Luis Carlos Ugalde salió a fijar un posicionamiento institucional sobre la propuesta de reforma electoral. Sólo cinco consejeros lo acompañaron en la conferencia de prensa, mientras los otros tres consejeros se negaron a suscribir la declaración pública.
A partir de ahí se desató una serie de rumores, versiones y filtraciones que hablan de los dos bloques. Desde las que dicen que los consejeros que aceptan la remoción ya negociaron con el PRI y el PRD su salida a cambio de esquemas de liquidación y retiro del cargo —algo que niegan los cuatro consejeros que sostienen esa posición— hasta las que señalan que la resistencia de Ugalde y los cuatro consejeros que no aceptan su salida obedecen a una estrategia política respaldada desde el gobierno y el PAN, con la participación oculta de personajes como Elba Esther Gordillo
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
En el fondo del debate, al que se han sumado grupos de intelectuales y analistas que defienden la autonomía y el carácter ciudadano del IFE, aparecen toda clase de intereses: afanes de venganza del PRD por su derrota del 2 de julio; proyectos personales y cobro de facturas contra Elba Esther Gordillo por parte del PRI y de su hombre fuerte, Manlio Fabio Beltrones; cálculos políticos del PAN y del gobierno calderonista para no perder el control del IFE de cara a las elecciones federales del 2009.
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
Cuando Luis Carlos Ugalde fue elegido presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el 30 de octubre de 2003, el coordinador de los diputados del PRD, Pablo Gómez, dijo que la imposición era un acto “ruin, de bajeza política”, porque obedeció a una negociación entre PRI y PAN, que se repartieron los puestos de la institución.
Casi cuatro años después, Ugalde está en el centro del huracán, a punto de ser destituido por una decisión del PRI, y muchos analistas califican su defenestración como una canallada.
Atrapado entre las negociaciones de la reforma fiscal que le urge al gobierno de Felipe Calderón y la permanente aversión que le profesa el PRD, el ex profesor del CIDE está hoy en el umbral de la guillotina porque el partido que lo respaldó en el pasado, el PRI, ahora lo ve como extraño
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
No es sólo que a Ugalde se le considere cercano a Elba Esther Gordillo, la ex secretaria general del PRI y ex coordinadora de los diputados tricolores cuando se le eligió presidente del IFE.
También se le está cobrando su cercanía con Jesús Reyes Heroles, con quien trabajó en la Secretaría de Energía y la embajada de México en Washington, y a quien auxilió a redactar documentos para la reforma del PRI a mediados de los 90, por lo que fue muy criticado en 2003.
Hoy, que Reyes Heroles es funcionario del gobierno panista, y Elba Esther es enemiga del partido, Ugalde se parece a los primeros cristianos que eran lanzados a los leones en el Circo romano. Ahora, mientras el PRD, como las hordas del circo, vocifera que lo sacrifiquen, su mayor impulsor, el PRI, está dispuesto a poner el pulgar hacia abajo
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
Diversas expresiones suscita la briosa defensa que el consejero Ugalde hace de su chamba escudado en el prestigio, que a pesar de él, mantiene el IFE y en la animosidad hacia los partidos políticos de la que ha sido promotor incansable. Para juzgar la capacidad de sus consejeros actuales no debemos olvidar que los tribunales en más de una ocasión han revertido la calificación de los procesos y supuestos delitos electorales.
Utilizando silogismos espeluznantes, Ugalde relaciona fraudes con venganzas y contagia sus delirios haciendo creer que hay un ataque a la institución confundiendo autonomía e inamovilidad con derecho de perpetuidad. En México hasta el Presidente de la República es temporal y la historia de este y muchos países democráticos registra casos de excepción de periodos interrumpidos, debidamente sustentados en la ley
Lilia Merodio, El Gráfico, 7 de septiembre.
Pero además resulta que el cargo de consejero presidente del IFE no corresponde a ninguno de los tres Poderes de la Unión que avala la Constitución mexicana; es en estos tres poderes donde radica la soberanía del pueblo y en ninguno más.
La semana pasada, en su momento más irreflexivo, Ugalde dijo a Ramón Fregoso, de TV Azteca, que “…el IFE carece de los recursos de defensa que tienen los otros poderes…”. Proyectándose textualmente dijo: ¡LOS OTROS PODERES! Y más adelante sugería que un consejero debería poder presentar controversias constitucionales, cuando es muy claro que éstas sólo pueden darse entre poderes de los tres niveles de gobierno. Sus declaraciones debieran generar sospecha, como también el pesimismo a ganar los amparos, si es que la razón le asiste
Lilia Merodio, El Gráfico, 7 de septiembre.
Pero “losabajofirmantes” de inmediato se solidarizaron con su causa. Ya es común que suceda, glorias de la pluma, del lienzo y de la escena muestran simpatía por cualquier acto que parezca de rebeldía, y así hemos visto a Monsiváis adorar a la Trevi, a Elenita desgarrarse por Andrés Manuel y a muchos más coleccionando figuras de Marcos como si fueran barbies. Después, cuando la farsa se descubra, vendrán los topes en la pared y el no me acuerdo; mientras, los museos y bibliotecas escasos de obra contemporánea valiosa de verdad
Lilia Merodio, El Gráfico, 7 de septiembre.
Con la reforma electoral no se vulnera la autonomía del órgano electoral, lo fortalece. Legitima ésta y las otras reformas, que para la mitad de los mexicanos pudieran tener vicios de origen. Cualquier servidor público con vergüenza presenta su renuncia aún siendo inocente de una imputación, no sólo para no entorpecer una investigación o un juicio, sino para preservar la imagen de la institución a la que pertenecen.
Quienes subrayan la buena opinión de la gente sobre el IFE debieran preguntar si esa misma gente confía en una nueva elección con los mismos consejeros. Como sea, si no es ahora será mañana, pero las circunstancias le dan mayor valor al ahora
Lilia Merodio, El Gráfico, 7 de septiembre.
También, un grupo de reconocidos analistas y académicos firmaron un desplegado en defensa de la autonomía del IFE, donde afirman, entre otros argumentos (muchos de los cuales son atendibles) que el Consejo "se condujo de acuerdo al marco legal establecido". Yo he advertido al menos una omisión legal del IFE durante la sesión de escrutinio y cómputo (5/Jul/06), al haberse abierto y recontado sólo 5% de lo que, de acuerdo con la ley, tenía que haberse hecho. Luis Carlos Ugalde ha insistido en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su dictamen administrativo-electoral donde califica la elección (5/Sep/06), exoneró al IFE de cualquier infracción u omisión legal. En efecto, así fue
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 7 de septiembre.
Lo que no parece tener remedio es lo de Ugalde. Los senadores califican como un error del presidente consejero el haberse subido al ring, junto con la consejera Alejandra Latapí, a descalificar la partidocracia. Eso lo acabó de hundir, aseveran.
Y más. El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta, Jesús Murillo Karam, volvió a repetir que, para el PRI, la salida del presidente consejero no era un irreductible, pero ahora sí lo es. “No podemos aceptar su parcialidad”, subrayó.
Francisco Garfías, “Arsenal”, Excélsior, 7 de septiembre.
Luis Carlos Ugalde, la versión moderna de la zarzamora, que a todas horas llora que llora por las televisoras, sabe, como lo dijeron hace rato quienes ahora lo defienden, que siempre ha estado bajo las órdenes de la misma Elba Esther, y que le regaló por ese conducto a Felipe Calderón la supuesta autonomía del IFE.
Entonces, si se hace caso a su exigencia, la de Ugalde, esa de hacer de la institución una entidad de verdad autónoma, debería irse cuanto antes, porque el IFE en sus manos no es más que otros de los instrumentos del poder. Por lo pronto, para defenderse, ya encontró en las televisoras a otro depositario de esa autonomía. ¡Viva la independencia!
Miguel Ángel Velázquez, “Ciudad perdida”, La Jornada, 7 de septiembre.
El sector negociador del grupo gobernante entiende por un lado que Ugalde y el resto de los consejeros impuestos tras aquel acuerdo entre el gobierno foxista y Elba Esther Gordillo llevado a cabo en casa de Salinas, son personajes irrelevantes que a pesar de haber estado excepcionalmente remunerados no supieron encubrir su actuación ilegal y los turbios servicios que le prestaron al PAN y al régimen, y que su salida le permitiría al gobierno espurio intentar levantar al IFE del desprestigio en el que se halla y tratar por otra vía de legitimar al gobierno de facto al desligarse de la Gordillo y acercarse a las corrientes derechistas del PRD, al mismo tiempo que negociar medidas fiscales con el PRI ante su desesperante carencia de recursos: salir, en una palabra, de la crisis
Luis Javier Garrido, La Jornada, 7 de septiembre.
Los sectores más obtusos y torpes de la extrema derecha en el poder creen por el contrario que la salida de Ugalde y sus cómplices del IFE supone una confesión del fraude de parte del gobierno de facto y que éste no debe ceder en nada, por lo que están orquestando una vasta campaña mediática de desinformación. Los dirigentes de grupos empresariales, como el presidente de Coparmex, que envía airados mensajes, los periodistas que impulsaron el fraude y ahora lo niegan y los académicos y escritores que sumidos en la histeria publicaron un desplegado en múltiples periódicos oponiéndose a la remoción (Milenio Diario, 5 de septiembre), pretenden creerse sus propias encuestas y no darse cuenta de la realidad
Luis Javier Garrido, La Jornada, 7 de septiembre.
Triste democracia la nuestra si depende de la permanencia en el cargo de personajes como él. Triste democracia la nuestra si el Poder Legislativo, uno de los poderes de la Unión, no tiene la capacidad de enmendar la plana, después de los tan cuestionados comicios de 2006 y restablecer la majestad de la institución responsable del arbitraje electoral.
Una majestad que Ugalde, durante su gestión, se ha empeñado en demoler. No nos engañemos, no caigamos víctimas de sus lamentos o de sus amenazas; removerlo no es atentar contra la autonomía del IFE, al contrario, remover al consejero-presidente, a ese que no pudo, no supo o no quiso jugar un digno papel en la elección presidencial es condición indispensable para recuperar la confianza perdida de millones de mexicanos.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 7 de septiembre.
Perderá, si los diputados y senadores, sobre todo los del PAN, actúan con honestidad, lucidez y patriotismo, Luis Carlos Ugalde su cargo y sus ingresos. Merece al menos esa pena y también la del descrédito que sus declaraciones en supuesta defensa propia y del instituto que preside no han hecho sino acrecentar. Ganará entonces el IFE la oportunidad de restituir parte de ese capital político acumulado durante la autónoma, honorable y valiente (así tienen que ser los árbitros) gestión de José Woldenberg.
La posible remoción de Ugalde se presenta hoy, en una reedición del pleito de Fox con el Congreso, como una venganza mezquina de los partidos que perdieron las elecciones. Ciertamente legisladores de esos partidos, dentro de los procesos de negociación naturales del quehacer político, exigen la cabeza de Ugalde a cambio de las reformas. Más allá, sin embargo, de sus pactos y componendas, millones de ciudadanos sin partido fuimos testigos y víctimas de la falta de coraje, dignidad y fuerza del supuesto árbitro del proceso electoral.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 7 de septiembre.
Más que por consigna es con el peso de esos votos, los de millones de mexicanos agraviados, que se hace urgente, justo y necesario, si queremos que el juego democrático continúe, que los legisladores actúen. Deben hacerlo recordando que no se trata de componer a modo las ruinas dejadas por Ugalde, sino pensando, más allá de sus intereses, en los votantes, en el país, en la viabilidad de la democracia, en la necesidad de un árbitro confiable, creíble, dotado de los instrumentos necesarios para regular la contienda.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 7 de septiembre.
Uno de los argumentos de los defensores de la permanencia del actual Consejo General del IFE es el principio de inamovilidad. Éste no corresponde a una república democrática, sino al rey. En la democracia republicana todo funcionario es removible. El método para remover a un consejero del IFE es el juicio político, es decir, la acusación de la Cámara de Diputados —por mayoría—y la sentencia del Senado —por dos tercios—, con lo cual el funcionario queda destituido. Este procedimiento se puede usar para cualquier otro alto funcionario de la Federación, incluido el Presidente de la República, aunque éste sólo por la causal de delito grave del orden común. Los demás funcionarios pueden ser removidos por ineptitud.
La inamovilidad no existe en el sistema jurídico mexicano. Los consejeros del IFE podrían ser sometidos a un juicio político tan sólo por haber realizado el cómputo de la elección presidencial en 2006, la cual es de la exclusiva competencia del Tribunal Electoral. Pero no. Éste no es el debate actual.
Pablo Gómez, Milenio, 7 de septiembre.
La cuestión consiste en una reforma del sistema electoral del país. Los cambios que se proponen son muchos y profundos. Uno de ellos es la gratuidad de los mensajes de los partidos en radio y televisión. Esta gratuidad es suficiente para que los poderes televisivos se lancen contra el Congreso, aunque el señor Ugalde sea un simple instrumento de tal ataque. Sí, Ugalde es utilizado para atacar la reforma electoral debido a que no es defendible que las televisoras sigan embolsándose miles de millones de pesos de recursos de origen público cuando ellas operan bajo concesión de un bien propiedad de la nación.
Para remover mediante juicio político a los consejeros del IFE se requieren mayoría simple de la Cámara y dos tercios en el Senado. Para modificar la Constitución se necesitan mayoría de dos tercios en ambas cámaras y el voto de la mayor parte de las legislaturas de los estados. Conclusión: es más fácil remover a un funcionario en un juicio político que reformar la Constitución, de donde se sigue que la reforma constitucional en materia electoral no obedece principalmente a la sustitución del actual Consejo del IFE sino que ésta es consecuencia de la reforma.
Pablo Gómez, Milenio, 7 de septiembre.
Con la reforma que se discute ahora en el Senado, el Consejo General del IFE quedaría en situación de caducidad debido a un cambio de carácter orgánico del Instituto, además de una ampliación de sus facultades. Así ocurrió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestros sesudos intelectuales y periodistas no dijeron entonces ni una sola palabra. Ahora dicen cosas, bajo amnesia, porque creen que la independencia de una institución del Estado depende de la inamovilidad de sus integrantes, lo cual es falso.
Es absurdo pedirle a un país que mantenga a un árbitro electoral cuando los contendientes no lo quieren. La independencia del IFE no consiste en la propiedad de los cargos sino en sus funciones y, sobre todo, en la aceptación del arbitraje por parte de los partidos. Sin esto último no puede haber independencia ni idoneidad.
Pablo Gómez, Milenio, 7 de septiembre.
¿Quieren los defensores de la inamovilidad que México siga bajo el cuestionamiento de las autoridades electorales? Quienes defienden a Ugalde asumen el principio de autoridad aunque ésta dañe al país y, además, son más calderonistas que Calderón. No me extraña, algunos de ellos fueron salinistas.
Pablo Gómez, Milenio, 7 de septiembre.
Pero los eslabonamientos se suceden de la peor manera para la política: sin control. La defensa del Instituto se ha convertido en la indirecta protección a los consejeros quienes ya no se sienten desvalidos, ni solos. Un importante sector de la opinión ilustrada se ha puesto del lado del IFE y su autonomía amenazada, lo cual a la larga les proporciona oxígeno y les otorga credenciales de mayor calidad para seguir en esta lucha para la cual tienen un arma reservada: la exigencia social del juicio político.
Si Luis Carlos Ugalde logra mediante un buen trabajo de comunicación social; persuadir a la opinión pública de dirimir este asunto mediante un juicio político, habrá realmente cimbrado al neo-sistema.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 8 de septiembre.
¿Lo van a hallar culpable? ¿De qué? ¿De haber pervertido el proceso electoral?
“Pues entonces sí se confirmaría el fraude o al menos se le daría a la irregularidad carta de naturalización, como tantos anhelan. ¿Y una vez confirmada la especie —pues hoy no es sino eso—, de una elección carente de los requisitos (también constitucionales) de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad todo seguiría color de rosa?
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 8 de septiembre.
Falta saber cuál es la reflexión de los promotores de un desplegado periodístico difundido la semana pasada con la firma de intelectuales, en defensa de los consejeros del IFE que encabeza Luis Carlos Ugalde. Ese posicionamiento surgió un tanto raquítico, si se le compara con el llamado a la legalidad que se generó en ese mismo ámbito en el otoño pasado. Pero flaco o no, ahora se le usa para aporrear las propuestas de reforma. En ese clima, la posición de los consejeros electorales será más insostenible que nunca
“Bajo reserva”, El Universal, 8 de septiembre.
Comenzó ya la búsqueda de los nuevos consejeros electorales del IFE. Los head hunters de los partidos se acercaron a José Antonio Crespo para preguntarle si estaría dispuesto a formar parte del futuro Consejo. A pregunta expresa, el prestigioso académico, colaborador de Excélsior, lo confirmó a este espacio.
José Antonio ya les dio respuesta. No aceptará la chamba bajo el actual formato, en el que los partidos designan a los consejeros por cuotas. Dice que el escalonamiento es positivo, pero no suficiente. "El procedimiento actual (las cuotas a los partidos) no está sujeto a discusión y por lo mismo no participaré en ese proceso", adelantó. Crespo consideraría su negativa, si las reglas cambiaran y el proceso fuera más abierto y menos partidizado
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 8 de septiembre.
El tema del relevo adelantado de los consejeros ha sacado chispas y levantado reacciones encontradas. José Antonio Álvarez Lima, ex gobernador priista de Tlaxcala, le mandó un recado al senador neoperredista Arturo Núñez Jiménez, coautor de la reforma electoral que se discute y uno de los arquitectos que contribuyeron al génesis del IFE. "Dile a Arturo que no destruya en tres días lo que con tanto trabajo construyó con el licenciado (José Luis) Lamadrid…"
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 8 de septiembre.
Por cierto, entre los diputados circula ya una lista con 19 nombres de los posibles candidatos para sustituir a Ugalde y compañía. En la lista aparecen Jorge Alcocer, María Amparo Casar, Clara Jusidman, José Antonio Crespo, Diego Valadés, Leo Zuckermann, entre otros
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 8 de septiembre.
Un insólito 97 por ciento de 2 mil 767 personas –sin filiación partidista– que encuestamos esta semana opina que la actuación de Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del IFE ha sido ‘mala’; 2 por ciento la calificó ‘regular’; menos de 1 por ciento la juzga ‘buena’ y menos de 1 por ciento la valora ‘excelente’. Nuestra segunda pregunta fue: ¿deben ser corridos? Noventa y siete por ciento contestó que ‘sí’, 2 por ciento respondió ‘no’ y 1 por ciento dijo ‘no sé’.
Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, La Jornada, 8 de septiembre.
Pero el tema más delicado es sin duda el del IFE. ¿Pueden los partidos cambiar al Consejo General? Como partidos no, como diputados constituidos en Poder Legislativo sí. El que el Congreso tenga facultades para reformar las leyes electorales y con ello cambiar al instituto organizador de las elecciones y nombrar un nuevo consejo, no significa que los destituidos no puedan ampararse ante un acto que sería, sin duda, un abuso de autoridad. Ya en varias ocasiones la Suprema Corte ha fallado a favor de magistrados destituidos por afanes reformistas o revanchistas de los congresos locales, e invariablemente ha fallado a favor de los destituidos, lo que genera no sólo gastos innecesarios, sino un caos de autoridad. Ese riesgo ahí está.
Diego Petersen Farah, Milenio, 8 de septiembre.
CON TODO y que le asiste el sacrosanto derecho a inconformarse, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, peca de ingenuo al señalar que la ley lo protege para quedarse en su puesto hasta el 2010.
NOMÁS que se acuerde cómo, en 1994, el entonces presidente Ernesto Zedillo aprovechó la reforma al Poder Judicial y, empezando su mandato, desapareció a 25 ministros de la Suprema Corte.
CON un solo artículo transitorio, los legisladores le quitaron la inamovilidad de la que gozaban los máximos juzgadores del país y no hubo quién dijera ni pío.
BIEN le vendría recordar a Ugalde que en la política, como en el póquer, una buena corrida -de funcionarios- mata cualquier tercia -de pataletas-.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 8 de septiembre.
Algún amigo sincero debe tener Luis Carlos Ugalde, próximo ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Ese amigo debería explicarle cómo a aquella persona a quien se achacan todas las culpas para eximir otras se le denomina cabeza de turco.
Y es que, conforme se va viendo el fondo de la reforma electoral, esto es, el límite del gasto del dinero público en las televisoras, va quedando en claro que Luis Carlos Ugalde es nada más el pretexto de la resistencia. Es la cabeza de turco, el peón sacrificable de un juego de ajedrez de mucho mayor hondura.
Por eso, las televisoras han envuelto al Consejo del IFE en la bandera de la autonomía e ignorado olímpicamente la sustancia de la reforma: no quieren poner sobre la mesa el verdadero motivo que los rebela, la pérdida del 70 por ciento de las prerrogativas de los partidos que iban a dar, a manera de spots, directamente a su caja registradora.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 8 de septiembre.
La defensa de Luis Carlos Ugalde y de aquellos consejeros que se han colocado en fila con él es imposible.
Pensar que esos consejeros son los baluartes de la autonomía y la independencia del IFE es poner las cosas de cabeza. Fueron ellos, precisamente, quienes desde su misma designación vulneraron esa autonomía e independencia y quienes con su desempeño pusieron en peligro esa institución que tan cara ha resultado a la ciudadanía. Cara por querida y cara por costosa. Creer que sostenerlos en el puesto es defender a la institución, es participar del juego de las televisoras: es tronar la reforma y a la institución, bajo el disfraz de su defensa.
No hay, pues, manera de sostenerlos. Pero si la permanencia de Ugalde y el resto de los consejeros es el único motivo o pretexto para frenar la reforma electoral, está bien, que se queden. No importa. Su estancia, aun con el peligro supuesto para la competencia electoral del 2009 vale el precio de la reforma. Adelante, que se queden, que disfruten su beca y hagan gala de su cinismo. Tanto tiempo se ha perdido en el rediseño institucional del régimen político-electoral que tres años más echados al cesto de la basura es poca cosa.
Supondrá, desde luego, un costo en la elección intermedia, pero bueno, que se quede el Consejo. A ver cómo le hace para organizar y regular una competencia cuando los competidores los han descalificado.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 8 de septiembre.
No, porque hasta el momento no se ha esgrimido ningún argumento serio ni legal para destituir al Consejo General del IFE. De haber irregularidades y faltas se debería abrir un juicio político contra todos o algunos de los consejeros. Habría que fincarles responsabilidades, iniciar un proceso y otorgarles el derecho a comparecer y defenderse. De otro modo, la iniciativa de remoción opera bajo una lógica estrictamente política. Los partidos dictaminan lo que quieren y cómo lo quieren. No hay por encima de ellos autoridad o árbitro que valga. Se erigen en el supremo poder. Pero lo hacen, además, sin ningún sustento ético o racional.
No, porque si algo se temía de la eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador era justamente que se lanzara contra las instituciones autónomas: el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y, en otro nivel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su derrota el 2 de julio parecía cancelar definitivamente ese peligro. Pero ahora resulta que lo que se expulsó por la puerta regresa por la ventana de atrás. Y regresa de la peor manera. Porque el fundamento último es la inconformidad de dos partidos políticos. Uno, el PRD, por las razones que todos conocemos. Y otro, el PRI, por motivaciones más bien oscuras.
Jaime Sánchez Sussarrey, Reforma, 8 de septiembre.
En segundo lugar, Luis Carlos Ugalde lanzó una ofensiva mediática buscando elevar el costo político de su remoción colocando en la discusión el tema del daño institucional ante su eventual salida. Esta ofensiva empezó a tener algún impacto, pero realmente se catapultó cuando se hizo pública una de las partes más interesantes de la reforma: la restricción a contratar directamente a medios masivos por parte de los partidos. En ese instante, varios medios abrazaron la ofensiva de Ugalde para, aprovechando el viaje, golpear los intentos de modificación de la ley electoral.
Luciano Pascoe, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 9 de septiembre.
En tercer lugar, un grupo de notables personajes firmaron un desplegado cuestionando, con bastantes fundamentos, la remoción de los consejeros y consejeras y apuntaron a la importancia de mantener autónomo al IFE.
Así que después de haber estado en el abandono y olvido político, el IFE ha recibido el apoyo de los conflictos entre los partidos, de las televisoras y radiodifusoras con sus intereses vulnerados y de un grupo de intelectuales. Y sin embargo, la discusión de más fondo sigue ignorada.
El centro del debate debiese ser la forma, la manera en la que el Consejo General es electo y, por ende, la gran cantidad de compromisos que les acompañan, lo que vulnera su autonomía de facto. Si la propuesta de removerles no viene acompañada de una sensible transformación del mecanismo de elección, no servirá de absolutamente nada obtener estas renuncias y el costo que pagarán los partidos tradicionales será sólo para tratar de tener mayor control sobre las elecciones y no menos.
Luciano Pascoe, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 9 de septiembre.
Hoy, si uno quisiera ser consejero, el primer paso —y casi único—, sería el de conseguir el apoyo incondicional de algún partido. Eso es todo lo que se requiere para llegar. Bueno, eso y no ser vetado por otro partido. Todos queremos una autoridad electoral en el 2009 que no sea cuestionada a cada paso que dé, cuyas decisiones sean respetadas, por controversiales que sean. Pero nada garantiza que el siguiente consejo, electo por estos partidos, logre eso.
La tragedia es que, en medio de si los consejeros se van o no, hemos perdido de vista la discusión más amplia y relevante. Esa discusión que nos coloca frente a una reforma que sí le reduce el presupuesto a los partidos, pero se los baja más a los minoritarios. Es una reforma que sí limita el acceso a medios, pero que lo hace con una gran inequidad. Es una reforma que atiende la distorsión electoral de las coaliciones, pero deja sin muchas herramientas la construcción de frentes políticos, que son absolutamente legítimos. Esta reforma da pasos importantes y hasta audaces en varios sentidos, pero se ha quedado absurdamente estancada en las personas que ocupan unos cargos.
Luciano Pascoe, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 9 de septiembre.
La salida de los consejeros sólo se explica y se sostiene en el marco de una reforma electoral integral, inteligente y progresista, una que no excluya ni que coloque en franca desventaja a los participantes políticos. Que nos ayude a resolver asuntos del pasado y también nos coloque en el futuro. México es diverso y plural, y su sistema de partidos debe reflejar esa realidad.
Quitar a este consejo por consigna no ayuda a resolver el problema de la democracia mexicana ni del funcionamiento de su institución, y mucho menos si no se cambia de fondo el formato de selección. Pero lo que es un hecho es que en este debate ya se cruzaron demasiados intereses y anuncia una derrota más para los idealistas.
Luciano Pascoe, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 9 de septiembre.
Tampoco ahí termina la historia. ¿Por qué el PRD y el PRI quieren despedir a los consejeros del IFE? Les han dicho de todo: corruptos, inmorales, parciales, poco confiables... Todo, pero no han podido probar nada, y menos tienen argumentos para proceder de manera legal, por ejemplo, mediante un juicio político. ¿Entonces qué hay de fondo? El veneno de la venganza. El PRD ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague por la derrota de su “invencible” presidencial. Y el PRI quiere fuera del IFE a los consejeros que llegaron mediante la negociación de su entonces lideresa Elba Esther Gordillo, quien jugó contra el PRI en julio de 2006.
El veneno de la venganza como justificación de un golpe de Estado que tiene mucho más de fondo. El fondo es destruir al IFE como hoy lo conocemos para que mañana, en 2009 y 2012 —y ya con una reforma electoral a modo— puedan llegar al poder las dos versiones del PRI, la del tricolor histórico y la de su réplica amarilla. Todo se vale en esa alianza perversa, envenenada, para descarrillar a la derecha en el poder; derecha que por cierto, cava su propia tumba
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 9 de septiembre.
Que Luis Carlos Ugalde se haya equivocado profundamente en cómo comunicó los resultados del 2 de julio pasado, lo cual dio pie a toda clase de especulaciones y confusiones, es verdad; que Luis Carlos Ugalde esté errando la defensa pública que ha hecho del Instituto, porque más bien parece pollito descabezado defendiendo su permanencia en el cargo, por supuesto; que no haya logrado mantener la credibilidad y la confianza que tenía el IFE cuando lo encabezaba José Woldenberg, es indiscutible; pero de eso a que se lo quieran madruguear en un afán revanchista, es otra cosa.
Lo que necesita el consejero presidente del IFE es un muy buen entrenamiento de medios, para que sepa cómo transmitir sus mensajes, y otra estrategia de comunicación... cerrarle el piquito tampoco sería mala idea. Por otro lado, los partidos deberían, en su caso, explicar las razones, más allá del hígado, de por qué quieren descabezar al IFE y si esto no tiene que ver con las irregularidades que se les encontraron en la obtención de recursos para la campaña de 2006.
Vianey Esquinca, “La inmaculada percepción”, Excélsior, 9 de septiembre.
De acuerdo con los resultados de la encuesta de Ulises Beltrán y Asociados que publicó el 7 de septiembre Excélsior, 56% de los entrevistados se pronunció por que los consejeros del IFE terminaran su mandato; sólo un tercio consideró que hay motivos para cambiarlos. Según los resultados de la encuesta, la mayor parte de este tercio son simpatizantes del ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador.
Si a esto se añade que, de acuerdo con la encuesta que elaboró Consulta Mitofsky sobre la confianza en las instituciones, el IFE se ubica en el lugar número nueve, mientras que los senadores en el nada honroso penúltimo lugar, sólo delante de los diputados que, ni como ayudarlos, ocupan el último sitio de la lista. Es decir, que una institución tan desprestigiada, como es el Poder Legislativo, pretenda sacar de la jugada a una no tan desacreditada, resulta absurdo. ¿En manos de quién está la ciudadanía? Pero como para los legisladores lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro, la imagen y la percepción que se tengan de ellos resulta lo de menos, pues ya no pueden caer más bajo en este aspecto y lo único que tendrían que perder son sus privilegios, de ahí que se aferren tanto a ellos.
Vianey Esquinca, “La inmaculada percepción”, Excélsior, 9 de septiembre.
La clave se llama legitimidad vulnerada. El fantasma del “fraude” electoral, en la estrechísima victoria de Calderón sobre AMLO. Ugalde, con desparpajo, aduce que su remoción apuntala la verosimilitud de la trampa, la ilegitimidad de Calderón. Es una argucia. La cuestión radica en un hecho terco: la elección presidencial de 2006 tiene defectos de construcción. La alta competencia y la tenue diferencia dieron al traste con las instituciones electorales. Era previsible, pero los partidos y el Congreso no hicieron la tarea, el conflicto les estalló en la cara. En esencia el “fraude” nunca pudo ser probado por AMLO y su movimiento; lo que también es cierto es que las autoridades electorales no fueron capaces de demostrar la fiabilidad de los resultados. Todavía hoy, un tercio de la población tiene la creencia —ojo, que esa es la sustancia de la legitimidad— de que hubo trampas e irregularidades.
Alan Arias, Milenio, 9 de septiembre.
Ugalde no es santo de mi devoción, pero qué importa. No me gusta la forma como muchas veces habló y otras muchas calló durante las campañas y después de la elección de 2006. Además, cometió errores que todos conocemos. Pero las elecciones se hicieron, y si bien fueron complicadísimas por sus resultados, éstos fueron bien contados y avalados por el Poder Judicial (¿o el Tribunal también pela?). Ningún error atribuible al consejo general es suficiente para justificar que los partidos políticos pretendan volver a tomar las riendas de la vida electoral. 2006 dejó en claro que el Congreso de la Unión tiene mucho qué hacer en materia electoral: que lo hagan, que cumplan, pero la remoción del consejo por revancha o por negociación de una reforma, eso sí que sabe a estafa.
Luis Petersen Farah, Milenio, 9 de septiembre.
¿Quién va a creer en las elecciones si se vale cambiar al árbitro cada vez que no le gusten los resultados a un jugador, y otro aproveche para negociar? ¿No era el IFE un organismo ciudadano, más allá de los partidos? ¿No era así porque no había otra forma de garantizar la imparcialidad de los órganos electorales? ¿No fue ésta una de las grandes condiciones que han hecho posible caminar hacia la democracia? ¿Creerán que quitando al consejo del IFE la democracia mejorará? ¿Creerán los políticos que los ciudadanos deben entenderlos a ellos y no ellos a los ciudadanos? ¿Creerán que les creeremos?
Luis Petersen Farah, Milenio, 9 de septiembre.
EL SOSPECHOSISMO que se vive actualmente entre los Consejeros del IFE, ante la posibilidad de su remoción, tiene crispados los nervios de más de uno.
PARA MUESTRA lo que sucedió el jueves durante la sesión de la Comisión del Servicio Profesional Electoral en la que el consejero Marco Gómez se lanzó fuerte contra el director de esa área Eduardo Guerrero.
RESULTA que Gómez le reclamó a Guerrero que las evaluaciones internas de empleados del instituto fueron manipuladas como parte de una estrategia para debilitar a los dos consejeros electorales que están en esa comisión.
Y TAMBIÉN lo acusó de tener una total falta de tacto político por haberle dado la razón a empleados de menor rango -cuando todo indica que sí la tenían- por encima de la opinión de los consejeros que son sus superiores jerárquicos.
VAYA que andan nerviosos los consejeros que andan viendo moros con tranchetes... ¡hasta adentro del IFE!
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 9 de septiembre.
La gestión de Ugalde al frente del IFE ha sido una suma de desencuentros, frivolidades y cálculos políticos equivocados. Basta con conocer los trabajos de Carolina Rocha sobre la jornada del 2 de julio y el próximo libro en prensa de Arturo Zárate sobre la elección del 2006 —dos ejemplos periodísticos y profesionales sobre algunas facetas del desempeño del Consejero Presidente— para convencerse que el actual conflicto no es solamente resultado de la pretensión de los partidos políticos por remover a los consejeros que les incomodan.
El protagonismo de Luis Carlos Ugalde volvió vulnerable al Consejo General del IFE; algo que saben mejor que nadie los demás consejeros electorales —que, además, lo reconocen y dicen en privado. De ser una instancia que gozaba de un consenso generalizado en el 2000, perdió el respaldo del PRD en el 2003 y del PRI en este último año. La sociedad civil se desatendió del IFE desde antes incluso que el 2003, y sólo un sector minoritario lo pretende defender ahora, a destiempo y sólo porque creen algunos que con ello apoyan al presidente Calderón. Lo hacen, pues, también por las razones equivocadas.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 10 de septiembre.
Pero no es su culpa, pues el propio Consejero Presidente ha buscado alinear al IFE en las cercanías de Los Pinos, ignorando que la autonomía del Instituto fue creada, justamente, en contraposición directa, no a los partidos políticos, sino al Poder Ejecutivo. Pero al confundir la naturaleza política de la autoridad electoral, no se le está haciendo un servicio ni siquiera al Presidente de la República que tiene, por su parte, muy claras las prioridades en su agenda. (De ello dejó constancia en las palabras precisas que expresó sobre la reforma electoral en Palacio Nacional el 2 de septiembre pasado.)
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 10 de septiembre.
Aunque pudiera salvarse la actual composición del Consejo General, el IFE llegaría a la elección intermedia del 2009 con el nivel más bajo de autoridad en más de una década. (Quienes critican los pactos para renovar al Consejo tendrían también que criticar los acuerdos necesarios para que los consejeros se quedaran.) Y si Luis Carlos Ugalde asumiera su responsabilidad política, en vez de escudarse en la ley, hace mucho que debió haber tenido que actuar de una manera diferente en su defensa del IFE.
La debilidad del IFE es una realidad incuestionable. De ahí que sólo queden dos escenarios posibles: uno, que implica que continúe su desgaste creciente en el futuro inmediato previo a las elecciones del 2009, y otro que se dé una negociación (en los mejores términos posibles) para llevar a cabo una modificación radical en su liderazgo; algo que en otro momento no hubiese significado necesariamente la renovación del Consejo.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 10 de septiembre.
Dos graves errores políticos cometió el todavía presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, en su campaña mediática para "defender el hueso". Uno, "enseñar el cobre"; dos, "echar mano" de la demagogia de la sociedad y de la democracia. ¡Ambas me necesitan! Quiso decir. El IFE sin mí y sin mis consejeritos no puede ser independiente; sin nosotros no habrá democracia, dio a entender.
Y a punto estaban algunos de creerse "el cuento", cuando el Jefe de jefes, Manlio Fabio Beltrones, descubrió que los "poderes fácticos" estaban utilizando como "títere" al señor Ugalde, por lo que el senador priista tuvo que "reforzar su estrategia" política, la cual consiste, por un lado, en exhibir a los "patrones" del presidente consejero, quienes serían los principales afectados si se aprueba la reforma electoral, y por el otro, reinstalar los trabajos para una nueva Ley de Medios, en los cuales se propone, entre otras cosas, revisar la duración de las concesiones. ¡Eso sí calienta! Exclaman los espectadores.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 10 de septiembre.
Al grupito de intelectuales que defendieron al presidente consejero del IFE y a sus consejeritos, que sugirió consulta pública y debate, el senador Manlio Fabio le respondió: "Creo que si algunos de esos personajes consejeros hubieran utilizado el 10 por ciento de esa vehemencia que hoy están poniendo para defender su chamba, en defender la equidad de las elecciones de 2006, no hubiésemos tenido tantos problemas, que pusieron en peligro la vida democrática de México, como lo dijo el Tribunal Federal Electoral, no lo dije yo." Bueno, en eso tiene razón el senador.
Sobre la consulta pública que piden los intelectuales, recordó que los legisladores han estado consultando permanentemente a todos aquellos interesados para ver cómo corregir el desastre de las elecciones de 2006, que se prohijó por una mala conducción. "Esa consulta ya la hicimos y se ha tomado una decisión: escalonar a los miembros del Instituto Federal Electoral que, por cierto, vamos a fortalecerlo enormemente con facultades para fiscalizar, para hacer elecciones estatales y para, sobre todo, tomar decisiones, ahora sí, de manera legal, sobre los huecos que existieron en 2006. Tendremos un Instituto Federal Electoral modernizado, más adecuado a nuestra democracia y, quizá, con consejeros electorales mayormente capacitados..."
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 10 de septiembre.
Otra pregunta: ¿No observa usted una alianza entre las dos -entre comillas- víctimas de esta reforma, que son los consejeros del IFE, Ugalde en particular, y los medios de comunicación electrónicos? Y responde: Si no es una estrategia mediática consentida por los poderes y los interesados, mucho se le parece. Y lo que es dramático o parece dramático, es que el discurso del hoy consejero presidente del IFE, se parezca mucho a los de algunos miembros del gobierno o de su partido, que dicen que "en el caso de que ellos salgan, se demostrará que hubo fraude". Me parece que el fantasma de la ilegitimidad que ronda a algunos funcionarios y algunos poderosos funcionarios del gobierno federal, está atorándose, se ha convertido en un lastre de la reforma electoral. Ya que se sacudan ese fantasma de la ilegitimidad, de la ilegalidad que acompaña a algunos, o el fantasma de la supuesta legalidad y legitimidad que acompaña a otros. ¡México no puede estar secuestrado por fantasmas! ¡Viva México! ¡Mueran los poderes fácticos! Le faltó gritar al promotor de la reforma electoral.
A juicio de los observadores, lo que estamos viendo es que el poder político y el poder económico se subieron al ring para resolver tan importante asunto de la reforma electoral. La interrogante es: ¿Dónde quedaron la sociedad y la democracia a las que se han referido Ugalde, los intelectuales y los que se oponen a la reforma electoral? ¡Eso es demagogia de ellos!
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 10 de septiembre.
¡Lamentablemente se les notó mucho! Por más intentos que hicieron por envolver en el celofán de los intereses nacionales la propuesta de destituir sin mayores explicaciones a los consejeros del IFE, el 62% de los ciudadanos (según una encuesta de Ulises Beltrán) cree que el motivo por el que los quieren cambiar es la venganza. Y es que hasta para pegar hace falta estilo. Debe ser muy amargo constatar que la opinión pública los haya sorprendido en la maniobra.
Y es que el error del PRI y del PAN fue mayúsculo. Además de llevar con sigilo las negociaciones sobre la citada reforma, cosa que despertó toda clase de sospechas, llegaron a un acuerdo insostenible en el tiempo, pues las motivaciones de los principales actores no pasaban por la reconciliación nacional. Las motivaciones eran diversas y ninguna de ellas fácilmente acreditable como un sentimiento altruista que las demás fuerzas valoraran
Leonardo Curzio, El Universal, 10 de septiembre.
Para seguir democratizando a la República se requiere establecer mejor las prioridades. Y estas se miden en el tiempo. Los consejeros, de no irse ahora, se irán dentro de muy pocos años. En cambio, una legislación que siga siendo tan laxa a propósito de los medios televisivos puede terminar carcomiendo —ahora y más adelante— los cimientos del incipiente entramado democrático mexicano.
Allá cada quien con su conciencia: los consejeros que podrían ser acusados por haber frenado esta reforma tan importante, los legisladores por abusivos y por meterse en camisa de once varas, las televisoras que han usado el tema del IFE para frenar el conjunto de la reforma, y el presidente Felipe Calderón que, con tal de demostrar que es un gran negociador, está dispuesto a ceder en casi cualquier tema
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, desarrolló una estrategia mediática en las últimas semanas para reposicionar su imagen, convertir la defensa del órgano electoral en un tema de interés ciudadano por la defensa de su autonomía frente al Congreso, frenar la decisión presidencial de no defenderlos y del PAN de entregar las cabezas de los consejeros, mientras construía una alianza con el único actor político que le puede echar la mano: Televisa. Ugalde no tiene más donde abrevar. El presidente Felipe Calderón y el PAN están de acuerdo en que se vayan él y un número limitado de consejeros. El PRI, que fue quien lo propuso, no tiene mayor remordimiento en crucificarlo. A la maestra Elba Esther Gordillo, a quien se le acredita equivocadamente como la mano que mueve a Ugalde —el candidato de ella y el entonces presidente del partido Roberto Madrazo para el IFE era un empresario regiomontano—, le tiene sin cuidado el destino del académico
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 10 de septiembre.
Ugalde se ha movido en medio de todas las contradicciones dentro del gobierno federal y los partidos políticos, que le han venido dando un oxígeno que ya no traía. La reducción de recursos a las televisoras dentro de la reforma electoral —se estima que representa 8% del ingreso de Televisa en año electoral— fue donde encontró una tabla de dónde asirse, después de haber quemado sus naves al ver que su apuesta a que Calderón defendería al IFE por haber sido el que organizó y administró las elecciones donde resultó ganador, era errónea. Al cubrir Televisa un mercado de 70% del total nacional, enfatizar los argumentos de Ugalde en sus noticieros crearon una andanada de opinión pública y política contra la reforma toda
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 10 de septiembre.
La cruzada de Ugalde entró en la dinámica de caos de los políticos. En el caso directo de la remoción de los consejeros a lo que se oponían el gobierno y el PAN en un principio, el coordinador en el Senado, Santiago Creel, negoció con el PRD y el PRI en la Cámara Alta que se fueran todos, a cambio de que en un nuevo consejo fuera electa presidente María Amparo Casar, académica del CIDE que formó parte de la comisión que estudió la nueva reforma electoral y fue su jefa de asesores cuando fue secretario de Gobernación. Cuando se lo planteó al coordinador panista en el Congreso, Héctor Larios, éste se opuso totalmente por el interés particular de Creel. En Los Pinos se tomó un posicionamiento el miércoles pasado: que se vayan dos consejeros, más Ugalde. Pero al PRD, que quería la cabeza de todos, le pareció poco y rechazó la oferta. El siguiente paso del gobierno fue buscar que se aprobara la reforma hacendaria, aunque no fuera por la vía constitucional, sino por mayoría simple, sabiendo que contaba con el apoyo de 11 gobernadores priístas.
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 10 de septiembre.
La deshonestidad intelectual mexicana, esa que en nombre de los desprotegidos miente una y otra vez, acaba de dar con un nuevo hallazgo genial: criticar la forma en que se quiere llevar a la guillotina a Luis Carlos Ugalde es un artificio mañoso para evitar que se le arrebate a la “telecracia” el fantástico negocio de la propaganda política. ¡Genial!
Una vez más, la deshonestidad intelectual antepone a la realidad una teoría preconcebida y se dedica a forzar la realidad para que quepa dentro de su teoría: ¡La crítica a lo que se quiere hacer con el IFE es una treta de la “telecracia”!
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 10 de septiembre.
El relevo escalonado de los consejeros electorales es una medida sensata. El órgano se iría reconfigurando de manera lenta, combinando experiencia y renovación. Lo que resulta grave es que los partidos políticos castiguen al órgano electoral a través de la remoción. El árbitro que debe elevarse por encima de las disputas partidistas se convertiría en moneda de cambio, en pieza de subasta.
Jesús Silva Herzog Márquez, Reforma, 10 de septiembre.
El proyecto de reforma electoral incluye la remoción de los actuales integrantes del Consejo General del IFE. Al respecto expreso: 1. El IFE no puede cumplir su papel de árbitro electoral si no cuenta con la confianza de los partidos cuyo comportamiento regula. Durante más de una década, el IFE mantuvo esa confianza, pero actualmente ya no lo hace debido a eventos que contribuyeron a minarla, como la cuestionable integración de su Consejo General en 2003, el desafuero, y los errores y omisiones que los mismos consejeros cometieron antes y después de la elección presidencial. Las instituciones son el producto de acuerdos y consensos de diferentes actores sociales y políticos; si esos acuerdos fundacionales cambian, las instituciones deben hacerlo también. Hoy el argumento de la "inamovilidad" equivale a una defensa de un statu quo que ya no funciona; basta con recordar la elección del 2006 y sus secuelas. Ante la pregunta tan popular que se lanza para justificar la resistencia a cambios en el IFE - "qué pasará si la elecciones de 2009 otra vez dejan inconformes a los perredistas y buscaran destituir al Consejo otra vez"- habría que responder lo siguiente: es indudable que el PRD necesita aprender a perder, pero las instituciones deben estar constituidas y operar de tal modo que la izquierda no tenga margen para pensar que su derrota fue ilegítima.
Denisse Dresser, Reforma, 10 de septiembre.
2. Actualmente diversas voces argumentan que la remoción de los consejeros sería ceder al "capricho" y al "chantaje" del PRI y del PRD. Dicen que el nuevo consejo quedaría en una situación de debilidad de entrada porque en su designación tendrían mano los líderes del PRI y del PRD y consecuentemente se integraría por cuotas partidistas. Sugieren que su llegada operaría bajo una lógica estrictamente política. Pues esto es exactamente lo que pasó en el 2003 cuando se negoció tras bambalinas la llegada de Luis Carlos Ugalde et. al., sólo que el capricho fue del PRI y del PAN y las cuotas fueron decididas por ellos. Los consejeros actuales del IFE fueron electos por los mismos métodos que sus defensores -contradictoriamente- denigran. Por ello, habrá que resolver el problema de fondo, promoviendo la selección de los consejeros a través de un proceso alternativo, amplio, consensual, transparente y de cara a la ciudadanía. Sólo así sería posible blindar al IFE de la discrecionalidad caprichosa y chantajista que produjo el actual Consejo General, por el cual demasiadas personas parecen dispuestas a dar la vida.
Denisse Dresser, Reforma, 10 de septiembre.
3. Los errores del Consejo General del IFE no fueron "puntuales" y "marginales", sino que tuvieron un impacto decisivo y negativo, tanto la noche de la elección como los días posteriores a ella. Específicamente el comportamiento de Luis Carlos Ugalde el 2 de julio -aunado a la falta de información precisa sobre las "actas reservadas"- le abrió una rendija de oportunidad a López Obrador para cuestionar el profesionalismo y la imparcialidad del IFE. En una sola noche, y a golpes de inexperiencia y falta de preparación, el Consejo General minó una década de trabajo. No cabe duda que AMLO emprendió una cruzada equívoca contra la institución, pero nueve consejeros le proveyeron armas para hacerlo. Quizás el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no contempla la incompetencia como motivo para la remoción, pero debería.
Denisse Dresser, Reforma, 10 de septiembre.
4. La verdadera autonomía del IFE no depende de la inamovilidad de los consejeros, sino de los procesos a través de los cuales se les elige y las atribuciones que se les dan para fiscalizar y sancionar y contener tanto a los partidos como al Ejecutivo mismo. Hoy muchos hablan de la autonomía del IFE como si existiera, cuando para asegurarla y fortalecerla falta mucho por hacer. Que el IFE pueda establecer controversias constitucionales ante la Suprema Corte si otros poderes lo presionan. Que la fiscalización del IFE no quede en manos de quienes quisieran acorralarlo. La necesidad de una contraloría autónoma que no sea nombrada por los partidos. La necesidad de un mecanismo de integración para su consejo que garantice la pluralidad y la representatividad. Es allí donde está la verdadera batalla en favor de la autonomía del IFE; no en la defensa de sus consejeros sino en la remodelación de sus reglas y el apuntalamiento de sus atribuciones.
Denisse Dresser, Reforma, 10 de septiembre
A la vez, el presidente saliente del IFE, Luis Carlos Ugalde, penosamente ata su suerte a ese mutilado concepto de democracia. Antes que argumentar los propios hallazgos de su instituto (la impresionante cantidad de spots sin dueño que se promocionaron ilegalmente en el 2006), Ugalde prefiere defender en medios electrónicos su puesto y sus canonjías.
La resistencia de las televisoras ha provocado que en el Senado se reactive la discusión de la Ley de Radio y Televisión. Eso estimulará, sin duda, que la campaña de descrédito de los senadores tenga un realce. No es difícil. Muchos de los senadores, de todos los partidos, son indefendibles. Pero otra paradoja es que sean los concesionarios de los medios electrónicos quienes ahora se coloquen como adalides de la libertad de expresión.
Roberto Zamarripa, “Tolvanera”, Reforma, 10 de septiembre.
En el fondo se quiere imponer desde el Legislativo a un consejero presidente sometido a la voluntad de los partidos. Los nombres que se barajan para suceder a Ugalde están contaminados por la subordinación a las bancadas legislativas. La gravedad del asunto radica en el hecho de que los dos principales candidatos a presidir el IFE vienen del seno de la comisión que redactó la reforma y que estuvieron sometidos a las órdenes de los partidos:
Diego Valadés, que llenó de priistas el Instituto de Investigaciones Jurídicas, procurador camachista en el DF y procurador general salinista, miembro del grupo dominado por Jorge Carpizo McGregor y por tanto guardián de la constitucionalidad priista. Y Jorge Alcocer, duro oposicionista en la sesión de la CFE del 2 de julio de 1988 en defensa de Cuauhtémoc Cárdenas, subsecretario de Gobernación en el gobierno priista de Zedillo, luego asesor panista de la presidencia electa de Felipe Calderón.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 11 de septiembre.
Es decir, el próximo consejero presidente del IFE saldrá del grupo que promovió una reforma a su modo, a su medida, no atendiendo las necesidades de la democracia. Por tanto, la reforma electoral fue un fracaso democrático, aunque una victoria priista porque el PRI tendrá en 2012 una estructura electoral a la medida de sus necesidades.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 11 de septiembre.
La remoción autoritaria de los consejeros es otro asunto. El IFE ha sido uno de los pilares de la democracia mexicana. Su autonomía e independencia son indispensables (recordemos que nació precisamente quitándole poder al gobierno y a la clase política, para dárselo a los ciudadanos). El IFE es de los mexicanos, no de los partidos. Y mucho menos del gobierno.
Se entiende que, tras las elecciones del 2006, hubo un relativo deterioro de la imagen del IFE ante la opinión pública (que sin embargo, sigue siendo mucho mejor que la de los partidos; no digamos que la del Congreso, que pelea el último lugar con la policía). Se entiende que hubo, en esa coyuntura, un manejo bastante torpe de parte del consejero presidente (técnicamente intachable; políticamente rayano en la ineptitud). Se entiende, también, que hay agravios en los partidos, aunque la mayor parte de ellos sean inventados.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 11 de septiembre.
Una cosa es remover a los consejeros, otra, que sepan hacerse de lado, de manera escalonada (lo que significaría que no tienen cortedad de miras). Esto implica una salida institucional, aceptable para todos, en la que se descarte —o de perdida, se diluya— el móvil de la venganza. Una cosa es que al IFE le podría hacer bien una contraloría; otra, que sean los partidos quienes fiscalicen al fiscalizador, con la única finalidad de que no los fiscalice tan gacho. Omertà, le dicen a eso los mafiosos en Sicilia.
Los nudos —cada uno con intereses creados— se han multiplicado y resulta cada vez más difícil desatarlos.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 11 de septiembre
Esta defensa a ultranza de los miembros del Consejo General —que no del consejo mismo— muestra, no obstante su fortaleza y buen nombre, algunas debilidades difíciles de reconocer entre quienes han integrado esta suerte de grupo improvisado de caballeros post-modernos. Baste como ilustración de tales debilidades la adopción —en apariencia acrítica— del argumento de que la remoción de los consejeros implica la aceptación de las dudas sobre la legítima elección de Felipe Calderón como Presidente. Es decir, que estos intelectuales, en su afanosa defensa de la institucionalidad del IFE, aceptan quebrarla por la mitad al apoyar la idea de que fue Luis Carlos Ugalde quien hizo Presidente a Calderón y no los millones de electores que votamos el 2 de julio. Parece muy dudoso que cada uno de estos intelectuales pueda afirmar lo anterior. Tan dudoso, como sospechoso resulta que una parte importante de los que ahora defienden al defenestrado Ugalde han gozado en algún momento de las generosas mieles del presupuesto electoral.
José Sosa, Crónica, 11 de septiembre.
Luis Carlos Ugalde fue rey de la simpatía durante un par de semana. De pronto, literalmente de la nada comenzaron a brotarle cualidades que durante años permanecieron ocultas. Señores respetables, y otros no tanto, se pararon en la plaza pública a gritar que sin Ugalde al frente del IFE la democracia mexicana se desfondaría, que él es el alfiler que la sostiene. Vaya revelación. ¿Por qué si los consejeros hicieron un trabajo deslumbrante, la elección de 2006 salió tan mal? Algunas personas de buena fe comenzaron a ver a Ugalde con mejores ojos.
Pero lo que fácil viene, fácil se va. El carisma del consejero presidente se diluyó cuando se puso en el tapete de discusión lo relativo a la inversión en medios de los partidos políticos en campaña, y la intención de los legisladores de quitarse el yugo mediático que, elección tras elección, los deja a merced de los concesionarios.
Se dirá que son dos asuntos distintos. Para las televisoras son lo mismo. Lanzaron a sus voceros oficiosos, conocidos en el bajo mundo como líderes de opinión, para mandar a los promotores de la reforma, a través de Ugalde, el siguiente recado: más les vale no meterse con nuestro dinero. Las televisoras ya tienen presupuestados los recursos provenientes de las prerrogativas partidistas y no piensan ajustar a la baja sus planes de negocios. Afirman, sin sonrojarse, que es su estilo de defender la libertad de expresión. Que se atengan a las consecuencias quienes se atrevan a contradecirlos.
Juan Manuel Asai, “Códice”, Crónica, 11 de septiembre.
Hasta la tarde noche de ayer nadie conocía el texto definitivo del dictamen que será enviado al pleno del Senado de la República, pero ante los ojos de todos quedó exhibido un peculiar recuento de daños que provocó la discusión pública de esa reforma, y que va desde una guerra entre actores políticos y las televisoras, un conjunto de mentiras y medias verdades que dominaron el debate, y la ambición desmedida de académicos e “intelectuales” que a través de textos engañosos ya se formaban para buscar uno de los nueve cotizados lugares del nuevo Consejo General del IFE.
En el primer caso —el de la guerra de políticos con poderes fácticos como las televisoras y sindicatos como el SNTE—, quedó claro un fuerte rompimiento entre Televisa y TV Azteca con un influyente sector del PAN, especialmente con el senador Santiago Creel y con el ex senador Javier Corral. Esa guerra, según algunas voces enteradas, se podría extender incluso a gobiernos estatales, al Congreso mismo y, en el extremo, al gobierno de Felipe Calderón
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 11 de septiembre.
Pero acaso el fenómeno más peculiar de los exhibidos en la discusión de la reforma electoral es el de la participación interesada de un puñado de académicos “intelectuales” y opinadores —algunos incluso apoyados por sus medios y/o voceros partidistas— que repentinamente aplaudieron la reforma, justificaron lo injustificable y abiertamente se sumaron a las voces que pedían la guillotina para los actuales consejeros del IFE. Lo curioso es que esas voces interesadas ya están en las listas que se barajan para integrar el nuevo Consejo General del IFE. Y claro, pronto se conocerán y se podrá contrastar su activismo en la “opinocracia”, como la moteja Jorge Castañeda
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 11 de septiembre.
La catarata de críticas en contra de la reforma electoral que tiene como principal objetivo descabezar al Instituto Federal Electoral provocó que los antes inflexibles senadores suavizaran un poco su postura: ayer el ex secretario de Gobernación y hoy legislador panista, Diódoro Carrasco, anunció que la comisión que estudia los cambios decidió acortar a seis años el mandato del consejero presidente, y aumentar a 12 los otros seis, con lo que se abre una ventana para deshacerse de Luis Carlos Ugalde, pero no en el corto plazo, sino antes de 2009
“Binoculares”, El Gráfico, 11 de septiembre.
Terminar con la contradicción que significa que los controlados nombren a su contralor, no sólo en el IFE sino en otros organismos autónomos, no debiera ser visto como agresión contra su autonomía, sino como una necesaria corrección a un fenómeno residual. Ayer también se anunció que la propuesta para Contralor Interno del IFE no la harán los grupos parlamentarios, sino universidades públicas. La modificación resulta pertinente para despejar cualquier sombra de duda.
La reforma tampoco pretende, de manera alguna, vulnerar al IFE. Escalonar el nombramiento de los consejeros electorales, o incluso renovarlos por completo, no puede ser visto como una agresión ni a las personas ni a la institución. No fue visto así en 1994, tampoco en 1996. Antes y ahora las grandes reformas electorales pueden concluir en la necesidad de un cambio de guardia.
Es deseable que la decisión que finalmente adopte el Congreso combine los dos propósitos del escalonamiento: experiencia y renovación. Por lo pronto, las dudas se van despejando y la reforma electoral avanza, o al menos así parece.
Jorge Alcocer, Reforma, 11 de septiembre.
A poco más de un año de distancia, el mismo grupo de intelectuales (no me refiero a todos, sino a un núcleo principal) hace un nuevo pronunciamiento. Esta vez el contexto es la discusión que se da en el Poder Legislativo sobre una reforma electoral que prevé, además de cambios importantes en las funciones del IFE, la remoción de los consejeros electorales. Dentro de un análisis, que en mi opinión está plenamente justificado, sobre el papel de los intelectuales en el proceso de legitimación de Calderón Hinojosa, puede observarse una gran diferencia entre los dos comunicados. Ahora llaman más la atención las ausencias. No me refiero solamente a un cambio en el número de firmantes –ahora son sólo 45–, sino más bien a un aspecto cualitativo. Todos los científicos de las áreas exactas y naturales que firmaron el primer desplegado ya no están. Algunos escritores y artistas de peso abandonaron al grupo. Dos tercios de los abajo firmantes se ausentaron y en su lugar se incorporó a periodistas ligados abiertamente con las televisoras
Javier Flores, La Jornada, 12 de septiembre.
Sí, ya le están preparando a Luis Carlos Ugalde una “Secretaría de Asuntos sin Importancia” que seguramente manejará magistralmente, y es que eso nos deja entrever sus más recientes, insólitas y prepotentes declaraciones. Y como está muy agarrado de su silla y dice que nadie se la va a quitar, bueno, pues ya está, se lo llevan con todo y ella a su nueva Secretaría, ya que ni por “su arte de magia” se va a salvar de que le den cuello en el IFE.
Yazmín Alessandrini, “Circo Político”, Crónica, 12 de septiembre.
Sobre el mismo tema de la reforma electoral, ayer cuatro comisiones del Senado de la República (la de Puntos Constitucionales, Gobernación, Estudios Legislativos y de Radio y Televisión) decidieron "darle cuello" a Luis Carlos Ugalde 30 días después de que entre en vigor la reforma. Lo anterior significa que el susodicho "no va a cargar los peregrinos"; pero sí voy a alcanzar aguinaldo, podría responder el afectado.
De nada pues le sirvió al todavía consejero presidente del IFE su campaña mediática para defender "el hueso" argumentando que "la sociedad y la democracia lo necesitaban". Los que "se resbalaron" por este delicado asunto fueron los intelectuales que mediante declaraciones, entrevistas, reportajes, declaraciones y desplegados expresaron su "apoyo incondicional" al mencionado presidente y sus consejeritos.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 12 de septiembre.
En ese sentido, la pieza clave de la reforma estaría en la renovación del Consejo General del IFE. Pero con dos condiciones, difíciles de cumplir: que los tres partidos más poderosos estén dispuestos a refrendar el pacto que hicieron en 1996 para depositar la conducción de las instituciones electorales en árbitros imparciales e independientes, de talla propia, sin reparos ni mezquindades; y que la vuelta al consenso político electoral no se convierta en un hecho aislado, ajeno al funcionamiento del resto de las instituciones políticas del país.
De un lado, la renovación del Consejo del IFE tendría que darse de tal modo que no refleje, una vez más, las cuotas de poder asignado a cada partido (pues la suma de parcialidades encontradas no equivale a la imparcialidad), sino la voluntad franca de recomponer el arreglo político que se perdió en el camino. Y de otro, los dirigentes de los partidos tendrían que suscribir un acuerdo paralelo para no cifrar todo el futuro de México en las próximas elecciones. Si así fuera, ni siquiera los mejores árbitros electorales del mundo podrían contener el deterioro del sistema político en su conjunto
Mauricio Merino, El Universal, 12 de septiembre.
Las dudas que ha despertado el proceso no son injustificadas. El método utilizado para llevar adelante los cambios ha dado lugar a creer que, en lugar de un pacto político de mayor calado, lo que hay detrás de la renovación del Consejo del IFE puede ser, más bien, una prenda de cambio para ganar el voto del PRD y una oportunidad para construir un cuerpo colegiado con voceros confiables de cada partido.
Y si esta versión fuera correcta, no cabría abrigar ninguna esperanza de éxito, pues los mismos egoísmos que habrían llevado a la recomposición del consejo del IFE se volverían muy pronto en la causa de su fracaso: convertido en una caja de resonancia de los intereses y las disputas de los partidos, el Consejo General del IFE no podría funcionar de ninguna manera. Para operar bien, el IFE tiene que colocarse por encima de las simpatías de los partidos políticos, y ceñirse obstinadamente a las leyes y los principios que reclama la construcción de la democracia. Si eso no logra entenderse, el desastre institucional que vendrá no será más que una cuestión de tiempo
Mauricio Merino, El Universal, 12 de septiembre.
¿Y por qué decimos que saldrán casi todos los actuales consejeros del IFE”.
Muy fácil, porque el acuerdo al que llegaron los tres grandes partidos para decapitar al IFE, para someterlo a los partidos a través del Congreso, y para convertirlo en un árbitro que hará su trabajo bajo la permanente guillotina de que si no se doblega a los partidos les pasará lo mismo que al señor Ugalde, lleva incluida una negociación de reparto, en el que tres de los actuales consejeros, que le deberán su “chamba” al PAN, serán los únicos que terminarán la gestión para la que fueron seleccionados; es decir, terminarán en 2010
El artículo transitorio que acordaron PRI, PAN y PRD, y que hizo posible salvar la crisis del IFE, dice en su artículo cuarto: “La Cámara de Diputados procederá a integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral conforme a las siguientes bases: a) elegir a un nuevo consejero presidente, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2013; llegado el caso, el así nombrado podría ser reelecto por una sola vez, en los términos establecidos en el citado párrafo tercero del artículo 41 de esta Constitución”. Apartado b) “Elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este decreto, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y a tres que continuarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2010”.
Apartado c) “Elegirá dos nuevos consejeros electorales, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2016”. Apartado d) “A más tardar el 15 de agosto de 2008, elegirá a tres nuevos consejeros electorales que concluirán su mandato el 30 de octubre de 2013”. Si se revisa con cuidado, tres de los actuales consejeros terminarán el periodo para el que fueron electos. ¿Cuáles serán? Eso lo determinará la Cámara de Diputados, pero se sabe que esas tres posiciones ya fueron entregadas al PAN. Las restantes seis posiciones, incluido el presidente, se elegirán de manera paritaria, dos para cada uno de los grandes partidos
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 12 de septiembre.
Pero lo más grave del asunto es que el artículo cuarto transitorio, que tiene incluido el proyecto de dictamen que la tarde de ayer se difundió, tiene una laguna que no se sabe si es producto de un error técnico o que ni siquiera se hicieron bien las cuentas. El primero en salir será el consejero presidente. Luego, de entre los ocho restantes, tres concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y otros tres el 30 de octubre de 2010. Si se realiza una suma elemental, resulta que el transitorio sólo toma en cuenta a siete consejeros, para ser relevados desde la entrada en vigor del decreto hasta 2010. ¿Y los dos restantes? Nadie sabe. Una muestra de lo bien que se hizo la reforma
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 12 de septiembre.
Sin embargo es posible detectar, a lo largo de este debate, que tanto entre quienes defienden la preservación de los consejeros como entre quienes promueven su sustitución, hay varios puntos en los que coinciden en torno a la reforma.
A) Hay amplio acuerdo en la utilización exclusiva de los tiempos oficiales para la propaganda electoral. Incluso, muchos de quienes firmaron el desplegado en defensa de los consejeros del IFE se sintieron "usados" por los medios electrónicos para pegarle a la reforma electoral en general (aunque no se descarta que otros de los "abajofirmantes" hayan sido conscientes de que el desplegado le caería muy bien a los medios en los que colaboran).
B) La utilización exclusiva de los tiempos oficiales para la publicidad electoral debiera traducirse en una reducción proporcional en el financiamiento público que recibirán en adelante los partidos, lo que no está del todo claro bajo la fórmula propuesta para ello, pues los partidos podrían recuperar lo perdido en relativamente poco tiempo. Y se ve como un exceso que dicha fórmula quede inserta en la Constitución (con lo que difícilmente podrá ser modificada o ajustada en el futuro
C) Parece también haber coincidencia en que, más allá de la suerte de los consejeros electorales, si no cambia sustancialmente el procedimiento para su designación, poco se habrá ganado: que no se resolverá el problema de fondo. Por lo que consideran conveniente abrir el proceso a otros sectores sociales, que propongan candidatos a partir de un perfil legal más idóneo en el cumplimiento de sus funciones. Podría ser bueno que se incrementen los requisitos legales a favor de la ciudadanización y en detrimento de la partidización, para conferir a los consejeros mayores posibilidades de autonomía y reducir la discrecionalidad de los partidos en ese procedimiento.
D) Finalmente, también parece haber un fuerte rechazo en ambos bloques ciudadanos con respecto a la contraloría interna del IFE que los partidos pretenden designar, pues también afectaría sensiblemente la autonomía de la institución
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 12 de septiembre.
Que Luis Carlos Ugalde o cualquier otro consejero se vaya del IFE, como exige el PRD antes que ningún otro partido, no es cosa fácil. En la ley electoral no existe la figura de sustitución ni la de renuncia. Para darles salida hay que reformar la Constitución, lo que implica aquel procedimiento en que la propuesta debe discutirse en todos los estados del país
Frentes Políticos, Excélsior, 12 de septiembre.
Los partidos proponen la utilización exclusiva de los tiempos oficiales para la difusión de la publicidad electoral, pero también introducen otros aspectos que incrementan su eventual influencia sobre las instituciones autónomas (como el IFE), protegen sus elevados ingresos públicos, preservan su impunidad y eluden la transparencia. Por su parte, los consorcios mediáticos niegan que su oposición a la reforma sea por dinero y enarbolan otros temas, como la salida o no de los consejeros electorales del IFE, el "atentado" a la libertad de expresión, el excesivo financiamiento partidista y hasta las candidaturas independientes. En particular, el asunto de los consejeros ha dividido a los ciudadanos informados, analistas, periodistas, académicos y escritores. En torno a ello se han formado dos grandes bloques: quienes sostienen que la remoción anticipada de los consejeros dejará afectada la autonomía e imparcialidad al IFE y quienes piensan que los actuales consejeros no estuvieron a la altura de la elección pasada y por ello debieran ser sustituidos. Se podría detectar que, con excepciones, quienes están en el primer bloque dieron por válido el triunfo de Felipe Calderón y sienten que remover a los consejeros sería reconocer, en cierta medida, que hubo "fraude electoral" (como lo sugirió Luis Carlos Ugalde) o al menos que "algo estuvo mal" con el IFE. Quienes se han pronunciado por la remoción de los consejeros, mayoritariamente forman parte de quienes han puesto en duda la claridad y contundencia del triunfo de Calderón y aceptan que se sustituya a los consejeros porque creen que en efecto algo funcionó mal en el IFE (no necesariamente que haya habido un fraude monumental
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 12 de septiembre.
En el fragor de la revuelta de las cámaras y los micrófonos apenas se escuchó el crac que hizo el cuello del consejero presidente del IFE que sí había copelado (al 0.56 por ciento). Las bancadas legislativas involucradas en el caso acordaron la salida escalonada de los actuales miembros del Instituto del Fraude Electoral, con el profesor Elbo Esther Ugalde por delante. Nada garantiza que del venidero reparto partidista de cuotas en el IFE surja una composición confiable, pero por lo pronto es de justicia la destitución de los cómplices del 2 de julio de 2006, además de confirmar en los hechos la tesis sostenida por el propio Ugg Alde: su defenestración prueba el fraude electoral (se abre, desde luego, la temporada de caza de hueso súper bien pagado: intelectuales e intelectualas “independientes”, críticos amoldables y asesores varios se montan la escopeta de la redituable ecuanimidad para aspirar a las quincenas venideras del IFE).
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 12 de septiembre.
Con la reforma en materia de propaganda en medios electrónicos pasó a segundo término lo que había sido el tema central de días recientes: la destitución de los consejeros electorales. A final de cuentas se hará por tercias y dentro de la primera irá el actual presidente del IFE: Luis Carlos Ugalde
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 12 de septiembre.
Y el presidente saliente del IFE, Luis Carlos Ugalde nos explica que se disciplina y nos expone su respeto a las decisiones de diputados y senadores, pero dice que se dañará la independencia y la autonomía del Instituto Federal Electoral. Dieron un paso grave, que afectará a la democracia.
El funcionario hace sentir que la única manera para que el IFE pueda regular con firmeza e imparcialidad a los partidos políticos y, eventualmente sancionarlos, es que los consejeros no “estemos sujetos a sus tiempos y estrategias políticas”.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 13 de septiembre.
La zanahoria del atentado contra la libertad de expresión resultó tan endeble como lo fue, en su momento, la defensa a la cabeza de Luis Carlos Ugalde, de quien ya casi nadie se acordó después de sus siete días de paladín de la independencia del IFE. Podrá haber simpatía o incondicionalidad por parte de algunos periodistas hacia las posturas de la CIRT, pero numeritos como los de anteayer dejan muy mal parada a la libertad de expresión que pretenden defender.
David Gutiérrez Fuentes, “Perro Mundo”, Crónica, 13 de septiembre.
Luis Carlos Ugalde se convirtió no en un símbolo para defender a la democracia y al IFE, sino en el pretexto para el contraataque de los medios, moneda de cambio para una reforma por otra. Pero el propio Ugalde se prestó a ello.
Es cierto que no es posible cambiar al titular de un organismo ciudadano sólo porque no cumple con las expectativas de un partido, tampoco como factor de la negociación, pero los hoyos de la ley lo permitieron.
Es como si en un partido de futbol, el equipo perdedor demanda correr al árbitro, sólo porque perdió. El fondo es otro.
Ugalde llegó con la marca de la maestra Elba Esther Gordillo y eso sumó las voluntades de los priistas con la de los perredistas, y todos éstos a las de un importante grupo de panistas.
El propio Ugalde perdió prestancia, seriedad, al afianzarse a un cargo que dadas las circunstancias, pudo haberse mostrado más republicano y haber renunciado en el momento en que se aprobó la reforma electoral.
Jesús Sánchez, “Recuento Político”, El Financiero, 13 de septiembre.
Quienes —por buenas y malas razones— se han opuesto a la sustitución del Consejo General del IFE están descubriendo muchas cosas (entre otras, el "hilo negro"). Descubrieron que el IFE es un órgano partidizado —desde 1994—, pues creían que era auténticamente ciudadanizado. La mayor expresión de esa partidización se dio justo en 2003, al ser designado el actual Consejo General, pero entonces los flamantes defensores de la autonomía del IFE no se percataron de ello. Y por eso ahora, cuando se dejan sentir los efectos de aquel atropello, se sorprenden. También están descubriendo que una reforma electoral se puede intercambiar por una reforma fiscal. Justo ese fue el origen del actual Consejo del IFE "ciudadano" (cosa distinta es que en aquel entonces el PRI no haya cumplido su parte del compromiso). Y también se percatan ahora de que el PAN puede comportarse pragmáticamente con respecto al IFE. Por lo cual llaman a los panistas "cobardes", "timoratos" o "inconsistentes". Piensan que el costo de aceptar la sustitución de los consejeros electorales les será muy elevado, que están cediendo al chantaje del PRI, están haciendo una concesión inaceptable al PRD y han sacrificado la democracia (y a su nuevo adalid, Luis Carlos Ugalde) por los cacahuates de una reforma fiscal light
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 14 de septiembre.
Al concluir su mandato el Consejo General, en 2003, tanto el PAN como el PRD veían conveniente la permanencia de algunos de los consejeros salientes, para así iniciar el escalonamiento, hoy tan celebrado por todos. Pero el PRI no estaba muy contento con los consejeros salientes (pues le habían asestado una multa de mil millones de pesos), por lo cual negoció con el PAN que ninguno de ellos se quedara. El PAN cedió de inmediato, pues en la mesa de negociación estaba también la reforma fiscal. Por eso Elba Esther Gordillo pidió nombrar al presidente del IFE y, originalmente, a tres consejeros (de ocho). Los panistas aceptaron poco después la propuesta del PRI de aprovechar la controversia con el PRD sobre preservar a algunos consejeros y repartirse su cuota de consejeros (le tocaban dos al sol azteca). Al PAN no le importó la pérdida del consenso del IFE ni su consecuente vulnerabilidad (que pudo evitar, pues hubo tiempo de sobra para ello cuando el PRD aceptó remover la traba que impedía el consenso). Al gobierno tampoco le preocupó demasiado ese golpe al IFE: estaba en juego la reforma fiscal (además, el excluido era su odiado PRD). De nuevo, el pragmatismo panista, en este caso contra la fortaleza y la credibilidad del IFE
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 14 de septiembre.
Y ahora, el PAN —y el propio Calderón— calcula un saldo positivo con la remoción del Ugalde, que sin duda pasará a la historia como mártir de la autonomía institucional. Es una ganancia para el PAN que muchos simplemente no ven (por lo cual es algo que amerita ser analizado con detalle). En suma, el blanquiazul, desde que empezó a aproximarse al poder, ha demostrado ser tan pragmático como los demás partidos (aunque, es cierto, no siempre con buen tino). Pero, por eso mismo, se impone la necesidad de imprimir en el IFE una auténtica ciudadanización, no porque ahora la haya perdido, sino porque nunca la ha tenido, aunque muchos apenas se estén percatando de eso
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 14 de septiembre.
El presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, continuó también con su inútil cruzada en contra de la reforma electoral en lo concerniente al relevo anticipado de consejeros. “La remoción sin causa legal u objetiva sienta un mal precedente para la independencia, no sólo del IFE, sino de las instituciones del país”, dijo
Una actitud muy distinta asumió el también consejero del IFE Marco Antonio Gómez Alcántar, quien puso su cargo a disposición del Congreso, pues aseguró que si las nuevas reglas electorales requieren otro perfil profesional, él puede retirarse cuando se requiera
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 14 de septiembre.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral no fueron simples “cómplices” del fraude, como ahora se pretende (que se limitaron a proteger a los mapaches el día del voto, a tolerar la intervención del gobierno foxista con todos sus recursos en la campaña de Acción Nacional, y a permitir el dinero sucio en la gira de Calderón y la propaganda negra en los medios), sino artífices del mismo (que falsificaron las cifras y revirtieron los resultados), por lo que su remoción no basta para establecer un Estado de derecho. Sería necesario procesarlos, traducir a Vicente Fox ante un juez y destituir y procesar a Calderón y a sus cómplices, para iniciar un proceso que revierta la situación
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de septiembre.
Que el presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, tuvo lo que al parecer fue su última “victoria”, al lograr que sus compañeros del Consejo General lo acompañaran en la grabación de un video para los trabajadores de ese instituto, que se transmitirá vía satélite a todas las juntas distritales y locales este viernes, a la una de tarde.
“Trascendió”, Milenio, 14 de septiembre.
PUESTA ya la mesa para la reforma electoral, alguien debería tener cuidado con las formas del relevo en el IFE, pues se está incubando el huevo de la serpiente.
Y ES QUE hasta ahora no queda claro cuál será el criterio para seleccionar a los seis consejeros electorales que permanecerán en sus puestos, una vez que se hayan ido Luis Carlos Ugalde y otros dos de sus muchachos.
AL NO HABER un procedimiento establecido, la decisión se dejará al método científico de "quién da más por quedarse con su hueso", lo que en otras palabras significa que los consejeros buscarán hacer puntos para congraciarse con los partidos y seguir en el IFE.
Y AHÍ es donde radica el peligro, pues ya parece que justo ahora que se investiga el misterioso caso de los 280 mil spots fantasma, alguno de los consejeros que quieren conservar la chamba se va a atrever a meter en cintura a los partidos.
ASÍ QUE más vale que se apuren a definir las reglas del relevo, para ir evitando tentaciones.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 14 de septiembre.
Los consejeros electorales tienen el temor de que la reforma electoral se convierta en un instrumento de negociación política entre el Legislativo y el Ejecutivo, encabezado por Felipe Calderón. Y aceptan que el órgano electoral debe transformarse y reestructurarse para enfrentar las elecciones intermedias de 2009.
Y nos aclaran que lo que no podrán hacer el Ejecutivo, legisladores, ni los propios consejeros del IFE, es ser omisos a las demandas de la gente de reducir el costo y financiamiento de las campañas políticas, así como la reducción del tiempo de la contienda electoral, controlar el papel de los medios electrónicos y utilizar tiempos fiscales para propaganda electoral.
Consejeros insisten en señalar que se cometería un grave error si se soslayan dichas propuestas contenidas en las más de 3 mil ponencias que a lo largo de los últimos meses se han presentado durante las jornadas ciudadanas para las reformas electorales organizadas por el propio IFE, las cuales representan las verdaderas prioridades de la ciudadanía, al margen de todo interés político. El mensaje es muy claro para aquellos que quieren la cabeza de los consejeros al precio que sea.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 11 de julio.
La reforma electoral es otro tema que se vincula con insistencia a la fiscal. El tema aquí son los consejeros electorales del IFE. Por lo menos en el discurso, el PRD quiere cambiar a los nueve integrantes del Consejo. Es una de las condiciones para subirse a la negociación. Carlos Navarrete, coordinador de los senadores amarillos, lo reiteró ayer a este espacio
Francisco Garfias, “Arsenal”; Excélsior, 18 de julio.
Que en el IFE, que preside Luis Carlos Ugalde, quieren entrar al récord Guinness por aquello de las unanimidades.
En los foros que se organizaron sobre la reforma electoral, ninguno de los centenares de participantes sugirió la remoción de los consejeros, en contraste con lo que demanda la mayoría de los partidos.
“Trascendió”, Milenio, 19 de julio.
"Seamos realistas, demandemos lo imposible", solía decirse en el llamado Mayo francés del 68. El consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, siguió el consejo del movimiento estudiantil. A la reunión de los presidentes de los institutos estatales electorales, que se realiza en Guadalajara, fue a decir que el "marco ideal" de una reforma electoral es que toda la propaganda de candidatos y partidos, en tiempos de comicios, la transmitan los medios de comunicación en horarios del Estado. ¡Ajá..!
Francisco Garfias, “Arsenal”; Excélsior, 20 de julio.
Montados en esa reforma, los perredistas quieren correr a todos los consejeros electorales del IFE. Para ello, asegura Navarrete, cuentan con el apoyo de Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado y hombre todopoderoso en el seno del PRI. "Él (Manlio) tiene el compromiso conmigo de que se van todos los consejeros del IFE y hasta ahora ha cumplido como hombrecito", subraya el jefe de la bancada amarilla en el Senado.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 26 de julio.
El PRI y el PRD se acercan más de lo que quisiera el gobierno de Calderón. Y por ahora hay un tema en el que presionan juntos y que lo ponen como condición para convocar a un periodo extraordinario: la reforma electoral, y con ella, el cese de al menos tres consejeros electorales del IFE…
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de agosto.
La jugada fue armada por Manlio Fabio Beltrones y la pactó bien con el PRD: si el PAN y el gobierno de Felipe Calderón quieren un periodo extraordinario para discutir su reforma fiscal, tienen que aceptar que en la misma agenda de sesiones se discuta y se vote la reforma electoral.
La condición es tajante. Sin el tema electoral, priístas y perredistas simplemente no apoyarían la convocatoria al extraordinario y llevarían la propuesta fiscal para discutirla a partir del 1 de septiembre, en el periodo ordinario, con la enorme presión de que tuviera que ser aprobada antes del 8 de septiembre, fecha en que el presidente Calderón debe presentar a los diputados el paquete económico federal del 2008
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 8 de agosto.
Que de un momento a otro resucitará el tema de la dimisión de los consejeros del IFE, comenzando por su presidente, Luis Carlos Ugalde.
Las cabezas legislativas del PRI y el PRD afinan los detalles para el proyecto de la reforma electoral que, tendría que pasar antes que la fiscal, y demandaría, de un golpe o a plazos, la salida de los consejeros.
“¿A ver quién sale a defenderlos?”, dicen confiados amarillos y tricolores.
“No valen la cancelación de una reforma electoral”.
“Trascendió”, Milenio, 8 de agosto.
Si hubiese apuestas sobre la permanencia de los integrantes del Consejo General del IFE, la chica sería que se quedan hasta que concluya su mandato en 2010. Su salida escalonada está en el centro del dictamen sobre la reforma electoral que se prepara en el Congreso de la Unión.
En Periférico y Viaducto Tlalpan lo saben. Uno de los consejeros que se encuentran en el corredor de la muerte nos comentaba, con amarga ironía, que el salvoconducto para "los nueve en el patíbulo" es, paradójicamente, el fracaso de las negociaciones sobre las reformas fiscal y electoral. Ya encarrerado, el hombre hacía notar la inconveniencia para el PRI de que haya un relevo en el Consejo. "No hay duda que si éste se renueva, los próximos consejeros serán predominantemente antipriistas", vaticinaba. Los nuevos, además, llegarían fuertemente condicionados.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 10 de agosto.
Otros priistas, como Beatriz Paredes o Emilio Gamboa, tendrán más visibilidad. Ninguno de los dos ha declarado o comentado que quiere la salida de los consejeros. "La relación con el CEN del PRI es buena", subraya la fuente.
El relevo en el Consejo constituye también un problema institucional. El IFE desarrolla actualmente la fiscalización de la campaña electoral de 2006. Hay 281 mil spots que no fueron reportados a esa autoridad. Hay cosas por investigar, multas por cobrar. ¿Habrá punto y aparte?
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 10 de agosto.
El problema parte de que siguen prevaleciendo las cuotas partidarias en la conformación de las autoridades electorales y que eso sí puede afectar la imparcialidad y la credibilidad de tales organismos. A menos que se crea que fue coincidencia que la mancuerna ganadora en la elección presidencial de 2006, Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón, hayan sido justo quienes nombraron al grueso de los consejeros electorales del IFE, incluido a su presidente. Y que eso haya tenido nada que ver con que el IFE tomó decisiones que favorecieron la estrategia del candidato panista de abrir tan pocos paquetes electorales como fuera posible, a contrapelo de la ley (que lo obliga de oficio a recontar todos aquellos paquetes en donde las actas registren cualquier inconsistencia). El IFE incumplió esa disposición en 95% de los casos. Demasiadas casualidades para ser eso: casualidades. De ahí que el debate sobre la reforma electoral debiera incorporar una revisión sobre la forma de nombrar a las autoridades electorales. Mientras permanezca el criterio de las cuotas partidistas, mal andaremos. No basta que el recambio de consejeros o magistrados electorales se haga escalonadamente, una medida racional para evitar que unos primerizos se hagan cargo de una elección presidencial (como ocurrió en la de 2006). Pero si el recambio es, digamos, de tres en tres, será inevitable que se haga por cuotas entre los tres principales partidos. José Woldenberg propone que se renueve un consejero electoral cada año, a modo de dificultar los acuerdos por cuotas. Suena bien y la medida debía extenderse al nombramiento de magistrados. Ello tomaría tiempo, pero daría mayores garantías de la imparcialidad que ahora, tanto en el IFE como en el TEPJF, está en tela de duda
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 13 de agosto.
Pero el tema de medios ha sido atado por el PRI, en la negociación electoral, con otro: la conformación del Consejo General del IFE. El priismo y, sobre todo, Manlio, quieren cambiar a los consejeros electorales. No se trata sólo de cambios en el organismo, sino también de recordar que en ese proceso de integración participó activamente, entonces como líder de la fracción priista en la Cámara de Diputados, Elba Esther Gordillo. Y el eje del enfrentamiento político de Beltrones pasa por la maestra debido a razones personales, pero también netamente políticas: se trata de espacios y de capacidades de operación y alianzas. Lo que uno gana, el otro lo pierde. O, cuando menos, así lo entienden ambos. ¿Pueden ser reemplazados los consejeros del IFE? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no, e incluso los asesores legales de la Cámara de Diputados así se lo han hecho saber a los partidos. De todas formas, aunque no fuera estrictamente legal, sería por lo menos difícil para los consejeros mantenerse en sus cargos sin el respaldo de los partidos. Pero entonces se requeriría un acuerdo: existen, entre otras, dos posibilidades, una de esperar hasta 2010, cuando debe ser reemplazado el Consejo General, y establecer para entonces un nuevo mecanismo. O buscar cambios desde ahora, que deberían pasar, muy probablemente, por un reemplazo gradual de consejeros y surgir de un acuerdo político implícito con los miembros del IFE. Si no sucede así, se entraría en un proceso legal que concluiría con el efecto exactamente contrario al buscado: los comicios y sus instituciones entrarían en un cono de sombra que afectaría irremediablemente el proceso federal de 2009, por lo menos
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 13 de agosto.
En la taponada reforma electoral, ¿van a ser serios los legisladores? Porque en el buzón de las iniciativas hay 500, al decir del PRI, partido al que se le factura la demora en el cambio que se pide casi desde que entró en vigor la reforma de 1996: participará sólo si tumban a todos los actuales consejeros del IFE. Y eso no lo ve mal el PAN, sólo que quiere ir poquito a poco. Así las cosas, el reciente seminario internacional nada aportó contra el atorón
Frentes Políticos, Excélsior, 14 de agosto.
Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, rechazó la pretensión de atar la reforma electoral a la fiscal:
Será reforma si reduce costos y tiempos de campaña, si da equidad y transparencia en los gastos.
Si no, sujetaría al IFE a presión de los partidos por los gastos de 2006.
Y en el Instituto creen que si cambian consejeros el PRD reclamará la ilegalidad del proceso del 2 de julio.
Pepe Grillo, Crónica, 15 de agosto.
Luis Carlos Ugalde, nos comenta que no se puede condicionar el futuro de la democracia al destino de otras reformas, pues la materia electoral es tan importante por sí misma, que debe ser analizada en sus propios méritos. Los priistas encabezados por Manlio Fabio Beltrones y por el perredismo en general, pretenden condicionar todo al cambio del IFE, pretenden encarecer su respaldo a la reforma hacendaria.
Dice que condicionar y dejar a la deriva a la reforma electoral, por lo que suceda en otros temas no contribuye a un sano ejercicio de lo que el país requiere. El único condicionamiento válido de la reforma es que responda a los intereses de los ciudadanos.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 16 de agosto.
La manera atropellada y “política” en que los legisladores (del PRI y el PRD, principalmente) quieren llevar a cabo una reforma electoral para deshacerse de los Consejeros Electorales y rediseñar al IFE, amenaza con afectar a otra institución fundamental para el buen funcionamiento de las elecciones en México. Con mucha menor atención, pero quizás con efectos potenciales aún más graves, el destino del Registro Federal de Electores está condicionado a la emisión de una nueva credencial electoral que incorpore la Clave Única de Registro de Población (CURP). ¡No vaya toda esta dinámica política a regresarnos a las dudas y cuestionamientos —sobre el Padrón Electoral o la propia autonomía de las autoridades electorales— anteriores a la reforma de 1996!
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 20 de agosto.
Listo para empacar. Así se considera el consejero del IFE Rodrigo Morales, al ensayar la posibilidad de que el PRI se salga con la suya y de un solo tiro le marque la salida a él y a sus ocho compañeros, o que el PAN les dosifique el desempleo. Lo que sí exige es que, salga como salga la reforma electoral, el IFE tenga más afilado el poder de sanción a mapaches
“Frentes Políticos”, Excélsior, 25 de agosto.
La suerte de tres de los nueve consejeros del IFE parece echada. La iniciativa de reforma electoral, que presumiblemente será presentada por todos los partidos en la sesión de la Comisión Permanente convocada para el 31 de agosto —antes de que Manlio Fabio Beltrones deje la presidencia del Senado— así lo propone. "Hay un punto fino de consenso: Luis Carlos Ugalde (consejero presidente del IFE) tiene que irse", confirmó un legislador que participa en las negociaciones.
La iniciativa contiene un nuevo requisito para pertenecer al Consejo General del Instituto: no haber pertenecido al servicio electoral profesional. La absurda medida —pues lo que se requiere es experiencia— parece etiquetada. Los consejeros Lourdes López y Rodrigo Morales ya han trabajado en juntas electorales locales. Ella en Coahuila; él en el Distrito Federal. Los que se mencionan para sustituirlos son José Antonio Crespo, Clara Jusidman y Diego Valadés.
Si no hay cambios, los nuevos consejeros serían elegidos por seis años. Los otros seis integrantes del Consejo completarían el periodo para el que fueron electos. Se irían hasta 2010. La idea es que ese año sean elegidos tres consejeros por tres años y otros tres por nueve años. Se mantendría así un escalonamiento permanente en el Consejo. "La cosa ya está madura. Hay un proceso de acuerdo muy rápido, aunque todavía no hay definiciones", puntualizó otra fuente de la Comisión de Construcción de Acuerdos.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Crónica, 25 de agosto.
Dice el panista Diódoro Carrasco que los consensos para aprobar la reforma electoral “saldrán esta semana”, cuando menos este compromiso lo sostienen los dirigentes de los partidos políticos. Sobre el IFE y la permanencia de los Consejeros Electorales, nos señala el ex gobernador de Oaxaca, que “no se enfoca el tema de esta manera, hay propuestas que plantean crear un Instituto Nacional de Elecciones, y asegura que los actuales consejeros tienen un periodo para el cual fueron elegidos y nombrados hasta el año 2010”.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 27 de agosto.
En el IFE la opinión sobre la remoción de los consejeros ha provocado que varios de ellos reconozcan que la negociación política entre los representantes de los partidos en el Congreso de la Unión corre el riesgo de quedar varada. Algunas fuerzas mayoritarias supeditan tanto los acuerdos y las negociaciones de la reforma electoral y fiscal e informe de gobierno, que caen en el juego de las especulaciones.
Ante este escenario, hay quienes aprovechan muy bien las coyunturas para pedir la remoción de los consejeros, pero olvidan que “además de ser contra la ley”, se abrirían varios frentes, basta recordar, nos dicen, que aún no se decide la apertura de los paquetes electorales, la destrucción de las boletas, el análisis del Padrón Electoral y sobre todo, la revisión total de los topes de campaña de los candidatos presidenciales.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 28 de agosto.
Mas aún así, con todas esas carencias, parece que ayer los partidos políticos se pusieron de acuerdo con el fin de sacar en esta semana la reforma electoral. Así, a paso veloz, por fin lograron coincidencias con respecto al tema. Es en la sesión de la Comisión Permanente donde se prevé la salida del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde y de tres consejeros. Al respecto, en una entrevista con el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete dijo: “Nadie pretende afectar la dignidad personal de los actuales consejeros electorales. No hay necesidad de renuncias o sustituciones vergonzosas o de salidas por la puerta de atrás. Hablamos de una reforma que necesita el país y que pasa por cambios constitucionales”.
El tema es que piensan hacerle al IFE lo que se hacía con Menudo: que salga uno y entre otro cada equis tiempo. Como se hace en la Suprema Corte. Es una buena fórmula para que los partidos consensúen el nombramiento de cada consejero y se termine la designación partidocrática de los vigilantes electorales cada vez que se renueva el Consejo General.
Y aunque en ese tema parece evidente que hay un acuerdo para realizar cambios de fondo en el IFE, del que después del episodio de las campañas electorales de 2006 se llegó a cuestionar su buen funcionamiento, lo cierto es que los legisladores siguen sin otorgarle los ansiados “dientes” para castigar a los partidos y a los candidatos que violan las normas electorales.
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 28 de agosto.
Ante los pronunciamientos de legisladores de oposición de que se renueve la totalidad de consejeros del IFE, como parte medular de la reforma electoral, dijo enérgico Luis Carlos Ugalde, consejero presidente de ese Instituto Federal Electoral (IFE):
"Jamás voy a renunciar..., la autonomía, independencia y credibilidad del IFE -advirtió- serán vulneradas de manera irreparable si los consejeros electorales son retirados de sus cargos por presiones políticas."
Además, dijo: "si el Congreso de la Unión aprueba la remoción de los consejeros estaría aceptando, políticamente hablando, que hubo fraude electoral en 2006, porque no se podría entender de otra manera por qué los consejeros tenemos que irnos cuando hemos cumplido de manera legal con nuestra responsabilidad" (pues a la mejor sí van a tener que irse)...
"Por eso jamás voy a renunciar a un cargo que tiene un mandato constitucional al que debo responder..."
Y remató: "que quede claro: en mi lenguaje no existe ni presión ni chantaje ni temor y mucho menos renuncia"...
¡Zas!, dicen, ¿estaremos frente a un ugaldato (así como el porfiriato)? ¡No, mano, no!
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 29 de agosto.
La guillotina para el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, estará lista en la primera quincena de septiembre. Los legisladores priístas, perredistas y panistas pretenden sacar por la vía rápida (fast track) la reforma electoral con el tema de la renovación escalonada de los integrantes del órgano, nos cuentan. Por ahora, afilan la navaja para el procedimiento, que este diario le adelantó en su edición del martes
“Bajo reserva”, El Universal, 29 de agosto.
Nadie duda que el actual Consejo General del IFE incurrió en serios errores en la elección presidencial de julio de 2006; que son insuficientes los instrumentos legales con que cuenta el instituto para cumplir con la legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de los procesos electorales federales; pero tampoco nadie puede negar que la pretensión de despedir a sus actuales consejeros tiene una fuerte dosis de “venganza política”, más que la preocupación real por enmendar las fallas.
¿Por qué esa presunción? Porque los partidos políticos promotores de la reforma al IFE —especialmente el PRD y el PRI— por todas partes han dejado huellas de lo que ya algunos llaman una “canallada política”. ¿Y cuáles son esas huellas? Muy fácil, que una parte fundamental de la “gran reforma electoral” —lo que en realidad fue el centro de las negociaciones entre PRI y PRD y que arrinconó al PAN— fue precisamente la expulsión de los actuales consejeros antes del término de su mandato constitucional frente al IFE
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 29 de agosto.
La propuesta “viene” en el paquete de reforma electoral que avalan el PRI, PAN y PRD. Los partidos insisten en la salida del Presidente y todos los consejeros del IFE, quienes organizaron las reñidísimas elecciones de 2006.
Los primeros en dejar el cargo serían Luis Carlos Ugalde y los consejeros Lourdes López Flores y Rodrigo Morales. Posteriormente, de manera escalonada, los ocho restantes.
Los nuevos integrantes serían evaluados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y ocuparían sus cargos por nueve años y sin derecho a la reelección.
En el nuevo IFE se podrían aplicar castigos a los consejeros que incurran en fallas, y estarán vigilados o sometidos a una contraloría interna.
Aunque parece tener el consenso de casi todos los partidos, falta ver que a la hora de la discusión ninguno se eche para atrás. Se conjuntan dos cosas: la indudable necesidad de tener un consejo del IFE que todos los partidos reconozcan, sí… pero también de garantizar la autonomía de un instituto que ha costado tanto.
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 29 de agosto.
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, argumenta que si él y los otros consejeros son removidos como parte de la reforma electoral que preparan los partidos, no sólo se vulneraría la autonomía de las instituciones sino que se aceptaría que el fraude denunciado por el PRD luego de que perdió las elecciones del 2006, en realidad existió. Ugalde se defiende, pero los partidos ya acordaron satisfacer en ellos su deseo de venganza
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran angular”, El Gráfico, 29 de agosto.
Los legisladores del PRI y del PRD, con la aquiescencia del PAN, están a punto de llegar a un acuerdo que puede resultar desastroso para la democracia. Como parte de una nueva reforma electoral, están negociando la destitución de los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral. Si la medida se aprueba, constituirá un severo golpe a los esfuerzos por establecer una autoridad electoral independiente en México.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 29 de agosto.
POR FAVOR que nadie le hable golpeado este día a Luis Carlos Ugalde, pues va a andar con los nervios de punta ya que todo indica que hoy mismo podría decidirse su salida del IFE.
PARA NADIE es secreto que el consejero presidente es el primero en la lista de los "ejecutables" confeccionada por el PRD y el PRI -ya con el aval del PAN- en su proyecto de reforma electoral.
Y AUNQUE se habla de que los consejeros del IFE serían relevados de manera escalonada, queda claro que Ugalde saldría antes que el resto de sus compañeros.
SE ESPERA que este día quede definida la iniciativa de perredistas y priistas para renovar al IFE como parte de la reforma electoral, a la que han puesto como condición para sacar adelante la reforma fiscal.
ASÍ QUE más vale que Luis Carlos vaya desempolvando su traje de mago y comience a buscar chamba.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 29 de agosto.
La decisión está tomada, el único que no lo cree es Luis Carlos Ugalde.
Pero más vale que vacíe su escritorio y empaquete sus libros.
El PRI se sumó a la petición de remoción y hasta el PAN la aceptó.
Ugalde no cae en cuenta que su cese abre la puerta a una solución política de varios problemas.
Ya no hay otra salida, el consejero presidente debe aceptar que perdió la guerra.
Pepe Grillo, Crónica, 30 de agosto.
Durante años el PRD peleó por la independencia de la autoridad electoral. La autonomía del IFE respecto del gobierno y otros poderes fue elemento fundamental en las propuestas de reforma electoral de ese partido. Ha sido, sobre todo, garante de la capacidad del Instituto para tomar decisiones al margen del interés de las fuerzas políticas.
Gracias a esa autonomía, el IFE pudo sancionar al PRI cuando se comprobó que en la campaña de ese partido en 2000 había ingresado dinero de manera ilegal. Y pudo multar al PAN debido a los manejos irregulares del grupo Amigos de Fox.
Ahora el PRD es el primero en promover la destitución de los actuales consejeros. Y no porque hayan cometido irregularidad alguna. A esos funcionarios electorales los quieren hacer víctimas de una revancha política.
Lo peor es que se trata de una venganza equivocada. Si los consejeros del IFE hubieran cometido alguna ilegalidad, seguramente los partidos afectados los habrían sometido a juicio político. Ciertamente se equivocaron en algunos momentos después de las votaciones del 2 de julio del año pasado, pero se trató de yerros magnificados por la estridencia del PRD cuando se empeñaba en propalar la versión de un fraude electoral que nunca pudo demostrar.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 30 de agosto.
Ante lo inevitable, los consejeros luchan, cada cual por su vida.
En corto comentan que nadie está dispuesto a “entregar la plaza”.
Y aceptan que el grupo se ha fracturado y por eso se habló de tres que deben salir.
Y los más preocupados decían ayer que la remoción sería ilegal y que si corren a todos “saldrán a la luz cosas que no se han dicho”.
Pepe Grillo, Crónica, 30 de agosto.
La remoción de todos o algunos de los consejeros no sucedería como resultado de una reforma electoral articulada y coherente, porque ninguna de las medidas que se proponen para actualizar las reglas de la competencia política en México hacen necesario el desplazamiento de los actuales directivos del IFE. Si en ese proyecto de reforma queda incluida la sustitución de los consejeros se deberá, exclusivamente, a la rabieta del PRD y el PRI.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 30 de agosto.
Enviar a Luis Carlos Ugalde de regreso a la cátedra no es la reforma electoral, ni mucho menos la reforma del Estado. Es un punto de partida para que los protagonistas de la contienda por el poder ajusten las instituciones a la realidad nacional. Hay que legislar sobre el recuento de votos en caso de elecciones cerradas, sobre la inversión en medios electrónicos, poner límites a la propaganda negra, evitar que los partidos chicos sean negocios particulares, establecer nuevas reglas para el Informe Presidencial y en general diseñar nuevas relaciones entre los Poderes de la Unión. El trabajo apenas comienza. El Dr. Ugalde tuvo su oportunidad. Si el sueldo de maestro no le complace, puede sumarse a la caravana del matrimonio Fox y diseminar por el mundo, con experiencias de primera mano, las bondades de la democracia mexicana.
Juan Manuel Asai, “Códice”, Crónica, 30 de agosto.
Trampa, cuando el PRI y el PRD argumentan que la reforma electoral —indiscutiblemente también inaplazable— pasa necesariamente por la salida de los consejeros del IFE y la desaparición, como tal, del Instituto.
En el fondo es una revancha. Del PRD porque perdieron la elección y, como los amarillos le tienen miedo a AMLO, pues aprovechan la urgencia de acuerdos que necesitan el PAN y el Presidente de la República para apretar las tuercas y entregarle, en charola de plata, la cabeza de Ugalde, al rencoroso caudillo.
Y trampa del PRI para regresar a los viejos esquemas de manipulación electoral, ante sus fracasos por volver a Los Pinos.
Ugalde es lo de menos. Está pagando sus errores. El problema es en manos de quién quedará el IFE, quiénes lo controlarán y qué oscuras maniobras se van a intentar en las elecciones intermedias de 2009.
Será un retroceso.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 30 de agosto.
Luis Carlos Ugalde está mientras tanto en pleno berrinche amenazador. Ya estableció la tesis académica de que si lo retiran de la ubre corrompida se estará reconociendo que hubo fraude electoral. ¡Lo impensado: dejar sin chamba a Uh Fraude lo acabaría convirtiendo en confesa prueba viviente de las pillerías cometidas en los comicios de 2006! Ayer, sin embargo, elevó la mira de su despecho y tocó, sin nombrarlo, al propio beneficiario unipersonal de las adulteraciones comiciales, pues pidió a los poderes Ejecutivo y Legislativo que actúen con honestidad política e intelectual para que no centren las negociaciones de una muy cantada reforma electoral en el tema de la remoción de los consejeros del IFE: el que a fraude mata, a fraude muere, sería la moraleja de la fábula ugaldina en que un cómplice mal pagado acaba pidiendo a sus compañeros de andanzas que actúen con una moneda de honestidad que nunca antes ninguno de los asociados había usado. El cándido Ugalde incluso preguntó al 0.56 por ciento desalmado si las negociaciones de un Informe de gobierno pueden formar parte de un acuerdo sobre el futuro y la independencia del tal IFE. ¡Oh, cuánto dolor en los nada indirectos reproches de LCU a FC!
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 30 de agosto.
Se lee ya en la prensa que la reforma electoral promovida por el PRI y el PRD ha sido pactada a cambio de la reforma fiscal que promueve el gobierno, y que la reforma electoral incluye la remoción de los consejeros del IFE para antes de las elecciones de 2009.
Coincido con el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, en que esto equivale a aceptar que hubo fraude en las elecciones de 2006. (MILENIO, 29/8/07).
Para mí, que firmé un desplegado sosteniendo que en las elecciones de 2006 pudo haber irregularidades pero no fraude, esta negociación sería una especie de confesión de parte del gobierno de Calderón, un indicio de que quizá sí hubo fraude.
Sólo esa falta mayor justificaría la cirugía mayor que se propone: un ataque frontal sobre la autonomía de la institución y la inamovilidad de sus consejeros.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 30 de agosto.
Ugalde se va porque, en esta vuelta, así le conviene al PRI para seguir manejando las piezas en el rentable tablero donde han encerrado al gobierno de Felipe Calderón. Y porque el gobierno de Calderón calcula que es un buen negocio deshacerse del presidente del IFE a cambio de una reforma electoral que, le prometen, le abrirá la puerta a una reforma fiscal que, le prometen, le abrirá la puerta a una reforma de Estado que, le prometen...
Priistas, perredistas y algunos panistas justifican esta carnicería con el argumento de que se ha perdido la confianza en el IFE, a pesar de que no hay una encuesta en que ellos salgan mejor valorados que el instituto electoral en la categoría de confianza ciudadana.
Los desprestigiados van a degollar a Ugalde con el argumento fascistoide de que a veces es necesario matar para seguir viviendo. Será una canallada
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 30 de agosto.
A diferencia de lo que monopoliza la atención de los medios, el eje de la reforma no es si los consejeros del IFE se quedan, se van o son sustituidos en forma escalonada (con todas las implicaciones que esto tiene); el eje de la reforma es que, ante los nuevos fenómenos que sacaron a la luz las elecciones federales de la última década y en particular la de 2006, y la evidente insuficiencia del marco legal vigente, es necesaria una tercera generación de reformas electorales que permita, entre otras cosas, normar fenómenos como las precampañas, reducir la duración y el gasto de las campañas y regular el acceso de los partidos a los medios de comunicación para que, al final del día, estos cambios permitan fortalecer a las instituciones electorales y al sistema de partidos y, sobre todo, fortalecer la confianza social como base de la democracia mexicana.
Así, como lo ha señalado el mismo consejero presidente del IFE, se requiere una reforma electoral, primero, para actualizar el marco legal y clarificar las reglas de la contienda; en una perspectiva de más largo aliento, la reforma es necesaria para disminuir el costo de la democracia, elevar su calidad y proteger la autonomía del Estado mexicano (ante los indicios, por ejemplo, de “dinero sucio” en las campañas electorales o el poder excesivo de los medios electrónicos).
Diódoro Carrasco, Milenio, 30 de agosto.
CON QUÉ AGALLAS está defendiendo Luis Carlos Ugalde la autonomía del IFE. Lástima que en su momento no hizo lo mismo para defender el proceso electoral del 2006.
PORQUE la airada defensa del consejero presidente se da justo ahora que PRI, PRD y PAN tienen prácticamente negociada su salida del instituto.
SI BIEN su remoción suena a venganza partidista -con todo y que forme parte de la reforma electoral- el hecho es que Ugalde y su equipo no son hoy por hoy factor de confianza y consenso.
POR ESO su reclamo a Felipe Calderón de que sea "honesto" y respete la independencia del IFE, hay quienes lo ven como un intento de última hora de salvar lo que no supo defender a tiempo.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 30 de agosto.
Los diputados decidieron prolongar la agonía de los consejeros electorales del IFE.
Aprobaron casi toda la reforma electoral, incluida la remoción escalonada de los consejeros, sin dar fechas ni nombres. Les dijeron que se van, aunque no hay fecha.
Hay prisa de diputados por completar la venganza, pero alguien cree que todavía hay una vela prendida por los consejeros.
Pepe Grillo, Crónica, 31 de agosto.
En esta reforma no podía faltar la inspiración de la máxima de la política mexicana de “aquí sólo mis chicharrones truenan”, pues nuestros políticos son expertos en no dejar madurar las instituciones, sino sujetarlas a constantes transformaciones e inventar nuevas a cada oportunidad, como ahora están haciendo con el joven y ciudadanizado Instituto Federal Electoral y sus instrumentos, como el padrón electoral (¿se pretende una nueva credencial de identificación general?). Con su habitual precisión, Raúl Trejo Delarbre analizó ayer en estas páginas la regresión en que incurre la propuesta de reforma con la renovación total del IFE, que compromete seriamente su autonomía, en lo que concuerdan muchos otros comentaristas.
Por cierto, no queda claro si se abandonó la propuesta centralista (¿por qué los políticos en esta capital piensan que aquí siempre se hacen mejor las cosas que en los estados?) de hacer del IFE un Instituto Nacional de Elecciones que podría organizar, se dice que previa firma de un convenio, elecciones en los estados o municipios.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.
Los partidos políticos consumaron la violación a ley al promover el despido de los consejeros electorales, reconoce Luis Carlos Ugalde, y pretenden apoderarse de la institución electoral cuando aprueben designar ellos al nuevo titular de la Contraloría General del IFE, el nuevo órgano encargado de realizar la fiscalización de los ingresos y egresos. Con esto matan la ciudadanización de las elecciones.
En el fondo, la discusión de sancionar a los consejeros es, en parte, por las multas que todavía anoche les impusieron y con ello regresará la impunidad para comportarse como les dé la gana, al final despedirán a los funcionarios y hasta cambiarán de nuevo al Instituto Nacional de las Elecciones, como pretenden denominarlo.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 31 de agosto.
No quiero eludir el bulto de la renovación de los consejeros del IFE. Ese no podía ser ni el tema central ni el único de la reforma y, objetivamente, no lo es: por fortuna hay una reforma ambiciosa y, en ese cambio mayor, se habla de renovar parte de los órganos encargados de operar las elecciones. Ahora bien, ¿es cierto que remover a los consejeros electorales del IFE es lo mismo que aceptar que hubo fraude? Por supuesto que no —y es de lamentar que la especie haya salido precisamente del IFE, pretendiendo ahora que la legitimidad de la elección dependa de la permanencia o no en su cargo de unos cuantos funcionarios—. La verdad jurídica de la elección quedó establecida hace ya un año, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se acreditó que los votos depositados en las urnas por los ciudadanos se contaron correctamente. ¿Acaso aporta la eventual remoción de los consejeros una prueba en sentido contrario? No, la más mínima. Lo que sí quiere decir es que el acuerdo político previo que dio lugar al actual consejo general del IFE es insuficiente o inadecuado —igual que las normas que ahora se reforman— y que merece ser sustituido por uno más sólido, no para juzgar la elección de 2006 —cosa cerrada— sino para pavimentar la de 2009. Uno puede disponer de cientos de elementos objetivos para comprobar la veracidad del resultado electoral del año pasado, para probar que no hubo fraude, y, a la vez, desear una autoridad electoral que goce de la confianza de los partidos políticos en su conjunto, sin exclusiones, para la próxima cita en las urnas
Ciro Murayama, Crónica, 31 de agosto.
Hasta donde la opinión general recuerda, el más grave de los problemas del IFE fue su negativa a proclamar un ganador en la misma noche de la elección presidencial de 2006. Esa situación —calificada por algunos como sospechosa—, fue agravada por la queja del candidato López, quien denunció el extravío de tres millones de votos, cuya contabilidad —previo pacto entre partidos— se llevaba en lista paralela.
Eran los votos con “inconsistencias”. Después vinieron las batallas por el algoritmo; el logaritmo; la lucha de las tendencias en insólito juego de acercarse y alejarse; la velocidad en el flujo informativo del PREP, las fallas de comunicación y todo cuanto ya es parte del archivo.
Pero nada de eso probó el fraude de manera incontestable. Y el Tribunal Electoral, tampoco, a pesar de haber retratado en su documento final, un proceso lleno de irregularidades, vicios y delitos mayores y menores comenzando por las intromisiones del Presidente, su partido y los empresarios.
En esas condiciones los consejeros del IFE estaban —y de acuerdo con el urgente requisito expulsor de la Reforma— siguen estando en entredicho. Pero con esta fórmula de masiva defenestración, por encima de los principios rectores del propio IFE, quien queda también bajo sospecha es la legalidad.
“El consejero presidente y los consejeros electorales del consejo general —dice el artículo 41— serán elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes”.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 31 de agosto.
¿Y por qué tanto rencor contra Ugalde y sus consejeritos? Pues porque se equivocaron en el proceso electoral de 2006; como árbitro de la contienda, el IFE no sólo no estuvo a la altura de la elección presidencial más competida de la historia de México, sino que fue un fracaso, insisten aquéllos. "Margen estrecho dejó un órgano electoral maltrecho", que es urgente cambiarlo, señala uno de los "ideólogos de la reforma electoral".
Ugalde y sus consejeritos "defienden el hueso" y contraatacan acusando a los autores de la multicitada reforma de "venganza política".
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de agosto.
En esas condiciones es lógica la respuesta. ¿Quién los puede quitar? Pues nada más quien los puede poner. ¿Así nomás?
Pues sí, así nomás, ya sea gradualmente o en bloque, con los recursos posteriores de su defensa jurídica mediante una solicitud de amparo, o como sea, pero en estas condiciones tiene toda la apariencia de una revancha política.
El procedimiento de remoción debería pasar, evidentemente, por la figura del enjuiciamiento político, esto es, la transparente exposición de los motivos. Si no se ha probado el fraude, tampoco se han demostrado a plenitud la negligencia ni la incompetencia.
En este sentido vale la pena analizar brevemente la disyuntiva planteada por Luis Carlos Ugalde, quien ha dicho sobre la cancelación de este consejo: debemos ver si la partidocracia sustituye a la democracia. El argumento cae por sí mismo: si no hubiera “partidocracia” no habría quién designara a los consejeros, él mismo incluido. Si no hubiera partidos no existiría el Cofipe y sin ellos prosperarían miles de candidaturas independientes sin ton ni son.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 31 de agosto.
Pero la urgencia de abatir este consejo parece un recurso mediático de alto impacto y no tanto una condición inherente a la reforma. En el afán reformista los promotores de esta “limpieza étnica” han tirado de la bañera el agua sucia pero con todo y niño.
El camino debería ser el enjuiciamiento político con todas las consecuencias. De otra manera todo quedará en los términos de la “vendetta”; no de la justicia y mucho menos de la democracia.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 31 de agosto.
Como en la crónica de una muerte anunciada, escrita en este caso por el Jefe de Jefes, Manlio Fabio Beltrones, y avalada por los más perversos de sus "primos hermanos" del PRD y de otros partidos de oposición, al Instituto Federal Electoral (IFE) "le llegó su hora".
Ayer, el Legislativo aprobó la Iniciativa de Reforma Electoral que contempla, entre otras cosas, la renovación, refundación, modernización, transformación... de ese Instituto y de sus reglas de operación, claro. También propone que los consejeros, empezando por su presidente, Luis Carlos Ugalde, se vayan a su casa, aunque no han decidido si "en bola" o uno por uno; "No queremos que envenenen la elección de 2009, ni mucho menos que vuelvan a poner en peligro la presidencial de 2012", confiesa uno de los principales promotores de la reformita.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de agosto.
Desesperado, el todavía presidente consejero del IFE hace "un llamado de honestidad intelectual, de honestidad política y de responsabilidad con el futuro del país, a todos los actores políticos dentro del Ejecutivo y el Legislativo que participan en el diseño y, finalmente, en la aprobación de una futura reforma electoral". Recomienda reflexionar si "una reforma fiscal, tan importante para el futuro del país, puede depender de otra reforma que, siendo importante, no tiene nada que ver con ella, como la reforma electoral". Bueno, es que el señor Ugalde debería entender que si no hay billete, pues no hay IFE o como vaya a llamarse el nuevo engendro, acotan los promotores de la "Reforma Hacendaria por los que menos tienen".
En cuanto a las dos honestidades (la política y la intelectual) a las que hace referencia el presidente consejero del Instituto, sus detractores afirman que durante el proceso electoral de 2006 demostró que no conoce esas virtudes; más aún, fue un irresponsable y hasta "corrupto mental", agregan. Unos días después de la elección presidencial, comentamos en este espacio que si el presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, fuera honesto, debería renunciar al cargo por el desastroso papel que hizo. Pero quiso "portarse como hombrecito", y ahora sus detractores están a punto de botarlo, cueste lo que cueste, advierten.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de agosto.
Ugalde inició la defensa pública de la institución alegando, no sin razón, que la salida de los consejeros pondría en duda la legitimidad de la elección presidencial de 2006, y pidiendo honestidad intelectual a todos los actores políticos en la decisión que estaban por tomar. Mal le fue con los partidos. El PRD se rió de él y el PRI lo descalificó. El PAN se calló y dejó abierta la discusión sobre la legalidad y legitimidad del 2 de julio del año pasado.
Felipe Calderón debe haber calculado que, una vez sentado en la silla presidencial, puede decir lo que quiera la oposición, si a cambio de sus gritos le aprueban su reforma fiscal. En el PRI, donde no había consenso sobre el destino de los consejeros, al final los entregaron por una reforma al régimen fiscal de Pemex, que le dará a la paraestatal 60 mil millones de pesos adicionales a sus ingresos
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 31 de agosto.
El lloriqueo de Luis Carlos Ugalde, que en algún momento se sintió el dueño de la verdad y la patraña electoral en México y lloriqueó más intenso aún que las lluvias del huracán que pasó por el país en los días recientes, no responde, como han expresado sus lamentos, a la defensa de la autonomía del Instituto Federal Electoral que él mismo empeñó en la pasada elección a favor de los azules, sino a tratar de salvaguardar el poder de quien allí lo impuso.
Luis Carlos Ugalde no es más que otro de los soldados, para decirlo mejor, es uno de los oficiales de alto cargo en el ejército de Elba Esther Gordillo, contra quien en realidad está dirigido el golpe, y se inscribe no en el hecho de corregir el camino torcido, ni mucho menos de conceder la razón a la gente, que ni la repetición electrónica de la falacia electoral le ha convencido de que la elección presidencial fue limpia, sino en la guerra entre dos poderosos factores del subterráneo político en México: Manlio Fabio Beltrones y Elba Esther Gordillo.
Miguel Ángel Velázquez, “Clase Política”, La Jornada, 31 de agosto.
Independientemente de las declaraciones del presidente del Instituto Federal Electoral y sus consejeritos, y de quienes patrocinan la Reforma Electoral, los observadores políticos objetivos e imparciales opinan que con la "muerte del IFE" se inaugura "el panteón de las instituciones" que rigen la vida política, económica y social de México. Después los legisladores van a querer renovar, transformar, reinventar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales electorales estatales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿O sea que al Diablo con las instituciones, como sugirió el señor López?
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 31 de agosto.
"A Luis Carlos Ugalde le van a dar cuello, y eso que coopeló..."
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 31 de agosto.
Justo cuando el carnaval de la presidencia "legítima" patito de López Obrador había llegado a su fin con el reconocimiento del PRD a la presidencia constitucional de Felipe Calderón, el PRI, el PRD y el PAN decidieron la salida del consejero presidente del IFE para dejar el mensaje de que Calderón efectivamente llegó al poder por la vía del fraude electoral y es ilegítimo.
Lo malo de la reforma electoral radica en el hecho de que iba a ser el pivote de la reforma del Estado y ésta asumida como el jalón decisivo del país a la transición a la democracia. Pero en lugar de fortalecer instituciones democráticas, la reforma del Estado se quedó en la restauración del Estado priista.
Lo que pase en el IFE va a definir los alcances, limitaciones y nuevas frustraciones de la reforma del Estado. Y ahí resulta curioso que sea el PRI el que opere la caída de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del IFE, si Ugalde fue candidato de Roberto Madrazo como presidente nacional del PRI, operado por Elba Esther Gordillo como jefa de la bancada tricolor. En 2003, el candidato de Gordillo era Fernando Zertuche.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 31 de agosto.
La reforma electoral, por tanto, nacerá cargada de compromisos partidistas y dejará malos mensajes:
1) Terminará el ciclo del IFE como entidad autónoma. Para ocultar sus deficiencias, los partidos deciden expulsar al árbitro del juego, cuando hay más involucrados: clubes, federaciones, televisoras, patrocinadores.
2) La nueva estructura electoral nacerá con la espada de Damocles de los partidos. El próximo presidente del IFE podrá ser también crucificado por cualquier partido si no le satisfacen los resultados. Por tanto, consejero presidente y consejeros electorales buscarán no una elección limpia, sino una elección a satisfacción de los partidos.
3) De ahí que la reforma haya quedado en una verdadera contrarreforma: los partidos regresan al control del IFE, cuando el gran avance electoral de 1996 fue haberle quitado a los partidos el voto dentro del organismo electoral. La gran reforma hubiera sido la creación de un poder electoral autónomo y con los partidos fuera del organismo.
4) La reforma electoral nacerá lastimada de fondo porque no fue producto de la búsqueda de una estructura funcional a la democracia, sino que salió de las exigencias del PRD y su bandera de fraude electoral. El PRI decidió subordinarse a las pasiones de López Obrador.
5) La condición de inamovilidad de los consejeros del IFE era un candado justamente contra las presiones de los partidos. La solicitud de renuncia a los consejeros es una ruptura del orden constitucional que nada tiene que ver con una reforma democrática del Estado. Los partidos políticos se pusieron por encima de la autonomía electoral.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 31 de agosto.
Si los partidos consideran que hubo irregularidades electorales en 2006 y por tanto hay que castigar al consejero presidente del IFE, entonces hay tiempo y espacio político para revisar el proceso electoral y decretar desde el Congreso la anulación de las elecciones, designar a un presidente interino de la República y convocar a nuevas elecciones en el corto plazo. Sería absurdo cesar a Ugalde por irregularidades electorales y mantener vigente el proceso electoral irregular que provocó la remoción del consejero presidente del IFE.
Si la reforma del Estado va a estrenarse con la reforma electoral, entonces podría nacer ajena a la realidad y sin posibilidades de diseñar el camino de la transición a la democracia. Más que una reforma del Estado priista, entonces se trataría de la restauración del viejo Estado priista, en la que el partido dominante subordinaría a su poder a la organización electoral. El fin de la autonomía electoral sería el fin de la democracia electoral.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 31 de agosto.
Si Ugalde cometió las irregularidades que dicen, entonces el camino legal sería el del juicio político. Pero el PRI, como promotor de la reforma electoral dentro de la reforma del Estado, quiere encontrar el camino difícil para castigar a la autoridad electoral por unas elecciones fraudulentas sin dictaminar que obviamente las elecciones no reflejaron un resultado democrático y por tanto debieran anularse y reponerse.
Las bancadas priistas estarían en el mismo absurdo del IFE y del TEPJF cuando acusaron a Fox de poner en riesgo el proceso electoral y encontraron irregularidades en las elecciones, pero sin enjuiciar el resultado electoral. La renuncia de Ugalde debería, por tanto, llevar al paso obvio: la anulación a posteriori de las elecciones de julio de 2006 y la convocatoria a nuevas elecciones.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 31 de agosto.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral, el IFE, aquellos que ya tienen las semanas contadas en el órgano, impusieron multas millonarias a los partidos políticos por los gastos ordinarios de 2006. En un caso, fueron bastante equitativos: redujeron significativamente la sanción a Convergencia, que preside Luis Maldonado, de 11 millones de pesos, en 2005, a 1.6 millones de pesos, el año pasado. Eso contrasta con los manejos administrativos de su antecesor
“Bajo reserva”, El Universal, 31 de agosto.
Será un hecho. Por muy diferentes razones (revancha, pragmatismo, negociación) los tres principales partidos políticos concuerdan: los actuales consejeros del IFE se van. Paradójica (o parajódica) situación en que el IFE, finalmente, logra un consenso de todos los partidos… pero en su contra. ¿Qué pecado cometió sobre todo el presidente consejero Luis Carlos Ugalde? “Simples” errores de comunicación, si quiere, en un momento en que la forma era tan importante como el fondo. Como esa frase: “la ley de oro de la democracia…”.
Su demostración de debilidad (juzgada a tiempo pasado que a todos nos hace sabios) de que hubiera podido hacer, por lo menos, un más fuerte llamado a Vicente Fox a que no se metiera en la elección. Y que, luego, fue reafirmado por el dictamen del TEPJF que aceptó que el Presidente se pasó.
Ahora, la realidad indiscutible es que es un árbitro descalificado, con buenas o malas razones, pero que no tiene confianza de todos los partidos. Y que, como dice socarronamente Javier González Garza, del PRD; no podría arbitrar “ni un partido de Pumitas”.
Lástima, pero es cierto. Ugalde hizo todo “by the book”, como se dice, pero le faltó sensibilidad política y en particular comunicación. Nunca se preparó lo suficiente —como nadie, creo— para una elección tan cerrada. Le faltó autocrítica y una estrategia para resarcir malentendidos y tender puentes.
¿Hizo algo realmente malo Luis Carlos Ugalde? No. Pero aún así la realidad es que está descalificado como árbitro y el PAN no duda en cortarle la cabeza porque eso le conviene para negociar por un bien mayor, dirán algunos, que son las reformas que al fin parecen tener consenso. Porque así es la política en México, quizá en el mundo. Es triste pero cierto. ¿Quién piensa ahorita en la siguiente generación, en la historia, en los próximos 25 años?
O dicho de otro modo: al PRD-Salomé le darán la cabeza de Luis Carlos Ugalde por la promesa de que bailará al ritmo de las reformas.
Ayer por la tarde se habría presentado el plan (primero es la ley, luego la acción; es decir, correrlos) y se hizo ante la mirada sonriente del PRI, y especialmente de Manlio Fabio Beltrones el día de su cumpleaños número 55.
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 31 de agosto.
El IFE es una institución autónoma, cuyos miembros fueron elegidos por dos tercios de los miembros del Congreso en la pasada Legislatura y hasta 2010. Ahora se argumenta que no hubo unanimidad en la votación, pues tampoco la ha habido en la designación de la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial o de los integrantes del Banco de México. ¿Implica ello que, cuando a un grupo de legisladores no les guste una decisión de la Corte, del Tribunal Electoral o de política monetaria, destruirán esas instituciones para remover a sus integrantes?
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 31 de agosto.
Sin duda, el IFE cometió algunos errores puntuales; también es verdad que existen personajes en la vida política nacional que podrían tener mayor experiencia que algunos de los actuales consejeros. Pero resulta que éstos son los que eligió el Congreso, es la institución que nos dimos, a un altísimo costo social y político, los mexicanos y resulta, además, que su accionar en los pasados comicios se ciñó estrictamente a la ley, que en la organización y el conteo electorales participaron más de un millón de ciudadanos y otro millón de representantes de los partidos y que ninguno de ellos, incluida la coalición Para el Bien de Todos, presentó prueba alguna de que hubiera vicios de origen o en los comicios. ¿Cuál es entonces la legitimidad que debe recuperar el IFE?
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 31 de agosto.
Desaparecer al IFE y remover a sus consejeros es legalmente cuestionable y terminará en la Suprema Corte (¿puede el Congreso votar una reforma constitucional que vaya en contra de los principios de la Carta Magna?), pero ello no puede hacerse sin una reforma constitucional y si el PAN y Nueva Alianza, por lo menos, se oponen a esa decisión, no podrá darse ese paso que implicaría, insistimos, que el presidente Calderón asumiera que su elección no fue legítima y hubo fallas fundamentales en el proceso comicial. La actual administración no se recuperaría jamás de ese golpe
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 31 de agosto.
Se argumentará que, si no se concede la cabeza de los consejeros del IFE, entonces el Congreso o el PRD y el PRI no dejarán gobernar a Felipe Calderón. Es lo mismo que se dijo para no actuar en Atenco. En realidad, de lo que se trata es de hacer política y asumir responsabilidades. ¿Que no habrá reforma fiscal?, será responsabilidad de esos legisladores, quienes además la han convertido en una microrreforma donde, paradójicamente, los que saldrán más damnificados serán los gobernadores del PRI y los del PRD. ¿Que no habrá reforma electoral? Es responsabilidad de los partidos: es algo que debe resolver el Congreso, no el Ejecutivo. ¿Que no habrá reforma en el régimen fiscal de Pemex? Sería una lástima, pero esa, recordemos, es una propuesta del PRI, no del PAN ni del gobierno. ¿Que el gobierno no podrá gobernar? No es verdad: el gobierno federal debe cumplir con su labor: combatir la pobreza, garantizar la seguridad, mejorar la economía, promover los empleos. Hacer que el gobierno funcione eficientemente, que el gabinete cumpla con sus responsabilidades. Allí está la verdadera batalla política, de eso dependerá el futuro de la administración de Calderón. En algunas cosas llegará a acuerdo con sus oposiciones, en otras, no, pero no puede ignorar la legalidad ni paralizar las políticas públicas en busca de consensos falsos.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 31 de agosto.
A los consejeros electorales no les pudieron administrar ayer los santos óleos. El artículo transitorio que los desahuciaba desapareció de la iniciativa de reforma electoral que será presentada este viernes en la Comisión Permanente. Ugalde y compañía le deben el alargamiento de su agonía a la intransigencia del PRD.
Los amarillos volvieron al todo o nada. Exigían la salida incondicional de los nueve integrantes del Consejo General del IFE. “No podemos aceptar la postura de que todos salgan”, nos dijo un legislador del PAN. La misma fuente nos aclaró que la desaparición del transitorio no es un salvoconducto para los consejeros. “Quedan dos o tres días para negociar en comisiones”, recalcó.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 31 de agosto.
Aun cuando la miopía de los partidos políticos impide ver las consecuencias de sus actos, la realidad es que las medidas que están tomando en contra de organismos ciudadanos, en este caso el Instituto Federal Electoral, tienen graves implicaciones de carácter económico.
El crecimiento y el desarrollo de un país no dependen exclusivamente de las medidas económicas correctas, sino también de la existencia de un clima democrático y de respeto a las instituciones ciudadanas.
Sin embargo, las medidas que se tomen en contra de la autonomía de órganos ciudadanos como el IFE u organismos autónomos como las comisiones federales de Competencia o de Telecomunicaciones afectan el desarrollo sano del país.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 31 de agosto.
Nadie que más o menos tuviera idea de la geografía política del país podría negar que desde siempre –desde que los consejeros del instituto fueron electos por los partidos políticos–, se tuvo como sabido que Ugalde era parte de los alfiles del tablero de la Gordillo, que ya había decidido favorecer a un candidato contrario a sus enemigos en el PRI, y a quien había despreciado su fuerza en la propuesta de una alianza que sólo a ella convenía.
Así que el cuento de la defensa heroica de la autonomía del IFE no es, de parte de Ugalde, más que otro de los tristes argumentos que trata de enderezar para defender los intereses, que hoy parecen entrar en ocaso, de la mal llamada maestra.
Miguel Ángel Velázquez, “Clase Política”, La Jornada, 31 de agosto.
Ofende al sentido común que legisladores elegidos en el 2006 quieran remover a los árbitros de la contienda del 2006. Si la cosa estuvo mal entonces, sus puestos de ahora también han de estar mal.
Decir que necesitamos otros consejeros del IFE porque los actuales lo hicieron mal en el 2006 y perdieron la confianza de los partidos, equivale a decir que necesitamos también otros legisladores pues los actuales nacieron de una elección que estuvo mal y militan en partidos a los que les tiene confianza sólo una minoría: la que ha votado por ellos.
Si a partir de los resultados de la elección del 2006 queremos otro IFE (otros consejeros, otra institución, etcétera) deberíamos querer también otra elección del 2006, otro Congreso, otro Presidente. Otro de todo.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 31 de agosto.
La cirugía propuesta es demasiado severa como para no hacerse la pregunta retrospectiva: ¿si todos los consejeros del IFE lo hicieron mal, al punto de que merecen ser removidos, por qué los ganadores de aquellas elecciones, organizadas y administradas por esos consejeros, deben conservar sus puestos?
¿No sirvió el árbitro? ¿Hay que cambiarlo y desconocerlo? Entonces habría que desconocer también el resultado y empezar de nuevo.
¿Por qué quienes no confían ahora en aquel árbitro han de ser acreedores a nuestra confianza si ganaron los puestos que tienen en aquella partida?
¿Qué legitimidad tienen los legisladores y el Ejecutivo para echar a los árbitros? La que les da la elección cuyos árbitros impugnan.
Nada me preocupa tanto del episodio en que estamos como este mensaje bárbaro al sentido común: los elegidos impugnan a los administradores de su elección. Recortan el piso en que están parados.
Los ganadores de aquellas elecciones dicen: con la legitimidad que me diste descalifico la legitimidad de tu actuación en aquella elección donde gané lo que tengo.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 31 de agosto.
Y aunque no se le puede reprochar a Luis Carlos que haya defendido su hueso como un perro kitsch (el sueldototote bien valían treparse en el pedestal de los próceres y declamar con voz engolada y mirada soñadora “La dignidad de un hombre no se mide por el tamaño de su chamba”), ciertamente sus argumentos no fueron nada contundentes y sí suficientemente objetables. Sobre todo cuando afirma que “Echarnos es reconocer que hubo fraude”. Por supuesto que no, es reconocer que Ugalde simplemente ya no hace juego con el mobiliario del calderonismo (por cierto, hay que agradecerle a Jelipillo que a pesar de sus afanes protagónicos tuviera la decencia de no usurparle el Auditorio Nacional a Dolores O’Riordan. Para lo que tiene que informar, bien podía hacerlo en Garibaldi). Es decirle a Ugalde que como cualquier empleado es de úsese y tírese, sin importar cuán Smithers haya sido con sus señores Burns, utilizando la simbología de Los Simpson.
Jairo Calixto Albarrán, “Política Cero”, Milenio, 31 de agosto.
A nadie debe sorprender el fiero aferramiento del doctor Luis Carlos Ugalde a su puesto de Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral al grado de exigir “honestidad intelectual” a todos los participantes en la reforma electoral, incluyendo al Presidente de México. No estamos hablando de un hueso de jugo escaso; provisto de presupuesto generoso y ajeno mayormente de controles externos en aras de una independencia que todos deseamos para esa instancia, el IFE es un dogal cómodo del que los consejeros, especialmente su presidente, no quieren abandonar dócilmente.
El argumento del inquieto funcionario es que no debe mezclarse la gimnasia con la magnesia; en otras palabras, ¿por qué vincular la rebatinga sobre el Informe de Felipe Calderón o la reforma hacendaria con la reforma electoral y el despido de sus contlapaches? Primeramente porque la política es precisamente eso, el quid pro quo de ese oficio que Ugalde debe conocer a fondo; si no lo conoce, ¿qué está haciendo donde está?
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 31 de agosto.
Pero la defensa a ultranza de su inamovilidad so pretexto de la constitucionalidad de su mandato se viene abajo cual vil castillo de naipes. Luis Carlos Ugalde y sus consejeros, cómplices de Vicente Fox dieron muestra el pasado 2 de julio del 2006 y los días subsecuentes, por lo menos de ineficiencia, torpeza, y cobardía, echando por tierra el prestigio endeble que había construido su inicial presidente, José Woldenberg
Hoy, el consejero presidente del IFE afirma que removerlo a él y a sus secuaces sería reconocer implícitamente que las elecciones del 2006 fueron fraudulentas. El recurso es digno de Andrés Manuel López Obrador, porque es falso. La reforma electoral, precisamente por el cochinero que rodeó la elección de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, hace inevitable la defenestración de los actuales consejeros. En aras de cierto aseo, así sea utópico.
El otro sustento de la argucia de Ugalde es que ese lavado y planchado del traje electoral haría del IFE botín de los partidos políticos.
¿Acaso no ha sido siempre así?
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 31 de agosto.
La propuesta de nombrar un nuevo Consejo General del IFE fue presentada desde el 9 de noviembre de 2006 en el Senado, dentro de una iniciativa mucho más amplia para resolver los problemas de la propaganda política en medios electrónicos, el financiamiento de los partidos, las precampañas y otros. Desde entonces, se llevan a cabo negociaciones entre todos los partidos.
Qué triste es mirar al actual consejero presidente del IFE tratar de acorralar al PAN con el argumento de que su propia salida del instituto significaría avalar que hubo fraude. Ugalde le quiere dar un alfilerazo a los legisladores de Acción Nacional justamente donde se supone que más les duele. Pero, en realidad, el funcionario electoral lo único que busca es quedarse en el cargo.
Pablo Gómez, Milenio, 31 de agosto.
Es más, la Constitución dice que el procedimiento de elección de los consejeros debe hacerse de conformidad con una ley que expida el Congreso, la cual no existe hasta hoy. Sí, las cámaras han violado su propia legalidad al omitir la aprobación de normas en esta materia.
Cuando las cosas se hacen mal, más pronto que tarde arrojan resultados también malos. Así ha sido. Pero, en lugar de entender esto que es muy sencillo, los consejeros actuales defienden el puesto sin que les importe el país, las contiendas electorales, las disputas por el poder que son cada vez más fuertes.
No se trata de la remoción de los actuales consejeros sino de la caducidad del Consejo General del IFE por efecto de una reforma constitucional del instituto. Si esto se logra, como es del todo aconsejable, se pondrían nuevas bases de la competencia electoral, pues se trata también de reformar muchos otros aspectos conforme a la experiencia del año 2006.
Pablo Gómez, Milenio, 31 de agosto.
La posibilidad de que se plantee la renovación total o parcial del Consejo General del IFE como parte de la inminente reforma electoral sacó de sus quicios al consejero presidente, Luis Carlos Ugalde. Emprendió una intensa campaña mediática en que hizo equivaler su presencia en la presidencia del órgano electoral a la autonomía del propio instituto. E incurrió en el chantaje, en dos vías: predijo que sustituirlo a él y/o a sus compañeros significaría reconocer que hubo fraude electoral el año pasado, para esconder que el consejo carece de la confianza partidaria no sólo por factores como ése; y aun demandó el auxilio del presidente Felipe Calderón, en obvio canje de favores, para impedir su remoción.
Ajeno a la materia electoral -ése era uno de los flancos débiles de su designación-, Ugalde ignora que dos reformas electorales anteriores implicaron el desplazamiento de miembros del Consejo General del IFE. En su provecho, y el de quienes suponen revanchismo en los partidos, conviene recordar esos dos antecedentes.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 31 de agosto.
Cuando se creó el Instituto Federal Electoral, en 1990, para atenuar la presencia formal del gobierno y de los partidos, se introdujo en el seno del nuevo órgano una presencia presumiblemente ajena a uno y a otros, los consejeros magistrados. Propuestos por el presidente de la República y elegidos por la Cámara de Diputados el 28 de septiembre de aquel año, debían permanecer en su cargo siete años. Pero antes de cumplir cuatro fueron reemplazados por la reforma al artículo 41 publicada el 19 de abril de 1994, porque fue creada la nueva figura de consejeros ciudadanos. De esa manera, por ministerio de ley, sin causa atribuible a ninguno de ellos, cesó anticipadamente la función de la consejera Olga Hernández Espíndola y los consejeros Manuel Barquín, Luis Espinosa Gorozpe, Luis Tirado Ledesma, Germán Pérez Fernández del Castillo y Luis Carballo Balvanera (que había reemplazado a Sonia Alcántara). Ninguno de dichos integrantes del Consejo General, conocedores del derecho, objetó su remoción.
Fueron sustituidos, en mayo de 1994, por los consejeros ciudadanos Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz. Elegidos para sólo ocuparse del proceso electoral, cuya jornada de emisión y recepción del voto tuvo lugar no el primer domingo de julio sino excepcionalmente el tercer domingo de agosto, la Cámara de Diputados les extendió un nuevo nombramiento en diciembre siguiente, duradero por siete años. Una segunda reforma electoral, sin embargo, tronchó ese periodo antes de que se cumpliera el segundo año de su vigencia.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 31 de agosto.
Los consejeros ciudadanos dejaron de serlo mediante la prohibición a ser reelegidos, establecida en el artículo tercero transitorio de la reforma publicada el 22 de agosto de 1996. Ni por asomo hubiera ocurrido a los consejeros, cuya función concluía de esa manera, objetarla jurídicamente, y menos aún atribuirla a una venganza de los partidos. Por lo contrario, en la sesión de Consejo General del 10 de octubre de ese año representantes de los partidos con mayor número de votos y presencia parlamentaria aplaudieron su desempeño en términos inequívocos.
Enrique Ibarra, representante del PRI, dijo: "Sin ambages, quiero externar mi más pleno reconocimiento, de parte del Partido Revolucionario Institucional, a la función, al desempeño, y reconocer lo positivo del rol de los seis señores consejeros ciudadanos". El entonces senador panista Juan de Dios Castro Lozano los consideró "personas que por su preparación, pero sobre todo por su acendrado patriotismo, por encima de todo vieron por el bien del país". Y el entonces diputado Leonel Godoy, del PRD, vio en ellos a "seis destacados mexicanos, seis patriotas que cumplieron cabalmente su función".
No obstante esos juicios, se determinó que los consejeros no integraran el nuevo consejo electoral. Ellos mismos, antes de ser objeto de esa suerte de "despido constitucional", que por supuesto ninguno impugnó jurídicamente, habían razonado y expresado en público su convicción de que una nueva legislación requería un nuevo órgano electoral, por lo que manifestaron su decisión de dejar sus cargos en cuanto quedara aprobada la reforma.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 31 de agosto.
Ugalde se equivoca, pues, al suponer que se trata de un asunto personal. Sin embargo, habría motivos para su remoción aun si los partidos se colocaran en esa posición, de examinar el origen de su nombramiento y su desempeño. La circunstancia interna del PRI mudó al punto de que la promotora de la designación de Ugalde es manifiesta adversaria del partido en cuyo nombre impulsó la integración del Consejo General. Si la selección de los consejeros correspondió a intereses que ahora son ajenos y opuestos a los del PRI, malamente se puede pedir a ese partido que sostenga al consejo formado en octubre de 2003, especialmente en la coyuntura de una reforma electoral.
El desempeño del consejo el año pasado quedó por debajo de las exigencias de la delicada situación en cuyo centro se hallaba. La insolencia deliberada de Ugalde de anticiparse dos meses a la declaratoria de Presidente electo, al proclamar ganador a Calderón, en una sesión en que ni siquiera tenía uso de la palabra, enfermó irremediablemente esa porción del proceso. Pero no es por ello que debe renunciar, si su escasa sensibilidad se lo dictara, o ser removido, sino porque nuevas leyes requieren nuevos aplicadores.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 31 de agosto.
En 1996, cuando se realizó la reforma que sentó las bases del actual sistema electoral, la salida de los entonces consejeros ciudadanos constituyó un punto importante en la discusión. Personalidades de la talla de José Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa y otros, habían realizado un excelente papel y, sin embargo, con el desacuerdo en aquel entonces del PRD, dejaron sus asientos para dar paso a la creación de un nuevo órgano electoral, autónomo y ciudadano, que estaría encabezado ni más ni menos que por José Woldenberg. El sacrificio valió la pena, porque dicha reforma formaba parte un paquete importantísimo de cambios en el sistema político mexicano, además de que constituía un paso fundamental para garantizar la imparcialidad, equidad y transparencia en los procesos electorales. Y esto fue así, porque la reforma que se aprobó en aquel año, antesala del triunfo de la oposición en la capital y de la pérdida de la hegemonía priista en el Congreso, de ninguna manera se centró en la discusión sobre la remoción de los consejeros, sino en la necesidad de transformaciones radicales que le dieron una nueva fisonomía al andamiaje electoral. El nombramiento de nuevos consejeros fue consecuencia pues de un profundo cambio de piel, nunca el objetivo pues los alcances de la reforma estaban encuadrados en una visión de Estado que lejos estaba de vendettas o intereses particulares. Justo es reconocer que, en aquel entonces, los partidos más importantes estaban interesados en concretar acuerdos que, entre otros aspectos, permitieron la autonomía plena del IFE, el nombramiento de los consejeros por los diputados, la incorporación de la justicia electoral al Poder Judicial federal, la protección de los derechos políticos de los mexicanos, la limitación de la sobrerrepresentación en el Congreso, el voto de los mexicanos en el extranjero, el control constitucional de los actos de las autoridades electorales y, desde luego, la elección directa del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Una gran reforma que permitió instaurar reglas que modificaron de raíz el espectro político y que llevaron a la alternancia y una mayor pluralidad política en México.
Rosario Robles, Milenio, 1º de septiembre.
En afán de defender su puesto aun con chantajes, Ugalde se ha enredado con su propia lengua. La remoción sería aceptar que hubo fraude electoral en 2006, dijo amenazante, y luego le pidió honestidad intelectual al presidente Calderón. También dijo que la poda de consejeros equivaldría a entregarle el Instituto electoral a los partidos.
¿Cree de veras don Luis Carlos que los partidos nada tuvieron que ver en la designación de cada uno de aquellos funcionarios, él incluido, en los puestos que ocupan? ¿No ha sido por desgracia la integración del IFE un grotesco intercambio de personajes en función de los intereses de los partidos? ¿Podría él afirmar con honestidad intelectual que ha sido de otro modo?
Los partidos, se dijo también aquí en febrero, defienden hasta con las uñas sus prerrogativas económicas, pero ese es otro cantar.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 1º de septiembre.
Los consejeros se irán por sus propios errores. A menos que se haya olvidado su patético desempeño en medio de la crisis electoral del año pasado.
Que se hayan olvidado —por ejemplo— los tirones de orejas que recibieron no de sus adversarios, sino del Tribunal Federal Electoral por haber consentido la ilegal intromisión de Vicente Fox en el proceso electoral. O su decisión de contar sólo cinco por ciento de las 57 mil actas —49 por ciento del total de recabadas por el PREP— con inconsistencias.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 1º de septiembre.
Todos los partidos representados en el Congreso coinciden en que los actuales consejeros del IFE deben dejar sus cargos porque se les perdió la confianza para que organicen las elecciones federales del 2009.
Pero de último momento, el PAN retiró su apoyo al artículo transitorio de la reforma constitucional que hablaría de la terminación del encargo de los actuales consejeros electorales del IFE.
El mensaje y el destinatario son muy claros. El respaldo definitivo del PAN a la remoción de los consejeros del IFE dependerá del comportamiento que asuman los legisladores del PRD el día del informe. Si el PAN decide no apoyar la reforma constitucional, los consejeros habrán salvado el pellejo, porque se requiere de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso para aprobarla. Y el PRI y el PRD no las tienen.
Por eso el PRD, o al menos el ala moderada y negociadora que comandan los Chuchos, harán hasta lo imposible porque ningún perredista se porte mal el primero de septiembre en San Lázaro.
Los consejeros del IFE cometieron muchos errores durante el proceso electoral del 2006 que llevó a la Presidencia de la República a Felipe Calderón.
Nunca lograron frenar las campañas negras que hubo entre los dos principales candidatos presidenciales, solaparon la intromisión del Ejecutivo y de los empresarios en los comicios, y generaron incertidumbre al dejar pasar varios días sin hablar con claridad de los resultados de la elección.
Pero ninguno de estos errores tiene el peso suficiente desde el punto de vista jurídico como para que sean removidos. Su destitución será un acto político con tufo de revancha, como político fue también su nombramiento.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 1º de septiembre.
Si, como todo parece indicar, está a punto de concretarse la caída de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) por acuerdo de los mismos partidos políticos que los designaron o avalaron, estaremos también a punto de dar un golpe frontal a la institucionalidad del país y de mandar al diablo a la institución más lograda de la todavía frágil democracia mexicana.
Efectivamente, el día de ayer la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso, encabezada por el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, habría aprovechado el último día de trabajos de la Comisión Permanente del propio Congreso para presentar su iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral.
Verónica Ortiz Ortega, Crónica, 1º de septiembre.
Nuevamente, el PAN se encuentra arrinconado ante la tramposa disyuntiva entre la defensa de la legalidad o la viabilidad de las reformas propuestas por el gobierno federal. Pero habría que tener mucho cuidado. Si hoy se cede en la remoción de los consejeros del IFE, el día de mañana la moneda de cambio serán los magistrados del Tribunal Electoral, o algún funcionario incómodo a los intereses partidistas. Que nadie se engañe, el descabezamiento del IFE sería el primer eslabón de un ataque deliberado a las instituciones democráticas que han permitido la alternancia pacífica del poder y que representan, en última instancia, el piso legal donde está parado Felipe Calderón.
Verónica Ortiz Ortega, Crónica, 1º de septiembre.
La plana mayor del IFE, encabezada por su consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, confirmó su asistencia a la ceremonia del informe presidencial en San Lázaro. Entre las bancadas legislativas cruzaban apuestas en el sentido de que de última hora decida no asistir para evitar que fuera objeto de burla o, de plano, de recriminaciones directas por sus más recientes declaraciones en el sentido de que los partidos políticos quieren apoderarse de los órganos electorales, primero, y después del Trife o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
“Bajo reserva”, El Universal, 1º de septiembre.
Por cierto, hasta los perredistas se han dado cuenta del radical cambio de actitud del presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, ante el anuncio de su relevo adelantado. “Con la mitad de los güevitos que muestra ahora, hubiese podido parar a Vicente Fox y al Consejo Coordinador Empresarial durante el proceso electoral”, ilustró el diputado Juan Guerra.
Tampoco en el PRI ha pasado desapercibida la actitud de Ugalde. A unos les gusta. A otros, no. En el grupo de los primeros podemos apuntar al ex presidente del Senado, Enrique Jackson. “La forma en que ha reaccionado es valiente, lúcida, ejemplar. Son muy pocos los funcionarios de ese nivel que lo hacen”, nos dijo el político sinaloense.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 1º de septiembre.
Carlos Rojas, por el contrario, no entiende el “jamás renunciaré” pronunciado por el consejero presidente, ni su declaración de que el relevo de los consejeros electorales sería tanto como aceptar que hubo fraude electoral. “¿Qué le pasa? No tiene calidad moral”, nos dijo el ex titular de la Sedesol.
Una pregunta a los hacedores de la reforma electoral antes de abandonar el punto de la remoción de los consejeros electorales que fueron electos por siete años y terminan su gestión en 2010: ¿Cómo le van a hacer con el principio de no retroactividad de las leyes?
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 1º de septiembre.
Por eso resulta preocupante que en el actual momento, justo cuando es necesario avanzar en una nueva generación de cambios electorales que permitan garantizar, a raíz de la experiencia, una mayor equidad, el debate se centre más en las intenciones de venganza que en las grandes transformaciones que necesita el sistema electoral mexicano. Porque si bien es cierto que el IFE requiere credibilidad y confianza, el hecho es que la posibilidad de que en México las elecciones sean cada vez más limpias y equitativas radica fundamentalmente en otro aspecto: la ruptura del binomio poder-dinero que es lo que ha pervertido las reglas de la competencia en los últimos años. De nada servirá la sustitución de nombres, si esta reforma no tiene como eje la eliminación de los esquemas de compra de publicidad que ha obligado a la simulación y al manejo de cuantiosos recursos privados y públicos en las campañas. Por eso el nudo tiene que ver con romper ese círculo vicioso. Esto es lo que es necesario cambiar. También se requiere legislar para que las campañas sean más cortas, más baratas, más propositivas, y sujetas a una efectiva fiscalización. Se necesita regular las precampañas, no sólo las reconocidas, sino las que llevan cabo gobernadores y el jefe de gobierno con recursos de los mexicanos. Pero sobre todo es indispensable romper con el monopolio del poder y la política incorporando las candidaturas ciudadanas e independientes que le den viabilidad al derecho a ser votado sin tener que pertenecer a un partido político, lo que parece muy poco probable porque en este proceso parece imperar exclusivamente la lógica de quienes detentan el poder. Por eso, a diferencia del 96, lo que ahora quieren es un árbitro débil, rehén no del gobierno (hace tiempo que eso se dejó atrás), sino de la partidocracia y su particular interés. Así de simple.
Rosario Robles, Milenio, 1º de septiembre.
No se puede hablar todavía de su renuncia, porque aun frente a su inexorable salida insiste en aferrarse al puesto que no supo honrar. En esa circunstancia, debería entonces quizá formar un sindicato con Héctor Osuna de la Cofetel, que como él, a pesar de su brutal descalificación por uno de los poderes de la Unión, está seguro que podrá parapetarse en su escritorio.
Vale expresarse con tal dureza porque si desde el ingreso de ese Consejo al instituto electoral se pidió su renuncia (La renuncia del Consejo, Sobreaviso del 8 de noviembre del 2003), hoy se le puede despedir sin el menor remordimiento. Los términos de la designación de ese Consejo marcaron su destino, pero tanto Luis Carlos Ugalde como el resto de los consejeros se hicieron de la vista gorda. La honestidad intelectual y política que hoy reclama Ugalde es la misma que ese Consejo echó al cesto de la basura cuatro años atrás, cuando a pesar de su manifiesta falta de legitimidad permaneció en el puesto.
Aquel Sobreaviso advertía que el procedimiento de designación del Consejo -sin el aval perredista y producto de una cerrada negociación entre Elba Esther Gordillo y Germán Martínez- podía significar un retroceso en la consolidación del instituto y dejaba en situación en extremo vulnerable a los consejeros.
Luis Carlos Ugalde no puede llamarse a engaño, ahora.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
Aquella solicitud de la renuncia del Consejo se reiteró en el Sobreaviso del 28 de octubre del 2006.
Al término del proceso electoral del año pasado, el Consejo del IFE tuvo otra oportunidad para presentar su renuncia. Por buenas o malas razones, el Consejo del IFE perdió la confianza ciudadana y la de los partidos políticos y, entonces, simple y sencillamente su permanencia era insostenible. El Consejo dejó escapar otra oportunidad para dejar el puesto con cierta dignidad.
Hoy, Luis Carlos Ugalde no puede venir con el cuento de que su salida tiene por único referente el proceso electoral del año pasado. No, hay que referirla a su entrada y a su desempeño, precisamente, en ese proceso.
El actual Consejo del IFE no supo aprovechar el beneficio de la duda que le extendieron algunos analistas a pesar de los términos de su nombramiento. Lo desperdiciaron, como luego dejaron pasar la oportunidad de salir sin jaloneos.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
Los argumentos de Luis Carlos Ugalde para quedarse en su despacho son, precisamente, las mejores razones para asegurarse que por ningún motivo permanezca en él.
Cada uno de esos argumentos revela que nunca entendió cuál era su función. Dice que detrás del relevo del Consejo se pone en duda la autonomía y la independencia, pero entonces es ineludible preguntar: ¿qué no ese Consejo puso en duda la autonomía y la independencia con las decisiones que tomó y dejó de tomar durante y después de la elección presidencial? No fueron pequeños errores los que cometió ese Consejo.
No supo armar el voto de los mexicanos en el extranjero. No supo contener la manifiesta intervención del presidente Vicente Fox en el proceso. No supo contener la injerencia de factores reales de poder en el proceso. No supo reconocer el límite de su participación en el debate entre los candidatos. No supo dar el resultado electoral. No supo que no deberían declarar ganador de la contienda.
No, no fueron pequeños errores. En muy buena medida su desempeño acrecentó la incertidumbre sobre el resultado electoral. En ese punto, Ugalde y el resto de los consejeros al parecer nunca entendieron que su tarea era precisamente generar certidumbre, no incertidumbre. Nunca entendieron que su tarea era decidir, no dudar.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
El consejero presidente dice que los partidos quieren secuestrar al instituto, pide su rescate y, en la afirmación, revela una terrible confusión.
No es lo mismo que el órgano constituyente permanente, o sea, el órgano legislativo, considere conveniente su relevo, a que así lo consideren los partidos políticos. Hay un matiz de por medio, una diferencia entre aquel órgano y los partidos, pero ya no alcanza a distinguirla. Él mete todo en un costal, y aquel que no quiera ratificarlo en el puesto es antidemócrata. Se suma, así, a la nueva costumbre de construir "complots"; Luis Carlos Ugalde construye el suyo.
Pide no simplificar las cosas, pero reduce su situación a una venganza y se lanza contra todos. Desafía a los poderes Legislativo y Ejecutivo, a los partidos políticos y se olvida de la ciudadanía. ¿Puede seguir así en el puesto?
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
En otro argumento más, Ugalde amenaza: quien pida su renuncia cree en el fraude electoral.
¿Realmente, se puede confiar en el consejero presidente del IFE cuando, exactamente igual que los actores políticos que critica, hace del chantaje un instrumento de negociación? ¿No una afirmación tan descabellada como ésa, es un desafío al presidente de la República que, precisamente, él avaló como candidato triunfador de la contienda? ¡Vaya árbitro electoral!
Los mecanismos de defensa de Ugalde son, verdaderamente, los mejores argumentos para despedirlo a él y al resto del Consejo.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
En medio de la terrible confusión que afecta a Luis Carlos Ugalde, el capricho le borra la memoria.
Como el actual Consejo, otros consejos del IFE -en su mayoría, verdaderamente apreciables- han cesado en su función con motivo de la reforma electoral en turno. A diferencia de éste, los anteriores consejos entendieron cabal y dignamente que debían ser parte de la solución y no del problema. Ahora, sólo el consejero Rodrigo Morales ha mostrado sensatez al respecto. El resto de los consejeros juega a la política de la avestruz, pero Ugalde no. Él cree que su cabeza forma parte de la negociación de la reforma y, entonces, envuelto en la bandera de la autonomía y la independencia del IFE que nunca hizo ondear, se arrebuja para ver si salva el cuello.
Tal es la desmesura de su actitud que, tenga o no éxito la reforma planteada formalmente ayer, Luis Carlos Ugalde se ha echado la soga al cuello: no puede seguir al frente del instituto. Si había dudas de su desempeño, ahora ya no las hay: el actual Consejo simple y sencillamente no puede conducir el proceso electoral del 2009 y, cuanto antes salga, será mejor.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
El mayor absurdo de la situación creada por el consejero-presidente del IFE es que está provocando que el relevo del Consejo no sea escalonado. El escándalo de Ugalde y el silencio de sus compañeros, excepción hecha -como dicho- de Rodrigo Morales, obliga a relevarlos en conjunto.
La confrontación que Ugalde ha generado con el Legislativo, el Ejecutivo y los partidos vulnera la posibilidad de planear una salida escalonada. El escalonamiento habrá que establecerlo en la duración del cargo de los integrantes del nuevo Consejo.
No puede haber duda al respecto, el actual Consejo debe salir en su conjunto y nombrar al nuevo sobre bases mucho más claras y transparentes. Bases que satisfagan sobre todo al electorado y no sólo las fracciones parlamentarias de los distintos partidos. Se debe convocar públicamente a quienes aspiren a ser consejeros, escuchar qué piensan, revisar qué han hecho en sesiones a puertas abiertas. Tal y como no se hizo con el actual Consejo.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 1º de septiembre.
Que Felipe Calderón bajó dos veces el pulgar para sentenciar en Palacio Nacional al presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.
La primera, cuando pidió órganos electorales que cuenten con un consenso amplio.
La segunda, cuando se despidió de Ugalde extendiéndole la mano rápidamente y sin voltear a verlo.
Calderón le dedicó más segundos y afectos al gobernador de Puebla, Mario Marín.
“Trascendió”, Milenio, 3 de septiembre.
Los partidos políticos asientan cada vez más su poder en las instituciones del Estado. Nada habría de extraño o anómalo en eso si no fuera por la esquizofrenia imperante en el régimen político. Si, por un lado, se compite entre partidos para llegar al poder, por el otro se gobierna con un poder que facilita la impunidad y la connivencia de quienes compiten.
Una muestra más de este padecimiento es lo que se proponen hacer los congresistas con el Instituto Federal Electoral: despedir a sus consejeros, consintiendo así con la hipótesis del fraude sembrada sin fundamento probado alguno por uno de los nuevos “dueños” del país: el PRD. Si los otros socios de la jugosa empresa de la política mexicana consienten en la medida, se acreditarán como cómplices de un autoritarismo que tiene su doble cara en la intención de subordinar al IFE a los caprichos de sus “dueños” y en la rabieta totalitaria del “líder” de la izquierda. Con esta medida para satisfacer esa complacencia se echará más “fango sobre la democracia”, como denominó Roger Bartra la estrategia electoral del PRD en 2006 (Letras Libres, septiembre 2006).
Francisco Valdés Ugalde, El Universal, 3 de septiembre.
No logramos saltar de la transición a la consolidación: seguimos obsesionados con el árbitro. Uno por inmadurez democrática, otro por oportunismo y el tercero por pragmatismo, PRD, PRI y PAN, contaminan una buena iniciativa de reforma con una eventual remoción forzada y forzosa de los miembros del Consejo General. De nada sirvió que, en 1996, se estableciera en la Constitución el procedimiento de nombramiento, la duración del cargo, el monto de sus percepciones, el carácter exclusivo del trabajo y, por si no bastara, la ruta para una eventual destitución. El poder, en este país, sigue sometiendo al derecho. O, para ser preciso, manipulándolo a gusto y capricho. Si la operación se consuma: ¿Cuál es el margen de independencia y autonomía que tendrán los consejeros sustitutos? Habrá quien todavía confíe más en los hombres que en las leyes. No es mi caso
Pedro Salazar, El Universal, 3 de septiembre.
Cuando Luis Carlos Ugalde declaró que su remoción y la de los consejeros electorales del IFE implicaría “reconocer que hubo fraude” en las elecciones presidenciales en el 2006, ya había agotado para entonces todos los recursos retóricos disponibles para su defensa. Prueba de ello es que, antes, su alusión al riesgo que correría la autonomía del Instituto con la renovación del Consejo General, no conmovió a nadie. Y, en cambio, su declaración sólo logró involucrar al Presidente de la República de la peor manera —¡para el propio IFE!
Al recurrir al Poder Ejecutivo, aun en la forma torpe y grosera que lo hizo, para intentar levantar una última línea de defensa en torno al IFE, Ugalde no se dio cuenta que con ello concedía uno de los principios fundamentales de la autoridad electoral democrática, su independencia. Y olvidó (si es que alguna vez lo supo) que este principio en particular es el que mayor carga histórica tiene para el IFE. En síntesis, al final, Luis Carlos Ugalde buscó entregar la independencia para salvar la autonomía para, en el fondo, salvar su puesto.
Pero además, para cuando intentó lanzar una defensa política, el Consejero Presidente del IFE se había quedado solo. Ni siquiera ha contado con el respaldo de los demás consejeros electorales que, o bien, han preferido guardar un silencio calculado o, es más probable, que sencillamente carecen de los instrumentos para participar en la defensa mediática de la autoridad electoral: Hace mucho tiempo que perdieron, ante Ugalde, tanto la capacidad de comunicarse por sí mismos hacia afuera del IFE, como para actuar de manera unificada hacia el interior de la misma institución.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 3 de septiembre.
Aislados y divididos no es manera eficaz de proteger a una organización política; menos a una de la naturaleza y la composición del IFE. Pero el error de origen de los actuales consejeros y su presidente se encuentra, precisamente, en que nunca supieron definir la misión del Instituto cuando se hicieron cargo de su órgano de dirección al reemplazar a Woldenberg, Barragán, Cantú, Cárdenas, Lujambio, Luken, Merino, Peschard y Rivera en sus cargos en el 2003. Los anteriores consejeros sí diseñaron y ejecutaron un proyecto político para el presente (que les tocó enfrentar) y para el futuro del IFE.
Es paradójico que los que tienen ahora en sus manos en el Congreso de la Unión el destino de los actuales consejeros Ugalde, Albo, Andrade, Gómez Alcántar, González Luna, Latapí, López, Morales y Sánchez, son los mismos que se opusieron en el 2003 a la continuidad (reelección) de los consejeros anteriores. Tanto dentro del PRI como dentro del PRD, las facciones derrotadas en las negociaciones internas del 2003 tienen la ascendencia dentro de sus respectivos grupos parlamentarios en la actual Legislatura. En cambio, en el PAN (y en Nueva Alianza) los responsables de la composición actual del Consejo General están dedicados ya, desde el Poder Ejecutivo, a otras prioridades —como la reforma fiscal, por ejemplo.
Otro error de cálculo del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y de los demás consejeros (en particular de los que se encuentran cercanos al PAN) es haber pensado que su distancia política con respecto a la nueva Legislatura estaba más que compensada por su cercanía con el gobierno y el Presidente electo durante su gestión. En una crisis institucional, como la ha vivido el Consejo General desde su integración, el fiel de la balanza no es el Ejecutivo: En el IFE, quienes están representados son el Poder Legislativo y los partidos políticos que, además, son los que aprueban el presupuesto del Instituto y los que tienen la capacidad legal de reformar la Constitución.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 3 de septiembre.
Lo que pasa desapercibido en el reciente análisis sobre la debilidad del actual Consejo General del IFE es que la forma en que fueron nombrados no implicaba fatalmente que quedaran aislados o divididos. Ellos forjaron su propio destino, se podría decir. Al quedar excluido del acuerdo entre los partidos en la Cámara de Diputados en el 2003, el PRD no votó a favor de su nombramiento, es cierto, pero nunca dejó de participar en el Consejo General del IFE o en la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores o en las comisiones donde tienen presencia los partidos. Al PRD, los consejeros lo perdieron mucho después.
El PRI no sólo votó a favor de la integración del actual Consejo sino que partió y repartió el pastel, llevando de la mano a Luis Carlos Ugalde a la presidencia del Instituto. Es más difícil, por ello, saber cuándo perdieron los consejeros a este partido. Quizás es tan sencillo como dicen, y tiene que ver con la revancha interna de Beltrones y Chuayffet contra Elba Esther Gordillo o, más bien, fue la suma de desencuentros con los grupos parlamentarios priistas (de la LIX y la LX Legislaturas) sobre una larga lista de temas, incluyendo el voto en el extranjero, la redistritación, el Presupuesto, las multas, etc. (Ahí están para consulta el Diario de Debates de las Cámaras del Congreso y las actas de las sesiones del Consejo General.) En algún momento el PRI simplemente dejó de tenerles respeto.
A la sociedad civil, por otra parte, los consejeros nunca en realidad la tuvieron de su lado. Los intentos de algunos de ellos (Alejandra Latapí en particular) de compensar la ausencia de apoyo ciudadano por el de algunos grupos empresariales no sólo es insuficiente, sino que implica —otra vez— una falta de comprensión de la naturaleza política del IFE. En cualquier caso, estos apoyos empresariales han resultado demasiado pobres y tardíos. Y cuando algunas ONGs por fin retomaron recientemente en su agenda el tema electoral, sólo vinieron a abonar la falta de confianza que genera el actual Consejo General.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 3 de septiembre.
Y si su declive fue gradual hacia afuera, no así su descomposición interna. Esa fue inmediata y casi total. Aun sin contar con un proyecto institucional o una misión clara para el IFE (o, como se ha dicho, por no tenerlo), los consejeros se dividieron en dos grupos antagónicos —¡y se mantuvieron así siempre! Luego, se formó otra división artificial (por encima de la anterior) que puso de un lado al Consejero Presidente y del otro, de facto, a todos los consejeros electorales. Una tercera división, que se abrió entre Ugalde y María del Carmen Alanís, que ocupaba el segundo puesto de mayor importancia en la estructura del IFE, no resistió y llevó a la Secretaria Ejecutiva a renunciar. (Que ahora ella presida la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo demuestra que la historia también tiene, en ocasiones, un buen sentido del humor.).
La lista de las consecuencias de dichas divisiones internas es muy larga, y tendrá que esperar a que se escriba la historia completa del IFE. Pero el hecho es que fueron contribuyendo al aislamiento político en que han quedado los consejeros y, con ello, a la pérdida de toda autoridad. Y sin autoridad no puede haber, en la práctica, ni autonomía ni independencia, ni confianza ni certeza. Sólo que así pretendan organizar las elecciones federales del 2009, donde se definirá nuevamente la relación de fuerzas para la gobernabilidad democrática del país. Aún así, ¿cómo defender al IFE? ¡Esa es la tarea que queda!
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 3 de septiembre.
De acuerdo a la reforma electoral que esta tarde será presentada en el Senado, la vida de los consejeros del IFE será de ocho meses, decisión que fue tomada por las bancadas de los partidos políticos. Las presiones del PRD son en el sentido que haya “baraja nueva”, de despedir a los nueve consejeros, aunque Acción Nacional pretende salvarles la cabeza y que el retiro se haga de forma escalonada.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 3 de septiembre.
Ahora bien, si la razón de la remoción constitucional es meramente política, ¿está justificada? No lo creo. Ni la forma en la que se conformó el Consejo en 2003, ni los errores y múltiples torpezas —por demás persistentes— de comunicación e, incluso, de operación del máximo órgano de dirección del IFE justifican el reemplazo anticipado de sus miembros. No, por lo menos, legalmente. Y, en un Estado constitucional, las decisiones políticas requieren justificación jurídica. Lo contrario es puro poder “de hecho”. Nada grave dirán algunos, sólo es cuestión de abandonar la ingenuidad para aceptar —parafraseando a Luis Salazar— que “las razones del poder pueden más que el poder de la razón”. Tal vez. Pero, ¿acaso no se trataba de construir un estado de derecho?; es decir, ¿un Estado en el que los principios, las instituciones y los derechos constitucionalizados constituyen un “cotovedado” para el poder político? Y no basta con argumentar —arropándose en formalismos— que la Constitución no se violará porque será esta misma el objeto de la reforma: Lo que importa —diría Ferrajoli— es proteger el contenido sustancial de la Constitución frente a las mayorías políticas por más amplias que éstas sean. Un Constitución sólo debe reformarse para fortalecer a las instituciones democráticas y para ampliar la garantía de los derechos. El reemplazo de los consejeros, en sí mismo, no supone ni lo uno ni lo otro
Pedro Salazar, El Universal, 3 de septiembre.
Otra cosa sería que los consejeros renunciaran. Lo que no podemos negar es que los actuales miembros del Consejo General no cuentan con la confianza necesaria para arbitrar la elección de 2009. O, por lo menos, les será muy difícil hacerlo. Nadie puede arbitrar con éxito un partido en contra de los jugadores, ¿injusto? Tal vez, pero es un hecho difícil de remontar. Por ello, los consejeros y consejeras deberían valorar seriamente la posibilidad de renunciar a sus cargos. Pero es una decisión que sólo ellos y ellas pueden adoptar: hacerlo o no hacerlo formará parte de su responsabilidad histórica. Lo que no podemos aceptar es que por inmadurez, oportunismo o pragmatismo, los partidos atenten contra la estabilidad que —por décadas— se ha querido garantizar a las autoridades electorales
Pedro Salazar, El Universal, 3 de septiembre.
La defensa airada del Instituto Federal Electoral (IFE) como una institución autónoma del Estado que hace ahora su consejero presidente Luis Carlos Ugalde, no se corresponde con la custodia ardorosa de la democracia con la que debió haber conducido el proceso electoral de 2006. El contraste es demasiado grande y está en su contra.
Él mismo ha reconocido las grandes fallas de dicho proceso, entre ellas: la injerencia fuera de las reglas del ex presidente Fox y de las normas electorales por los grupos cupulares de empresarios; la falta de seguimiento y, por lo tanto, de control de los enormes gastos en publicidad de las campañas de los partidos políticos; la manera en la que circularon los millones de pesos hacia las cadenas privadas de radio y televisión, haciendo de las elecciones un verdadero negocio.
Sobre todo esto su ausencia complaciente fue notoria. Está también la forma fallida en que condujo al IFE en el momento de dar a conocer los resultados electorales, asunto que ha dejado sin duda una marca ominosa sobre el modo de operar del instituto y sobre su propia gestión. Y esto va más allá de las preferencias por los diversos candidatos de una ciudadanía muy dividida
León Bendesky, La Jornada, 3 de septiembre.
Ya no puede Ugalde volver a lo que quisiera considerar el punto de partida, como la referencia a la que se empeña en rescatar, y que es el mismo IFE bajo su mandato. El consejo que preside es parte del problema y no de la solución. La crítica que hace a los acuerdos de los partidos en el Congreso para su remoción y la de sus colegas está sujetada por débiles alfileres. Esta costumbre no se aplica sólo a la política económica.
El IFE conforma una enorme burocracia, con un presupuesto y prestaciones para sus altos funcionarios y para sus consejeros que está fuera de lugar en una sociedad como es la nuestra. Como autoridad electoral no tiene hoy la personalidad y el liderazgo de sus consejeros, que la capaciten para generar la credibilidad y conducir sus funciones en el marco del quehacer de la política en México. El ideal de contar con un organismo electoral que actúe casi de modo automático y sin protagonismos para organizar las elecciones y ofrecer los resultados correspondientes, como ocurre en muchos otros países, está aquí muy lejos.
León Bendesky, La Jornada, 3 de septiembre.
Ugalde ha llamado “partidocracia” a la situación que se crearía si el Congreso se inmiscuye en la reconfiguración del órgano electoral establecido en el IFE. Esa es otra deformación del sistema. Pero que eso suceda sólo sigue siendo parte de un modo político que no deja de ser arcaico y muy ineficaz para incidir favorablemente en las condiciones sociales del país.
A pesar de lo que quisieran Ugalde y quienes lo secundan, la historia no empieza cada vez que así conviene a los directa e indirectamente involucrados en los conflictos políticos, menos aún para la ciudadanía que está en medio de los vendavales de los intereses predominantes.
León Bendesky, La Jornada, 3 de septiembre.
La autonomía del IFE se violentó desde que Ugalde llegó a la presidencia del consejo por intrusión manifiesta de fuerzas políticas partidarias, como la encabezada por la señora Gordillo, y a las que ahora reclama que no se entrometan en la institucionalidad del IFE. No hay coherencia visible en el argumento, y la situación del instituto es insalvable junto a la de su presidente y consejeros.
Esa es una parte central de la historia, de la que nadie puede hacer hoy tabula rasa. Por eso Ugalde –y sus ya antes y ahora completamente disminuidos consejeros– no puede legítimamente erigirse en el representante moral y encabezar la protección de la autonomía de un organismo que es central en la así llamada transición democrática. Al contrario, esa transición es actualmente nebulosa, está muy cuestionada y el IFE la compromete todavía más.
León Bendesky, La Jornada, 3 de septiembre.
La solución de remover al consejo puede no ser la mejor. Es decir, que sean ahora los mismos partidos políticos, todos ellos y con todo el desprestigio que cargan como un pesado lastre, los que “arreglen” el conflicto del IFE. Este es entonces otro motivo más de atención sobre las deficiencias muy graves del orden democrático e institucional. El país aún carece de un arreglo serio y eficaz en este campo.
Podrá parecer a algunos que sea un conflicto artificial por el que atraviesa ahora el IFE, o sea, creado por la oportunidad de ventajas políticas que representa para los partidos y otros grupos; o bien, como parte de una necedad que significa no reconocer la legitimidad del gobierno del presidente Calderón. Ese es un debate posible y hasta necesario, que se conduce sin concierto.
Sin duda, tal discusión no debería ser planteada en blanco y negro. El estado de las cosas expresa de manera clara la polarización existente, la falta de acuerdos para gobernar e, igualmente, para actuar desde la oposición y, por qué no, manifiesta la falta de matices que marca la discusión sobre las condiciones políticas que prevalecen en el país desde hace mucho tiempo. Algunos ganarán a corto plazo ciertas posiciones de fuerza. Más allá de eso no hay un horizonte despejado.
León Bendesky, La Jornada, 3 de septiembre.
Del conjunto de asuntos que integran la reforma, destaca la cuestión de la remoción del actual Consejo General del IFE. El punto ha sido erróneamente interpretado por los miembros de este consejo, y en especial por el ya referido consejero presidente. La propia actitud de este taciturno personaje da muestra justamente de lo que es necesario modificar. Esto es, se debe entender que lo que las reformas habrán de hacer no será una simple remoción de personas, sino un ajuste de carácter institucional que conlleva —necesariamente— a plantear adecuaciones en otros rubros. Los principios de autonomía e independencia del instituto no se violan si se renuevan sus órganos de dirección. Por el contrario, se reafirman tales principios y se posibilita que los nuevos responsables trabajen en un ambiente renovado y sin presiones precedentes.
José Sosa, Crónica, 4 de septiembre.
Así también, la renovación del Consejo General sienta las bases para que se cumpla con el principio de quid pro quo que toda reforma de trascendencia política debe tener. Es fundamental que los partidos vean satisfechas por lo menos algunas de sus expectativas, si es que se quiere que se sometan plenamente a las nuevas reglas del juego. Es difícil imaginar un escenario en el que los partidos aceptarían ver reducidas sus prerrogativas, pero sin que se renueven las autoridades a las que se culpa —con razones de sobra— de la aplicación de multas elaboradas torpemente.
José Sosa, Crónica, 4 de septiembre.
Otra dimensión que debe tenerse presente es la notable distancia que existe entre la definición formal (y esperada) del trabajo de los consejeros, y el desempeño mostrado por quienes ostentan estos cargos. Y no es solamente reiterar la vana comparación entre el temple y clara orientación política de los anteriores consejeros; frente al dubitativo, inconsistente y pobre desempeño de los actuales. La cuestión es mucho más trascendente. Se trata de entender que el carácter de autoridad imparcial no se concreta con el uso de los abundantes recursos económicos del IFE. De hecho, la realización del principio de autoridad está más allá de cualquier elemento tangible o cuantificable. Se ubica en la capacidad efectiva para establecer espacios de diálogo, en la perenne preocupación por dotar de legitimidad a cada acuerdo; y en la omisión de intereses personales o de grupo al momento de ejercer la autoridad. Lo que los aún consejeros electorales nos han dado dista mucho de estas ideas. Baste un ejemplo para ilustrar esto.
José Sosa, Crónica, 4 de septiembre.
Como bien dice el refrán, “la cuerda se rompe siempre por su lado más débil”. Tal es el caso de la consejera Teresa González Luna, de quien se puede afirmar que pasó de su condición de ama de casa y maestra de secundaria, a figura de primer orden. Su llegada al Consejo General se explica por el agotamiento de las listas de candidatos del PAN. Una vez en funciones, la consejera González Luna no tuvo empacho en reconocer públicamente que recibía un enorme sueldo a cambio de “aprender muchas cosas”, sobre las que manifestaba su total desconocimiento. Paradójicamente, González Luna ha encabezado las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Responsabilidades Administrativas. En ambas materias, la calificación al desempeño del IFE ha sido notoriamente negativa. En su caso, la regla “de la mejor mujer o el mejor hombre para el puesto” jamás se cumplió. Ni qué decir de los efectos perniciosos que su permanencia generaría.
José Sosa, Crónica, 4 de septiembre.
Por cierto que entre los "honorables" invitados de Feli, estuvo -faltaba más- el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.
De él, en otro momento y circunstancia, el exconsejero Jaime Cárdenas dijo que Ugalde siente que "no le están cumpliendo los panistas, y por eso insiste en permanecer al frente del IFE, pese a que su presencia pone en riesgo la estabilidad del país, la gobernabilidad y la credibilidad del Instituto".
El exconsejero electoral calificó de absurda esa resistencia, y la consideró un chantaje al gobierno calderonista y al PAN, "diciendo que si nos vamos será la prueba palpable de que hubo fraude electoral" el 2 de julio de 2006.
Um, señalan, y tanto que les ayudó..., aunque, para otros, bien merecido lo tiene...
Eva Makívar, “La creme de la creme”, El Financiero, 4 de septiembre.
Hasta ahora no hay alguna acusación concreta contra el consejo general del IFE, pero quieren despedirlos como trabajadoras domésticas. A eso se reduce justamente la reforma electoral pactada que hoy será enaltecida en incienso en el Senado. Se trató de satisfacer el rencor vivo de López Obrador por haber perdido las elecciones. El tabasqueño busca culpar a alguien. Por eso la reforma debía incluir un transitorio: que el triunfador de la próxima elección presidencial será anunciado por López Obrador.
Más que un sistema democrático de instituciones, la reforma electoral regresa y refuerza el perverso sistema de partidocracia. Los partidos se convierten en la autoridad superior a las autoridades electorales. De ahí que el relevo de los consejeros del IFE se haya hecho como castigo y no como parte de una reforma electoral mayor.
La partidocracia evitó, por tanto, una reforma electoral que someta a más controles a los partidos. Los potenciales próximos consejeros del IFE ya habrían de recibir el mensaje: o se someten a los caprichos de los partidos o habrán de ser relevados también.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 4 de septiembre.
La remoción de los consejeros ha sido un tema conflictivo que ha despertado enconos y fantasmas, en lugar de que fuera un paso de obvia resolución. Los legislados han encontrado en ese punto diferencias importantes y también acuerdos. Por ejemplo, existe consenso en que el IFE tenga una renovación escalonada; lo que no se sabe bien todavía es cuándo debe comenzar y cómo. Las últimas negociaciones indican que se van todos los actuales consejeros y que para el mes de abril de 2008 se dará la renovación completa de los consejeros.
Para recuperar la confianza de regenerar el pacto político que se rompió en 2006, es indispensable que los legisladores vuelvan a rehacer lo que hicieron mal en 2003 y pongan en marcha un proceso transparente de renovación de los consejeros del IFE, que se emita una convocatoria abierta, consulta ciudadana y no se haga un simple reparto de cuotas. Incluso con el acuerdo alcanzado por los partidos, se puede lograr un adecuado proceso de renovación. La autonomía del IFE no está cifrada en la inamovilidad de los consejeros, sino en la construcción cotidiana de un espacio de decisiones que conduzca a que los actores políticos respeten las reglas del juego. Se trata de una actitud que rebasa la simple aplicación letrista y estrecha de la legalidad, a lo que han sido muy afectos los actuales consejeros
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 4 de septiembre.
Si como defiende Ugalde su permanencia hubiera defendido el proceso electoral, otra historia se hubiera escrito. ¿Por qué en 2003 el terrible proceso de su designación le pareció muy democrático? ¿Por qué no se opuso a la guerra sucia? ¿Por qué no hizo nada ante la intrusión presidencial y la ilegal intervención del Consejo Coordinador Empresarial? ¿Por qué no se preocupó por dar certidumbre el día de la elección? ¿Por qué cerró la posibilidad de abrir los paquetes electorales en el cómputo distrital? ¿Por qué declaró, sin autoridad, presidente electo a Calderón? Por todo eso Ugalde es parte del problema y no de la solución.
La reforma no es para remover a los consejeros, como falsamente se ha dicho, sino para cambiar las reglas del juego. Por supuesto que no hay garantía de que la nueva reforma vaya a solucionar de fondo los enormes huecos de la legislación electoral vigente. Los primeros anuncios presentan un paquete que es necesario analizar con mucho cuidado y ver la letra chica de las nuevas reglas del juego en tres puntos: autonomía del IFE, modelo de acceso a medios y fórmulas de financiamiento a partidos. Seguiremos con el tema
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 4 de septiembre.
Y en el tema de los inminentes cambios en el IFE ya salió otro abogado del diablo. El mismísimo jefe Diego Fernández de Cevallos se lanzó contra quienes buscan la remoción de los consejeros electorales, en una entrevista de radio con el periodista José Cárdenas.
“Esta es una actitud de cobardes y de montoneros. Ojalá que haya reservas morales en el PRI, PAN y PRD para evitar que esto se consume y que esto dañe severamente a la democracia. Y aunque lastime a muchos amigos míos, a muchos compañeros de partido”, tronó el panista con su alta autoridad moral.
“Bajo reserva”, El Universal, 4 de septiembre.
Al mediodía del domingo pasado, Felipe Calderón avaló la decisión de sustituir a los consejeros del IFE, empezando por su presidente, Luis Carlos Ugalde. "Seré respetuoso de lo que los partidos resuelvan", dijo en Palacio Nacional, desechando así cualquier posibilidad de intervenir en la defensa de los nueve apóstoles del Instituto Electoral. Pero más allá de la defenestración de Ugalde y compañía, se abren varios escenarios, algunos alentadores, pero otros, francamente, muy riesgosos.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 4 de septiembre.
Los partidos políticos siguen su curso hacia la remoción de los consejeros del IFE. No han dado una sola razón de peso para ello, jurídica o constitucional: nada que justifique esa medida por violación de las leyes electorales o por lo dispuesto en la Constitución para removerlos: un juicio político (Art. 110).
Los partidos envuelven su decisión en el paño de una reforma electoral que incluye cosas muy buenas, como acortar el tiempo y el costo de las campañas, pero que elude otras fundamentales, como la reelección.
Van a mejorar la ley, pero van a intervenir a fondo al ente regulador encargado de aplicarla. Van a transformarlo de arriba a abajo y a nombrar a sus nuevos integrantes. Van a nombrar también al contralor, el comisario de los dineros, de un ente previamente sujeto a la negociación de los partidos.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 4 de septiembre.
Un argumento fuerte que he escuchado para la remoción de los consejeros del IFE es estrictamente político. Dice que han perdido la confianza de los partidos y no pueden ser respetados por ellos. Deben irse porque todos los partidos desconfían de ellos, y porque la confianza es condición necesaria para restablecer la credibilidad del IFE. Uno se pregunta si los que desconfían del IFE gozan de mayor confianza que el IFE. Los titulares de la desconfianza deberían ser los depositarios de la confianza de la sociedad. Pero no hay una sola encuesta que muestre esto. Los partidos gozan de menor confianza ciudadana que los consejeros del IFE. Así las cosas, quizá la desconfianza de los partidos fortalezca, antes que debilitar, la confianza en el árbitro. Si todos están inconformes con el IFE quizá es porque el IFE no favorece a ninguno, a todos sanciona por igual, como acaba de hacerlo con multas diversas y como está en camino de hacerlo con multas más cuantiosas por haber violado, todos los partidos, incluido el ganador, los topes autorizados de gastos de campaña.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 4 de septiembre.
La desconfianza de los partidos en el árbitro puede ser un síntoma de la calidad del árbitro, pero no puede ser la razón para echarlo de la cancha. Quien sanciona tiene que tener autoridad y fuerza institucional para aplicar la ley. De ahí viene su legitimidad, no de contentar con sus decisiones a todos los que se arrebatan la pelota.
No estamos en un concurso de confianza y simpatía, mucho menos cuando éstas se esgrimen como guillotinas. Estamos en el espacio de la imparcialidad legal, que sólo puede desmentirse con pruebas. Sabemos donde está la antipatía de los partidos. ¿Dónde están las pruebas?
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 4 de septiembre.
La salida inevitable de Luis Carlos Ugalde del Instituto Federal Electoral no es solamente consecuencia de la debilidad mostrada por su organismo en julio de 2006, debilidad que puso al país al borde de un colapso que pudo devenir golpe de Estado si las instituciones del país —no precisamente la Presidencia de la República— hubiesen sido débiles.
Lo grave sería que la reforma electoral de todos tan deseada se redujese sólo a la salida de unos privilegiados del poder, apapachados con prebendas y ajenos a otro escrutinio que no sea el de los medios de comunicación desprovistos de compromisos partidistas.
El IFE soy yo, ha dicho en otras palabras Luis Carlos Ugalde, poniendo la legitimidad de Felipe Calderón colgando de su pescuezo: si me voy yo, las elecciones del 2 de julio del año pasado fueron, efectivamente, fraudulentas.
Félix Cortés Camarillo, “Cancionero”, Milenio, 4 de septiembre.
Por lo pronto ayer, my friend, con la decisión de borrar del mapa, de manera escalonada a los consejeros del ife (con minúsculas) Felipe labra su propio epitafio... desconociendo la dimensión real del monstruo con el que ha pactado. Al tiempo.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 4 de septiembre.
Debemos, por supuesto, defender al IFE. ¿De qué y de quiénes? Del sistema faccioso de cuotas partidistas con que se integró el actual consejo general en 2004 y lo marcó desde su nacimiento. De la partidocracia que hoy denuncia con vehemencia el aún consejero presidente, pero gracias a la cual se encumbró generosamente hace tres años. Del chantaje político del “si nos vamos es reconocer que hubo fraude”, con el que el árbitro electoral busca convertir en rehenes a los jugadores, a los espectadores y a los entrenadores; es decir, a la República toda.
Hay que rescatar al IFE de las visiones liliputienses que lo conciben como un simple árbitro de manual, en lugar de un juez fundacional. De las concepciones reduccionistas que confunden al Consejo General del IFE con todo el IFE y defienden únicamente la autonomía de la institución a costa de los restantes principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.
Hay que defender al IFE, no del Congreso de la Unión que intenta su rescate, sino de los poderes fácticos (gobiernos de los tres niveles, empresarios, sindicatos e iglesias) que rebasaron, atropellaron y dejaron a su Consejo General en situación de invalidez extrema y atrofia grave para elecciones futuras.
Ricardo Monreal Ávila, Milenio, 4 de septiembre.
Un árbitro que cometió errores de actuación, pero también de omisión. Renunció al silbato y acudió a los silbidos para tratar de parar la locomotora del Consejo Coordinador Empresarial que irrumpió a la mitad del juego. Un árbitro que sólo vio un juego blanco de tenis allí donde se libró una lucha libre en aceite y lodo. Un árbitro preparado para contener una “elección de Estado” (con sus fraudes de primera y segunda generación), pero abiertamente incompetente para enfrentar una “elección de establishment” o de poderes fácticos (con sus fraudes de tercera y cuarta generación, basados esencialmente en la injerencia desbordada, ilegal, no fiscalizada, de dinero privado y público). Un árbitro que presumió haber contado bien los votos, pero se negó a demostrar lo acertado de su actuación con un segundo conteo. Un árbitro, en suma, que naufragó en las lagunas jurídicas de un sistema electoral imperfecto, en lugar de surcarlas con acuerdos políticos y golpes de timón. Un árbitro así de encogido y así de chiquito es un estímulo y un aliciente, no un valladar ni un inhibidor, para seguir teniendo elecciones tirantes, polarizantes y conflictivas.
Ricardo Monreal Ávila, Milenio, 4 de septiembre.
Yerra el consejero presidente al identificar al Congreso de la Unión como un peligro para el IFE. En efecto, el IFE es autónomo, mas no soberano. La autonomía de la autoridad electoral —y de los demás organismos públicos descentralizados de este país— nace de una atribución constitucional, superior en alcances y competencias: la soberanía del “poder constituyente permanente” u “órgano reformador permanente”. Aquella es una derivación de ésta, por lo que no puede concebirse por encima o separada de su fuente originaria.
Es tan clara la superioridad del soberano Congreso de la Unión sobre la autonomía del IFE que la facultad de nombramiento de su consejo general no reside en una junta interna de gobierno (el modelo de las universidades autónomas), sino en el Poder Legislativo. Si un acuerdo político del Congreso de la Unión se convierte en reforma constitucional o norma superior soberana, no ha lugar a violación o afectación a autonomía institucional alguna.
Por lo demás, confundir autonomía con soberanía equivale a equiparar inamovilidad con perpetuidad, protección constitucional con impunidad y acuerdo legislativo con venganza política. Si esto es lo que piensan los actuales consejeros generales de la reforma que promueve el Congreso para rescatar al IFE de la ineficacia, desconfianza y atrofia que sus omisiones generaron, es una razón más para su rápida y urgente remoción, no para su permanencia.
Ricardo Monreal Ávila, Milenio, 4 de septiembre.
Desde 1990, año de la fundación del IFE, se consideró la pertinencia de renovar periódicamente a los consejeros. La idea volvió a la mesa de la reforma electoral en 1996, tanto para los consejeros como para los magistrados electorales, pero no se pudo concretar. Tanto en el IFE como en el TEPJF, cuando hay cambio de guardia es total. Los efectos negativos están más que vistos en ambas instituciones. La iniciativa propone la renovación escalonada de consejeros y magistrados electorales. Nadie está en contra.
Jorge Alcocer, Reforma, 4 de septiembre.
La reforma anunciada tiene aciertos: limitar la extensión de las campañas; reducir los costos; terminar con la "nulidad abstracta" como causal de anulación; limitar la intervención de organizaciones gremiales en la formación de partidos y hay más. Pero está cruzada por un ánimo pequeño: cortar las cabezas a los consejeros de IFE. La lista de errores de los consejeros puede ser muy larga, pero ésa no es la discusión. Los mecanismos para su remoción están establecidos en la ley: Título Cuarto de la Constitución, artículos 108 y 110. ¿De qué estamos hablando? Los consejeros fueron designados para un periodo que todavía no concluye. En su designación uno de los actores políticos, el PRD, se marginó del proceso. Desde entonces se advirtió que era una fórmula para cuestionar la legitimidad de los designados, no su legalidad. No hay sorpresas. Cuatro años después y tras una elección muy cerrada los perdedores -¡qué casualidad!- ponen la propuesta sobre la mesa. Se erigen en jueces de la legitimidad nacional. Por allí nunca terminaremos. ¿Por qué sigue el PAN de comparsa en esta jugarreta? ¿Cuál es el canje?
Federico Reyes Heroles, Reforma, 4 de septiembre.
Los mismos que argumentan querer instituciones fuertes son los primeros en rescatar la guillotina para el escarmiento público. ¿Dónde queda la inamovilidad? ¿Dónde están las garantías para que los árbitros se sientan seguros? Primero se somete a los aspirantes a un cabildeo con quienes serán su materia de regulación. Después, quienes debieran estar sometidos al árbitro tienen en sus manos la posibilidad de cambiarle a éste las reglas del juego y llevarlo al cadalso. Que en el pasado haya habido situaciones similares no habla de la corrección jurídica de aquellas medidas, por el contrario, explica la debilidad institucional. Como en el pasado se hacía así, pues estamos avalados para hacerlo. Vaya manera de romper con el pasado. Justificar la ruptura de la autonomía de un órgano de Estado con los ejemplos del pasado autoritario es inaudito.
Federico Reyes Heroles, Reforma, 4 de septiembre.
Cuando Luis Carlos Ugalde escuchó su nombre y su cargo —aun siendo el último— entre quienes fueron saludados por el presidente Calderón al iniciar su primer informe a la Nación, debió sentir el primer vuelco grato de su corazón.
Transcurrió el primer encuentro de ese tipo en nuestra historia ahí, en un Palacio Nacional abarrotado casi hasta las azoteas, y cuando el Presidente abordó los temas políticos de profundidad, nuevamente el corazón y la adrenalina del presidente consejero del IFE se le arremolinaron en el pecho al escuchar que:
“Una democracia fuerte es condición indispensable para promover y alcanzar el desarrollo humano sustentable… Por eso, durante mi Gobierno hemos puesto especial atención a fortalecer nuestra vida institucional y democrática”.
Y es que justamente sobre esto último giraba la controversia, aún inconclusa en el Congreso legislativo, respecto de la reforma electoral en puerta.
Leopoldo Mendívil, “Crónica Confidencial”, Crónica, 5 de septiembre.
Pero si esa decisión viene como responso, el epitafio que se inscriba en la lápida del funcionario electoral podrá ser una gustosa aportación de Charles Maurice Talleyrand, el increíble francés de la revolución y el imperio:
“Eso no fue un crimen: fue una estupidez…”
Aunque otros espacios lo hayan previsto ya, nunca será suficiente repetirlo por si algún milagro aún pudiera modificar los equilibrios legislativos que juegan a aprobar reformas y a cobrar los votos. Las cabezas de Ugalde y sus compañeros consejeros electorales serían monedas de cambio suficientes para sacar adelante la reforma fiscal, aunque no se ve cómo sería convencido Dostoievsky de que eso no será el castigo por el crimen tipificado de fraude electoral que Andrés Manuel y sus huestes corearán por donde aún los escuchan —para que los escuchen más— asegurando que la decisión, integrada a la reforma electoral, será el reconocimiento cuasioficial de la usurpación…
Leopoldo Mendívil, “Crónica Confidencial”, Crónica, 5 de septiembre.
Por cierto que la consejera electoral, Alejandra Latapí, asegura que el IFE como órgano del Estado Mexicano, requiere la capacidad necesaria para que los consejeros electorales puedan aplicar las normas con imparcialidad y firmeza. Las mejoras a las normas que surjan de la reforma electoral requieren de una autoridad electoral independiente e imparcial, alejada de la coyuntura y de las presiones políticas”.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 5 de septiembre.
¿De verdad va a haber una reforma electoral para profundizar la democracia? Desconfío mucho de que eso ocurra por lo que hasta ahora se puede leer sobre el tema. Por un lado, el eje de la reforma que viene parece estar colocado en la revancha contra el árbitro. El tema que más se discute es el de si se remueve a los actuales consejeros electorales, si esto se hace de manera escalonada, si se hace ahora o en el 2010, si se van todos de una vez o si unos se quedan y otros no. Mal principio para enfrentar los asuntos de fondo de la necesaria mejora de nuestra competencia política.
De nuevo, más que buscar reglas generalmente aceptadas capaces de convertirse en instituciones de largo plazo, se busca la culpa de las personas, sin ver que el problema no está en la conducta específica de tal o cual personaje sino en el marco general que norma la competencia y genera los incentivos de los comportamientos individuales.
Jorge Javier Romero, Crónica, 5 de septiembre.
Seguramente los consejeros del IFE (algunos o todos) serán sustituidos por otros. Pero será muy fácil documentar que la razón más relevante por la que perdieron la confianza de los partidos fue, paradójicamente, que intentaron ganarla en exceso. Tengo para mí que si no usaron de todas sus atribuciones a tiempo fue porque buscaron que los partidos hicieran campaña con libertad; si no actuaron con más energía frente a otros actores, fue porque quisieron ceñirse puntualmente a los procedimientos que les daba la ley y les exigían los partidos; si no informaron a tiempo de los resultados electorales, fue porque siguieron el guión que los partidos dictaron para la noche del 2 de julio; si no reclamaron la deslealtad partidaria que siguió los días posteriores, fue porque quisieron evitar más problemas.
El resultado es aleccionador: mientras más simpatías quisieron granjearse, más desconfianza gestaron. Hasta el punto en que hoy, al final de todos esos intentos, se han convertido, a un tiempo, en la manzana de la discordia, en el chivo expiatorio y en el nudo gordiano de la reforma que sigue.
Modificadas las reglas y los actores, los partidos se sentirán más seguros del poder que ya ejercen. Pero sospecho que no cambiará lo fundamental: que la desconfianza que expresan es, en realidad, a sí mismos. Y eso no podrá resolverlo ninguna reforma. Todavía estamos muy lejos de ser, en serio, una democracia
Mauricio Merino, El Universal, 5 de septiembre.
¿Se ve afuera del IFE? Sí. ¿Está resignado con el desenlace…? Sí, totalmente tranquilo. ¿Se va a amparar para defender el puesto? No, para nada. En lo personal no voy a emprender ninguna clase de acción legal. Breve charla con el consejero Rodrigo Morales
“Bajo reserva”, El Universal, 5 de septiembre.
Pero hay más. Para justificar la reforma electoral y los cambios al IFE se argumenta que los consejeros electorales deben ser despedidos porque carecen de la confianza de los partidos, sobre todo del PRD y del PRI. Pero además se dice que el actual Consejo General del IFE fue integrado sin la participación del PRD, y sólo con el aval del PRI y del PAN. Se dice más: que los consejeros fallaron y que por eso deben ser reemplazados, de manera escalonada.
En el supuesto de que todo eso sea cierto, la reforma no ataca el problema de origen, que es la fórmula para designar a los consejeros, mediante el reparto de cuotas. El PRI y el PRD piden el cambio de los consejeros y dejan intacta la fórmula para elegir a los nuevos. ¿Entonces, de qué se trata? En 2003 aquí dijimos que la integración del nuevo Consejo General se había viciado de origen, ya que por los errores del PRD se dejó en manos del PRI y del PAN el cambio de los consejeros
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 5 de septiembre.
Lo cierto es que un freno para la reforma electoral es que no hay un acuerdo aún: cuándo y cómo se van los consejeros electorales. Si todos de un jalón, escalonado…
Quien ha metido mucho ruido es el secretario de Gobernación que quiere que se aprueben las reformas. Sí, paradójico como se lee y es: Francisco Ramírez Acuña.
Y es que él —quién sabe cómo— dice que sabe que las negociaciones se rompieron el lunes por la mañana. Mmm. ¿Y qué anda él hablando de algo exclusivamente del Legislativo?
Que mucho ayuda el que no estorba, dijo Carlos Navarrete. Manlio Fabio Beltrones fue más allá. Dijo que o no estaba bien informado (ouch) o que sus órganos de inteligencia (no su cerebro, sino los del Estado, que comanda) no estaban funcionando. Doble Ouch, más viniendo de Beltrones que de todo eso sabe mucho.
Por otro lado, Diego Fernández de Cevallos resumió así la propuesta de sacar a los consejeros: Linchamiento cobarde de montoneros.
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 5 de septiembre.
Y ante esta situación, los actuales consejeros —siete de los nueve que son— ya salieron en su autodefensa, pero de manera mucho más inteligente. Primero defendiendo el instituto y luego sus puestos.
Que el IFE necesita “medios de defensa constitucional” para que poderes ajenos a ese organismo —léase el Congreso— no violen la independencia de ese Instituto. Muy bien. Y contrapropusieron que quien los vigile sea una contraloría ciudadana.
De acuerdo con Alejandra Latapí, consejera electoral, sí están por la reforma electoral… pero:
—(estas reformas) requieren de una autoridad electoral independiente e imparcial, alejada de las presiones políticas… Bueno, así es muy diferente.
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 5 de septiembre.
La defensa mediática y política que comenzaron Ugalde y cinco consejeros del IFE más –Arturo Sánchez, Virgilio Andrade, Alejandra Latapí, Teresa González y Andrés Albo— logró el pasado jueves 30 de agosto retrasar la presentación de la iniciativa electoral, que tuvo que moverse para el día siguiente. Ayer, esos mismos consejeros aparecieron para dar un pronunciamiento conjunto de apoyo a la reforma electoral, pero en contra de una remoción que atente, dijeron, contra la autonomía del instituto.
De los otros tres consejeros que no aparecieron en esa conferencia, Lourdes López declaró después que apoyaba el pronunciamiento, pero no pudo asistir por “problemas de agenda”. Rodrigo Morales y Marco Antonio Gómez, por su parte, han dicho que están dispuestos a renunciar para que avance la reforma. Pero hay versiones que dicen que tanto Lourdes como Rodrigo y Marco Antonio ya negociaron su salida del IFE. Morales habría pactado con el PRD, con Arturo Núñez concretamente, su nombramiento como director del nuevo Registro Federal Electoral; mientras que Gómez y López habrían tenido pláticas con Manlio Fabio Beltrones
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 5 de septiembre.
Un dato que dan legisladores que participan en las mesas de negociación de la reforma electoral es que hasta el martes 28 la salida de los consejeros “estaba planchada.
Incluso, revelan que hubo pláticas con el Consejo General, incluido Luis Carlos Ugalde, en la que se les ofreció un esquema de “retiro y jubilación”, similar al usado por el ex presidente Ernesto Zedillo en su reforma judicial del 97, en la que renunciaron todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La “salida digna” planteada a los consejeros electorales consistía en que, a cambio de su renuncia voluntaria, se les pagaría de por vida su actual sueldo mensual, de 109 mil pesos
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 5 de septiembre.
En pláticas con Carlos Navarrete y Arturo Núñez, varios consejeros conocieron la propuesta avalada por el PRD y el PRI, y que quedaría contenida en la iniciativa electoral. Ugalde mismo asistió a esas conversaciones y, aunque no dio una respuesta, ofreció revisar el planteamiento.
Repentinamente, dicen los legisladores consultados, el presidente del IFE cambió su posición y para el miércoles por la mañana, en entrevistas, habló de que no renunciarían y que podrían iniciar acciones legales si los removían. Una plática entre Ugalde y Elba Esther Gordillo, afirman esas fuentes, ocurrió en medio de las negociaciones con el Congreso y motivó el cambio de actitud de Luis Carlos
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 5 de septiembre.
Al menos tres consejeros del Instituto Federal Electoral, Marco Gómez Alcántar, Rodrigo Morales y Lourdes López, no sólo están en desacuerdo con la campaña emprendida por el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, para oponerse a la reforma electoral que considera, primero que nada, cortarle la cabeza a quienes son árbitros de las elecciones. También respaldan esa modificación y culpan a Ugalde de irse por la libre en lo que ven como una defensa a ultranza de su chamba
“Binoculares”, El Gráfico, 5 de septiembre.
Yo soy de los que creen que los consejeros electorales sean inamovibles. Quizás es necesario renovar a algunos o a varios o a todos los consejeros. Pero ello no puede darse por un golpe de fuerza, una decisión política partidaria que vulnere la autonomía del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, la suerte parece estar echada para los consejeros del IFE, comenzando por su presidente, Luis Carlos Ugalde. Si bien al momento de escribir estas líneas todavía persistían los desacuerdos sobre cómo operar el reemplazo de los consejeros, las posiciones del PRI y el PRD han enarbolado una tesis intransigente con respecto a la exigencia de que todos sean removidos de sus cargos, mientras que el PAN ha apoyado la de una remoción paulatina de ellos.
Pero los mensajes allí están: en el contexto del Informe presidencial metió las manos por ellos. La imagen de Luis Carlos Ugalde prácticamente solo en Palacio Nacional, sentado junto a una Ivonne Ortega que ni siquiera intentó platicar con él durante toda la mañana, o la fría despedida del presidente Calderón, fueron más significativas que cualquier comunicado. La suerte está echada, aunque las formas aún deben ser procesadas con mayor detalle, por una simple cuestión: legalmente, la remoción de los consejeros es problemática y la misma puede conllevar el mensaje de que el propio gobierno es producto de una elección ilegítima
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 5 de septiembre.
Es verdad que Ugalde, en este contexto, se ha equivocado con sus declaraciones y en vez de ampliarlo, cerró el espacio de negociación. Su defensa, justa, de la autonomía del Instituto y de la inamovilidad de sus integrantes, ha sido conscientemente confundida con una defensa de su posición al frente del IFE. El viernes pasado, en una mesa en México Confidencial, por Cadena Tres, con los senadores Arturo Núñez, del PRD, y Jesús Murillo Karam, del PRI, ambos coincidían en que la remoción de los consejeros es una condición indispensable para ir a 2009 con mayores acuerdos y un árbitro respetado por todos. Tanto Murillo Karam como Núñez dijeron que esa remoción, independientemente de sus opiniones sobre los comicios de 2006, no debería interpretarse como una ilegitimidad de origen del gobierno de Felipe Calderón. Núñez fue enfático: el problema, dijo, no es que los jugadores expulsen al árbitro, sino que cuando el árbitro no tiene la confianza de los jugadores éste debe ser reemplazado. No me queda claro que esa posición, que abre un margen importante de negociación, sea finalmente asumida por sus respectivos partidos, pero ese espacio genera la posibilidad de que se procesen cambios entre los integrantes del Consejo, sin que ello implique su remoción o despido.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 5 de septiembre.
La suerte del Consejo se ha dificultado aún más porque la lista de quienes se sienten insatisfechos son muchos: el PRD necesita un chivo expiatorio por su fracaso en las elecciones y la salida de los consejeros es una coartada para justificar, aunque sea en términos declarativos, el mismo. Y de paso le proporciona a López Obrador un argumento con el fin de mantener su campaña. El PRI quiere exorcizar a Elba Esther Gordillo y la salida de los consejeros sirve con ese fin. En el PAN han decidido que no tienen un compromiso tan alto con ellos como para jugar la carta de su defensa. En algunos círculos del gobierno no son pocos quienes consideran que Ugalde y los consejeros se echaron para atrás la noche del 2 de julio cuando los conteos rápidos mostraban una ligera ventaja de Calderón y el consejero presidente decidió no dar resultados, lo que propició el conflicto poselectoral.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 5 de septiembre.
El problema es político y de principios. La piedra de toque de la reforma electoral es la salida de los consejeros. La gran mayoría de los otros capítulos que la integran son compartibles y muchos de ellos beneficiosos… pero, entonces, parecen decirnos los partidos, deberán pagar el costo de cambiar el Consejo, lo cual quitará el último escollo a la normalización política y electoral. ¿Será así? ¿Alguien cree que con un nuevo Consejo se normalizará la vida política y electoral? ¿Que se comenzará a ver el futuro para no revisar el pasado? ¿Que no se repetirá la historia de 2006 luego de los comicios de 2009 y 2012? ¿Que los nuevos consejeros se mantendrán absolutamente independientes y autónomos y no habrán aprendido la lección de que si hacen enojar a los partidos, o a algunos de ellos, pueden perder su cargo en la próxima oportunidad? ¿Alguien puede garantizar que los vetos no surtan efecto como con la última renovación del Consejo, que descartó a muchos de los principales prospectos? ¿Alguien puede asegurar que si la correlación interna de fuerzas dentro de cualquiera de los partidos cambia en los próximos años no cambiará la simpatía de los mismos por los integrantes del Consejo?
Ahí está el punto de conflicto. Claro que podría darse un cambio de consejeros y ello podría ser parte de una negociación más amplia. Pero la diferencia entre renovación y remoción es mucha. Entre reformar y castigar, también. Entre mirar hacia el futuro y vengarse por hechos del pasado es aún más amplia. Hay tiempo y posibilidades para que la reforma electoral, con todo lo que ella implica, pueda procesarse sin vulnerar las formas, para que sea un avance y no un retroceso.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 5 de septiembre.
En su alegato para no ser removido de su cargo como presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde lleva razón en más de un punto.
1) Es verdad que la autonomía del IFE puede ser vulnerada por la acción de los partidos políticos. Pero eso no es de ahora, sino de hace mucho. La famosa ciudadanización del Instituto, cuando en 1996 su presidencia ya no recayó en el secretario de Gobernación, en realidad fue una "partidización". No es casual que los partidos decidan siempre el nombramiento de los consejeros, por cuotas, proponiendo generalmente a personas afines a su causa (militantes en activo o ex militantes recientes o candidatos a serlo apenas se vayan del IFE). Eso ocurrió también cuando en 2003 el PRI decidió designar a gente cercana, entre ellos al propio Ugalde, quien había militado en ese partido por años, participando incluso en la XVIII Asamblea de 2001. Cosa distinta es que Ugalde haya querido ocultar su trayectoria priista (pero la prensa no tardó en documentar su larga militancia).
2) Es cierto también que no conviene decidir el nombramiento o remoción de los consejeros a partir de otras reformas a negociar. Pero precisamente por un acuerdo de esos entre el PRI y el PAN es que fue nombrado Ugalde. El PRI condicionaba la reforma fiscal de 2003, y como el PRD no aprobaba ese proyecto, fue excluido del proceso para renovar el Consejo del IFE —más que autoexcluido, como bien saben los protagonistas de ese episodio. Entonces esa nociva mezcolanza no le pareció tan mal a Ugalde—.
3) Y es que fue el consenso partidario lo que dio fuerza a los consejos de 1994 y de 1996. Pero se volvió a perder en 2003 —como en 1991— con grave daño al IFE. Es cierto que en 2006 fue la primera vez que un IFE sin consenso partidario conduce una elección presidencial. Y así nos fue. Convendría al menos, como lo propone el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (encabezado por Clara Judisman), exigir el voto de cuatro quintas partes de los diputados para nombrar a los consejeros. Conviene considerar también la sustitución de un consejero al año, como propone José Woldenberg. De otra manera, el consenso podría fácilmente volverse a perder.
4) Cierto también que de la falta de consenso no fue directamente responsable Ugalde, sino los partidos. Pero Ugalde sabía que no contar con el aval del PRD representaría un golpe al IFE. Todos lo vieron. Incluso Woldenberg advirtió que la legalidad de aquel proceso no sustituía el consenso, pues el IFE estaba demasiado tierno para soportar ese hueco. Pero a Ugalde no le inquietó mucho ese revés a la credibilidad del IFE, que ahora le preocupa tanto. Desde luego, esa circunstancia también le implicaba un riesgo personal de que las cosas terminaran mal (lo conversé con él días antes de ser nombrado presidente y estaba consciente de ello). Con todo, aceptó jugar a la "ruleta rusa"… pero con cinco balas.
5) Tiene razón Ugalde al defender la imparcialidad del IFE. Pero hubo decisiones suyas que se apartaron de esas virtudes en al menos dos ocasiones: A) Al defender la estrategia panista de abrir los menos paquetes posibles (2.5%), cuando la ley estipula recontar todos aquellos cuyas actas mostraran inconsistencias (50%). De hecho, el Tribunal reprendió severamente al IFE por esa omisión legal (5/Ago/06). B) Al anticiparse Ugalde al Tribunal para levantarle la mano a Felipe Calderón sin estar facultado para ello. En esto afloró sin lugar a dudas por dónde jugaba el consejero presidente (hoy por ti, mañana por mí). Y probablemente por eso ahora le solicita a Calderón que tenga "honestidad política".
6) Y desde luego tiene razón Ugalde al señalar que, en el caso del IFE y el TEPJF, la relación con los partidos es particularmente delicada y tensa, pues se trata nada menos que de los árbitros de la pugna por el poder. De ahí que sería conveniente buscar una tercera instancia que tomara la decisión de quiénes deben conformar el Consejo General, de entre aspirantes que cumplan con un perfil legal más definido y estricto (que incluya la condición de no haber militado en ningún partido algunos años antes de ocupar el cargo, a diferencia de lo que hoy sucede). Una especie de FIFA (para utilizar la metáfora futbolística) intermediaria entre los "equipos" y el "árbitro". Esa instancia podría también recibir las quejas de los partidos sobre el desempeño de tal o cual consejero y valorar si hay elementos de fondo para la inconformidad o se intenta una simple vendetta. Sería esa tercera instancia la que decidiera si el consejero impugnado se va o se queda, a partir de una serie de infracciones claramente establecidas en la ley y, así, reducir la discrecionalidad de ese órgano —sin menoscabo del juicio político, para transgresiones graves—. Desde luego, no se trata de erigir una nueva institución permanente y cara; podría ser una comisión ad hoc del Poder Judicial o un colegio de rectores de reconocidas universidades públicas y privadas, en función honoraria
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 5 de septiembre.
La remoción de los consejeros del IFE, pieza política clave de la reforma electoral, ataca una enfermedad falsa en un paciente equivocado.
La enfermedad que atacó al IFE en 2006 no fue la impericia de sus consejeros (sólo un síntoma concurrente), sino la ofensiva del perdedor de aquellas elecciones contra la totalidad del proceso. La ofensiva dura hasta la fecha y encontrará en la remoción de los consejeros una victoria diferida de pronóstico reservado.
Me pregunto por qué el PRI y el PAN se disponen a conceder este punto de la estrategia de López Obrador contra la institución electoral. Han comprado la moneda de la desconfianza, que no es de curso corriente entre los ciudadanos, pero acabará siéndolo con el tiempo.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 5 de septiembre.
El IFE resistió en 2006 la prueba mayor de su corta y accidentada historia. Se dobló, pero no se quebró, sirvió para lo que estaba diseñado. La revisión exhaustiva de sus resultados y procedimientos no arrojó irregularidades que negaran la calidad de la elección. Una a una las imputaciones de anomalía perdieron peso, se desvanecieron en el aire, en medio de una batalla de infundios y descalificaciones que valdría la pena no olvidar.
Esa fue la enfermedad del IFE y lo será de quien siga, porque su virus no está en el cuerpo de la institución sino en el del contendiente que la asalta desde fuera.
Amputarán al paciente y la enfermedad seguirá, porque los médicos están atacando una enfermedad falsa en el paciente equivocado.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 5 de septiembre.
Los consejeros del IFE están en la mira de los partidos que perdieron las elecciones. Básicamente en la del PRD, pero también en la del PRI. Los otros también les apuntan, pero el calibre no importa.
Su remoción es el punto central de la propuesta reforma electoral que, a su vez, va de la mano con la fiscal: sólo si sale una sale la otra.
En este escenario de avanzar en las reformas después de diez años de parálisis, el presidente Felipe Calderón se ve dispuesto a ceder en la electoral como se la plantean para ganar en la otra, la fiscal, en lo más parecido a lo que él planteó. El precio pasa por la cabeza de los consejeros electorales. Los legisladores darán a Calderón su reforma fiscal si éste no se opone a la electoral, nueva alineación del IFE incluida.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 5 de septiembre.
Atrapados en la duda, se desconoce si la reforma electoral es para despedir a los consejeros o si para despedirlos se envuelven en la reforma electoral.
Y en eso va este periodo ordinario de sesiones en el que Calderón busca construir acuerdos, edificar una mayoría, que su antecesor no pudo, para poder gobernar y no dejar su sexenio, como el anterior, en una mera administración.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 5 de septiembre.
La reforma electoral se ha convertido en una lucha pública, parece revancha; un enfrentamiento abierto entre el consejero presidente del IFE y los promotores de dicha reforma.
Nunca habíamos visto tal decisión en Luis Carlos Ugalde ahora que defiende su posición, vehemencia que le hubiera redituado más, a él y a todos, en las horas decisivas del 2 de julio y siguientes, cuando no tuvo la decisión que ahora muestra al defender lo suyo, en nombre de las instituciones, dice, como no defendió su rol en el proceso electoral del año pasado.
Si entonces, en su momento, hubiera salido a decir lo que ahora revela, otro hubiera sido el ambiente político y otra la calificación a su actuación.
Pero no. Entonces calló lo que un año más tarde denuncia, como presiones y hasta amenazas de Fox la noche del 2 de julio; ahora habla de fraude y dice que si se va, se comprobaría, y se muestra decidido y articulado como no se vio ni se sintió entonces, que parecía apabullado por una realidad incontrolable.
Es posible que entonces Ugalde careciera, como ha dicho ahora, de los instrumentos legales para enfrentar a Fox —condenado luego por el Tribunal Electoral, no por el IFE—, pero también lo es que Ugalde aquella noche tenía a disposición todos los medios de comunicación para denunciar entonces lo que ahora acusa en la defensa de su posición.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 5 de septiembre.
En lo personal no veo que la salida de los consejeros sea un elemento esencial de la reforma electoral, pero hay quienes sí lo ven así y juntos hacen mayoría, por lo que su destino está decidido: se irán. Son ellos o las reformas del Presidente.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 5 de septiembre.
Que todavía no rueda la cabeza de Luis Carlos Ugalde y ya se habla de las dos personas que, “con toda seguridad”, lo relevarán en la presidencia del IFE. Por un lado, del especialista en materia electoral, el político y politólogo Jorge Alcocer. Por el otro, del rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, quien en noviembre terminará su exitosa gestión al frente de la máxima casa de estudios.
“Trascendió”, Milenio, 6 de septiembre.
No son los abajofirmantes de siempre, son gente reconocida en su campo, y su defensa del IFE es impecable: Las encuestas dicen que el IFE es de las instituciones más confiables.
Quieren quitar a los consejeros, sin razones fundadas.
Los legisladores que urgen la remoción, son producto de una elección que organizaron y vigilaron los consejeros que hoy descalifican.
Piden al Congreso remoción escalonada pero a partir de 2010, al terminar su encargo.
Pero, claro, ellos están en el dame y te doy.
Pepe Grillo, Crónica, 6 de septiembre.
La propuesta de reforma constitucional, por otra parte, precisa y amplía facultades del Tribunal Federal Electoral aunque reduce a 9 años el encargo (ahora es de 10 años) de los magistrados que lo integran. Igual que para los consejeros del IFE, se establece que la renovación de los magistrados del Tribunal sería de manera escalonada.
Esa modificación no tendría que conducir a la sustitución, ahora mismo, de los consejeros del IFE. Pero si así ocurriera no hubiese motivo para que no fueran reemplazados, también, todos los miembros del Tribunal. Si los partidos insisten en remover ahora a los consejeros no será por necesidades de la reforma electoral sino por el pueril aunque muy costoso afán de venganza que mantienen algunos de sus dirigentes.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.
Dos balones cayeron en la cancha de Los Pinos para la renovación de los consejeros electorales. Los dos esquemas tienen el aval del PRI, PRD y los minipartidos, pero se busca que Calderón haga el saque de salida para el proceso. Una propuesta considera la integración de un consejo de siete integrantes, si en 2007 salen los nueve miembros que encabeza Luis Carlos Ugalde. La otra prevé a 11 personas, con la posibilidad de que permanezcan tres consejeros de los actuales. El Poder Legislativo nombraría, en consecuencia, a ocho nuevos integrantes. Los panistas han insistido en que prefieren la remoción escalonada. En este partido que es la política electoral, los jugadores simplemente decidieron cambiar al árbitro
“Bajo reserva”, El Universal, 6 de septiembre.
En medio de un debate que sube de intensidad sobre si el Congreso debe o no remover a los consejeros del IFE, ayer se reanudaron las negociaciones sobre la reforma electoral. La última propuesta del PRI y el PRD, por la noche, fue que todos los consejeros se vayan antes de 2009, en un esquema de tres este año, y el resto escalonados durante 2009, mientras el PAN sólo acepta la salida de tres este año, pero el resto hasta después de los comicios federales. Los cálculos de los dos bloques tienen que ver con el número de consejeros que podrían controlar para mantener la hegemonía del Consejo General durante la elección federal…
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 6 de septiembre.
Entre analistas y académicos aumenta el rechazo a la intentona de PRI y PRD por descabezar al Instituto Federal Electoral bajo el pretexto de que esos partidos, que el 2 de julio se decían satisfechos, le han perdido la confianza al árbitro
“Binoculares”, El Gráfico, 6 de septiembre.
Pero existe una diferencia crucial entre negociación y chantaje. Cuando los puntos inamovibles de una negociación son demasiados y muy terminantes en uno de los actores y para avanzar en lo que demanda el interlocutor se pide cada vez más, sin dar nada a cambio, no estamos ante una negociación, sino ante un chantaje, en este caso, un chantaje político. La negociación de la reforma electoral, que ha sido unida en su destino a la fiscal, está en ese difícil momento en el que puede pasar de ser eso, una negociación compleja, para convertirse en un simple chantaje. Hay, decíamos ayer y lo reiteramos, un numeroso grupo de abajofirmantes en el desplegado que apareció ayer con respecto a la hipotética remoción de los consejeros del IFE, numerosas salidas posibles para renovar al Instituto y a las leyes electorales, de forma tal que no salgan vulneradas la autonomía del organismo y las normas legales con las cuales se rige. Pero la negociación se ha topado con un capítulo en el que sobre todo el PRI ha decidido no transigir: la salida, ya, de todos los consejeros, su remoción y reemplazo. Incluso el PRD, que sería el mayor beneficiario de una decisión de esa índole, se ha mantenido, por lo menos en sus declaraciones públicas, más abierto a explorar otras opciones. Finalmente, en el PAN y en el gobierno también han puesto un límite a los términos de su negociación: la remoción completa de los consejeros no es aceptable. El PRI, y se supone que el PRD, subieron entonces la apuesta: si no hay remoción de los consejeros, no hay reforma fiscal. Y ahí estamos, al menos hasta el momento de escribir estas líneas
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 6 de septiembre.
Y, dado que el mismo beneficiario de los fraudes convalidados acepta que la plantilla de consejeros devaluados sea removida en aras de una reformilla fiscal, los malabaristas del micrófono sienten que les mueven el piso y que sus servicios de lavandería son mal pagados. Pero Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del Instituto del Fraude Electoral son cadáveres políticos que entre más tiempo sean sostenidos en sus sitios más daño harán. Aun cuando las negociaciones entre partidos fracasaran y no hubiera reformas fiscales ni electorales, el juicio histórico sobre Ugalde y sus consejeros se ha adelantado y esa plantilla podrida no tendrá más autoridad trascendente. Ese logro, que sería mayor si formalmente son tirados ya esos consejeros a la fosa común de la historia, valdría por sí mismo los muchos escarceos de la más reciente temporada de tianguis partidista en las cámaras legislativas. Otro avance sustancial podría darse en cuestión de la publicidad electoral en medios de comunicación, evitando que las televisoras, sobre todo, se conviertan en entidades definitorias de los cursos comiciales y en caja registradora altamente beneficiada de cada elección. A partir de ahora sólo habría propaganda en tiempos electrónicos oficiales manejados por la autoridad electoral. Pero todo está sujeto a un intercambio convenido en el Congreso federal: dando y dando, lo fiscal por lo electoral y viceversa
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 6 de septiembre.
En lo personal estoy en desacuerdo en que dicha reforma pase por el cese de los consejeros aunque entiendo, pero no comparto, las razones de los poderes políticos para deshacerse de ellos.
En el caso del PRD, está la ofensiva poselectoral de Andrés Manuel López Obrador, quien desde la noche de las elecciones desconoció al IFE, al que colocó como una de las instituciones remitidas al diablo desde el Zócalo, destino reiterado que mantiene este remitente.
Para el PRI es un asunto interno, pues atan el origen, pecado original de Luis Carlos Ugalde, a Elba Esther Gordillo, la enemiga pública número uno de los priistas, a pesar de que votaron por él cuando lo eligieron en 2003. Pero hoy pesa más la traición de “la maestra”, que aquel voto legitimador que hoy quieren olvidar y de cuyo lance no quieren acordarse.
En el caso del PAN, debo entender su postura de que se vayan los consejeros, por una decisión de los operadores políticos de Los Pinos, el presidente por supuesto incluido, quien parece buscar el mal menor, la salida de los consejeros, por el mal mayor, la parálisis que reduciría su gobierno a administración. Lo que no tengo claro es cómo llegaron a decidir cuál es el menor de los males.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 6 de septiembre.
Defender al Instituto Federal Electoral ante los políticos que quieren violar su autonomía es una causa imprescindible para quienes creen en la democracia. El peor enemigo en esta lucha, sin embargo, ha resultado ser el propio consejero presidente. Más que defender a la institución, Ugalde parece estar protegiendo su chamba. Y qué lamentable, porque en este momento histórico hubiera sido maravilloso que el IFE pudiera haber tenido a un presidente más digno.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de septiembre.
Invitado a un desayuno por la Asociación de Ex Alumnos del ITAM, hete aquí que el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, se negó varios minutos a ingresar al recinto del evento, para desesperación de los organizadores e histeria de sus ayudantes que corrían por pasillos en busca de auxilio.
La explicación llegaría entre jadeos y gestos: —Es que el señor está acostumbrado a que lo reciban en la puerta.
Así como lo lee usted
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 6 de septiembre.
Que una sorpresa parece depararles “la cruda realidad” a los autores y promotores de la reforma electoral, y es que quien parece más apuntado a presidir el futuro Consejo General del IFE está impedido por ley para formar parte del mismo.
Jorge Alcocer, cabeza del grupo que diseñó el proyecto de reforma para el senador priista Manlio Fabio Beltrones, fue presidente del CEN de Fuerza Ciudadana, partido político por el que también compitió para una diputación en 2003.
Sucede que el Artículo 76 del Cofipe indica que un requisito para ser consejero es “no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, o su equivalente, de un partido político”.
Aunque claro, como están las cosas, sólo falta que los legisladores hagan una modificación a la medida del precandidato.
“Trascendió”, Milenio, 7 de septiembre.
Por cierto, nos aseguran que anteanoche Luis Carlos Ugalde, acompañado de una decena de guardaespaldas, fue al club de industriales a dar una “orientada a los empresarios” sobre las reformas que discuten los legisladores.
Y los industriales calificaron los cambios electorales como una locura más de diputados y senadores. Que deben frenar ese bodrio.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 7 de septiembre.
Luis Carlos, mientras tanto, sigue en la pantalla chica y en todos los periódicos con entrevistas, reportajes, crónicas... algunas "a modo", otras incómodas. Resiste los ataques del PRI, PRD y hasta del PAN. "No se dobla ni se arruga", se mantiene erecto y enhiesto. Responde todos los "cañonazos". ¡Hasta me hizo recordar a Napoleón! Exclaman algunos. ¿Al emperador? Preguntan los bisoños. No, hombre, a Napoleón Gómez Urrutia cuando el gobierno quiso destituirlo como líder del sindicato de mineros y le exigió los 55 millones de dólares que, según los trabajadores, se "clavó". ¡No compares! Reviran las huestes del presidente consejero del IFE. A Napito lo acusan de corrupción, y a Ugalde no. ¡Pero es corrupto mental! Señalan sus detractores. Bueno, eso es otra historia.
Para coronar su actuación en la pantalla chica, el presidente consejero se dirige a las cámaras, extiende la mano y les advierte a los televidentes: hoy corremos el riesgo de que el control que antes tenía el gobierno del IFE, quieran tenerlo los partidos políticos. ¡Uy, qué miedo! Grita la sociedad. ¿Qué clase de avance es ése? ¿Eso es lo que quieren los ciudadanos? Y él mismo se respondió: no, los ciudadanos quieren un IFE independiente. ¡Ah, y me quieren a mí! Le faltó decir.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de septiembre.
Ya encarrerado, advirtió: "No podemos permitir que los partidos políticos secuestren al IFE; no queremos volver al pasado cuando las elecciones las hacía el gobierno. No defiendo la silla porque no tengo ninguna aspiración política, sino la independencia del organismo", aclara el autollamado "nuevo héroe de la patria". ¡Pues parece que están envueltos en "la bandera de la nómina"! Exclaman sus críticos. Y es que, según ellos, antes de llegar al IFE, Ugalde era un investigador de "tercera", del grupito de Carlos Elizondo y Leo Zuckerman. Es más, recuerdan que Elizondo era el "gallo de Marthita" para dirigir el organismo pero no le gustó y pidió que lo mandaran a la OCDE. Que no diga pues Ugalde que quiere regresar a la academia, le reclaman.
Pero regresando a la estoica defensa mediática, atrás de las cámaras un grupito de intelectuales se une para intentar "salvar" del cadalso al presidente consejero; advierten, señalan, recuerdan que "el IFE es una institución ciudadana y los ciudadanos la valoran bien, según todas las encuestas disponibles. Se le confirió autonomía precisamente para garantizar su independencia respecto de los partidos. Por eso nos oponemos a cualquier medida que implique la erosión de esa autonomía, o la sumisión del Instituto a la negociación política de los partidos". Bueno, una cosa es la institución y otra el presidente y sus consejeritos, quienes no gozan de muy buen prestigio; además, la sociedad ni los conoce. Más aún, no confía en las encuestas.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de septiembre.
Por ahí, saltando de micrófono a micrófono, de pantalla en pantalla, anda rasgándose las vestiduras, presumiendo de una dignidad que no tuvo cuando se trató de poner alto a las trapacerías de Vicente Fox; escudándose en una legalidad que usó sólo como coartada; denunciando la violación a una autonomía que él se encargó de aniquilar; el patético consejero-presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, actor de uno de los más recientes e insulsos melodramas mediáticos de la política nacional y gestor, facilitador –por acción y por omisión– de una grave afrenta contra la nación.
No tengo memoria de otro funcionario público lanzado así, como Ugalde, a una tan intensa, lamentable y cínica cruzada mediática en defensa de su puesto. Menos tengo memoria de un hombre haciendo una tan descarada confesión de parte, por un lado, y una tan explícita amenaza de extorsión a Felipe Calderón y su partido, por la otra.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 7 de septiembre.
No tuvo Ugalde en 2006 el coraje para impedir, o por lo menos denunciar, las intromisiones de Vicente Fox, el poder económico y la Iglesia en el proceso electoral. Tan no tuvo los tamaños que el puesto y la situación exigía que, en cada declaración, en cada entrevista, con un cinismo que deja estupefacto a cualquiera, lo confiesa. Se escudó entonces Ugalde, y se escuda ahora, en las omisiones de la legislación que son muchas y por cuyos resquicios se colaron Fox, los barones del dinero y el mismo PAN. Hace Ugalde de la ley una mera coartada para ocultar su cobardía.
No hay duda, el presidente Vicente Fox intervino mañosamente y esta intervención tuvo un efecto pernicioso en el proceso electoral, declara Ugalde y lo repite una y otra vez. Lo hicieron también los empresarios quienes, con el PAN, desataron la guerra sucia, marca indeseable e indeleble de esos comicios; dice también y luego dispara: “Ceder al chantaje de los partidos sería reconocer que hubo fraude.”
El que como árbitro se mantuvo con los brazos cruzados y la boca cerrada, no cesa ahí de gimotear en cadena nacional y apocalíptico predice que si “los partidos pactan su remoción” será entonces el fin de la democracia en México. Escuchar a Ugalde remite inevitablemente a aquello de “no llores como niño lo que no supiste defender como hombre”.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 7 de septiembre.
La polarización y el intenso debate que desató la remoción de los consejeros del IFE no sólo permeó al Congreso, a los partidos y a la sociedad; dentro del propio Consejo General del órgano comicial, las posiciones se han dividido y hay dos bloques que sostienen visiones y argumentos encontrados sobre su renuncia al cargo como parte de la iniciativa de reforma electoral que se negocia en el Senado.
Los que no quieren irse y argumentan un ataque a la autonomía del IFE y una injerencia de los partidos, son cinco consejeros, encabezados por Luis Carlos Ugalde: Alejandra Latapí, Arturo Sánchez, Teresa González y Andrés Albo. No sólo se niegan a ser removidos, sino que advierten que pueden recurrir a acciones legales y constitucionales, y centran su defensa en que su salida sería un mal precedente para que los partidos representados en el Congreso vulneraran, cuando convenga a sus intereses, a otros órganos autónomos y ciudadanizados del Estado mexicano
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
Totalmente en contra de esa visión, están otros cuatro consejeros electorales. Marco Antonio Gómez, Virgilio Andrade, Lourdes López y Rodrigo Morales sostienen que la iniciativa de reforma electoral es “altamente positiva” y aborda los temas y adecuaciones necesarios al marco legal para evitar que se repita una crisis política como la que vivió el país el 2 de julio del 2006.
“Si nuestra renuncia es necesaria para que avance una reforma que elimine los riesgos de que los mexicanos vivamos otro 2 de julio, adelante, nosotros nos vamos”, sostiene ese bloque de consejeros que además cuestiona abiertamente el “activismo” de Ugalde y que haya pretendido hablar a nombre de todos los consejeros sin consultarlos antes
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
Las diferencias entre uno y otro bloque de consejeros no son nuevas. Ya habían surgido en varias votaciones polémicas del Consejo, como la que tuvo que ver con los ilegales spots del Consejo Coordinador Empresarial, durante las campañas presidenciales. Pero en la coyuntura de la reforma, la distancia entre los dos bloques se ha ensanchado y hasta la comunicación más elemental se ha complicado, cuando no interrumpido.
La fractura interna en el Consejo del IFE se hizo evidente el lunes pasado, cuando Luis Carlos Ugalde salió a fijar un posicionamiento institucional sobre la propuesta de reforma electoral. Sólo cinco consejeros lo acompañaron en la conferencia de prensa, mientras los otros tres consejeros se negaron a suscribir la declaración pública.
A partir de ahí se desató una serie de rumores, versiones y filtraciones que hablan de los dos bloques. Desde las que dicen que los consejeros que aceptan la remoción ya negociaron con el PRI y el PRD su salida a cambio de esquemas de liquidación y retiro del cargo —algo que niegan los cuatro consejeros que sostienen esa posición— hasta las que señalan que la resistencia de Ugalde y los cuatro consejeros que no aceptan su salida obedecen a una estrategia política respaldada desde el gobierno y el PAN, con la participación oculta de personajes como Elba Esther Gordillo
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
En el fondo del debate, al que se han sumado grupos de intelectuales y analistas que defienden la autonomía y el carácter ciudadano del IFE, aparecen toda clase de intereses: afanes de venganza del PRD por su derrota del 2 de julio; proyectos personales y cobro de facturas contra Elba Esther Gordillo por parte del PRI y de su hombre fuerte, Manlio Fabio Beltrones; cálculos políticos del PAN y del gobierno calderonista para no perder el control del IFE de cara a las elecciones federales del 2009.
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
Cuando Luis Carlos Ugalde fue elegido presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el 30 de octubre de 2003, el coordinador de los diputados del PRD, Pablo Gómez, dijo que la imposición era un acto “ruin, de bajeza política”, porque obedeció a una negociación entre PRI y PAN, que se repartieron los puestos de la institución.
Casi cuatro años después, Ugalde está en el centro del huracán, a punto de ser destituido por una decisión del PRI, y muchos analistas califican su defenestración como una canallada.
Atrapado entre las negociaciones de la reforma fiscal que le urge al gobierno de Felipe Calderón y la permanente aversión que le profesa el PRD, el ex profesor del CIDE está hoy en el umbral de la guillotina porque el partido que lo respaldó en el pasado, el PRI, ahora lo ve como extraño
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
No es sólo que a Ugalde se le considere cercano a Elba Esther Gordillo, la ex secretaria general del PRI y ex coordinadora de los diputados tricolores cuando se le eligió presidente del IFE.
También se le está cobrando su cercanía con Jesús Reyes Heroles, con quien trabajó en la Secretaría de Energía y la embajada de México en Washington, y a quien auxilió a redactar documentos para la reforma del PRI a mediados de los 90, por lo que fue muy criticado en 2003.
Hoy, que Reyes Heroles es funcionario del gobierno panista, y Elba Esther es enemiga del partido, Ugalde se parece a los primeros cristianos que eran lanzados a los leones en el Circo romano. Ahora, mientras el PRD, como las hordas del circo, vocifera que lo sacrifiquen, su mayor impulsor, el PRI, está dispuesto a poner el pulgar hacia abajo
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 7 de septiembre.
Diversas expresiones suscita la briosa defensa que el consejero Ugalde hace de su chamba escudado en el prestigio, que a pesar de él, mantiene el IFE y en la animosidad hacia los partidos políticos de la que ha sido promotor incansable. Para juzgar la capacidad de sus consejeros actuales no debemos olvidar que los tribunales en más de una ocasión han revertido la calificación de los procesos y supuestos delitos electorales.
Utilizando silogismos espeluznantes, Ugalde relaciona fraudes con venganzas y contagia sus delirios haciendo creer que hay un ataque a la institución confundiendo autonomía e inamovilidad con derecho de perpetuidad. En México hasta el Presidente de la República es temporal y la historia de este y muchos países democráticos registra casos de excepción de periodos interrumpidos, debidamente sustentados en la ley
Lilia Merodio, El Gráfico, 7 de septiembre.
Pero además resulta que el cargo de consejero presidente del IFE no corresponde a ninguno de los tres Poderes de la Unión que avala la Constitución mexicana; es en estos tres poderes donde radica la soberanía del pueblo y en ninguno más.
La semana pasada, en su momento más irreflexivo, Ugalde dijo a Ramón Fregoso, de TV Azteca, que “…el IFE carece de los recursos de defensa que tienen los otros poderes…”. Proyectándose textualmente dijo: ¡LOS OTROS PODERES! Y más adelante sugería que un consejero debería poder presentar controversias constitucionales, cuando es muy claro que éstas sólo pueden darse entre poderes de los tres niveles de gobierno. Sus declaraciones debieran generar sospecha, como también el pesimismo a ganar los amparos, si es que la razón le asiste
Lilia Merodio, El Gráfico, 7 de septiembre.
Pero “losabajofirmantes” de inmediato se solidarizaron con su causa. Ya es común que suceda, glorias de la pluma, del lienzo y de la escena muestran simpatía por cualquier acto que parezca de rebeldía, y así hemos visto a Monsiváis adorar a la Trevi, a Elenita desgarrarse por Andrés Manuel y a muchos más coleccionando figuras de Marcos como si fueran barbies. Después, cuando la farsa se descubra, vendrán los topes en la pared y el no me acuerdo; mientras, los museos y bibliotecas escasos de obra contemporánea valiosa de verdad
Lilia Merodio, El Gráfico, 7 de septiembre.
Con la reforma electoral no se vulnera la autonomía del órgano electoral, lo fortalece. Legitima ésta y las otras reformas, que para la mitad de los mexicanos pudieran tener vicios de origen. Cualquier servidor público con vergüenza presenta su renuncia aún siendo inocente de una imputación, no sólo para no entorpecer una investigación o un juicio, sino para preservar la imagen de la institución a la que pertenecen.
Quienes subrayan la buena opinión de la gente sobre el IFE debieran preguntar si esa misma gente confía en una nueva elección con los mismos consejeros. Como sea, si no es ahora será mañana, pero las circunstancias le dan mayor valor al ahora
Lilia Merodio, El Gráfico, 7 de septiembre.
También, un grupo de reconocidos analistas y académicos firmaron un desplegado en defensa de la autonomía del IFE, donde afirman, entre otros argumentos (muchos de los cuales son atendibles) que el Consejo "se condujo de acuerdo al marco legal establecido". Yo he advertido al menos una omisión legal del IFE durante la sesión de escrutinio y cómputo (5/Jul/06), al haberse abierto y recontado sólo 5% de lo que, de acuerdo con la ley, tenía que haberse hecho. Luis Carlos Ugalde ha insistido en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su dictamen administrativo-electoral donde califica la elección (5/Sep/06), exoneró al IFE de cualquier infracción u omisión legal. En efecto, así fue
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 7 de septiembre.
Lo que no parece tener remedio es lo de Ugalde. Los senadores califican como un error del presidente consejero el haberse subido al ring, junto con la consejera Alejandra Latapí, a descalificar la partidocracia. Eso lo acabó de hundir, aseveran.
Y más. El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta, Jesús Murillo Karam, volvió a repetir que, para el PRI, la salida del presidente consejero no era un irreductible, pero ahora sí lo es. “No podemos aceptar su parcialidad”, subrayó.
Francisco Garfías, “Arsenal”, Excélsior, 7 de septiembre.
Luis Carlos Ugalde, la versión moderna de la zarzamora, que a todas horas llora que llora por las televisoras, sabe, como lo dijeron hace rato quienes ahora lo defienden, que siempre ha estado bajo las órdenes de la misma Elba Esther, y que le regaló por ese conducto a Felipe Calderón la supuesta autonomía del IFE.
Entonces, si se hace caso a su exigencia, la de Ugalde, esa de hacer de la institución una entidad de verdad autónoma, debería irse cuanto antes, porque el IFE en sus manos no es más que otros de los instrumentos del poder. Por lo pronto, para defenderse, ya encontró en las televisoras a otro depositario de esa autonomía. ¡Viva la independencia!
Miguel Ángel Velázquez, “Ciudad perdida”, La Jornada, 7 de septiembre.
El sector negociador del grupo gobernante entiende por un lado que Ugalde y el resto de los consejeros impuestos tras aquel acuerdo entre el gobierno foxista y Elba Esther Gordillo llevado a cabo en casa de Salinas, son personajes irrelevantes que a pesar de haber estado excepcionalmente remunerados no supieron encubrir su actuación ilegal y los turbios servicios que le prestaron al PAN y al régimen, y que su salida le permitiría al gobierno espurio intentar levantar al IFE del desprestigio en el que se halla y tratar por otra vía de legitimar al gobierno de facto al desligarse de la Gordillo y acercarse a las corrientes derechistas del PRD, al mismo tiempo que negociar medidas fiscales con el PRI ante su desesperante carencia de recursos: salir, en una palabra, de la crisis
Luis Javier Garrido, La Jornada, 7 de septiembre.
Los sectores más obtusos y torpes de la extrema derecha en el poder creen por el contrario que la salida de Ugalde y sus cómplices del IFE supone una confesión del fraude de parte del gobierno de facto y que éste no debe ceder en nada, por lo que están orquestando una vasta campaña mediática de desinformación. Los dirigentes de grupos empresariales, como el presidente de Coparmex, que envía airados mensajes, los periodistas que impulsaron el fraude y ahora lo niegan y los académicos y escritores que sumidos en la histeria publicaron un desplegado en múltiples periódicos oponiéndose a la remoción (Milenio Diario, 5 de septiembre), pretenden creerse sus propias encuestas y no darse cuenta de la realidad
Luis Javier Garrido, La Jornada, 7 de septiembre.
Triste democracia la nuestra si depende de la permanencia en el cargo de personajes como él. Triste democracia la nuestra si el Poder Legislativo, uno de los poderes de la Unión, no tiene la capacidad de enmendar la plana, después de los tan cuestionados comicios de 2006 y restablecer la majestad de la institución responsable del arbitraje electoral.
Una majestad que Ugalde, durante su gestión, se ha empeñado en demoler. No nos engañemos, no caigamos víctimas de sus lamentos o de sus amenazas; removerlo no es atentar contra la autonomía del IFE, al contrario, remover al consejero-presidente, a ese que no pudo, no supo o no quiso jugar un digno papel en la elección presidencial es condición indispensable para recuperar la confianza perdida de millones de mexicanos.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 7 de septiembre.
Perderá, si los diputados y senadores, sobre todo los del PAN, actúan con honestidad, lucidez y patriotismo, Luis Carlos Ugalde su cargo y sus ingresos. Merece al menos esa pena y también la del descrédito que sus declaraciones en supuesta defensa propia y del instituto que preside no han hecho sino acrecentar. Ganará entonces el IFE la oportunidad de restituir parte de ese capital político acumulado durante la autónoma, honorable y valiente (así tienen que ser los árbitros) gestión de José Woldenberg.
La posible remoción de Ugalde se presenta hoy, en una reedición del pleito de Fox con el Congreso, como una venganza mezquina de los partidos que perdieron las elecciones. Ciertamente legisladores de esos partidos, dentro de los procesos de negociación naturales del quehacer político, exigen la cabeza de Ugalde a cambio de las reformas. Más allá, sin embargo, de sus pactos y componendas, millones de ciudadanos sin partido fuimos testigos y víctimas de la falta de coraje, dignidad y fuerza del supuesto árbitro del proceso electoral.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 7 de septiembre.
Más que por consigna es con el peso de esos votos, los de millones de mexicanos agraviados, que se hace urgente, justo y necesario, si queremos que el juego democrático continúe, que los legisladores actúen. Deben hacerlo recordando que no se trata de componer a modo las ruinas dejadas por Ugalde, sino pensando, más allá de sus intereses, en los votantes, en el país, en la viabilidad de la democracia, en la necesidad de un árbitro confiable, creíble, dotado de los instrumentos necesarios para regular la contienda.
Epigmenio Ibarra, Milenio, 7 de septiembre.
Uno de los argumentos de los defensores de la permanencia del actual Consejo General del IFE es el principio de inamovilidad. Éste no corresponde a una república democrática, sino al rey. En la democracia republicana todo funcionario es removible. El método para remover a un consejero del IFE es el juicio político, es decir, la acusación de la Cámara de Diputados —por mayoría—y la sentencia del Senado —por dos tercios—, con lo cual el funcionario queda destituido. Este procedimiento se puede usar para cualquier otro alto funcionario de la Federación, incluido el Presidente de la República, aunque éste sólo por la causal de delito grave del orden común. Los demás funcionarios pueden ser removidos por ineptitud.
La inamovilidad no existe en el sistema jurídico mexicano. Los consejeros del IFE podrían ser sometidos a un juicio político tan sólo por haber realizado el cómputo de la elección presidencial en 2006, la cual es de la exclusiva competencia del Tribunal Electoral. Pero no. Éste no es el debate actual.
Pablo Gómez, Milenio, 7 de septiembre.
La cuestión consiste en una reforma del sistema electoral del país. Los cambios que se proponen son muchos y profundos. Uno de ellos es la gratuidad de los mensajes de los partidos en radio y televisión. Esta gratuidad es suficiente para que los poderes televisivos se lancen contra el Congreso, aunque el señor Ugalde sea un simple instrumento de tal ataque. Sí, Ugalde es utilizado para atacar la reforma electoral debido a que no es defendible que las televisoras sigan embolsándose miles de millones de pesos de recursos de origen público cuando ellas operan bajo concesión de un bien propiedad de la nación.
Para remover mediante juicio político a los consejeros del IFE se requieren mayoría simple de la Cámara y dos tercios en el Senado. Para modificar la Constitución se necesitan mayoría de dos tercios en ambas cámaras y el voto de la mayor parte de las legislaturas de los estados. Conclusión: es más fácil remover a un funcionario en un juicio político que reformar la Constitución, de donde se sigue que la reforma constitucional en materia electoral no obedece principalmente a la sustitución del actual Consejo del IFE sino que ésta es consecuencia de la reforma.
Pablo Gómez, Milenio, 7 de septiembre.
Con la reforma que se discute ahora en el Senado, el Consejo General del IFE quedaría en situación de caducidad debido a un cambio de carácter orgánico del Instituto, además de una ampliación de sus facultades. Así ocurrió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestros sesudos intelectuales y periodistas no dijeron entonces ni una sola palabra. Ahora dicen cosas, bajo amnesia, porque creen que la independencia de una institución del Estado depende de la inamovilidad de sus integrantes, lo cual es falso.
Es absurdo pedirle a un país que mantenga a un árbitro electoral cuando los contendientes no lo quieren. La independencia del IFE no consiste en la propiedad de los cargos sino en sus funciones y, sobre todo, en la aceptación del arbitraje por parte de los partidos. Sin esto último no puede haber independencia ni idoneidad.
Pablo Gómez, Milenio, 7 de septiembre.
¿Quieren los defensores de la inamovilidad que México siga bajo el cuestionamiento de las autoridades electorales? Quienes defienden a Ugalde asumen el principio de autoridad aunque ésta dañe al país y, además, son más calderonistas que Calderón. No me extraña, algunos de ellos fueron salinistas.
Pablo Gómez, Milenio, 7 de septiembre.
Pero los eslabonamientos se suceden de la peor manera para la política: sin control. La defensa del Instituto se ha convertido en la indirecta protección a los consejeros quienes ya no se sienten desvalidos, ni solos. Un importante sector de la opinión ilustrada se ha puesto del lado del IFE y su autonomía amenazada, lo cual a la larga les proporciona oxígeno y les otorga credenciales de mayor calidad para seguir en esta lucha para la cual tienen un arma reservada: la exigencia social del juicio político.
Si Luis Carlos Ugalde logra mediante un buen trabajo de comunicación social; persuadir a la opinión pública de dirimir este asunto mediante un juicio político, habrá realmente cimbrado al neo-sistema.
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 8 de septiembre.
¿Lo van a hallar culpable? ¿De qué? ¿De haber pervertido el proceso electoral?
“Pues entonces sí se confirmaría el fraude o al menos se le daría a la irregularidad carta de naturalización, como tantos anhelan. ¿Y una vez confirmada la especie —pues hoy no es sino eso—, de una elección carente de los requisitos (también constitucionales) de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad todo seguiría color de rosa?
Rafael Cardona, “El cristalazo”, Crónica, 8 de septiembre.
Falta saber cuál es la reflexión de los promotores de un desplegado periodístico difundido la semana pasada con la firma de intelectuales, en defensa de los consejeros del IFE que encabeza Luis Carlos Ugalde. Ese posicionamiento surgió un tanto raquítico, si se le compara con el llamado a la legalidad que se generó en ese mismo ámbito en el otoño pasado. Pero flaco o no, ahora se le usa para aporrear las propuestas de reforma. En ese clima, la posición de los consejeros electorales será más insostenible que nunca
“Bajo reserva”, El Universal, 8 de septiembre.
Comenzó ya la búsqueda de los nuevos consejeros electorales del IFE. Los head hunters de los partidos se acercaron a José Antonio Crespo para preguntarle si estaría dispuesto a formar parte del futuro Consejo. A pregunta expresa, el prestigioso académico, colaborador de Excélsior, lo confirmó a este espacio.
José Antonio ya les dio respuesta. No aceptará la chamba bajo el actual formato, en el que los partidos designan a los consejeros por cuotas. Dice que el escalonamiento es positivo, pero no suficiente. "El procedimiento actual (las cuotas a los partidos) no está sujeto a discusión y por lo mismo no participaré en ese proceso", adelantó. Crespo consideraría su negativa, si las reglas cambiaran y el proceso fuera más abierto y menos partidizado
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 8 de septiembre.
El tema del relevo adelantado de los consejeros ha sacado chispas y levantado reacciones encontradas. José Antonio Álvarez Lima, ex gobernador priista de Tlaxcala, le mandó un recado al senador neoperredista Arturo Núñez Jiménez, coautor de la reforma electoral que se discute y uno de los arquitectos que contribuyeron al génesis del IFE. "Dile a Arturo que no destruya en tres días lo que con tanto trabajo construyó con el licenciado (José Luis) Lamadrid…"
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 8 de septiembre.
Por cierto, entre los diputados circula ya una lista con 19 nombres de los posibles candidatos para sustituir a Ugalde y compañía. En la lista aparecen Jorge Alcocer, María Amparo Casar, Clara Jusidman, José Antonio Crespo, Diego Valadés, Leo Zuckermann, entre otros
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 8 de septiembre.
Un insólito 97 por ciento de 2 mil 767 personas –sin filiación partidista– que encuestamos esta semana opina que la actuación de Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del IFE ha sido ‘mala’; 2 por ciento la calificó ‘regular’; menos de 1 por ciento la juzga ‘buena’ y menos de 1 por ciento la valora ‘excelente’. Nuestra segunda pregunta fue: ¿deben ser corridos? Noventa y siete por ciento contestó que ‘sí’, 2 por ciento respondió ‘no’ y 1 por ciento dijo ‘no sé’.
Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, La Jornada, 8 de septiembre.
Pero el tema más delicado es sin duda el del IFE. ¿Pueden los partidos cambiar al Consejo General? Como partidos no, como diputados constituidos en Poder Legislativo sí. El que el Congreso tenga facultades para reformar las leyes electorales y con ello cambiar al instituto organizador de las elecciones y nombrar un nuevo consejo, no significa que los destituidos no puedan ampararse ante un acto que sería, sin duda, un abuso de autoridad. Ya en varias ocasiones la Suprema Corte ha fallado a favor de magistrados destituidos por afanes reformistas o revanchistas de los congresos locales, e invariablemente ha fallado a favor de los destituidos, lo que genera no sólo gastos innecesarios, sino un caos de autoridad. Ese riesgo ahí está.
Diego Petersen Farah, Milenio, 8 de septiembre.
CON TODO y que le asiste el sacrosanto derecho a inconformarse, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, peca de ingenuo al señalar que la ley lo protege para quedarse en su puesto hasta el 2010.
NOMÁS que se acuerde cómo, en 1994, el entonces presidente Ernesto Zedillo aprovechó la reforma al Poder Judicial y, empezando su mandato, desapareció a 25 ministros de la Suprema Corte.
CON un solo artículo transitorio, los legisladores le quitaron la inamovilidad de la que gozaban los máximos juzgadores del país y no hubo quién dijera ni pío.
BIEN le vendría recordar a Ugalde que en la política, como en el póquer, una buena corrida -de funcionarios- mata cualquier tercia -de pataletas-.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 8 de septiembre.
Algún amigo sincero debe tener Luis Carlos Ugalde, próximo ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Ese amigo debería explicarle cómo a aquella persona a quien se achacan todas las culpas para eximir otras se le denomina cabeza de turco.
Y es que, conforme se va viendo el fondo de la reforma electoral, esto es, el límite del gasto del dinero público en las televisoras, va quedando en claro que Luis Carlos Ugalde es nada más el pretexto de la resistencia. Es la cabeza de turco, el peón sacrificable de un juego de ajedrez de mucho mayor hondura.
Por eso, las televisoras han envuelto al Consejo del IFE en la bandera de la autonomía e ignorado olímpicamente la sustancia de la reforma: no quieren poner sobre la mesa el verdadero motivo que los rebela, la pérdida del 70 por ciento de las prerrogativas de los partidos que iban a dar, a manera de spots, directamente a su caja registradora.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 8 de septiembre.
La defensa de Luis Carlos Ugalde y de aquellos consejeros que se han colocado en fila con él es imposible.
Pensar que esos consejeros son los baluartes de la autonomía y la independencia del IFE es poner las cosas de cabeza. Fueron ellos, precisamente, quienes desde su misma designación vulneraron esa autonomía e independencia y quienes con su desempeño pusieron en peligro esa institución que tan cara ha resultado a la ciudadanía. Cara por querida y cara por costosa. Creer que sostenerlos en el puesto es defender a la institución, es participar del juego de las televisoras: es tronar la reforma y a la institución, bajo el disfraz de su defensa.
No hay, pues, manera de sostenerlos. Pero si la permanencia de Ugalde y el resto de los consejeros es el único motivo o pretexto para frenar la reforma electoral, está bien, que se queden. No importa. Su estancia, aun con el peligro supuesto para la competencia electoral del 2009 vale el precio de la reforma. Adelante, que se queden, que disfruten su beca y hagan gala de su cinismo. Tanto tiempo se ha perdido en el rediseño institucional del régimen político-electoral que tres años más echados al cesto de la basura es poca cosa.
Supondrá, desde luego, un costo en la elección intermedia, pero bueno, que se quede el Consejo. A ver cómo le hace para organizar y regular una competencia cuando los competidores los han descalificado.
René Delgado, “Sobreaviso”, Reforma, 8 de septiembre.
No, porque hasta el momento no se ha esgrimido ningún argumento serio ni legal para destituir al Consejo General del IFE. De haber irregularidades y faltas se debería abrir un juicio político contra todos o algunos de los consejeros. Habría que fincarles responsabilidades, iniciar un proceso y otorgarles el derecho a comparecer y defenderse. De otro modo, la iniciativa de remoción opera bajo una lógica estrictamente política. Los partidos dictaminan lo que quieren y cómo lo quieren. No hay por encima de ellos autoridad o árbitro que valga. Se erigen en el supremo poder. Pero lo hacen, además, sin ningún sustento ético o racional.
No, porque si algo se temía de la eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador era justamente que se lanzara contra las instituciones autónomas: el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y, en otro nivel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su derrota el 2 de julio parecía cancelar definitivamente ese peligro. Pero ahora resulta que lo que se expulsó por la puerta regresa por la ventana de atrás. Y regresa de la peor manera. Porque el fundamento último es la inconformidad de dos partidos políticos. Uno, el PRD, por las razones que todos conocemos. Y otro, el PRI, por motivaciones más bien oscuras.
Jaime Sánchez Sussarrey, Reforma, 8 de septiembre.
En segundo lugar, Luis Carlos Ugalde lanzó una ofensiva mediática buscando elevar el costo político de su remoción colocando en la discusión el tema del daño institucional ante su eventual salida. Esta ofensiva empezó a tener algún impacto, pero realmente se catapultó cuando se hizo pública una de las partes más interesantes de la reforma: la restricción a contratar directamente a medios masivos por parte de los partidos. En ese instante, varios medios abrazaron la ofensiva de Ugalde para, aprovechando el viaje, golpear los intentos de modificación de la ley electoral.
Luciano Pascoe, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 9 de septiembre.
En tercer lugar, un grupo de notables personajes firmaron un desplegado cuestionando, con bastantes fundamentos, la remoción de los consejeros y consejeras y apuntaron a la importancia de mantener autónomo al IFE.
Así que después de haber estado en el abandono y olvido político, el IFE ha recibido el apoyo de los conflictos entre los partidos, de las televisoras y radiodifusoras con sus intereses vulnerados y de un grupo de intelectuales. Y sin embargo, la discusión de más fondo sigue ignorada.
El centro del debate debiese ser la forma, la manera en la que el Consejo General es electo y, por ende, la gran cantidad de compromisos que les acompañan, lo que vulnera su autonomía de facto. Si la propuesta de removerles no viene acompañada de una sensible transformación del mecanismo de elección, no servirá de absolutamente nada obtener estas renuncias y el costo que pagarán los partidos tradicionales será sólo para tratar de tener mayor control sobre las elecciones y no menos.
Luciano Pascoe, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 9 de septiembre.
Hoy, si uno quisiera ser consejero, el primer paso —y casi único—, sería el de conseguir el apoyo incondicional de algún partido. Eso es todo lo que se requiere para llegar. Bueno, eso y no ser vetado por otro partido. Todos queremos una autoridad electoral en el 2009 que no sea cuestionada a cada paso que dé, cuyas decisiones sean respetadas, por controversiales que sean. Pero nada garantiza que el siguiente consejo, electo por estos partidos, logre eso.
La tragedia es que, en medio de si los consejeros se van o no, hemos perdido de vista la discusión más amplia y relevante. Esa discusión que nos coloca frente a una reforma que sí le reduce el presupuesto a los partidos, pero se los baja más a los minoritarios. Es una reforma que sí limita el acceso a medios, pero que lo hace con una gran inequidad. Es una reforma que atiende la distorsión electoral de las coaliciones, pero deja sin muchas herramientas la construcción de frentes políticos, que son absolutamente legítimos. Esta reforma da pasos importantes y hasta audaces en varios sentidos, pero se ha quedado absurdamente estancada en las personas que ocupan unos cargos.
Luciano Pascoe, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 9 de septiembre.
La salida de los consejeros sólo se explica y se sostiene en el marco de una reforma electoral integral, inteligente y progresista, una que no excluya ni que coloque en franca desventaja a los participantes políticos. Que nos ayude a resolver asuntos del pasado y también nos coloque en el futuro. México es diverso y plural, y su sistema de partidos debe reflejar esa realidad.
Quitar a este consejo por consigna no ayuda a resolver el problema de la democracia mexicana ni del funcionamiento de su institución, y mucho menos si no se cambia de fondo el formato de selección. Pero lo que es un hecho es que en este debate ya se cruzaron demasiados intereses y anuncia una derrota más para los idealistas.
Luciano Pascoe, “La zanahoria del caballo”, Crónica, 9 de septiembre.
Tampoco ahí termina la historia. ¿Por qué el PRD y el PRI quieren despedir a los consejeros del IFE? Les han dicho de todo: corruptos, inmorales, parciales, poco confiables... Todo, pero no han podido probar nada, y menos tienen argumentos para proceder de manera legal, por ejemplo, mediante un juicio político. ¿Entonces qué hay de fondo? El veneno de la venganza. El PRD ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague por la derrota de su “invencible” presidencial. Y el PRI quiere fuera del IFE a los consejeros que llegaron mediante la negociación de su entonces lideresa Elba Esther Gordillo, quien jugó contra el PRI en julio de 2006.
El veneno de la venganza como justificación de un golpe de Estado que tiene mucho más de fondo. El fondo es destruir al IFE como hoy lo conocemos para que mañana, en 2009 y 2012 —y ya con una reforma electoral a modo— puedan llegar al poder las dos versiones del PRI, la del tricolor histórico y la de su réplica amarilla. Todo se vale en esa alianza perversa, envenenada, para descarrillar a la derecha en el poder; derecha que por cierto, cava su propia tumba
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 9 de septiembre.
Que Luis Carlos Ugalde se haya equivocado profundamente en cómo comunicó los resultados del 2 de julio pasado, lo cual dio pie a toda clase de especulaciones y confusiones, es verdad; que Luis Carlos Ugalde esté errando la defensa pública que ha hecho del Instituto, porque más bien parece pollito descabezado defendiendo su permanencia en el cargo, por supuesto; que no haya logrado mantener la credibilidad y la confianza que tenía el IFE cuando lo encabezaba José Woldenberg, es indiscutible; pero de eso a que se lo quieran madruguear en un afán revanchista, es otra cosa.
Lo que necesita el consejero presidente del IFE es un muy buen entrenamiento de medios, para que sepa cómo transmitir sus mensajes, y otra estrategia de comunicación... cerrarle el piquito tampoco sería mala idea. Por otro lado, los partidos deberían, en su caso, explicar las razones, más allá del hígado, de por qué quieren descabezar al IFE y si esto no tiene que ver con las irregularidades que se les encontraron en la obtención de recursos para la campaña de 2006.
Vianey Esquinca, “La inmaculada percepción”, Excélsior, 9 de septiembre.
De acuerdo con los resultados de la encuesta de Ulises Beltrán y Asociados que publicó el 7 de septiembre Excélsior, 56% de los entrevistados se pronunció por que los consejeros del IFE terminaran su mandato; sólo un tercio consideró que hay motivos para cambiarlos. Según los resultados de la encuesta, la mayor parte de este tercio son simpatizantes del ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador.
Si a esto se añade que, de acuerdo con la encuesta que elaboró Consulta Mitofsky sobre la confianza en las instituciones, el IFE se ubica en el lugar número nueve, mientras que los senadores en el nada honroso penúltimo lugar, sólo delante de los diputados que, ni como ayudarlos, ocupan el último sitio de la lista. Es decir, que una institución tan desprestigiada, como es el Poder Legislativo, pretenda sacar de la jugada a una no tan desacreditada, resulta absurdo. ¿En manos de quién está la ciudadanía? Pero como para los legisladores lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro, la imagen y la percepción que se tengan de ellos resulta lo de menos, pues ya no pueden caer más bajo en este aspecto y lo único que tendrían que perder son sus privilegios, de ahí que se aferren tanto a ellos.
Vianey Esquinca, “La inmaculada percepción”, Excélsior, 9 de septiembre.
La clave se llama legitimidad vulnerada. El fantasma del “fraude” electoral, en la estrechísima victoria de Calderón sobre AMLO. Ugalde, con desparpajo, aduce que su remoción apuntala la verosimilitud de la trampa, la ilegitimidad de Calderón. Es una argucia. La cuestión radica en un hecho terco: la elección presidencial de 2006 tiene defectos de construcción. La alta competencia y la tenue diferencia dieron al traste con las instituciones electorales. Era previsible, pero los partidos y el Congreso no hicieron la tarea, el conflicto les estalló en la cara. En esencia el “fraude” nunca pudo ser probado por AMLO y su movimiento; lo que también es cierto es que las autoridades electorales no fueron capaces de demostrar la fiabilidad de los resultados. Todavía hoy, un tercio de la población tiene la creencia —ojo, que esa es la sustancia de la legitimidad— de que hubo trampas e irregularidades.
Alan Arias, Milenio, 9 de septiembre.
Ugalde no es santo de mi devoción, pero qué importa. No me gusta la forma como muchas veces habló y otras muchas calló durante las campañas y después de la elección de 2006. Además, cometió errores que todos conocemos. Pero las elecciones se hicieron, y si bien fueron complicadísimas por sus resultados, éstos fueron bien contados y avalados por el Poder Judicial (¿o el Tribunal también pela?). Ningún error atribuible al consejo general es suficiente para justificar que los partidos políticos pretendan volver a tomar las riendas de la vida electoral. 2006 dejó en claro que el Congreso de la Unión tiene mucho qué hacer en materia electoral: que lo hagan, que cumplan, pero la remoción del consejo por revancha o por negociación de una reforma, eso sí que sabe a estafa.
Luis Petersen Farah, Milenio, 9 de septiembre.
¿Quién va a creer en las elecciones si se vale cambiar al árbitro cada vez que no le gusten los resultados a un jugador, y otro aproveche para negociar? ¿No era el IFE un organismo ciudadano, más allá de los partidos? ¿No era así porque no había otra forma de garantizar la imparcialidad de los órganos electorales? ¿No fue ésta una de las grandes condiciones que han hecho posible caminar hacia la democracia? ¿Creerán que quitando al consejo del IFE la democracia mejorará? ¿Creerán los políticos que los ciudadanos deben entenderlos a ellos y no ellos a los ciudadanos? ¿Creerán que les creeremos?
Luis Petersen Farah, Milenio, 9 de septiembre.
EL SOSPECHOSISMO que se vive actualmente entre los Consejeros del IFE, ante la posibilidad de su remoción, tiene crispados los nervios de más de uno.
PARA MUESTRA lo que sucedió el jueves durante la sesión de la Comisión del Servicio Profesional Electoral en la que el consejero Marco Gómez se lanzó fuerte contra el director de esa área Eduardo Guerrero.
RESULTA que Gómez le reclamó a Guerrero que las evaluaciones internas de empleados del instituto fueron manipuladas como parte de una estrategia para debilitar a los dos consejeros electorales que están en esa comisión.
Y TAMBIÉN lo acusó de tener una total falta de tacto político por haberle dado la razón a empleados de menor rango -cuando todo indica que sí la tenían- por encima de la opinión de los consejeros que son sus superiores jerárquicos.
VAYA que andan nerviosos los consejeros que andan viendo moros con tranchetes... ¡hasta adentro del IFE!
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 9 de septiembre.
La gestión de Ugalde al frente del IFE ha sido una suma de desencuentros, frivolidades y cálculos políticos equivocados. Basta con conocer los trabajos de Carolina Rocha sobre la jornada del 2 de julio y el próximo libro en prensa de Arturo Zárate sobre la elección del 2006 —dos ejemplos periodísticos y profesionales sobre algunas facetas del desempeño del Consejero Presidente— para convencerse que el actual conflicto no es solamente resultado de la pretensión de los partidos políticos por remover a los consejeros que les incomodan.
El protagonismo de Luis Carlos Ugalde volvió vulnerable al Consejo General del IFE; algo que saben mejor que nadie los demás consejeros electorales —que, además, lo reconocen y dicen en privado. De ser una instancia que gozaba de un consenso generalizado en el 2000, perdió el respaldo del PRD en el 2003 y del PRI en este último año. La sociedad civil se desatendió del IFE desde antes incluso que el 2003, y sólo un sector minoritario lo pretende defender ahora, a destiempo y sólo porque creen algunos que con ello apoyan al presidente Calderón. Lo hacen, pues, también por las razones equivocadas.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 10 de septiembre.
Pero no es su culpa, pues el propio Consejero Presidente ha buscado alinear al IFE en las cercanías de Los Pinos, ignorando que la autonomía del Instituto fue creada, justamente, en contraposición directa, no a los partidos políticos, sino al Poder Ejecutivo. Pero al confundir la naturaleza política de la autoridad electoral, no se le está haciendo un servicio ni siquiera al Presidente de la República que tiene, por su parte, muy claras las prioridades en su agenda. (De ello dejó constancia en las palabras precisas que expresó sobre la reforma electoral en Palacio Nacional el 2 de septiembre pasado.)
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 10 de septiembre.
Aunque pudiera salvarse la actual composición del Consejo General, el IFE llegaría a la elección intermedia del 2009 con el nivel más bajo de autoridad en más de una década. (Quienes critican los pactos para renovar al Consejo tendrían también que criticar los acuerdos necesarios para que los consejeros se quedaran.) Y si Luis Carlos Ugalde asumiera su responsabilidad política, en vez de escudarse en la ley, hace mucho que debió haber tenido que actuar de una manera diferente en su defensa del IFE.
La debilidad del IFE es una realidad incuestionable. De ahí que sólo queden dos escenarios posibles: uno, que implica que continúe su desgaste creciente en el futuro inmediato previo a las elecciones del 2009, y otro que se dé una negociación (en los mejores términos posibles) para llevar a cabo una modificación radical en su liderazgo; algo que en otro momento no hubiese significado necesariamente la renovación del Consejo.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 10 de septiembre.
Dos graves errores políticos cometió el todavía presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, en su campaña mediática para "defender el hueso". Uno, "enseñar el cobre"; dos, "echar mano" de la demagogia de la sociedad y de la democracia. ¡Ambas me necesitan! Quiso decir. El IFE sin mí y sin mis consejeritos no puede ser independiente; sin nosotros no habrá democracia, dio a entender.
Y a punto estaban algunos de creerse "el cuento", cuando el Jefe de jefes, Manlio Fabio Beltrones, descubrió que los "poderes fácticos" estaban utilizando como "títere" al señor Ugalde, por lo que el senador priista tuvo que "reforzar su estrategia" política, la cual consiste, por un lado, en exhibir a los "patrones" del presidente consejero, quienes serían los principales afectados si se aprueba la reforma electoral, y por el otro, reinstalar los trabajos para una nueva Ley de Medios, en los cuales se propone, entre otras cosas, revisar la duración de las concesiones. ¡Eso sí calienta! Exclaman los espectadores.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 10 de septiembre.
Al grupito de intelectuales que defendieron al presidente consejero del IFE y a sus consejeritos, que sugirió consulta pública y debate, el senador Manlio Fabio le respondió: "Creo que si algunos de esos personajes consejeros hubieran utilizado el 10 por ciento de esa vehemencia que hoy están poniendo para defender su chamba, en defender la equidad de las elecciones de 2006, no hubiésemos tenido tantos problemas, que pusieron en peligro la vida democrática de México, como lo dijo el Tribunal Federal Electoral, no lo dije yo." Bueno, en eso tiene razón el senador.
Sobre la consulta pública que piden los intelectuales, recordó que los legisladores han estado consultando permanentemente a todos aquellos interesados para ver cómo corregir el desastre de las elecciones de 2006, que se prohijó por una mala conducción. "Esa consulta ya la hicimos y se ha tomado una decisión: escalonar a los miembros del Instituto Federal Electoral que, por cierto, vamos a fortalecerlo enormemente con facultades para fiscalizar, para hacer elecciones estatales y para, sobre todo, tomar decisiones, ahora sí, de manera legal, sobre los huecos que existieron en 2006. Tendremos un Instituto Federal Electoral modernizado, más adecuado a nuestra democracia y, quizá, con consejeros electorales mayormente capacitados..."
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 10 de septiembre.
Otra pregunta: ¿No observa usted una alianza entre las dos -entre comillas- víctimas de esta reforma, que son los consejeros del IFE, Ugalde en particular, y los medios de comunicación electrónicos? Y responde: Si no es una estrategia mediática consentida por los poderes y los interesados, mucho se le parece. Y lo que es dramático o parece dramático, es que el discurso del hoy consejero presidente del IFE, se parezca mucho a los de algunos miembros del gobierno o de su partido, que dicen que "en el caso de que ellos salgan, se demostrará que hubo fraude". Me parece que el fantasma de la ilegitimidad que ronda a algunos funcionarios y algunos poderosos funcionarios del gobierno federal, está atorándose, se ha convertido en un lastre de la reforma electoral. Ya que se sacudan ese fantasma de la ilegitimidad, de la ilegalidad que acompaña a algunos, o el fantasma de la supuesta legalidad y legitimidad que acompaña a otros. ¡México no puede estar secuestrado por fantasmas! ¡Viva México! ¡Mueran los poderes fácticos! Le faltó gritar al promotor de la reforma electoral.
A juicio de los observadores, lo que estamos viendo es que el poder político y el poder económico se subieron al ring para resolver tan importante asunto de la reforma electoral. La interrogante es: ¿Dónde quedaron la sociedad y la democracia a las que se han referido Ugalde, los intelectuales y los que se oponen a la reforma electoral? ¡Eso es demagogia de ellos!
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 10 de septiembre.
¡Lamentablemente se les notó mucho! Por más intentos que hicieron por envolver en el celofán de los intereses nacionales la propuesta de destituir sin mayores explicaciones a los consejeros del IFE, el 62% de los ciudadanos (según una encuesta de Ulises Beltrán) cree que el motivo por el que los quieren cambiar es la venganza. Y es que hasta para pegar hace falta estilo. Debe ser muy amargo constatar que la opinión pública los haya sorprendido en la maniobra.
Y es que el error del PRI y del PAN fue mayúsculo. Además de llevar con sigilo las negociaciones sobre la citada reforma, cosa que despertó toda clase de sospechas, llegaron a un acuerdo insostenible en el tiempo, pues las motivaciones de los principales actores no pasaban por la reconciliación nacional. Las motivaciones eran diversas y ninguna de ellas fácilmente acreditable como un sentimiento altruista que las demás fuerzas valoraran
Leonardo Curzio, El Universal, 10 de septiembre.
Para seguir democratizando a la República se requiere establecer mejor las prioridades. Y estas se miden en el tiempo. Los consejeros, de no irse ahora, se irán dentro de muy pocos años. En cambio, una legislación que siga siendo tan laxa a propósito de los medios televisivos puede terminar carcomiendo —ahora y más adelante— los cimientos del incipiente entramado democrático mexicano.
Allá cada quien con su conciencia: los consejeros que podrían ser acusados por haber frenado esta reforma tan importante, los legisladores por abusivos y por meterse en camisa de once varas, las televisoras que han usado el tema del IFE para frenar el conjunto de la reforma, y el presidente Felipe Calderón que, con tal de demostrar que es un gran negociador, está dispuesto a ceder en casi cualquier tema
Ricardo Raphael, El Universal, 10 de septiembre.
Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, desarrolló una estrategia mediática en las últimas semanas para reposicionar su imagen, convertir la defensa del órgano electoral en un tema de interés ciudadano por la defensa de su autonomía frente al Congreso, frenar la decisión presidencial de no defenderlos y del PAN de entregar las cabezas de los consejeros, mientras construía una alianza con el único actor político que le puede echar la mano: Televisa. Ugalde no tiene más donde abrevar. El presidente Felipe Calderón y el PAN están de acuerdo en que se vayan él y un número limitado de consejeros. El PRI, que fue quien lo propuso, no tiene mayor remordimiento en crucificarlo. A la maestra Elba Esther Gordillo, a quien se le acredita equivocadamente como la mano que mueve a Ugalde —el candidato de ella y el entonces presidente del partido Roberto Madrazo para el IFE era un empresario regiomontano—, le tiene sin cuidado el destino del académico
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 10 de septiembre.
Ugalde se ha movido en medio de todas las contradicciones dentro del gobierno federal y los partidos políticos, que le han venido dando un oxígeno que ya no traía. La reducción de recursos a las televisoras dentro de la reforma electoral —se estima que representa 8% del ingreso de Televisa en año electoral— fue donde encontró una tabla de dónde asirse, después de haber quemado sus naves al ver que su apuesta a que Calderón defendería al IFE por haber sido el que organizó y administró las elecciones donde resultó ganador, era errónea. Al cubrir Televisa un mercado de 70% del total nacional, enfatizar los argumentos de Ugalde en sus noticieros crearon una andanada de opinión pública y política contra la reforma toda
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 10 de septiembre.
La cruzada de Ugalde entró en la dinámica de caos de los políticos. En el caso directo de la remoción de los consejeros a lo que se oponían el gobierno y el PAN en un principio, el coordinador en el Senado, Santiago Creel, negoció con el PRD y el PRI en la Cámara Alta que se fueran todos, a cambio de que en un nuevo consejo fuera electa presidente María Amparo Casar, académica del CIDE que formó parte de la comisión que estudió la nueva reforma electoral y fue su jefa de asesores cuando fue secretario de Gobernación. Cuando se lo planteó al coordinador panista en el Congreso, Héctor Larios, éste se opuso totalmente por el interés particular de Creel. En Los Pinos se tomó un posicionamiento el miércoles pasado: que se vayan dos consejeros, más Ugalde. Pero al PRD, que quería la cabeza de todos, le pareció poco y rechazó la oferta. El siguiente paso del gobierno fue buscar que se aprobara la reforma hacendaria, aunque no fuera por la vía constitucional, sino por mayoría simple, sabiendo que contaba con el apoyo de 11 gobernadores priístas.
Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, El Universal, 10 de septiembre.
La deshonestidad intelectual mexicana, esa que en nombre de los desprotegidos miente una y otra vez, acaba de dar con un nuevo hallazgo genial: criticar la forma en que se quiere llevar a la guillotina a Luis Carlos Ugalde es un artificio mañoso para evitar que se le arrebate a la “telecracia” el fantástico negocio de la propaganda política. ¡Genial!
Una vez más, la deshonestidad intelectual antepone a la realidad una teoría preconcebida y se dedica a forzar la realidad para que quepa dentro de su teoría: ¡La crítica a lo que se quiere hacer con el IFE es una treta de la “telecracia”!
Ciro Gómez Leyva, “La historia en breve”, Milenio, 10 de septiembre.
El relevo escalonado de los consejeros electorales es una medida sensata. El órgano se iría reconfigurando de manera lenta, combinando experiencia y renovación. Lo que resulta grave es que los partidos políticos castiguen al órgano electoral a través de la remoción. El árbitro que debe elevarse por encima de las disputas partidistas se convertiría en moneda de cambio, en pieza de subasta.
Jesús Silva Herzog Márquez, Reforma, 10 de septiembre.
El proyecto de reforma electoral incluye la remoción de los actuales integrantes del Consejo General del IFE. Al respecto expreso: 1. El IFE no puede cumplir su papel de árbitro electoral si no cuenta con la confianza de los partidos cuyo comportamiento regula. Durante más de una década, el IFE mantuvo esa confianza, pero actualmente ya no lo hace debido a eventos que contribuyeron a minarla, como la cuestionable integración de su Consejo General en 2003, el desafuero, y los errores y omisiones que los mismos consejeros cometieron antes y después de la elección presidencial. Las instituciones son el producto de acuerdos y consensos de diferentes actores sociales y políticos; si esos acuerdos fundacionales cambian, las instituciones deben hacerlo también. Hoy el argumento de la "inamovilidad" equivale a una defensa de un statu quo que ya no funciona; basta con recordar la elección del 2006 y sus secuelas. Ante la pregunta tan popular que se lanza para justificar la resistencia a cambios en el IFE - "qué pasará si la elecciones de 2009 otra vez dejan inconformes a los perredistas y buscaran destituir al Consejo otra vez"- habría que responder lo siguiente: es indudable que el PRD necesita aprender a perder, pero las instituciones deben estar constituidas y operar de tal modo que la izquierda no tenga margen para pensar que su derrota fue ilegítima.
Denisse Dresser, Reforma, 10 de septiembre.
2. Actualmente diversas voces argumentan que la remoción de los consejeros sería ceder al "capricho" y al "chantaje" del PRI y del PRD. Dicen que el nuevo consejo quedaría en una situación de debilidad de entrada porque en su designación tendrían mano los líderes del PRI y del PRD y consecuentemente se integraría por cuotas partidistas. Sugieren que su llegada operaría bajo una lógica estrictamente política. Pues esto es exactamente lo que pasó en el 2003 cuando se negoció tras bambalinas la llegada de Luis Carlos Ugalde et. al., sólo que el capricho fue del PRI y del PAN y las cuotas fueron decididas por ellos. Los consejeros actuales del IFE fueron electos por los mismos métodos que sus defensores -contradictoriamente- denigran. Por ello, habrá que resolver el problema de fondo, promoviendo la selección de los consejeros a través de un proceso alternativo, amplio, consensual, transparente y de cara a la ciudadanía. Sólo así sería posible blindar al IFE de la discrecionalidad caprichosa y chantajista que produjo el actual Consejo General, por el cual demasiadas personas parecen dispuestas a dar la vida.
Denisse Dresser, Reforma, 10 de septiembre.
3. Los errores del Consejo General del IFE no fueron "puntuales" y "marginales", sino que tuvieron un impacto decisivo y negativo, tanto la noche de la elección como los días posteriores a ella. Específicamente el comportamiento de Luis Carlos Ugalde el 2 de julio -aunado a la falta de información precisa sobre las "actas reservadas"- le abrió una rendija de oportunidad a López Obrador para cuestionar el profesionalismo y la imparcialidad del IFE. En una sola noche, y a golpes de inexperiencia y falta de preparación, el Consejo General minó una década de trabajo. No cabe duda que AMLO emprendió una cruzada equívoca contra la institución, pero nueve consejeros le proveyeron armas para hacerlo. Quizás el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no contempla la incompetencia como motivo para la remoción, pero debería.
Denisse Dresser, Reforma, 10 de septiembre.
4. La verdadera autonomía del IFE no depende de la inamovilidad de los consejeros, sino de los procesos a través de los cuales se les elige y las atribuciones que se les dan para fiscalizar y sancionar y contener tanto a los partidos como al Ejecutivo mismo. Hoy muchos hablan de la autonomía del IFE como si existiera, cuando para asegurarla y fortalecerla falta mucho por hacer. Que el IFE pueda establecer controversias constitucionales ante la Suprema Corte si otros poderes lo presionan. Que la fiscalización del IFE no quede en manos de quienes quisieran acorralarlo. La necesidad de una contraloría autónoma que no sea nombrada por los partidos. La necesidad de un mecanismo de integración para su consejo que garantice la pluralidad y la representatividad. Es allí donde está la verdadera batalla en favor de la autonomía del IFE; no en la defensa de sus consejeros sino en la remodelación de sus reglas y el apuntalamiento de sus atribuciones.
Denisse Dresser, Reforma, 10 de septiembre
A la vez, el presidente saliente del IFE, Luis Carlos Ugalde, penosamente ata su suerte a ese mutilado concepto de democracia. Antes que argumentar los propios hallazgos de su instituto (la impresionante cantidad de spots sin dueño que se promocionaron ilegalmente en el 2006), Ugalde prefiere defender en medios electrónicos su puesto y sus canonjías.
La resistencia de las televisoras ha provocado que en el Senado se reactive la discusión de la Ley de Radio y Televisión. Eso estimulará, sin duda, que la campaña de descrédito de los senadores tenga un realce. No es difícil. Muchos de los senadores, de todos los partidos, son indefendibles. Pero otra paradoja es que sean los concesionarios de los medios electrónicos quienes ahora se coloquen como adalides de la libertad de expresión.
Roberto Zamarripa, “Tolvanera”, Reforma, 10 de septiembre.
En el fondo se quiere imponer desde el Legislativo a un consejero presidente sometido a la voluntad de los partidos. Los nombres que se barajan para suceder a Ugalde están contaminados por la subordinación a las bancadas legislativas. La gravedad del asunto radica en el hecho de que los dos principales candidatos a presidir el IFE vienen del seno de la comisión que redactó la reforma y que estuvieron sometidos a las órdenes de los partidos:
Diego Valadés, que llenó de priistas el Instituto de Investigaciones Jurídicas, procurador camachista en el DF y procurador general salinista, miembro del grupo dominado por Jorge Carpizo McGregor y por tanto guardián de la constitucionalidad priista. Y Jorge Alcocer, duro oposicionista en la sesión de la CFE del 2 de julio de 1988 en defensa de Cuauhtémoc Cárdenas, subsecretario de Gobernación en el gobierno priista de Zedillo, luego asesor panista de la presidencia electa de Felipe Calderón.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 11 de septiembre.
Es decir, el próximo consejero presidente del IFE saldrá del grupo que promovió una reforma a su modo, a su medida, no atendiendo las necesidades de la democracia. Por tanto, la reforma electoral fue un fracaso democrático, aunque una victoria priista porque el PRI tendrá en 2012 una estructura electoral a la medida de sus necesidades.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 11 de septiembre.
La remoción autoritaria de los consejeros es otro asunto. El IFE ha sido uno de los pilares de la democracia mexicana. Su autonomía e independencia son indispensables (recordemos que nació precisamente quitándole poder al gobierno y a la clase política, para dárselo a los ciudadanos). El IFE es de los mexicanos, no de los partidos. Y mucho menos del gobierno.
Se entiende que, tras las elecciones del 2006, hubo un relativo deterioro de la imagen del IFE ante la opinión pública (que sin embargo, sigue siendo mucho mejor que la de los partidos; no digamos que la del Congreso, que pelea el último lugar con la policía). Se entiende que hubo, en esa coyuntura, un manejo bastante torpe de parte del consejero presidente (técnicamente intachable; políticamente rayano en la ineptitud). Se entiende, también, que hay agravios en los partidos, aunque la mayor parte de ellos sean inventados.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 11 de septiembre.
Una cosa es remover a los consejeros, otra, que sepan hacerse de lado, de manera escalonada (lo que significaría que no tienen cortedad de miras). Esto implica una salida institucional, aceptable para todos, en la que se descarte —o de perdida, se diluya— el móvil de la venganza. Una cosa es que al IFE le podría hacer bien una contraloría; otra, que sean los partidos quienes fiscalicen al fiscalizador, con la única finalidad de que no los fiscalice tan gacho. Omertà, le dicen a eso los mafiosos en Sicilia.
Los nudos —cada uno con intereses creados— se han multiplicado y resulta cada vez más difícil desatarlos.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 11 de septiembre
Esta defensa a ultranza de los miembros del Consejo General —que no del consejo mismo— muestra, no obstante su fortaleza y buen nombre, algunas debilidades difíciles de reconocer entre quienes han integrado esta suerte de grupo improvisado de caballeros post-modernos. Baste como ilustración de tales debilidades la adopción —en apariencia acrítica— del argumento de que la remoción de los consejeros implica la aceptación de las dudas sobre la legítima elección de Felipe Calderón como Presidente. Es decir, que estos intelectuales, en su afanosa defensa de la institucionalidad del IFE, aceptan quebrarla por la mitad al apoyar la idea de que fue Luis Carlos Ugalde quien hizo Presidente a Calderón y no los millones de electores que votamos el 2 de julio. Parece muy dudoso que cada uno de estos intelectuales pueda afirmar lo anterior. Tan dudoso, como sospechoso resulta que una parte importante de los que ahora defienden al defenestrado Ugalde han gozado en algún momento de las generosas mieles del presupuesto electoral.
José Sosa, Crónica, 11 de septiembre.
Luis Carlos Ugalde fue rey de la simpatía durante un par de semana. De pronto, literalmente de la nada comenzaron a brotarle cualidades que durante años permanecieron ocultas. Señores respetables, y otros no tanto, se pararon en la plaza pública a gritar que sin Ugalde al frente del IFE la democracia mexicana se desfondaría, que él es el alfiler que la sostiene. Vaya revelación. ¿Por qué si los consejeros hicieron un trabajo deslumbrante, la elección de 2006 salió tan mal? Algunas personas de buena fe comenzaron a ver a Ugalde con mejores ojos.
Pero lo que fácil viene, fácil se va. El carisma del consejero presidente se diluyó cuando se puso en el tapete de discusión lo relativo a la inversión en medios de los partidos políticos en campaña, y la intención de los legisladores de quitarse el yugo mediático que, elección tras elección, los deja a merced de los concesionarios.
Se dirá que son dos asuntos distintos. Para las televisoras son lo mismo. Lanzaron a sus voceros oficiosos, conocidos en el bajo mundo como líderes de opinión, para mandar a los promotores de la reforma, a través de Ugalde, el siguiente recado: más les vale no meterse con nuestro dinero. Las televisoras ya tienen presupuestados los recursos provenientes de las prerrogativas partidistas y no piensan ajustar a la baja sus planes de negocios. Afirman, sin sonrojarse, que es su estilo de defender la libertad de expresión. Que se atengan a las consecuencias quienes se atrevan a contradecirlos.
Juan Manuel Asai, “Códice”, Crónica, 11 de septiembre.
Hasta la tarde noche de ayer nadie conocía el texto definitivo del dictamen que será enviado al pleno del Senado de la República, pero ante los ojos de todos quedó exhibido un peculiar recuento de daños que provocó la discusión pública de esa reforma, y que va desde una guerra entre actores políticos y las televisoras, un conjunto de mentiras y medias verdades que dominaron el debate, y la ambición desmedida de académicos e “intelectuales” que a través de textos engañosos ya se formaban para buscar uno de los nueve cotizados lugares del nuevo Consejo General del IFE.
En el primer caso —el de la guerra de políticos con poderes fácticos como las televisoras y sindicatos como el SNTE—, quedó claro un fuerte rompimiento entre Televisa y TV Azteca con un influyente sector del PAN, especialmente con el senador Santiago Creel y con el ex senador Javier Corral. Esa guerra, según algunas voces enteradas, se podría extender incluso a gobiernos estatales, al Congreso mismo y, en el extremo, al gobierno de Felipe Calderón
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 11 de septiembre.
Pero acaso el fenómeno más peculiar de los exhibidos en la discusión de la reforma electoral es el de la participación interesada de un puñado de académicos “intelectuales” y opinadores —algunos incluso apoyados por sus medios y/o voceros partidistas— que repentinamente aplaudieron la reforma, justificaron lo injustificable y abiertamente se sumaron a las voces que pedían la guillotina para los actuales consejeros del IFE. Lo curioso es que esas voces interesadas ya están en las listas que se barajan para integrar el nuevo Consejo General del IFE. Y claro, pronto se conocerán y se podrá contrastar su activismo en la “opinocracia”, como la moteja Jorge Castañeda
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 11 de septiembre.
La catarata de críticas en contra de la reforma electoral que tiene como principal objetivo descabezar al Instituto Federal Electoral provocó que los antes inflexibles senadores suavizaran un poco su postura: ayer el ex secretario de Gobernación y hoy legislador panista, Diódoro Carrasco, anunció que la comisión que estudia los cambios decidió acortar a seis años el mandato del consejero presidente, y aumentar a 12 los otros seis, con lo que se abre una ventana para deshacerse de Luis Carlos Ugalde, pero no en el corto plazo, sino antes de 2009
“Binoculares”, El Gráfico, 11 de septiembre.
Terminar con la contradicción que significa que los controlados nombren a su contralor, no sólo en el IFE sino en otros organismos autónomos, no debiera ser visto como agresión contra su autonomía, sino como una necesaria corrección a un fenómeno residual. Ayer también se anunció que la propuesta para Contralor Interno del IFE no la harán los grupos parlamentarios, sino universidades públicas. La modificación resulta pertinente para despejar cualquier sombra de duda.
La reforma tampoco pretende, de manera alguna, vulnerar al IFE. Escalonar el nombramiento de los consejeros electorales, o incluso renovarlos por completo, no puede ser visto como una agresión ni a las personas ni a la institución. No fue visto así en 1994, tampoco en 1996. Antes y ahora las grandes reformas electorales pueden concluir en la necesidad de un cambio de guardia.
Es deseable que la decisión que finalmente adopte el Congreso combine los dos propósitos del escalonamiento: experiencia y renovación. Por lo pronto, las dudas se van despejando y la reforma electoral avanza, o al menos así parece.
Jorge Alcocer, Reforma, 11 de septiembre.
A poco más de un año de distancia, el mismo grupo de intelectuales (no me refiero a todos, sino a un núcleo principal) hace un nuevo pronunciamiento. Esta vez el contexto es la discusión que se da en el Poder Legislativo sobre una reforma electoral que prevé, además de cambios importantes en las funciones del IFE, la remoción de los consejeros electorales. Dentro de un análisis, que en mi opinión está plenamente justificado, sobre el papel de los intelectuales en el proceso de legitimación de Calderón Hinojosa, puede observarse una gran diferencia entre los dos comunicados. Ahora llaman más la atención las ausencias. No me refiero solamente a un cambio en el número de firmantes –ahora son sólo 45–, sino más bien a un aspecto cualitativo. Todos los científicos de las áreas exactas y naturales que firmaron el primer desplegado ya no están. Algunos escritores y artistas de peso abandonaron al grupo. Dos tercios de los abajo firmantes se ausentaron y en su lugar se incorporó a periodistas ligados abiertamente con las televisoras
Javier Flores, La Jornada, 12 de septiembre.
Sí, ya le están preparando a Luis Carlos Ugalde una “Secretaría de Asuntos sin Importancia” que seguramente manejará magistralmente, y es que eso nos deja entrever sus más recientes, insólitas y prepotentes declaraciones. Y como está muy agarrado de su silla y dice que nadie se la va a quitar, bueno, pues ya está, se lo llevan con todo y ella a su nueva Secretaría, ya que ni por “su arte de magia” se va a salvar de que le den cuello en el IFE.
Yazmín Alessandrini, “Circo Político”, Crónica, 12 de septiembre.
Sobre el mismo tema de la reforma electoral, ayer cuatro comisiones del Senado de la República (la de Puntos Constitucionales, Gobernación, Estudios Legislativos y de Radio y Televisión) decidieron "darle cuello" a Luis Carlos Ugalde 30 días después de que entre en vigor la reforma. Lo anterior significa que el susodicho "no va a cargar los peregrinos"; pero sí voy a alcanzar aguinaldo, podría responder el afectado.
De nada pues le sirvió al todavía consejero presidente del IFE su campaña mediática para defender "el hueso" argumentando que "la sociedad y la democracia lo necesitaban". Los que "se resbalaron" por este delicado asunto fueron los intelectuales que mediante declaraciones, entrevistas, reportajes, declaraciones y desplegados expresaron su "apoyo incondicional" al mencionado presidente y sus consejeritos.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 12 de septiembre.
En ese sentido, la pieza clave de la reforma estaría en la renovación del Consejo General del IFE. Pero con dos condiciones, difíciles de cumplir: que los tres partidos más poderosos estén dispuestos a refrendar el pacto que hicieron en 1996 para depositar la conducción de las instituciones electorales en árbitros imparciales e independientes, de talla propia, sin reparos ni mezquindades; y que la vuelta al consenso político electoral no se convierta en un hecho aislado, ajeno al funcionamiento del resto de las instituciones políticas del país.
De un lado, la renovación del Consejo del IFE tendría que darse de tal modo que no refleje, una vez más, las cuotas de poder asignado a cada partido (pues la suma de parcialidades encontradas no equivale a la imparcialidad), sino la voluntad franca de recomponer el arreglo político que se perdió en el camino. Y de otro, los dirigentes de los partidos tendrían que suscribir un acuerdo paralelo para no cifrar todo el futuro de México en las próximas elecciones. Si así fuera, ni siquiera los mejores árbitros electorales del mundo podrían contener el deterioro del sistema político en su conjunto
Mauricio Merino, El Universal, 12 de septiembre.
Las dudas que ha despertado el proceso no son injustificadas. El método utilizado para llevar adelante los cambios ha dado lugar a creer que, en lugar de un pacto político de mayor calado, lo que hay detrás de la renovación del Consejo del IFE puede ser, más bien, una prenda de cambio para ganar el voto del PRD y una oportunidad para construir un cuerpo colegiado con voceros confiables de cada partido.
Y si esta versión fuera correcta, no cabría abrigar ninguna esperanza de éxito, pues los mismos egoísmos que habrían llevado a la recomposición del consejo del IFE se volverían muy pronto en la causa de su fracaso: convertido en una caja de resonancia de los intereses y las disputas de los partidos, el Consejo General del IFE no podría funcionar de ninguna manera. Para operar bien, el IFE tiene que colocarse por encima de las simpatías de los partidos políticos, y ceñirse obstinadamente a las leyes y los principios que reclama la construcción de la democracia. Si eso no logra entenderse, el desastre institucional que vendrá no será más que una cuestión de tiempo
Mauricio Merino, El Universal, 12 de septiembre.
¿Y por qué decimos que saldrán casi todos los actuales consejeros del IFE”.
Muy fácil, porque el acuerdo al que llegaron los tres grandes partidos para decapitar al IFE, para someterlo a los partidos a través del Congreso, y para convertirlo en un árbitro que hará su trabajo bajo la permanente guillotina de que si no se doblega a los partidos les pasará lo mismo que al señor Ugalde, lleva incluida una negociación de reparto, en el que tres de los actuales consejeros, que le deberán su “chamba” al PAN, serán los únicos que terminarán la gestión para la que fueron seleccionados; es decir, terminarán en 2010
El artículo transitorio que acordaron PRI, PAN y PRD, y que hizo posible salvar la crisis del IFE, dice en su artículo cuarto: “La Cámara de Diputados procederá a integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral conforme a las siguientes bases: a) elegir a un nuevo consejero presidente, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2013; llegado el caso, el así nombrado podría ser reelecto por una sola vez, en los términos establecidos en el citado párrafo tercero del artículo 41 de esta Constitución”. Apartado b) “Elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este decreto, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y a tres que continuarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2010”.
Apartado c) “Elegirá dos nuevos consejeros electorales, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2016”. Apartado d) “A más tardar el 15 de agosto de 2008, elegirá a tres nuevos consejeros electorales que concluirán su mandato el 30 de octubre de 2013”. Si se revisa con cuidado, tres de los actuales consejeros terminarán el periodo para el que fueron electos. ¿Cuáles serán? Eso lo determinará la Cámara de Diputados, pero se sabe que esas tres posiciones ya fueron entregadas al PAN. Las restantes seis posiciones, incluido el presidente, se elegirán de manera paritaria, dos para cada uno de los grandes partidos
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 12 de septiembre.
Pero lo más grave del asunto es que el artículo cuarto transitorio, que tiene incluido el proyecto de dictamen que la tarde de ayer se difundió, tiene una laguna que no se sabe si es producto de un error técnico o que ni siquiera se hicieron bien las cuentas. El primero en salir será el consejero presidente. Luego, de entre los ocho restantes, tres concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y otros tres el 30 de octubre de 2010. Si se realiza una suma elemental, resulta que el transitorio sólo toma en cuenta a siete consejeros, para ser relevados desde la entrada en vigor del decreto hasta 2010. ¿Y los dos restantes? Nadie sabe. Una muestra de lo bien que se hizo la reforma
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 12 de septiembre.
Sin embargo es posible detectar, a lo largo de este debate, que tanto entre quienes defienden la preservación de los consejeros como entre quienes promueven su sustitución, hay varios puntos en los que coinciden en torno a la reforma.
A) Hay amplio acuerdo en la utilización exclusiva de los tiempos oficiales para la propaganda electoral. Incluso, muchos de quienes firmaron el desplegado en defensa de los consejeros del IFE se sintieron "usados" por los medios electrónicos para pegarle a la reforma electoral en general (aunque no se descarta que otros de los "abajofirmantes" hayan sido conscientes de que el desplegado le caería muy bien a los medios en los que colaboran).
B) La utilización exclusiva de los tiempos oficiales para la publicidad electoral debiera traducirse en una reducción proporcional en el financiamiento público que recibirán en adelante los partidos, lo que no está del todo claro bajo la fórmula propuesta para ello, pues los partidos podrían recuperar lo perdido en relativamente poco tiempo. Y se ve como un exceso que dicha fórmula quede inserta en la Constitución (con lo que difícilmente podrá ser modificada o ajustada en el futuro
C) Parece también haber coincidencia en que, más allá de la suerte de los consejeros electorales, si no cambia sustancialmente el procedimiento para su designación, poco se habrá ganado: que no se resolverá el problema de fondo. Por lo que consideran conveniente abrir el proceso a otros sectores sociales, que propongan candidatos a partir de un perfil legal más idóneo en el cumplimiento de sus funciones. Podría ser bueno que se incrementen los requisitos legales a favor de la ciudadanización y en detrimento de la partidización, para conferir a los consejeros mayores posibilidades de autonomía y reducir la discrecionalidad de los partidos en ese procedimiento.
D) Finalmente, también parece haber un fuerte rechazo en ambos bloques ciudadanos con respecto a la contraloría interna del IFE que los partidos pretenden designar, pues también afectaría sensiblemente la autonomía de la institución
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 12 de septiembre.
Que Luis Carlos Ugalde o cualquier otro consejero se vaya del IFE, como exige el PRD antes que ningún otro partido, no es cosa fácil. En la ley electoral no existe la figura de sustitución ni la de renuncia. Para darles salida hay que reformar la Constitución, lo que implica aquel procedimiento en que la propuesta debe discutirse en todos los estados del país
Frentes Políticos, Excélsior, 12 de septiembre.
Los partidos proponen la utilización exclusiva de los tiempos oficiales para la difusión de la publicidad electoral, pero también introducen otros aspectos que incrementan su eventual influencia sobre las instituciones autónomas (como el IFE), protegen sus elevados ingresos públicos, preservan su impunidad y eluden la transparencia. Por su parte, los consorcios mediáticos niegan que su oposición a la reforma sea por dinero y enarbolan otros temas, como la salida o no de los consejeros electorales del IFE, el "atentado" a la libertad de expresión, el excesivo financiamiento partidista y hasta las candidaturas independientes. En particular, el asunto de los consejeros ha dividido a los ciudadanos informados, analistas, periodistas, académicos y escritores. En torno a ello se han formado dos grandes bloques: quienes sostienen que la remoción anticipada de los consejeros dejará afectada la autonomía e imparcialidad al IFE y quienes piensan que los actuales consejeros no estuvieron a la altura de la elección pasada y por ello debieran ser sustituidos. Se podría detectar que, con excepciones, quienes están en el primer bloque dieron por válido el triunfo de Felipe Calderón y sienten que remover a los consejeros sería reconocer, en cierta medida, que hubo "fraude electoral" (como lo sugirió Luis Carlos Ugalde) o al menos que "algo estuvo mal" con el IFE. Quienes se han pronunciado por la remoción de los consejeros, mayoritariamente forman parte de quienes han puesto en duda la claridad y contundencia del triunfo de Calderón y aceptan que se sustituya a los consejeros porque creen que en efecto algo funcionó mal en el IFE (no necesariamente que haya habido un fraude monumental
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 12 de septiembre.
En el fragor de la revuelta de las cámaras y los micrófonos apenas se escuchó el crac que hizo el cuello del consejero presidente del IFE que sí había copelado (al 0.56 por ciento). Las bancadas legislativas involucradas en el caso acordaron la salida escalonada de los actuales miembros del Instituto del Fraude Electoral, con el profesor Elbo Esther Ugalde por delante. Nada garantiza que del venidero reparto partidista de cuotas en el IFE surja una composición confiable, pero por lo pronto es de justicia la destitución de los cómplices del 2 de julio de 2006, además de confirmar en los hechos la tesis sostenida por el propio Ugg Alde: su defenestración prueba el fraude electoral (se abre, desde luego, la temporada de caza de hueso súper bien pagado: intelectuales e intelectualas “independientes”, críticos amoldables y asesores varios se montan la escopeta de la redituable ecuanimidad para aspirar a las quincenas venideras del IFE).
Julio Hernández López, “Astillero”, La Jornada, 12 de septiembre.
Con la reforma en materia de propaganda en medios electrónicos pasó a segundo término lo que había sido el tema central de días recientes: la destitución de los consejeros electorales. A final de cuentas se hará por tercias y dentro de la primera irá el actual presidente del IFE: Luis Carlos Ugalde
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 12 de septiembre.
Y el presidente saliente del IFE, Luis Carlos Ugalde nos explica que se disciplina y nos expone su respeto a las decisiones de diputados y senadores, pero dice que se dañará la independencia y la autonomía del Instituto Federal Electoral. Dieron un paso grave, que afectará a la democracia.
El funcionario hace sentir que la única manera para que el IFE pueda regular con firmeza e imparcialidad a los partidos políticos y, eventualmente sancionarlos, es que los consejeros no “estemos sujetos a sus tiempos y estrategias políticas”.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 13 de septiembre.
La zanahoria del atentado contra la libertad de expresión resultó tan endeble como lo fue, en su momento, la defensa a la cabeza de Luis Carlos Ugalde, de quien ya casi nadie se acordó después de sus siete días de paladín de la independencia del IFE. Podrá haber simpatía o incondicionalidad por parte de algunos periodistas hacia las posturas de la CIRT, pero numeritos como los de anteayer dejan muy mal parada a la libertad de expresión que pretenden defender.
David Gutiérrez Fuentes, “Perro Mundo”, Crónica, 13 de septiembre.
Luis Carlos Ugalde se convirtió no en un símbolo para defender a la democracia y al IFE, sino en el pretexto para el contraataque de los medios, moneda de cambio para una reforma por otra. Pero el propio Ugalde se prestó a ello.
Es cierto que no es posible cambiar al titular de un organismo ciudadano sólo porque no cumple con las expectativas de un partido, tampoco como factor de la negociación, pero los hoyos de la ley lo permitieron.
Es como si en un partido de futbol, el equipo perdedor demanda correr al árbitro, sólo porque perdió. El fondo es otro.
Ugalde llegó con la marca de la maestra Elba Esther Gordillo y eso sumó las voluntades de los priistas con la de los perredistas, y todos éstos a las de un importante grupo de panistas.
El propio Ugalde perdió prestancia, seriedad, al afianzarse a un cargo que dadas las circunstancias, pudo haberse mostrado más republicano y haber renunciado en el momento en que se aprobó la reforma electoral.
Jesús Sánchez, “Recuento Político”, El Financiero, 13 de septiembre.
Quienes —por buenas y malas razones— se han opuesto a la sustitución del Consejo General del IFE están descubriendo muchas cosas (entre otras, el "hilo negro"). Descubrieron que el IFE es un órgano partidizado —desde 1994—, pues creían que era auténticamente ciudadanizado. La mayor expresión de esa partidización se dio justo en 2003, al ser designado el actual Consejo General, pero entonces los flamantes defensores de la autonomía del IFE no se percataron de ello. Y por eso ahora, cuando se dejan sentir los efectos de aquel atropello, se sorprenden. También están descubriendo que una reforma electoral se puede intercambiar por una reforma fiscal. Justo ese fue el origen del actual Consejo del IFE "ciudadano" (cosa distinta es que en aquel entonces el PRI no haya cumplido su parte del compromiso). Y también se percatan ahora de que el PAN puede comportarse pragmáticamente con respecto al IFE. Por lo cual llaman a los panistas "cobardes", "timoratos" o "inconsistentes". Piensan que el costo de aceptar la sustitución de los consejeros electorales les será muy elevado, que están cediendo al chantaje del PRI, están haciendo una concesión inaceptable al PRD y han sacrificado la democracia (y a su nuevo adalid, Luis Carlos Ugalde) por los cacahuates de una reforma fiscal light
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 14 de septiembre.
Al concluir su mandato el Consejo General, en 2003, tanto el PAN como el PRD veían conveniente la permanencia de algunos de los consejeros salientes, para así iniciar el escalonamiento, hoy tan celebrado por todos. Pero el PRI no estaba muy contento con los consejeros salientes (pues le habían asestado una multa de mil millones de pesos), por lo cual negoció con el PAN que ninguno de ellos se quedara. El PAN cedió de inmediato, pues en la mesa de negociación estaba también la reforma fiscal. Por eso Elba Esther Gordillo pidió nombrar al presidente del IFE y, originalmente, a tres consejeros (de ocho). Los panistas aceptaron poco después la propuesta del PRI de aprovechar la controversia con el PRD sobre preservar a algunos consejeros y repartirse su cuota de consejeros (le tocaban dos al sol azteca). Al PAN no le importó la pérdida del consenso del IFE ni su consecuente vulnerabilidad (que pudo evitar, pues hubo tiempo de sobra para ello cuando el PRD aceptó remover la traba que impedía el consenso). Al gobierno tampoco le preocupó demasiado ese golpe al IFE: estaba en juego la reforma fiscal (además, el excluido era su odiado PRD). De nuevo, el pragmatismo panista, en este caso contra la fortaleza y la credibilidad del IFE
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 14 de septiembre.
Y ahora, el PAN —y el propio Calderón— calcula un saldo positivo con la remoción del Ugalde, que sin duda pasará a la historia como mártir de la autonomía institucional. Es una ganancia para el PAN que muchos simplemente no ven (por lo cual es algo que amerita ser analizado con detalle). En suma, el blanquiazul, desde que empezó a aproximarse al poder, ha demostrado ser tan pragmático como los demás partidos (aunque, es cierto, no siempre con buen tino). Pero, por eso mismo, se impone la necesidad de imprimir en el IFE una auténtica ciudadanización, no porque ahora la haya perdido, sino porque nunca la ha tenido, aunque muchos apenas se estén percatando de eso
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 14 de septiembre.
El presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, continuó también con su inútil cruzada en contra de la reforma electoral en lo concerniente al relevo anticipado de consejeros. “La remoción sin causa legal u objetiva sienta un mal precedente para la independencia, no sólo del IFE, sino de las instituciones del país”, dijo
Una actitud muy distinta asumió el también consejero del IFE Marco Antonio Gómez Alcántar, quien puso su cargo a disposición del Congreso, pues aseguró que si las nuevas reglas electorales requieren otro perfil profesional, él puede retirarse cuando se requiera
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 14 de septiembre.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral no fueron simples “cómplices” del fraude, como ahora se pretende (que se limitaron a proteger a los mapaches el día del voto, a tolerar la intervención del gobierno foxista con todos sus recursos en la campaña de Acción Nacional, y a permitir el dinero sucio en la gira de Calderón y la propaganda negra en los medios), sino artífices del mismo (que falsificaron las cifras y revirtieron los resultados), por lo que su remoción no basta para establecer un Estado de derecho. Sería necesario procesarlos, traducir a Vicente Fox ante un juez y destituir y procesar a Calderón y a sus cómplices, para iniciar un proceso que revierta la situación
Luis Javier Garrido, La Jornada, 14 de septiembre.
Que el presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, tuvo lo que al parecer fue su última “victoria”, al lograr que sus compañeros del Consejo General lo acompañaran en la grabación de un video para los trabajadores de ese instituto, que se transmitirá vía satélite a todas las juntas distritales y locales este viernes, a la una de tarde.
“Trascendió”, Milenio, 14 de septiembre.
PUESTA ya la mesa para la reforma electoral, alguien debería tener cuidado con las formas del relevo en el IFE, pues se está incubando el huevo de la serpiente.
Y ES QUE hasta ahora no queda claro cuál será el criterio para seleccionar a los seis consejeros electorales que permanecerán en sus puestos, una vez que se hayan ido Luis Carlos Ugalde y otros dos de sus muchachos.
AL NO HABER un procedimiento establecido, la decisión se dejará al método científico de "quién da más por quedarse con su hueso", lo que en otras palabras significa que los consejeros buscarán hacer puntos para congraciarse con los partidos y seguir en el IFE.
Y AHÍ es donde radica el peligro, pues ya parece que justo ahora que se investiga el misterioso caso de los 280 mil spots fantasma, alguno de los consejeros que quieren conservar la chamba se va a atrever a meter en cintura a los partidos.
ASÍ QUE más vale que se apuren a definir las reglas del relevo, para ir evitando tentaciones.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 14 de septiembre.
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