Consignamos aquí 55 comentarios, 5.75% de 957, que se refieren al contenido electoral. Podrá observarse que algunos columnistas y articulistas optan por enumerar lo que, a su parecer, es relevante; un aspecto que facilita la lectura de estos espacios. Se alude particularmente a la prohibición de las “campañas negras”: un hecho que se felicita por algunos y causa preoupación en otros: ¿cómo se determinarán las campañas negras? Asimismo, se reflexiona sobre las dificultades de que la reforma electoral de fondo, toda vez que PRI, PAN y PRD no modificarán las reglas que los benefician. Además, aunque es un tema aparte en este seguimiento, una parte de los comentarios soslaya la remoción de los actuales consejeros electorales, con Luis Carlos Ugalde a la cabeza, como una revancha política.
Pero si bien el tema central tiene que ver con la clase y los partidos políticos, hay dos condiciones fundamentales que determinarán el resultado de este proceso:
En primer lugar, la construcción de la reforma electoral debe ser incluyente. Es decir, sus conclusiones deben abrir aún más el sistema electoral a la participación ciudadana y política. Es preciso rechazar las tendencias a la exclusión y al fortalecimiento de la partidocracia. Nuestro país es plural y diverso, para representarlo debemos prestarnos oídos serios.
En segundo lugar debemos basarnos en la confianza de los actores y participantes. Todos debemos reconocer, de antemano, que en las elecciones se gana y se pierde. No puede ser aceptable la noción de que cada vez que hay perdedores, debe haber revancha contra el sistema electoral y sus mecanismos, junto con las consabidas acusaciones de “elección de Estado”. Una verdadera cultura democrática es una en la que los perdedores saben aceptar su derrota.
Luciano Pascoe, Crónica, 8 de julio.
Hasta el momento, gran parte de la atención en el debate sobre la reforma del Estado la concentra la naturaleza, misión y perfil que debe asumir el mismo Estado. Sin embargo, queda la gran duda de quiénes y cómo asumirán la nueva naturaleza de las reglas políticas. La calidad y consistencia de la ciudadanía es tanto o más importante que el mismo proceso de reforma institucional. En efecto, será la sociedad la que ponga en práctica o no las nuevas reglas, mismas que fueron impulsadas por la intensa dinámica de movilización de organizaciones, opinión pública, medios de comunicación, entre otros, cuyos puntos de vista y propuestas ahora requieren ser incorporados.
La gran prueba en el proceso de reforma del Estado será dotar a la muy compleja negociación de una legitimidad indispensable que la acompañe durante toda la jornada para que desde el inicio la viabilidad de los acuerdos sea de tal consistencia que apunte hacia la necesaria mudanza de régimen político
Javier Oliva Posada, La Jornada, 9 de julio.
A propósito de la discusión de la reforma del Estado en México, en la cual se incluye el capítulo de la reforma electoral, y a la luz del desenlace de los comicios presidenciales del año pasado, es pertinente preguntarnos qué hace falta modificar de nuestro marco jurídico e institucional para ampliar las condiciones de aceptabilidad de la derrota —lo cual no quiere decir que en lo sucesivo todo perdedor se avenga a reconocer sin más que no ganó sobre todo si es por un estrecho margen de votos—. En particular, habrá que llamar la atención acerca de las acciones que pueden alterar la competencia y que en nuestro pasado inmediato fueron invocadas como “causales” de nulidad de la elección, esto es, que no contribuyeron a la aceptación de la derrota por parte de la segunda fuerza política. Me refiero en particular a la intervención de terceros en las campañas electorales —el presidente y la cúpula empresarial.
Ciro Murayama, Crónica, 20 de julio.
Legisladores de oposición, incluidos los del PRI, plantean también la urgencia de una reforma electoral, dado que cada proceso en esta materia corrobora que las reglas están rebasadas y se usan a conveniencia de quien tiene mayores recursos económicos y de movilización ciudadana para llevar agua a su molino.
Alejandro Ramos Esquivel, “Redes de Poder”, El Financiero, 9 de agosto.
La reforma electoral difícilmente será de fondo. El PRI y el PAN jamás aceptarán modificar reglas que los beneficien. El financiamiento no será tocado. ¿Van a empobrecerse en aras de una mejor democracia? La respuesta es no. Tampoco habrá modificaciones serias en el tema de medios de comunicación. No van a ir contra los poderes fácticos.
"Los únicos que están jodidos con las reglas actuales son los perredistas. Si no modifican la forma de financiamiento, van a ir en gran desventaja a las intermedias de 2009", puntualiza el consejero.
El Frente Amplio Progresista quiere una Comisión de la Verdad para documentar lo que realmente ocurrió antes y durante el proceso electoral del 2 de julio de 2006 y evitar que la documentación sea destruida. El veredicto del TEPJF no les es suficiente.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 10 de agosto.
Aun antes del escándalo en el Tribunal Electoral, la actuación equívoca y torpe del Consejo General y del presidente del IFE durante el proceso electoral pasado, abrió las puertas para que se pueda llevar a cabo en la actual coyuntura una reforma electoral por todas las razones equivocadas. En vez de llevar adelante las propuestas legítimas y necesarias para modernizar el sistema electoral de 1996, la reforma de las instituciones (del IFE y ahora tal vez también del Tribunal) está motivada por revanchas políticas y ajustes de cuenta.
Esto es lo que motiva las recurrentes amenazas de la remoción (por la vía de la reforma legal) de los Consejeros Electorales; algo que está más ligado con los resabios de la lucha entre grupos antagónicos al interior del PRI desde la Legislatura anterior que a una visión objetiva de cómo fortalecer y mejorar al sistema electoral. (En el PRD la lógica no es tan distinta, pues ahora la facción dominante dentro del grupo parlamentario actual es la misma que perdió en las negociaciones por el IFE dentro de la Legislatura anterior).
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 13 de agosto.
En el tema político-electoral, están en debate dos cosas: medios y consejo general del IFE. Con respecto a la primera, el PRD (que en forma privada está participando en las negociaciones) ha colocado en el centro de sus intereses que no haya publicidad electoral en los medios electrónicos, salvo aquella que se difunda a través de los tiempos oficiales. Ha decidido no moverse un milímetro de esa propuesta que, al menos de palabra, es apoyada, aunque no con el mismo entusiasmo, por el PRI. En realidad, la propuesta de cero publicidad es muy poco viable y puede terminar siendo contraproducente: con la forma en que se manejan los recursos en nuestras campañas electorales, puede acabar ocasionando un manejo mucho más intenso que ahora de recursos negros, encubiertos. La propuesta que parece abrirse paso y el PRI podría apoyar es que se estableciera un porcentaje de las prerrogativas que reciben los partidos destinada a la compra de publicidad, que podría ser la mitad o un tercio, y la contratación podría realizarse a través de la institución electoral, para tener un control mucho mayor de todo el proceso. El problema es que el perredismo no parece estar dispuesto a ceder en ese punto. Ello porque, en el tema electoral, el PRD parece estar, como en el resto de la agenda, simplemente a la defensiva y buscando respuesta a sus quejas, ficticias o reales, del pasado proceso comicial. No es la primera vez que le ocurre: en 1989-90 tuvieron en sus manos una ambiciosa reforma electoral de la que participaron durante todo el proceso de negociación y, a última hora, decidieron darle la espalda argumentando la ilegitimidad de la elección de 1988. La reforma salió adelante y fortaleció la posición del PAN y los acuerdos estratégicos de éste con el PRI. En la siguiente elección intermedia, el derrumbe del perredismo fue absoluto. Ahora, en casi todos los espacios (incluidos los resultados electorales) parece estar ocurriendo exactamente lo mismo
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 13 de agosto.
Una reforma electoral que establezca procesos electorales mucho menos costosos y derrochadores, con nuevas reglas para el cálculo, distribución y fiscalización del financiamiento público; regulación de precampañas, reducción de periodos de campaña; reordenación de calendarios electorales locales; solamente tiempos oficiales en televisión y radio para los mensajes partidistas durante los periodos de campaña, es decir, prohibición de la contratación pagada en medios con tales propósitos (y prohibición de la propaganda de obras y programas de gobierno en todo tiempo); reglas para elevar la calidad del debate político. Decir no a la centralista, y oportunista, propuesta de convertir al IFE en Instituto Nacional de Elecciones.
Por supuesto, la ciudadanización de la política: que los partidos dejen de tener el monopolio de la presentación de candidatos a puestos de elección popular, a la vez que tengan una auténtica democracia en su vida interna y mayor transparencia en su manejo.
Ah, y un Informe Presidencial que no sirva de pretexto a grupos interesados para desestabilizar la vida política del país.
Juan José Huerta, Crónica, 17 de agosto.
Pero un punto fundamental que es el que podría despertar el mayor interés del PRD, es el que se refiere a establecer que el recuento de voto por voto se lleve a cabo de oficio, cuando el número de votos nulos sea mayor que la diferencia entre ganador y perdedor.
Si la Subcomisión Redactora de la reforma, que encabeza el senador perredista, René Arce, incluye este punto en la iniciativa, la demanda de “voto por voto, casilla por casilla” dejará de ser un eslogan de post campaña para convertirse en una figura reglamentada.
Parece haber consenso en estos puntos y en otros, como el reducir los gastos de campañas, regular las precampañas, dejar en el órgano electoral la facultad exclusiva para contratar publicidad en medios electrónicos y ceder a los partidos y candidatos en forma equitativa los tiempos oficiales de radio y televisión.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 25 de agosto.
Pero hay puntos que aún se negocian, como la reducción de las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos y el adelgazamiento de la burocracia electoral a nivel nacional.
El PRI propone la desaparición del IFE y de todos los órganos electorales estatales y la creación de un Instituto Nacional de Elecciones que se encargue de organizar los comicios a nivel local y federal.
El aparato burocrático electoral en el país es monstruoso. Además del IFE, que tiene un Consejo General y 32 juntas locales en cada una de las entidades federativas, existen 32 institutos electorales estatales.
Existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con su sala superior y cinco salas regionales en diversos puntos de la República y 32 tribunales electorales en cada una de las entidades.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 25 de agosto.
¿Cuál reforma electoral? Es urgente volver a crear condiciones de equidad en la competencia con un nuevo esquema de financiamiento y medios, y profundizar la autonomía ciudadana de los árbitros de la contienda. La clase política está obligada con los ciudadanos a cambiar el modelo político-electoral, regenerar las instituciones para recuperar su dimensión ciudadana y solucionar la ruptura del pacto político que lastimó las condiciones de equidad en la competencia en 2006. Se necesita una reforma de fondo que ponga por delante los intereses de los mandantes de la democracia, los ciudadanos. En suma, se necesita cerrar el ciclo de malestar e impunidad que nos dejó la pasada sucesión presidencial
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 28 de agosto.
Parecería que, aunque algunos cambios van en serio, el proyecto de renovación apunta a esas dos cuestiones: por un lado, la renovación escalonada del Consejo General del Instituto y, por el otro, la cuestión de las campañas, donde se pretende poner una serie de candados sobre todo en materia de las restricciones de tiempos oficiales y el de la transformación de la credencial electoral en la cédula de identidad y que el padrón del IFE pase a ser responsabilidad del INEGI. Pero, insisto, ¿por qué no otorgar de una buena vez al IFE las herramientas necesarias para castigar a los responsables de los delitos electorales que no necesariamente pertenecen al terreno de lo penal, pero le urgen a la autoridad comicial de nuestro país? Y aunque en esta búsqueda de darle nuevos aires a ese Instituto, en la que hay más puntos de acercamiento entre los partidos (y más posibilidades futuras de solicitar el recuento de votos y de anular los resultados por casilla), lo cierto es que esta reforma electoral se queda en una “despuntadita” y no en un cambio de look radical (o en un extreme makover) para nuestro sistema político y electoral. Pero, bueno, dicen que por algo se empieza
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 28 de agosto.
Recuento voto por voto y casilla por casilla cuando la diferencia entre el ganador y el segundo lugar sea inferior a un punto porcentual (no se olvide que a Calderón se le dio el triunfo oficial con una diferencia de votos de 0.56%); sanciones, hoy inexistentes, a funcionarios públicos o grupos de poder que promuevan a cualquier candidato; topes del gasto en medios de comunicación y exclusividad de la autoridad electoral para la contratación de propaganda; y relevo escalonado de los consejeros del IFE son, entre otros, los puntos relevantes de esta reforma electoral. Disposiciones expresas para evitar que se vuelva a hacer todo lo que se le hizo a Obrador
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran angular”, El Gráfico, 29 de agosto.
Mientras eso avanza, para esta tarde podría estar lista la propuesta de reforma electoral que gira sobre tres ejes:
1. Que el financiamiento del IFE a los partidos sea cien por ciento proporcional a los votos, en la actualidad es 70-30;
2. Que se faciliten las coaliciones y candidaturas comunes, pero que los partidos chicos prueben sus votos para demostrar el dos por ciento de subsistencia o que suban la barrera al cinco, para que no sigan viviendo como rémoras;
3. Que en la reforma del IFE se de el relevo escalonado de cinco o seis consejeros ciudadanos, que habrían de renunciar voluntariamente, para lo que no se ve espacio, sobre todo después de la declaración de su presidente, Luis Carlos Ugalde, quien advirtió a ocho columnas que “jamás” renunciará, por lo que esta parte habría que llevarla a reforma constitucional para que los consejeros no se amparen.
Dentro de este apartado se propone que el Registro Federal de Electores salga del IFE y la credencial de elector se sustituya por una Cédula Única de Identificación, aunque no se ha resuelto de quién dependería, el gobierno la quiere, lo que rechaza la oposición, porque con esa cédula se llevarían también los planes gubernamentales de asistencia social, y lo ven como un regalo electoral para el panismo.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 29 de agosto.
La reforma electoral es el tema donde más iniciativas legislativas se han acumulado y donde aparecen más propuestas de los partidos, lo cual es comprensible dada la trascendencia del tema y el hecho de que la última reforma electoral importante data de hace más de diez años.
Lejos de una especulación mediática que se centra en guillotinas y defenestraciones, lo que ha habido en los intercambios bipartidistas y multipartidistas en el seno del Congreso general es un intenso esfuerzo de diálogo constructivo, en el que han participado todos los actores interesados: líderes parlamentarios, dirigentes de los partidos, expertos de la academia, etcétera. El resultado inicial es el documento síntesis que presentó el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) —asesor de la presidencia ejecutiva— y que resume y articula los temas en los que existe el mayor consenso y las mayores convergencias de los actores.
¿Qué temas son éstos? Precampañas, duración de campañas, costo de las campañas, equidad, acceso de partidos y candidatos a los medios de comunicación y coaliciones electorales. También nuevas facultades del órgano que organiza las elecciones, especialmente en materia de fiscalización y sanciones oportunas, y homologación del calendario electoral. Para ello, en el documento se contempla un conjunto de propuestas de reforma en cuyo centro se encuentran los cambios al artículo 41 constitucional (que es el que establece el modo y los tiempos en que se renuevan los poderes Legislativo y Ejecutivo, al IFE como órgano que organiza y regula las elecciones, y los derechos y obligaciones de los partidos políticos).
En el tema de coaliciones, la propuesta es que éstas se flexibilicen, que sea más fácil conformarlas; sin embargo, ahora cada partido coaligado iría con su emblema, de modo que al final de la elección el público pueda saber con transparencia cuál es el grado de penetración de cada fuerza política (como existe, por lo demás, en casi todos los países con sistemas multipartidistas).
Otro tema es el de la repartición del financiamiento a los partidos, hasta ahora prevalece la fórmula 30/70; esto es, 30% de financiamiento público parejo y 70 de acuerdo con los porcentajes electorales obtenidos. La propuesta es que en el futuro todo el financiamiento se determine en función de los porcentajes de votación de cada partido, o al menos que se reduzca el monto común, buscando mayor equidad.
Diódoro Carrasco, Milenio, 30 de agosto.
La reforma sí incorpora propuestas que van en la dirección correcta, como las muy necesarias medidas para evitar el dispendioso gasto electoral en este país, que termina, en un porcentaje muy alto, en la radio y televisión privadas:
Reducción de 50 por ciento de los gastos de campaña presidencial, y de 70 por ciento los de campaña de diputados y senadores, con reglas de transparencia y rendición de cuentas.
Que el financiamiento se determine en función de los porcentajes de votación de cada partido.
Reducir los tiempos de campaña presidencial de 150 a 90 días, y las precampañas a 60 días.
Reducción de los tiempos de campaña de diputados y senadores a 45 días, y las precampañas igual, 45 días.
Restricciones en los gastos de propaganda electoral en radio y televisión, con preferencia para utilizar los llamados “tiempos oficiales”.
Centralizar dichas contrataciones a través del órgano electoral responsable.
Que los partidos políticos, agrupaciones políticas y coaliciones sean sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.
Además:
Posibilidad de homologar, unir lo más posible, los calendarios electorales en toda la República.
Establecer sanciones para la infracción a la norma, ya incluida en la legislación electoral, que impide a terceros la difusión en radio y televisión de mensajes publicitarios a favor o en contra de cualquier partido o candidato a puesto de elección popular.
Que sea más fácil conformar las coaliciones de partidos, con transparencia del grado de penetración de cada uno.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.
También:
Normas para evitar la promoción personal de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, disfrazada de propaganda institucional de obras o programas de gobiernos.
Este último punto sería ya un avance en relación a la situación actual, donde vemos que con la mayor impunidad gobernantes, legisladores, presidentes municipales, de todos los partidos, gastan en conjunto muchos miles de millones de pesos del erario público en propaganda de sus actividades, disfrazada de “comunicación social” y de difusión de la obra pública, con beneficios muy importantes para los medios de comunicación. Habría que insistir en el objetivo de prohibición absoluta, en todo tiempo no sólo en las campañas, de tal tipo de propaganda “institucional”, incluida la del Poder Judicial.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.
La reforma se hace cargo de otros problemas hasta ahora no atendidos. Por ejemplo, desde la propia Constitución se limitará la publicidad de los gobiernos durante los periodos electorales y se habla de la prohibición de que aparezcan en radio y TV la voz o la imagen de funcionarios públicos, para cerrar el paso a la promoción individual escudada en difusión de obra pública.
En lo que se refiere a los ingresos de los partidos, se reconoce la preeminencia del financiamiento público —evitando así que la dependencia económica de los partidos frente a grupos privados de poder acabe lesionándoles como entidades de interés público—, pero se reducen los montos que recibirán, atándolos al crecimiento del padrón electoral —y ya no, como ahora sucede, al número de partidos existente—. Se enmienda, también, el desacierto vigente que otorga el doble de financiamiento público para campañas federales con independencia de si se renuevan a la vez la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados o sólo esta última —hubo años como 1997 y 2003 donde distintos partidos recibían por “financiamiento para gastos de campaña” montos superiores a los que permitían erogar los “topes para gastos de campaña”—. Resulta de agradecer que se reduzca el tiempo de duración de las campañas políticas y se reglamenten las precampañas. Además, frente al modelo de “dejar hacer, dejar pasar” en las injurias y descalificaciones entre actores políticos, se dota a la autoridad electoral de las atribuciones para encauzar campañas de mejor calidad.
Ciro Murayama, Crónica, 31 de agosto.
También es loable que se acabe con el reparto de votos desde un escritorio que permiten las actuales coaliciones y se obligue a cada partido a ir con su emblema en la boleta para que sean los ciudadanos y sólo ellos los que digan cuántos votos corresponden a cada fuerza política. La reforma no es perfecta y tiene algunos problemas, como la pretensión de complicar la llegada de nuevas opciones a través del incremento de los requisitos para formar partidos.
En materia de justicia electoral, se ha apuntado que las salas regionales del Tribunal operarán de manera permanente y que se especificarán las causas en que puede anularse la elección presidencial, restando dosis de discrecionalidad a la decisión más relevante que tienen en su encargo los jueces electorales.
Ciro Murayama, Crónica, 31 de agosto.
Aunque es lo más sonado la remoción escalonada de los consejeros del IFE, la reforma electoral planteada ayer sin duda es mucho más ambiciosa y creo que muy buena.
Como ya está consensada, se estima que será turnada express a comisiones y quizá votada, ya en el pleno, la próxima semana.
¿Qué más integra? Bueno, es larga, pero citemos algunas cosas interesantes:
—Que la publicidad en medios se contratará a través del IFE (el nuevo, claro).
—Que terceros (como el Consejo Coordinador Empresarial) no podrán comprar anuncios con fines electorales.
—Una revisión de las prerrogativas
—Por fin: ¡reducción de los tiempos de campañas!
—Candados a las precampañas.
—Revisión de los casos cuando se amerite reconteo de votos.
Y claro, ausencia de autocrítica de los partidos de que deberían gastar mucho menos.
Katia D’Artigues “Campos Elíseos”, El Universal, 31 de agosto.
Sin embargo, también aparecen propuestas poco claras en temas neurálgicos. En el financiamiento a los partidos políticos, por ejemplo, el mayor clamor social para un cambio electoral, no queda claro si con la nueva fórmula que propone la iniciativa para asignar las prerrogativas a las fuerzas políticas, se reducirán significativamente los montos del financiamiento público a todos los partidos, o si en algunos casos, incluso puede incrementarse.
En ese tema, hay una propuesta para revisar. El presupuesto para las llamadas “actividades específicas” que se da a los partidos se propone entregárselos por adelantado, antes de que presenten siquiera una programación de esas actividades, cuando en el actual Cofipe, ese dinero sólo se entrega a los partidos una vez que ya realizaron las “actividades específicas” y que entregan la comprobación escrita de su realización
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 31 de agosto.
Otro tema que causará debate es la propuesta de que el Congreso designe a un contralor del IFE. La idea parece en contra de la autonomía que la Constitución concede al instituto y podría ser una intromisión de los partidos, porque las funciones y facultades sancionatorias que ese contralor tendría sobre los consejeros del IFE, lo asemejan más a una figura de control desde las Cámaras, que de vigilancia y fiscalización a consejeros.
¿Cómo justificarán que los regulados por el IFE se conviertan en reguladores del árbitro a través del contralor que elegirán y darán funciones casi persecutorias?
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 31 de agosto.
La propuesta de crear un Órgano Técnico de Consejo General, que sustituirá a la Comisión de Fiscalización, además de la desaparición del resto de las Comisiones del Consejo para formar “direcciones”, apuntan al debilitamiento de la figura de los consejeros ciudadanos, creada en la reforma de '96’.
Porque las nuevas “direcciones” estarían ahora a cargo de directores surgidos del Servicio Profesional Electoral que serían inamovibles y crearían, en los hechos, una estructura de poder y de decisión paralelas a la del Consejo General
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 31 de agosto.
Finalmente está el tema más polémico: la remoción escalonada de los consejeros del IFE. Aunque no se fijaron tiempos ni calendarios para la salida de los funcionarios, está claro que cuando se dictamine o, incluso, hasta que se vote en el pleno la iniciativa de reforma electoral, surgirá de último momento un “artículo transitorio” que dispondrá los tiempos para el relevo, en una maniobra que, por ahora, buscó quitarle presión a la salida de los actuales consejeros
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 31 de agosto.
La reforma electoral implicará una transformación profunda del IFE y, en ese sentido, sustituirá a los actuales consejeros electorales. Una renovación escalonada también se aplicará en el caso de los magistrados del Tribunal Electoral. Regulará precampañas y reducirá tiempos de campañas; prohibirá propaganda negra y pondrá topes a la publicidad en radio y TV; formalizará el recuento voto por voto cuando la diferencia del candidato ganador y del segundo lugar es de menos de 1% de los votos y explicitará casos de nulidad de la elección presidencial
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran Angular”, El Gráfico, 31 de agosto.
De una primera aproximación cabe resaltar que la propuesta incluye un buen número de modificaciones importantes, como el acortamiento de las campañas presidenciales y federales intermedias, así como la regulación de los tiempos de precampañas; la estimada reducción en un 50% del costo de las campañas, como efecto de su menor duración; cambios en el mecanismo de financiamiento y aportaciones; el reforzamiento de las facultades de fiscalización del IFE mediante la eliminación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal para acceder a las cuentas de los partidos; el establecimiento de un sistema de renovación escalonada para los consejeros del IFE y la ampliación de su encargo a 9 años; la prohibición para que agrupaciones gremiales formen partidos políticos; la elevación del número mínimo de militantes requeridos para formar y conservar el registro de un partido político, así como la obligación de devolver contribuciones en caso de perderlo, entre otras.
Verónica Ortiz Ortega, Crónica, 1º de septiembre.
Que hoy será un domingo de intensas negociaciones a puerta cerrada, y presiones al por mayor, pues mañana se deberán convertir en propuestas concretas los tres propósitos fundamentales del proyecto de reforma electoral:
“En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad” (dedicada a los medios de comunicación).
“En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad” (dedicada al presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, a los demás consejeros del instituto, y también a los integrantes del Tribunal Electoral).
“En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas electorales, no usar el cargo que ostentan en beneficio de la promoción de sus ambiciones” (dedicado a Felipe Calderón, Marcelo Ebrard, Enrique Peña Nieto, Eduardo Bours, Natividad González Parás, etcétera).
Hoy se juegan millones y millones de pesos.
“Trascendió”, Milenio, 2 de septiembre.
Otro aspecto que convendría tener en cuenta es la gran desproporción existente, con la fórmula en vigor, entre lo asignado a los partidos más votados en relación con los menos votados, lo cual se acentuaría con las nuevas disposiciones. Es correcto privilegiar a quienes reciben más sufragios, pero ¿por qué las distancias han de ser abismales?
Habida cuenta de la percepción que la sociedad tiene sobre los partidos como grandes succionadores de recursos del erario, sería pertinente que, antes de votar las modificaciones constitucionales, el Congreso de la Unión revisitara el tema del financiamiento y redujera aún más tales montos. En el rubro de campaña, por ejemplo, si se evita el gasto en medios electrónicos, la disminución podría ser mayor del 50 por ciento teniendo presente que a ese destino va alrededor del 70 por ciento del financiamiento público. Además, importaría repensar si debe mantenerse la posibilidad de aportaciones privadas a los partidos. ¿No sería más prudente eliminarlas? En la iniciativa en proceso se fija un máximo de 10 por ciento de la última campaña presidencial respecto del año de que se trate. ¿De verdad no podrían los partidos prescindir de ese porcentaje? ¿Por qué mantener un resquicio por donde puede entrar dinero ilegal (como ya ha ocurrido anteriormente) y mantener vivo el riesgo de que lleguen a las campañas recursos provenientes del narcotráfico?
Eduardo Huchim, Reforma, 3 de septiembre.
La iniciativa en estudio ofrece un panorama de claroscuros. En la parte luminosa destacan dos hechos: rango constitucional a la prohibición de propaganda negativa -restricción que ya existe, pero en la ley secundaria- y la posibilidad de que las autoridades electorales sancionen no sólo a partidos y agrupaciones políticas, sino también a "personas físicas o morales, nacionales o extranjeras". En la parte obscura destacan la falta de sanciones severas a los infractores en materia de dinero, la determinación de que los partidos son "el único medio" para acceder al poder público -lo cual cierra la posibilidad de candidaturas no partidarias-, la limitación al TEPJF para declarar la nulidad de una elección y la restricción a los derechos del militante implícita en la obligatoriedad de agotar las instancias internas antes de acudir a las jurisdiccionales. Y entre los pendientes figura, además de lo relativo a los medios electrónicos, el gran tema de las precampañas.
Si -y sólo si- el Congreso confirma los segmentos luminosos e ilumina las zonas hoy obscuras, habrá una reforma electoral no sólo importante sino de notable trascendencia para el desarrollo de nuestra democracia.
Eduardo Huchim, Reforma, 3 de septiembre.
De acuerdo con la propuesta de reforma electoral que modificaría los artículos 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134 de nuestra Constitución Política —y cuya discusión fue suspendida ayer en el Senado—, hay algunos puntos que, a primera vista, podrían resultar positivos. Revisemos:
-Disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales, 70% en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y 50% en el caso del Poder Ejecutivo y las dos cámaras del Congreso de la Unión. En números redondos: con la reforma aprobada, cada ciudadano inscrito en el padrón aportaría, anualmente, 35 pesos con 40 centavos.
-Reducción hasta de 85% en el monto absoluto que reciben los partidos por financiamiento privado. -Acortar las campañas presidenciales casi a la mitad, de 186 a 90 días, plazo máximo que también se fijaría para las de senadores y diputados en ese mismo año; para las elecciones intermedias, con la renovación exclusiva de la Cámara de Diputados, las campañas tendrán una duración de 45 días.
Hasta aquí parecería haber un acuerdo aprobatorio casi generalizado.
Marca la propuesta: "Fortalecer la autonomía del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Proponemos la renovación escalonada de consejeros y de magistrados electorales. Combinar renovación y experiencia ha dado resultados positivos en otros órganos públicos colegiados".
En la propuesta original nada se menciona de que los actuales nueve consejeros del IFE, encabezados por Ugalde, deberán salir, aunque es un propósito que será puesto en la mesa de negociación, ya con el beneplácito presidencial, para llevarlos a la piedra de los sacrificios.
Sobre este punto, con sus jaloneos y golpes bajos, parecería también que no se presentan resistencias.
Martín Moreno, “Archivos del Poder”, Excélsior, 4 de septiembre.
Entonces llegan los riesgos.
En la propuesta al artículo 41 constitucional, fracción III, párrafo segundo, se establece: "Queda prohibida la propaganda política o electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas".
Es decir: no a los ataques entre candidatos, a campañas negras o críticas que sean consideradas por la autoridad electoral como "denigrantes" hacia la persona de cualquier contendiente. Borrar su pasado. Prohibido cuestionarlos. Un país sin memoria. Que los mexicanos no se enteren de lo que hicieron o de lo que dejaron de hacer. La censura, pues.
¿Bajo qué criterio la autoridad dictaminaría qué es denigrante o no para algún candidato? ¿Cuál sería el parámetro profesional o moral para medirlo? ¿Cómo se clasificarían los excesos de campaña? ¿De qué manera los electores se enterarían de la parte oscura de sus candidatos? ¿Se busca entonces condenar a los mexicanos a vivir historias de príncipes valientes cuyos inmaculados protagonistas serían los candidatos?
Esta propuesta encierra un riesgo enorme. Pretender que la burocracia se erija en la conciencia electoral y moral del país es equivalente a querer trasladarnos a vivir bajo el yugo de la nomenclatura soviética que todo lo aprueba y todo lo censura. Es intentar que un grupo de notables piensen y decidan por un país. Es una intención tramposa que atenta contra el espíritu liberal que debe permear. Es una apuesta contra la libertad de los mexicanos.
Porque en todas las democracias consolidadas hay, en épocas de campaña electoral, ataques entre candidatos y partidos, y son ofensivas feroces en la mayoría de las ocasiones. Los políticos se exhiben y desnudan sus miserias, los votantes son testigos de las campañas negras y, a final de cuentas, reúnen los elementos suficientes para decidir por quién votarán. Y ningún país se ha desmoronado por ese sistema que aquí tanto asusta a nuestros políticos.
Martín Moreno, “Archivos del Poder”, Excélsior, 4 de septiembre.
La iniciativa propone reducir el financiamiento público a las campañas electorales en un 70 por ciento durante las elecciones intermedias -solamente para diputados- y en un 50 por ciento en las elecciones presidenciales -cuando también se eligen senadores y diputados-; de aprobarse, produciría -entre 2009 y 2012- un ahorro a los contribuyentes de 3 mil 200 millones de pesos, según los datos preliminares que Reforma publicó en primera plana el pasado viernes.
Propone acortar la campaña presidencial a 90 días, y las de diputados, en elecciones intermedias, a 45; son cambios que hace lustros la sociedad reclama. La iniciativa propone establecer reglas legales a las precampañas y dar la base para que quienes las violen sean sancionados. Los procesos internos de selección de candidatos presidenciales tendrían una duración máxima de 60 días, incluyendo dentro de ese plazo las precampañas.
Jorge Alcocer, Reforma, 4 de septiembre.
Según las normas vigentes, cada partido puede recibir al año dinero de fuentes privadas hasta por casi 270 millones de pesos; la iniciativa propone reducir drásticamente ese monto, cambiando la base para su cálculo. Poner un alto al crecimiento del financiamiento público y un límite sustancialmente inferior al dinero que los partidos pueden recibir por otras fuentes son medidas urgentes para sanear el sistema electoral.
Con la norma constitucional vigente, entre más partidos, más dinero para los partidos; la iniciativa corrige el defecto. Tenemos, además, una singular forma de repartir el dinero público, que provoca la bizarra situación de que entre menos votos tiene un partido, más dinero del erario recibe por voto. En 2007 el partido de mayor votación recibirá 53.63 pesos por cada voto, el de menor votación 164 pesos. La iniciativa propone una regla usual en casi todas las naciones del planeta que otorgan dinero público a los partidos: que la distribución se realice en función de los votos que cada uno de ellos obtiene, es decir, que sean los ciudadanos los que decidan, a través del voto, cuánto dinero dará el Estado a cada partido. Quizá resulte conveniente proteger una franja del financiamiento público para distribuirse con el criterio de igualdad. Es un asunto importante, pero no es de aquellos que definen el futuro de la democracia.
Jorge Alcocer, Reforma, 4 de septiembre.
Con todo, la reforma anunciada hasta el pasado 3 de septiembre, al menos en su versión constitucional, tenía varios cambios plausibles: campañas más breves, recursos mejor controlados y menos dinero destinado a los procesos electorales. También fortalecía las atribuciones del IFE, prohibía la publicidad del gobierno (de todos los gobiernos) durante las campañas políticas y abría la puerta al uso de tiempos oficiales (fiscales o de Estado) para la difusión de la propaganda política, rompiendo el ciclo vicioso entre partidos, dineros y medios.
La reforma permitía, además, que el IFE conviniera la organización de los comicios locales con los institutos electorales de los estados (sin vulnerar la soberanía de las entidades), y prohibía definitivamente la intervención de particulares en la compra de espacios mediáticos favorables a los partidos, así como las campañas negativas entre éstos. En lo fundamental, la iniciativa constitucional presentada por los tres partidos políticos más importantes de México respondía a buena parte de los problemas ya detectados que, el año pasado, hicieron crisis. Hasta aquí las buenas noticias
Mauricio Merino, El Universal, 5 de septiembre.
En contrapartida, la misma iniciativa presentaba también la peor cara del régimen de partidos que hoy gobierna al país: de un lado, modificaba la fórmula para la asignación del financiamiento público a cada partido, en función de los votos obtenidos en las elecciones de diputados, de tal modo que (ceteris paribus) los tres partidos más grandes ganarían más recursos, mientras que los pequeños los perderían.
De otro, se consolidaba el monopolio partidario de la representación política en todo el país, al prohibir de modo definitivo las candidaturas ciudadanas y la intervención de los sindicatos. Y además se creaban figuras especiales para llevar a cabo la fiscalización de los dineros de los partidos y para controlar al órgano electoral (designados por los propios partidos, desde la Cámara de Diputados), y se prohibía a los órganos electorales intervenir en la vida interna de los partidos
Mauricio Merino, El Universal, 5 de septiembre.
¿Quién, en su sano juicio, puede estar en contra de que se reduzca el financiamiento público y privado a los partidos políticos en tiempos electorales, en proporciones de 50%, 70% y 80%, respectivamente? ¿Quién estaría en contra de que se acorten a la mitad del tiempo actual las campañas presidenciales y de Congreso? ¿Y quién se opondría a que consejeros y magistrados del IFE y del TEPJF fueran renovados de manera escalonada?
Sin duda que las anteriores, entre muchas otras, son propuestas no sólo saludables para fortalecer los procesos electorales mexicanos, sino que se trata de reclamos generalizados y que vienen de lejos. En realidad los anteriores supuestos son sólo una parte, la parte bonita, de la iniciativa de reforma electoral que se discute en el Congreso, y que quiere ser “vendida” a la opinión pública como la gran “zanahoria” dizque para cumplir con la austeridad económica y el fortalecimiento de los procesos electorales
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 5 de septiembre.
La iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral incluye medidas sustanciales como la reducción del dinero que se destina a los partidos y de los plazos para las campañas. Pero otras de esas propuestas pueden tener un carácter regresivo.
Actualmente el financiamiento a los partidos tiene dos componentes: el 30% se distribuye de manera igual entre todos los partidos y el 70% de acuerdo con los porcentajes de votación que hayan obtenido. La iniciativa mantiene solamente el segundo de esos criterios, con lo cual serían afectados los partidos más pequeños.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.
En otra de las enmiendas constitucionales se prohíbe “la propaganda electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas”. Es entendible el propósito para evitar las campañas descalificatorias. Sin embargo en las campañas políticas son frecuentes las asperezas y las imputaciones mutuas. ¿Cómo se calificará cuando una afirmación es denigratoria (es decir, que ofende la fama pública de alguien)? La mejor manera de sortear o al menos disminuir la agresividad en las campañas radica en propiciar espacios para la deliberación y el intercambio de ideas. Pero nada de eso hay en la iniciativa.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.
De hecho, la propuesta de reforma constitucional establece plazos nada apremiantes para que entren en vigor varias de las nuevas reglas. Los cambios al régimen de financiamiento público para los partidos comenzarían a aplicarse en 2010. Si aguardarán hasta entonces para que funcione el nuevo régimen de dinero público, ¿por qué no pueden esperar también para iniciar la designación escalonada de consejeros electorales? Ya lo sabemos, aunque ahora se rehúsan a reconocerlo: con esta reforma los partidos —al menos PRD y PRI— no pretenden fortalecer sino minar a la autoridad electoral. Por eso la defenestración de los consejeros les resulta fundamental.
Junto con su autonomía, habrán tirado por la ventana la respetabilidad de la autoridad electoral que contrasta de manera tan ventajosa con la estropeada fama pública de los partidos políticos.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.
La pregunta sería, ¿por qué ahora los partidos políticos quieren prohibir las campañas negras? ¿Será que de pronto tenemos a partidos moralistas que están en contra de unas libertades fundamentales de las democracias modernas? ¿O más bien quieren blindarse para que nadie, en el futuro, les saque sus "trapitos al sol" en temporada electoral? Más aún: en el Senado de la República se está discutiendo para incluir en la Carta Magna la prohibición para que los particulares contraten spots de radio y televisión en épocas de campaña con el fin de descalificar a algún candidato de elección popular tanto a nivel federal como estatal. ¿Es decir, que sólo y sólo los partidos políticos tienen el monopolio de la democracia? ¿A cualquier otro actor o ciudadano le están vetados sus derechos fundamentales de expresión?
Yuriria Sierra, “Nudo Gordiano”, Excélsior, 7 de septiembre.
Pero no sólo eso, es en esta primera etapa cuando acordaron la reforma constitucional al artículo 41, de que "los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de radio y televisión conforme a lo que la ley señale". Así como la prohibición a la "propaganda política o electoral que denigre las instituciones, partidos políticos o las personas". ¿Quién demonios va a interpretar lo que es "denigrante"? La idea, dicen, es que se pongan candados legales para evitar que se repitan los hechos de la campaña presidencial de 2006, donde grupos ciudadanos pagaran espacios en televisión, con el fin de atacar a un candidato. Y es en este tema que quedan al aire muchas interrogantes, con el cambio moralino, antidemocrático y de buenas costumbres. Es que ahora, haciendo gala de su buen comportamiento, ¿van a eliminar a los legisladores plurinominales? O, tal vez, ¿reducirán sus millonarios sueldos y prerrogativas partidistas? ¿No, verdad? Lo cierto es que los ciudadanos estamos en nuestro derecho a saber de lo bueno y de lo malo de un candidato y esto sólo es posible mediante la crítica
Yuriria Sierra, “Nudo Gordiano”, Excélsior, 7 de septiembre.
¿En qué se convertirá la democracia? ¿En un mero teatro de simulaciones? De por sí la política es simulación, pero las campañas negativas tienen la virtud (aquí y en todas las democracias consolidadas) de advertir a los electores sobre el pasado, las decisiones, el carácter, la incongruencia, etcétera, de todos los candidatos que compiten por un puesto en particular. ¿No es deseable que al votante se le muestre también el rostro oscuro de aquellos que pretenden gobernarlo? ¿O nos quedamos sólo con los anuncios en los que todos aseguran que traerán el paraíso a la tierra a cambio de nuestro simple y sencillito voto? Yo, elector, sí quiero saber si el candidato X, que pregona ser un buen padre de familia, tuvo un hijo al que golpeó sin piedad en su adolescencia. O si la candidata W tiene colaboradores que han traficado con influencias. O si el candidato Z hace tres años dijo que estaba absolutamente a favor de la reforma fiscal, pero hace tres meses la votó en contra
Yuriria Sierra, “Nudo Gordiano”, Excélsior, 7 de septiembre.
Un tema que ha gravitado estas semanas en la discusión de la reforma electoral, que puede considerarse menor pero que puede acabar reventando las necesarias modificaciones a la Constitución y al Cofipe es la eventual remoción de los consejeros electorales.
Desde mi punto de vista, si la reforma electoral sale adelante y además se quedan los actuales consejeros, santo y bueno. Pero si a cambio de que se queden los consejeros fracasa la reforma, estaríamos perdiendo lo más por lo menos. Es decir, el que se vayan los consejeros no puede ser un asunto de principio pero tampoco puede serlo el que permanezcan.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de septiembre.
Las campañas negras serán prohibidas, por ejemplo, en la letra de la nueva legislación, pero éstas han seguido todos estos meses, como se comprueba al escuchar todos los días las informaciones en las principales radiodifusoras o ver los espacios noticiosos de Televisa y Televisión Azteca, en los que de manera sistemática se pretende engañar y desorientar a los mexicanos
Luis Javier Garrido, La Jornada, 7 de septiembre.
Sí parece existir un acuerdo para disminuir los gastos originados por la vida política: costos electorales y subvención a los partidos. El costo exorbitante de estas instituciones y procesos políticos puede y debe disminuirse; pero esto debe ser una operación equitativa y explicada al público. Huele, desde un principio, a acuerdo inexplicable con un resultado claro: tres partidos se quedan con la parte del león mientras a los pequeños se les reduce a la porción congrua. Según un estudio publicado por El Universal "la cantidad a repartir se obtendría de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 70% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal". Como me señalan varios conocedores del tema, para aumentar la confusión se debería dividir la cifra obtenida por el número de simpatizantes del Atlante radicados en Nayarit. Por lo pronto, esta operación daría un resultado esperado por los tres grandes: el PAN pasaría de 742 millones a 898, el PRI de 518 a 585 y el PRD de 446 a 483, mientras los pequeños serían laminados. Por ejemplo, el Verde pasaría de 223 millones a 172, et sic de coeteris.
Rafael Segovia, Reforma, 7 de septiembre.
La comisión autora del proyecto puede darse cuantos golpes de pecho considere necesarios y los grandes poner un gesto compungido. Eso no quita su intención jesuítica: proteger el dinero público mientras ellos aumentan sus fondos. Si de verdad quieren disminuir el costo de las elecciones deben buscar una fórmula más honesta para repartir los fondos proporcionados por los votantes y dejar las falsas justificaciones para mejor ocasión: decir que "cada ciudadano inscrito en el padrón aportaría anualmente 35 pesos con 40 centavos" es faltar a la verdad. Los no inscritos van también a cotizar. ¿O podrán descontarlos de sus impuestos?
Rafael Segovia, Reforma, 7 de septiembre.
En virtud de la reforma, éstas serían las novedades en materia de partidos políticos.
1.- Las candidaturas independientes o ciudadanas quedarían expresamente prohibidas.
2.- Los ciudadanos seguirán siendo los únicos que podrán formar partidos y afiliarse libre e individualmente pero se prohibiría la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en su creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
3.- Las autoridades electorales sólo podrían intervenir en la vida interna de los partidos según lo dispongan la Constitución y las leyes.
4.- En materia de financiamiento público, la reforma mejoraría la regla vigente y reduciría el gasto electoral. La norma actual para calcularlo multiplica el costo mínimo de campaña por el número de partidos, por el número de senadores y diputados a elegir, por el número de días que dura la respectiva campaña. Con la reforma, el financiamiento público se obtendría multiplicando sólo el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del salario mínimo del Distrito Federal (la iniciativa proponía el 70%). El monto resultante sería el monto a distribuir entre los partidos para sus actividades ordinarias.
5.- La iniciativa proponía repartir esa bolsa íntegra en forma proporcional a la fuerza electoral de cada partido. El predictamen está proponiendo conservar la regla vigente, según la cual el 30% de ese total se distribuye de manera igualitaria y el 70% restante, de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior de diputados.
6.- Se reduciría sustancialmente el financiamiento público para actividades de campaña. Con las reglas actuales, éste es una cifra idéntica a lo que cada partido recibe en año electoral por otro concepto de financiamiento llamado “por actividades ordinarias” u “ordinario”. Esta norma, empero, no distingue entre el año de elección general (Presidente y Congreso) y el año de elección intermedia (sólo diputados). Así, en año de elección general, el financiamiento para campañas sería de la mitad del financiamiento ordinario (reducción del 50%) y en el año de elección intermedia el dinero para campañas sería del 30% del financiamiento ordinario (reducción del 70%).
7.- Entrarían a la Constitución tres temas nuevos de primer orden: los gastos de los partidos en las precampañas, el método para liquidar obligaciones de los partidos que pierdan su registro legal y los casos en que sus bienes y remanentes serían adjudicados a la federación.
8.- Duración de campañas y precampañas: las primeras, en año de elección general, pasarían de cerca de 180 días a sólo 90 y en año de elección intermedia, se reducirían de 90 a 45 días; las precampañas en ningún caso podrán durar más de dos tercios de lo que duren las campañas respectivas.
Sergio González Muñoz, Crónica, 9 de septiembre.
Para el financiamiento de las campañas electorales, cuando se elija presidente será del 50 por ciento de lo que corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese año; para la elección de diputados será del 30 por ciento. Para las llamadas actividades específicas (educación, capacitación, investigación y tareas editoriales) corresponderá a cada partido el 3 por ciento del monto total del financiamiento público de actividades ordinarias en la misma proporción de 30 y 70 por ciento. La ley deberá fijar el monto máximo de las aportaciones de simpatizantes a los partidos hasta el 10 por ciento del tope de gastos de la campaña presidencial. Estas nuevas reglas, de aceptarse, redundarán en una muy consistente reducción de los gastos exorbitantes con los que se ha financiado nuestro actual sistema electoral. Eso era una demanda generalizada
Arnaldo Córdova, La Jornada, 9 de septiembre.
También se pueden apreciar elementos positivos en la iniciativa. La reducción de los tiempos de campaña es uno de ellos. Si la iniciativa prospera tendremos contiendas presidenciales más breves, campañas notablemente más cortas y más baratas. También me parece valioso regular el sentido de la propaganda oficial. La publicidad de los órganos públicos no podrá contener nombres o símbolos que supongan promoción personal. Podría ponerse fin a esa práctica grotesca que nos ha inundado en fechas recientes: alcaldes, gobernadores y presidentes dilapidando las arcas públicas elogiándose en los medios. El cambio es un avance pero es insuficiente. El derroche se muestra igualmente en campañas institucionales tan anodinas como la del Senado que sigue teniendo permiso para bombardearnos con su cursilería.
Jesús Silva Herzog Márquez, Reforma, 10 de septiembre.
La reforma electoral recortaría millones de pesos a los partidos.
Dice Santiago Creel: se ahorrarán 1,973 millones de pesos en 2009; 365 millones en 2008, 2010 y 2011 y 1,335 millones en 2012.
En total, 4,403 millones de pesos.
Si no hay reforma, los partidos tendrán en 5 años, más de 13 mil millones de pesos.
Por eso todos quieren un partido.
Pepe Grillo, Crónica, 11 de septiembre.
En ese sentido, los ejes de la propuesta en este tema son los siguientes:
1. Prohibir la contratación de publicidad en radio y televisión (lo que representó 80% del gasto en las elecciones de 2006), por parte de los partidos políticos así como de cualquier particular. Con lo cual no sólo se abaratan consistentemente las elecciones, sino que se eleva a rango constitucional la prohibición para que terceros adquieran publicidad incidiendo abiertamente en la equidad que debe prevalecer en las contiendas.
2. Prohibir de manera absoluta la propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno durante las campañas electorales. Con lo que se impide cualquier intervención indebida de los gobernantes en las elecciones, que deben ser una contienda entre partidos y no entre éstos y los poderes públicos.
3. La utilización de los tiempos que corresponden al Estado —que hoy ya existen, por lo que no se le “expropiaría” nada a nadie- para que durante las precampañas y las campañas sean distribuidos entre los partidos políticos y el IFE. Es decir, no se está planteando sacar a los partidos de la radio y la televisión, sino hacer más racional, equitativa y menos cara su presencia en esos medios.
4. La prohibición, ahora planteada en la Constitución, de expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Con ello se ponen las bases para que las campañas centradas en la banalización y la ofensa, de las que algunos tanto se enorgullecen, queden atrás.
5. Además se convierte a las autoridades electorales, en su calidad de árbitros de las diversas contiendas electorales, en los garantes de las reglas anteriores, facultándolas para sancionar, mediante procedimientos expeditos, las violaciones que se cometan; incluyendo la posibilidad de suspender, de manera inmediata, las transmisiones radiofónicas o televisivas que transgredan esas prohibiciones.
6. Por último, y esta propuesta de modificación trasciende el ámbito electoral, se plantea que se prohíba la personalización —mediante la utilización de la imagen o la voz de los titulares de los entes públicos— de la publicidad que difundan los órganos del Estado, la cual deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social.
Lorenzo Córdova, El Universal, 11 de septiembre.
Se comprende, finalmente, que hay necesidad de que las organizaciones partidarias, y no sólo los ciudadanos, tengan confianza en el IFE y en sus funcionarios; que hay elementos dignos de reforma (por ejemplo, es un problema que quien organiza las elecciones sea también quien fije los castigos a los partidos políticos: árbitro y comisión disciplinaria al mismo tiempo); que la negociación que llevó a la conformación del actual Consejo General dejó fuera al PRD, que quienes la operaron por el PRI ya no tienen el mismo peso en el partido y que en política las palabras “nunca” y “siempre” están vedadas
Pero no se entiende —y es parte del menjurje— que el intento de remoción de los consejeros sea tan burdo, tan directamente dirigido a la cobranza de facturas —internas, en el caso del PRI; propagandísticas, en el del PRD— que haya tanto desprecio a las instituciones.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 11 de septiembre.
El ahorro es posible porque se modifica el modelo de campañas electorales, en el que los partidos dedican la mayor parte de sus ingentes recursos a la compra de tiempo aire en los medios, precipitándose en una carrera demencial donde cada vez es necesario más dinero para poder estar en condiciones de competir. Este esquema generó un círculo vicioso en el cual los partidos políticos y los candidatos quedaban prácticamente a merced de las grandes cadenas de radio y televisión.
La reforma rompe este círculo vicioso prohibiendo la compra y contratación de tiempo aire por parte de los partidos, y mandata que el acceso de éstos a los medios electrónicos se realice con cargo a los tiempos que, por ley, el Estado tiene, no se pagará por ellos. Algunos voceros de los medios electrónicos han dicho que es una “medida confiscatoria”, pero ello es inexacto, pues sólo se utilizarán los tiempos actualmente disponibles para el Estado —48 minutos diarios—, eso sí, en una diferente distribución.
Diódoro Carrasco, Milenio, 13 de septiembre.
Aspecto sustantivo de la reforma es que reduce de manera considerable el tiempo de las campañas electorales y regula la duración y modo de las precampañas. La suspensión de toda propaganda gubernamental en tiempos electorales, así como la prohibición de que los gobernantes utilicen recursos públicos para hacerse publicidad personal en los medios, son avances decisivos en cuanto a equidad y transparencia electoral. Se reduce, asimismo, el porcentaje de los recursos que los partidos pueden percibir del ámbito privado, a menos de una cuarta parte.
Diódoro Carrasco, Milenio, 13 de septiembre.
Pero si bien el tema central tiene que ver con la clase y los partidos políticos, hay dos condiciones fundamentales que determinarán el resultado de este proceso:
En primer lugar, la construcción de la reforma electoral debe ser incluyente. Es decir, sus conclusiones deben abrir aún más el sistema electoral a la participación ciudadana y política. Es preciso rechazar las tendencias a la exclusión y al fortalecimiento de la partidocracia. Nuestro país es plural y diverso, para representarlo debemos prestarnos oídos serios.
En segundo lugar debemos basarnos en la confianza de los actores y participantes. Todos debemos reconocer, de antemano, que en las elecciones se gana y se pierde. No puede ser aceptable la noción de que cada vez que hay perdedores, debe haber revancha contra el sistema electoral y sus mecanismos, junto con las consabidas acusaciones de “elección de Estado”. Una verdadera cultura democrática es una en la que los perdedores saben aceptar su derrota.
Luciano Pascoe, Crónica, 8 de julio.
Hasta el momento, gran parte de la atención en el debate sobre la reforma del Estado la concentra la naturaleza, misión y perfil que debe asumir el mismo Estado. Sin embargo, queda la gran duda de quiénes y cómo asumirán la nueva naturaleza de las reglas políticas. La calidad y consistencia de la ciudadanía es tanto o más importante que el mismo proceso de reforma institucional. En efecto, será la sociedad la que ponga en práctica o no las nuevas reglas, mismas que fueron impulsadas por la intensa dinámica de movilización de organizaciones, opinión pública, medios de comunicación, entre otros, cuyos puntos de vista y propuestas ahora requieren ser incorporados.
La gran prueba en el proceso de reforma del Estado será dotar a la muy compleja negociación de una legitimidad indispensable que la acompañe durante toda la jornada para que desde el inicio la viabilidad de los acuerdos sea de tal consistencia que apunte hacia la necesaria mudanza de régimen político
Javier Oliva Posada, La Jornada, 9 de julio.
A propósito de la discusión de la reforma del Estado en México, en la cual se incluye el capítulo de la reforma electoral, y a la luz del desenlace de los comicios presidenciales del año pasado, es pertinente preguntarnos qué hace falta modificar de nuestro marco jurídico e institucional para ampliar las condiciones de aceptabilidad de la derrota —lo cual no quiere decir que en lo sucesivo todo perdedor se avenga a reconocer sin más que no ganó sobre todo si es por un estrecho margen de votos—. En particular, habrá que llamar la atención acerca de las acciones que pueden alterar la competencia y que en nuestro pasado inmediato fueron invocadas como “causales” de nulidad de la elección, esto es, que no contribuyeron a la aceptación de la derrota por parte de la segunda fuerza política. Me refiero en particular a la intervención de terceros en las campañas electorales —el presidente y la cúpula empresarial.
Ciro Murayama, Crónica, 20 de julio.
Legisladores de oposición, incluidos los del PRI, plantean también la urgencia de una reforma electoral, dado que cada proceso en esta materia corrobora que las reglas están rebasadas y se usan a conveniencia de quien tiene mayores recursos económicos y de movilización ciudadana para llevar agua a su molino.
Alejandro Ramos Esquivel, “Redes de Poder”, El Financiero, 9 de agosto.
La reforma electoral difícilmente será de fondo. El PRI y el PAN jamás aceptarán modificar reglas que los beneficien. El financiamiento no será tocado. ¿Van a empobrecerse en aras de una mejor democracia? La respuesta es no. Tampoco habrá modificaciones serias en el tema de medios de comunicación. No van a ir contra los poderes fácticos.
"Los únicos que están jodidos con las reglas actuales son los perredistas. Si no modifican la forma de financiamiento, van a ir en gran desventaja a las intermedias de 2009", puntualiza el consejero.
El Frente Amplio Progresista quiere una Comisión de la Verdad para documentar lo que realmente ocurrió antes y durante el proceso electoral del 2 de julio de 2006 y evitar que la documentación sea destruida. El veredicto del TEPJF no les es suficiente.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 10 de agosto.
Aun antes del escándalo en el Tribunal Electoral, la actuación equívoca y torpe del Consejo General y del presidente del IFE durante el proceso electoral pasado, abrió las puertas para que se pueda llevar a cabo en la actual coyuntura una reforma electoral por todas las razones equivocadas. En vez de llevar adelante las propuestas legítimas y necesarias para modernizar el sistema electoral de 1996, la reforma de las instituciones (del IFE y ahora tal vez también del Tribunal) está motivada por revanchas políticas y ajustes de cuenta.
Esto es lo que motiva las recurrentes amenazas de la remoción (por la vía de la reforma legal) de los Consejeros Electorales; algo que está más ligado con los resabios de la lucha entre grupos antagónicos al interior del PRI desde la Legislatura anterior que a una visión objetiva de cómo fortalecer y mejorar al sistema electoral. (En el PRD la lógica no es tan distinta, pues ahora la facción dominante dentro del grupo parlamentario actual es la misma que perdió en las negociaciones por el IFE dentro de la Legislatura anterior).
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 13 de agosto.
En el tema político-electoral, están en debate dos cosas: medios y consejo general del IFE. Con respecto a la primera, el PRD (que en forma privada está participando en las negociaciones) ha colocado en el centro de sus intereses que no haya publicidad electoral en los medios electrónicos, salvo aquella que se difunda a través de los tiempos oficiales. Ha decidido no moverse un milímetro de esa propuesta que, al menos de palabra, es apoyada, aunque no con el mismo entusiasmo, por el PRI. En realidad, la propuesta de cero publicidad es muy poco viable y puede terminar siendo contraproducente: con la forma en que se manejan los recursos en nuestras campañas electorales, puede acabar ocasionando un manejo mucho más intenso que ahora de recursos negros, encubiertos. La propuesta que parece abrirse paso y el PRI podría apoyar es que se estableciera un porcentaje de las prerrogativas que reciben los partidos destinada a la compra de publicidad, que podría ser la mitad o un tercio, y la contratación podría realizarse a través de la institución electoral, para tener un control mucho mayor de todo el proceso. El problema es que el perredismo no parece estar dispuesto a ceder en ese punto. Ello porque, en el tema electoral, el PRD parece estar, como en el resto de la agenda, simplemente a la defensiva y buscando respuesta a sus quejas, ficticias o reales, del pasado proceso comicial. No es la primera vez que le ocurre: en 1989-90 tuvieron en sus manos una ambiciosa reforma electoral de la que participaron durante todo el proceso de negociación y, a última hora, decidieron darle la espalda argumentando la ilegitimidad de la elección de 1988. La reforma salió adelante y fortaleció la posición del PAN y los acuerdos estratégicos de éste con el PRI. En la siguiente elección intermedia, el derrumbe del perredismo fue absoluto. Ahora, en casi todos los espacios (incluidos los resultados electorales) parece estar ocurriendo exactamente lo mismo
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 13 de agosto.
Una reforma electoral que establezca procesos electorales mucho menos costosos y derrochadores, con nuevas reglas para el cálculo, distribución y fiscalización del financiamiento público; regulación de precampañas, reducción de periodos de campaña; reordenación de calendarios electorales locales; solamente tiempos oficiales en televisión y radio para los mensajes partidistas durante los periodos de campaña, es decir, prohibición de la contratación pagada en medios con tales propósitos (y prohibición de la propaganda de obras y programas de gobierno en todo tiempo); reglas para elevar la calidad del debate político. Decir no a la centralista, y oportunista, propuesta de convertir al IFE en Instituto Nacional de Elecciones.
Por supuesto, la ciudadanización de la política: que los partidos dejen de tener el monopolio de la presentación de candidatos a puestos de elección popular, a la vez que tengan una auténtica democracia en su vida interna y mayor transparencia en su manejo.
Ah, y un Informe Presidencial que no sirva de pretexto a grupos interesados para desestabilizar la vida política del país.
Juan José Huerta, Crónica, 17 de agosto.
Pero un punto fundamental que es el que podría despertar el mayor interés del PRD, es el que se refiere a establecer que el recuento de voto por voto se lleve a cabo de oficio, cuando el número de votos nulos sea mayor que la diferencia entre ganador y perdedor.
Si la Subcomisión Redactora de la reforma, que encabeza el senador perredista, René Arce, incluye este punto en la iniciativa, la demanda de “voto por voto, casilla por casilla” dejará de ser un eslogan de post campaña para convertirse en una figura reglamentada.
Parece haber consenso en estos puntos y en otros, como el reducir los gastos de campañas, regular las precampañas, dejar en el órgano electoral la facultad exclusiva para contratar publicidad en medios electrónicos y ceder a los partidos y candidatos en forma equitativa los tiempos oficiales de radio y televisión.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 25 de agosto.
Pero hay puntos que aún se negocian, como la reducción de las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos y el adelgazamiento de la burocracia electoral a nivel nacional.
El PRI propone la desaparición del IFE y de todos los órganos electorales estatales y la creación de un Instituto Nacional de Elecciones que se encargue de organizar los comicios a nivel local y federal.
El aparato burocrático electoral en el país es monstruoso. Además del IFE, que tiene un Consejo General y 32 juntas locales en cada una de las entidades federativas, existen 32 institutos electorales estatales.
Existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con su sala superior y cinco salas regionales en diversos puntos de la República y 32 tribunales electorales en cada una de las entidades.
José Contreras, “Expediente Político”, Crónica, 25 de agosto.
¿Cuál reforma electoral? Es urgente volver a crear condiciones de equidad en la competencia con un nuevo esquema de financiamiento y medios, y profundizar la autonomía ciudadana de los árbitros de la contienda. La clase política está obligada con los ciudadanos a cambiar el modelo político-electoral, regenerar las instituciones para recuperar su dimensión ciudadana y solucionar la ruptura del pacto político que lastimó las condiciones de equidad en la competencia en 2006. Se necesita una reforma de fondo que ponga por delante los intereses de los mandantes de la democracia, los ciudadanos. En suma, se necesita cerrar el ciclo de malestar e impunidad que nos dejó la pasada sucesión presidencial
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 28 de agosto.
Parecería que, aunque algunos cambios van en serio, el proyecto de renovación apunta a esas dos cuestiones: por un lado, la renovación escalonada del Consejo General del Instituto y, por el otro, la cuestión de las campañas, donde se pretende poner una serie de candados sobre todo en materia de las restricciones de tiempos oficiales y el de la transformación de la credencial electoral en la cédula de identidad y que el padrón del IFE pase a ser responsabilidad del INEGI. Pero, insisto, ¿por qué no otorgar de una buena vez al IFE las herramientas necesarias para castigar a los responsables de los delitos electorales que no necesariamente pertenecen al terreno de lo penal, pero le urgen a la autoridad comicial de nuestro país? Y aunque en esta búsqueda de darle nuevos aires a ese Instituto, en la que hay más puntos de acercamiento entre los partidos (y más posibilidades futuras de solicitar el recuento de votos y de anular los resultados por casilla), lo cierto es que esta reforma electoral se queda en una “despuntadita” y no en un cambio de look radical (o en un extreme makover) para nuestro sistema político y electoral. Pero, bueno, dicen que por algo se empieza
Yuriria Sierra, “Nudo gordiano”, Excélsior, 28 de agosto.
Recuento voto por voto y casilla por casilla cuando la diferencia entre el ganador y el segundo lugar sea inferior a un punto porcentual (no se olvide que a Calderón se le dio el triunfo oficial con una diferencia de votos de 0.56%); sanciones, hoy inexistentes, a funcionarios públicos o grupos de poder que promuevan a cualquier candidato; topes del gasto en medios de comunicación y exclusividad de la autoridad electoral para la contratación de propaganda; y relevo escalonado de los consejeros del IFE son, entre otros, los puntos relevantes de esta reforma electoral. Disposiciones expresas para evitar que se vuelva a hacer todo lo que se le hizo a Obrador
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran angular”, El Gráfico, 29 de agosto.
Mientras eso avanza, para esta tarde podría estar lista la propuesta de reforma electoral que gira sobre tres ejes:
1. Que el financiamiento del IFE a los partidos sea cien por ciento proporcional a los votos, en la actualidad es 70-30;
2. Que se faciliten las coaliciones y candidaturas comunes, pero que los partidos chicos prueben sus votos para demostrar el dos por ciento de subsistencia o que suban la barrera al cinco, para que no sigan viviendo como rémoras;
3. Que en la reforma del IFE se de el relevo escalonado de cinco o seis consejeros ciudadanos, que habrían de renunciar voluntariamente, para lo que no se ve espacio, sobre todo después de la declaración de su presidente, Luis Carlos Ugalde, quien advirtió a ocho columnas que “jamás” renunciará, por lo que esta parte habría que llevarla a reforma constitucional para que los consejeros no se amparen.
Dentro de este apartado se propone que el Registro Federal de Electores salga del IFE y la credencial de elector se sustituya por una Cédula Única de Identificación, aunque no se ha resuelto de quién dependería, el gobierno la quiere, lo que rechaza la oposición, porque con esa cédula se llevarían también los planes gubernamentales de asistencia social, y lo ven como un regalo electoral para el panismo.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 29 de agosto.
La reforma electoral es el tema donde más iniciativas legislativas se han acumulado y donde aparecen más propuestas de los partidos, lo cual es comprensible dada la trascendencia del tema y el hecho de que la última reforma electoral importante data de hace más de diez años.
Lejos de una especulación mediática que se centra en guillotinas y defenestraciones, lo que ha habido en los intercambios bipartidistas y multipartidistas en el seno del Congreso general es un intenso esfuerzo de diálogo constructivo, en el que han participado todos los actores interesados: líderes parlamentarios, dirigentes de los partidos, expertos de la academia, etcétera. El resultado inicial es el documento síntesis que presentó el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) —asesor de la presidencia ejecutiva— y que resume y articula los temas en los que existe el mayor consenso y las mayores convergencias de los actores.
¿Qué temas son éstos? Precampañas, duración de campañas, costo de las campañas, equidad, acceso de partidos y candidatos a los medios de comunicación y coaliciones electorales. También nuevas facultades del órgano que organiza las elecciones, especialmente en materia de fiscalización y sanciones oportunas, y homologación del calendario electoral. Para ello, en el documento se contempla un conjunto de propuestas de reforma en cuyo centro se encuentran los cambios al artículo 41 constitucional (que es el que establece el modo y los tiempos en que se renuevan los poderes Legislativo y Ejecutivo, al IFE como órgano que organiza y regula las elecciones, y los derechos y obligaciones de los partidos políticos).
En el tema de coaliciones, la propuesta es que éstas se flexibilicen, que sea más fácil conformarlas; sin embargo, ahora cada partido coaligado iría con su emblema, de modo que al final de la elección el público pueda saber con transparencia cuál es el grado de penetración de cada fuerza política (como existe, por lo demás, en casi todos los países con sistemas multipartidistas).
Otro tema es el de la repartición del financiamiento a los partidos, hasta ahora prevalece la fórmula 30/70; esto es, 30% de financiamiento público parejo y 70 de acuerdo con los porcentajes electorales obtenidos. La propuesta es que en el futuro todo el financiamiento se determine en función de los porcentajes de votación de cada partido, o al menos que se reduzca el monto común, buscando mayor equidad.
Diódoro Carrasco, Milenio, 30 de agosto.
La reforma sí incorpora propuestas que van en la dirección correcta, como las muy necesarias medidas para evitar el dispendioso gasto electoral en este país, que termina, en un porcentaje muy alto, en la radio y televisión privadas:
Reducción de 50 por ciento de los gastos de campaña presidencial, y de 70 por ciento los de campaña de diputados y senadores, con reglas de transparencia y rendición de cuentas.
Que el financiamiento se determine en función de los porcentajes de votación de cada partido.
Reducir los tiempos de campaña presidencial de 150 a 90 días, y las precampañas a 60 días.
Reducción de los tiempos de campaña de diputados y senadores a 45 días, y las precampañas igual, 45 días.
Restricciones en los gastos de propaganda electoral en radio y televisión, con preferencia para utilizar los llamados “tiempos oficiales”.
Centralizar dichas contrataciones a través del órgano electoral responsable.
Que los partidos políticos, agrupaciones políticas y coaliciones sean sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.
Además:
Posibilidad de homologar, unir lo más posible, los calendarios electorales en toda la República.
Establecer sanciones para la infracción a la norma, ya incluida en la legislación electoral, que impide a terceros la difusión en radio y televisión de mensajes publicitarios a favor o en contra de cualquier partido o candidato a puesto de elección popular.
Que sea más fácil conformar las coaliciones de partidos, con transparencia del grado de penetración de cada uno.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.
También:
Normas para evitar la promoción personal de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, disfrazada de propaganda institucional de obras o programas de gobiernos.
Este último punto sería ya un avance en relación a la situación actual, donde vemos que con la mayor impunidad gobernantes, legisladores, presidentes municipales, de todos los partidos, gastan en conjunto muchos miles de millones de pesos del erario público en propaganda de sus actividades, disfrazada de “comunicación social” y de difusión de la obra pública, con beneficios muy importantes para los medios de comunicación. Habría que insistir en el objetivo de prohibición absoluta, en todo tiempo no sólo en las campañas, de tal tipo de propaganda “institucional”, incluida la del Poder Judicial.
Juan José Huerta, Crónica, 31 de agosto.
La reforma se hace cargo de otros problemas hasta ahora no atendidos. Por ejemplo, desde la propia Constitución se limitará la publicidad de los gobiernos durante los periodos electorales y se habla de la prohibición de que aparezcan en radio y TV la voz o la imagen de funcionarios públicos, para cerrar el paso a la promoción individual escudada en difusión de obra pública.
En lo que se refiere a los ingresos de los partidos, se reconoce la preeminencia del financiamiento público —evitando así que la dependencia económica de los partidos frente a grupos privados de poder acabe lesionándoles como entidades de interés público—, pero se reducen los montos que recibirán, atándolos al crecimiento del padrón electoral —y ya no, como ahora sucede, al número de partidos existente—. Se enmienda, también, el desacierto vigente que otorga el doble de financiamiento público para campañas federales con independencia de si se renuevan a la vez la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados o sólo esta última —hubo años como 1997 y 2003 donde distintos partidos recibían por “financiamiento para gastos de campaña” montos superiores a los que permitían erogar los “topes para gastos de campaña”—. Resulta de agradecer que se reduzca el tiempo de duración de las campañas políticas y se reglamenten las precampañas. Además, frente al modelo de “dejar hacer, dejar pasar” en las injurias y descalificaciones entre actores políticos, se dota a la autoridad electoral de las atribuciones para encauzar campañas de mejor calidad.
Ciro Murayama, Crónica, 31 de agosto.
También es loable que se acabe con el reparto de votos desde un escritorio que permiten las actuales coaliciones y se obligue a cada partido a ir con su emblema en la boleta para que sean los ciudadanos y sólo ellos los que digan cuántos votos corresponden a cada fuerza política. La reforma no es perfecta y tiene algunos problemas, como la pretensión de complicar la llegada de nuevas opciones a través del incremento de los requisitos para formar partidos.
En materia de justicia electoral, se ha apuntado que las salas regionales del Tribunal operarán de manera permanente y que se especificarán las causas en que puede anularse la elección presidencial, restando dosis de discrecionalidad a la decisión más relevante que tienen en su encargo los jueces electorales.
Ciro Murayama, Crónica, 31 de agosto.
Aunque es lo más sonado la remoción escalonada de los consejeros del IFE, la reforma electoral planteada ayer sin duda es mucho más ambiciosa y creo que muy buena.
Como ya está consensada, se estima que será turnada express a comisiones y quizá votada, ya en el pleno, la próxima semana.
¿Qué más integra? Bueno, es larga, pero citemos algunas cosas interesantes:
—Que la publicidad en medios se contratará a través del IFE (el nuevo, claro).
—Que terceros (como el Consejo Coordinador Empresarial) no podrán comprar anuncios con fines electorales.
—Una revisión de las prerrogativas
—Por fin: ¡reducción de los tiempos de campañas!
—Candados a las precampañas.
—Revisión de los casos cuando se amerite reconteo de votos.
Y claro, ausencia de autocrítica de los partidos de que deberían gastar mucho menos.
Katia D’Artigues “Campos Elíseos”, El Universal, 31 de agosto.
Sin embargo, también aparecen propuestas poco claras en temas neurálgicos. En el financiamiento a los partidos políticos, por ejemplo, el mayor clamor social para un cambio electoral, no queda claro si con la nueva fórmula que propone la iniciativa para asignar las prerrogativas a las fuerzas políticas, se reducirán significativamente los montos del financiamiento público a todos los partidos, o si en algunos casos, incluso puede incrementarse.
En ese tema, hay una propuesta para revisar. El presupuesto para las llamadas “actividades específicas” que se da a los partidos se propone entregárselos por adelantado, antes de que presenten siquiera una programación de esas actividades, cuando en el actual Cofipe, ese dinero sólo se entrega a los partidos una vez que ya realizaron las “actividades específicas” y que entregan la comprobación escrita de su realización
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 31 de agosto.
Otro tema que causará debate es la propuesta de que el Congreso designe a un contralor del IFE. La idea parece en contra de la autonomía que la Constitución concede al instituto y podría ser una intromisión de los partidos, porque las funciones y facultades sancionatorias que ese contralor tendría sobre los consejeros del IFE, lo asemejan más a una figura de control desde las Cámaras, que de vigilancia y fiscalización a consejeros.
¿Cómo justificarán que los regulados por el IFE se conviertan en reguladores del árbitro a través del contralor que elegirán y darán funciones casi persecutorias?
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 31 de agosto.
La propuesta de crear un Órgano Técnico de Consejo General, que sustituirá a la Comisión de Fiscalización, además de la desaparición del resto de las Comisiones del Consejo para formar “direcciones”, apuntan al debilitamiento de la figura de los consejeros ciudadanos, creada en la reforma de '96’.
Porque las nuevas “direcciones” estarían ahora a cargo de directores surgidos del Servicio Profesional Electoral que serían inamovibles y crearían, en los hechos, una estructura de poder y de decisión paralelas a la del Consejo General
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 31 de agosto.
Finalmente está el tema más polémico: la remoción escalonada de los consejeros del IFE. Aunque no se fijaron tiempos ni calendarios para la salida de los funcionarios, está claro que cuando se dictamine o, incluso, hasta que se vote en el pleno la iniciativa de reforma electoral, surgirá de último momento un “artículo transitorio” que dispondrá los tiempos para el relevo, en una maniobra que, por ahora, buscó quitarle presión a la salida de los actuales consejeros
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 31 de agosto.
La reforma electoral implicará una transformación profunda del IFE y, en ese sentido, sustituirá a los actuales consejeros electorales. Una renovación escalonada también se aplicará en el caso de los magistrados del Tribunal Electoral. Regulará precampañas y reducirá tiempos de campañas; prohibirá propaganda negra y pondrá topes a la publicidad en radio y TV; formalizará el recuento voto por voto cuando la diferencia del candidato ganador y del segundo lugar es de menos de 1% de los votos y explicitará casos de nulidad de la elección presidencial
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran Angular”, El Gráfico, 31 de agosto.
De una primera aproximación cabe resaltar que la propuesta incluye un buen número de modificaciones importantes, como el acortamiento de las campañas presidenciales y federales intermedias, así como la regulación de los tiempos de precampañas; la estimada reducción en un 50% del costo de las campañas, como efecto de su menor duración; cambios en el mecanismo de financiamiento y aportaciones; el reforzamiento de las facultades de fiscalización del IFE mediante la eliminación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal para acceder a las cuentas de los partidos; el establecimiento de un sistema de renovación escalonada para los consejeros del IFE y la ampliación de su encargo a 9 años; la prohibición para que agrupaciones gremiales formen partidos políticos; la elevación del número mínimo de militantes requeridos para formar y conservar el registro de un partido político, así como la obligación de devolver contribuciones en caso de perderlo, entre otras.
Verónica Ortiz Ortega, Crónica, 1º de septiembre.
Que hoy será un domingo de intensas negociaciones a puerta cerrada, y presiones al por mayor, pues mañana se deberán convertir en propuestas concretas los tres propósitos fundamentales del proyecto de reforma electoral:
“En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad” (dedicada a los medios de comunicación).
“En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad” (dedicada al presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, a los demás consejeros del instituto, y también a los integrantes del Tribunal Electoral).
“En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas electorales, no usar el cargo que ostentan en beneficio de la promoción de sus ambiciones” (dedicado a Felipe Calderón, Marcelo Ebrard, Enrique Peña Nieto, Eduardo Bours, Natividad González Parás, etcétera).
Hoy se juegan millones y millones de pesos.
“Trascendió”, Milenio, 2 de septiembre.
Otro aspecto que convendría tener en cuenta es la gran desproporción existente, con la fórmula en vigor, entre lo asignado a los partidos más votados en relación con los menos votados, lo cual se acentuaría con las nuevas disposiciones. Es correcto privilegiar a quienes reciben más sufragios, pero ¿por qué las distancias han de ser abismales?
Habida cuenta de la percepción que la sociedad tiene sobre los partidos como grandes succionadores de recursos del erario, sería pertinente que, antes de votar las modificaciones constitucionales, el Congreso de la Unión revisitara el tema del financiamiento y redujera aún más tales montos. En el rubro de campaña, por ejemplo, si se evita el gasto en medios electrónicos, la disminución podría ser mayor del 50 por ciento teniendo presente que a ese destino va alrededor del 70 por ciento del financiamiento público. Además, importaría repensar si debe mantenerse la posibilidad de aportaciones privadas a los partidos. ¿No sería más prudente eliminarlas? En la iniciativa en proceso se fija un máximo de 10 por ciento de la última campaña presidencial respecto del año de que se trate. ¿De verdad no podrían los partidos prescindir de ese porcentaje? ¿Por qué mantener un resquicio por donde puede entrar dinero ilegal (como ya ha ocurrido anteriormente) y mantener vivo el riesgo de que lleguen a las campañas recursos provenientes del narcotráfico?
Eduardo Huchim, Reforma, 3 de septiembre.
La iniciativa en estudio ofrece un panorama de claroscuros. En la parte luminosa destacan dos hechos: rango constitucional a la prohibición de propaganda negativa -restricción que ya existe, pero en la ley secundaria- y la posibilidad de que las autoridades electorales sancionen no sólo a partidos y agrupaciones políticas, sino también a "personas físicas o morales, nacionales o extranjeras". En la parte obscura destacan la falta de sanciones severas a los infractores en materia de dinero, la determinación de que los partidos son "el único medio" para acceder al poder público -lo cual cierra la posibilidad de candidaturas no partidarias-, la limitación al TEPJF para declarar la nulidad de una elección y la restricción a los derechos del militante implícita en la obligatoriedad de agotar las instancias internas antes de acudir a las jurisdiccionales. Y entre los pendientes figura, además de lo relativo a los medios electrónicos, el gran tema de las precampañas.
Si -y sólo si- el Congreso confirma los segmentos luminosos e ilumina las zonas hoy obscuras, habrá una reforma electoral no sólo importante sino de notable trascendencia para el desarrollo de nuestra democracia.
Eduardo Huchim, Reforma, 3 de septiembre.
De acuerdo con la propuesta de reforma electoral que modificaría los artículos 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134 de nuestra Constitución Política —y cuya discusión fue suspendida ayer en el Senado—, hay algunos puntos que, a primera vista, podrían resultar positivos. Revisemos:
-Disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales, 70% en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y 50% en el caso del Poder Ejecutivo y las dos cámaras del Congreso de la Unión. En números redondos: con la reforma aprobada, cada ciudadano inscrito en el padrón aportaría, anualmente, 35 pesos con 40 centavos.
-Reducción hasta de 85% en el monto absoluto que reciben los partidos por financiamiento privado. -Acortar las campañas presidenciales casi a la mitad, de 186 a 90 días, plazo máximo que también se fijaría para las de senadores y diputados en ese mismo año; para las elecciones intermedias, con la renovación exclusiva de la Cámara de Diputados, las campañas tendrán una duración de 45 días.
Hasta aquí parecería haber un acuerdo aprobatorio casi generalizado.
Marca la propuesta: "Fortalecer la autonomía del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Proponemos la renovación escalonada de consejeros y de magistrados electorales. Combinar renovación y experiencia ha dado resultados positivos en otros órganos públicos colegiados".
En la propuesta original nada se menciona de que los actuales nueve consejeros del IFE, encabezados por Ugalde, deberán salir, aunque es un propósito que será puesto en la mesa de negociación, ya con el beneplácito presidencial, para llevarlos a la piedra de los sacrificios.
Sobre este punto, con sus jaloneos y golpes bajos, parecería también que no se presentan resistencias.
Martín Moreno, “Archivos del Poder”, Excélsior, 4 de septiembre.
Entonces llegan los riesgos.
En la propuesta al artículo 41 constitucional, fracción III, párrafo segundo, se establece: "Queda prohibida la propaganda política o electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas".
Es decir: no a los ataques entre candidatos, a campañas negras o críticas que sean consideradas por la autoridad electoral como "denigrantes" hacia la persona de cualquier contendiente. Borrar su pasado. Prohibido cuestionarlos. Un país sin memoria. Que los mexicanos no se enteren de lo que hicieron o de lo que dejaron de hacer. La censura, pues.
¿Bajo qué criterio la autoridad dictaminaría qué es denigrante o no para algún candidato? ¿Cuál sería el parámetro profesional o moral para medirlo? ¿Cómo se clasificarían los excesos de campaña? ¿De qué manera los electores se enterarían de la parte oscura de sus candidatos? ¿Se busca entonces condenar a los mexicanos a vivir historias de príncipes valientes cuyos inmaculados protagonistas serían los candidatos?
Esta propuesta encierra un riesgo enorme. Pretender que la burocracia se erija en la conciencia electoral y moral del país es equivalente a querer trasladarnos a vivir bajo el yugo de la nomenclatura soviética que todo lo aprueba y todo lo censura. Es intentar que un grupo de notables piensen y decidan por un país. Es una intención tramposa que atenta contra el espíritu liberal que debe permear. Es una apuesta contra la libertad de los mexicanos.
Porque en todas las democracias consolidadas hay, en épocas de campaña electoral, ataques entre candidatos y partidos, y son ofensivas feroces en la mayoría de las ocasiones. Los políticos se exhiben y desnudan sus miserias, los votantes son testigos de las campañas negras y, a final de cuentas, reúnen los elementos suficientes para decidir por quién votarán. Y ningún país se ha desmoronado por ese sistema que aquí tanto asusta a nuestros políticos.
Martín Moreno, “Archivos del Poder”, Excélsior, 4 de septiembre.
La iniciativa propone reducir el financiamiento público a las campañas electorales en un 70 por ciento durante las elecciones intermedias -solamente para diputados- y en un 50 por ciento en las elecciones presidenciales -cuando también se eligen senadores y diputados-; de aprobarse, produciría -entre 2009 y 2012- un ahorro a los contribuyentes de 3 mil 200 millones de pesos, según los datos preliminares que Reforma publicó en primera plana el pasado viernes.
Propone acortar la campaña presidencial a 90 días, y las de diputados, en elecciones intermedias, a 45; son cambios que hace lustros la sociedad reclama. La iniciativa propone establecer reglas legales a las precampañas y dar la base para que quienes las violen sean sancionados. Los procesos internos de selección de candidatos presidenciales tendrían una duración máxima de 60 días, incluyendo dentro de ese plazo las precampañas.
Jorge Alcocer, Reforma, 4 de septiembre.
Según las normas vigentes, cada partido puede recibir al año dinero de fuentes privadas hasta por casi 270 millones de pesos; la iniciativa propone reducir drásticamente ese monto, cambiando la base para su cálculo. Poner un alto al crecimiento del financiamiento público y un límite sustancialmente inferior al dinero que los partidos pueden recibir por otras fuentes son medidas urgentes para sanear el sistema electoral.
Con la norma constitucional vigente, entre más partidos, más dinero para los partidos; la iniciativa corrige el defecto. Tenemos, además, una singular forma de repartir el dinero público, que provoca la bizarra situación de que entre menos votos tiene un partido, más dinero del erario recibe por voto. En 2007 el partido de mayor votación recibirá 53.63 pesos por cada voto, el de menor votación 164 pesos. La iniciativa propone una regla usual en casi todas las naciones del planeta que otorgan dinero público a los partidos: que la distribución se realice en función de los votos que cada uno de ellos obtiene, es decir, que sean los ciudadanos los que decidan, a través del voto, cuánto dinero dará el Estado a cada partido. Quizá resulte conveniente proteger una franja del financiamiento público para distribuirse con el criterio de igualdad. Es un asunto importante, pero no es de aquellos que definen el futuro de la democracia.
Jorge Alcocer, Reforma, 4 de septiembre.
Con todo, la reforma anunciada hasta el pasado 3 de septiembre, al menos en su versión constitucional, tenía varios cambios plausibles: campañas más breves, recursos mejor controlados y menos dinero destinado a los procesos electorales. También fortalecía las atribuciones del IFE, prohibía la publicidad del gobierno (de todos los gobiernos) durante las campañas políticas y abría la puerta al uso de tiempos oficiales (fiscales o de Estado) para la difusión de la propaganda política, rompiendo el ciclo vicioso entre partidos, dineros y medios.
La reforma permitía, además, que el IFE conviniera la organización de los comicios locales con los institutos electorales de los estados (sin vulnerar la soberanía de las entidades), y prohibía definitivamente la intervención de particulares en la compra de espacios mediáticos favorables a los partidos, así como las campañas negativas entre éstos. En lo fundamental, la iniciativa constitucional presentada por los tres partidos políticos más importantes de México respondía a buena parte de los problemas ya detectados que, el año pasado, hicieron crisis. Hasta aquí las buenas noticias
Mauricio Merino, El Universal, 5 de septiembre.
En contrapartida, la misma iniciativa presentaba también la peor cara del régimen de partidos que hoy gobierna al país: de un lado, modificaba la fórmula para la asignación del financiamiento público a cada partido, en función de los votos obtenidos en las elecciones de diputados, de tal modo que (ceteris paribus) los tres partidos más grandes ganarían más recursos, mientras que los pequeños los perderían.
De otro, se consolidaba el monopolio partidario de la representación política en todo el país, al prohibir de modo definitivo las candidaturas ciudadanas y la intervención de los sindicatos. Y además se creaban figuras especiales para llevar a cabo la fiscalización de los dineros de los partidos y para controlar al órgano electoral (designados por los propios partidos, desde la Cámara de Diputados), y se prohibía a los órganos electorales intervenir en la vida interna de los partidos
Mauricio Merino, El Universal, 5 de septiembre.
¿Quién, en su sano juicio, puede estar en contra de que se reduzca el financiamiento público y privado a los partidos políticos en tiempos electorales, en proporciones de 50%, 70% y 80%, respectivamente? ¿Quién estaría en contra de que se acorten a la mitad del tiempo actual las campañas presidenciales y de Congreso? ¿Y quién se opondría a que consejeros y magistrados del IFE y del TEPJF fueran renovados de manera escalonada?
Sin duda que las anteriores, entre muchas otras, son propuestas no sólo saludables para fortalecer los procesos electorales mexicanos, sino que se trata de reclamos generalizados y que vienen de lejos. En realidad los anteriores supuestos son sólo una parte, la parte bonita, de la iniciativa de reforma electoral que se discute en el Congreso, y que quiere ser “vendida” a la opinión pública como la gran “zanahoria” dizque para cumplir con la austeridad económica y el fortalecimiento de los procesos electorales
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 5 de septiembre.
La iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral incluye medidas sustanciales como la reducción del dinero que se destina a los partidos y de los plazos para las campañas. Pero otras de esas propuestas pueden tener un carácter regresivo.
Actualmente el financiamiento a los partidos tiene dos componentes: el 30% se distribuye de manera igual entre todos los partidos y el 70% de acuerdo con los porcentajes de votación que hayan obtenido. La iniciativa mantiene solamente el segundo de esos criterios, con lo cual serían afectados los partidos más pequeños.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.
En otra de las enmiendas constitucionales se prohíbe “la propaganda electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas”. Es entendible el propósito para evitar las campañas descalificatorias. Sin embargo en las campañas políticas son frecuentes las asperezas y las imputaciones mutuas. ¿Cómo se calificará cuando una afirmación es denigratoria (es decir, que ofende la fama pública de alguien)? La mejor manera de sortear o al menos disminuir la agresividad en las campañas radica en propiciar espacios para la deliberación y el intercambio de ideas. Pero nada de eso hay en la iniciativa.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.
De hecho, la propuesta de reforma constitucional establece plazos nada apremiantes para que entren en vigor varias de las nuevas reglas. Los cambios al régimen de financiamiento público para los partidos comenzarían a aplicarse en 2010. Si aguardarán hasta entonces para que funcione el nuevo régimen de dinero público, ¿por qué no pueden esperar también para iniciar la designación escalonada de consejeros electorales? Ya lo sabemos, aunque ahora se rehúsan a reconocerlo: con esta reforma los partidos —al menos PRD y PRI— no pretenden fortalecer sino minar a la autoridad electoral. Por eso la defenestración de los consejeros les resulta fundamental.
Junto con su autonomía, habrán tirado por la ventana la respetabilidad de la autoridad electoral que contrasta de manera tan ventajosa con la estropeada fama pública de los partidos políticos.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.
La pregunta sería, ¿por qué ahora los partidos políticos quieren prohibir las campañas negras? ¿Será que de pronto tenemos a partidos moralistas que están en contra de unas libertades fundamentales de las democracias modernas? ¿O más bien quieren blindarse para que nadie, en el futuro, les saque sus "trapitos al sol" en temporada electoral? Más aún: en el Senado de la República se está discutiendo para incluir en la Carta Magna la prohibición para que los particulares contraten spots de radio y televisión en épocas de campaña con el fin de descalificar a algún candidato de elección popular tanto a nivel federal como estatal. ¿Es decir, que sólo y sólo los partidos políticos tienen el monopolio de la democracia? ¿A cualquier otro actor o ciudadano le están vetados sus derechos fundamentales de expresión?
Yuriria Sierra, “Nudo Gordiano”, Excélsior, 7 de septiembre.
Pero no sólo eso, es en esta primera etapa cuando acordaron la reforma constitucional al artículo 41, de que "los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de radio y televisión conforme a lo que la ley señale". Así como la prohibición a la "propaganda política o electoral que denigre las instituciones, partidos políticos o las personas". ¿Quién demonios va a interpretar lo que es "denigrante"? La idea, dicen, es que se pongan candados legales para evitar que se repitan los hechos de la campaña presidencial de 2006, donde grupos ciudadanos pagaran espacios en televisión, con el fin de atacar a un candidato. Y es en este tema que quedan al aire muchas interrogantes, con el cambio moralino, antidemocrático y de buenas costumbres. Es que ahora, haciendo gala de su buen comportamiento, ¿van a eliminar a los legisladores plurinominales? O, tal vez, ¿reducirán sus millonarios sueldos y prerrogativas partidistas? ¿No, verdad? Lo cierto es que los ciudadanos estamos en nuestro derecho a saber de lo bueno y de lo malo de un candidato y esto sólo es posible mediante la crítica
Yuriria Sierra, “Nudo Gordiano”, Excélsior, 7 de septiembre.
¿En qué se convertirá la democracia? ¿En un mero teatro de simulaciones? De por sí la política es simulación, pero las campañas negativas tienen la virtud (aquí y en todas las democracias consolidadas) de advertir a los electores sobre el pasado, las decisiones, el carácter, la incongruencia, etcétera, de todos los candidatos que compiten por un puesto en particular. ¿No es deseable que al votante se le muestre también el rostro oscuro de aquellos que pretenden gobernarlo? ¿O nos quedamos sólo con los anuncios en los que todos aseguran que traerán el paraíso a la tierra a cambio de nuestro simple y sencillito voto? Yo, elector, sí quiero saber si el candidato X, que pregona ser un buen padre de familia, tuvo un hijo al que golpeó sin piedad en su adolescencia. O si la candidata W tiene colaboradores que han traficado con influencias. O si el candidato Z hace tres años dijo que estaba absolutamente a favor de la reforma fiscal, pero hace tres meses la votó en contra
Yuriria Sierra, “Nudo Gordiano”, Excélsior, 7 de septiembre.
Un tema que ha gravitado estas semanas en la discusión de la reforma electoral, que puede considerarse menor pero que puede acabar reventando las necesarias modificaciones a la Constitución y al Cofipe es la eventual remoción de los consejeros electorales.
Desde mi punto de vista, si la reforma electoral sale adelante y además se quedan los actuales consejeros, santo y bueno. Pero si a cambio de que se queden los consejeros fracasa la reforma, estaríamos perdiendo lo más por lo menos. Es decir, el que se vayan los consejeros no puede ser un asunto de principio pero tampoco puede serlo el que permanezcan.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de septiembre.
Las campañas negras serán prohibidas, por ejemplo, en la letra de la nueva legislación, pero éstas han seguido todos estos meses, como se comprueba al escuchar todos los días las informaciones en las principales radiodifusoras o ver los espacios noticiosos de Televisa y Televisión Azteca, en los que de manera sistemática se pretende engañar y desorientar a los mexicanos
Luis Javier Garrido, La Jornada, 7 de septiembre.
Sí parece existir un acuerdo para disminuir los gastos originados por la vida política: costos electorales y subvención a los partidos. El costo exorbitante de estas instituciones y procesos políticos puede y debe disminuirse; pero esto debe ser una operación equitativa y explicada al público. Huele, desde un principio, a acuerdo inexplicable con un resultado claro: tres partidos se quedan con la parte del león mientras a los pequeños se les reduce a la porción congrua. Según un estudio publicado por El Universal "la cantidad a repartir se obtendría de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 70% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal". Como me señalan varios conocedores del tema, para aumentar la confusión se debería dividir la cifra obtenida por el número de simpatizantes del Atlante radicados en Nayarit. Por lo pronto, esta operación daría un resultado esperado por los tres grandes: el PAN pasaría de 742 millones a 898, el PRI de 518 a 585 y el PRD de 446 a 483, mientras los pequeños serían laminados. Por ejemplo, el Verde pasaría de 223 millones a 172, et sic de coeteris.
Rafael Segovia, Reforma, 7 de septiembre.
La comisión autora del proyecto puede darse cuantos golpes de pecho considere necesarios y los grandes poner un gesto compungido. Eso no quita su intención jesuítica: proteger el dinero público mientras ellos aumentan sus fondos. Si de verdad quieren disminuir el costo de las elecciones deben buscar una fórmula más honesta para repartir los fondos proporcionados por los votantes y dejar las falsas justificaciones para mejor ocasión: decir que "cada ciudadano inscrito en el padrón aportaría anualmente 35 pesos con 40 centavos" es faltar a la verdad. Los no inscritos van también a cotizar. ¿O podrán descontarlos de sus impuestos?
Rafael Segovia, Reforma, 7 de septiembre.
En virtud de la reforma, éstas serían las novedades en materia de partidos políticos.
1.- Las candidaturas independientes o ciudadanas quedarían expresamente prohibidas.
2.- Los ciudadanos seguirán siendo los únicos que podrán formar partidos y afiliarse libre e individualmente pero se prohibiría la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en su creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
3.- Las autoridades electorales sólo podrían intervenir en la vida interna de los partidos según lo dispongan la Constitución y las leyes.
4.- En materia de financiamiento público, la reforma mejoraría la regla vigente y reduciría el gasto electoral. La norma actual para calcularlo multiplica el costo mínimo de campaña por el número de partidos, por el número de senadores y diputados a elegir, por el número de días que dura la respectiva campaña. Con la reforma, el financiamiento público se obtendría multiplicando sólo el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del salario mínimo del Distrito Federal (la iniciativa proponía el 70%). El monto resultante sería el monto a distribuir entre los partidos para sus actividades ordinarias.
5.- La iniciativa proponía repartir esa bolsa íntegra en forma proporcional a la fuerza electoral de cada partido. El predictamen está proponiendo conservar la regla vigente, según la cual el 30% de ese total se distribuye de manera igualitaria y el 70% restante, de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior de diputados.
6.- Se reduciría sustancialmente el financiamiento público para actividades de campaña. Con las reglas actuales, éste es una cifra idéntica a lo que cada partido recibe en año electoral por otro concepto de financiamiento llamado “por actividades ordinarias” u “ordinario”. Esta norma, empero, no distingue entre el año de elección general (Presidente y Congreso) y el año de elección intermedia (sólo diputados). Así, en año de elección general, el financiamiento para campañas sería de la mitad del financiamiento ordinario (reducción del 50%) y en el año de elección intermedia el dinero para campañas sería del 30% del financiamiento ordinario (reducción del 70%).
7.- Entrarían a la Constitución tres temas nuevos de primer orden: los gastos de los partidos en las precampañas, el método para liquidar obligaciones de los partidos que pierdan su registro legal y los casos en que sus bienes y remanentes serían adjudicados a la federación.
8.- Duración de campañas y precampañas: las primeras, en año de elección general, pasarían de cerca de 180 días a sólo 90 y en año de elección intermedia, se reducirían de 90 a 45 días; las precampañas en ningún caso podrán durar más de dos tercios de lo que duren las campañas respectivas.
Sergio González Muñoz, Crónica, 9 de septiembre.
Para el financiamiento de las campañas electorales, cuando se elija presidente será del 50 por ciento de lo que corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese año; para la elección de diputados será del 30 por ciento. Para las llamadas actividades específicas (educación, capacitación, investigación y tareas editoriales) corresponderá a cada partido el 3 por ciento del monto total del financiamiento público de actividades ordinarias en la misma proporción de 30 y 70 por ciento. La ley deberá fijar el monto máximo de las aportaciones de simpatizantes a los partidos hasta el 10 por ciento del tope de gastos de la campaña presidencial. Estas nuevas reglas, de aceptarse, redundarán en una muy consistente reducción de los gastos exorbitantes con los que se ha financiado nuestro actual sistema electoral. Eso era una demanda generalizada
Arnaldo Córdova, La Jornada, 9 de septiembre.
También se pueden apreciar elementos positivos en la iniciativa. La reducción de los tiempos de campaña es uno de ellos. Si la iniciativa prospera tendremos contiendas presidenciales más breves, campañas notablemente más cortas y más baratas. También me parece valioso regular el sentido de la propaganda oficial. La publicidad de los órganos públicos no podrá contener nombres o símbolos que supongan promoción personal. Podría ponerse fin a esa práctica grotesca que nos ha inundado en fechas recientes: alcaldes, gobernadores y presidentes dilapidando las arcas públicas elogiándose en los medios. El cambio es un avance pero es insuficiente. El derroche se muestra igualmente en campañas institucionales tan anodinas como la del Senado que sigue teniendo permiso para bombardearnos con su cursilería.
Jesús Silva Herzog Márquez, Reforma, 10 de septiembre.
La reforma electoral recortaría millones de pesos a los partidos.
Dice Santiago Creel: se ahorrarán 1,973 millones de pesos en 2009; 365 millones en 2008, 2010 y 2011 y 1,335 millones en 2012.
En total, 4,403 millones de pesos.
Si no hay reforma, los partidos tendrán en 5 años, más de 13 mil millones de pesos.
Por eso todos quieren un partido.
Pepe Grillo, Crónica, 11 de septiembre.
En ese sentido, los ejes de la propuesta en este tema son los siguientes:
1. Prohibir la contratación de publicidad en radio y televisión (lo que representó 80% del gasto en las elecciones de 2006), por parte de los partidos políticos así como de cualquier particular. Con lo cual no sólo se abaratan consistentemente las elecciones, sino que se eleva a rango constitucional la prohibición para que terceros adquieran publicidad incidiendo abiertamente en la equidad que debe prevalecer en las contiendas.
2. Prohibir de manera absoluta la propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno durante las campañas electorales. Con lo que se impide cualquier intervención indebida de los gobernantes en las elecciones, que deben ser una contienda entre partidos y no entre éstos y los poderes públicos.
3. La utilización de los tiempos que corresponden al Estado —que hoy ya existen, por lo que no se le “expropiaría” nada a nadie- para que durante las precampañas y las campañas sean distribuidos entre los partidos políticos y el IFE. Es decir, no se está planteando sacar a los partidos de la radio y la televisión, sino hacer más racional, equitativa y menos cara su presencia en esos medios.
4. La prohibición, ahora planteada en la Constitución, de expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Con ello se ponen las bases para que las campañas centradas en la banalización y la ofensa, de las que algunos tanto se enorgullecen, queden atrás.
5. Además se convierte a las autoridades electorales, en su calidad de árbitros de las diversas contiendas electorales, en los garantes de las reglas anteriores, facultándolas para sancionar, mediante procedimientos expeditos, las violaciones que se cometan; incluyendo la posibilidad de suspender, de manera inmediata, las transmisiones radiofónicas o televisivas que transgredan esas prohibiciones.
6. Por último, y esta propuesta de modificación trasciende el ámbito electoral, se plantea que se prohíba la personalización —mediante la utilización de la imagen o la voz de los titulares de los entes públicos— de la publicidad que difundan los órganos del Estado, la cual deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social.
Lorenzo Córdova, El Universal, 11 de septiembre.
Se comprende, finalmente, que hay necesidad de que las organizaciones partidarias, y no sólo los ciudadanos, tengan confianza en el IFE y en sus funcionarios; que hay elementos dignos de reforma (por ejemplo, es un problema que quien organiza las elecciones sea también quien fije los castigos a los partidos políticos: árbitro y comisión disciplinaria al mismo tiempo); que la negociación que llevó a la conformación del actual Consejo General dejó fuera al PRD, que quienes la operaron por el PRI ya no tienen el mismo peso en el partido y que en política las palabras “nunca” y “siempre” están vedadas
Pero no se entiende —y es parte del menjurje— que el intento de remoción de los consejeros sea tan burdo, tan directamente dirigido a la cobranza de facturas —internas, en el caso del PRI; propagandísticas, en el del PRD— que haya tanto desprecio a las instituciones.
Francisco Báez, “Empedrado”, Crónica, 11 de septiembre.
El ahorro es posible porque se modifica el modelo de campañas electorales, en el que los partidos dedican la mayor parte de sus ingentes recursos a la compra de tiempo aire en los medios, precipitándose en una carrera demencial donde cada vez es necesario más dinero para poder estar en condiciones de competir. Este esquema generó un círculo vicioso en el cual los partidos políticos y los candidatos quedaban prácticamente a merced de las grandes cadenas de radio y televisión.
La reforma rompe este círculo vicioso prohibiendo la compra y contratación de tiempo aire por parte de los partidos, y mandata que el acceso de éstos a los medios electrónicos se realice con cargo a los tiempos que, por ley, el Estado tiene, no se pagará por ellos. Algunos voceros de los medios electrónicos han dicho que es una “medida confiscatoria”, pero ello es inexacto, pues sólo se utilizarán los tiempos actualmente disponibles para el Estado —48 minutos diarios—, eso sí, en una diferente distribución.
Diódoro Carrasco, Milenio, 13 de septiembre.
Aspecto sustantivo de la reforma es que reduce de manera considerable el tiempo de las campañas electorales y regula la duración y modo de las precampañas. La suspensión de toda propaganda gubernamental en tiempos electorales, así como la prohibición de que los gobernantes utilicen recursos públicos para hacerse publicidad personal en los medios, son avances decisivos en cuanto a equidad y transparencia electoral. Se reduce, asimismo, el porcentaje de los recursos que los partidos pueden percibir del ámbito privado, a menos de una cuarta parte.
Diódoro Carrasco, Milenio, 13 de septiembre.
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