REFORMA ELECTORAL: ACTORES Y ESCENARIOS: 5.- EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

La reforma electoral supone una transformación del IFE; llama la atención que en este ítem únicamente concentramos 14 comentarios, es decir, 1.46% de los 957 sistematizados. El énfasis es nuevamente en la remoción de los consejeros electorales y, en menor medida, en la posibilidad de organizar elecciones locales, previa solicitud de por medio. Se abordan también los cambios medulares desde diversas perspectivas: la Contraloría y el órgano de fiscalización y vigilancia del uso de recursos tanto del IFE como de los partidos.

Ahora, las perspectivas, conforme a la propia Ley para la Reforma del Estado, estarán en manos de los legisladores y de su disposición, capacidad y, principalmente, claridad en los objetivos. Por una parte, más allá del voluntarismo, se encuentra el compromiso de los partidos políticos para que puedan asumir y sustraerse en lo posible del siempre complejo y atractivo tema de la reforma electoral. Con el aliciente en esta coyuntura de la hipotética modificación a la formación del consejo general del Instituto Federal Electoral. A esto hay que añadir un año, 2007, de intensa actividad electoral: 14 comicios en 13 entidades provocan que otros temas, como la reforma fiscal o hacendaria, o el tratamiento de la administración de Petróleos Mexicanos, se vean condicionados e incluso bloqueados
Javier Oliva Posada, La Jornada, 9 de julio.

En el debate de cambios electorales, el PRI y el PRD incluyen el rediseño del IFE y la salida de al menos tres de los nueve consejeros electorales que integran el organismo. De seis remociones que planteaban en principio, la cuota de cambios de consejeros se bajó a tres, y de ésos hay un nombre que ya tienen pactado priístas y perredistas: el del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, mientras que los otros dos los negociarían con el PAN
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Gráfico, 8 de agosto.

Transformar al Instituto Federal Electoral en Instituto Electoral Nacional que organice todas las elecciones, incluidas las de los estados. La recomendación reconoce el desgaste de los institutos electorales algunos de los cuales no inspiran confianza y le quitan certidumbre a los comicios. El comité propone que las o los nuevos consejeros sean propuestos por la ciudadanía para ser aprobados por cuatro quintas partes de la Cámara de Diputados. Tener un solo órgano permitiría hacer ahorros considerables, profesionalizaría el trabajo y le daría más certidumbre a los resultados porque evitaría la dominación impuesta por algunos gobernadores al instituto electoral.
El comité también plantea una reducción en más del 50 por ciento al financiamiento público entregado a los partidos. Es urgente hacerlo porque el dispendio en que incurren tiene proporciones cada vez mayores. En el 2006 los partidos políticos recibieron de la Federación y de los estados más de 6 mil millones de pesos. El fenómeno está agravándose porque los montos crecen más en los estados que en la Federación. Otra dimensión del desorden está en las transferencias ilegales que entidades públicas, empresas e individuos hacen a las campañas.
Sergio Aguayo Quesada, Reforma, 8 de agosto.

Por eso están equivocados los que proponen como solución óptima la creación de un Instituto NACIONAL Electoral para reemplazar al IFE. Se trata de un remedio con más complejidades que el problema que pretende resolver. Por supuesto que la creación de una nueva institución solucionaría el riesgo de que los Consejeros vayan a montar una defensa jurídica exitosa de sus cargos (que, dicho sea de paso, es prácticamente en lo único en que han mostrado firmeza durante su gestión).
Pero una autoridad con responsabilidad de organizar todas las elecciones acarrearía la multiplicación de las presiones políticas cruzadas que recaen sobre el Consejo General, sin la información o los equilibrios necesarios para cada uno de los retos locales. Significaría, además, un menosprecio a la nueva clase de profesionales en materia electoral que se ha venido formando en los estados (o en la mayoría de ellos) a la par, sino es que a la vanguardia en muchos casos, de los profesionales a nivel federal.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 13 de agosto.

Por separado, el diputado priísta coahuilense Jericó Abramo Masso se manifestó contra la creación de un instituto nacional electoral, por considerar que violentará la libertad y soberanía de los estados, además de generar desconfianza entre los electores
Miguel Ángel Rivera, “Clase Política”, La Jornada, 16 de agosto.

En la propuesta de reforma al mismo artículo y párrafo, pero en su fracción V, se proyecta establecer una "Contraloría General (que) tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del IFE". Su titular será nombrado por el voto de 334 diputados (las dos terceras partes).
¿Qué propósitos encierran los términos "autonomía de gestión"? ¿Se intenta acaso incubar un fiscal interno en el IFE que, convertido en una especie de Gestapo electoral, se vuelva pinza de presión al servicio de los partidos políticos para influir en cuestiones electorales? Es muy simple: aprobar esta contraloría, significaría sepultar la autonomía del IFE, cuyos jefes ya no serían los ciudadanos, sino los líderes de partido.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 4 de septiembre.

Dos nuevos órganos en el IFE tendrían a su cargo los asuntos relativos a la fiscalización y vigilancia del uso de recursos, tanto de los partidos como de la propia institución. La iniciativa propone profesionalizar y asegurar la imparcialidad en la función fiscalizadora relativa a partidos, hoy encabezada directamente por los consejeros electorales, con todos los problemas que eso provoca. Como autonomía no es autarquía, se propone también el fortalecimiento de la Contraloría Interna del IFE, cuyo titular es designado hasta hoy por los consejeros electorales, que por esa vía son juez y parte de su propio control administrativo. Hace años, el contralor del IFE sancionó con el cese a un consejero electoral; quien finalmente resultó cesado fue el primero. La iniciativa propone que la Cámara de Diputados elija al contralor del IFE, como desde 1990 elige a los consejeros electorales. Si existe una solución mejor, que se ponga sobre la mesa; solamente hay que tomar en cuenta que Dios no se mete en elecciones.
Aunque la iniciativa no contiene disposición alguna sobre el destino de los actuales consejeros electorales y del consejero presidente, el asunto ha dado lugar a una agria polémica. Al respecto, cabe recordar que el juego electoral tiene como uno de sus puntos de referencia que el árbitro cuente con la confianza de los jugadores.
Jorge Alcocer, Reforma, 4 de septiembre.

Y por último se secuestra al IFE, con un auditor, con menos consejeros, y con la defenestración de los actuales que pueden o no ser del agrado de unos u otros, pero que son al final del día, como lo enuncia muy bien un desplegado aparecido el día de hoy en varios periódicos, quienes calificaron la elección del año pasado. En mi muy retorcida mente talmúdica confieso que no entiendo cómo pueden resultar ahora ineptos, mentirosos y hasta corruptos, los consejeros que el año pasado certificaron con pericia y honestidad pecuniaria e intelectual los comicios presidenciales. Son hoy lo que eran ayer. Si merecen ser despedidos hoy, no merecieron ser creídos hace un año.
Jorge Castañeda, Reforma, 5 de septiembre.

Pero más allá de la “mentira piadosa”, la parte gruesa de la reforma, en donde el engaño es mayor, se localiza en la pretensión de agregar a la estructura del IFE la figura de una “Contraloría General” que “tendría a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del IFE”, y cuyo titular sería nombrado por la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir lo anterior?
En términos llanos, que al colocar sobre la autonomía financiera y de gestión del IFE y de su Consejo General una “contraloría general” —cuyo titular dependería del Congreso—, en realidad se coloca sobre el árbitro electoral a un vigilante de los dineros que maneja, sea para su gestión, sea para las prerrogativas que destina a los partidos. ¿Y qué con eso? Poca cosa, que de manera grosera se vulnera la esencia que le dio origen al IFE: la autonomía financiera y de gestión
Según esa propuesta, el árbitro electoral sería vigilado por otro árbitro, del mismo peso y con el mismo origen que el Consejo General del IFE, pero con el agravante de que mantendría una clara dependencia de la Cámara de Diputados y, en el extremo, estaría sometido a los partidos y a los humores de sus dirigentes que —paradójicamente— son las instituciones que por definición debían ser vigilados por un órgano del Estado, autónomo como el IFE. En pocas palabras, la propuesta de reforma electoral del PRI y el PRD —y a la que obligarán a votar al PAN a cambio de la reforma fiscal— dejará en manos de los partidos el control de los procesos electorales.
Y es que de manera tramposa, PRI y PRD proponen fiscalizar al IFE —con una figura que dependerá de la Cámara de Diputados—, en lugar de ampliar las facultades del propio IFE para fiscalizar a los partidos y sus candidatos. Eso sí, le quitan al Consejo General la Comisión de Fiscalización y crean un órgano técnico de fiscalización, desligado de los consejeros. El IFE, hay que recordarlo, nació como resultado de un esfuerzo por arrebatar el control de los procesos electorales a los gobiernos del PRI, mediante la autonomía de gestión y financiera, precisamente para garantizar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en los procesos electorales. Pero hoy lo que proponen PRI y PRD es darle la vuelta a esas características, para dejar al IFE en calidad de subordinado del Congreso, que es lo mismo que dejar el control del árbitro en manos de los partidos, de los jugadores
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 5 de septiembre.

Más preocupante es la creación de dos organismos que limitan las facultades del Consejo General del IFE. Se propone que haya una Contraloría, designada por la Cámara de Diputados, que fiscalizaría los gastos del Instituto. Si el Instituto es autónomo el Congreso no tiene por qué designar a su contralor. Con el mismo criterio los diputados podrían nombrar a la contraloría de la UNAM, por ejemplo.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.

Por otro lado, se establece que la fiscalización de las finanzas de los partidos estaría a cargo de “un órgano técnico del Consejo General”. En sus indagaciones, ese órgano técnico no estaría limitado por los secretos bancario y fiscal. Pero esa atribución, que ciertamente es de gran importancia, queda restringida a dicho organismo en vez de que se trate de una facultad del propio Consejo General.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 6 de septiembre.

Otro tema delicado es la contraloría externa que los diputados quieren establecer para el IFE. No porque sus recursos no deban ser controlados, al contrario, sino porque el contralor sería designado por los partidos: ¿con quién estaría el compromiso del contralor, con el Instituto o con los partidos que lo designaron? ¿No sería más sencillo derivar esas labores de contraloría a la Auditoría Superior de la Federación?, ¿no sería un mecanismo idóneo, si lo que se quiere es preservar la autonomía del IFE, que ese contralor o incluso los consejeros del Instituto, fueran designados, no por los partidos, sino, como ejemplo, por la Suprema Corte de Justicia? Propuestas hay muchas y los acuerdos son posibles. Pero se requiere, para ello, más voluntad y menos chantaje
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 6 de septiembre.

En materia del IFE las novedades serían:
1.- La Cámara de Diputados nombraría, por el voto de dos tercios, un contralor interno del IFE que duraría en su encargo seis años y podría ser reelecto por una sola vez.
2.- Los consejeros serían sustituidos escalonadamente, durarían nueve y no siete años en su encargo y su reelección quedaría expresamente prohibida, pero no se observa acuerdo aún en el número de consejeros.
3.- Quedaría prohibido a los consejeros y al secretario ejecutivo, dentro de los dos años posteriores a su separación del IFE, ocupar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.
4.- El IFE recibiría nuevos poderes para sancionar a los partidos “o cualquier otra persona física o moral” por la violación a las reglas sobre financiamiento, campañas y precampañas.
5.- La fiscalización de las finanzas partidarias quedaría separada del consejo general, se le otorgaría a un órgano técnico, dotado de autonomía de gestión que además, no estaría limitado por los secretos fiscal, bancario y fiduciario.
6.- El IFE podría asumir la organización de las elecciones locales mediante convenio con las autoridades locales respectivas.
Como podrá usted ver, las reglas de las elecciones mexicanas están por cambiar. Ya era tiempo. Como lo anuncié en mayo pasado en este mismo espacio, la reforma electoral es inminente y no será de proporciones menores. El Congreso conduce el proceso esta vez y en particular el Senado, pues el Ejecutivo no atinó a proponer nada. Que sea para bien de la democracia mexicana. Nos leemos en las siguientes entregas.
Sergio González Muñoz, Crónica, 9 de septiembre.

El otro polo de esta reforma es el esfuerzo de los partidos para tener mayores controles sobre la autoridad electoral. La creación de una contraloría designada por la Cámara de Diputados y de un “órgano técnico” para fiscalizar a los partidos nombrado por el Consejo del IFE pero separado de él son dos medidas que limitan la independencia de la autoridad electoral. Y sobre todo la destitución de tres de los actuales consejeros, entre ellos el Presidente del IFE, sigue siendo una decisión caprichosa e inopinada.
En los artículos transitorios del dictamen se dice cuándo deberán ser designados, de manera escalonada, los consejeros que tendrá el organismo electoral durante los siguientes seis años. Pero no se establece con qué procedimiento serán seleccionados los tres que dejarán el cargo en cuanto la reforma constitucional sea aprobada y los otros tres cuya gestión, en vez de concluir en 2010 como estaba previsto, llegará únicamente hasta el año próximo.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 13 de septiembre.