Entidades de EU impulsan más control migratorio

La internación de indocumentados mexicanos en lugares no tradicionales en Estados Unidos, particularmente en el sureste y el medio oeste del país, ha provocado que los gobiernos locales impulsen leyes de control migratorio que pretenden ocupar el vacío dejado por la ausencia de acción federal en la materia.

Un estudio del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) revela que en los primeros seis meses de 2007 más de mil 400 iniciativas de ley de control migratorio fueron presentadas en legislaturas estatales en Estados Unidos; de ellas, poco menos de 200 fueron eventualmente aprobadas.

El análisis señala que los 6.2 millones de mexicanos indocumentados que se estima viven en Estados Unidos se han establecido en estados y regiones que no han sido destino tradicional de la fuerza de trabajo indocumentada y por lo tanto no tenían experiencia en la administración del fenómeno migratorio, como es el caso del sureste y el medio oeste de ese país.

Asegura que la incursión de los mexicanos en lugares distantes a Los Ángeles, Nueva York o Chicago, y su visible participación en la industria de la construcción y el sector de servicios en los suburbios estadounidenses, ha generado un debate nacional en torno a los costos sociales y económicos de la inmigración, pero al mismo tiempo ha dado lugar a respuestas de gobiernos locales para el control migratorio.

El estado de Georgia, uno de los destinos preferidos del flujo migratorio mexicano en años recientes, fue uno de los primeros, junto con Arizona (en donde se aprobó la Proposición 200 en 2004), en adoptar una iniciativa de ley de control migratorio: la Ley de Seguridad e Inmigración de Georgia o SB 529 (Georgia Security and Immigration Compliance Act, aprobada el 17 de abril de 2006).

“Esta ley es un ejemplo emblemático de la respuesta que gobiernos locales han dado ante la presencia de inmigrantes indocumentados y ha sido considerada por detractores y simpatizantes como una de las más estrictas de la nación”, señala el IME.

La SB 529 integró diversos elementos punitivos y de control migratorio que la instalaron en una categoría aparte de las numerosas iniciativas que otros gobiernos locales en el país.

Por ejemplo, la ley autoriza al estado a negociar un memorándum de entendimiento con el Departamento de Justicia o el de Seguridad Interna de Estados Unidos respecto al cumplimiento de leyes federales en materia migratoria y aduanal, concluye el IME.
Natalia Gómez Quintero, El Universal, 5 de agosto.

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