Paredes rechaza el ultimátum

La presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, hizo un llamado a evitar “declaraciones estridentes” en materia de seguridad, “porque entrar en esa secuela puede llevar a extremos, como pedir la salida de todos, muy dañinos para la democracia”.

Así respondió la priista a la exigencia del empresario Alejandro Martí de que si los gobernantes no pueden, renuncien, y al plazo de 100 días que María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, fijó el jueves para que haya resultados en el combate al crimen organizado.

La tlaxcalteca planteó que es legítimo el derecho de la gente a expresarse ante la intranquilidad social y el ambiente de inseguridad que priva en todo el país, pero advirtió que demandar la cabeza de los funcionarios responsables de la seguridad pública pone en grave riesgo a la democracia. “Eso no tiene sentido, porque se trata de actuar”, comentó.

En cambio, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, sí se comprometió a que en 100 días se tendrán resultados concretos en el combate a la delincuencia, como se acordó la víspera durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, en la que participaron el presidente Felipe Calderón, los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Contrario a la posición de su lideresa, Emilio Gamboa, coordinador de la bancada priista en San Lázaro, está de acuerdo con que renuncien los gobiernos que no puedan, y aclaró que el cambio al formato del Informe presidencial no exime a Felipe Calderón, y a su gabinete, de ser citados a comparecer sobre el problema de la inseguridad u otros temas, una vez que entregue su documento el 1 de septiembre.

Durante su reunión plenaria en Aguascalientes, el PRI resolvió incluir el combate a la delincuencia como la primera de sus prioridades: con un paquete de reformas que incluye la creación de un centro de inteligencia que vigile exclusivamente a las policías; hacer obligatoria la coordinación entre los tres niveles de gobierno; regular el uso del teléfono celular, y llevar a cabo la segunda etapa de cambios judiciales con una nueva ley de amparo, para evitar que se abuse de ese mecanismo y se prostituya.

El secretario general priista, Jesús Murillo Karam, avaló el paquete de 75 acuerdos adoptados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero dijo que necesitan aterrizarse en reformas legales. “Una falla sustancial es el procedimiento. Si no hay una ley que vincule todo esto, se quedará sólo en buenos propósitos”, expuso.

Mouriño, a su vez, informó que como parte de los compromisos del Poder Judicial, en 100 días se abrirán juzgados de distrito especializados en medidas cautelares con jurisdicción en todo el país. Sostuvo que en ese periodo habrá una primera evaluación y una de las acciones inmediatas es el establecimiento del Centro de Control de Confianza, que certificará que en cada estado se instituyan órganos similares con el compromiso de depurar la totalidad de las policías en los tres niveles de gobierno.

Recordó que el Poder Legislativo tiene el compromiso de enviar un paquete de reformas secundarias que dotará al Estado y a la sociedad de mejores herramientas para enfrentar a la delincuencia. El documento deberá ser presentado antes del 1 de octubre, para que sea revisado, analizado, debatido y eventualmente dictaminado y votado en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión antes del 15 de diciembre, dijo Mouriño.

El titular de Gobernación agregó que se requieren avances concretos en organización y fortalecimiento de los grupos antisecuestro a escala nacional, y como parte de los compromisos del Poder Judicial, en 100 días se abrirán juzgados de distrito especializados en medidas cautelares con jurisdicción en todo el país.

Panistas critican a Ebrard

Los diputados panistas Héctor Larios y Cristián Castaño censuraron al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, por haber respondido la misma noche del jueves a Alejandro Martí sobre estar dispuesto a renunciar si no puede contra el hampa, pero después de una consulta ciudadana. “Ya conocemos esos ejercicios, como el ecológico, sin ninguna participación. No son serios sus planteamientos”, dijo el coordinador blanquiazul en San Lázaro.

Castaño calificó de “chiste” que haya funcionarios, en alusión a Ebrard, que digan cómo van a renunciar (mediante una consulta) en lugar de informar sobre las metas y compromisos para resolver el problema del hampa. “Debería decirnos cómo va a terminar con el crimen organizado, cuántos elementos y cuáles son las metas para limpiar las policías, cómo vamos a tener controles en los penales, cómo evitar contubernios en los ministerios públicos”, apuntó.

En tanto, los diputados Luis Sánchez Jiménez, del PRD, y Francisco Rivera Bedoya, del PRI, dijeron que el mandato del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es claro: si no hay resultados en 100 días, los primeros que tiene que renunciar son los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, y el jefe capitalino, Marcelo Ebrard.

Minicumbre

El Gobierno del Distrito Federal convocará la próxima semana a los 16 jefes delegacionales a una reunión de Seguridad Pública, con el propósito de implementar acciones específicas que contribuyan a la disminución de la inseguridad.

Confirmados los 14 delegados que pertenecen al PRD, los secretarios de Gobierno, José Angel Avila y Manuel Mondragón, de Seguridad Pública, se reunieron con representantes de los panistas en Miguel Hidalgo y Benito Juárez para convencerlos de asistir al encuentro.

Mondragón y Kalb dijo que dejará su cargo si no se tienen resultados en la materia. “Naturalmente si no tenemos resultados, no hay nada que hacer, también me voy”.

A cumplir con la tarea

Una vez firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, llegó el momento de que cada uno cumpla sus compromisos y contribuir al combate al crimen, aseguró el presidente Felipe Calderón.

“Cada quien tiene tarea que hacer”, dijo el Presidente, en un nuevo llamado a todos los sectores del país, porque “es hora de sumar esfuerzos”.

Al abanderar a la selección de atletas mexicanos que participarán en los Juegos Paralímpicos de Pekín, el jefe del Ejecutivo insistió en que México enfrenta muchos retos, pero hay voluntad y fuerza para superarlos.

“Unidos, los mexicanos tenemos la capacidad de resolver uno por uno nuestros problemas. Uno de los desafíos más urgentes es poner un alto al crimen y a la inseguridad, y al mismo tiempo hacer de México un país de leyes”.
Angélica Mercado, Mauricio Juárez y Lorena López, Milenio, 23 de agosto.

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