El principal bastión de las propuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es que permanezca la tasa de 16.5% en el IETU durante el 2009 y se les otorgue a las empresas incentivos fiscales en el sentido de urgencia, por lo que argumenta en el documento: “México aborda esta crisis con variables macroeconómicas y finanzas públicas fuertes… las reservas de divisas superan ampliamente la deuda pública de corto plazo, mientras que el sistema bancario goza de buena salud”.
Los empresarios están comprometidos a preservar el empleo en la medida de lo posible, pero se requieren compromisos de los poderes federal y estatal, así como del legislativo para trabajar con celeridad en las reformas estructurales.
“Necesitamos una política de estímulos fiscales, como se está haciendo en muchos países… para tener un modelo confiable y con plazos de los programas de infraestructura…”, estableció.
Explicó que a diferencia de 1995, cuando el Producto Interno Bruto alcanzó cifras negativas históricas, en la actual crisis no hay indicios para estimar un impacto similar en la economía mexicana. Pero, “la situación económica no ha dejado de agravarse y requiere de una intervención más firme y coordinada por todas las partes”, especificó.
Urgen plazos y compromisos
Dentro de la agenda del gremio de los patrones de la República Mexicana, se considera que la política fiscal resuelva no sólo retos de la coyuntura, sino con una visión de largo plazo, de modo que propone un Impuesto al Valor Agregado (IVA) generalizado con una tasa de 12%, incluyendo alimentos y medicinas, tal vez con una tasa diferenciada.
Además de que se simplifique el despacho aduanal y se elimine el pago de la tenencia.
En el punto de la reforma laboral, propone mayor flexibilización en las contrataciones y liquidaciones; así como en las jornadas y esquemas de pago de salarios. Establecimiento de reglas claras para los contratos colectivos y simplificación en la Ley Federal del Trabajo.
Para tener un gobierno eficiente, demanda eliminar trabas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, así como mayor certidumbre jurídica en los proyectos y tope salarial a funcionarios públicos.
Dentro de estos planteamientos se concluye que México requiere fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC), reducir los precios de los hidrocarburos y mayor participación privada; mejor calidad e innovación en la educación.
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