México pidió un plazo para examinar ocho recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tienen que ver con las acciones que el gobierno federal lleva a cabo contra el crimen organizado y el narcotráfico y con la participación del Ejército.
Las recomendaciones tienen que ver con la revisión del código de justicia militar para adecuarlo a estándares internacionales; que las autoridades civiles, no las militares, sean quienes juzguen las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, solicitan la abolición de la práctica del arraigo y asegurar la supremacía de la justicia civil sobre la militar.
Al recibir el informe del Examen Periódico Universal, el gobierno de Felipe Calderón aceptó 83 recomendaciones pero otras ocho no fueron de principio acogidas debido a que serán analizadas y se espera que en junio se tenga una respuesta al respecto, señaló el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.
Entre las observaciones en reserva se encuentran las que hizo Nueva Zelanda, quien recomendó abolir la práctica del arraigo pues considera que la medida podría considerarse una detención arbitraria.
Por su parte, Bangladesh se pronunció porque el gobierno mexicano asegure que la primacía del sistema legal civil prevalezca sobre cualquier proceso judicial militar en todo el territorio.
Corea y Rusia encomendaron “conceder jurisdicción a sus autoridades civiles y tribunales en los actos humanos y violaciones de garantías individuales cometidas por miembros del Ejército en el desempeño de funciones de aplicación de la ley”.
El informe de la ONU, destaca que “si la participación militar en la lucha contra la delincuencia organizada es necesaria, la ampliación de las funciones de los militares debe contrarrestarse con medidas para reforzar la protección de los derechos humanos”.
Los gobiernos de Perú y Uruguay invitaron a las autoridades del gobierno federal a realizar un “examen de las disposiciones legales pertinentes para garantizar que todos los delitos cometidos contra los derechos humanos por las fuerzas militares puedan ser presentados ante los tribunales civiles”.
Además de promulgar una definición de delincuencia organizada de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Portugal, sugirió dar seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y la Oficina del Alto Comisionado para la autonomía de los tribunales civiles y que estos puedan juzgar los delitos contra los derechos humanos, “en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar, incluso cuando se afirma que fueron relacionadas con el servicio”.
La última recomendación reservada por México es la que emitió Bélgica, nación que pidió el restablecimiento de la oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o en su caso, crear una oficina similar, “que significaría una clara señal hacia la lucha contra la impunidad para las víctimas y sus familias”.
Segob destaca compromiso
La Secretaría de Gobernación señaló que México recibió con satisfacción aquellas referidas al sistema de justicia, la armonización legislativa, el fortalecimiento de políticas públicas, la lucha contra la discriminación, el combate a la violencia contra la mujer, la protección de los periodistas y los derechos indígenas y los migrantes, entre otros.
La dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont —quien presentó el informe de México ante el Grupo de Trabajo en Ginebra, Suiza— detalló que el documento recoge el compromiso voluntario del gobierno federal de atender las recomendaciones en el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 y trabajar estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Refleja el compromiso voluntario de dar seguimiento a las recomendaciones a través de la Comisión de Política Gubernamental de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, se agrega.
Solicitud de Iniciativa Mérida
En mayo de 2008 el gobierno de Estados Unidos condicionó la ayuda de la Iniciativa Mérida al solicitar al gobierno mexicano la implementación de reformas legales y judiciales, y que las unidades policiales y militares apoyadas con recursos sean ajenas a violaciones humanitarias o corrupción.
Se debe reforzar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y establecer comisiones de quejas policiales para recibir alegatos y conducir investigaciones.
Además, estimó la necesidad de crear un mecanismo independiente con participación de la sociedad civil para monitorear los programas para combatir el tráfico de drogas, según el proyecto de ley.
Asimismo, solicitó que se cumpla con las prohibiciones contra el uso judicial de testimonio obtenido a través de tortura, y asegurarse que el Ejército esté transfiriendo todos los casos que impliquen acusaciones de violaciones humanitarias a fiscales del fuero civil. También pidió asegurar que las fuerzas policiales cooperen con autoridades en casos donde alguno de sus miembros haya sido acusado de violaciones a los derechos humanos.
Claves
Fue creada en el 96
• Con la creación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 1996 surgió el arraigo domiciliario de los indiciados.
• La figura jurídica permite al MP pedir a un juez una autorización para privar de la libertad desde 30 hasta 90 días a una persona que es investigada por delitos considerados de delincuencia organizada.
• Los primeros aseguramientos se hicieron en casas particulares y hoteles, pero después la PGR acondicionó un hotel ubicado en la colonia Doctores para crear el Centro Nacional de Arraigos.
• En 2005, la Suprema Corte declaró inconstitucional la figura del arraigo en el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, que usaba los mismos principios que el código federal.
Las recomendaciones tienen que ver con la revisión del código de justicia militar para adecuarlo a estándares internacionales; que las autoridades civiles, no las militares, sean quienes juzguen las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, solicitan la abolición de la práctica del arraigo y asegurar la supremacía de la justicia civil sobre la militar.
Al recibir el informe del Examen Periódico Universal, el gobierno de Felipe Calderón aceptó 83 recomendaciones pero otras ocho no fueron de principio acogidas debido a que serán analizadas y se espera que en junio se tenga una respuesta al respecto, señaló el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.
Entre las observaciones en reserva se encuentran las que hizo Nueva Zelanda, quien recomendó abolir la práctica del arraigo pues considera que la medida podría considerarse una detención arbitraria.
Por su parte, Bangladesh se pronunció porque el gobierno mexicano asegure que la primacía del sistema legal civil prevalezca sobre cualquier proceso judicial militar en todo el territorio.
Corea y Rusia encomendaron “conceder jurisdicción a sus autoridades civiles y tribunales en los actos humanos y violaciones de garantías individuales cometidas por miembros del Ejército en el desempeño de funciones de aplicación de la ley”.
El informe de la ONU, destaca que “si la participación militar en la lucha contra la delincuencia organizada es necesaria, la ampliación de las funciones de los militares debe contrarrestarse con medidas para reforzar la protección de los derechos humanos”.
Los gobiernos de Perú y Uruguay invitaron a las autoridades del gobierno federal a realizar un “examen de las disposiciones legales pertinentes para garantizar que todos los delitos cometidos contra los derechos humanos por las fuerzas militares puedan ser presentados ante los tribunales civiles”.
Además de promulgar una definición de delincuencia organizada de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Portugal, sugirió dar seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y la Oficina del Alto Comisionado para la autonomía de los tribunales civiles y que estos puedan juzgar los delitos contra los derechos humanos, “en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar, incluso cuando se afirma que fueron relacionadas con el servicio”.
La última recomendación reservada por México es la que emitió Bélgica, nación que pidió el restablecimiento de la oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o en su caso, crear una oficina similar, “que significaría una clara señal hacia la lucha contra la impunidad para las víctimas y sus familias”.
Segob destaca compromiso
La Secretaría de Gobernación señaló que México recibió con satisfacción aquellas referidas al sistema de justicia, la armonización legislativa, el fortalecimiento de políticas públicas, la lucha contra la discriminación, el combate a la violencia contra la mujer, la protección de los periodistas y los derechos indígenas y los migrantes, entre otros.
La dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont —quien presentó el informe de México ante el Grupo de Trabajo en Ginebra, Suiza— detalló que el documento recoge el compromiso voluntario del gobierno federal de atender las recomendaciones en el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 y trabajar estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Refleja el compromiso voluntario de dar seguimiento a las recomendaciones a través de la Comisión de Política Gubernamental de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, se agrega.
Solicitud de Iniciativa Mérida
En mayo de 2008 el gobierno de Estados Unidos condicionó la ayuda de la Iniciativa Mérida al solicitar al gobierno mexicano la implementación de reformas legales y judiciales, y que las unidades policiales y militares apoyadas con recursos sean ajenas a violaciones humanitarias o corrupción.
Se debe reforzar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y establecer comisiones de quejas policiales para recibir alegatos y conducir investigaciones.
Además, estimó la necesidad de crear un mecanismo independiente con participación de la sociedad civil para monitorear los programas para combatir el tráfico de drogas, según el proyecto de ley.
Asimismo, solicitó que se cumpla con las prohibiciones contra el uso judicial de testimonio obtenido a través de tortura, y asegurarse que el Ejército esté transfiriendo todos los casos que impliquen acusaciones de violaciones humanitarias a fiscales del fuero civil. También pidió asegurar que las fuerzas policiales cooperen con autoridades en casos donde alguno de sus miembros haya sido acusado de violaciones a los derechos humanos.
Claves
Fue creada en el 96
• Con la creación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 1996 surgió el arraigo domiciliario de los indiciados.
• La figura jurídica permite al MP pedir a un juez una autorización para privar de la libertad desde 30 hasta 90 días a una persona que es investigada por delitos considerados de delincuencia organizada.
• Los primeros aseguramientos se hicieron en casas particulares y hoteles, pero después la PGR acondicionó un hotel ubicado en la colonia Doctores para crear el Centro Nacional de Arraigos.
• En 2005, la Suprema Corte declaró inconstitucional la figura del arraigo en el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, que usaba los mismos principios que el código federal.
Raquel Fernández y Susana Hernández, Milenio, 14 de febrero.
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