El Poder Ejecutivo, a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, negocia con las principales fuerzas políticas del Congreso una reforma para elevar los derechos humanos a rango constitucional.
Las modificaciones a los artículos 1, 3, 21, 33, 102 B y 103 de la Constitución permitirían a una persona defenderse con base en leyes nacionales o tratados internacionales, según convenga. Además, garantizaría el derecho de audiencia a un extranjero antes de ser expulsado con base en el artículo 33 de la Carta Magna.
De acuerdo con la iniciativa, hará obligatorio en el sistema educativo que la concepción de derechos humanos sea fundamental en los programas de enseñanza del país. Asimismo, permitiría que el ciudadano que se sienta afectado en sus garantías individuales pueda ampararse para que se le restituya el derecho perdido.
Esta semana, Carlos Navarrete y Javier González Garza, coordinadores del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente; así como los senadores Santiago Creel (PAN), Ricardo Fidel Pacheco (PRI) y Pedro Joaquín Coldwell (PRI) establecieron una mesa de negociación con Gómez Mont para impulsar la “constitucionalización de los derechos humanos” al regreso de la Semana Santa y que la reforma pueda ser aprobada en el Congreso en el actual periodo ordinario de sesiones.
“Hay intercambio de puntos de vista entre legisladores de las dos cámaras y el gobierno, en la búsqueda de que el tema de derechos humanos no quede en un segundo plano en los compromisos del Congreso en abril”, explicó Navarrete a EL UNIVERSAL.
Fuentes consultadas revelaron que Gómez Mont volvió de Ginebra, Suiza, donde México compareció el mes pasado, con la preocupación en torno a la aplicación de tratados internacionales en materia de garantías individuales. Por ello se puso en contacto con senadores, porque existe una iniciativa de Creel al respecto, que presentó en 2007.
Las modificaciones a los artículos 1, 3, 21, 33, 102 B y 103 de la Constitución permitirían a una persona defenderse con base en leyes nacionales o tratados internacionales, según convenga. Además, garantizaría el derecho de audiencia a un extranjero antes de ser expulsado con base en el artículo 33 de la Carta Magna.
De acuerdo con la iniciativa, hará obligatorio en el sistema educativo que la concepción de derechos humanos sea fundamental en los programas de enseñanza del país. Asimismo, permitiría que el ciudadano que se sienta afectado en sus garantías individuales pueda ampararse para que se le restituya el derecho perdido.
Esta semana, Carlos Navarrete y Javier González Garza, coordinadores del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente; así como los senadores Santiago Creel (PAN), Ricardo Fidel Pacheco (PRI) y Pedro Joaquín Coldwell (PRI) establecieron una mesa de negociación con Gómez Mont para impulsar la “constitucionalización de los derechos humanos” al regreso de la Semana Santa y que la reforma pueda ser aprobada en el Congreso en el actual periodo ordinario de sesiones.
“Hay intercambio de puntos de vista entre legisladores de las dos cámaras y el gobierno, en la búsqueda de que el tema de derechos humanos no quede en un segundo plano en los compromisos del Congreso en abril”, explicó Navarrete a EL UNIVERSAL.
Fuentes consultadas revelaron que Gómez Mont volvió de Ginebra, Suiza, donde México compareció el mes pasado, con la preocupación en torno a la aplicación de tratados internacionales en materia de garantías individuales. Por ello se puso en contacto con senadores, porque existe una iniciativa de Creel al respecto, que presentó en 2007.
Jorge Ramos Pérez, El Universal, 29 de marzo.
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