Phoenix, 30 de julio. “Le pusimos un curita a una herida que siempre está sangrando”. La frase la dice, sin asomo de broma, un morenazo que podría ser de Veracruz, aunque nació en El Salvador. O sea, un blanco perfecto para el “perfil racial” delineado en la ley SB 1070. El moreno se llama Pablo Alvarado, llegó a Estados Unidos hace 20 años y hoy es una de las voces más autorizadas en la batalla contra las legislaciones y reglamentos racistas, que en Arizona tienen sólo su expresión más grotesca, al promulgar la gobernadora Jan Brewer dicha normativa.
En Washington, cavila Alvarado con la cárcel del sheriff Joe Arpaio a sus espaldas, “nuestros amigos se olvidan de que nuestros enemigos nunca han querido resolver el tema migratorio de una manera sensata”.
“Nuestros enemigos” es un paraguas bajo el cual Alvarado coloca a quienes “han puesto en marcha una estrategia de largo plazo contra los indocumentados, basada en el temor de que los anglosajones y protestantes pierdan su estatus de mayoría en este país”.
A diferencia de ayer, ningún policía asoma la cara, quizá porque están de descanso tras la decimoctava redada contra migrantes ordenada por Arpaio. De modo que Alvarado explica, quizá por los ojos pelones de uno de sus interlocutores, la estrategia basada en el temor que ha puesto a Arizona en la mirada del mundo.
Aquí y en otras partes de Estados Unidos, dice, el primer blanco han sido los jornaleros, como se llama a los trabajadores indocumentados que ofrecen su mano de obra en la vía pública. Ciertamente, las autoridades de Arizona, y en especial el multicitado sheriff Arpaio, llevan años y miles de dólares gastados en acciones “vistosas”, como quitar de una esquina a unos mexicanos (o salvadoreños u hondureños) que afean el paisaje. Se trata, por supuesto, de los trabajadores dispuestos a realizar los empleos más duros y los que suelen tener menos posibilidades de defensa legal.
El siguiente paso, explica Alvarado, dirigente de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, son sus siglas en inglés) fue que las autoridades locales consiguieron el amparo de programas y leyes federales para meterse en asuntos migratorios.
Todos esos pasos han culminado en la ley SB 1070 “pero no van a parar ahí”, dice Alvarado. “Lo que pretenden es hacerle la vida imposible a los trabajadores sin documentos, cerrar todas las vías para su sobrevivencia”.
En esa línea están, dice el dirigente, las porciones de la ley que prohíben solicitar trabajo en la vía pública o establecen penas para quien transporte en su vehículo a indocumentados (parte que la juez no eliminó).
La pinza la cierran las disposiciones encaminadas a “cerrar para los indocumentados todas las instituciones de justicia, que nadie se atreva a reclamar nada, que ninguna víctima de un delito se atreva a llamar a la policía”.
Mientras los antimigrantes organizan su propia vigilia y preparan una marcha este sábado, para exigir que la ley entre en vigor en su totalidad, Alvarado no necesita jalar aire para seguir: “Se trata de humillarnos, de deshumanizarnos. No es coincidencia que mujeres indocumentadas sean obligadas a parir esposadas a la camilla. No es coincidencia que Arpaio obligue a los indocumentados a caminar semidesnudos y llame a los medios para exhibirlos. No es coincidencia que ellos insistan en llamarnos criminales, invasores, aliens. Quieren ‘normalizar’ los ataques contra los inmigrantes, para que la gente justifique todo lo que se haga contra ellos. Tienen su estrategia y no van a parar”.
Los indios y los “bebés ancla”
Pues no, no van a parar, y así lo dicen con todas sus letras personajes como el senador Russell Pearce, autor de la SB 1070, quien en enero próximo propondrá a la legislatura que los niños nacidos en Arizona no tengan automáticamente la ciudadanía estadunidense si sus padres son indocumentados.
En mayo pasado, una televisora local expuso a la opinión pública varios de los razonamientos de Pearce sobre el tema y luego el senador estatal los defendió en la pantalla. “Uno no puede irrumpir en un país y esperar ser recompensado por ello”, dijo, por ejemplo.
En las mismas comunicaciones, Pearce dijo que ni siquiera los indios que habitaban estas tierras, antes de que los blancos irrumpieran en ellas, fueron ciudadanos estadunidenses sino hasta que tal condición les fue conferida por “actos congregacionales en 1887 y 1901”.
El senador Pearce, por supuesto, cuenta en su extensa currícula con la medalla de una propuesta de ley para defender la “vida” de los no nacidos. Pero debe suponerse que esa preocupación no se extiende a quienes llama “bebés ancla” (los hijos de personas sin documentos).
No es una broma de republicanos. Este día, el Arizona Republic, principal diario de la región, da a conocer los resultados de una encuesta: resulta que 45 por ciento está a favor de que les sea negada la nacionalidad a los hijos de indocumentados, por 44 por ciento que se manifiesta en contra (el resto no sabe o les importa un bledo).
El estudio tiene otras aristas interesantes. Entre los que votan por los republicanos 56 por ciento está a favor y 29 por ciento en contra. Pero un tercio de los siempre progresistas demócratas apoya que los anchor babies se vayan con sus padres cuando sean deportados.
El único dato alentador es que entre las mujeres son más las que se oponen que las que apoyan la idea del senador Pearce. Y es el único, porque resulta que un pequeño porcentaje de “hispanos” apoya la idea.
El atole y el puñal
Los dirigentes del movimiento contra la ley Arizona, algunos de ellos aprehendidos y liberados el jueves, anunciaron que las protestas continuarán en tanto que la ley no sea eliminada en su totalidad.
No todos ven el triunfo que se celebró frente al Capitolio la noche del miércoles pasado. Y se comienzan a destacar las obvias contradicciones en la resolución de la juez Bolton. Por ejemplo, que no se castigue a los que pidan trabajo en la vía pública, pero sí a los empleadores que los transporten, cuando todo mundo sabe que así es como funciona el mercado laboral. “Nos quieren dar atole con el dedo, creen que somos pendejos”, dice Alvarado.
Entre el atole y la correlación de fuerzas en Washington, lo cierto es que “los creadores de esta ley lograron su objetivo de que la reforma migratoria pasara a segundo término” y que la oleada racista se extendiera a otros estados, dice Martín Hernández, dirigente del sindicato de la industria de los alimentos.
Por lo pronto, Arpaio y otros como él “tienen más herramientas, en eso no nos podemos engañar”. Alvarado no ve motivos para el optimismo, ni con la resolución de Bolton: “Es como si te clavan un puñal de 10 pulgadas y alguien viene y te saca sólo cuatro”.
Arturo Cano, La Jornada, 31 de julio.
