El estado de Arizona apeló ayer ante la Corte de Apelaciones contra el bloqueo de las secciones más polémicas de su ley de inmigración conocida como SB1070.
La apelación fue anunciada por la gobernadora republicana Jan Brewer, la responsable de que desde ayer entrase en vigor la polémica ley estatal antiinmigrante, que las organizaciones latinas pretenden derribar. No contenta con la apelación, pretende dejar en el aire la sentencia de la jueza Susan Bolton, que eliminó los artículos más polémicos de la nueva ley que se refieren al poder que iba a dar a los agentes policiales para arrestar, con visos de deportación, a todo el que no llevara sus documentos migratorios en el bolsillo.
En un comunicado, Brewer afirmó: “hoy he presentado una apelación de urgencia para pedir al tribunal que levante el bloqueo impuesto por la jueza Bolton contra ciertas provisiones de la SB1070 y que permita que esas provisiones entren en vigor mientras se deciden los méritos del caso”.
Si el caso llega hasta el Tribunal Supremo, como amenaza Brewer, abriría un frente legal sobre la soberanía de los gobiernos estatales y el Gobierno federal, encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Mientras se presentaba el recurso ante el IX Circuito de Apelaciones de San Francisco (California), en Phoenix continuaron las protestas y manifestaciones en las que se exigía una reforma migratoria integral que diera cobertura legal a los más de 10 millones de trabajadores indocumentados que viven en el país, algo más de 400 mil en Arizona.
La reforma es la esperanza. Mientras Bolton estudia el contenido de las siete demandas que hay planteadas contra la ley SB1070, quienes contemplan un éxodo de Arizona apoyan sus esperanzas en que el Congreso apruebe una reforma este año.
La ley ha dividido a los vecinos en Arizona: quienes la apoyan creen que ésta es el antídoto para combatir la inmigración ilegal y la criminalidad; sus detractores consideran que la satanización de los extranjeros no corrige el maltrecho sistema de inmigración.
La Crónica, 30 de julio.
La apelación fue anunciada por la gobernadora republicana Jan Brewer, la responsable de que desde ayer entrase en vigor la polémica ley estatal antiinmigrante, que las organizaciones latinas pretenden derribar. No contenta con la apelación, pretende dejar en el aire la sentencia de la jueza Susan Bolton, que eliminó los artículos más polémicos de la nueva ley que se refieren al poder que iba a dar a los agentes policiales para arrestar, con visos de deportación, a todo el que no llevara sus documentos migratorios en el bolsillo.
En un comunicado, Brewer afirmó: “hoy he presentado una apelación de urgencia para pedir al tribunal que levante el bloqueo impuesto por la jueza Bolton contra ciertas provisiones de la SB1070 y que permita que esas provisiones entren en vigor mientras se deciden los méritos del caso”.
Si el caso llega hasta el Tribunal Supremo, como amenaza Brewer, abriría un frente legal sobre la soberanía de los gobiernos estatales y el Gobierno federal, encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Mientras se presentaba el recurso ante el IX Circuito de Apelaciones de San Francisco (California), en Phoenix continuaron las protestas y manifestaciones en las que se exigía una reforma migratoria integral que diera cobertura legal a los más de 10 millones de trabajadores indocumentados que viven en el país, algo más de 400 mil en Arizona.
La reforma es la esperanza. Mientras Bolton estudia el contenido de las siete demandas que hay planteadas contra la ley SB1070, quienes contemplan un éxodo de Arizona apoyan sus esperanzas en que el Congreso apruebe una reforma este año.
La ley ha dividido a los vecinos en Arizona: quienes la apoyan creen que ésta es el antídoto para combatir la inmigración ilegal y la criminalidad; sus detractores consideran que la satanización de los extranjeros no corrige el maltrecho sistema de inmigración.
La Crónica, 30 de julio.
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