La organización internacional Human Rights Watch (HRW) celebró que la jueza federal de Phoenix, Susan Bolton, decretara el bloqueo temporal de las disposiciones "más problemáticas" de la Ley 1070 de Arizona, pero consideró que dicha legislación debe ser revocada por completo.
"Arizona tiene que revocar completamente la ley y se deben rechazar los proyectos de ley similares que se están considerando en otros estados", señaló en un comunicado Alison Parker, directora del programa de Estados Unidos de HRW.
Indicó que las disposiciones impuestas por la 1070 violan la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Estados Unidos en 1994, que obliga a los funcionarios de gobierno a garantizar que sus políticas no generen discriminación contra personas por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico.
HRW destacó que al final de su sesión de abril, la asamblea legislativa de Arizona aprobó la ley HB2162, que modifica la ley 1070, con el fin de disipar las críticas de que la norma promovía la discriminación racial al introducir, por ejemplo, tres declaraciones indicando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley "no podían considerar la raza" cuando aplicaran esta ley.
"Por mucho que se repita que la ley no va a considerar la raza no se va a lograr sanear una legislación que esencialmente obliga a la policía a perseguir a los residente latinos", dijo Parker.
El organismo advirtió que la ley incluye disposiciones que promueven una mayor cooperación entre los agentes de la ley de Arizona y las autoridades federales de inmigración, y que aumentan las sanciones penales por actividades relacionadas con el empleo de inmigrantes sin autorización para trabajar.
"La sentencia del tribunal federal extirpa las disposiciones más terribles, pero la ley de Arizona sigue siendo profundamente problemática", expresó la directora del programa de EU.
"Arizona tiene que revocar completamente la ley y se deben rechazar los proyectos de ley similares que se están considerando en otros estados", señaló en un comunicado Alison Parker, directora del programa de Estados Unidos de HRW.
Indicó que las disposiciones impuestas por la 1070 violan la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Estados Unidos en 1994, que obliga a los funcionarios de gobierno a garantizar que sus políticas no generen discriminación contra personas por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico.
HRW destacó que al final de su sesión de abril, la asamblea legislativa de Arizona aprobó la ley HB2162, que modifica la ley 1070, con el fin de disipar las críticas de que la norma promovía la discriminación racial al introducir, por ejemplo, tres declaraciones indicando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley "no podían considerar la raza" cuando aplicaran esta ley.
"Por mucho que se repita que la ley no va a considerar la raza no se va a lograr sanear una legislación que esencialmente obliga a la policía a perseguir a los residente latinos", dijo Parker.
El organismo advirtió que la ley incluye disposiciones que promueven una mayor cooperación entre los agentes de la ley de Arizona y las autoridades federales de inmigración, y que aumentan las sanciones penales por actividades relacionadas con el empleo de inmigrantes sin autorización para trabajar.
"La sentencia del tribunal federal extirpa las disposiciones más terribles, pero la ley de Arizona sigue siendo profundamente problemática", expresó la directora del programa de EU.
Reforma, 30 de julio.
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