La juez federal Susan Bolton, que bloqueó parte de la polémica Ley SB 1070, que criminaliza la inmigración ilegal en el estado de Arizona, ha sido amenazada por grupos opuestos a su dictamen.
El encargado de la seguridad del sistema jurídico en Arizona (U.S. Marshal), David Gonzales, dijo a la prensa que, tras el dictamen del miércoles, Bolton ha recibido “miles” de llamadas telefónicas y correos electrónicos, algunos positivos y otros negativos y de gente furiosa con el fallo.
“Es gente que está ventilando su descontento en una forma muy perversa”, explicó Gonzales, sin ofrecer detalles sobre el contenido de los mensajes ni de sus remitentes.
No obstante, señaló, algunos de los mensajes son lo suficientemente serios y las autoridades les han prestado atención.
Gonzales evadió precisar si las amenazas provienen de grupos xenófobos que desde hace tiempo vienen exigiendo medidas más contundentes del Gobierno federal en contra de la población indocumentada.
Tampoco quiso dar detalles sobre las medidas adicionales de seguridad que ha emprendido su cuerpo policial para proteger a Bolton, como lo hace de rutina la entidad con los jueces federales.
El sistema de U.S. Marshals, que data de 1789, está compuesto por agentes federales que se encargan de la seguridad en los tribunales, la protección de los jueces y testigos en juicios, el traslado de prisioneros, así como de investigaciones de fugitivos, confiscación de bienes, entre otras tareas.
El encargado de la seguridad del sistema jurídico en Arizona (U.S. Marshal), David Gonzales, dijo a la prensa que, tras el dictamen del miércoles, Bolton ha recibido “miles” de llamadas telefónicas y correos electrónicos, algunos positivos y otros negativos y de gente furiosa con el fallo.
“Es gente que está ventilando su descontento en una forma muy perversa”, explicó Gonzales, sin ofrecer detalles sobre el contenido de los mensajes ni de sus remitentes.
No obstante, señaló, algunos de los mensajes son lo suficientemente serios y las autoridades les han prestado atención.
Gonzales evadió precisar si las amenazas provienen de grupos xenófobos que desde hace tiempo vienen exigiendo medidas más contundentes del Gobierno federal en contra de la población indocumentada.
Tampoco quiso dar detalles sobre las medidas adicionales de seguridad que ha emprendido su cuerpo policial para proteger a Bolton, como lo hace de rutina la entidad con los jueces federales.
El sistema de U.S. Marshals, que data de 1789, está compuesto por agentes federales que se encargan de la seguridad en los tribunales, la protección de los jueces y testigos en juicios, el traslado de prisioneros, así como de investigaciones de fugitivos, confiscación de bienes, entre otras tareas.
La Crónica, 30 de julio.
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