Como parte del escudo político que operaron los Mandatarios salientes, ayer el Gobernador oaxaqueño adelantó la entrega de la primera parte de la Cuenta Pública de su último año de mandato para que sea el actual Congreso, de mayoría priista, el que revise los reportes de gasto público y avale su ejercicio.
El Secretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habif entregó a los diputados locales el reporte de gasto de enero a junio de 2010, en el que se informa que el Gobierno de Ruiz gastó en ese periodo 23 mil 165 millones de pesos, lo que significó mil 79.4 millones de pesos más respecto a los ingresos.
Además, la actual legislatura inició un juicio político exprés a Ruiz por los hechos violentos suscitados durante el conflicto magisterial de 2006 con la intención, según la Oposición, de exonerarlo antes de irse y evitar que los nuevos diputados lo sancionen.
Ayer mismo se instaló la Comisión Instructora para enjuiciarlo, la cual está integrada por tres diputados priistas, una panista y uno de Convergencia.
"Lo que buscan es exculparlo para que la próxima legislatura, donde ellos no tienen mayoría, no lo puedan volver a juzgar. Porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo asunto", dijo Benjamín Robles, coordinador de los diputados locales de Convergencia y miembro de la Comisión Instructora.
En tanto, el Gobernador saliente de Puebla, Mario Marín, operó para que la mayoría priista en el Congreso local cambiara la ley y que sea esta legislatura la que revise y, en su caso, apruebe su última Cuenta Pública.
El jueves, con 28 votos a favor y 11 en contra, los diputados priistas reformaron la Constitución local para ser ellos los que fiscalicen y aprueben la Cuenta Pública del último año de Gobierno de Marín. La nueva legislatura, de mayoría opositora al PRI, sólo podrá revisar los últimos 15 días de su Administración.
En Coahuila, el Gobernador priista Humberto Moreira, quien dejará el cargo en noviembre de 2011, ha realizado por lo menos seis nombramientos transexenales en áreas de procuración e impartición de justicia, derechos humanos y manejo financiero, algunos de los cuales permanecerán en el cargo hasta 2022.
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