Dos horas antes, mientras caminaba por el Jardín del Arte, dos sujetos que dijeron ser Zetas -término que desconocía- navajearon el maletín negro que colgaba de su brazo izquierdo y al ver que no transportaba nada de valor, lo dejaron libre.
Aunque los asaltantes no le ocasionaron ningún daño, Uriel optó por acudir a las autoridades a denunciar, acto que le parecía razonable dada su condición de refugiado.
Pero a la agente del Ministerio Público, Luz Ángela Camacho, no le gustó que Uriel mencionara a los Zetas.
"Yo le pregunté qué eran Los Zetas. Entonces me dice que yo debería saber porque nosotros como colombianos les habíamos exportado ese tipo de violencia acá a su país", relata.
"Me dijo: 'entonces usted tiene que ver con el narcotráfico'".
Desde entonces sigue el consejo que le han dado sus paisanos que residen en México: nunca decir que es de Colombia, sino del norte del país.
El gobierno mexicano ha protestado enérgicamente contra el racismo de que son víctimas los paisanos en territorio estadounidense, particularmente a raíz de la aprobación de la Ley 1070 en Arizona. Sin embargo, en México los extranjeros también son víctimas de discriminación, incluso por parte de funcionarios.
De hecho, la Encuesta Nacional de Discriminación de 2005 reveló que 42.1 por ciento de los mexicanos no estaría dispuesto a permitir que un extranjero viviera en su casa.
Lorena Cano, abogada de Sin Fronteras, ha documentado casos de discriminación en contra de extranjeros en las oficinas del registro civil, en donde requieren que la persona presente su pasaporte para realizar cualquier trámite, aún siendo refugiados.
A ellos, por su propia condición, se les complica obtener ese documento.
"Los jueces del registro civil desconocen totalmente los documentos migratorios", reprocha Cano.
A la cola
Por cinco meses, la mano izquierda de Ramiro estuvo completamente inmovilizada.
El hondureño huyó de un operativo conjunto del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y el Ejército que se realizó sobre las vías del tren en Celaya, Guanajuato, a finales de enero, y mientras era perseguido, cayó y se rompió la muñeca izquierda.
Como procurador de derechos humanos del Departamento de Comayagua en su país, Ramiro se vio obligado a salir de Honduras luego del golpe de Estado de 2009, llegó a la Belén Posada del Migrante, en Saltillo, Coahuila, el 3 febrero de 2010.
Desde ahí comenzó a tramitar su solicitud de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y a recibir rehabilitación en su mano izquierda en un centro del DIF.
Luego de un mes de terapia fue canalizado al Hospital General de Saltillo, pues necesitaba una cirugía.
Pasaron cinco meses y a Ramiro todavía no lo operaban.
"Me llevaban al lugar donde supuestamente se va a hacer la cirugía y después me retiraban. Me decían que no podían atenderme porque había otro caso más importante que el mío", recuerda.
"Yo pienso que si fuera mexicano me hubieran atendido antes", reprocha.
Finalmente, el hondureño fue operado el pasado 20 de julio.
Silvia Garduño, Reforma, 31 de julio.
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