El gobierno federal exigió “la inmediata liberación” de los periodistas secuestrados en Durango y advirtió que no permitirá que el crimen organizado utilice a los medios de comunicación para conseguir sus fines.
En un mensaje leído por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora –cinco días después del levantamiento de cuatro reporteros en Gómez Palacio, Durango– el gobierno calderonista condenó “enérgicamente” los hechos.
Admitió que el crimen organizado es la mayor amenaza para los derechos humanos y también para el periodismo.
El mensaje del responsable de la política interna fue para fijar una postura ante los “sucesos recientes” en Durango y Coahuila, especialmente sobre el caso de los reporteros levantados el lunes pasado, cuando realizaban la cobertura informativa del penal de Gómez Palacio, donde, según la Procuraduría General de la República, la directora del mismo permitía la entrada y salida de presos.
Un día después de la liberación de uno de los cuatro reporteros (adscrito a un programa de Televisa), el secretario Blake condenó los secuestros en general y aseveró que para el gobierno federal “la máxima prioridad” es asegurar la vida y la integridad de cada una de las personas que han sido privadas de la libertad.
En su mensaje de siete párrafos –y tras el cual no se programaron preguntas de la prensa– el funcionario no detalló las acciones para dar con el paradero de los comunicadores.
De acuerdo con fuentes de la PGR, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas no ha abierto ninguna averiguación previa y sólo se mantiene “atenta” al caso, porque quien sería la autoridad responsable de resolver el plagio –afirmaron– es la Procuraduría de Justicia de Durango.
Blake Mora se limitó a mencionar que “desde el primer momento que el gobierno federal conoció de estos hechos ha acompañado las decisiones de quienes informaron de lo sucedido, así como de los familiares de las personas secuestradas.
“El gobierno federal exige la inmediata liberación de las personas secuestradas y reitera su compromiso para actuar con todas sus atribuciones legales teniendo como fin último garantizar la seguridad y la integridad de las personas privadas de su libertad, y llevar a los responsables ante la acción de la justicia”, dijo.
El senador priísta Fernando Castro pidió que el pronunciamiento del gobierno federal se acompañe de instrucciones “precisas” a las instancias gubernamentales para que procedan a poner en marcha operativos de localización y recu- peración de los reporteros.
“No basta que el gobierno haga un llamado colocándose fuera de la investidura; le corresponde cumplir con sus obligaciones y lograr la inmediata liberación de los periodistas. De no hacerlo así, implicaría que (la administración federal) no asume a cabalidad sus responsabilidades públicas”, señaló.
En tanto, el presidente del PRD, Jesús Ortega, envió una carta al procurador para señalarle que el nivel de violencia registrado en Durango “ha rebasado a las autoridades” y mantiene aterrorizada a la población, mientras que los periodistas no pueden hacer su trabajo. “Hay desgobierno en Durango y, sin embargo, parece que la PGR y el gobierno estatal no lo quieren asumir (…) El narcotráfico ha impregnado a diversas estructuras e incluso actúan en procesos electorales”, señaló.
En un mensaje leído por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora –cinco días después del levantamiento de cuatro reporteros en Gómez Palacio, Durango– el gobierno calderonista condenó “enérgicamente” los hechos.
Admitió que el crimen organizado es la mayor amenaza para los derechos humanos y también para el periodismo.
El mensaje del responsable de la política interna fue para fijar una postura ante los “sucesos recientes” en Durango y Coahuila, especialmente sobre el caso de los reporteros levantados el lunes pasado, cuando realizaban la cobertura informativa del penal de Gómez Palacio, donde, según la Procuraduría General de la República, la directora del mismo permitía la entrada y salida de presos.
Un día después de la liberación de uno de los cuatro reporteros (adscrito a un programa de Televisa), el secretario Blake condenó los secuestros en general y aseveró que para el gobierno federal “la máxima prioridad” es asegurar la vida y la integridad de cada una de las personas que han sido privadas de la libertad.
En su mensaje de siete párrafos –y tras el cual no se programaron preguntas de la prensa– el funcionario no detalló las acciones para dar con el paradero de los comunicadores.
De acuerdo con fuentes de la PGR, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas no ha abierto ninguna averiguación previa y sólo se mantiene “atenta” al caso, porque quien sería la autoridad responsable de resolver el plagio –afirmaron– es la Procuraduría de Justicia de Durango.
Blake Mora se limitó a mencionar que “desde el primer momento que el gobierno federal conoció de estos hechos ha acompañado las decisiones de quienes informaron de lo sucedido, así como de los familiares de las personas secuestradas.
“El gobierno federal exige la inmediata liberación de las personas secuestradas y reitera su compromiso para actuar con todas sus atribuciones legales teniendo como fin último garantizar la seguridad y la integridad de las personas privadas de su libertad, y llevar a los responsables ante la acción de la justicia”, dijo.
El senador priísta Fernando Castro pidió que el pronunciamiento del gobierno federal se acompañe de instrucciones “precisas” a las instancias gubernamentales para que procedan a poner en marcha operativos de localización y recu- peración de los reporteros.
“No basta que el gobierno haga un llamado colocándose fuera de la investidura; le corresponde cumplir con sus obligaciones y lograr la inmediata liberación de los periodistas. De no hacerlo así, implicaría que (la administración federal) no asume a cabalidad sus responsabilidades públicas”, señaló.
En tanto, el presidente del PRD, Jesús Ortega, envió una carta al procurador para señalarle que el nivel de violencia registrado en Durango “ha rebasado a las autoridades” y mantiene aterrorizada a la población, mientras que los periodistas no pueden hacer su trabajo. “Hay desgobierno en Durango y, sin embargo, parece que la PGR y el gobierno estatal no lo quieren asumir (…) El narcotráfico ha impregnado a diversas estructuras e incluso actúan en procesos electorales”, señaló.
Fabiola Martínez, Gustavo Castillo y Emir Olivares, La Jornada, 31 de julio.
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