Chávez acelera salida de Venezuela de la CIDH

CARACAS (Agencias).— El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, solicitó ayer a un consejo estatal que evalúe la manera más acelerada para que el país abandone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que el órgano de la OEA opera bajo lineamientos de Estados Unidos.

El anuncio presidencial fue rechazado por activistas de derechos humanos y el candidato presidencial opositor Henrique Capriles, que dijeron que de concretarse la salida de Venezuela de la CIDH implicaría una “desatención total a los derechos humanos” en el país.

En cadena de radio y televisión, el gobernante solicitó al Consejo de Estado que se instale y evalúe en los próximos días su propuesta para “retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros tenemos que seguir reivindicando y construyendo la plena independencia nacional, somos independientes. Venezuela es un país independiente”, agregó el mandatario, quien también comunicó que tiene previsto viajar a Cuba en la jornada para continuar el tratamiento contra el cáncer que recibe en la isla.

“Ya basta, hasta cuando, hasta cuando nosotros vamos a estar con esa espada de Damocles”, expresó el mandatario al justificar el retiro de la CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA). El anuncio del mandatario se dio luego que CIDH denunció la intolerancia política del gobierno y la violencia contra sindicalistas, mujeres y campesinos y periodistas venezolano.

En su extenso informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, emitido en 2010 por la CIDH en Washington, se denunció “la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos”. La comisión ha denunciado que no ha podido realizar visitas de observación a Venezuela por al “negativa del gobierno a otorgar su anuencia” .

Chávez suscribió un nuevo texto de la ley del Trabajo que reduce de 44 a 40 horas semanales la jornada laboral y que establece el cálculo de las prestaciones en base al último salario, en medio del rechazo de empresarios y políticos opositores que cuestionaron que la normativa se hiciera sin consultar a todos los sectores. 

El Universal, 1º de mayo.