Seis organizaciones internacionales pidieron a la Suprema Corte de Justicia de México no aplazar más la resolución del caso Hugo Sánchez Ramírez, indígena sentenciado a 37 años de prisión por el supuesto delito de secuestro, en un proceso plagado de montajes, testimonios coaccionados y prácticas discriminatorias.
Tras la historia de Hugo y su familia, revelada por Crónica en días pasados, la Organización Mundial contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Inglaterra, el Centro para la Justicia Robert F. Keneddy, la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Oficina en Washington y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos solicitaron a los ministros liberar ya al joven mazahua, quien ha pasado cinco años en la cárcel de manera injusta.
Además, urgieron a la Corte a establecer criterios para prevenir futuras detenciones y condenas arbitrarias a personas inocentes.
Hugo fue detenido el 21 de julio de 2007 por policías del municipio mexiquense de Villa Victoria, mientras conducía un taxi colectivo rumbo a San José del Rincón. Los agentes lo acusaron de tener una apariencia sospechosa, lo torturaron para que reconociera dedicarse al plagio y hasta se burlaron de su condición indígena.
Ante la fragilidad de las pruebas, el muchacho quedó libre dos días después, pero su padre, don Antonio Sánchez, regresó a la presidencia municipal para denunciar que los policías habían robado el estéreo y las bocinas del taxi, y para reclamar los daños, pues el vehículo había sido baleado. Le prometieron que le pagarían todo, con la condición de que presentara a Hugo, porque éste había sido el conductor el día de los hechos. Era un engaño. Lo citaron el 8 de agosto, día en que se consumó la reaprehensión.
Durante el juicio, las víctimas, dos jóvenes adolescentes —después se conoció la versión de que inventaron el plagio para disfrazar la huida y evitar el regaño de los padres—, terminaron por admitir que habían sido presionados por los policías para acusar a Hugo y hasta ofrecieron perdón a doña Rosalba Ramírez, madre del sentenciado.
Tras la historia de Hugo y su familia, revelada por Crónica en días pasados, la Organización Mundial contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Inglaterra, el Centro para la Justicia Robert F. Keneddy, la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Oficina en Washington y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos solicitaron a los ministros liberar ya al joven mazahua, quien ha pasado cinco años en la cárcel de manera injusta.
Además, urgieron a la Corte a establecer criterios para prevenir futuras detenciones y condenas arbitrarias a personas inocentes.
Hugo fue detenido el 21 de julio de 2007 por policías del municipio mexiquense de Villa Victoria, mientras conducía un taxi colectivo rumbo a San José del Rincón. Los agentes lo acusaron de tener una apariencia sospechosa, lo torturaron para que reconociera dedicarse al plagio y hasta se burlaron de su condición indígena.
Ante la fragilidad de las pruebas, el muchacho quedó libre dos días después, pero su padre, don Antonio Sánchez, regresó a la presidencia municipal para denunciar que los policías habían robado el estéreo y las bocinas del taxi, y para reclamar los daños, pues el vehículo había sido baleado. Le prometieron que le pagarían todo, con la condición de que presentara a Hugo, porque éste había sido el conductor el día de los hechos. Era un engaño. Lo citaron el 8 de agosto, día en que se consumó la reaprehensión.
Durante el juicio, las víctimas, dos jóvenes adolescentes —después se conoció la versión de que inventaron el plagio para disfrazar la huida y evitar el regaño de los padres—, terminaron por admitir que habían sido presionados por los policías para acusar a Hugo y hasta ofrecieron perdón a doña Rosalba Ramírez, madre del sentenciado.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 29 de junio.
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