El gobierno quiere acabar con la prensa independiente


CARACAS.— Sereno y calmado. Así dijo encontrarse Miguel Henrique Otero, más de 24 horas después de que las autoridades judiciales venezolanas le congelaran sus bienes y sus cuentas bancarias. Esto ocurrió como parte de una supuesta investigación por corrupción iniciada en contra del ex alcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Peña, quien fue colaborador suyo en los años 90.
El director del diario El Nacional de Caracas, Venezuela, atribuyó esta serenidad y calma a la experiencia ganada en estos años de revolución bolivariana, durante los cuales ha tenido que enfrentar decenas de procesos.
En conversación telefónica, Otero afirmó que esta nueva medida es la respuesta de las autoridades a la posición crítica que el rotativo ha mantenido frente a la manera de gobernar del fallecido Hugo Chávez, primero, y de Nicolás Maduro, ahora.
¿Se esperaba que las autoridades se inmiscuyeran en el pleito que el ex alcalde de Caracas y ex colaborador suyo inició contra usted?
No, para nada. Yo no fui notificado de esta investigación que anuncia la fiscal general de la República (Luisa Ortega Díaz). Mis abogados y yo nos enteramos de todo por un tuit que ella envió, el cual se ha transformado en la vía como ella juzga a las personas en Venezuela.
Hasta ahora nadie nos ha notificado oficialmente sobre el proceso, sobre la medida, sobre nada.
La medida afecta sus cuentas personales, pero no las del diario. ¿Eso quiere decir que el diario puede seguir operando con normalidad?
No sé. No hemos tenido acceso al expediente y no sé cuál es el alcance de la medida. Todo lo que sé fue lo que la fiscal general dijo a través del Twitter.
¿No ha intentado hacer alguna operación para ver qué ocurre?
No, en realidad no.
Estamos esperando poder acceder al expediente del caso para revisarlo.
La fiscal general dice que esta acción es producto de una investigación que inició debido a la demanda que le interpuso Peña. Ella dice que quiere saber cómo usted le debe tanto dinero y de dónde lo sacó él para prestárselo a usted
Todo eso es una invención, pero prefiero no hablar de eso hasta no tener acceso al expediente y revisar qué ha motivado esta medida.
Nada más conocer la medida, usted la calificó como un ataque a la libertad de expresión. ¿Por qué si hasta ahora todo parece estar enfocado en usted y no en el diario?
Esto es producto de la hegemonía comunicacional que el gobierno quiere construir, con el objeto de que haya una sola visión y una sola voz; y la cual pretende acabar con el periodismo independiente. Esta acción, supuestamente enfocada en mí, lo que busca es amedrentar y generar autocensura.
¿Por qué un gobierno que tiene cinco televisoras, dos circuitos radiales, dos diarios de circulación nacional, una agencia de noticias y decenas de páginas web la emprende contra los medios privados?
Porque no tolera la crítica ni la disidencia. Este tipo de regímenes autocráticos no soportan voces distintas a las de quienes gobiernan.
A lo largo de estos años ha lanzado distintas iniciativas con el propósito de silenciar las voces críticas.
Solamente El Nacional ha debido hacer frente a decenas de demandas judiciales, de procesos administrativos iniciados por organismos como la agencia tributaria y a ataques físicos y verbales contra sus sedes y trabajadores, todo con el objetivo de acallarlo.
En las últimas semanas Globovisión, la última televisora abiertamente crítica a la gestión del gobierno; y la Cadena Capriles, la editora de tres diarios, entre ellos “Últimas noticias”, el más leído, fueron comprados por grupos supuestamente vinculados al gobierno. A su juicio, ¿la compra de medios es otra estrategia dentro del plan para silenciarlos?
¡Por supuesto! Este plan no tiene una sola línea, tiene varias: la compra de medios para cambiarles su línea editorial, el cierre de medios como los ocurridos con Radio Caracas Televisión en el 2007 y con las 32 emisoras radiales en el 2009; la aprobación de leyes, como la de contenidos o la reforma al Código Penal que penalizan la opinión; el uso de la justicia para perseguir a periodistas y medios, o el empleo de los medios estatales para insultar y hostigar a quienes piensan distinto. Con todo eso buscan silenciar cualquier voz discordante a criterio de las autoridades.
¿Cómo piensa responder a esto? ¿Irá a las instancias internacionales?
Sin antes haber revisado el expediente no puedo tomar ninguna decisión ni anunciar ninguna acción.
Juan Francisco Alfonso, El Universal, 4 de agosto.

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