Ministro de la Corte proponía acciones contra Mancera por incumplir sentencia

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza separar y consignar penalmente por el delito de abuso de autoridad al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera Espinosa, por incumplir una sentencia de amparo que data de un juicio que inició en 1952.
A propuesta del ministro instructor, José Ramón Cossío Díaz, el pleno comenzó la discusión del incidente de inejecución de sentencia 465/2012, pero decidió esperar un tiempo para analizar la documentación que presentó Mancera la semana pasada para acreditar la ejecución del amparo y el pago correspondiente, por la expropiaición de un predio en 1943.
En la sesión de ayer, Cossío presentó su proyecto de sentencia que planteaba, con base en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que Mancera había actuado de forma “contumaz” al no cumplir con la sentencia de amparo 243/152, por lo que era procedente separarlo del cargo y consignarlo ante el juez de distrito correspondiente.
El ministro dijo que el pasado 9 de agosto las autoridades del Distrito Federal presentaron al juez segundo de distrito en materia administrativa, con sede en la capital del país, constancias “en las cuales acreditan o pretenden acreditar el cumplimiento de la sentencia.
“Nosotros –explicó– recibimos esta comunicación del juez de distrito apenas el viernes de la semana que está terminando, y como consecuencia de eso no hemos tenido la posibilidad de analizar integralmente estas constancias, y si efectivamente se da el cumplimiento”.
Por tal motivo, el pleno resolvió retirar el asunto para que el ministro instructor presente un nuevo proyecto.
Por la noche, mediante un comunicado de prensa, la Consejería Jurídica aseguró que el asunto está concluido, por lo que “no hay riesgo” de que el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pueda ser destituido de su cargo, pues ya se realizó el pago de la indemnización dictada por el juez, de 7 millones 710 mil 932 pesos con 80 centavos.
Según la dependencia, el 15 de junio de 2012 se pagó 6 millones 506 mil 790 pesos con 55 centavos, y un millón 204 mil 142 pesos con 25 centavos el pasado 8 de agosto, por actualización.

Jesús Aranda, La Jornada, 20 de agosto.