Más que juicios orales, urge una justicia alternativa: expertos

El eje fundamental de la reforma en materia de seguridad no es el juicio oral, sino la justicia alternativa, para que el menor número de casos llegue a juicio y todos se resuelvan rápidamente, afirmaron expertos durante el Encuentro Legislativo Reforma Constitucional en Materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, que organizó el Congreso de Nuevo León.

Un especialista en derecho penal, un procurador y dos diputados federales acudieron al foro organizado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quienes explicaron el contenido de la minuta de reforma a la Constitución Política en Materia de Seguridad Pública que remitió el Senado de la República el pasado 13 de marzo al Congreso.

Gerardo Laveaga Rendón, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, afirmó que el eje fundamental de la reforma en materia de seguridad no es el juicio oral, como se ha vendido a lo largo y ancho del país, sino es la justicia alternativa, para que llegue a juicio el menor número de casos o casi ninguno.

"Platicaba con una importante jueza de Finlandia y me decía que el 91 por ciento de las demandas penales en Finlandia no llega a juicio, sólo el 9 por ciento y son juicios transparentes, públicos, donde todos participan. Pero siento que en el país, no en Monterrey, la primera resistencia la tenemos en los poderes judiciales", señaló.

Dijo que la segunda gran resistencia son los promotores de los derechos humanos que no admiten riesgos; la tercera son algunos jueces y algunos abogados postulantes; también algunos académicos y muchos delincuentes.

"El arraigo es muy preocupante sólo puede estar retenida una persona por el Ministerio Público por 48 horas y en ese tiempo no se puede hacer una investigación, pero sí de 40 a 80 días.
"Los delincuentes están muy preocupados por la extinción de dominio. Ahora hay un figura que resulta que si eres un narco y pusiste todos tus bienes a nombre de tus hijos, esposa y parientes nadie los puede tocar; con eso pueden estar pagando los abogados más competentes del país, estás descansando en prisión, tus hijos en Europa y pasándola muy bien todo. Ahora el bien que puede adquirir a través de una actividad ilícita o de delincuencia organizada pasa a dominio del Estado, esté en nombre de quién esté; esto va a asustar a los delincuentes", dijo Laveaga.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez, coordinadora del grupo parlamentario del PAN, señaló que el encuentro legislativo ayudará a tener una base y mejor criterios al momento de homologar la Constitución local.

"Es importante y ayuda a tener información acerca de los detalles y del proceso de aprobación de la reforma. Creo que esto puede ayudar y seguramente, yo soy muy optimista de que pronto vamos a tener los 26 estados que requerimos para que la aprobación de la reforma se apruebe", explicó.

Los Diputados federales Jorge Mario Lescieur Talavera, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, afirmó que el 5 por ciento de los casos a nivel nacional se integra en averiguaciones previas, el 3 por ciento se lleva a juicio, el 1 por ciento se castiga y el 97 por ciento permanece en la impunidad.

"Tener un proceso en promedio dura 26 meses si bien nos va; cuesta 13 mil 530 pesos mantener una resolución judicial; hay 90 mil procesados que están en las cárcel preventivamente, y de ellos 72 mil están por delitos patrimoniales por montos menores de 5 mil pesos", apuntó.

Nota de David Casas en Monterrey, Crónica, 14 de abril.