Tuxtla Gutiérrez, Chis., 13 de abril. Los gobiernos estatal y federal acordaron aprehender, investigar y procesar a dirigentes e integrantes de diversas organizaciones, como parte de su estrategia para resolver siete asuntos agrarios de “alta conflictividad” en el estado, algunos de los cuales tienen más de 30 años.
De acuerdo con un reporte oficial elaborado en enero (del cual La Jornada posee copia), se trata de conflictos relacionados con grupos considerados paramilitares; otros se ubican en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación nacional (EZLN); algunos más tienen que ver con límites y posesión de tierras, como la disputa entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, que dejó un muerto la semana anterior, y otros se relacionan con luchas entre productores y caciques de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
El informe, elaborado por la Secretaría de Gobierno del estado, enumera los conflictos agrarios que considera más graves en la entidad, entre ellos el que ha enfrentado a las comunidades de en Rómulo Calzada y El Carrizal, ubicadas en el municipio de Ocosingo, y el que persiste entre los poblados de Mukulum y Agua Azul, en Chilón.
Otros conflictos identificados son los del poblado Nueva Esperanza, en Chicomuselo; Gracias a Dios, en Las Margaritas; la disputa de límites entre Chenalhó y Chalchihuitán, y el problema de los cañeros de Pujiltic.
Sobre el conflicto entre los municipios indígenas de Chenalhó y Chalchihuitán, el informe señala que debe esperarse a que el Tribunal Unitario Agrario emita su dictamen sobre la propiedad de más de 800 hectáreas y propone que el municipio que no resulte favorecido reciba ocho millones de pesos de “compensación”.
Señalan a activista
El documento dice que la reactivación del conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán “podría estar relacionada con la presencia del nuevo asesor jurídico (de Chenalhó), Miguel Ángel de los Santos Cruz”, activista defensor de los derechos humanos que ha participado en la liberación de presos zapatistas y en apoyo a comunidades indígenas.
En este caso plantea como estrategia “continuar con la integración de averiguaciones previas y, en su caso, consignarlas para hacer que prevalezca el estado de derecho”. También propone “fortalecer las medidas disuasivas para resguardar el orden, implementando bases de operaciones mixtas”.
En cuanto a la disputa por la posesión de 547 hectáreas, por parte de integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao), del poblado El Carrizal, en Ocosingo, propone brindar asesoría jurídica a las partes, así como “continuar con la integración de las averiguaciones previas” contra los líderes del movimiento.
En referencia al problema que se vive en el poblado de Mukumul-Bachajón, municipio de Chilón, el gobierno de Chiapas reconoce que la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDICC) “tiene como estrategia la recuperación de predios invadidos por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), creando escenarios de confrontaciones y divisiones en los núcleos o grupos afectados”.
Luego de enumerar 15 lugares con el mismo conflicto, propone “revisar con Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) las acusaciones de que esta organización (la OPDICC) está armada”.
Sobre la disputa en Pujiltic, señala que un grupo de cañeros se independizó y decidió formar una asociación llamada Cañeros Unidos de la Región de Pujiltic AC (CURPAC) para enfrentar el monopolio del ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional Jesús Orantes, líder la CNC.
Al respecto, el documento sostiene: “Se tiene conocimiento de que José Rodríguez, asesor político de la CURPAC, fue fundador del Partido Comunista en Chiapas y que en las décadas de los 80 y 90 su principal función fue romper la paz social y provocar desórdenes sociales que originaron la pérdida de vidas de civiles en los municipios de Socoltenango, Villa las Rosas, Simojovel y Sitalá. Además, se le vincula con la delincuencia organizada”, por lo que propone “investigar antecedentes penales, intentar acercamiento político para lograr acuerdos, en caso de ser negativo aplicar la ley”.
Al menos cuatro de los conflictos señalados están en el programa de asuntos a resolver este año, elaborada por la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno estatal.
De acuerdo con un reporte oficial elaborado en enero (del cual La Jornada posee copia), se trata de conflictos relacionados con grupos considerados paramilitares; otros se ubican en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación nacional (EZLN); algunos más tienen que ver con límites y posesión de tierras, como la disputa entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, que dejó un muerto la semana anterior, y otros se relacionan con luchas entre productores y caciques de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
El informe, elaborado por la Secretaría de Gobierno del estado, enumera los conflictos agrarios que considera más graves en la entidad, entre ellos el que ha enfrentado a las comunidades de en Rómulo Calzada y El Carrizal, ubicadas en el municipio de Ocosingo, y el que persiste entre los poblados de Mukulum y Agua Azul, en Chilón.
Otros conflictos identificados son los del poblado Nueva Esperanza, en Chicomuselo; Gracias a Dios, en Las Margaritas; la disputa de límites entre Chenalhó y Chalchihuitán, y el problema de los cañeros de Pujiltic.
Sobre el conflicto entre los municipios indígenas de Chenalhó y Chalchihuitán, el informe señala que debe esperarse a que el Tribunal Unitario Agrario emita su dictamen sobre la propiedad de más de 800 hectáreas y propone que el municipio que no resulte favorecido reciba ocho millones de pesos de “compensación”.
Señalan a activista
El documento dice que la reactivación del conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán “podría estar relacionada con la presencia del nuevo asesor jurídico (de Chenalhó), Miguel Ángel de los Santos Cruz”, activista defensor de los derechos humanos que ha participado en la liberación de presos zapatistas y en apoyo a comunidades indígenas.
En este caso plantea como estrategia “continuar con la integración de averiguaciones previas y, en su caso, consignarlas para hacer que prevalezca el estado de derecho”. También propone “fortalecer las medidas disuasivas para resguardar el orden, implementando bases de operaciones mixtas”.
En cuanto a la disputa por la posesión de 547 hectáreas, por parte de integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao), del poblado El Carrizal, en Ocosingo, propone brindar asesoría jurídica a las partes, así como “continuar con la integración de las averiguaciones previas” contra los líderes del movimiento.
En referencia al problema que se vive en el poblado de Mukumul-Bachajón, municipio de Chilón, el gobierno de Chiapas reconoce que la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDICC) “tiene como estrategia la recuperación de predios invadidos por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), creando escenarios de confrontaciones y divisiones en los núcleos o grupos afectados”.
Luego de enumerar 15 lugares con el mismo conflicto, propone “revisar con Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) las acusaciones de que esta organización (la OPDICC) está armada”.
Sobre la disputa en Pujiltic, señala que un grupo de cañeros se independizó y decidió formar una asociación llamada Cañeros Unidos de la Región de Pujiltic AC (CURPAC) para enfrentar el monopolio del ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional Jesús Orantes, líder la CNC.
Al respecto, el documento sostiene: “Se tiene conocimiento de que José Rodríguez, asesor político de la CURPAC, fue fundador del Partido Comunista en Chiapas y que en las décadas de los 80 y 90 su principal función fue romper la paz social y provocar desórdenes sociales que originaron la pérdida de vidas de civiles en los municipios de Socoltenango, Villa las Rosas, Simojovel y Sitalá. Además, se le vincula con la delincuencia organizada”, por lo que propone “investigar antecedentes penales, intentar acercamiento político para lograr acuerdos, en caso de ser negativo aplicar la ley”.
Al menos cuatro de los conflictos señalados están en el programa de asuntos a resolver este año, elaborada por la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno estatal.
Nota de Ángeles Mariscal, corresponsal, La Jornada, 14 de abril.
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