Diputados federales del PAN impulsan una iniciativa para regular el derecho de réplica que emitan particulares hacia los medios de comunicación, que incluye sanciones desde los 26 mil hasta más de un millón de pesos para las empresas que no lo otorguen, y la instauración de un “registro” controlado por la Secretaría de Gobernación (Segob) para desahogar las peticiones.
La iniciativa —que aún no ha sido presentada ante el pleno para que se turne a la comisión de Gobernación— ya empezó a ser cabildeada en diferentes medios de comunicación tanto electrónicos como impresos, pues se ha enviado el texto de reforma a directores de esas empresas.
Proponen crear la “ley para garantizar el ejercicio del derecho de réplica”, que prevé que la persona aludida en alguna nota informativa, no en textos o emisiones de opinión, tenga hasta un año para solicitar la réplica, cuando los hechos que le aludan sean “inexactos o falsos y cuya divulgación pueda causarle un perjuicio político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”.
La empresa tendrá entonces que publicar la réplica en los dos días siguientes, en la misma página y con características similares, y con la misma relevancia.
En caso de que no haya respuesta, se propone que sea la Segob la autoridad responsable de hacer cumplir en el ámbito administrativo el derecho de réplica, con multas a los consorcios que no cumplan con el trámite de 500 a 20 mil días de salario mínimo vigente. Para ello se tramitará un procedimiento de declaración administrativa de infracción ante Gobernación, la cual analizará la intención, los posibles daños originados por esa negativa, la capacidad económica del medio de comunicación y la reincidencia.
Además, los medios deberán designar a un responsable de recibir las solicitudes y señalar un domicilio para atenderlas. También habrá multas de entre 5 mil 259 pesos y 10 mil 518 pesos a quienes omitan el proceso de registro.
José Antonio Díaz García (PAN), uno de los autores de la iniciativa, expuso a esta casa editorial los beneficios, que permitirá incluso normar ese derecho en nuevos medios electrónicos de comunicación, como internet.
A pregunta expresa, consideró que no habrá rechazo por parte de los medios de comunicación en nuestro país, pues ya se otorga el derecho de réplica, y sólo se intenta normar ese proceso. “Los periódicos cotidianamente también dan espacio a esas réplicas, entonces me parece que esto solamente es ordenar el procedimiento, obligar, sí, a algunos medios de comunicación que no dan espacio a este tipo de circunstancias”, enfatizó.
También elaborada por las diputadas del PAN, Alicia Martínez Valero y Rocío Morgan, la ley está compuesta por 29 artículos divididos en cuatro capítulos y de dos artículos transitorios que buscan regular el ejercicio del derecho de réplica ante organismos de transmisión de información.
La iniciativa —que aún no ha sido presentada ante el pleno para que se turne a la comisión de Gobernación— ya empezó a ser cabildeada en diferentes medios de comunicación tanto electrónicos como impresos, pues se ha enviado el texto de reforma a directores de esas empresas.
Proponen crear la “ley para garantizar el ejercicio del derecho de réplica”, que prevé que la persona aludida en alguna nota informativa, no en textos o emisiones de opinión, tenga hasta un año para solicitar la réplica, cuando los hechos que le aludan sean “inexactos o falsos y cuya divulgación pueda causarle un perjuicio político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”.
La empresa tendrá entonces que publicar la réplica en los dos días siguientes, en la misma página y con características similares, y con la misma relevancia.
En caso de que no haya respuesta, se propone que sea la Segob la autoridad responsable de hacer cumplir en el ámbito administrativo el derecho de réplica, con multas a los consorcios que no cumplan con el trámite de 500 a 20 mil días de salario mínimo vigente. Para ello se tramitará un procedimiento de declaración administrativa de infracción ante Gobernación, la cual analizará la intención, los posibles daños originados por esa negativa, la capacidad económica del medio de comunicación y la reincidencia.
Además, los medios deberán designar a un responsable de recibir las solicitudes y señalar un domicilio para atenderlas. También habrá multas de entre 5 mil 259 pesos y 10 mil 518 pesos a quienes omitan el proceso de registro.
José Antonio Díaz García (PAN), uno de los autores de la iniciativa, expuso a esta casa editorial los beneficios, que permitirá incluso normar ese derecho en nuevos medios electrónicos de comunicación, como internet.
A pregunta expresa, consideró que no habrá rechazo por parte de los medios de comunicación en nuestro país, pues ya se otorga el derecho de réplica, y sólo se intenta normar ese proceso. “Los periódicos cotidianamente también dan espacio a esas réplicas, entonces me parece que esto solamente es ordenar el procedimiento, obligar, sí, a algunos medios de comunicación que no dan espacio a este tipo de circunstancias”, enfatizó.
También elaborada por las diputadas del PAN, Alicia Martínez Valero y Rocío Morgan, la ley está compuesta por 29 artículos divididos en cuatro capítulos y de dos artículos transitorios que buscan regular el ejercicio del derecho de réplica ante organismos de transmisión de información.
Nota de Ricardo Gómez, El Universal, 7 de abril.
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