La resolución emitida por el IFE contra el Presidente Felipe Calderón provocó discrepancias entre la Secretaría de Gobernación y el organismo electoral.
Según determinaron el miércoles los consejeros, el Mandatario violó el artículo 41 constitucional al emitir un mensaje en cadena nacional el el 15 de junio, cuando estaban en marcha procesos electorales en 14 entidades.
Al respecto, Roberto Gil, subsecretario de Gobernación, señaló ayer que, por primera vez, el Gobierno impugnará dicha resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que el IFE busca censurar al jefe del Ejecutivo federal, y que carece de atribuciones para acreditar una responsabilidad por el contenido de su mensaje sobre seguridad.
"La censura acordada del discurso presidencial por parte del IFE es insostenible y es convicción del Gobierno federal que con ella se invaden las facultades del Presidente de la República, y además se soslaya el derecho a la información de los ciudadanos.
"En una democracia tienen que ser compatibles la realidad política y el funcionamiento de las instituciones, sobre todo en contextos electorales. Carece de toda lógica que se exija al Presidente desde el IFE que guarde silencio frente al tema de la seguridad", comentó.
Gil calificó de desproporcionada la determinación que tomó el Consejo General del IFE, y aseguró que pretender silenciar al Presidente sienta un precedente "sumamente preocupante".
"No podemos subordinar nuestra realidad política y funcionamiento de las instituciones del Estado a la dinámica electoral; las instituciones deben cumplir con su tarea con independencia de que en ciertos espacios se esté luchando por votos o generándose espacios de competencia", expresó.
Según Gil, el mensaje estuvo justificado porque el Presidente tenía que dar "cuenta cabal" sobre las acciones a seguir para responder al crimen organizado, pues día antes hubo dos ataques a la Policía Federal en Chihuahua y Michoacán que dejaron un saldo de 15 agentes muertos.
En tanto, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, defendió la legalidad de la resolución y argumentó que la decisión se basó en la aplicación del artículo 41 constitucional.
"La resolución del Consejo General, que declaró fundada la queja en contra del ciudadano Presidente de la República por actos de propaganda en las campañas electorales locales del año 2010, se ciñe con rigor a la letra del artículo 41, apartado C, de la Constitución", señaló.
El consejero dio lectura al artículo: "Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental".
Agregó que esa disposición fue la base de la discusión y de la decisión del Consejo General, en la que se reconoció, dijo, la importancia que tienen para la vida pública del País los mensajes del gobierno "y específicamente del ciudadano Presidente de la República en cadena nacional".
Solicitó, a nombre del IFE, que por respeto a las instituciones, a la Constitución, los diferendos sobre estas decisiones sigan el cauce legal y sean desahogados mediante comunicación respetuosa y diálogo productivo.
Según determinaron el miércoles los consejeros, el Mandatario violó el artículo 41 constitucional al emitir un mensaje en cadena nacional el el 15 de junio, cuando estaban en marcha procesos electorales en 14 entidades.
Al respecto, Roberto Gil, subsecretario de Gobernación, señaló ayer que, por primera vez, el Gobierno impugnará dicha resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que el IFE busca censurar al jefe del Ejecutivo federal, y que carece de atribuciones para acreditar una responsabilidad por el contenido de su mensaje sobre seguridad.
"La censura acordada del discurso presidencial por parte del IFE es insostenible y es convicción del Gobierno federal que con ella se invaden las facultades del Presidente de la República, y además se soslaya el derecho a la información de los ciudadanos.
"En una democracia tienen que ser compatibles la realidad política y el funcionamiento de las instituciones, sobre todo en contextos electorales. Carece de toda lógica que se exija al Presidente desde el IFE que guarde silencio frente al tema de la seguridad", comentó.
Gil calificó de desproporcionada la determinación que tomó el Consejo General del IFE, y aseguró que pretender silenciar al Presidente sienta un precedente "sumamente preocupante".
"No podemos subordinar nuestra realidad política y funcionamiento de las instituciones del Estado a la dinámica electoral; las instituciones deben cumplir con su tarea con independencia de que en ciertos espacios se esté luchando por votos o generándose espacios de competencia", expresó.
Según Gil, el mensaje estuvo justificado porque el Presidente tenía que dar "cuenta cabal" sobre las acciones a seguir para responder al crimen organizado, pues día antes hubo dos ataques a la Policía Federal en Chihuahua y Michoacán que dejaron un saldo de 15 agentes muertos.
En tanto, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, defendió la legalidad de la resolución y argumentó que la decisión se basó en la aplicación del artículo 41 constitucional.
"La resolución del Consejo General, que declaró fundada la queja en contra del ciudadano Presidente de la República por actos de propaganda en las campañas electorales locales del año 2010, se ciñe con rigor a la letra del artículo 41, apartado C, de la Constitución", señaló.
El consejero dio lectura al artículo: "Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental".
Agregó que esa disposición fue la base de la discusión y de la decisión del Consejo General, en la que se reconoció, dijo, la importancia que tienen para la vida pública del País los mensajes del gobierno "y específicamente del ciudadano Presidente de la República en cadena nacional".
Solicitó, a nombre del IFE, que por respeto a las instituciones, a la Constitución, los diferendos sobre estas decisiones sigan el cauce legal y sean desahogados mediante comunicación respetuosa y diálogo productivo.
Guadalupe Irízar y Antonio Baranda, Reforma, 23 de julio.
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