La Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó el título de concesión a Telefónica y Televisa-Nextel para que exploten espectro en la frecuencia de 1.9 gigahercios (Ghz), debido a que cumplieron con el primer pago de la contraprestación indicada en las bases del concurso.
Iusacell no ha recibido el título debido a que no ha pagado por el espectro que le corresponde según información de la propia dependencia, sobre la cual persisten cuestionamientos sobre su desempeño a lo largo de la licitación de espectro en las frecuencias de 1.7 y 1.9 Ghz, al igual que de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y ahora del organismo Transparencia Mexicana, que actuó como testigo social en los dos concursos.
Fuentes involucradas en el proceso señalaron que Transparencia Mexicana no ha presentado el informe sobre el desarrollo de las licitaciones 20 y 21, lo que representa una “gran omisión”, debido a que juega el papel de “una especie de fedatario social” encargado de evitar que las licitaciones del gobierno federal o la contratación de bienes o servicios se distorsionen con prácticas corruptas o irregulares, “pero no hay nadie que revise la actuación de Transparencia Mexicana”.
En esos términos, aseguraron que “al desacato judicial en el que han incurrido la SCT y la Cofetel ahora se suma la omisión en la presentación del fallo de Transparencia Mexicana, que es vital para asegurar en todo momento las condiciones de transparencia del proceso”.
Participantes en la licitación de espectro radioeléctrico señalaron que la ausencia de información por Transparencia Mexicana obliga a agudizar los señalamientos sobre los motivos que tuvo la SCT para emitir fallos y entregar títulos de concesión sin que el testigo social haya dado por válido, transparente y correcto cada uno de los concurso.
“Es necesario saber si Transparencia Mexicana tiene algo qué decir sobre las cuestionadas licitaciones o si se va a prestar a seguirle el juego a la SCT”, apuntaron.
Durante la licitación de espectro en las frecuencias de 1.7 y 1.9 Ghz se solicitaron más de 60 amparos en contra de los procesos, la mayoría de ellos por parte de las empresas de Grupo Salinas. A principios de julio el juzgado tercero de distrito le concedió a Iusacell una medida cautelar con la que la SCT no podría adjudicar el espectro ni entregar títulos de concesión, por lo que presumiblemente la dependencia estaría en desacato.
Por separado, el gerente de Regulación de GSM, una de las asociaciones internacionales más importantes de operadores de telecomunicaciones móviles, Sebastián Cabello, advirtió que la licitación de 1.7 Ghz en la que Televisa-Nextel pagarán 180 millones de pesos por un bloque de 30 Megahertz (MHz) no debe detenerse debido a que sería peor para el mercado que no se explote el espectro, y apremió al gobierno mexicano a restructurar las reglas de la subasta para concursar más espectro, pero “sin que esté tan manoseadas como ahora y que se eliminen los límites de acumulación”, debido a que fueron el factor que enturbió todo el proceso.
El especialista dijo que anular la licitación sería un retroceso para el mercado mexicano de telecomunicaciones. “Sería una licitación fallida como la de 2005, cuando no se puedo realizar el concurso por todas las inconformidades de las empresas”, incluso en la actual, dijo ni Televisa-Nextel tienen seguro el espectro por el que concursaron ante la larga lista de amparos que rodea el proceso.
Destacó que el resultado de un proceso “manoseado” en el que Cofetel elaboró las reglas, la Comisión de Competencia estableció el límite de espectro, la Secretaría de Hacienda montos y la SCT está a cargo de los títulos de concesión los resultados fueron limitados desde que ante ese mensaje no hubo inversionistas extranjeros que entraran al concurso.
Ahora, dijo, es necesario que el gobierno mexicano muestre voluntad política y envíe un mensaje de certidumbre a los inversionistas y en beneficio de los consumidores, consideró.
Iusacell no ha recibido el título debido a que no ha pagado por el espectro que le corresponde según información de la propia dependencia, sobre la cual persisten cuestionamientos sobre su desempeño a lo largo de la licitación de espectro en las frecuencias de 1.7 y 1.9 Ghz, al igual que de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y ahora del organismo Transparencia Mexicana, que actuó como testigo social en los dos concursos.
Fuentes involucradas en el proceso señalaron que Transparencia Mexicana no ha presentado el informe sobre el desarrollo de las licitaciones 20 y 21, lo que representa una “gran omisión”, debido a que juega el papel de “una especie de fedatario social” encargado de evitar que las licitaciones del gobierno federal o la contratación de bienes o servicios se distorsionen con prácticas corruptas o irregulares, “pero no hay nadie que revise la actuación de Transparencia Mexicana”.
En esos términos, aseguraron que “al desacato judicial en el que han incurrido la SCT y la Cofetel ahora se suma la omisión en la presentación del fallo de Transparencia Mexicana, que es vital para asegurar en todo momento las condiciones de transparencia del proceso”.
Participantes en la licitación de espectro radioeléctrico señalaron que la ausencia de información por Transparencia Mexicana obliga a agudizar los señalamientos sobre los motivos que tuvo la SCT para emitir fallos y entregar títulos de concesión sin que el testigo social haya dado por válido, transparente y correcto cada uno de los concurso.
“Es necesario saber si Transparencia Mexicana tiene algo qué decir sobre las cuestionadas licitaciones o si se va a prestar a seguirle el juego a la SCT”, apuntaron.
Durante la licitación de espectro en las frecuencias de 1.7 y 1.9 Ghz se solicitaron más de 60 amparos en contra de los procesos, la mayoría de ellos por parte de las empresas de Grupo Salinas. A principios de julio el juzgado tercero de distrito le concedió a Iusacell una medida cautelar con la que la SCT no podría adjudicar el espectro ni entregar títulos de concesión, por lo que presumiblemente la dependencia estaría en desacato.
Por separado, el gerente de Regulación de GSM, una de las asociaciones internacionales más importantes de operadores de telecomunicaciones móviles, Sebastián Cabello, advirtió que la licitación de 1.7 Ghz en la que Televisa-Nextel pagarán 180 millones de pesos por un bloque de 30 Megahertz (MHz) no debe detenerse debido a que sería peor para el mercado que no se explote el espectro, y apremió al gobierno mexicano a restructurar las reglas de la subasta para concursar más espectro, pero “sin que esté tan manoseadas como ahora y que se eliminen los límites de acumulación”, debido a que fueron el factor que enturbió todo el proceso.
El especialista dijo que anular la licitación sería un retroceso para el mercado mexicano de telecomunicaciones. “Sería una licitación fallida como la de 2005, cuando no se puedo realizar el concurso por todas las inconformidades de las empresas”, incluso en la actual, dijo ni Televisa-Nextel tienen seguro el espectro por el que concursaron ante la larga lista de amparos que rodea el proceso.
Destacó que el resultado de un proceso “manoseado” en el que Cofetel elaboró las reglas, la Comisión de Competencia estableció el límite de espectro, la Secretaría de Hacienda montos y la SCT está a cargo de los títulos de concesión los resultados fueron limitados desde que ante ese mensaje no hubo inversionistas extranjeros que entraran al concurso.
Ahora, dijo, es necesario que el gobierno mexicano muestre voluntad política y envíe un mensaje de certidumbre a los inversionistas y en beneficio de los consumidores, consideró.
Miriam POsada García y Notimex, La Jornada, 29 de julio.
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