El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré afirmó que se han fortalecido los programas migratorios y el trabajo consular en la protección de los derechos de los mexicanos que radican en Estados Unidos, cuando restan sólo nueve días para que entre en vigor la Ley SB1070.
En tanto, el embajador Óscar Maúrtua de Romaña, representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificó a esa ley de “discriminatoria, violatoria de los derechos humanos y con una postura en contra de todos los principios de respeto a la ciudadanía”.
El diplomático expresó su optimismo en que prospere el recurso legal que interpuso el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en contra de esta ley:
“Tengo esperanzas de que realmente se impida, se evite que se haga realidad. El presidente (Obama) ha sido enfático que es una norma inconstitucional, el país de la libertad no puede negar la libertad”, subrayó.
Maúrtua de Romaña dijo que la posibilidad de hacer un frente de los estados de la OEA en contra de la Ley SB1070 de Arizona depende únicamente de la determinación de sus integrantes.
“El asunto debe ser integrado, conformado y debe existir una unanimidad integral de todos los estados y la OEA cumple lo que determinen”, indicó.
En la sede de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gobernación Alejandro Poiré dijo que “habrá un reforzamiento no sólo de los programas sino también del trabajo consular en la protección de los derechos de los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos”.
Apuntó que la postura del gobierno mexicano es de condena ante los aspectos discriminatorios de la ley de Arizona; sin embargo, recordó que dentro de dos
días, una corte federal del país del norte decidirá si la legislación es suspendida o tendrá vía libre para aplicarse a partir del 29 de julio como está previsto.
Frente a ello, Poiré informó que se han reforzado los programas de atención a migrantes que regresan de los Estados Unidos, como el de repatriación voluntaria.
“Este garantiza que las personas regresen en condiciones de protección de sus derechos humanos”, explicó.
Igualmente, dijo que el Instituto Nacional de Migración (INM), implementa mecanismos para garantizar la seguridad de los mexicanos en la frontera y así “eviten a toda costa riesgos a su integridad”.
Cuestionado sobre la militarización de la frontera por parte de fuerzas estadunidenses, dijo: “El planteamiento de la Guardia Nacional de los Estados Unidos es para apoyar las labores de seguridad, nuestro país ha hecho un planteamiento para que se frene el flujo de armas que viene de ese país a México”.
Dijo que para el Gobierno mexicano un “paso indispensable” en la estrategia de seguridad en contra del crimen organizado, es que el país vecino acabe con el tráfico de armas fronterizo.
En tanto, el embajador Óscar Maúrtua de Romaña, representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificó a esa ley de “discriminatoria, violatoria de los derechos humanos y con una postura en contra de todos los principios de respeto a la ciudadanía”.
El diplomático expresó su optimismo en que prospere el recurso legal que interpuso el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en contra de esta ley:
“Tengo esperanzas de que realmente se impida, se evite que se haga realidad. El presidente (Obama) ha sido enfático que es una norma inconstitucional, el país de la libertad no puede negar la libertad”, subrayó.
Maúrtua de Romaña dijo que la posibilidad de hacer un frente de los estados de la OEA en contra de la Ley SB1070 de Arizona depende únicamente de la determinación de sus integrantes.
“El asunto debe ser integrado, conformado y debe existir una unanimidad integral de todos los estados y la OEA cumple lo que determinen”, indicó.
En la sede de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gobernación Alejandro Poiré dijo que “habrá un reforzamiento no sólo de los programas sino también del trabajo consular en la protección de los derechos de los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos”.
Apuntó que la postura del gobierno mexicano es de condena ante los aspectos discriminatorios de la ley de Arizona; sin embargo, recordó que dentro de dos
días, una corte federal del país del norte decidirá si la legislación es suspendida o tendrá vía libre para aplicarse a partir del 29 de julio como está previsto.
Frente a ello, Poiré informó que se han reforzado los programas de atención a migrantes que regresan de los Estados Unidos, como el de repatriación voluntaria.
“Este garantiza que las personas regresen en condiciones de protección de sus derechos humanos”, explicó.
Igualmente, dijo que el Instituto Nacional de Migración (INM), implementa mecanismos para garantizar la seguridad de los mexicanos en la frontera y así “eviten a toda costa riesgos a su integridad”.
Cuestionado sobre la militarización de la frontera por parte de fuerzas estadunidenses, dijo: “El planteamiento de la Guardia Nacional de los Estados Unidos es para apoyar las labores de seguridad, nuestro país ha hecho un planteamiento para que se frene el flujo de armas que viene de ese país a México”.
Dijo que para el Gobierno mexicano un “paso indispensable” en la estrategia de seguridad en contra del crimen organizado, es que el país vecino acabe con el tráfico de armas fronterizo.
Luciano Franco, La Crónica, 21 de julio.
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