El Programa de Protección a Periodistas, que entrará en operación el mes de octubre, comprende un sistema de alerta temprana en tres fases: inicial, intermedia y máxima, de acuerdo con el nivel de riesgo que enfrente el periodista amenazado, el cual sería evaluado por un consejo consultivo en coordinación con las autoridades.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, a cargo del proyecto, está definiendo aún los costos de operación, que se incluirán en el proyecto de presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR) para el próximo año.
Un programa similar, aplicado por Colombia, tuvo una asignación de 50 millones de dólares para el año pasado.
En México, el proyecto funcionará en lo que resta del año con los recursos de que dispone la dependencia, bajo un esquema de responsabilidades compartidas con las autoridades estatales para atender las 60 denuncias de amenazas y agresiones a periodistas que tiene en trámite actualmente la Fiscalía, más las que se reciban en próximos meses.
Las acciones de protección a comunicadores en riesgo, previstas en el proyecto, incluyen desde acompañamiento físico y resguardo de instalaciones hasta el eventual traslado del periodista amenazado, y de su familia si es necesario, a los centros de atención a víctimas ubicados en diferentes entidades del país. El sistema prevé tres tipos de alerta: inicial, intermedia y máxima, que se pondrán en marcha una vez que se reciba la solicitud del periodista o del medio de comunicación en riesgo, en coordinación con las autoridades estatales y las propias empresas.
La Fiscalía analiza diversos mecanismos para garantizar la recepción y la atención inmediata de una solicitud de protección a periodistas.
De manera paralela a la aplicación de las medidas de protección, la Fiscalía y las autoridades estatales iniciarán la investigación correspondiente para tratar de ubicar y sancionar a los responsables de las agresiones.
El proyecto prevé que las medidas de protección se apliquen con base en criterios de temporalidad, causalidad, proporcionalidad y de flexibilidad.
Es decir, la protección no tendrá un carácter permanente, sino que estarán vigentes mientras persista el riesgo, y tanto las autoridades como el consejo consultivo buscarán identificar las causas y origen de la amenaza.
El gobierno tiene previsto impulsar reformas legales para prevenir la prescripción de los delitos contra la libertad de expresión, un paquete de seguridad social y desarrollar, con medios de y organizaciones civiles, protocolos sobre “prácticas ideales del ejercicio profesional”.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, a cargo del proyecto, está definiendo aún los costos de operación, que se incluirán en el proyecto de presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR) para el próximo año.
Un programa similar, aplicado por Colombia, tuvo una asignación de 50 millones de dólares para el año pasado.
En México, el proyecto funcionará en lo que resta del año con los recursos de que dispone la dependencia, bajo un esquema de responsabilidades compartidas con las autoridades estatales para atender las 60 denuncias de amenazas y agresiones a periodistas que tiene en trámite actualmente la Fiscalía, más las que se reciban en próximos meses.
Las acciones de protección a comunicadores en riesgo, previstas en el proyecto, incluyen desde acompañamiento físico y resguardo de instalaciones hasta el eventual traslado del periodista amenazado, y de su familia si es necesario, a los centros de atención a víctimas ubicados en diferentes entidades del país. El sistema prevé tres tipos de alerta: inicial, intermedia y máxima, que se pondrán en marcha una vez que se reciba la solicitud del periodista o del medio de comunicación en riesgo, en coordinación con las autoridades estatales y las propias empresas.
La Fiscalía analiza diversos mecanismos para garantizar la recepción y la atención inmediata de una solicitud de protección a periodistas.
De manera paralela a la aplicación de las medidas de protección, la Fiscalía y las autoridades estatales iniciarán la investigación correspondiente para tratar de ubicar y sancionar a los responsables de las agresiones.
El proyecto prevé que las medidas de protección se apliquen con base en criterios de temporalidad, causalidad, proporcionalidad y de flexibilidad.
Es decir, la protección no tendrá un carácter permanente, sino que estarán vigentes mientras persista el riesgo, y tanto las autoridades como el consejo consultivo buscarán identificar las causas y origen de la amenaza.
El gobierno tiene previsto impulsar reformas legales para prevenir la prescripción de los delitos contra la libertad de expresión, un paquete de seguridad social y desarrollar, con medios de y organizaciones civiles, protocolos sobre “prácticas ideales del ejercicio profesional”.
María de la Luz González, El Universal, 27 de septiembre.
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