Chocan visiones por evaluación

El conflicto principal que orilló al retiro temporal de la iniciativa de Ley del Servicio Profesional Docente estriba en las condiciones de la evaluación a maestros y qué pasará con aquellos que no logren aprobarlas.

Mientras que la iniciativa propone medidas específicas de evaluación que lleve hasta en tres ocasiones a los aspirantes a pelear por una plaza en concursos de oposición, la CNTE alega que hay una afectación a derechos laborales adquiridos. Además propone una evaluación diferente, con exámenes estandarizados y respeto a las diferentes situaciones regionales del sistema educativo.

"La reforma impuesta no es educativa, es una reforma que atenta contra los derechos laborales de los trabajadores docentes, es violatoria a los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional en las garantías de estabilidad, derecho a la contratación colectiva, así como violatoria de convenios internacionales de protección al trabajador", ha señalado la CNTE en su alegato contra la reforma.

Al instalarse las mesas de discusión con legisladores, la CNTE insistirá en que no haya despidos producto de las reprobaciones de exámenes de aspirantes.

"Ningún trabajador de la educación debe ser despedido a consecuencia de una medición punitiva; por tanto, se exige un programa de basificación masiva para quienes hoy cubren plazas temporales", ha propuesto y pretenderá explicar y ahondar en las negociaciones que se instalaran este martes.

También exigen la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del País.

"Se demanda la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del país, toda vez que quienes han sido acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente, cuentan con el perfil formativo y el derecho a ser contratados", expresan.

Indica que la evaluación no puede realizarse a través de exámenes estandarizados, sino de abajo hacia arriba y tomando en cuenta el contexto.

En contraste, la iniciativa de la Ley del Servicio Profesional Docente, cuyo dictamen fue aprobado por mayoría en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el 19 de agosto, establece concursos de oposición para los aspirantes a ocupar una plaza; determina que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sea la instancia encargada de elaborar los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para realizar los concursos de oposición.

Igualmente el INEE deberá establecer los perfiles de los maestros, así como los mínimos que se requieren para ejercer la docencia.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y con él, la corriente disidente, la CNTE, sólo serán observadores de los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento de los docentes.

En los resolutivos, la CNTE propone constituir el Congreso Nacional y los Congresos Estatales de Educación, como instancias amplias en las que se definan los términos de la política educativa.

También demanda la asignación del 12 por ciento del PIB para la educación con el fin de garantizar la infraestructura educativa en todos los niveles; así como garantizar la equidad en la educación, la dotación de útiles escolares, uniformes y calzado, así como becas y dotación de libros para todos los niveles educativos.

La CNTE presentó los resolutivos de 7 foros de consulta regionales y nacional que pactó con la Secretaría de Gobernación en el marco de la reformas a los artículos tercero y 73 de la Constitución del 26 de febrero pasado. En su alegato está que dichas conclusiones, no obstante haberse negociado en el marco del Pacto por México, no hayan sido tomadas en cuenta por la SEP en la elaboración de la iniciativa.

Sonia del Valle, Reforma, 27 de agosto.