Critican omisión en San Fernando

Los países centroamericanos y Brasil, de donde salieron los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, han sido omisos en reclamar el esclarecimiento de los hechos y exigir protección a sus ciudadanos, denunciaron activistas y familiares de las víctimas.

Ayer, la organización civil internacional Tribunal Permanente de los Pueblos inició una preaudiencia por el tercer aniversario del asesinato de 72 migrantes, ocurrido el 23 de agosto de 2010.

"Para mí es obvio que la responsabilidad del Estado mexicano es absoluta en este tema, pero la responsabilidad de los países de origen de las personas que fueron dañadas en otro territorio es absolutamente imposible de dejar pasar.

"Es increíble lo que no hicieron presionando al Gobierno mexicano, en el caso de Centroamérica, para cuidar su propia imagen y su relación; y lamento mucho que en el caso de Brasil, que tiene estándares muchos más altos en términos de procuración y por lo menos debate de la justicia, haya sido tan omiso en este tema", expresó Leticia Calderón, del Instituto Mora y parte del Jurado de este Tribunal.

El denominado fiscal del caso, Julio Moreira, miembro de la organización brasileña Abogados del Pueblo, afirmó que la madre de una víctima de aquel país se indignaba al escuchar que el Gobierno presumía una situación económica cada vez mejor, pues entonces no parecía justificable que su hijo hubiera muerto por querer llegar a Estados Unidos, cuando en realidad había muchos como él que lo hacían por su difícil situación en Brasil.

El acto empezó leyendo los nombres de cada víctima, pero también hubo 33 que se dijo aún no estaban identificados, lo cual generó una condena porque en tres años todavía no se haya podido averiguar quiénes eran.

Por ello, Moreira enumeró algunas exigencias al Gobierno de México: el listado completo de las víctimas de esa masacre y si fueron repatriados, si se identificó al menos la nacionalidad de todos los encontrados en narcofosas así como los datos de todos los brasileños y otros migrantes detenidos en el país o que hayan sido encontrados muertos desde 1980.

Los activistas reclamaron que por la corrupción que hay en México no sólo no se resuelven estos casos, sino que los migrantes siguen siendo víctimas cada día de secuestros y asesinatos, que sólo se hicieron visibles en San Fernando y ni por eso hubo justicia.

"Hay muchos agentes de migración participando en las masacres, pero siguen trabajando. ¿Quién estuvo en el Instituto de la Migración y ahorita dónde está? En la escena política de este País, haciendo política", criticó en referencia a la panista Cecilia Romero, el presidente del Comité de Defensa de Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus.

El padre Alejandro Solalinde señaló que ante la falta de autoridad moral de los políticos, la sociedad civil tiene que hacer este juicio sobre las violaciones a los derechos humanos y sobre crímenes que se siguen repitiendo, por lo que también acudirán posteriormente a San Fernando.

 
 
 
 
Tres años de impunidad

A unos días del aniversario de la masacre en San Fernando, ONG cuestionaron los costos humanos de política migratoria

72 migrantes asesinados en Tamaulipas en 2010
14 eran mujeres
16 policías municipales señalados como cómplices.

Ixtaro Arteta, Reforma, 20 de agosto.