La próxima reforma hacendaria planteará entre sus ejes la eliminación del régimen de consolidación fiscal, privilegio por el que el gobierno federal este año dejará de recaudar 9 mil 554 millones de pesos y 9 mil 942 millones en 2014.
El compromiso 72 del Pacto por México establece la necesidad de fortalecer la capacidad financiera del Estado, por lo cual se buscarán eliminar los privilegios fiscales, en particular, el régimen de consolidación.
El régimen de consolidación fiscal es uno de los privilegios que cuestan más recursos al erario, pues los 9 mil 554 millones que se dejan de captar son equivalentes a seis veces los que es el presupuesto del Programa de vivienda digna de la Secretaría de Desarrollo Social, o 2.2 veces el Programa de apoyo alimentario.
Con excepción de las exenciones, la consolidación fiscal representa una pérdida mayor para el gobierno que otros tratamientos especiales que otorga a las personas físicas, como los diferimientos o los regímenes especiales o sectoriales y casi del tamaño de las deducciones.
Sin embargo, fiscalistas consideran que una eventual supresión de ese beneficio, sin un esquema de transición para el pago de impuestos que hoy traen diferidos las empresas, pude ser devastadora para ellas.
“Desaparecerlo sin un régimen de transición para el impuesto que al día de hoy traen diferido puede ser devastador para algunos grupos empresariales”, dijo el socio coordinador de la práctica fiscal de Baker and McKenzie, Héctor Reyes.
El experto rechazó que con la desaparición del régimen el gobierno logre recaudar más recursos, pues lo que muchos grupos van a hacer es integrar sus diferentes operaciones de distintos negocios en una misma empresa “y tener como consecuencia un tipo de consolidación fiscal”.
De acuerdo con Hacienda, el régimen de consolidación fiscal implica un gasto fiscal debido a que permite diferir el ISR, al compensar las pérdidas de una o más empresas del grupo contra las utilidades de otra u otras, así como los dividendos contables que se distribuyen dentro de las empresas del grupo que consolida, sin el pago del impuesto sobre la utilidad que da lugar al dividendo.
El socio de la empresa QCG Transfer Pricing Practice, Jesús Aldrin Rojas, dijo que la existencia del régimen de consolidación es un mecanismo legítimo para gravar de manera efectiva el patrimonio de grupos empresariales y no impide el pago del impuesto porque lo difiere a un escenario máximo de cinco años.
“Sin embargo, los problemas que presenta este régimen obedecen a la realización de transacciones entre las compañías del grupo que eventualmente pueden ser de carácter artificial, instrumentadas simplemente con el fin de disminuir la base gravable o inclusive de la incorporación al grupo de entidades con pérdidas fiscales que ayuden a disminuir la carga tributaria global”, explicó.
Son alrededor de 400 grupos empresariales inscritos en el régimen de consolidación fiscal. Entre ellos están Alsea, América Móvil, Cemex, Cydsa, Grupo Elektra, Grupo Carso, Grupo Gigante, ICA, Gruma, Grupo Peñoles, Televisa, Tv Azteca, Kimberly Clark de México y Grupo México, entre otros.
El socio fiscal de Ernst and Young, Jorge García, dijo que lo ideal sería rediseñar este régimen, hacia uno menos complejo .“Más que eliminarlo lo que falta es relanzarlo y dejar de satanizarlo, porque el régimen puede ser detonante para la reinversión”, comentó el experto.
Mario Alberto Verdusco, El Universal, 19 de agosto.
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