Se mata al mensajero, no al mensaje

CARACAS. Dieciséis mil setenta y dos. Ese es el número de personas que en el 2012 perdieron la vida en Venezuela a manos de criminales, según las autoridades, cifra que se traduce en una tasa de 56 homicidios por cada 100 mil habitantes, la segunda más alta de todo el mundo.

Este penoso sitial desagrada a los gobernantes, que durante la gestión de Hugo Chávez intentaron sacar el tema de la agenda, dejando de suministrar cifras oficiales sobre la violencia y acusando a quienes hacían referencia al tema, con datos extraoficiales, de magnificar el problema en la opinión pública. Pero ahora han optado por otra estrategia: castigar a quienes obtienen información por otras vías y la publican.

Al menos esto fue lo que le ocurrió al diario El Nacional, que a principios de este mes fue condenado por un Tribunal de Niños y Adolescentes a pagar una multa equivalente al 1% de sus ventas brutas y se le prohibió difundir “imágenes de contenido violento, donde aparezcan armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos”, bajo el argumento que ello violaba su derecho a un desarrollo sano.

La medida fue en respuesta a una fotografía que obtuvo del interior de la morgue de Caracas, en la que se observaban decenas de cuerpos de víctimas del hampa y de accidentes de tránsito, algunos apilados en el suelo y desnudos, y que en agosto de 2010 publicó en primera página. La imagen buscaba denunciar el colapso de la atención forense en la capital.

“En cualquier lugar del mundo una gráfica así habría causado la destitución del ministro del Interior o del jefe de la policía, habría motivado que se pidieran recursos para mejorar esas instalaciones o que se abriera una nueva, pero aquí no, aquí la solución es castigar a quien expuso la situación. Es decir, se mata al mensajero, no al mensaje”, se lamentó Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

Aunque el caso de El Nacional no es el primero, pues en diciembre dos diarios regionales del sur del país ya sufrieron una medida similar también por publicar gráficas de hechos de sangre, para el ex fiscal Juan Carlos Gutiérrez la medida evidencia que “el gobierno ha puesto en marcha una política sistemática para restringir la libertad de expresión, la cual tuvo como primer paso negar información o cerrar las oficinas de prensa de organismos como la policía judicial y ahora se ha ido radicalizando hasta castigar a quienes obtienen dicha información a través de los caminos verdes (vías no oficiales)”.

El silencio no es la solución

Interrogado sobre las secuelas que la difusión de determinadas informaciones podría dejar en los niños, Gutiérrez reconoció que la protección de los menores es un valor superior que podría conllevar a ciertas limitaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, cree que en el caso de El Nacional no hubo la debida ponderación, pues “la restricción a la difusión de ciertos contenidos lo que puede generar es un aumento de la violencia”.

También preguntó: “Si la intención es proteger a los niños de la violencia, entonces por qué no desarrolla una política criminal coherente que permita reducir la criminalidad”. En lo que va del año, 412 menores han sido víctimas del hampa.

El ex fiscal recordó que uno de los factores que incide en la criminalidad es precisamente las cifras negras, es decir, la ausencia de denuncia de los delitos.

En similares términos se pronunció el catedrático en Derechos Humanos Fernando Fernández, quien aseveró: “Si silenciando se solventaran los problemas, pues al momento de dejarse de publicar las estadísticas oficiales de violencia se hubiera resuelto el problema venezolano. Sin embargo, en este tiempo lo que ha hecho es agravarse la situación. No hablar de algo no resuelve nada; por el contrario, el debate permite buscar salidas”.

Gutiérrez recordó que la libertad de expresión es el pilar en el que se asientan los demás derechos fundamentales. “¿Si los ciudadanos no pueden denunciar los abusos policiales, cómo pueden proteger sus derechos a la vida o la integridad física? ¿Si los ciudadanos no pueden exponer hechos de corrupción, cómo pueden garantizarse los derechos a la educación, a la salud o a la vivienda?¿Cómo se pueden participar en los asuntos públicos y en elecciones libres si no pueden exponerse los argumentos a favor o en contra de una opción? Afectar a la libertad de expresión supone afectar automáticamente a las demás garantías”.

La negativa del Ministerio del Interior o de la fiscalía a suministrar estadísticas sobre la criminalidad, rota excepcionalmente este año, no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado que, según Mercedes de Freitas, coloca al país en la cola en la región en materia de acceso a la información pública. “Cuando nos sentamos con organizaciones de otros países de la región vemos lo atrasados que estamos. En México, por ejemplo, las organizaciones tienen una lucha para que los funcionarios no les entreguen la información en formato PDF, nosotros, en cambio, cuando solicitamos una información en el 90% de los casos no nos responden o simplemente nos las niegan sin dar ninguna explicación”, se lamentó.

De Freitas recordó que en los últimos años han presentado doce casos ante los tribunales, para conseguir que algún organismo público les suministrara información. De ellos, no han ganado ninguno. Esto a pesar de que el artículo 51 de la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a solicitar a los funcionarios datos en su poder y estos últimos están en la obligación de suministrarlos so pena de destitución.

Entre los casos que señala está una solicitud para que el Ministerio de Salud informe cuál de las recomendaciones que la Contraloría le formuló, con el propósito de mejorar el proceso de compra y almacenamiento de medicamentos, ha adoptado.

El Tribunal Supremo de Justicia rechazó la petición por razones formales, diciendo que una acción de amparo no era la vía correcta para conseguir la respuesta esperada.

También respaldó una solicitud para que la Contraloría le informara cuáles eran los sueldos de sus funcionarios.

El Tribunal Supremo rechazó la petición indicando que los salarios de los funcionarios del Estado no era un asunto público sino íntimo.

Además le exigió que informara para qué quería esa información y qué pretendía hacer con ella.

Para De Freitas, la actitud de un gobierno que le ofreció asilo al ex analista de la CIA, Edward Snowden, es un contrasentido. “¿Sabrán que Snowden filtró información y que por eso lo persigue Estados Unidos? Lástima que no haya aceptado venir, porque los venezolanos necesitamos muchos Snowden que nos suministren la información que los funcionarios y los jueces nos niegan”.

Por último, denunció que la negativa de las autoridades a hacer más transparente la gestión pública, y sobre todo el manejo de los fondos del Estado, pone en entredicho la sinceridad de la lucha contra la corrupción que el presidente Nicolás Maduro ha lanzado en las últimas semanas. “Todos los pasos que se dan es para hacer más opaco al gobierno y la opacidad es caldo de cultivo perfecto para los delitos contra el erario público”, sentencia De Freitas.

Sin acceso información pública

El artículo 51 de la Constitución Bolivariana señala: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.

Venezuela es uno de los pocos países de América que no cuentan con una ley que garantice a sus ciudadanos el derecho al acceso a la información pública.

Desde el 2011 reposa en la Asamblea Nacional de Venezuela un anteproyecto presentado por una serie de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Transparencia Venezuela, y por gremios periodísticos, pero la misma ha sido engavetada por el chavismo, que se niega a tramitarla.

Juan Francisco Alonso, El Universal, 25 de agosto.