El Instituto Federal Electoral (IFE) prohibirá desde las precampañas que el Presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y los delegados emitan cualquier tipo de expresiones a favor o en contra de precandidatos, candidatos o partidos, así como participar en mítines o actos de apoyo en días hábiles.
Según el acuerdo —en el que por primera vez se regulan las precampañas y se prevé que sea aprobado hoy en sesión extraordinaria—, los precandidatos y candidatos deberán abstenerse de asistir a eventos oficiales de gobierno a partir del próximo 31 de enero y hasta el día de la jornada comicial.
Se establece la necesidad de emitir “normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos” que se señalan en el artículo 134 constitucional, mismas que se limitan a recordar a los funcionarios las conductas contrarias a la norma, como condicionar la entrega de programas públicos federales, locales y municipales; la realización de obras públicas; así como la promesa o demostración del voto a favor de algún precandidato, candidato, partido o coalición.
Además, de entregar o prometer recursos en dinero o en especie, dádivas o cualquier recompensa a cambio del voto; recoger la credencial para votar sin causa prevista en la ley o amenazar con ello a cambio de entrega o mantenimiento de bienes o servicios en general.
Se insta a los servidores públicos a evitar el uso de recursos del erario para influir o inducir, a través de la publicidad por cualquier medio, el sentido del voto de los militantes o electores.
Previamente, en sesión ordinaria, el Consejo General someterá a votación los topes de gastos de campaña fijado en 812 mil 680.60 pesos para cada candidato a diputado federal, así como el financiamiento para los ocho partidos con registro en el IFE, los cuales contarán con un presupuesto de tres mil 730.6 millones de pesos para financiar sus actividades ordinarias, de campaña y específicas.
El proyecto de acuerdo establece que será el PAN el instituto político que disponga de los mayores recursos, con mil 9 millones 925 mil 962.58 pesos, seguido del PRI con 706 millones 543 mil 743.9 pesos; y del PRD con 607 millones 105 mil 841.89 pesos.
Nuevo revés
El Tribunal Electoral revocó una resolución del IFE por la que desechó una denuncia presentada por el PRI contra el presidente municipal de Jonuta, Carlos Francisco Lastra González, por la presunta promoción de su imagen en la página de internet de ese municipio tabasqueño.
Los magistrados de la Sala Superior consideraron que el IFE realizó una indebida fundamentación y motivación además de que no cumplió con la exaustividad en su investigación por presuntas violaciones al artículo 134 constitucional, que prohíbe la promoción de los servidores públicos con recursos del erario.
“Tampoco manifestó los argumentos para considerar que no se actualizaban las hipótesis normativas y mucho menos realizó un análisis de los actos denunciados y de la propaganda en cuestión”, se estableció en el proyecto del magistrado Manuel González.
- Claves
El pacto por la imparcialidad
• El artículo 134 constitucional establece que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad.
• El acuerdo sobre la imparcialidad establece entre las prohibiciones realizar advertencias o amenazas vinculadas con el condicionamiento del voto.
• El Consejo General del IFE declaró infundada una queja del PRI, y consideró que el PAN no viola la ley con su campaña “Acción es:” en la que utiliza el Seguro Popular.
Según el acuerdo —en el que por primera vez se regulan las precampañas y se prevé que sea aprobado hoy en sesión extraordinaria—, los precandidatos y candidatos deberán abstenerse de asistir a eventos oficiales de gobierno a partir del próximo 31 de enero y hasta el día de la jornada comicial.
Se establece la necesidad de emitir “normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos” que se señalan en el artículo 134 constitucional, mismas que se limitan a recordar a los funcionarios las conductas contrarias a la norma, como condicionar la entrega de programas públicos federales, locales y municipales; la realización de obras públicas; así como la promesa o demostración del voto a favor de algún precandidato, candidato, partido o coalición.
Además, de entregar o prometer recursos en dinero o en especie, dádivas o cualquier recompensa a cambio del voto; recoger la credencial para votar sin causa prevista en la ley o amenazar con ello a cambio de entrega o mantenimiento de bienes o servicios en general.
Se insta a los servidores públicos a evitar el uso de recursos del erario para influir o inducir, a través de la publicidad por cualquier medio, el sentido del voto de los militantes o electores.
Previamente, en sesión ordinaria, el Consejo General someterá a votación los topes de gastos de campaña fijado en 812 mil 680.60 pesos para cada candidato a diputado federal, así como el financiamiento para los ocho partidos con registro en el IFE, los cuales contarán con un presupuesto de tres mil 730.6 millones de pesos para financiar sus actividades ordinarias, de campaña y específicas.
El proyecto de acuerdo establece que será el PAN el instituto político que disponga de los mayores recursos, con mil 9 millones 925 mil 962.58 pesos, seguido del PRI con 706 millones 543 mil 743.9 pesos; y del PRD con 607 millones 105 mil 841.89 pesos.
Nuevo revés
El Tribunal Electoral revocó una resolución del IFE por la que desechó una denuncia presentada por el PRI contra el presidente municipal de Jonuta, Carlos Francisco Lastra González, por la presunta promoción de su imagen en la página de internet de ese municipio tabasqueño.
Los magistrados de la Sala Superior consideraron que el IFE realizó una indebida fundamentación y motivación además de que no cumplió con la exaustividad en su investigación por presuntas violaciones al artículo 134 constitucional, que prohíbe la promoción de los servidores públicos con recursos del erario.
“Tampoco manifestó los argumentos para considerar que no se actualizaban las hipótesis normativas y mucho menos realizó un análisis de los actos denunciados y de la propaganda en cuestión”, se estableció en el proyecto del magistrado Manuel González.
- Claves
El pacto por la imparcialidad
• El artículo 134 constitucional establece que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad.
• El acuerdo sobre la imparcialidad establece entre las prohibiciones realizar advertencias o amenazas vinculadas con el condicionamiento del voto.
• El Consejo General del IFE declaró infundada una queja del PRI, y consideró que el PAN no viola la ley con su campaña “Acción es:” en la que utiliza el Seguro Popular.
Susana Hernández, Milenio, 29 de enero.
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